El Observatorio de Derechos de Propiedad analizó los contratos elaborados en el marco de la GMVV y constató la indefensión en la que se deja a los receptores de casas y apartamentos

“Prohibición de ceder el inmueble o de poseer otra vivienda; derechos de inspección por parte del Estado e irregularidades en procedimientos administrativos son algunos de los elementos que convierten a la Gran Misión Vivienda Venezuela en otro mecanismo de control social que atenta contra los derechos de propiedad en el país”.

Esa es la conclusión a la que llega el informe especial Misión Vivienda Venezuela ¿Es en realidad tu vivienda?, elaborado por el Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). El observatorio asevera que “este mecanismo continúa colocando a los beneficiarios a merced del Estado”.

En el informe, el abogado Ali Daniels informó que hizo el análisis de un contrato a través del cual la Gran Misión Vivienda realiza una venta a plazos de uno de sus inmuebles a un beneficiario. En él se revela numerosos detalles que atentan contra el régimen de derecho de propiedad en Venezuela, “tales como la imposibilidad de enajenar (vender o alquilar) a través de cualquier vía, o la preferencia que tiene la Inmobiliaria para adquirir la vivienda en un lapso de 30 años posteriores a su venta y pago. Es decir, que aunque el beneficiario haya pagado íntegramente el saldo deudor, no puede disponer libremente del inmueble durante el lapso indicado”, precisó el jurista.

Atentar contra la propiedad es violar derechos humanos

El informe del Observatorio de Derechos de Propiedad acerca de la Misión Vivienda también hace un análisis acerca del régimen de derechos de propiedad en Venezuela y, en particular, del carácter de estos como derechos humanos fundamentales.

“El derecho de propiedad es un derecho humano reconocido en el ordenamiento internacional y con una vinculación directa a la dignidad humana de la que se deriva”, sostiene el documento.

Daniels aclaró que “la determinación de regímenes jurídicos que no reconozcan esos elementos básicos del derecho de propiedad, hace que esos ordenamientos sean contrarios a los derechos humanos”.

Por ello, el observatorio concluye que hay nulidad del aparato jurídico construido en torno a la propiedad de los inmuebles de la Gran Misión Vivienda Venezuela.