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Cedice: Privatizaciones opacas atentan contra los derechos de propiedad
Ley antibloqueo carece de transparencia y claridad en las reglas aplicadas

Como “una nueva etapa en la política sistemática de ataque a la propiedad privada iniciada desde el año 2005”, puede calificarse el régimen de privatizaciones recientemente impulsado en el marco de la llamada popularmente “Ley Antibloqueo”, que no implica, en modo alguno, un cambio en cuanto al respeto hacia los derechos de propiedad en Venezuela.

Así lo estima la doctora Andrea Rondón, miembro del Comité Académico del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) en su más reciente investigación, titulada La recuperación de activos expoliados como resultado de la supresión sistemática de la propiedad. El documento da cuenta de las alertas del Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) de Cedice Libertad y de las iniciativas que desde esta institución se han impulsado para divulgar la idea de la justicia transicional que restituya los derechos de propiedad de los afectados por expoliaciones desde el año 2005, a través de un Anteproyecto de Ley de Restitución de Activos.

Además, recuerda la existencia en Venezuela de una Ley de Privatizaciones vigente desde 1992 que, entre otros aspectos, busca garantizar el carácter público de estos procesos, además de otros principios garantes como igualdad y concurrencia, dado que “la privatización permite racionalizar la actividad económica del Estado; optimizar los servicios públicos y reestructurar la Administración Pública”.

Privatizaciones que no son tales

Por esta razón, en su investigación, Rondón insiste en que las medidas tomadas entre 2020 y 2021 en materia de empresas expoliadas y “devueltas” a manos privadas no puede considerarse un proceso de “privatizaciones” como el enunciado arriba. Al respecto, resalta características de la Ley Antibloqueo, tales como la posibilidad de “desaplicar” leyes y las amplias facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para “la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios”.

Rondón cuestiona la posibilidad de “mecanismos excepcionales de contratación”, así como la posibilidad de decretar el secreto y la reserva sobre las actuaciones realizadas en el marco de estas privatizaciones.

“Donde se han llevado a cabo las privatizaciones en países con procesos similares al de Venezuela, estas se han caracterizado por la transparencia de la información y claridad en las reglas aplicadas. Por el contrario, donde los procesos evidenciaron problemas fue porque se llevaron a cabo de manera caótica y no sistemática”, precisa la abogada.

Privatizaciones opacas también atentan contra los derechos de propiedad 
Ley Antibloqueo es considerada una nueva etapa en la política de ataque a la propiedad privada 

El régimen de privatizaciones recientemente impulsado en el marco de la llamada popularmente “Ley Antibloqueo” no implica un cambio en cuanto al respeto hacia los derechos de propiedad en Venezuela. Por el contrario, puede considerarse “una nueva etapa en la política sistemática de ataque a la propiedad privada iniciada desde el año 2005”. 

Así lo considera Andrea Rondón, miembro del Comité Académico del Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) en su más reciente investigación, titulada La recuperación de activos expoliados como resultado de la supresión sistemática de la propiedad

El documento da cuenta de las alertas del Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) de Cedice Libertad y de las iniciativas que desde esta institución se han impulsado para divulgar la idea de la justicia transicional que restituya los derechos de propiedad de los afectados por expoliaciones desde el año 2005, a través de un Anteproyecto de Ley de Restitución de Activos. 

Además, recuerda la existencia en Venezuela de una Ley de Privatizaciones vigente desde 1992 que, entre otros aspectos, busca garantizar el carácter público de estos procesos, además de otros principios garantes como igualdad y concurrencia, dado que “la privatización permite racionalizar la actividad económica del Estado; optimizar los servicios públicos y reestructurar la Administración Pública”.

Privatizaciones que no son tales  

Por esta razón, en su investigación, Rondón insiste en que las medidas tomadas entre 2020 y 2021 en materia de empresas expoliadas y “devueltas” a manos privadas no puede considerarse un proceso de “privatizaciones” como el enunciado arriba. Al respecto, resalta características de la Ley Antibloqueo, tales como la posibilidad de “desaplicar” leyes y las amplias facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para “la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios”. 

Finalmente, Rondón cuestiona la posibilidad de “mecanismos excepcionales de contratación”, así como la posibilidad de decretar el secreto y la reserva sobre las actuaciones realizadas en el marco de estas privatizaciones. 

“Donde se han llevado a cabo las privatizaciones en países con procesos similares al de Venezuela, estas se han caracterizado por la transparencia de la información y claridad en las reglas aplicadas. Por el contrario, donde los procesos evidenciaron problemas fue porque se llevaron a cabo de manera caótica y no sistemática”, finaliza la abogada.

 Forochat para continuar la difusión

Toda la investigación La recuperación de activos expoliados como resultado de la supresión sistemática de la propiedad está disponible en este enlace. Adicionalmente, su autora estará realizando una serie de talleres con el título “La propiedad en tres tiempos” a través de la plataforma Whatsapp el 12 y 19 de agosto para profundizar sobre la situación de los derechos de propiedad en Venezuela y el impacto de las más recientes medidas. Las personas interesadas en participar en estos eventos pueden inscribirse de manera gratuita aquí

Cedice Libertad analiza relación entre el irrespeto a las leyes y crisis económica 
La investigación “Venezuela, Constitución, Impacto Económico y Gasto Público” del abogado Arlan Narváez será presentada el próximo jueves 22 de julio en un foro a través de la plataforma Zoom

El respeto al Estado de Derecho es uno de los elementos esenciales de la fortaleza institucional de los países hoy en día y su violación incide en las condiciones socioeconómicas de estos. Para analizar tal incidencia en el caso venezolano, el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) presenta la investigación “Venezuela, Constitución, Impacto Económico y Gasto Público”, realizada por el abogado Arlan Narváez para el Observatorio de Gasto Público (OGP). 

El análisis de Narváez parte de la visión de la economía institucional de autores como el premio Nobel de Economía Douglas North, para quien “el comportamiento de una economía depende de su estructura organizacional”. En este sentido, el abogado alerta sobre el impacto negativo de interpretaciones y afecciones a la Constitución de 1999 en diversos temas económicos, entre los cuales destacan la política monetaria y fiscal, los derechos de propiedad y la libertad económica. 

Narváez enfatiza que como consecuencia de tal afectación, se obstaculiza la producción nacional, se deteriora la seguridad jurídica, se estimula la inestabilidad de precios con el debilitamiento del valor de la moneda y se destruye el poder adquisitivo. 

Discrecionalidad y ausencia de control 

En el ámbito monetario y fiscal, el abogado destaca como prácticas nocivas la subordinación del Banco Central de Venezuela (BCV) al Poder Ejecutivo con la consecuente emisión de dinero sin respaldo que ha degenerado en la hiperinflación vivida en Venezuela desde hace cuatro años y la inestabilidad monetaria que ha provocado dos reconversiones en menos de 20 años. 

A esto se le suma, a juicio de Narváez, la falta de control que ha caracterizado la labor fiscal y presupuestaria nacional desde hace dos décadas. Al respecto, resalta cómo entre 2001 y 2016 la planificación presupuestaria subestimaba los ingresos petroleros para así “evadir la camisa de fuerza de los créditos o partidas presupuestarias y poder contar con fondos extrapresupuestarios”.

Posteriormente, la situación política ocasionó que se utilizaran subterfugios para no someter los proyectos de Ley de Presupuesto y de Endeudamiento a las funciones de control del Poder Legislativo. 

De igual manera, Narváez retoma las investigaciones hechas por el OGP y el Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) de Cedice Libertad para referirse a las afectaciones a la propiedad privada, que considera “una de las transgresiones constitucionales que más daño le ha hecho a la economía”. 

Al respecto, no solo se refiere a cómo las afectaciones a los derechos de propiedad inciden sobre la producción nacional de bienes y servicios, sino también las implicaciones que ha tenido para el Estado venezolano y su reputación. 

“Tres son las principales consecuencias económicas (…): a. Las cuantiosas compensaciones que tiene que pagar la República de Venezuela a los afectados; b. Las considerables pérdidas económicas que arroja la ineficiente gestión de las empresas expropiadas; y c. El impacto negativo que tienen en el deterioro de la confianza para las inversiones en Venezuela y, muy vinculado con ello, la percepción externa de inseguridad jurídica para la inversión”, alerta el abogado. 

El documento completo “Venezuela, Constitución, impacto económico y gasto público” puede leerse en este enlace.  La investigación también será presentada en un foro a través de Zoom el este 22 de julio a las 4:00 pm, que contará con la presencia de su autor, de la doctora Sary Levy, coordinadora del OGP, y del abogado José Valentín González. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse aquí.

 

 

Cedice Libertad inicia programa de formación para jóvenes activistas 
Este sábado 26 de junio comenzará la iniciativa I.D.E.A.S Juventud y Libertad con un foro en el que se analizarán los desafíos de la democracia liberal 

Brindar conocimiento y ampliar las posibilidades de reflexión e interacción entre líderes jóvenes, activistas y emprendedores sobre las Ideas de Libertad es el objetivo del programa I.D.E.A.S Juventud y Libertad, organizado por el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) y que dará inicio este sábado 26 de junio. 

Este primer evento de formación llevará por título Los desafíos de la democracia liberal. Enseñanzas de los padres fundadores EE.UU. / Venezuela y contará con la participación del presidente de Cedice Libertad, Carlos Blohm; Ilya Shapiro, vicepresidente del Cato Institute, y Pedro Urruchurtu, profesor de estudios políticos de l Universidad Central de Venezuela (UCV). 

Este encuentro tendrá lugar a través de la plataforma Zoom a las 11:30 am. 

El Norte como punto de referencia

El programa I.D.E.A.S Juventud y Libertad busca brindar un espacio para traer a la palestra temas como la democracia, libre iniciativa, política ágil, descentralización, políticas públicas, participación ciudadana y fortalecimiento del Estado de Derecho tomando como punto de referencia la democracia de Estados Unidos, cuya constitución comienza con un inspirador enunciado de civilidad: “Nosotros, la gente…”

La idea del programa es instruir a dos cohortes de 60 participantes cada uno, que al finalizar la formación concursarán con la conceptualización de un proyecto comunitario en el que vertirán todo lo aprendido. 

Las personas interesadas en participar en el primer evento de esta formación, y en recibir más información al respecto pueden inscribirse en este enlace

 

Cedice Libertad llevó propuestas de políticas públicas a la sociedad civil
El programa comprendió siete estados de Venezuela 

El programa “Ciudadanos promotores de reformas y consensos” de Cedice-Libertad se implementó este año en seis estados del país con el objetivo de que estos tomaran conciencia y buscaran aumentar su incidencia en la realidad local, a través de la formulación de propuestas de políticas públicas que deriven en mayor libertad y prosperidad para la ciudadanía.

Las entidades fueron Anzoátegui, Carabobo, Mérida, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo y Yaracuy

Ana María Carrasquero, coordinadora del Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) de Cedice Libertad, sintetiza la importancia de esta iniciativa, para beneficio de las regiones.

“Realizar una agenda de reformas y consensos para el desarrollo de un estado o región del país, es imaginar un futuro posible. Es un llamado a construir una visión compartida con la participación amplia de diversos actores y sectores, propiciando una narrativa desencadenante para un país productivo, innovador, próspero. Un país donde se respete el Estado de derecho, se promueva la libertad de empresa y la democracia”, precisó.

Realidades locales y problemas nacionales

Carrasquero explicó que “se trató de unir esfuerzos, articular actores, identificar prioridades y propuestas de políticas públicas para la recuperación y desarrollo regional y local con una visión integral de corto, mediano y largo plazo”. De esta manera, se trabajó de la mano de muchos sectores de la sociedad civil, entre ellos gremios, cámaras de comercio y empresariales, asociaciones civiles y universidades, de acuerdo con el peso que tenían en cada región.

Como parte del proceso de acompañamiento por parte de Cedice Libertad, en los diferentes estados también se impartieron formaciones para que los participantes adquirieran competencias y conocimientos útiles para desarrollar y posteriormente difundir las agendas de consenso, tales como vocería y estrategias comunicacionales, aparte de un seminario acerca de Transformación País.

Cedice: Extensión de la cuarentena tendrá consecuencias letales para la economía
No se plantea una reducción del IVA, pese a la disminución que genera el confinamiento en los ingresos de las familias

La extensión de la cuarentena después de 60 días, por 30 días más, es una decisión que genera preocupación “por sus letales consecuencias a la ya deteriorada economía venezolana”, asegura el Observatorio del Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento económico (Cedice Libertad), en un análisis sobre “La sostenibilidad del confinamiento en Venezuela”.

En el documento se indica que mantener la cuarentena es insostenible, es humanamente imposible. Asimismo se afirma que evitando el contagio del Covid-19, se está aumentando exponencialmente la probabilidad de perder vidas por hambre y miseria.

Se advierte que el confinamiento no es sostenible para ninguna economía, ni siquiera para las más desarrolladas, menos aún para aquellas que se encuentran en una profunda recesión, como la nuestra, consecuencia de una catastrófica política económica auspiciada durante 21 años por el denominado socialismo del siglo XXI.

El confinamiento como política predilecta

Evaluar las estrategias del régimen parte por caracterizar sus recursos a disposición: La producción de crudo durante abril del año en curso fue de 622.000 b/d [i] . El precio de la cesta venezolana se ubica, de acuerdo a cifras oficiales [ii], en 13.41US$/b. El Fondo Monetario Internacional estimaba una caída de 15% en el PIB antes de la crisis pandémica. Las reformulaciones de este cálculo, dado el nuevo escenario de pandemia y confinamiento, estiman una caída de hasta 28%, cifra que refleja el ya disminuido ingreso fiscal real por concepto de impuestos. Las reservas internacionales se ubican en tan solo 6.4 millardos de dólar, y el conflicto político descarta la posibilidad de acudir a organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo en busca de ayuda financiera y humanitaria.

Este panorama deja en evidencia la limitación de los actuales recursos del Estado, y por lo tanto la nula o inexistente capacidad de maniobra. Dado este panorama, es poco probable la ejecución de políticas como la disminución de la presión fiscal, el rescate de empresas, planes de recuperación y financiamiento, la búsqueda de otras estrategias de prevención del sars – cov – 19 como por ejemplo la aplicación masiva de pruebas, mayor robustez del sistema de salud, asegura el OGP.

El confinamiento en cambio solo requiere de una gran capacidad de coacción, y al tener el régimen suficientes recursos para tal fin, se convierte esta en su política predilecta, y contará con ella como su punta de lanza en estos tiempos, caracterizados además por una escasez de gasolina, por lo que la aplicación del confinamiento es totalmente oportuno para diluir los males sociales que se derivan de este gran problema.

Las políticas de siempre

La pandemia producto del SARS Cov 2 coincidió con el plazo para el pago del ISLR. El régimen no dio tregua ante la posibilidad de exonerar o relajar el pago de este impuesto. Aún no se plantea una reducción del IVA, a pesar de la notoria disminución que genera el confinamiento en los ingresos y en la demanda de las familias.

Se resolvió ejecutar algunas transferencias directas, que ante la ausencia de fondos son financiadas con inflación, lo que es contraproducente para el poder adquisitivo, agravando aún más el problema. De acuerdo con las cifras publicadas por el Observatorio de Gasto Púbico de Cedice, la inflación del mes de abril fue de 86.58%, acumulando 258% de variación durante el primer cuatrimestre y una inflación anual de 3 734%. La reacción oficial fue el traslado del costo político al sector privado, regulando el precio de productos básicos, lo que estimula el resurgimiento del desabastecimiento y el arbitraje de bienes en el mercado negro.

Sostenibilidad del confinamiento

La economía venezolana ya venía transitando una senda profundamente recesiva. El brote y contagio del SARS Cov2 significa, entre otras cosas, tomar medidas preventivas que impactan inevitablemente en la actividad económica, no solo en Venezuela sino en todo el mundo. Esta situación compromete aún más actividad comercial con el sector externo, el flujo de divisas por concepto de remesas, y la actividad económica interna.

La caída en la producción y en el salario real junto con una hiperinflación sostenida, son razones suficientes para que muchos venezolanos hayan abandonado el empleo formal con ingresos fijos en busca de ingresos variables a través del emprendimiento y del comercio informal. En una dinámica de supervivencia, muchos venezolanos cuentan con su actividad económica diaria para obtener los ingresos mínimos necesarios para su sustento básico.

Advierte el OGP que coordina el economista Oscar Torrealba, que las finanzas de los venezolanos han sido destruidas. No hay manera de hacer frente al confinamiento porque no existe ahorro previo ni opciones de financiamiento. Mantener la cuarentena es insostenible, es humanamente imposible. Intentanto evitar la pérdida de vidas por contagio del ‘coronavirus’, se está aumentando exponencialmente la probabilidad de perder vidas por hambre y miseria.

Advierte el Observatorio, que Venezuela roza la menesterosidad, y en este sentido hace un llamado de emergencia. Urge un cambio inmediato para nuestro país.

Cedice: Venezuela ocupa el puesto 127 entre 129 países en índice de derecho de propiedad
Solo supera a Haití y a República del Yemen

 

La coordinadora de Gasto Público de Cedice, Sary Levy, manifestó este miércoles que Venezuela sólo supera a Haití y a República de Yemen en el índice de derecho de propiedad, y lo dan a conocer para que encargados de políticas públicas y la sociedad en general lo considere para evaluar mecanismos que fortalezcan este derecho.

“Los derechos de propiedad son fundamentales y esenciales a los humanos como tal. Está demostrado que genera efectos positivos para el desarrollo de sociedades prosperas y en libertad, todos estos elementos nos lleva a impulsar eso en las naciones. Se revisa el entorno político y legal, la estabilidad del país, el respeto al estado de derecho, la corrupción”, expresó Levy a TVVenezuela Noticias.

La representante de Cedice agregó que “por otra parte, saber cuál es la percepción y la posibilidad concreta del respeto al derecho a la propiedad de los bienes físicos, y otro para los derechos de propiedad intelectual. La combinación de ellos, nos habla de esa institucionalidad subyacente y relevante para el respeto del derecho de propiedad en cada uno de los países”.

Finalmente aseguró que “Venezuela ocupa el puesto 127 de 129 países, solamente supera a Haití y a República del Yemen, lamentablemente sus valores son bastante bajos, y justamente el objetivo de dar a conocer esta información es hacerla pública, para que los hacedores de políticas públicas y la sociedad en general los considere para evaluar mecanismos que fortalezcan este derecho”.

Cedice: Venezuela es el país de Latinoamérica con menos respeto por derechos de propiedad
Ocupa el puesto 127 en un ranking de 129 naciones

 

Venezuela se ubicó en el puesto 127 entre 129 países en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2018 (IPRI, por sus siglas en inglés), lo que la sitúa de nuevo como el segundo país de Latinoamérica y el Caribe que menos respeta este derecho humano, esencial para la actividad económica y la vida humana, siendo solamente superado por Haití.

El IPRI 2019 fue presentado hoy por la Alianza Internacional de Derechos de Propiedad (Property Rights Alliance en inglés), de la cual forma parte Cedice Libertad y contó por quinto año consecutivo con la autoría de la Dra. Sary Levy, individuo de número de la Academia de Ciencias Económicas de Venezuela y miembro del comité académico de Cedice Libertad. Además, en el reporte de este año, Levy presenta un balance sobre esta quinta edición y sobre la evolución del respeto a los derechos de propiedad en el mundo durante este tiempo.

Para llevar a cabo este índice, cada año se miden el entorno legal y político y los derechos de propiedad física e intelectual de más de 100 países. Cada uno de estos criterios tiene diferentes indicadores y se asigna una escala del 1 al 10 para la puntuación final. En esta oportunidad Venezuela obtuvo 2,89, mientras que el promedio mundial fue de 5,72.

Una vez más fue el entorno legal y político y la propiedad intelectual fueron los componentes peor evaluados en Venezuela, al igual que en los demás países que aparecieron en el último cuartil del IPRI 2019. En el caso venezolano, esta posición negativa se explica por las restricciones legales y los constantes ataques contra la libertad económica, la libre empresa y la propiedad privada, que se han vuelto en Venezuela una política de Estado, como reiteradamente ha denunciado el Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) de Cedice Libertad.

A nivel mundial, Finlandia repitió con la mejor calificación, mientras en Latinoamérica Costa Rica se situó en el primer lugar, al ubicarse en la 33ª posición mundial desplazando a Chile.

Rocio Guijarro, gerente de Cedice Libertad, recordó la importancia de monitorear la evolución de los derechos de propiedad a nivel mundial. “Son derechos humanos, que en Venezuela han sido vulnerados y sin ellos, las personas están limitadas en lo que hacen, lo que dicen, cómo participan en la economía y como logran labrar su futuro”, sostuvo e indico que a través del Observatorio de los Derechos de Propiedad que Cedice Libertad lleva adelante, se tiene la estadística mas seria en cuanto a las violaciones, estatizaciones, invasiones, nacionalizaciones se han realizado en Venezuela , que son la cuasa de la emergencia humanitaria que vive el país, indico.

Para conocer más a fondo los detalles del IPRI 2019 y la data detallada de los países, los interesados pueden visitarlo en este enlace.