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Crímenes de lesa humanidad

Fiscal de la CPI tras visita a Venezuela: “Mi oficina sigue comprometida con la rendición de cuentas por crímenes”
El funcionario reiteró que su oficina «profundizará sus alianzas con todas las partes interesadas y, en particular, continuará fortaleciendo su compromiso crucial con la sociedad civil»

 

Tras culminar su tercera visita oficial a Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, emitió un comunicado en el que enfatizó que su oficina mantiene su compromiso de «buscar todos los canales para mejorar la rendición de cuentas por los crímenes del Estatuto de Roma».

«Al concluir la visita, tuve el placer de firmar un Memorando de Entendimiento (MDE) con el presidente de la República, Nicolás Maduro, estableciendo una oficina en el país de la Oficina del Fiscal (OTP) de la International Tribunal Penal (CPI) en Venezuela. Este MoU se concluyó en el marco del primer Memorando de Entendimiento que firmé con el presidente Maduro el 3 de noviembre de 2021 y siguió nuestro acuerdo en mi segunda visita a Venezuela en marzo de 2022 para proceder con el establecimiento de una oficina de la Fiscalía, se lee en el comunicado, publicado en el sitio web de la CPI.

Khan ratificó que su oficina ha cumplido su mandato «con mayor eficacia cuando puede trabajar más cerca de los países que forman la comunidad del Estatuto de Roma».

«Bajo este MDE, podremos aumentar la escala y el impacto de nuestra presencia de campo en Venezuela, ampliar la interfaz nacional para nuestro trabajo y buscar identificar y apoyar esfuerzos significativos para mejorar las iniciativas de justicia nacional», manifestó.

Khan precisó que el MDE también incluye áreas prioritarias, en el marco de las cuales su oficina brindará asesoramiento y asistencia a las autoridades venezolanas, ajustados al principio de complementariedad establecido en el Estatuto de Roma.

«Estos incluyen asistencia para desarrollos legislativos en el campo de la justicia y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas con las autoridades nacionales. También trabajaremos con contrapartes nacionales para aumentar el conocimiento del Estatuto de Roma y las modalidades de cooperación de la CPI», detalló.

Rendición de cuentas, un punto de honor

El fiscal señaló que, en sus reuniones con Maduro, se discutió cómo la fiscalía puede apoyar a Venezuela en cuanto a la rendición de cuentas por los crímenes del Estatuto de Roma. 

«También le subrayé al presidente, como lo he hecho repetidamente, que reconozco y aprecio su enfoque constructivo de compromiso, a pesar de su desacuerdo con mi decisión de abrir una investigación sobre los presuntos crímenes del Estatuto de Roma cometidos en Venezuela en noviembre de 2021», dijo Khan.

Sostuvo, sin embargo, que persiste una «diferencia de opiniones», la cual «se refleja en el proceso que actualmente se lleva a cabo ante los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional, cuya autorización he buscado para reanudar la investigación luego de la solicitud del Gobierno de Venezuela de formalización. diferimiento a favor de actuaciones realizadas por autoridades nacionales venezolanas».

Khan manifestó que, como parte de su agenda en Venezuela, pudo «explorar cómo se pueden abordar más los problemas de rendición de cuentas en Venezuela, junto con el trabajo de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos». 

Una agenda de reuniones y la apertura de una oficina

Durante su visita al país, Khan se reunió con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab, y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez. De igual manera, se reunió con Gianluca Rampolla, coordinador residente de las Naciones Unidas en Venezuela, y miembros del cuerpo diplomático. El viaje también fue propicio para que el fiscal visitara un espacio en el que se podría constituir la oficina de la CPI.

«Ahora que esperamos con ansias nuestra mayor participación en Venezuela, mi oficina sigue comprometida a buscar todos los canales para mejorar la rendición de cuentas por los crímenes del Estatuto de Roma. En la sala del tribunal, mi Oficina continuará haciendo valer su jurisdicción hasta que tengamos la opinión de que Venezuela puede implementar efectivamente sus obligaciones. En nuestra cooperación con las autoridades nacionales venezolanas, continuaremos profundizando nuestra colaboración para fortalecer la base para una acción interna significativa. El establecimiento de una oficina en Caracas acelerará este trabajo», expresó.

Adicionalmente, Khan prometió que su oficina «profundizará sus alianzas con todas las partes interesadas y, en particular, continuará fortaleciendo su compromiso crucial con la sociedad civil».

Abogado venezolano denuncia que el Estado ha actuado de manera maliciosa para dilatar investigación de la CPI
Juan Carlos Gutiérrez indicó que cerca de 9.000 personas y algunas entidades jurídicas han presentando alegaciones y otra documentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) como «víctimas de la dictadura venezolana»

 

Este viernes, 19 de mayo, el abogado Juan Carlos Gutiérrez, denunció que el Estado venezolano ha actuado de manera «maliciosa» para «dilatar» la investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela I.

En rueda de prensa, Gutiérrez aseguró que el Gobierno de Maduro mediante peticiones «improcedentes» desde el punto de vista legal y con el argumento de que la justicia de Venezuela es la pertinente para investigar los casos denunciados, busca impedir el desarrollo de la investigación. 

Juan Carlos Gutiérrez indicó que cerca de 9.000 personas y algunas entidades jurídicas han presentando alegaciones y otra documentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) como «víctimas de la dictadura venezolana» de Nicolás Maduro. 

El abogado aseguró que Gobierno ha pedido que se suspenda la investigación, de manera que los jueces de la sala de cuestiones preliminares tienen que dirimir la posibilidad de que esta investigación continúe.

Gutiérrez enfatizó que tanto el Código Penal como el sistema judicial venezolano carecen de cualquier «seguridad y credibilidad» para proteger a la víctimas, sino todo lo contrario.

«Toda esta carga argumentativa y carga probatoria ya está en manos de los jueces de la CPI, y en cualquier momento esperamos… que durante el transcurso de este año, los jueces de la CPI tienen que tomar una determinación», comentó el abogado.

«O bien ordenan que la Fiscalía continúe la investigación o la sala de cuestiones preliminares decide que prime el principio de la complementariedad positiva» y le dé una oportunidad al sistema de Justicia venezolano para que cumpla con su deber, algo que Gutiérrez cuestionó absolutamente.

«Hay que escuchar a las víctimas»

El líder de oposición en el exilio, Leopoldo López acompañó a Gutiérrez en la rueda de prensa y aseguró que cientos de las víctimas se encuentran en España por lo que es relevante que «se escuchen esas voces porque muchas veces se piensa que ya en Venezuela la situación se arregló».

Fueron casos «de persecución de presos políticos, de tortura y de asesinato por parte de la dictadura de Nicolás Maduro», indicó.

Por ello, esa justicia «no se puede conseguir en Venezuela» porque es «imposible» que haya «ningún tipo de procedimiento que no esté manipulado políticamente», tanto la Fiscalía como los tribunales «a todos los niveles». Y toda la estructura judicial «está tomada cooptada por la dictadura y, por supuesto, todos los órganos represivos», enfatizó.

 

*Con información de EFE manera «maliciosa»

CPI no ha negado la existencia de presuntas víctimas en Venezuela
La CPI «no ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela», dijo la la ONG Justicia, Encuentro y Perdó, y explicó que lo que hizo fue «proteger»

 

Varias ONG aseguraron que la Corte Penal Internacional (CPI) no ha negado la existencia de presuntas víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, como afirmó el lunes la administración de Nicolás Maduro, que también dijo que el alto tribunal «confirma» que estos hechos «nunca han ocurrido».

La CPI «no ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela», dijo la la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y explicó que lo que hizo fue «proteger, como es su deber, a las miles de víctimas que hicieron observaciones a favor de que continúe la investigación por parte de la Fiscalía» de este tribunal.

«Es despreciable el uso de medios de comunicación y redes sociales para desinformar y manipular la información con el fin de revictimizar y causar desesperación a quienes han sido víctimas de crímenes contra los derechos humanos», agregó la organización en la red social.

La administración de Maduro aseguró este lunes que la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal adoptada el 4 de mayo «confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso ante la CPI: no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido», una particular conclusión a la que no ha llegado, por el momento, la Corte.

Al respecto, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dijo que el Gobierno de Maduro «trata de manipular la utilización de términos que son estrictamente procesales y técnicos para dar una connotación que no es la correcta», por lo que lo dicho por el Ejecutivo es «absolutamente falso».

Señaló que «en ninguna parte de la decisión» la Sala ha dicho que «en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad».

Además, destacó que, en el comunicado, el Gobierno obvió que su solicitud de responder al informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas fue «contundentemente rechazada» por la Sala.

Esta decisión, agregó Daniels, supone «un revés importante para el Gobierno, que pretendía con una táctica dilatoria, ganar un mes de tiempo en el proceso».

Plataforma Unitaria respalda a víctimas venezolanas que compartieron sus testimonios a la CPI
Según la coalición opositora, la muerte de Leoner Azuaje, así como las «extrañas circunstancias de los hechos, demuestran una vez más la poca transparencia e independencia de los poderes públicos»

La Plataforma Unitaria Democrática manifestó este sábado, 22 de abril, su respaldo hacia las víctimas de «crímenes de lesa humanidad» en Venezuela, cuyos testimonios fueron reflejados en un informe de la Corte Penal Internacional (CPI).

A través de su cuenta de Twitter, la coalición opositora señaló que las víctimas, «desde su fortaleza y valentía», dieron esos testimonios para que la CPI continúe su investigación en el país.

Para la Plataforma Unitaria, que la CPI haya reseñado las declaraciones de 8.900 víctimas de tratos crueles y torturas en la nación, «deja en evidencia nuevamente la reiterativa violación de DDHH a venezolanos».

«Las demoledoras nuevas revelaciones detallan asesinatos, persecuciones, detenciones forzosas, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales y otros hechos repudiables», criticó la coalición.

Asimismo, recalcaron que el informe de la CPI «resalta poca voluntad del régimen para atender lo antes mencionado».

También, la plataforma señaló que este texto de la corte «reitera el número de refugiados y migrantes venezolanos que han huido producto de la violencia, inseguridad y la crisis humanitaria». 

La muerte de Leoner Azuaje «se suma al expediente de violación de DDHH»

El pasado jueves, 20 de abril, se conoció la muerte de Leoner Azuaje, quien fue detenido por la purga madurista que ha efectuado el gobierno contra funcionarios por corrupción.

Según Tarek William Saab, fiscal impuesto por la extinta asamblea nacional constituyente, Azuaje murió, presuntamente, por «suicidio».

No obstante, fuentes internas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) reportaron que el cuerpo de Leoner presentaba signos de tortura.

Al respecto, la Plataforma Unitaria señaló que lo ocurrido con Azuaje, así como las «extrañas circunstancias de los hechos, demuestran una vez más la poca transparencia e independencia de los poderes públicos».

En ese sentido, recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) suscribe que el personal del lugar de reclusión «tiene la responsabilidad de custodiar y vigilar a los privados de libertad».

«Esta nueva muerte se suma al expediente de violación de DDHH que maneja la CPI y al igual que cuando ocurrió el asesinato de Fernando Albán, surgen indicios que obligan a una investigación transparente e independiente», agregó la coalición.

CPI presiona al gobierno de Maduro para responder al fiscal por crímenes de lesa humanidad
El organismo pidió al ejecutivo oficialista presentar “una réplica, que no exceda 10 páginas, a más tardar el 20 de abril”, 8 días antes de lo previsto 

 

La Corte Penal Internacional (CPI) pidió al gobierno de Nicolás Maduro presentar “una réplica, que no exceda 10 páginas, a más tardar el 20 de abril”, para responder a un argumento del fiscal Karim Khan, quien desestimó las razones presentadas por el ejecutivo en torno a la reapertura de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

Esta fue la reacción de la Sala de Cuestiones Preliminares a la solicitud del gobierno, que había pedido su autorización para “responder a varios elementos” señalados por el fiscal “como máximo el 28 de abril”, y que tendrá que presentar ahora ocho días antes.

Los puntos que el gobierno pretende responder son dos: una comparación de la evaluación del fiscal con la de la sala de cuestiones preliminares a la hora de iniciar las investigaciones; y la forma en la que “la supuesta intención discriminatoria se reflejaría en los procedimientos internos”.

“Considerando el alcance limitado de la réplica, y con el fin de asegurar la conducción expedita del procedimiento, la Sala invita a Venezuela a presentar una réplica, que no exceda las 10 páginas, a más tardar el 20 de abril de 2023”, señaló la Sala, que solo autorizó al gobierno a contestar a la primera cuestión de carácter legal, pero no a la segunda.

La réplica

El  1 de noviembre, Khan solicitó a la Sala autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, después de que quedó en suspenso a solicitud del gobierno. Dos semanas después, la Sala pidió a este presentar sus observaciones sobre la solicitud del fiscal.

El 1 de marzo, el fiscal recibió unas observaciones presentadas por el gobierno, a las que respondió en un documento transmitido el día 28 del mismo mes. En su reacción formal, el ejecutivo pidió más tiempo para contestar a estos dos puntos concretos y sostuvo que la respuesta del fiscal “planteó una nueva cuestión que el Estado no podía haber anticipado razonablemente” .

El fiscal señaló entonces, el 31 de marzo, que los temas identificados por el equipo legal del gobierno “no son nuevos” y “podrían haber sido razonablemente anticipados”, pero dejó en manos de la Sala la decisión de dar o no más tiempo y autorizar los puntos a los que puede responder.

El reglamento de la CPI dispone que el país o el fiscal «solo podrá contestar a una respuesta con el permiso de la Sala” y que esta “debe limitarse a cuestiones nuevas planteadas en la respuesta, que el participante que reacciona no podría haber previsto razonablemente”, dice literalmente la norma.

En este sentido, la Sala consideró que la cuestión relacionada con la “evaluación” del fiscal es algo que el gobierno “no podría haber anticipado” y por eso tiene hasta el 20 de abril para responder, pero dejó fuera la cuestión “discriminatoria” porque esta sí “podría haberse anticipado” de argumentos presentados anteriormente, por lo que esto “no merece una respuesta”, señala la Sala.

Gobierno de Maduro reacciona contra el fiscal

Sobre este intercambio de argumentos legales sobre la apertura de la investigación, el gobierno de Maduro acusó el 3 de abril al fiscal Karim Khan de «instrumentalizar» la justicia «con fines políticos», tras la publicación del documento del 31 de marzo, en el que la Fiscalía desestima los argumentos presentados por el ejecutivo.

«Una vez más, el fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos», dijo el gobierno en un comunicado oficial difundido por la Cancillería.

Además, recordó que, el 28 de febrero, presentó ante la CPI «un sólido documento que desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido».

Información de EFE

Este #7Mar vence el plazo para que víctimas de violación de DDHH en Venezuela envíen su opinión a la CPI
Cabe aclarar que esta participación es confidencial y las opiniones se presentarán en un documento único sobre el conjunto de potenciales víctimas en la situación Venezuela I

Este martes, 7 de marzo, vence el plazo para que las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela envíen sus testimonios a la Corte Penal Internacional (CPI).

La organización no gubernamental Provea aseguró mediante su cuenta de Twitter que este es un llamado a quienes «sufrieron daños y deseen opinar sobre reanudar o no la investigación por crímenes de lesa humanidad, Venezuela I».

Para recibir estos testimonios, la CPI mantuvo abierto un formulario para que las víctimas de crímenes de lesa humanidad compartan sus testimonios acerca de reanudar o no la investigación de la CPI.

En esta consulta que realiza la Corte se recibirán todas las observaciones de las víctimas que sufrieron daños desde el año 2014, como «lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida económica o de sus derechos fundamentales en Venezuela».

Asimismo, añadió Provea, esos daños deben ser causados por los crímenes competencia de la CPI, tales como: encarcelamientos, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual o persecución por motivos políticos.

«Estos daños pueden incluir los sufridos por las víctimas o sus familiares cercanos», sumó Provea en un hilo publicado en Twitter.

Cabe aclarar que esta participación es confidencial y las opiniones se presentarán en un documento único sobre el conjunto de potenciales víctimas en la situación Venezuela I.

«Los nombres de quienes envíen sus testimonios no aparecerán en este informe», añadió Provea en su explicación.

Centros de detención deshabilitaron temporalmente sus celdas de tortura para visitas de organismos internacionales
Durante 2022, Venezuela recibió dos visitas claves en materia de derechos humanos, una representación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y otra, que aún continúa en el país, de la Misión de la Alta Comisionada de DD.HH. de las Naciones Unidas. El Instituto Casla aseguró que tras la llegada de ambas entidades internacionales ciertos centros de detención, donde se ejecutan tratos crueles, deshabilitaron temporalmente sus celdas de tortura

El Instituto Casla de Praga denunció en su informe anual que  los crímenes de lesa humanidad continúan ocurriendo en Venezuela. Entre enero de 2022 y enero de 2023, la organización evidenció que el Estado venezolano continúa realizando detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas temporales, tortura y violencia sexual.

“La represión continúa de forma sistemática contra todo aquel que se opone o protesta”, indicó el documento.

En 2022, la lista de presos políticos creció, tras las detenciones de sindicalistas, militantes de partidos políticos, militares y civiles, jóvenes y activistas de derechos humanos, médicos y empleados del sector salud. 

Dentro de su informe, el instituto incluyó una lista de aquellos funcionarios que fueron señalados reiteradamente por víctimas como los jefes inmediatos y los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad descritos en el informe. Entre ellos destacan: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, Iván Hernández Dala, director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM); Tarek William Saab, fiscal general de la República, Carlos Terán Hurtado, director del DGCIM sede de Boleíta. 

Por otro lado, el informe detalla que la población venezolana vive su día a día con la ausencia total o parcial del Estado. El Instituto denunció que la presencia de grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación del Pueblo (ELN), y el Ejército Popular de Liberación (EPL) se han hecho dueños de territorios en el interior del país, donde predomina el secuestro, los enfrentamientos entre ellos o con organismos de seguridad, ocasionando el desplazamiento forzoso de poblaciones enteras, trata de personas, reclutamiento de niños y jóvenes.

“La presencia de grupos paramilitares demuestra la complicidad por un lado y la incapacidad por el otro del Estado venezolano, de no tener control territorial ni intención real de poner orden”, aseguró el informe. 

Ocultar la verdad a la comunidad internacional

Durante 2022, Venezuela recibió dos visitas claves en materia de derechos humanos, una representación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y otra, que aún continúa en el país, de la Misión de la Alta Comisionada de DD.HH. de las Naciones Unidas. 

El Instituto Casla aseguró que tras la llegada de ambas entidades internacionales ciertos centros de detención, donde se ejecutan tratos crueles, deshabilitaron temporalmente sus celdas de tortura. 

Tal es el caso de las celdas que están ubicadas en los tres sótanos de la sede de la DGCIM en Boleíta. La conocida «celda de los Locos» ubicada en el sótano 2, que había sido convertida en una oficina, ha sido nuevamente habilitada, con paredes forradas de material aislante y pintada de gris y negro y con cámaras ocultas. Dos celdas ubicadas en el sótano 3, mejor conocido como «la Casa de los Sueños» fueron tapizadas con material aislante, pintadas de gris oscuro y negro, colocándoles WC de aluminio sin tapa, quitándole repisas y colocando cámaras enfocando todos los lugares de las celdas.

“El objetivo es utilizarlas para presos políticos que se encuentran en ese lugar, sean castigados, incomunicados, aislados  completamente de ruidos y luz, y que sus gritos no sean escuchados”, denunció el informe.

Además de deshabilitar algunos espacios para torturar, el estudio indicó que el Estado venezolano apresuró juicios cuyos detenidos ya tienen entre tres y siete años esperando la audiencia preliminar o comienzo del juicio, sobornando a las víctimas para que se declararan culpables, ofreciéndoles reducción de la pena y otros supuestos beneficios, poniéndolos a grabar videos para que dijeran que no fueron torturados.

Estado venezolano perfecciona su mecanismo de tortura

El informe anual explicó que a través de nuevos testimonios y denuncias obtenidos entre enero 2022 y enero 2023, se pudo conocer la utilización sistemática de las torturas que no dejan huella física en los nuevos detenidos, así como en los que ya se encuentran en las cárceles de los organismos de seguridad. 

“El gobierno muestra su talante perverso y cruel, torturando y maltratando a sus víctimas, pero cuidándose de no dejar huellas físicas”, afirmó el Instituto Casla.

De acuerdo al estudio, el Estado venezolano aplica los siguientes métodos de tortura en sus centros de detención:

Aplicación de la tortura psicológica en los organismos de seguridad: Amenazas de detención, detención o simulación de tener detenidos a familiares de personas detenidas o buscadas por el régimen, el dolor de otros detenidos en la sede de la DGCIM en Boleíta, y la del SEBIN en el Helicoide, la falta de atención médica oportuna, así como la privación de alimentos e hidratación, Privación y/o falta de privacidad absoluta de la visita familiar y las llamadas telefónicas, tratos crueles, inhumanos y degradantes incluyendo a la familia.

Aplicación de la tortura blanca en los organismos de seguridad: Aislamientos de sus familiares y abogados desde 72 horas hasta seis meses; tortura visual, con el fin de impedir su capacidad visual; privación sensorial, método de tortura que implica el encierro en solitario y que tiene que ver con la restricción parcial o total de estímulos aplicada a uno o varios sentidos.

Torturas físicas: como descargas eléctricas sobre suelo o u objeto mojado, azotes en las plantas de los pies o bastinado con látigos, correas, cables o un palo, desprendimiento de uñas de las manos y/o pies, arrastrados por lugares boscosos desnudos, atados y encapuchados, ruleta rusa y descargas eléctricas en testículos, tetillas, uñas de las manos o los pies, y costillas, atadas de pie a una columna u otro objeto fijo, ahogamiento por inmersión en pozo natural, o con utensilios para agua o bolsas plásticas llenas de agua, fracturas o heridas contundentes en el rostro que causan deformaciones permanentes o temporales, asfixias con bolsas plásticas llenas de productos químicos e inyecciones con producto desconocido. 

Violencia sexual: las víctimas fueron desnudadas completamente para someterlos a largos períodos de tortura, expuestos ante los funcionarios y otras víctimas que estaban torturando al mismo tiempo. Al menos dos de ellas fueron amenazadas con violarlas. 

Los señalados de torturar

Además de identificar los tratos crueles que ejecuta el Estado venezolano, el instituto identificó a aquellos funcionarios que fueron señalados reiteradamente por víctimas y testigos en las incidencias denunciadas en 2022, como los jefes inmediatos y los ejecutores de los crímenes de lesa humanidad descritos en el informe: 

  • Nicolás Maduro Moros. 
  • Diosdado Cabello 
  • M/G Vladimir Padrino López 
  • M/G Iván Hernández Dala, Director de la DGCIM 
  • Tarek William Saab. Fiscal General de la República 
  • G/D (Ej) Carlos Terán Hurtado, director de la DGCIM Boleíta. 
  • Comisario Carlos Calderón Chirinos. SEBIN. 
  • G/B (Ej) Manuel Christopher Figuera, ex subdirector del DGCIM y exdirector del SEBIN. 
  • C/B (Ej) Rafael Franco Quintero. (Ej) exjefe de Investigaciones del DGCIM hasta febrero del 2020. 
  • Gral. Hannover Esteban Guerrero Mijares, Jefe de Investigaciones del DGCIM. 
  • G/D Octavio Gomez Hernandez: Director de los Servicios Penitenciarios Militares 
  • Cnel. Asdrubal José Brito Hernández, actual Jefe de Investigaciones del DGCIM 
  • Cnel. Alexander Enrique Granko Arteaga. Director de Asuntos Especiales DAE y DGCIM 
  • Carlos Alberto Calderón Chirinos, Oficina Superior (SEBIN) 
  • Comisario Angel Flores (SEBIN) 
  • Comisario Hemis Cermeño (SEBIN) 
  • Comisario Joel Cacique 
  • T/Navio Abel Angola, Área de Investigación y jefe del cuarto de evidencias. DGCIM, hoy dia ZOCIM Carabobo 
  • T/Cnel (GNB) Néstor Nepalí Blanco Hurtado, exjefe de Investigaciones del DGICIM, hoy dia ZOCIM Barinas 
  • Mauro Alexis Bracho. Jefe de Asuntos Penitenciarios del Mismo Ministerio en el DGCIM, Boleita. 
  • Cap. Jonathan Becerra, funcionario del DGCIM 
  • Cap. Jesús Cárdenas. DGCIM 
  • Ptte. Moisés Saúl Méndez Calderón, funcionario del DGCI 
  • Fiscal: Farib Mora 
  • Fiscal Dinora Bustamante

El documento reiteró que los señalados como presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad por entidades internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siguen actuando libremente y sin que se conduzca una investigación por parte del Ministerio Público o la Fiscalía Militar, para identificar a los altos y medios responsables. 

*Puede leer el informe completo aquí.

Víctimas de la represión venezolana pueden hacerse oír en La Haya
La Corte Penal Internacional ha pedido a los afectados por las supuestas violaciones a los derechos humanos que le informen si consideran que el Estado venezolano está investigando o no sus casos

 

Las víctimas de los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela al menos desde 2017 tienen la primera oportunidad de hacerse oír directamente en la Corte Penal Internacional (CPI). El juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) ha pedido a los afectados por las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país o a sus familiares cercanos que le informen si consideran que el Estado venezolano está investigando o no sus casos. Es importante tener en cuenta que esta etapa del proceso ante la CPI es muy específica: solo quiere saber si el proceso debe continuar ante La Haya o si, en cambio, en Venezuela hay condiciones para hacer justicia.

La invitación la hizo la Sala de Cuestiones Preliminares al responder el pasado 18 de noviembre a una solicitud que el Estado venezolano le presentó para, entre otras cosas, pedir que las víctimas participaran solo bajo ciertas condiciones y para excluir como partes a los cinco países americanos (Colombia, Chile, Canadá, Perú y Paraguay) que en 2018 remitieron el caso contra Venezuela.

Las víctimas tendrán hasta el 7 de marzo de 2023 para que aporten sus opiniones o preocupaciones relacionadas con la solicitud del fiscal Karim Khan, anunció el juzgado en su página web.

¿Qué significa esto? Las personas que hayan sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas o desapariciones forzadas, o los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, deberán exponerle su caso a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por las siglas en inglés de Victims Participation and Reparations Section), y si creen que se debe autorizar o no a Khan a reanudar su investigación en la situación de Venezuela «y, sobre todo, por qué lo creen».

Khan desea proseguir sus averiguaciones, porque considera que las autoridades judiciales nacionales no están «investigando genuinamente» los presuntos crímenes.

En un informe presentado a principios de noviembre, el jurista británico justificó su posición en las propias informaciones suministradas por el Estado. Así, expresó alarma por el hecho de que los 893 casos sobre los cuales el Ministerio Público (MP) le informó que estaba investigando, 606 (67,86%) sigan en fase de investigación y en 764 (85,55%) ni siquiera ha determinado a los autores de los crímenes.

Además, resaltó que apenas 23 casos (2,58%) han terminado con una condena por parte de un juez. Esto a pesar de que han transcurrido hasta cinco años de ocurridos algunos de los hechos.

¿Cómo y por dónde hacer llegar la información?

La Sala de Cuestiones Preliminares le dio a la VPRS hasta el 21 de marzo de 2023 para que le presente un informe con las opiniones de las víctimas respecto a quién consideran debería continuar las averiguaciones por los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, las autoridades nacionales o el fiscal Khan.

Los interesados en participar en esta fase del proceso deberán rellenar el formulario que se encuentra disponible en el sitio web de la CPI y enviarlo por la misma vía hasta el 7 de marzo.

El juzgado explicó que en esta etapa no es necesaria la participación de abogados, por lo que cada víctima o familiar puede completar el formulario por su cuenta.

En la planilla, además de pedirle a la víctima información sobre su identidad, se le solicita que describa los hechos en los que se vio envuelta, dónde y cuándo ocurrieron,  quién cree que fue el responsable de los mismos y que describa brevemente los daños que sufrió.

Seguidamente se le pregunta si quiere que el fiscal Khan pueda seguir investigando lo ocurrido en Venezuela, si tiene alguna preocupación sobre dicha averiguación y si teme por su seguridad tras esta interacción con la Corte.

El juzgado también anunció que recibirá a través del correo seguro VPRS.Information@icc-cpi.int las opiniones de las víctimas, y que quienes deseen hacerlas llegar por video o audio lo podrán hacer, siempre y cuando respondan a las preguntas contenidas en el formulario y que su duración sea menor de 10 minutos.

¿Quiénes pueden participar?

Esta invitación está abierta a todas las víctimas o quienes se consideren como tales, lo cual implica que no solo quienes figuran en las 893 investigaciones que el MP lleva adelante pueden hacer llegar sus opiniones.

Aquellos que hayan sido objeto de algunos de los crímenes de lesa humanidad detectados por la oficina de Khan también podrán participar, y todo aquel que se considere víctima de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el Estado venezolano.

El fiscal de la CPI tiene indicios para creer que en Venezuela se han producido delitos tales como el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física; tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; violaciones y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable; persecución por motivos políticos contra personas detenidas en conjunto con los crímenes ya mencionados, todos hechos presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas que han actuado por órdenes del Gobierno.

Pueden participar tanto víctimas directas como indirectas, siendo estas últimas las que sufrieron daños por el crimen contra otra persona, por ejemplo, los familiares de alguien ejecutado arbitrariamente. Pueden participar las víctimas de manera individual o colectiva.

A partir del informe que la VPRS elaborará con las opiniones que reciba de los venezolanos, del documento de Khan y otro que le harán llegar las autoridades venezolanas, la Sala de Cuestiones Preliminares decidirá si la Fiscalía de la CPI debe seguir con su investigación o no.

La barrera lingüística, el reto a superar

La planilla que deberán responder las víctimas está en español. No obstante, hay que recordar que los «idiomas de trabajo (de la CPI) son el inglés y el francés» (paréntesis nuestro). Según explicó el juzgado:

«Existe una capacidad limitada para traducir documentos del español al inglés o al francés. Por lo tanto, se anima a las víctimas a completar el formulario en inglés o francés para evitar cualquier retraso en la traducción. Aquellas víctimas que opten por utilizar el audio o el video, deben utilizar el inglés o el francés si es posible, o pueden incluir la traducción consecutiva o los subtítulos de las lenguas de trabajo de la Corte. Esto reducirá considerablemente el tiempo de procesamiento de la información presentada por las víctimas».

Para ello, en la era de la tecnología no hay que saber idiomas para comunicarse, basta con escribir algo en español y colocarlo en el traductor de Google o DeepL y problema resuelto.