Cedice Libertad

El Observatorio de Derechos de Propiedad analizó los contratos elaborados en el marco de la GMVV y constató la indefensión en la que se deja a los receptores de casas y apartamentos

“Prohibición de ceder el inmueble o de poseer otra vivienda; derechos de inspección por parte del Estado e irregularidades en procedimientos administrativos son algunos de los elementos que convierten a la Gran Misión Vivienda Venezuela en otro mecanismo de control social que atenta contra los derechos de propiedad en el país”.

Esa es la conclusión a la que llega el informe especial Misión Vivienda Venezuela ¿Es en realidad tu vivienda?, elaborado por el Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). El observatorio asevera que “este mecanismo continúa colocando a los beneficiarios a merced del Estado”.

En el informe, el abogado Ali Daniels informó que hizo el análisis de un contrato a través del cual la Gran Misión Vivienda realiza una venta a plazos de uno de sus inmuebles a un beneficiario. En él se revela numerosos detalles que atentan contra el régimen de derecho de propiedad en Venezuela, “tales como la imposibilidad de enajenar (vender o alquilar) a través de cualquier vía, o la preferencia que tiene la Inmobiliaria para adquirir la vivienda en un lapso de 30 años posteriores a su venta y pago. Es decir, que aunque el beneficiario haya pagado íntegramente el saldo deudor, no puede disponer libremente del inmueble durante el lapso indicado”, precisó el jurista.

Atentar contra la propiedad es violar derechos humanos

El informe del Observatorio de Derechos de Propiedad acerca de la Misión Vivienda también hace un análisis acerca del régimen de derechos de propiedad en Venezuela y, en particular, del carácter de estos como derechos humanos fundamentales.

“El derecho de propiedad es un derecho humano reconocido en el ordenamiento internacional y con una vinculación directa a la dignidad humana de la que se deriva”, sostiene el documento.

Daniels aclaró que “la determinación de regímenes jurídicos que no reconozcan esos elementos básicos del derecho de propiedad, hace que esos ordenamientos sean contrarios a los derechos humanos”.

Por ello, el observatorio concluye que hay nulidad del aparato jurídico construido en torno a la propiedad de los inmuebles de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

La economía del país se puede dolarizar, como ocurrió en países de la región como Ecuador, considera Rocío Guijarro, directora del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad.

“Ya la gente se maneja en dólares porque es una moneda fuerte, sana y aceptada en el mundo entero. La dolarización del país puede ser un debate importante en Venezuela”, manifestó en el edificio José María Vargas, sede administrativa del Parlamento, en la charla «Legislando para la libertad».

A su juicio, en Venezuela se está prácticamente dolarizado de facto, debido a que, ante la falta de una moneda con valor, la gente ha adoptado el dólar como “mecanismo de intercambio, de ahorro y de futuro”.

Preocupación

A tres meses para que finalice 2019, Guijarro afirmó que en la ONG que dirige ven con mucha preocupación la situación económica del país.

Aseguró que actualmente la población no tiene poder adquisitivo debido a la hiperinflación que aún sigue.

“El dólar no es nuestra moneda, pero a partir de las remesas de la cantidad de inmigrantes traen esa moneda para que las familias puedan subsistir”, señaló.

Solución a la crisis económica

La directora ejecutiva de Cedice Libertad afirmó que la única manera de resolver la crisis económica es con la implementación de políticas que abran la economía, fomenten el libre comercio, la libre empresa y el derecho a la propiedad privada.

“Hay que desmantelar todos estos controles para que la economía pueda encaminarse hacia lo que todos los ciudadanos queremos”, subrayó.

A su juicio, se tiene que empezar a promover la innovación, la creatividad y la iniciativa individual para que el país pueda progresar.

“Son las ideas de la libertad y no las socialistas las que llevan a los individuos a crecer, desarrollarse y prosperar. Se tiene que abrir la economía, permitir las inversiones y tener una moneda fuerte y sana que nos permita ahorrar y labrar nuestro futuro”, enfatizó.

ENTRE CUATRO Y OCHO HORAS DIARIAS puede pasar sin servicio de electricidad un venezolano en el interior del país.

Así se desprende de un informe del Monitor de Servicios Públicos de CEDICE Libertad.

El reporte destaca que los cortes de energía eléctrica son cada vez más frecuentes. El deterioro de los servicios va aumentando al igual  que las quejas y denuncias de los ciudadanos.

El estado Zulia ha sido el más afectado con cortes de luz de hasta 30 horas diarias continua. Se contabilizan alrededor de 50 mil denuncias a través de la red social Twitter

A nivel nacional, también se reportaron fallas en la telefonía fija y móvil nacionalizada (Cantv y Movilnet). Se procesaron cerca de 60 mil denuncias relacionadas con problemas en líneas telefónicas, cobertura y servicio de internet.

Igualmente hubo denuncias en el ámbito del transporte público. «Los usuarios sostienen que tienen propensión a pagar más si el servicio funcionase. Actualmente, pagan tarifas privadas pues aseguran que es continuo, efectivo y seguro», destaca en el informe.

600 mil denuncias en Twitter se evidenciaron en lo que respecta al servicio de agua. «Considerando que el sistema eléctrico está a punto de colapsar, y por ende el hidroeléctrico, se estima que, de no hacerse las inversiones necesarias en la reparación y rediseño del esquema de suministro, haya un corte que puede prolongarse por más de 2 semanas», reza el estudio de Cedice

A JUICIO DEL OBSERVATORIO de Gasto Público de Cedice Libertad, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas alcanzó el valor de Bs. 6.480.969,14 en el periodo comprendido entre el 15 y el 30 de agosto de 2019.

Dicha canasta exige 100 salarios integrales de Bs 65.000, lo que es igual a más de tres salarios integrales por día y equivale a su vez a 288,38 dólares.

En 15 días, comprendidos entre el 15 y el 30 de agosto de 2019, los precios presentaron una variación de 41,63%, mientras que en 30 días (comprendidos entre el 01 y el 30 de agosto de 2019), la variación fue de 72,08%.

Igualmente Cedice Libertad asegura en un informe que la banca venezolana se mantiene en pie gracias a las comisiones por transferencias y pagos electrónicos que crecen de manera exponencial.

Un estudio comparativo elaborado por el BCV entre febrero de 2018 y febrero de 2019 reveló que los puntos de venta aumentaron 7,74 % en todo el país, mientras que los cajeros automáticos disminuyeron 12,25 % en ese periodo.

EN VENEZUELA, en los últimos, años se ha desarrollado una política económica enfocada claramente en destruir la producción de riqueza, apoderarse de los bienes de los ciudadanos, y generar por este camino la miseria, el hambre, la enfermedad y la muerte de la población venezolana, en lo que ha sido calificado como un “genocidio económico”.

Así lo revela una investigación adelantada desde el año 2007 por el Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, a cargo de los especialistas Ricardo Rojas y Andrea Rondón, a través de la
cual se ha detectado una política sistemática de desconocimiento de la propiedad privada que ha tenido como consecuencia la destrucción del aparato productivo nacional; un sometimiento prácticamente absoluto de los productores al Estado venezolano; y los mayores índices de pobreza y desnutrición que se recuerden.

En su trabajo, se pasearon por el Estatuto de de Roma, en cuyo artículo 6 en el que se establece de manera específica que “…se entenderá como supuestos de «genocidio» cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c)Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo.” En el caso
venezolano, los autores de esta investigación, afirman que existe un genocidio económico fundamentalmente relacionado con el c) Sometimiento intencional.

Rojas y Rondón afirman que una interpretación del genocidio desde la protección de la persona y sus derechos como una integridad, lleva a concluir, que no debe considerarse genocidio únicamente a los actos armados y violentos contra una parte de la población destinados a su exterminio, sino que debe incluir otros actos de agresión, directos o indirectos, tendientes al mismo exterminio al atentar contra los medios que cada individuo posee para sostener su propia vida, esto es: la propiedad, la libertad de producir y contratar y una moneda sana. La destrucción de estos elementos produce los mismos efectos que las bombas y disparos por paramilitares.

Se ratifica como en el Estatuto de Roma se definen las etapas en las que claramente se identifica el propósito de destruir a una parte de la población. En el caso venezolano, se han denunciado persecuciones
políticas, torturas, prisiones ilegales, homicidios por grupos paramilitares y un sistemático abuso del poder. Pero los investigadores incluyen entre estos argumentos, el del desarrollo de una política económica enfocada claramente a destruir la producción de riqueza, apoderarse de los bienes de los ciudadanos, y generar por este camino la miseria, el hambre, la enfermedad y la muerte de la
población venezolana.

A modo de conclusiones los investigadores del Observatorio de Derechos de Propiedad de Cedice Libertad, advierten que cuando se examina una eventual imputación a Nicolás Maduro y miembros de su gobierno por delitos de lesa humanidad y genocidio, a las imputaciones de persecución política a disidentes, encarcelamientos, muertes, fomento de grupos paramilitares descontrolados, detenciones arbitrarias y corrupción, no deben olvidarse -porque a esta altura constituye una clara forma de persecución sistemática e intento de aniquilamiento de parte de la población civil- todas las
medidas económicas y sus nefastas consecuencias. Lo que se ve agravado, en este caso, por el hecho de haber rechazado la ayuda humanitaria internacional para palear de alguna forma el hambre y
enfermedades que crecen en el país.

Una interpretación del genocidio desde la protección de la persona y sus derechos como una integridad, lleva a concluir, según entienden y propician en la investigación, que no debe considerarse genocidio
únicamente a los actos armados y violentos contra una parte de la población destinados a su exterminio, sino que debe incluir otros actos de agresión, directos o indirectos, tendientes al mismo exterminio al atentar contra los medios que cada individuo posee para sostener su propia vida, esto es: la propiedad, la libertad de producir y contratar y una moneda sana. La destrucción de estos elementos produce los mismos efectos que las bombas y disparos por paramilitares, convierten al dictador en genocida, y esas
consecuencias son palmarias en la actual Venezuela.

AL MENOS 48 SALARIOS INTEGRALES (65.000 bolívares) necesitan una familia de tres personas para adquirir la canasta básica en Venezuela, así lo señaló la asociacióncivil Cedice Libertad.

La ONG aseguró en su informe quincenal que para “el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por tres personas alcanzó el valor de3.138.985,71 bolívares”.

También indicó que los precios presentaron una variación de 9,84% en el periodo comprendido desde el 01 de julio hasta el 15 de julio.

“La inflación acumulada desde el 1 de enero al 15 de julio de 2019 es de 1.837,3%. La variación promedio de estas 13 quincenas transcurridas es de 25,61%”, resaltaron en su informe.

EL EQUIVALENTE a más de 25 millones de dólares se solicitó en el mes de enero en créditos adicionales a la Ley de Presupuesto Nacional, cuya aprobación tuvo lugar sin la supervisión y el control correspondiente por parte de la Asamblea Nacional (AN).

La denuncia la hizo el Observatorio de Gasto Público (OGP) del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), que detectó dos créditos adicionales que sumaban la totalidad del monto en las Gacetas Oficiales N° 41.564 y 41.566 del 15 y 17 de enero, respectivamente.

Según lo revelado por las Gacetas Oficiales, los órganos receptores de estos créditos adicionales fueron el Consejo General de Gobierno y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

La coordinadora del OGP, Dra. Sary Levy, explica que los créditos adicionales son destinados “a cubrir gastos necesarios no previstos o insuficientes, y en su trámite se ha de demostrar que el Tesoro Nacional dispondrá de los recursos para atender dicha erogación. Dichos créditos adicionales han de ser aprobados por la Asamblea Nacional y publicados en Gaceta Oficial”. Añadió la economista que este último trámite no se llevó a cabo.

Levy, quien fue decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela también alertó sobre la opacidad y la ligereza con la que el gobierno nacional maneja los créditos adicionales.

“Según reporta Transparencia Venezuela, en 2018, se aprobaron créditos adicionales por más de Bs.500 millardos, lo que en términos nominales llevó al presupuesto a 141% del monto aprobado. Asimismo, únicamente se publicaron en Gacetas Oficiales 149 decretos, correspondientes al 60% de los créditos aprobados”, recordó.

Por esta razón, Cedice Libertad, a través de su OGP realiza análisis y reportes periódicos sobre el manejo presupuestario y la política fiscal, a fin de brindar a la ciudadanía de una manera sencilla, como se ejecuta el mismo y cual eficiente es para solucionar los problemas de la sociedad.

DESDE HACE MÁS DE 10 AÑOS diversos expertos en materia eléctrica han advertido un colapso nacional del servicio eléctrico, según reseña un trabajo del Observatorio de Gasto Público de CEDICE-Libertad.

Recuerdan que el Ingeniero Electricista Guillermo Ovalles destacó en el programa televisivo Aló – Buenas noches que desde 2009 se presentó un informe con las principales necesidades de mantenimiento en las plantas de generación eléctrica y el mismo no fue tomado en cuenta.

Destacan además que el Ing. Víctor Poleo, en una investigación en el sector eléctrico venezolano (1999-2013), publicado por el Observatorio en 2015, explicó que el grado de deterioro en el sistema se deriva fundamentalmente de la desprofesionalización y militarización del sistema eléctrico, la mala gestión (como consecuencia de la corrupción, malversación de recursos y pérdida de capital humano experto), la escasa inversión en la infraestructura y un completo descuido de las labores de mantenimiento preventivo y correctivo.

“En los últimos años, la situación ha continuado empeorando. La mayor parte de las estaciones y subestaciones de distribución termoeléctrica son custodiadas y gestionadas por militares lo que incrementó la presión contra el personal técnico especializado, derivando en la ausencia de expertos para el restablecimiento y mantenimiento del sistema”, indican en una nota de prensa.

El jueves 7 de marzo de 2019, aproximadamente a las 4:55 PM, cuando comienzan los ciudadanos a prepararse para retornar a sus casas, se presenta un apagón que parecía como los anteriores, es decir, de restablecimiento relativamente rápido, algunas personas se dispusieron a esperar los habituales 20 o 30 minutos para ver si encendían los ascensores y poder reencontrarse con el caos del retorno.

La energía eléctrica no retornó con la inmediatez esperada, el colapso fue nacional. Los reportes satelitales retrataron a Venezuela completamente apagada, sin posibilidad de comunicación fluida a través de telefonía móvil, sin luz, sin agua y con el transporte convertido un caos. El desconcierto, la desorganización y la anarquía tomaron el control de las principales ciudades y pueblos de Venezuela. Cuando los ciudadanos se percataron que el apagón fue a nivel nacional comenzaron a trasladarse según sus propios medios a sus casas.

Asimismo destaca que a esta situación también se une el colapso en el suministro de agua, crisis de viviendas y centros de salud.

La mayor parte del sistema hídrico de Venezuela funciona con energía eléctrica, pues son sistemas de bombeo vertical para zonas residenciales y populares, sólo un conjunto muy selecto de las edificaciones y urbanismos tienen sistemas de distribución de agua por gravedad o pozos arteriales construidos para el aprovechamiento de las bondades geográficas.

Desde el colapso eléctrico el jueves 7 de marzo, los sistemas de bombeo hidroneumáticos centrales dejaron de operar, no obstante, algunas zonas cuentan con tanques que reserva y pudieron almacenar algo de agua, pero no es la suerte de la mayoría, que desde ese día comenzaron a padecer la falta de agua.