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Transparencia Venezuela: Retrasos, discriminación y amenazas marcan pauta en los CLAP

LA COMPRA DE ALIMENTOS SUBSIDIADOS a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se ha convertido en una tarea titánica. Pese a que cada vez son más las familias que dependen de esas cajas o bolsas de comida, los despachos han empeorado.

La ONG Transparencia Venezuela en el primer trimestre del año recibió 91 denuncias sobre irregularidades con el programa estatal, cuya supuesta temporalidad ya se ha extendido por tres años.

De acuerdo con la ONG, los reclamos de los ciudadanos pueden agruparse en ocho categorías, entre las que se encuentran retraso en la entrega de los alimentos, discrecionalidad a la hora de realizar los censos y los pagos, aprovechamiento indebido de los productos, agresiones físicas o amenazas a la integridad, control social, alimentos en mal estado, ausencia de rendición de cuentas y mecanismos de control.

El retraso en la entrega de los productos subsidiados sigue siendo el principal reclamo de los ciudadanos, quienes hicieron 31 denuncias. Según declaran, la bolsa o caja CLAP tarda entre cuatro y siete meses en llegar, pese a que la promesa del Gobierno es la entrega de la caja cada 21 días.

“La caja llega cada cuatro meses, no cumplen con lo que nuestro comandante presidente Nicolás Maduro ha dicho, cada 15 días o por menos una al mes”, precisó un ciudadano que hizo llegar su denuncia a Transparencia Venezuela.

El tiempo mínimo registrado de retraso es de dos meses, pero algunas familias han tenido que esperar hasta un año para adquirir los productos subsidiados.

A las irregularidades en los tiempos de entrega se agregan 27 denuncias sobre la discrecionalidad en el registro de los beneficiados y otros 20 reclamos por el aprovechamiento indebido de los productos, en especial por cajas que fueron entregadas “abiertas” o “incompletas”.

Del caos a la amenaza

Transparencia Venezuela también recibió 27 denuncias relacionadas con irregularidades al momento de realizar el censo, una actividad a cargo de los llamados jefes de calle. Nos llegaron reclamos sobre la inclusión de personas que no poseen carga familiar, o que no residen en la comunidad, y la exclusión de familias sin dar información sobre el motivo que da origen a esa medida.

Otras denuncias recibidas tratan sobre la ausencia de procedimientos para desincorporar del censo a aquellas familias que han emigrado del país, lo cual ha originado que algunos miembros del CLAP dispongan de los alimentos de la familia ausente. “Existe el caso de vecinos que se han ido del país y no sabemos el paradero de sus cajas, y el CLAP sigue recibiendo el mismo número de cajas”, apuntó uno de los denunciantes.

De las 20 denuncias recibidas por el aprovechamiento indebido de los productos de las cajas se desprende la molestia de los ciudadanos porque las cajas que “fueron entregadas abiertas o incompletas”.

“Las cajas del CLAP vinieron violentadas. No trajo aceite, caraotas, enlatados, mayonesa, salsa, ni azúcar. Se llamó a la jefa de calle y lo que respondió fue que no podía hacer nada, que las agarrábamos así o las devolverían y que si no las aceptamos así nos iban a bloquear y quitarían el beneficio”, dijo una de las denunciantes.

Al menos 12 de esas 20 denuncias se refieren a la reventa de productos CLAP con un precio igual o mayor al del mercado. También se recibieron siete denuncias por agresiones físicas o amenazas a la integridad, la mayoría por opiniones contra el Gobierno y la gestión de los CLAP. También fue denunciada la participación de los grupos civiles armados, llamados colectivos, y órganos policiales como el FAES como parte de la coacción a los ciudadanos.

“Amenazan diciendo que quienes van a entregar la bolsa son los colectivos y que van a matar a los que hablen mal del gobierno”, señaló uno de los denunciantes.

El denunciante agregó que a principios de junio de este año dos hombres desconocidos se le acercaron y le dijeron que lo tenía identificado y que si seguía ‘insistiendo’ lo iban a atacar con las FAES.

También se recibieron ocho denuncias más relacionadas con el control social que se evidenciaron en la suspensión del beneficio por las siguientes razones: manifestar una tendencia política diferente a la del partido de Gobierno, por realizar protestas contra el Ejecutivo, o contra la gestión de los miembros de los CLAP.

El informe de la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, señala expresamente esta situación: “El ACNUDH recibió información de personas quienes, a pesar de no contar con acceso suficiente a alimentos, no fueron incluidas en las listas de distribución de las cajas CLAP, porque no eran partidarias del Gobierno”.

Se recibieron dos denuncias por alimentos en mal estado y otras siete por ausencia de rendición de cuentas y mecanismos de control. Cuatro de los denunciantes manifestaron que acudieron al Estado Mayor correspondiente a su comunidad e, incluso, a las alcaldías, para manifestar su inconformidad, pero no obtuvieron respuesta.

Fueron recibidas otras denuncias por discrecionalidad en el pago: dinero recaudado en cuentas personales que los miembros del CLAP disponen, la solicitud del pago con poco tiempo de anticipación y exigencia de dinero en efectivo a pesar de la escasez de billetes en Venezuela.

También hubo denuncias sobre el cobro de montos superiores al que anunció el coordinador general de los CLAP, Freddy Bernal, quien afirmó que el precio de la caja es de 9.000 bolívares a partir del 15 de junio de 2019. A esta cantidad se debe sumar pagos de transporte y gastos por impresión de formatos para el proceso de entrega de la caja, que se fijan discrecionalmente.

Lea el informe completo en Transparencia Venezuela.

La transición hacia la democracia moviliza a la universidad venezolana

EL AUDITORIO DEL CENTRO de Estudios Latinoamericanos Arturo Uslar Pietri, de la Universidad Metropolitana, se debatieron la transición hacia la democracia, el Estatuto que la rige y la Justicia Transicional, ante una audiencia superior a 200 personas entre líderes sociales, estudiantes y activistas.

Las organizaciones participantes, investigadoras y difusoras de diversas áreas del caso venezolano, fueron Bloque Constitucional, con la vocería de la doctora Cecilia Sosa; Transparencia Venezuela, representada por Mildred Rojas, y la “Fundación para el Debido Proceso”, por el experto internacional Ramiro Orias junto a la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano.

El acto inició con palabras del rector metropolitano, Benjamin Scharifker, quien mencionó la necesidad de conciliar “la ética, la política y el derecho» para una visión integral de la crisis venezolana, e invitar a los asistentes a complementar la voluntad de cambio con competencias y herramientas”.

Continuando con la promoción desde el Bloque Constitucional del “Estatuto que rige la transición hacia la democracia” la doctora Cecilia Sosa recordó que “en esta ruta están las respuestas a quienes hayan sido víctimas de violaciones de derechos humanos” y así: “devolver la oportunidad de confiar en la justicia ordinaria que jamás se debió dejar a un lado”.

Para la ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la ley: “Es un orden de trabajo sin descanso, para construir una democracia estable y duradera”

La corrupción como parte de la crisis venezolana

Mildred Rojas, coordinadora de estrategia de Transparencia Venezuela, aportó las claves para entender a la corrupción en el caso nacional, como gran responsable de la emergencia humanitaria.

Esta organización ha detectado “cientos de casos de corrupción desde los más altos niveles del Estado, así como también vínculos con organizaciones internacionales”.

Incluida “una red complejísima de dinero, sin comparación en el mundo” que para la fecha incluye investigaciones en hasta 6 países sobre capital venezolano.

Como muestra de los incentivos que brinda a la corrupción el sistema institucional actual mencionó las más de 500 empresas del Estado, las cuales en su mayoría son difíciles de rastrear, y para entender la magnitud de la cantidad, recordó que Brasil cuenta con alrededor de solo 100.

Justicia transicional y sistema de justicia internacional

Ramiro Roas, experto boliviano, continuó con las ponencias, recordando que “la Justicia Transicional no solo investiga los hechos, sino tiene que brindar el motivo, responder por qué ocurrió” en referencia a violaciones de Derechos Humanos.

Lograr “justicia, reparación y no repetición” deberá ser el principal objetivo de un nuevo sistema de justicia, que en compenetración con organismos internacionales, para asegurar imparcialidad, logre expulsar a “pertrechadores de crímenes” de entre sus miembros.

Asamblea Nacional y Estatuto hacia la democracia

Como la voz del Parlamento nacional, la diputada Delsa Solórzano, demostró los avances legislativos, para el cumplimiento de los artículos del “estatuto que rige la transición hacia la democracia”.

Mencionando los artículos 7 y 18 del mismo, recordó que sin el cese de la usurpación son muchos los procesos detenidos, sin embargo, agregó que han sido capaces de brindar garantías a sectores claves en su opinión, para la transición, como lo son militares y empleados públicos.

Para finalizar, la diputada presidenta de la Comisión de Justicia y Paz, aseguró que desde el Parlamento están “listos para gobernar” y que pronto seguirán haciendo públicos los avances necesarios para lograr la ruta que dicta el Estatuto.

Sociedad civil denuncia ser víctima de persecución política en el estado Zulia

MUCHAS SON LAS DENUNCIAS DE CIUDADANOS OPOSITORES al gobierno nacional los que afirman que durante los últimos meses el hostigamiento gubernamental en contra de ellos se ha venido incrementando obligándolos a estar más precavidos a la hora de salir a las calles.

Quienes denuncian este tipo de acoso en su mayoría son personas que han participado en protestas en contra de las políticas aplicadas por el ejecutivo que han afectado su calidad de vida, incluso por estar en manifestaciones por las fallas en los servicios públicos como la electricidad, que ha caído en una grave crisis debido a la desinversión y el abandono gubernamental.

La mayoría de las víctimas ha denunciado que durante el año 2017 y 2018 funcionarios policiales y del SEBIN han estado en sus comunidades preguntándole a sus vecinos por su dirección y por información de sus familiares.

Roxana Hernández, habitante de la parroquia Cacique Mara de Maracaibo, denunció ser víctima de acoso político y persecución por ser militante del partido Primero Justicia y por encabezar manifestaciones en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro en el 2017. Afirmó que en una de las manifestaciones fueron requisados por unos sujetos vestidos de civil que portaban armas y se identificaron con grupos afectos al ejecutivo.

“Cuando nos emboscaron los motorizados, uno de ellos mencionó mi nombre y no quise responder al llamado, lo volvieron hacer con tono más fuerte, me empecé a inquietar, de pronto sentí el sonido de las motos acercarse, mi mamá estaba viendo lo que pasaba y se acercó, hicieron que se bajaran del carro apuntándonos con sus pistolas, revisaron el carro y nos arrebataron los teléfonos, mientras nos insultaban y nos llamaban escuálidos, arrancaron hasta las puertas de la camioneta en la que nos trasladábamos en busca de material que les indicara que estábamos en contra de la llamada revolución bolivariana” acotó Roxana Hernández.

Ante la cantidad de denuncias, distintas organizaciones no gubernamentales que velan por el respeto a los derechos de los ciudadanos como CODHEZ, Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia, ha avalado los señalamientos de los afectados en contra de los funcionarios, ha exigido respeto al gobierno nacional y ha brindado apoyo jurídico a las víctimas.

CODHEZ, se han enfocado en el arresto ilegitimo de un jóven por protestar, quien fue abusado sexualmente por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, en la sede de Corpoelec en el sector Amparo y que su audiencia ha sido diferida en al menos siete oportunidades. En este caso insisten que hubo torturas.

Más de 600 familias afectadas por inundaciones en estado Bolívar

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La cama está sobre varias gaveras de cerveza, de forma que el colchón no se moje. La ropa sobre sillas, la cocina, nevera y hasta el freezer arriba de bloques. La casa está totalmente llena de agua y ya tiene más de una semana así, publica analitica.com.

“Tenemos días en estas condiciones. El miércoles nos trajeron un colchón, pero cómo dormimos así, hay demasiado plaga. Yo me mantengo aquí, para no perder mis cosas, porque si me voy cuando regrese no voy a conseguir ni las laminas de zing”, afirmó Luz Marina Orrego afectada por las lluvias en el estado Bolívar.

Ella es tan solo una de las más de 100 familias que han sido víctimas de las inundaciones en Ciudad Guayana. Hace unos días el director de Protección Civil (PC), Jorge Galindo, visitó dichos sectores, pero la situación se ha ido agravando y el número de afectados ha aumentado.

Según cifras de organismos de seguridad del municipio Caroní, alrededor de 475 familias se han visto afectadas, 1.083 adultos, y 762 niños para un total de 1.845 personas.

Las parroquias más afectadas por la situación son Dalla Costa y Cachamay. En el caso del sector Acapulco, este quedó totalmente aislado y ha recibido la ayuda es vía fluvial.

Pero fuentes de seguridad aseguran que la situación se mantendrá mientras las lluvias continúen y con los incrementos de los niveles del río la situación es más delicada.

En el caso de Puerto Ordaz, específicamente en la parroquia Cachamay, son seis sectores los que están afectados por las lluvias, los cuales son: José Gregorio Hernández, La Españolita, La Curva, Puerto Libre y Los Monos.

Tan así que la mañana de este jueves habitantes de La Curva, en Puerto Ordaz, cerraron la vía para exigir atención por parte de los organismos gubernamentales y municipales del estado.

En el sector de José Gregorio Hernández, 40 viviendas han sido afectadas, lo que equivale a 97 familias, 207 adultos y 125 niños, en La Españolita, son 16 casas, 9 familias, 15 adultos y 8 niños.

Mientras que en La Curva, las cifra es de 18 viviendas, 23 familias que representan 57 adultos y 25 niños, en Puerto Libre son 31 casas, que son de 42 familias, 78 adultos y 91 niños.

Y los dos últimos son Los Monos las viviendas con carencias son 71, en las cuales habitan 44 familias, 132 adultos y 83 menores de edad; y Emmanuel con 3 familias, 7 niños y 8 adultos.

Muchos ya han tenido que dejar sus propiedades debido a que el agua ya entró por completo haciendo imposible estar ahí.

 

 

Ene 01, 2017 | Actualizado hace 3 años
In memoriam de Memo Morales

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Emilio Figueredo / Analítica

Nadie que haya bailado o escuchado a través de la música que ponían sus padres o abuelos, particularmente en las fiestas decembrinas, puede olvidar una voz inconfundible que se apagó la  noche de cambio de año haciendo lo que más amaba: cantar.

Carlos Enrique Morales Portillo, conocido por todos como Memo Morales, nació en Maracaibo el 6 de abril de 1937 y falleció en Caracas el primero de enero de 2017.

Fue una de las voces principales, desde 1964, de la Billo’s Caracas Boys, junto con Cheo García y José Luís Rodriguez. Entre sus canciones emblemáticas recuerdo, entre otras, “Ni se compra ni se vende”, Qué viva España” ” Parece mentira”, ” Juanita bonita” y muchas más.

En este sentido homenaje a ese gran artista venezolano, seleccionaré algunas de sus inolvidables interpretaciones, empezando por su muy recordada “Epa, Isidoro”.

Epa, Isidoro

Juanita bonita

Catatumbo

Si vas a Calatayud

Ni se compra ni se vende

Damele betún

Mambo moruno

Niña Isabel

Rumores

Navidad negra

Que viva España

Carta a Vladimir Padrino López, por Román Duque Corredor

PadrinoLópez

Caracas, 26 de octubre de 2016

Vladimir Padrino López
Ministro de Defensa
Venezuela:

Usted en uniforme de campaña se dirigió al pueblo venezolano, rodeado más que de un mando militar, de un comando de guerra, porque nuestro parlamento hizo uso de su facultad constitucional de realizar investigaciones sobre el ejercicio de sus funciones por parte de cualquier funcionario, inclusive del Presidente si incurre en abuso o desviación de poder o en incumplimiento de la Constitución. Y usted, bajo inspiración hitleriana, llama esa manifestación democrática de golpe parlamentario. Con aditamentos bélicos y luciendo chalecos antibalas y cartucheras y revólveres, pide al pueblo paz y respeto a la Constitución, cuando nadie ha esgrimido arma alguna contra su gobierno. Usted, Ministro, es militar y como tal, en lugar de hablar como funcionario utiliza un lenguaje guerrillero e induce la violencia. Porque no utilizo vestimentas de servicio y no de campaña y porque no hablo como ministro del despacho, sino como un jefe cuartelario?. Contra quien es la guerra?. Porque no hizo muestra de la misma actitud contra el asalto a la Asamblea Nacional, por parte de montoneros organizados y dirigidos por el Alcalde del Distrito Capital, ante la complicidad de la GNB, cuando usted es responsable de su custodia y de la protección de la integridad de los diputados?.

Usted ofende no sólo al pueblo, sino incluso a sus compañeros de armas, al asumir una actitud guerrerista ante manifestaciones de civilidad de los sectores democráticos, que lo que exigen es respeto a su derecho a vivir en democracia y de que se respete su  derecho al referendo revocatorio, como la Constitución exige para que el gobierno que lo rige sea legítimo, como lo es además de su elegibilidad, su alternatividad y revocabilidad. Y donde el control del ejercicio del poder público por el parlamento es de su esencia, y que, usted, inconscientemente descalifica seguramente por su admiración a Fidel Castro, a quien usted vergonzosamente rinde pleitesia, que al igual que Luis XIV, se considera inmume frente a cualquier control del ejercicio ilegítimo del poder, por lo que según la Constitución cubana, es un atentado contra el Estado pretender controlar su omnimodo poder.

Cuando usted, no sólo como Ministro y militar, y ciudadano, ha protestado por los presos políticos, por la utilización de armas de guerra y sustancias tóxicas en las manifestaciones, por la prisión en los calabozos de la llamada Tumba, por las torturas denunciadas por agentes militares, por la persecución de estudiantes?. Se ha preocupado usted por los allanamientos y las detenciones arbitrarias del SEBIN o los abusos de militares en las fronteras o en las alcabalas móviles de las carreteras, así como los excesos de la GNB en inspecciones en instalaciones comerciales, o las ejecuciones de los OLP?. Que ha hecho usted ante la burocracia militar ineficiente, dispendiosa e irresponsable en las empresas del estado, en los programas alimentarios y servicios portuarios?. A usted no le duele, si quiera como padre, los maltratos a los estudiantes?. Sepa usted que la responsabilidad penal por estos delitos no prescribe y que tampoco en esos casos procede ni la amnistia, ni los indultos. Ministro, la justicia tarda pero llega.

Usted habla de golpe parlamentario cuando su Presidente, y usted como Ministro, aprueba y ejecuta un presupuesto nacional sin que hubiera ley alguna que lo hubiera autorizado. Habla de golpe parlamentario y usted cumple estados de emergencia rechazados por la Asamblea Nacional y prorrogados por encima de los plazos constitucionales. Usted habla de golpe parlamentario cuando forma parte de un gobierno que amenaza disolver la Asamblea Nacional y apresar a los diputados. Usted guarda silencio sobre la presencia de militares cubanos en la Fuerza Armada Nacional. La verdad Ministro, que en mis 74 años de venezolano, no había presenciado nunca tanta descalificación de un ministerio de defensa.

Su responsabilidad política, administrativa y penal no la tapa todos sus soles.

Román Duque Corredor

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FOTOS Los Rolling Stones aterrizan en Cuba para dar concierto gratis en La Habana

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Rodrigo Agudo: “No se conoce que Vietnam sea un productor de vacunos”

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Vietnam es reconocido por ser el rey de la exportación de camarones, por ser el segundo vendedor mundial de café y el tercero de arroz. Sin embargo, en el adelanto sobre los nuevos tratados comerciales con el país del sudeste asiático, el presidente Nicolás Maduro aseguró que son “para producir carne, leche, arroz y a través de la acuicultura, producir y diversificar la producción a gran escala de pescados”.

La inclusión de la carne y leche, dos rubros directos de la ganadería, sorprendieron en los anuncios oficiales que hablan sobre “tres motores productivos” que se instalarán en el centro, el centro-oriente y el occidente del país. Para el ingeniero químico Rodrigo Agudo es necesario que el Gobierno nacional publique las condiciones específicas de esos acuerdos agroalimentarios.

“No se conoce que Vietnam sea un productor de vacunos. Ellos conocen a los búfalos y los utilizan como vehículo de tracción. Habría que ver qué es lo que negociamos, porque eso de que los vietnamitas vengan a formar conglomerados aquí deja entrever que vamos a importar es la mano de obra barata vietnamita para desplazar a los productores nacionales” explicó Agudo, quien es coordinador del área agroalimentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en entrevista telefónica.

Agudo mencionó como antecedentes los acuerdos que se dieron con Bielorrusia que incluyeron la llegada de nacionales de país para levantar las casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y también, el conjunto de chinos que vinieron para la construcción del ferrocarril en la zona central del país.

Apoyo al arroz nacional

Aún no está claro si el acuerdo comercial con Vietnam incluye la importación directa de arroz como producto terminado o si solo se traerá desde allá el apoyo técnico para mejorar los niveles de productividad de las siembras nacionales. Sin embargo, Aquiles Hopkins, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro), recordó que Venezuela fue exportador de arroz para el mercado colombiano.

“Tenemos el potencial y el conocimiento. A diferencia del maíz, las semillas de arroz son de producción nacional y buena parte está a cargo de AgroPatria. Este año las semillas no alcanzaron para todos los productores y por eso, se va a perder la tarea titánica que venía en los últimos tres años de recuperar la producción de arroz para autoabastecernos” explicó Hopkins, vía telefónica.

Para los agroproductores lo mejor sería que se invirtiera el dinero en atender la importación de herbicidas y de maquinaria para aumentar la producción nacional. “No se produce más arroz, no porque no se pueda sino porque no hubo ni semillas ni fertilizantes (para los suelos)” apuntó Hopkins.