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Crímenes sin Castigo | El declive del ejército profesional, por Javier Ignacio Mayorca
La promoción de la Milicia Nacional pone en riesgo una de las características primordiales de la Fuerza Armada, según lo establecido en la Constitución

@javiermayorca

El 9 de enero, el Inspector General del Ejército, general de división Isidro Ubaldo Rondón Torres, ordenó a los jefes de unidades de ese componente la remisión “con carácter de urgencia” de la información más actualizada del “completamiento” de las plazas vacantes en cada dependencia, con efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana.

En otras palabras, la orden de este oficial revela que los milicianos serán destinados para aquellos cargos o posiciones que no hayan sido llenadas mediante los procesos regulares de reclutamiento, o por la incorporación voluntaria de tropas profesionales a la principal fuerza militar del país.

En la FAN, la Inspectoría General de cada componente tiene la misión de supervisar el debido cumplimiento de los procesos. En este caso concreto, entonces, la orden de Rondón es el producto de una decisión tomada previamente por el alto mando militar.

Lo que está sucediendo en el Ejército no es un caso aislado. En agosto de 2019, el presidente Nicolás Maduro anunció la incorporación de contingentes de milicianos a la Guardia Nacional.

 

La Milicia Nacional no solo se ha convertido en el quinto componente de la Fuerza Armada (gracias a la reforma implantada en la legislación militar, vía Habilitante, en noviembre de 2014), sino también en una fuente de “sangre nueva” para el resto de las fuerzas, o por lo menos las que están destinadas al control terrestre.

Maduro insiste en que ya la Milicia Nacional rebasó los tres millones de integrantes. Esto es poco probable. El único registro conocido sobre la magnitud del personal registrado en la Milicia, divulgado en la FAN con motivo de un ejercicio que se desarrolló en noviembre de 2018, indica que este cuerpo tiene 1,34 millones de individuos inscritos. Esta cifra se logró luego de una intensa campaña que abarcó tanto a sectores populares como a los despachos de la Administración Pública.

Aún si esta cifra fuese real (1,34 millones) la desproporción entre los milicianos y el resto de las fuerzas resultaría enorme. Tanto como diez a uno. Pero, si lo que ha dicho Maduro últimamente se acerca a la realidad, entonces la proporción de milicianos con respecto al resto de los componentes regulares sería de treinta a uno.

Los desafíos para que los componentes de la FAN asimilen la entrada masiva de milicianos son múltiples. En este espacio, solo se referirá el relativo a los requisitos para la admisión a la FAN: mayoría de edad, nacionalidad venezolana, dos fotos carnet, copia de la cédula de identidad, resumen curricular y una “carta de buena conducta”, emitida por la autoridad civil correspondiente. Como se ve, el estándar mínimo es bastante bajo. Tanto que ni siquiera se menciona el tradicional requisito de estatura igual o superior a 1,65 metros. Tampoco, haber cursado educación media, o educación alguna.

La “buena conducta” puede ser certificada por algún consejo comunal, y no implica ausencia de antecedentes penales, pues esta constancia no la expide una jefatura civil sino el ministerio de Relaciones Interiores. En otras palabras, se abre una ventana de oportunidad para el ingreso a la FAN de personas que hayan cometido delitos. Y que seguirán en eso, aprovechando el uniforme, tal y como sucedió con los materiales guardados en el almacén del hospital de Coro (julio 2019), los medicamentos de la base de misiones en Barcelona, Anzoátegui (agosto 2019), y los juguetes que repartirían en la fundación Lara Bella y Segura (diciembre 2019). La lista es mucho más larga.

La primera característica que asigna la Constitución vigente a la Fuerza Armada (artículo 328) es que se trata de una institución “esencialmente profesional”. A los oficiales que formaban parte de la cúpula militar cuando Chávez llegó al poder, esto les parecía un avance con respecto a la Carta Magna de 1961, que resaltaba más los valores de obediencia y no deliberancia. Ese carácter profesional debería pasar por rigurosos procesos de selección y formación de los oficiales y efectivos de tropa. La FAN tendería a ser una institución más bien reducida pero altamente eficaz.

 

Veinte años después, la jerarquía castrense se ve obligada a tomar decisiones que van contra el primer rasgo definitorio de la FAN -según la Constitución- al incorporar a milicianos con el simple propósito de llenar las plazas y cumplir así con los requisitos mínimos fijados en las tablas de organización.

En un artículo de reciente divulgación, el coronel retirado del Ejército Antonio Guevara escribió que el centro de gravedad del proceso político nacional, encabezado por Chávez y ahora Maduro, se ha desplazado hacia la Milicia, con lo que ella sería “la verdadera columna vertebral del régimen”. En esta misma línea, la incorporación de milicianos al ejército regular también podría interpretarse como una jugada por dar cierta formalidad a un cuerpo que hasta ahora se distingue precisamente por lo contrario.

Es una apuesta arriesgada, que probablemente mermará las capacidades ya reducidas de la institución militar en pleno.

Breves

-En la Policía Nacional hay varias formas de ascender. Por una parte, está el método convencional. Se parece al que aplican en la Fuerza Armada: un grupo de superiores destacados en cada región policial, reunidos en un comité, evalúa el desempeño de los subalternos en la tarea asignada, e igualmente la antigüedad en el grado, la edad y los logros académicos de cada uno. Pero hay también un procedimiento especial. Lo aplican desde agosto de 2017, por orden del Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol). Lo han denominado “justicia social”. En la PNB, opera como una especie de “puerta trasera” para subir en la pirámide policial.

Según fuentes de la propia institución, opera así: luego de los ascensos regulares, se abren lapsos para que los comités ad hoc reciban las quejas o solicitudes de reconsideración sobre las razones por las que no se otorgó la promoción al grado superior. Estas mociones, de acuerdo a fuentes de la PNB, generalmente son acogidas puesto que rara vez se toma en cuenta el desempeño del oficial que acude a esa instancia. De hecho, en documentos enviados a las regiones policiales se indica que los únicos elementos para participar en el proceso son los de antigüedad en el grado, la edad y la limpieza del historial, es decir, que el agente no tenga expedientes administrativos o penales.

Esto quiere decir que, a los efectos del proceso de “justicia social” en la PNB, la eficiencia y el empeño en el cumplimiento de la labor pasan a un segundo plano, y ceden ante los padrinazgos y la proximidad a los círculos del poder. Alguien en el MRI se percató del efecto pernicioso de este método alterno para los ascensos, y se ha anunciado que la última ronda se abrió a finales de 2019. En diciembre, aspiraban a un “ajuste de rango” por esta vía más de 6.500 agentes.

 

-La Dirección contra Drogas de la policía judicial elaboró un documento denominado Siete líneas estratégicas, con su correspondiente presentación para la consideración de la jerarquía de ese cuerpo. A continuación, un extracto de la llamada “primera línea”, cuyo propósito declarado es “expandir la estabilidad democrática”. Se transcribe:

“La guerra de alta intensidad a la que el imperio norteamericano ha sometido la región latinoamericana y caribeña está concentrando sus fuegos en la Revolución Bolivariana, gestando un golpe de estado continuado aupado por diversos sectores de la derecha internacional, la burguesía reaccionaria venezolana y la clase media alienada con su avanzada de juventud fascista.

“Esta situación ha disparado la opinión pública nacional e internacional arreciando el bloqueo mediático contra la República Bolivariana de Venezuela, declarando una pretendida inestabilidad política y el resquebrajamiento del hilo democrático de derecho y justicia de las instituciones del país.

“Por consiguiente, se hace necesario, primero, aclarar el concepto de estabilidad política que está a la base práctica de la Revolución Bolivariana y que constituye uno de los legados de nuestro comandante Chávez. En segundo lugar, con el concepto a la mano, se puede dar vuelta a los balances políticos que intencionalmente deforman la realidad del país a la búsqueda de una intervención extranjera.

“Por lo que como pilar fundamental de administración de justicia, de acuerdo a nuestra excelencia investigativa y estando conscientes que tenemos a puertas unas elecciones, debemos canalizar el espíritu democrático y electoral dando el ejemplo desde nuestra institución. Iniciando los esfuerzos para disipar todas las conspiraciones y complots (…)”.

 

Se reitera, este es un texto sobre la orientación que tendrán las actividades de una dirección tan importante como la investigación sobre delitos de drogas, en Cicpc.

Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 15.10.2019: MEDIO: La inefable Tania
MEDIO

LA INEFABLE TANIA:

La activista chavista Tania Valentina Díaz fue esquiva sobre los problemas que aquejan al ciudadano común en su entrevista con Vladimir Villegas insistiendo que todos ellos responden a un ataque de países extranjeros. Argumentó que mantienen intención de dialogar pero que la “oposición” no quiere trabajar para ello: “Quién se ha retirado del diálogo? Estamos en la AN esperando que esa oposición entre en la sensatez y comience a trabajar por el país”, dijo. La perla de sus galimatías acostumbrados fue cuando en referencia a los errores del chavismo en cuanto a la economía, Díaz manifestó desconocer el tema y que no sabe nada sobre posibles mejoras: “¿Qué errores ha cometido el Gobierno? No lo sé, hacer análisis en economía no es mi materia específicamente”. Luego habló sobre la situación de Ecuador, solicitando “prudencia para ayudar a los compatriotas” que se encuentran en este país. Nada que mencionar sobre los venezolanos detenidos, supuestamente pagados, en las protestas. Extraño que no se la hubieran llevado al paseo oficial de Diosdado a China o a Corea del Norte como si hizo Adán Chávez en su viaje con ella a esos países. Solo ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga que tienen entre sus párpados…

LOS REVOCATORIOS ¿YA?:

Súmate alerta que a partir de hoy 15 de octubre se inicia el período para ejercer el derecho constitucional a la solicitud del Referendo Revocatorio de mandatos de los cargos de elección popular de Gobernadores de 22 de los 23 estados del país, consagrado en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a partir de esta fecha se cumplen dos años de la elección y en los próximos días se cumplirán los dos años de la juramentación y toma de posesión de sus cargos, alcanzando la mitad del período constitucional para el cual fueron electos. Este proceso de elección de Gobernadores estuvo plagado durante su realización como después de la votación de una serie de irregularidades y omisiones que afectaron su transparencia y competitividad, en el cual el CNE llegó incluso a permitir el fraude contra la expresión de la mayoría de la voluntad popular en el estado Bolívar que eligió como su Gobernador al candidato Andrés Velásquez y se alineó con la declaración de la vacante absoluta del cargo de Gobernador en el Zulia, porque el candidato electo Juan Pablo Guanipa se negó a juramentarse ante la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente, hecho aprovechado por el CNE para convocar una nueva elección de gobernador en ese estado el mismo 10 de diciembre cuando se realizaron las elecciones de Alcaldes. El trapiche noticioso que a la vez registra todos los abusos y violaciones contra la Constitución Nacional con frecuencia nos distrae de lo importante para meternos solo en lo urgente…

LA CONTITUCIÓN OBLIGA:

Lo transcribo pues cada día los rojos quieren alegar lo contrario. Como lo establece el artículo 191 de la Constitución, si un diputado acepta otro cargo público este pierde su investidura y no podrá regresar al Parlamento, así luego ya no esté en ese puesto para el cual fue nombrado. Según una base de datos del equipo de Runrun.es, y siguiendo lo que establece la norma constitucional, solamente un total de 29 diputados chavistas principales son los que pueden asistir nuevamente a las sesiones, ser tomados en cuenta para derechos de palabra, proponer puntos en los debates, votar y firmar la lista de asistencia. 

El resto de parlamentarios – un total de 26 – optaron a otros cargos públicos: 4 como ministros, 4 como directores en gobernaciones, 5 son alcaldes, 7 son gobernadores, Asdrúbal Chávez como presidente de Citgo y como presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ricardo Sanguino. Ramón Lobo ha asistido a las sesiones a pesar de ser actual Consejero Ministro de la Embajada en Arabia Saudí. Los parlamentarios más reconocidos como Héctor Rodríguez, Víctor Clark, Carmen Melendez, Haiman El Troudi y Ricardo Molina no pueden volver. Pero estas curules cuentan con sus suplentes para asistir a las sesiones, porque además la mayoría de los diputados que ganó el chavismo fue a través del voto lista que otorga más de un suplente. Sin embargo, el constituyente Francisco Torrealba (Psuv-Portuguesa) aseguró al terminar la sesión del martes, 24 de septiembre, que fue un encuentro “entretenido” y que seguirán asistiendo. Pero, nuevamente, el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, insistió en que estos diputados perdieron automáticamente su curul dentro de la AN al aceptar irse a otras instituciones con otros cargos.

 

 

 

Un chavismo reducido vuelve a la AN violando la Constitución
De 55 parlamentarios electos por el Gran Polo Patriótico 26 se han ido a otros cargos como ministros, alcaldes o gobernadores
El oficialismo ha perdido 5 curules en total y a varios de sus voceros más conocidos
El segundo vicepresidente, Stalin González ratificó que estos diputados no pueden ocupar nuevamente su curul

@saracosco

“¿HAY ALGÚN DIPUTADO DE LA BANCADA del Psuv, que recién se incorpora hoy, que quiera el derecho de palabra?”, preguntó el presidente encargado y de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó (VP-Vargas) al inicio de la sesión. Inmediatamente el exministro del Trabajo y constituyente, Francisco Torrealba levantó la mano, pero no le facilitaron el micrófono.

Nuevamente Guaidó preguntó: “¿Hay algún diputado que quiera el derecho de palabra?” y Torrealba siguió con su mano alzada como un niño que se sabe la respuesta a una pregunta de la maestra.

Pero ningún trabajador de la Asamblea Nacional le dio el micrófono a lo que Guaidó agregó que el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González (UNT-Distrito Capital), iba a aclarar un punto importante. Con la Gaceta Oficial en manos del subsecretario, José Luis Cartaya, González indicó que ningún diputado que haya optado por otro cargo público puede volver al Parlamento.

“Le aclaro que si quiere un derecho de palabra tiene que buscarse a un diputado que lo haga. Aquel que haya tomado la decisión de tomar otro cargo pierde la investidura (…) Tenemos todo el derecho a formar parte del debate, los que somos diputados”, fueron las palabras de González hacia Francisco Torrealba, quien fue ministro del Trabajo en 2017.

Minutos antes de esta escena dentro del Hemiciclo, el 24 de septiembre, los diputados chavistas llegaron al Palacio Federal Legislativo con una sonrisa en sus labios y asegurando que el hecho de haber formado parte del Gabinete del Ejecutivo no representaba un problema para ejercer el cargo de diputados, porque “Juan Guaidó dice que es presidente de la AN y de la República y no se ha separado de ninguno de los dos”, aunque al mismo tiempo dijeron no reconocerlo. 

Una semana antes el régimen de Nicolás Maduro y un grupo de partidos minoritarios de oposición firmaron un acuerdo en el que establecieron que la bancada del Gran Polo Patriótico (GPP) debía volver a la Asamblea Nacional. Pero aunque no habían anunciando cuántos o quiénes eran los parlamentarios que regresaban, se daba por sentado que serían solamente los que forman parte de la llamada asamblea nacional constituyente y los que no han tenido algún otro cargo durante estos dos años y cinco meses de ausencia.

Como lo establece el artículo 191 de la Constitución, si un diputado acepta otro cargo público este pierde su investidura y no podrá regresar al Parlamento, así luego ya no esté en ese puesto para el cual fue nombrado.

Una bancada reducida

Según una base de datos del equipo de Runrun.es y siguiendo lo que establece la norma constitucional, solamente un total de 29 diputados chavistas principales son los que pueden asistir nuevamente a las sesiones, ser tomados en cuenta para derechos de palabra, proponer puntos en los debates, votar y firmar la lista de asistencia. 

El resto de parlamentarios – un total de 26 – optaron a otros cargos públicos: 4 como ministros, 4 como directores en gobernaciones, 5 son alcaldes, 7 son gobernadores, Asdrúbal Chávez como presidente de Citgo y como presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Ricardo Sanguino. Ramón Lobo ha asistido a las sesiones a pesar de ser actual Consejero Ministro de la Embajada en Arabia Saudí.

Los parlamentarios más reconocidos como Héctor Rodríguez, Víctor Clark, Carmen Melendez, Haiman El Troudi y Ricardo Molina no pueden volver. Pero estas curules cuentan con sus suplentes para asistir a las sesiones, porque además la mayoría de los diputados que ganó el chavismo fue a través del voto lista que otorga más de un suplente.

Sin embargo, el constituyente Francisco Torrealba (Psuv-Portuguesa) aseguró al terminar la sesión del martes, 24 de septiembre, que fue un encuentro “entretenido” y que seguirán asistiendo.

Pero, nuevamente, el segundo vicepresidente del Parlamento, Stalin González, insistió en que estos diputados perdieron automáticamente su curul dentro de la AN al aceptar irse a otras instituciones con otros cargos. 

Curules perdidas por el PSUV

El haberse retirado de la Asamblea Nacional para luego formar la asamblea nacional constituyente o aceptar otros cargos del Ejecutivo, le provocó a la bancada del Gran Polo Patriótico perder al menos 5 curules, incluyendo la del estado Amazonas que nunca se incorporó por la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. 

Entre los diputados suplentes solo hay cuatro alcaldes, pero por uno de estos cargos el PSUV perdió una curul. En el caso de Elías Jaua (Psuv-Miranda), su curul quedó vacía. En 2017 Jaua se fue del Parlamento para el Ministerio de Educación y su suplente, Gabriela Simoza (Psuv-Miranda), es alcaldesa del municipio Urdaneta en el estado Miranda. 

Hay otras tres curules que pertenecían al GPP, pero se pasaron a la oposición y reconocen a Juan Guaidó como presidente del Parlamento y de Venezuela. La primera es la de Eustoquio Contreras (Bloque Socialista-Guárico) renunció al GPP en 2017 y formó su propia fracción, además es diputado principal. 

La segunda curul del GPP es la de la diputada suplente de Omar Prieto (Psuv-Zulia) Lucila Pacheco (Independiente-Zulia), también asiste a la AN como diputada opositora. Prieto nunca se juramentó y ahora es gobernador del estado Zulia. Aunque esta curul es por voto lista, el resto de los suplentes tienen otros cargos públicos como Aloha Núñez, ministra de Pueblos Indígenas; Calixto Ortega, presidente del BCV; Keyrineth Fernández, alcalde de Semprúm y Damelis Chávez, Autoridad Única de Educación en Zulia. 

Esta curul quedó para Lucila Pacheco como también le sucedió a la curul de Nora Delgado – que salió por voto nominal – quien ahora es alcaldesa del Municipio Brión del estado Miranda y su suplente, Kelly Perfecto (Concertación por Venezuela-Miranda) asumió el rol de principal y desde 2017 se identifica como opositora al régimen de Maduro. La de Perfecto es la tercera curul perdida por el chavismo. 

Aunque hay otro caso como el de la curul de Hugbel Roa, que hasta agosto de este año ejerció como ministro de Educación Universitaria. El tercer suplente es Fernando Orozco y también asumió como principal desde 2017 y desde ese momento se identificó como opositor, pero ahora con el regreso del chavismo si Gerardo Márquez o Carolus Wimmer – primero y segundo suplente respectivamente – asisten al Parlamento, el voto de esa curul cambiaría para el Psuv.

 

No alcanzan los votos

Aunque otro de los puntos aprobados por el chavismo y los partidos minoritarios de oposición en su acuerdo de diálogo fue nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), se necesita pasar por la aprobación de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. 

Ese fue justo el número de diputados que ganó la oposición en diciembre de 2015, pero actualmente con las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia hay al menos 30 diputados en embajadas, exilio, clandestinidad y uno preso, Juan Requesens (PJ-Táchira). 

Las cuentas no dan para aprobar por sí solos un nuevo directorio del Poder Electoral, pero lo mismo ocurre para el chavismo – que de votar junto a los partidos minoritarios – solo sumaría 7 diputados a una ya mermada bancada “de la patria”, que cuenta con solo 28 principales.

Aunque el segundo vicepresidente del Parlamento aseguró que están dispuestos a llegar a un acuerdo para salir de la crisis y elegir un nuevo CNE, el chavismo llegó a la AN con el mismo discurso del desacato y de que la oposición debe “cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia”. 

En cuatro años no ha habido respuesta por parte de la Sala Electoral del TSJ, a pesar de que en una oportunidad los parlamentarios de Amazonas solicitaron desincorporarse de la Cámara, con la promesa de que así habría una resolución. 

Para el diputado Henry Ramos Allup (AD-Distrito Capital) esta Sala no responderá sobre el tema porque es un asunto político, como explicó en la sesión del pasado 24 de septiembre y para Stalin González el tema del “desacato” es un invento del oficialismo porque perdieron las elecciones parlamentarias de 2015.

El juego sigue trancando.

Stalin González: El desacato es un invento del Psuv porque perdieron diputados

EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE de la Asamblea Nacional, Stalin González aseguró que el desacato del Parlamento nunca ha existido y que eso fue un “invento” del régimen de Nicolás Maduro por haber perdido las elecciones. 

En rueda de prensa, González señaló que es buena noticia que los diputados chavistas hayan vuelto a la Asamblea Nacional y espera que sea para solucionar los problemas del país.

Sin embargo volvió a aclarar que aquellos parlamentarios que aceptaron otros cargos públicos como ministros, alcaldes, gobernadores u otras instancias perdieron su investidura como lo señala el artículo 191 de la Constitución.

“Cuando uno es diputado y acepta otro cargo automáticamente renunció a su curul”, dijo el diputado miembro de Un Nuevo Tiempo.

Sobre esto dio varios ejemplos de la gestión pasada de la Asamblea Nacional, cuando el entonces presidente Hugo Chávez nombró a Cilia Flores como procuradora, Iris Varela y a Pedro Carreño como ministros y no regresaron al Parlamento.

“Esto no es algo de polémica , tomaron su decisión y se fueron de la Asamblea Nacional. Los que perdieron la condición fueron ellos (diputados del Psuv), no nosotros”, agregó González.

González igualmente explicó que en el caso de los suplentes, estos si podrían volver al Parlamento aunque estén en otras instituciones – que no sean de elección popular – siempre y cuando primero se separen primero de esos cargos, para poder asumir la curul. 

Acceso a la Justicia: Anteproyecto de Constitución confirma modelo comunal de Maduro

EN AGOSTO DE 2019 SE CUMPLIERON dos años de la instalación de la asamblea nacional constituyente, instancia convocada de manera inconstitucional para, supuestamente, redactar el texto de la nueva Constitución que sustituiría a la de 1999, promovida por el mismo régimen político que hoy propone una nueva. Pero transcurrido este tiempo los venezolanos desconocen los avances de esta aparente asignación.

No obstante, Acceso a la Justicia elaboró un análisis del borrador que circuló en septiembre de 2018 en algunos medios de comunicación de lo que sería el anteproyecto de Constitución, el cual no ha sido ni negado ni reconocido por el régimen de Nicolás Maduro.

Los 411 artículos que integran este anteproyecto establecen un modelo de Estado popular basado en la imposición de un socialismo real o comunismo como único sistema de gobierno posible en el país, y justificaría la creación de un Estado comunal con una exacerbada concentración de poder en el Ejecutivo, reforzando el régimen presidencialista actual; el debilitamiento del Poder Legislativo, la sumisión del Poder Judicial, la eliminación de la descentralización política, la imposición del pensamiento único, la eliminación del pluralismo político, la marginación de los derechos individuales con sus consecuencias en materia de violación de derechos humanos, entre otros.

Se trata de una reedición maximizada de la reforma constitucional propuesta por Hugo Chávez en el año 2007 y rechazada en referéndum, pero aplicada progresivamente a través de decretos-leyes y otras figuras, lo que conllevaría la formalización de atropellos y arbitrariedades asestados sobre todo desde hace más de diez años contra la Carta venezolana de 1999.

Lo más grave es que el nuevo texto fundamental carecería del principio de supremacía constitucional, pues tal como está planteado queda subordinado al denominado Plan de la Patria, que es el programa de gobierno del régimen político venezolano, que se reedita desde 2013 con este nombre y proviene del Primer Plan Socialista (2007-2013), en que el fallecido presidente Hugo Chávez Frías estableció las bases fundamentales de su proyecto político y su ideario socialista.

A grandes rasgos, es una propuesta que tiene un corte totalitarista y con el cual se abandonaría de manera definitiva el modelo republicano asumido por Venezuela desde 1810, basado fundamentalmente en la supremacía constitucional y en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho. Pero, además, en ese borrador de Constitución se recogen las arbitrariedades cometidas especialmente desde el primer Gobierno de Nicolás Maduro, de manera que busca constitucionalizar su modus operandi.

Estado socialista, pensamiento único y subordinación

El borrador del anteproyecto del nuevo texto constitucional consta de 411 artículos distribuidos en 11 capítulos. Acceso a la Justicia identificó que desde el Preámbulo se muestran las bases ideológicas del modelo de Estado socialista, caracterizado por una organización centralizada y con un único detentador del poder: el Ejecutivo nacional, al cual todos los demás poderes estarían subordinados, dando lugar a la eliminación del principio de separación de poderes (artículo 141).

El Plan de la Patria cobra carácter constitucional e incluso superior a la propia Constitución al quedar supeditada a ese programa ideológico. En lo fundamental, el contenido de este borrador acoge como forma estatal al denominado “Estado popular”, concebido como una reproducción de las regulaciones que ha dictado el Gobierno, y en especial a través del Primer Plan Socialista, esto es, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación  2007-2013; así como de las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 (Gaceta Oficial n.° 6.118 extraordinario del 4 de diciembre de 2019).

De sancionarse y aprobarse este anteproyecto, el Poder Legislativo estaría sometido a obedecer el Plan de la Patria (artículo 230), con lo cual la propuesta evidencia sus rasgos totalitarios, fundamentalmente porque desconoce el valor superior del pluralismo político, que se ve anulado al negarles a los diputados libertad ideológica y de expresión.

El Poder Judicial también quedará subordinado al proyecto político del Gobierno, al exigírseles a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia su compromiso con el ideal de Simón Bolívar y con el Plan de la Patria (artículo 292).

En esa línea, también se le concede carácter constitucional al régimen de leyes del Poder Popular que primero el fallecido Hugo Chávez Frías y luego Nicolás Maduro han dictado e impuesto a espaldas de la Carta Magna de 1999 como mecanismo de control social y político (por ejemplo, la Gran Misión Vivienda Venezuela, en su artículo 83), abriendo así un nuevo orden estatal en sustitución del Estado constitucional.

Estado comunal y cero descentralización

Como se mencionó más arriba, el anteproyecto establece la creación del Estado comunal. Con esto quedaría eliminada la transferencia de competencias hacia los estados y municipios debido a que el texto establece que el Gobierno será centralizado (artículo 6) y, en tal caso, la descentralización de competencias quedaría para las instancias del Poder Popular, que está sujeto al Consejo Federal de Gobierno, órgano dependiente del Ejecutivo nacional (artículo 211).

Vale decir que las bases jurídicas de ese Estado comunal no se corresponden con los principios constitucionales, pues los elementos que conforman dicho Estado (parlamento comunal, comuna) no son elegidos por voto universal directo y secreto y el padrón de electores y las elecciones no se rigen por los principios establecidos por la ley ni por el Consejo Nacional Electoral, entre otros muchas irregularidades.

El texto coloca lo colectivo por encima de la individualidad de la naturaleza humana, término al que se refería el expresidente Chávez en su proyecto del Socialismo del siglo XXI;por ende, el respeto a la dignidad de la persona, previsto en la Carta Magna vigente, no es considerado merecedor de defensa y protección, con las consecuencias que de ello deriva para el respeto por los derechos humanos. Una de las formas en que lo expresa es cuando establece que la propiedad privada queda marginada frente a otras formas de propiedad creadas desde el marco de la estructura del Estado comunal (artículo 117).

Así, el régimen jurídico basado en el sistema de libertades que hasta ahora aparece en la Constitución de 1999 desaparecería, en especial el respeto por los derechos y libertades individuales que sirven para lograr el desarrollo del ciudadano, entre otros, el derecho a la propiedad privada, pues de acuerdo con la ideología socialista los derechos colectivos están por encima de los particulares.

Para tener control del cumplimiento del modelo socialista se exacerba el rol presidencialista y se le otorgan al jefe de Estado veintisiete funciones, entre ellas “disolver la Asamblea Nacional cuando el Tribunal Supremo de Justicia la declare en desacato y no restablezca la situación en un lapso de un mes, o en cualquier otra situación de acuerdo con lo establecido en este texto constitucional” (artículo 265); además, establece que “será el Ejecutivo el que ejerza el poder a través de la figura de las comunas” (artículo 116), y se alarga el período presidencial a siete años (artículo 259).

Una de las más graves evidencias del talante totalitarista del anteproyecto lo representa la constitucionalización del delito de traición a la patria (artículos 116, 228 y  409). En el texto se lee que comete dicho delito:

[quien] ejerza acciones dirigidas a perturbar el normal funcionamiento de centros de salud, centros educativos, instituciones del Poder Popular a través de los cuales se prestan servicios básicos, orientados a impedir la atención del pueblo por parte del Estado Popular, Democrático, de Derecho y de Justicia Social, en función de crear aparente necesidad humanitaria que se asuman como justificación para la intervención de la República Bolivariana de Venezuela por un país o Estado extranjero.

Con esto, lo que busca la norma en cuestión, tal como fue advertido en su oportunidad por Acceso a la Justicia, es someter y castigar a cualquier persona que decida enfrentar a un modelo de talante antidemocrático que nunca admitiría el pluralismo político y el respeto por la diversidad de ideas, y criminalizar a todo aquel que ejerza la libertad de expresión o el derecho a huelga, por ejemplo, los funcionarios que trabajen en centros de salud en el país o manifiesten su intención de demandar ayuda humanitaria ante la grave crisis que se vive Venezuela.

 

 

 

Violar compromisos se paga… Por Carlos Blanco
  1. EL COMPROMISO DERIVADO del artículo 233 de la Constitución es: el presidente de la Asamblea Nacional se encargó de la Presidencia de la República para encabezar un gobierno de transición, al cabo del cual habría elecciones presidenciales. La Constitución ordena la convocatoria en 30 días, pero, dadas las circunstancias, esa convocatoria solo puede tener lugar en forma efectiva una vez que sea desplazado el régimen; es decir, cuando “cese la usurpación”.
  2. El mandato para Guaidó es el de encabezar la salida del régimen y presidir el Ejecutivo hasta las elecciones presidenciales. Es obvio que quien presida la transición no puede ser candidato presidencial. Esta idea, según la cual el presidente de la transición no podría ser candidato presidencial en las elecciones siguientes inmediatas, fue discutida por dirigentes de Voluntad Popular, Primero Justicia y la representación de Soy Venezuela, lo que me consta personalmente.
  3. No dudo que pueda resultar tentador para Guaidó ser candidato presidencial; pero, si es en la primera elección libre después de la transición no puede ser presidente encargado y candidato al mismo tiempo; sería una burla.
  4. Pero están atravesadas las conversaciones Oslo-Barbados. Según lo que allí se ha manoseado Maduro dejaría “la usurpación”, se nombraría un gobierno de transición entre la gente Guaidó y el G4 de un lado, y el madurismo, cívico militar, del otro. Así se forzaría a una candidatura unitaria opositora –la de Guaidó– para contender con el candidato rojo. Obviamente, esto sería la continuidad del régimen; pero, supongamos que es un paso en la dirección de realizar elecciones presidenciales. ¿Es factible esta maniobra?
  5. Sería inconcebible hacer un cogobierno sin Maduro pero con los de la lista de la OFAC, los indiciados por narcotráfico, violaciones de los derechos humanos y el desfalco masivo a la nación. Pero supongamos que Guaidó, sus aliados y asesores consideren que es un pedregullal por el que hay que caminar descalzos. Sin embargo, este atajo es imposible aun si los dirigentes lo quisieran.
  6. El gobierno de transición por definición no podría ser un gobierno represivo. No podría sacar las tropas, policías y colectivos a reprimir; ni encarcelar a los protestantes; menos seguir en la política de la tortura y el asesinato. La ciudadanía se volcaría a las calles y haría saltar de sus eventuales posiciones a los jerarcas cohabitantes del madurismo; agravado el asunto por la carencia de partidos, sindicatos y gremios, capaces de organizar, controlar, morigerar, protestas y rebeliones.
  7. La instauración de un gobierno de transición solo podrá hacerse con legitimidad si se responde a lo ofrecido, sin ambigüedades y medias palabras. Guaidó como presidente encargado, para presidir unas elecciones libres y plurales en las que no sería candidato. Ya él tendrá tiempo más adelante.

 

@carlosblancog
Diputados en la clandestinidad publican carta ratificando que seguirán trabajando por el cambio

LOS DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL que se encuentran en “resguardo” publicaron una carta que fue leída por la diputada Norah Bracho en la sesión ordinaria de este martes, 21 de mayo, donde ratifican todas las acciones que se han emprendido para restituir el orden constitucional.

Igualmente indican que lo que han vivido durante los últimos días “es la continuación de un golpe de Estado al único poder legítimo en nuestro país. Unos magistrados que actúan de espaldas al pueblo y a su Constitución y una fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente han pretendido burlar la voluntad de millones de venezolanos al perseguir a más de una decena de diputados legítimamente electos, acción materializada con el injusto y burdo secuestro del diputado Edgar Zambrano, primer vicepresidente, quien se une a una lamentable lista de miles de ciudadanos injustamente perseguidos”.

En la misiva también recuerdan las elecciones del 20 de mayo al cumplirse un año y agregan que “la permanencia de Nicolás Maduro en el poder solo representa hambre, miseria y sufrimiento para nuestro pueblo”. Ratifican el compromiso con la ruta planteada por el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, “y que hoy ratificamos sin vacilaciones: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

Los diputados firmantes son Simón Calzadilla, Mariela Magalles, Américo De Grazia, Sergio Vergara, Carlos Paparoni, Freddy Superlano, Juan Andrés Mejía, Henry Ramos Allup, Winston Flores, Miguel Pizarro, Franco Casella, Luis Florido y Richard Blanco. En bolígrafo incluyeron a los parlamentarios Juan Requesens, Edgar Zambrano y Gilber Caro.

Dos fundamentos que debemos rescatar, por Alejandro Armas

NO PUEDO OLVIDAR LA TENSIÓN que reinaba en el ambiente aquel día de enero de 2016. Los diputados opositores electos semanas antes llegaron para formar, por primera vez, una mayoría disidente del chavismo en la Asamblea Nacional desde que este cuerpo reemplazó al Congreso de la República. El aire estaba impregnado de rumores sobre un acto de fuerza por parte del régimen de Maduro que impediría la instalación de un poder público adverso. Aunque la jornada concluyó sin violencia en el Capitolio, pasó poco tiempo para comprobar que la elite chavista no estaba dispuesta a tolerar la pérdida del control absoluto del país. Un recuento de todo lo que ha hecho para anular la AN me tomaría la columna completa. Basta con señalar, como el último eslabón de esa cadena impresentable, la gravísima persecución a la que ha sido sometida un grupo de legisladores.

La AN está siendo desbaratada en cámara lenta. En vez de una disolución al estilo de Fujimori o, por volver con el ejemplo criollo, un asalto homicida como el que lanzaron las huestes de José Tadeo Monagas el 24 de enero 1848, los diputados están siendo separados de sus curules uno por uno y llevados a la clandestinidad, el exilio, la cárcel o, al momento de escribirse estas líneas, una siniestra falta de paradero conocido tras la detención. Las sesiones no han cesado, pero es innegable que el parlamentarismo venezolano se encuentra en la lista de especies en peligro de extinguirse. Semejante posibilidad es, sin consumarse, una aberración que atropella casi 400 años de progreso en la filosofía política. Aunque en esta columna siempre se comparan hechos del presente con los del pasado, hoy me voy limitar al terreno de la historia de las ideas para exponer el retroceso que Venezuela está experimentando.

Junto con la pintura de Rafael y la escultura de Miguel Ángel, entre tantas otras maravillas, el Estado moderno es uno de los hijos más destacados del Renacimiento. Teóricos como Tilly atribuyen su aparición al desarrollo de nueva tecnología bélica. Otros, como Spruyt, apuntan a una alianza entre monarcas y burgueses para socavar las bases del feudalismo. Como sea, el proceso se dio sin un ideario teleológico que lo impulsara. Fue entre los siglos XVI y XVII, luego de que la evolución desechara los modos de ordenación política medievales, que al Estado se le dio una razón de ser teórica. ¿Materialismo histórico? Quizá. Hablando de eso, fue Hobbes, un destacado materialista, quien hizo el mayor aporte filosófico al Estado como constructo social necesario. En resumen, el secretario de la familia Cavendish argumentó que, para que los seres humanos pudieran vivir en paz y prosperidad, era necesario entregar el monopolio de la violencia legítima a un ente que se encargara de protegerlos. Dicho ente es el Estado, que está encabezado por un individuo o asamblea investido con soberanía absoluta, intransferible y, léase bien, indivisible.

Desde luego, visto desde nuestra perspectiva del siglo XXI, el Estado hobbesiano luce espantosamente opresor. Afortunadamente, poco después de Hobbes hubo un Locke, quien advirtió que la soberanía absoluta equivale a tiranía y que, por ello, conviene ponerle límites. En su preclaro Segundo Tratado del Gobierno Civil, Locke planteó la necesidad de dividir el poder del Estado entre quienes diseñan las leyes y quienes las administran. Esos son, por supuesto, el poder legislativo y el poder ejecutivo. En rigor, Locke fue la cima de una corriente de pensamiento que se desarrolló en Inglaterra durante el tumultuoso siglo XVII, cuando el país se debatió, llegando a la guerra civil, entre la monarquía absoluta y el régimen parlamentario. Desde antes de que se desataran las hostilidades, juristas ingleses estaban alertando que las decisiones de los reyes Estuardo atentaban contra los derechos tradicionales que se remontaban a la Carta Magna. Hayek sostuvo que la corriente inglesa de separación de poderes tenía como fin último la preservación de la libertad individual. Con la Revolución Gloriosa, Inglaterra, que pronto se metamorfoseó en Gran Bretaña, pasó a ser uno de los pocos Estados europeos en los que el absolutismo no se arraigó.

En pleno Siglo de las Luces, Montesquieu dio un paso más y añadió a la dupla de Locke un tercer poder: el judicial, para interpretar las leyes y dirimir disputas legales entre los ciudadanos. Ese mismo siglo fue testigo de otra importantísima contribución al pensamiento político occidental. Me refiero al constitucionalismo. Esta vez la batuta la llevaron los progenitores de la primera república americana. Madison, Jefferson, Hamilton y otros concibieron una ley fundamental para el funcionamiento del Estado que garantizara la separación tripartita del poder y de esa forma protegiera la paz entre sus ciudadanos con el menor riesgo posible de coerción al individuo. Desde entonces, la Constitución estadounidense ha servido de modelo para incontables leyes fundamentales en los más diversos rincones del planeta. Sobre todo en Latinoamérica se han hecho intentos de emularla, a menudo sin éxito por razones que ameritan otra columna.

Sin embargo, de forma paralela a esta tradición liberal se han desarrollado otras formas de pensamiento político. Rousseau concibió una soberanía que, como la hobbesiana, es absoluta. Pero la atribuyó a la ciudadanía en pleno y no al ente representativo que Hobbes tenía en mente. Esta aproximación tiene sus luces y sombras. Por un lado, significó una contribución gigantesca a la idea de una república democrática, en la que el pueblo está permanentemente facultado para decidir. Por el otro, la soberanía democrática, al no tener límites, fácilmente degenera en tiranía de las mayorías presentada como voluntad general. No queda en este sistema ningún resguardo para el sujeto individual y la suerte de cada persona puede ser decidida por lo que el colectivo determine.

Por último, en Schmitt la noción de soberanía ilimitada alcanzó su expresión más peligrosa. Su soberano tiene la capacidad de decidir cuándo se debe instaurar un estado de excepción que le permita gobernar de forma dictatorial. Es como un presidente que puede darse a sí mismo una ley habilitante. Al igual que Rousseau, el jurista germano repudió el parlamentarismo representativo inglés por sus facciones y sus negociaciones, cuya conducción atribuyó a elites partidistas. Prefería una asamblea popular sin pluralidad y que estuviera en sintonía permanente con el líder. El tono populista y totalitario es bastante evidente, lo cual nos lleva de vuelta al chavismo y su visión del ejercicio del poder.

A la elite que gobierna Venezuela le desagradan la separación de poderes y el constitucionalismo precisamente porque, en términos coloquiales, le impiden hacer lo que le da la gana. Chávez simuló lo contrario mandando a redactar una Constitución que incluyera cinco en lugar de tres de poderes pero no tardó en demostrar que los quería todos sometidos a su persona. La quintaesencia de tal despropósito retrógrado la expuso la entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, cuando espetó con desparpajo que la división de poderes atenta contra el funcionamiento óptimo del Estado. Agregue a eso, estimado lector, el abuso de leyes habilitantes para transferir la facultad legislativa a Chávez y a Maduro. También la pretensión de reemplazar gobernaciones y alcaldías con comunas que dependen ideológicamente del chavismo. Lo más grotesco ha sido la formación de un cuerpo colegiado hecho a la medida de los intereses de la elite gobernante, al que se le atribuye una “supraconstitucionalidad”, intento de legitimar el poder ilimitado.

Nunca hubo cabida para una AN plural en este esquema. Mucho menos si la controla la oposición. Por eso el régimen desde principios de 2016 se aseguró de confiscarle sus funciones. Ahora confisca sus integrantes. Los venezolanos no podemos acostumbrarnos a este regreso de la soberanía absoluta. Pido disculpas si la columna de hoy pecó de excesivo tono didáctico, pero creo que nunca está de más recordar estas nociones de teoría política. Rescatar la separación de poderes y el constitucionalismo es un deber urgente.

 

@AAAD25