Analítica.com, autor en Runrun

Salud pública en el país ha desmejorado en un 70% asegura Acción Solidaria
9 de cada 10 venezolanos sólo tienen la posibilidad de asistir a red de ambulatorios u hospitales públicos

 

Esta semana la ONG Acción Solidaria dio a conocer algunos datos sobre el sistema de salud en el país. El ente que preside Feliciano Reyna, sostiene que nueve de cada 10 venezolanos sólo tienen la posibilidad de asistir a red de ambulatorios u hospitales públicos, en un sistema sanitario que ha mermado en al menos un 70% de su capacidad de respuesta desde 2016.

Precisa además que 58% de los ciudadanos tampoco cuentan con los recursos para poder pagar gastos derivados de servicios clínicos, algo que en teoría debería ser cubierto por el Estado.

Los datos forman parte del Programa de Respuesta Humanitaria que maneja Acción Solidaria, cuyos informes y contenidos terminan ofreciendo detalles de la magnitud, origen e incluso el tiempo de duración del deslave venezolano en los últimos años.

Este programa ha tenido la posibilidad de ayudar a más de 700 mil personas necesitadas  desde el año 2018 y ha desplegado, gracias a la ayuda internacional, una red de médicos y especialistas para así poder cotejar su evolución.

Precisan además que unos 9.3 millones de personas en Venezuela padecen de algún problema crónico de salud y no cuentan con los recursos económicos necesarios para poder atenderlos, ni tampoco con los medicamentos requeridos.

Hay que recordar que el 57 % de los pacientes encuestados habla de problemas de ingresos para costear sus medicinas, ya que el dinero se prioriza en alimentación.

Reyna asegura que el plan de atención se lleva adelante con asistencia de donantes internacionales, los cuales se encuentran vinculados a la gestión humanitaria, ya que que trabajan con 193 organizaciones regionales y por supuesto con voluntarios aliados en varias regiones del país.

“No estamos presentes en todos los Estados, pero nuestro trabajo regional los abarca a todos”, dijo.

“Tenemos una afectación grave, sistémica, de grandes proporciones en todo el país del derecho a la salud, además de una enorme opacidad informativa”, manifestó Natasha Saturno, coordinadora del Programa de Exigibilidad de Derechos de Acción Solidaria.

Afirma que, estos estudios de impacto que adelanta esta organización permiten afirmar que las mujeres, niños, niñas y adolescentes son los más afectados por el deslave en el servicio de salud.

“La crisis humanitaria venezolana es una de las más subfinanciadas del mundo con relación a la gravedad de su impacto”, sostiene Saturno.

CPI no ha negado la existencia de presuntas víctimas en Venezuela
La CPI «no ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela», dijo la la ONG Justicia, Encuentro y Perdó, y explicó que lo que hizo fue «proteger»

 

Varias ONG aseguraron que la Corte Penal Internacional (CPI) no ha negado la existencia de presuntas víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, como afirmó el lunes la administración de Nicolás Maduro, que también dijo que el alto tribunal «confirma» que estos hechos «nunca han ocurrido».

La CPI «no ha negado la ocurrencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela», dijo la la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y explicó que lo que hizo fue «proteger, como es su deber, a las miles de víctimas que hicieron observaciones a favor de que continúe la investigación por parte de la Fiscalía» de este tribunal.

«Es despreciable el uso de medios de comunicación y redes sociales para desinformar y manipular la información con el fin de revictimizar y causar desesperación a quienes han sido víctimas de crímenes contra los derechos humanos», agregó la organización en la red social.

La administración de Maduro aseguró este lunes que la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal adoptada el 4 de mayo «confirma lo que ha sostenido Venezuela desde el inicio del proceso ante la CPI: no existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido», una particular conclusión a la que no ha llegado, por el momento, la Corte.

Al respecto, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dijo que el Gobierno de Maduro «trata de manipular la utilización de términos que son estrictamente procesales y técnicos para dar una connotación que no es la correcta», por lo que lo dicho por el Ejecutivo es «absolutamente falso».

Señaló que «en ninguna parte de la decisión» la Sala ha dicho que «en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad».

Además, destacó que, en el comunicado, el Gobierno obvió que su solicitud de responder al informe de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas fue «contundentemente rechazada» por la Sala.

Esta decisión, agregó Daniels, supone «un revés importante para el Gobierno, que pretendía con una táctica dilatoria, ganar un mes de tiempo en el proceso».

El derecho a la educación es una tarea pendiente en Venezuela de acuerdo a Con la Escuela
Precaria situación de los docentes presencia de alumnos en las escuelas 

 

La Asociación Civil Con La Escuela presentó el informe final de su programa de monitoreo “Red de Observadores Escolares 2022- 2023” cuyo objetivo principal es exponer ante la opinión pública la situación escolar venezolana.

Desde finales de noviembre de 2022  la organización implementó este proyecto con la aplicación de 4 encuestas para  generar información de dominio público sobre el estado de los derechos educativos en Venezuela y la situación de escuelas, alumnos y docentes en 79 planteles de educación inicial, primaria y media, ubicados en siete estados del país.

Durante la presentación el Coordinador General de Con la Escuela, Oscar Iván Rose, informó que “el estudio mostró que garantizar el derecho a la educación es una tarea pendiente en Venezuela”. El educador recuerda que en la CRBV en su artículo 103 está establecido este derecho pero la realidad es que “las escuelas sufren deterioro en su infraestructura, la repitencia aumenta y la calidad del aprendizaje disminuye”.

Un dato a destacar dentro del informe final presentado por la Asociación Civil Con la Escuela es que el 68% de las escuelas públicas son las más afectadas por la escasez de docentes. “Debemos tener presente que docentes bien formados, apoyados y valorados son esenciales para garantizar educación de calidad y lograr cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Por esta razón, los docentes son prioridad para la UNESCO”, señaló el coordinador de Con la Escuela.

Como conclusión este informe presenta tres puntos:

1. Múltiples factores vulneran el derecho a la educación de los estudiantes
2. La precaria situación de los docentes afecta su presencia en las escuelas 
3. Un recinto escolar deteriorado e insuficiente no garantiza el día efectivo de clases.

Una Ventana a la Libertad confirma muerte de un preso a manos de otros en Nueva Esparta
Recibió múltiples contusiones en la región cefálica

 

Un hombre de 26 años, que estaba recluido en un centro de detención preventiva en el estado insular Nueva Esparta, falleció luego de haber recibido una paliza por parte de sus compañeros de celda, informó la ONG venezolana Una Ventana a la Libertad (UVL).

«El hombre recibió múltiples contusiones en la región cefálica, durante una riña, el pasado domingo 17 de julio en horas de la tarde» en el municipio Mariño, informó la organización no gubernamental en una nota de prensa.

Explicó que las autoridades del lugar no trasladaron al recluso a un centro de salud hasta martes en la mañana, cuando fue ingresado al hospital Luis Ortega, de la ciudad de Porlamar, donde falleció horas después.

«No es la primera vez que un preso recibe una paliza por otros reos en este centro», subrayó el escrito.

UVL agregó que la población que permanece recluida en estos calabozos está siendo investigada por estos hechos, con ayuda de la Fiscalía y de la Dirección de Asuntos Penitenciarios.

En abril de 2021, una persona murió y otra más resultó herida durante otra riña en el Centro Penitenciario Yare II, en el céntrico estado Miranda.

El hacinamiento en los centros de detención preventiva de Venezuela persiste, toda vez que la ocupación en estos recintos supera el 150 %, dicen ONG y expertos. 

OVP: La reforma del Código Orgánico Penitenciario es una “fachada” del abandono carcelario
Carolina Girón, directora del Observatorio de Prisiones, afirmó “No hay nadie que lleve estas estadísticas ni existe personal de salud, son los reclusos los que se ocupan de ellos mismos. Si no tenemos lo esencial el agua y la comida, que podemos esperar de otros servicios”

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) llevó a cabo el foro “Falacia detrás de la reforma del Código Orgánico Penitenciario”, el cual tuvo como ponentes a tres referentes en el tema  carcelario y derechos humanos de los privados de libertad. 

La actividad inició con la participación de Carolina Girón, directora del Observatorio de Prisiones, continuando con las ponencias de Humberto Prado, director del Observatorio LAC de PrisionesFernando Fernández, profesor en derecho penal, y Argenis Riera, magíster en derecho penal

El foro tuvo como fin aclarar dudas acerca de las reformas que ha sufrido el Código Orgánico Penitenciario (COPE), que ha traído consecuencias de degradación y retrocesos en los derechos humanos del que está tras las rejas en venezuela. 

Carolina Giron hizo énfasis en el hecho de que la reforma “fue un maquillaje”, tomando como base el trabajo del OVP donde se muestra en cada uno de sus informes que la población  penitenciaria sigue padeciendo, y en que las muertes por desnutrición no han dejado de aumentar.  Recalcó además que no se tienen protocolos para enfermedades típicas del hacinamiento, “siendo el Estado el que tiene el monopolio del tratamiento de la enfermedad (tuberculosis)”, 

“No hay nadie que lleve estas estadísticas ni existe personal de salud, son los reclusos los que se ocupan de ellos mismos. Si no tenemos lo esencial el agua y la comida, que podemos esperar de otros servicios”, finalizó. 

Por su parte, el abogado Argenis Riera se enfocó en el impacto que tuvo la reforma del COPE, que según su criterio, la manera en la que se ejecutó, anunciando cosas para el futuro y no para el presente, hace que su aplicación pueda ser utópica, planteando como solución y darle sentido al código, tener como base las Reglas Mandela.

Asimismo, determinó que para un país que quiere reconstruir el sistema criminal, se debe plantear el problema en tres órdenes, uno como estructura jurídica, otro como estructura democrática, y por último como social, pero considera que en Venezuela el problema radica en que todos estos dispositivos “adolecen de fuerza normativa de la Constitución”, por ende todo lo expuesto en el artículo 272 del COPE será letra muerta

Para Humberto Prado es importante la descentralización del sistema penitenciario, como lo establecen las leyes. “Imaginen un momento en el que pudiéramos tener un instituto autónomo, como dice el artículo 272, y que fuera nada más para el fortalecimiento de las políticas carcelarias, sería perfecto, pero desde 1930 hasta hoy lo que tenemos es un régimen que degrada y mata a los presos”. 

Para ejemplificar, Prado hizo referencia a la situación de alimentación de los presos, donde es el familiar el que tiene que llevarle comida al preso. “¿Dónde dice eso en el código?”, cuestionó

En otro orden de ideas, el doctor Fernando Fernández denominó a los cambios del código como “la reforma fachada”.

“Las reformas del código orgánico son una  fachada, con una narrativa acorde con los derechos humanos, pero en total regresión en la práctica, son poesía al leerlo, pero por otra parte se mantienen los crímenes”.  Fernández parte de la base de que a la hora de la ejecución del código se crean otras leyes que tiran por tierra su factibilidad de cumplimiento, aseveró que simplemente no las aplican.

“Las leyes se hacen para ser cumplidas no para no ser ejecutadas”, puntualizó. 

Como información importante planteada en el foro, vale la pena recalcar que tuvo que pasar un poco más de dos años para que el COPE fuera publicado en la gaceta, siendo el 28 de diciembre del 2015 el día de su promulgación y en el 2017 la fecha de su publicación.  Antes de esa fecha, no hubo anuncios oficiales haciendo referencia a ello, no se conoció razón para justificar la inacción del poder ejecutivo frente al mandato constitucional.  

“El Ejecutivo está violentando el artículo 214, debió promulgarse a diez días de su aprobación, pero no se dirige a la Asamblea Nacional, no se pidió su nulidad a la Sala Constitucional, solo no considero necesario su aplicación”, fue uno de los comentarios destacados entre los panelistas. 

Hasta la fecha la aplicación de esta reforma “sigue siendo un juego para el Estado” que no termina de hacer frente al problema carcelario de la nación, donde no se generan mecanismos que permitan hacer valer las leyes y herramientas perfectamente creadas para ser referentes en este tema en la región. Mientras eso no pase, tanto presos como familiares, seguirán siendo víctimas de un Estado negligente ante los problemas que está en sus manos resolver. 

Transparencia Venezuela: Retrasos, discriminación y amenazas marcan pauta en los CLAP

LA COMPRA DE ALIMENTOS SUBSIDIADOS a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se ha convertido en una tarea titánica. Pese a que cada vez son más las familias que dependen de esas cajas o bolsas de comida, los despachos han empeorado.

La ONG Transparencia Venezuela en el primer trimestre del año recibió 91 denuncias sobre irregularidades con el programa estatal, cuya supuesta temporalidad ya se ha extendido por tres años.

De acuerdo con la ONG, los reclamos de los ciudadanos pueden agruparse en ocho categorías, entre las que se encuentran retraso en la entrega de los alimentos, discrecionalidad a la hora de realizar los censos y los pagos, aprovechamiento indebido de los productos, agresiones físicas o amenazas a la integridad, control social, alimentos en mal estado, ausencia de rendición de cuentas y mecanismos de control.

El retraso en la entrega de los productos subsidiados sigue siendo el principal reclamo de los ciudadanos, quienes hicieron 31 denuncias. Según declaran, la bolsa o caja CLAP tarda entre cuatro y siete meses en llegar, pese a que la promesa del Gobierno es la entrega de la caja cada 21 días.

“La caja llega cada cuatro meses, no cumplen con lo que nuestro comandante presidente Nicolás Maduro ha dicho, cada 15 días o por menos una al mes”, precisó un ciudadano que hizo llegar su denuncia a Transparencia Venezuela.

El tiempo mínimo registrado de retraso es de dos meses, pero algunas familias han tenido que esperar hasta un año para adquirir los productos subsidiados.

A las irregularidades en los tiempos de entrega se agregan 27 denuncias sobre la discrecionalidad en el registro de los beneficiados y otros 20 reclamos por el aprovechamiento indebido de los productos, en especial por cajas que fueron entregadas “abiertas” o “incompletas”.

Del caos a la amenaza

Transparencia Venezuela también recibió 27 denuncias relacionadas con irregularidades al momento de realizar el censo, una actividad a cargo de los llamados jefes de calle. Nos llegaron reclamos sobre la inclusión de personas que no poseen carga familiar, o que no residen en la comunidad, y la exclusión de familias sin dar información sobre el motivo que da origen a esa medida.

Otras denuncias recibidas tratan sobre la ausencia de procedimientos para desincorporar del censo a aquellas familias que han emigrado del país, lo cual ha originado que algunos miembros del CLAP dispongan de los alimentos de la familia ausente. “Existe el caso de vecinos que se han ido del país y no sabemos el paradero de sus cajas, y el CLAP sigue recibiendo el mismo número de cajas”, apuntó uno de los denunciantes.

De las 20 denuncias recibidas por el aprovechamiento indebido de los productos de las cajas se desprende la molestia de los ciudadanos porque las cajas que “fueron entregadas abiertas o incompletas”.

“Las cajas del CLAP vinieron violentadas. No trajo aceite, caraotas, enlatados, mayonesa, salsa, ni azúcar. Se llamó a la jefa de calle y lo que respondió fue que no podía hacer nada, que las agarrábamos así o las devolverían y que si no las aceptamos así nos iban a bloquear y quitarían el beneficio”, dijo una de las denunciantes.

Al menos 12 de esas 20 denuncias se refieren a la reventa de productos CLAP con un precio igual o mayor al del mercado. También se recibieron siete denuncias por agresiones físicas o amenazas a la integridad, la mayoría por opiniones contra el Gobierno y la gestión de los CLAP. También fue denunciada la participación de los grupos civiles armados, llamados colectivos, y órganos policiales como el FAES como parte de la coacción a los ciudadanos.

“Amenazan diciendo que quienes van a entregar la bolsa son los colectivos y que van a matar a los que hablen mal del gobierno”, señaló uno de los denunciantes.

El denunciante agregó que a principios de junio de este año dos hombres desconocidos se le acercaron y le dijeron que lo tenía identificado y que si seguía ‘insistiendo’ lo iban a atacar con las FAES.

También se recibieron ocho denuncias más relacionadas con el control social que se evidenciaron en la suspensión del beneficio por las siguientes razones: manifestar una tendencia política diferente a la del partido de Gobierno, por realizar protestas contra el Ejecutivo, o contra la gestión de los miembros de los CLAP.

El informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, señala expresamente esta situación: “El ACNUDH recibió información de personas quienes, a pesar de no contar con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en las listas de distribución de las cajas CLAP, porque no eran partidarias del Gobierno”.

Se recibieron dos denuncias por alimentos en mal estado y otras siete por ausencia de rendición de cuentas y mecanismos de control. Cuatro de los denunciantes manifestaron que acudieron al Estado Mayor correspondiente a su comunidad e, incluso, a las alcaldías, para manifestar su inconformidad, pero no obtuvieron respuesta.

Fueron recibidas otras denuncias por discrecionalidad en el pago: dinero recaudado en cuentas personales que los miembros del CLAP disponen, la solicitud del pago con poco tiempo de anticipación y exigencia de dinero en efectivo a pesar de la escasez de billetes en Venezuela.

También hubo denuncias sobre el cobro de montos superiores al que anunció el coordinador general de los CLAP, Freddy Bernal, quien afirmó que el precio de la caja es de 9.000 bolívares a partir del 15 de junio de 2019. A esta cantidad se debe sumar pagos de transporte y gastos por impresión de formatos para el proceso de entrega de la caja, que se fijan discrecionalmente.

Lea el informe completo en Transparencia Venezuela.

La transición hacia la democracia moviliza a la universidad venezolana

EL AUDITORIO DEL CENTRO de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri, de la Universidad Metropolitana, se debatieron la transición hacia la democracia, el Estatuto que la rige y la Justicia Transicional, ante una audiencia superior a 200 personas entre líderes sociales, estudiantes y activistas.

Las organizaciones participantes, investigadoras y difusoras de diversas áreas del caso venezolano, fueron Bloque Constitucional, con la vocería de la doctora Cecilia Sosa; Transparencia Venezuela, representada por Mildred Rojas, y la “Fundación para el Debido Proceso”, por el experto internacional Ramiro Orias junto a la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano.

El acto inició con palabras del rector metropolitano, Benjamin Scharifker, quien mencionó la necesidad de conciliar “la ética, la política y el derecho» para una visión integral de la crisis venezolana, e invitar a los asistentes a complementar la voluntad de cambio con competencias y herramientas”.

Continuando con la promoción desde el Bloque Constitucional del “Estatuto que rige la transición hacia la democracia” la doctora Cecilia Sosa recordó que “en esta ruta están las respuestas a quienes hayan sido víctimas de violaciones de derechos humanos” y así: “devolver la oportunidad de confiar en la justicia ordinaria que jamás se debió dejar a un lado”.

Para la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la ley: “Es un orden de trabajo sin descanso, para construir una democracia estable y duradera”

La corrupción como parte de la crisis venezolana

Mildred Rojas, coordinadora de estrategia de Transparencia Venezuela, aportó las claves para entender a la corrupción en el caso nacional, como gran responsable de la emergencia humanitaria.

Esta organización ha detectado “cientos de casos de corrupción desde los más altos niveles del Estado, así como también vínculos con organizaciones internacionales”.

Incluida “una red complejísima de dinero, sin comparación en el mundo” que para la fecha incluye investigaciones en hasta 6 países sobre capital venezolano.

Como muestra de los incentivos que brinda a la corrupción el sistema institucional actual mencionó las más de 500 empresas del Estado, las cuales en su mayoría son difíciles de rastrear, y para entender la magnitud de la cantidad, recordó que Brasil cuenta con alrededor de solo 100.

Justicia transicional y sistema de justicia internacional

Ramiro Roas, experto boliviano, continuó con las ponencias, recordando que “la Justicia Transicional no solo investiga los hechos, sino tiene que brindar el motivo, responder por qué ocurrió” en referencia a violaciones de Derechos Humanos.

Lograr “justicia, reparación y no repetición” deberá ser el principal objetivo de un nuevo sistema de justicia, que en compenetración con organismos internacionales, para asegurar imparcialidad, logre expulsar a “pertrechadores de crímenes” de entre sus miembros.

Asamblea Nacional y Estatuto hacia la democracia

Como la voz del Parlamento nacional, la diputada Delsa Solórzano, demostró los avances legislativos, para el cumplimiento de los artículos del “estatuto que rige la transición hacia la democracia”.

Mencionando los artículos 7 y 18 del mismo, recordó que sin el cese de la usurpación son muchos los procesos detenidos, sin embargo, agregó que han sido capaces de brindar garantías a sectores claves en su opinión, para la transición, como lo son militares y empleados públicos.

Para finalizar, la diputada presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, aseguró que desde el Parlamento están “listos para gobernar” y que pronto seguirán haciendo públicos los avances necesarios para lograr la ruta que dicta el Estatuto.

Sociedad civil denuncia ser víctima de persecución política en el estado Zulia

MUCHAS SON LAS DENUNCIAS DE CIUDADANOS OPOSITORES al gobierno nacional los que afirman que durante los últimos meses el hostigamiento gubernamental en contra de ellos se ha venido incrementando obligándolos a estar más precavidos a la hora de salir a las calles.

Quienes denuncian este tipo de acoso en su mayoría son personas que han participado en protestas en contra de las políticas aplicadas por el ejecutivo que han afectado su calidad de vida, incluso por estar en manifestaciones por las fallas en los servicios públicos como la electricidad, que ha caído en una grave crisis debido a la desinversión y el abandono gubernamental.

La mayoría de las víctimas ha denunciado que durante el año 2017 y 2018 funcionarios policiales y del SEBIN han estado en sus comunidades preguntándole a sus vecinos por su dirección y por información de sus familiares.

Roxana Hernández, habitante de la parroquia Cacique Mara de Maracaibo, denunció ser víctima de acoso político y persecución por ser militante del partido Primero Justicia y por encabezar manifestaciones en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro en el 2017. Afirmó que en una de las manifestaciones fueron requisados por unos sujetos vestidos de civil que portaban armas y se identificaron con grupos afectos al ejecutivo.

“Cuando nos emboscaron los motorizados, uno de ellos mencionó mi nombre y no quise responder al llamado, lo volvieron hacer con tono más fuerte, me empecé a inquietar, de pronto sentí el sonido de las motos acercarse, mi mamá estaba viendo lo que pasaba y se acercó, hicieron que se bajaran del carro apuntándonos con sus pistolas, revisaron el carro y nos arrebataron los teléfonos, mientras nos insultaban y nos llamaban escuálidos, arrancaron hasta las puertas de la camioneta en la que nos trasladábamos en busca de material que les indicara que estábamos en contra de la llamada revolución bolivariana” acotó Roxana Hernández.

Ante la cantidad de denuncias, distintas organizaciones no gubernamentales que velan por el respeto a los derechos de los ciudadanos como CODHEZ, Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia, ha avalado los señalamientos de los afectados en contra de los funcionarios, ha exigido respeto al gobierno nacional y ha brindado apoyo jurídico a las víctimas.

CODHEZ, se han enfocado en el arresto ilegitimo de un jóven por protestar, quien fue abusado sexualmente por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, en la sede de Corpoelec en el sector Amparo y que su audiencia ha sido diferida en al menos siete oportunidades. En este caso insisten que hubo torturas.