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Informe anual de Provea: La Venezuela pospandemia es más pobre, desigual y persiste la violación de DDHH

Informe anual provea
Yakary Prado
10/05/2023
El informe anual 2022 de Provea determinó que la Venezuela pospandemia “es más pobre y desigual” y que persiste una estructura coordinada por parte del Estado “para el control social y la represión de la disidencia”
Provea alerta que se mantienen las “graves violaciones de DDHH en el país” y que el único elemento disuasor parece ser la observación internacional, especialmente la de la  Misión de la ONU y la investigación de la CPI
Denuncian que en 2022 continuó la precarización del salario mínimo y las pensiones y que la imposición del instructivo Onapre “acabó con las interescalas salariales y violó todas las convenciones colectivas del sector público”
Las torturas disminuyeron en 62,2% el año pasado respecto a 2021, pero desde el 2013 hasta 2022, Provea contabiliza unas 1.599 víctimas de tortura en Venezuela y dos en el año 2022
En diez años de gobierno de Nicolás Maduro ascienden a 305.397 las violaciones al derecho a la salud documentadas por Provea

 

 

Este 9 de mayo el  Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó  la 34ª edición de su Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, que comprende el período de enero a diciembre de 2022.

El documento, titulado “Desigualdad e impunidad: la pandemia de Venezuela”,  contiene los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas en 14 derechos humanos en nuestro país.

El informe resalta que en diez años en el poder el gobierno de Nicolás Maduro “extinguió el estado de derecho”, “pulverizó” las conquistas sociales y “eclipsó” los derechos civiles y políticos “bajo la sombra del autoritarismo”.

Durante la presentación del informe Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, expresó que desde el año 2015 la ONG alertó que la pobreza se convertiría en un desafío para los venezolanos. 

“Advertíamos que Maduro iba a convertirse en una fábrica de pobreza el país. Y lamentablemente, en este informe y debido a las malas noticias, tenemos que ser precisos en la ratificación de esa tendencia: Maduro y su gobierno  se han convertido en una gran fábrica de exclusión y desigualdad”, sentenció. 

Uzcátegui recalcó que la Venezuela pospandemia “es más pobre y desigual”, y que persiste una estructura coordinada por parte del Estado “para el control social y la represión de la disidencia”.

La destrucción del salario, los déficits de infraestructura pública (que dificultan el acceso a servicios básicos esenciales como agua y electricidad) y el deterioro de servicios sociales (salud, educación, vivienda) persisten en el país, de acuerdo con la ONG. 

A continuación, en claves, un resumen de los hallazgos más relevantes del informe  2022 de Provea.

Se mantienen graves violaciones a DDHH

En Venezuela, de acuerdo con Provea, se mantiene el  declive institucional del sistema de justicia. El anuncio de una reforma judicial y los cambios legislativos no han sido llevados a la práctica, advierten.

“Se mantienen las  graves violaciones de DDHH en el país y el único elemento disuasor parece ser la observación internacional, especialmente la de la  Misión de la ONU y la investigación de la CPI”, recalcó el coordinador general de Provea al presentar el informe.

El escrutinio de la comunidad internacional parece estar teniendo efecto en la garantía del derecho a la vida, según Provea. Por segundo año consecutivo disminuyó de 1.414 a 824 las violaciones a este derecho. 

“En 2022 se produjo un nuevo descenso en la cifra de víctimas de violaciones al derecho a la vida, continuando la tendencia que ya había sido reportada en nuestro Informe Anual de 2021″, indican en el informe.

No obstante, advierten que aún se mantienen operaciones de seguridad basadas en la intervención “masiva de comunidades empobrecidas,  urbanas y rurales por parte de agentes de la fuerza pública, reeditando las prácticas abusivas registradas durante la ejecución de la cuestionada Operación de Liberación del Pueblo (OLP)9, esta vez con un mayor protagonismo de la Fuerza  Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Datos de Provea indican que son 9.465 personas las que han muerto manos de cuerpos de seguridad del Estado entre 2013 y 2022.

Otra cifra relevante es que 2022 fue el único año desde 2014 en el que no se reportaron muertes en manifestaciones. 

Torturas y aumento de violaciones al derecho a la integridad personal

Provea computó unas 2.203 víctimas de violaciones a la integridad personal en 2022, de las cuales 91 fueron casos de tortura.

“En 2022, se registraron 2.203 víctimas de violaciones al derecho a la integridad personal, lo cual supone un aumento de 68,6 % con respecto a 2021. 91 personas fueron víctimas de tortura”. Dos de ellas fallecieron, según el informe. 

Las torturas disminuyeron en 62,2% el año pasado respecto a 2021, pero desde el 2013 hasta 2022, Provea contabiliza unas 1.599 víctimas de tortura en Venezuela. 

Los muertos tras tortura en 2022 fueron Rafael Hernández (31 años) quien falleció el 5 de julio de 2022 tras “ser torturado por funcionarios de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en la sede de ese organismo en la población de Cariaco”.

Su familia dice que fue detenido cuatro días antes de morir y que su cuerpo estaba “marcado” por los abusos. 

El otro fallecido por torturas fue un funcionario activo del Cicpc en Apure, Ángel Pantoja, a quien detuvo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en la sede de Biruaca en julio de 2022. 

Dos días después de su detención se reportó su muerte. Inicialmente, el director del organismo, Juan García, informó que murió tras sumergirse  en un bidón de agua que se encontraba en su celda.

Pero una autopsia realizada por peritos forenses enviados desde Caracas reveló que “el funcionario había muerto luego de ser sumergido en una pipa de agua, mientras recibía golpes en la cabeza, pecho, estómago, brazos y piernas”.

El estudio determinó que Pantoja sufrió un derrame cerebral y que “presentaba abundante líquido en los pulmones”, se lee en el informe de Provea.

La mayoría de los castigos infligidos a quienes son víctimas de tortura en Venezuela según Provea son “amenazas de abuso sexual, golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, insultos y amenazas de muerte, entre otros”.

Precarización del salario y derechos laborales vulnerados

Provea denunció que en 2022 continuó la precarización del salario mínimo y las pensiones y que la imposición del instructivo Onapre acabó con las interescalas salariales y “violó todas las convenciones colectivas del sector público”.

Además, y a pesar del diálogo auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno “siguió negado a la fijación tripartita del salario mínimo”.

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La ONG alertó también sobre la violación a libertad sindical y hostigamientos a líderes sindicales que reclaman mejores salarios. 

Seis trabajadores permanecen detenidos por reclamar derechos y al menos 344 fueron víctimas de actos de amenazas y hostigamiento por parte de agentes de seguridad y altos funcionarios de empresas e instituciones del Estado. 

Mortalidad materna en franco ascenso

La capacidad del Estado para atender la salud de la población sigue disminuida por la “precariedad” acumulada tras años de problemas de infraestructura, dotación de insumos, pérdida de personal sanitario por bajos salarios o pandemia.

Así lo expresó la coordinadora general de investigación de Provea, Lissette González, en la presentación del informe anual.

En 2022, Provea registró 92.920 denuncias de privación de atención en sistema sanitario público, lo que significa un aumento de 34% respecto al año 2021.

Otro dato que preocupa y llama la atención es de la mortalidad materna en “franco ascenso”, que de acuerdo con datos de diferentes organizaciones recogidos por Provea, aumentó 124% en los últimos tres años.

“Este dato es  especialmente importante, porque refleja la incapacidad del sistema de salud público de atender requerimiento básico y una vulneración importante de derechos de las mujeres”, alertó González.

Por otra parte, González precisó que en diez años de gobierno de Nicolás Maduro ascienden a 305.397 las violaciones al derecho a la salud documentadas por Provea. 

Se reduce la tasa de escolarización 

El informe 2022 de Provea recoge que el país presentó en 2022 la tasa más baja desde 2014 de personas entre 3 y 24 años que asiste a las escuelas, al referirse a datos de la encuesta Encovi. 

“37% de la población entre 3 y 24 años no asistió a un centro de estudios durante 2022 en Venezuela”, precisó Provea. 

No hay programas de atención para sectores vulnerables

Provea denuncia que se mantiene la  ausencia de políticas para proteger a poblaciones vulnerables, personas con discapacidad, ancianos y jubilados. 

Apenas 3,74% del presupuesto de 2022 se destinó a seguridad social, según los datos a los que tuvo acceso la organización.

Implosión de la Misión Vivienda

Provea desmontó la cifra de supuestas viviendas entregadas por el gobierno en 2022. 

La administración de Maduro asegura que fueron 500.000 casas, pero los datos de Provea registran que entre enero y diciembre de 2022 el gobierno solo entregó un total de 3.122 viviendas nuevas.

Disminuyen detenciones arbitrarias y desapariciones forzosas

Respecto a 2021, en 2022 se redujeron en un 82,98 % las detenciones arbitrarias en  Venezuela. En 2022 se reportaron 121, mientras que en 2021 se registraron 711.

La mayoría de las víctimas de detenciones arbitrarias fueron hombres, de los cuales el 41,30 % son trabajadores u obreros, seguido de sindicalistas, líderes sociales o políticos (27,17 %), personal médico o de enfermería (25 %), abogados (4,34 %) y periodistas (2 %).

Provea también encontró una disminución del 37,5 % en los casos de desapariciones forzadas respecto a 2021. En 2022 contabilizaron cinco casos.

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