La Corte Penal Internacional ha pedido a los afectados por las supuestas violaciones a los derechos humanos que le informen si consideran que el Estado venezolano está investigando o no sus casos

Las víctimas de los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela al menos desde 2017 tienen la primera oportunidad de hacerse oír directamente en la Corte Penal Internacional (CPI). El juzgado con sede en La Haya (Países Bajos) ha pedido a los afectados por las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país o a sus familiares cercanos que le informen si consideran que el Estado venezolano está investigando o no sus casos. Es importante tener en cuenta que esta etapa del proceso ante la CPI es muy específica: solo quiere saber si el proceso debe continuar ante La Haya o si, en cambio, en Venezuela hay condiciones para hacer justicia.

La invitación la hizo la Sala de Cuestiones Preliminares al responder el pasado 18 de noviembre a una solicitud que el Estado venezolano le presentó para, entre otras cosas, pedir que las víctimas participaran solo bajo ciertas condiciones y para excluir como partes a los cinco países americanos (Colombia, Chile, Canadá, Perú y Paraguay) que en 2018 remitieron el caso contra Venezuela.

Las víctimas tendrán hasta el 7 de marzo de 2023 para que aporten sus opiniones o preocupaciones relacionadas con la solicitud del fiscal Karim Khan, anunció el juzgado en su página web.

¿Qué significa esto? Las personas que hayan sido objeto de detenciones arbitrarias, torturas o desapariciones forzadas, o los familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, deberán exponerle su caso a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por las siglas en inglés de Victims Participation and Reparations Section), y si creen que se debe autorizar o no a Khan a reanudar su investigación en la situación de Venezuela «y, sobre todo, por qué lo creen».

Khan desea proseguir sus averiguaciones, porque considera que las autoridades judiciales nacionales no están «investigando genuinamente» los presuntos crímenes.

En un informe presentado a principios de noviembre, el jurista británico justificó su posición en las propias informaciones suministradas por el Estado. Así, expresó alarma por el hecho de que los 893 casos sobre los cuales el Ministerio Público (MP) le informó que estaba investigando, 606 (67,86%) sigan en fase de investigación y en 764 (85,55%) ni siquiera ha determinado a los autores de los crímenes.

Además, resaltó que apenas 23 casos (2,58%) han terminado con una condena por parte de un juez. Esto a pesar de que han transcurrido hasta cinco años de ocurridos algunos de los hechos.

¿Cómo y por dónde hacer llegar la información?

La Sala de Cuestiones Preliminares le dio a la VPRS hasta el 21 de marzo de 2023 para que le presente un informe con las opiniones de las víctimas respecto a quién consideran debería continuar las averiguaciones por los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, las autoridades nacionales o el fiscal Khan.

Los interesados en participar en esta fase del proceso deberán rellenar el formulario que se encuentra disponible en el sitio web de la CPI y enviarlo por la misma vía hasta el 7 de marzo.

El juzgado explicó que en esta etapa no es necesaria la participación de abogados, por lo que cada víctima o familiar puede completar el formulario por su cuenta.

En la planilla, además de pedirle a la víctima información sobre su identidad, se le solicita que describa los hechos en los que se vio envuelta, dónde y cuándo ocurrieron,  quién cree que fue el responsable de los mismos y que describa brevemente los daños que sufrió.

Seguidamente se le pregunta si quiere que el fiscal Khan pueda seguir investigando lo ocurrido en Venezuela, si tiene alguna preocupación sobre dicha averiguación y si teme por su seguridad tras esta interacción con la Corte.

El juzgado también anunció que recibirá a través del correo seguro VPRS.Information@icc-cpi.int las opiniones de las víctimas, y que quienes deseen hacerlas llegar por video o audio lo podrán hacer, siempre y cuando respondan a las preguntas contenidas en el formulario y que su duración sea menor de 10 minutos.

¿Quiénes pueden participar?

Esta invitación está abierta a todas las víctimas o quienes se consideren como tales, lo cual implica que no solo quienes figuran en las 893 investigaciones que el MP lleva adelante pueden hacer llegar sus opiniones.

Aquellos que hayan sido objeto de algunos de los crímenes de lesa humanidad detectados por la oficina de Khan también podrán participar, y todo aquel que se considere víctima de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por el Estado venezolano.

El fiscal de la CPI tiene indicios para creer que en Venezuela se han producido delitos tales como el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física; tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes; violaciones y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable; persecución por motivos políticos contra personas detenidas en conjunto con los crímenes ya mencionados, todos hechos presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas que han actuado por órdenes del Gobierno.

Pueden participar tanto víctimas directas como indirectas, siendo estas últimas las que sufrieron daños por el crimen contra otra persona, por ejemplo, los familiares de alguien ejecutado arbitrariamente. Pueden participar las víctimas de manera individual o colectiva.

A partir del informe que la VPRS elaborará con las opiniones que reciba de los venezolanos, del documento de Khan y otro que le harán llegar las autoridades venezolanas, la Sala de Cuestiones Preliminares decidirá si la Fiscalía de la CPI debe seguir con su investigación o no.

La barrera lingüística, el reto a superar

La planilla que deberán responder las víctimas está en español. No obstante, hay que recordar que los «idiomas de trabajo (de la CPI) son el inglés y el francés» (paréntesis nuestro). Según explicó el juzgado:

«Existe una capacidad limitada para traducir documentos del español al inglés o al francés. Por lo tanto, se anima a las víctimas a completar el formulario en inglés o francés para evitar cualquier retraso en la traducción. Aquellas víctimas que opten por utilizar el audio o el video, deben utilizar el inglés o el francés si es posible, o pueden incluir la traducción consecutiva o los subtítulos de las lenguas de trabajo de la Corte. Esto reducirá considerablemente el tiempo de procesamiento de la información presentada por las víctimas».

Para ello, en la era de la tecnología no hay que saber idiomas para comunicarse, basta con escribir algo en español y colocarlo en el traductor de Google o DeepL y problema resuelto.