La investigación “Venezuela, Constitución, Impacto Económico y Gasto Público” del abogado Arlan Narváez será presentada el próximo jueves 22 de julio en un foro a través de la plataforma Zoom

El respeto al Estado de Derecho es uno de los elementos esenciales de la fortaleza institucional de los países hoy en día y su violación incide en las condiciones socioeconómicas de estos. Para analizar tal incidencia en el caso venezolano, el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) presenta la investigación “Venezuela, Constitución, Impacto Económico y Gasto Público”, realizada por el abogado Arlan Narváez para el Observatorio de Gasto Público (OGP). 

El análisis de Narváez parte de la visión de la economía institucional de autores como el premio Nobel de Economía Douglas North, para quien “el comportamiento de una economía depende de su estructura organizacional”. En este sentido, el abogado alerta sobre el impacto negativo de interpretaciones y afecciones a la Constitución de 1999 en diversos temas económicos, entre los cuales destacan la política monetaria y fiscal, los derechos de propiedad y la libertad económica. 

Narváez enfatiza que como consecuencia de tal afectación, se obstaculiza la producción nacional, se deteriora la seguridad jurídica, se estimula la inestabilidad de precios con el debilitamiento del valor de la moneda y se destruye el poder adquisitivo. 

Discrecionalidad y ausencia de control 

En el ámbito monetario y fiscal, el abogado destaca como prácticas nocivas la subordinación del Banco Central de Venezuela (BCV) al Poder Ejecutivo con la consecuente emisión de dinero sin respaldo que ha degenerado en la hiperinflación vivida en Venezuela desde hace cuatro años y la inestabilidad monetaria que ha provocado dos reconversiones en menos de 20 años. 

A esto se le suma, a juicio de Narváez, la falta de control que ha caracterizado la labor fiscal y presupuestaria nacional desde hace dos décadas. Al respecto, resalta cómo entre 2001 y 2016 la planificación presupuestaria subestimaba los ingresos petroleros para así “evadir la camisa de fuerza de los créditos o partidas presupuestarias y poder contar con fondos extrapresupuestarios”.

Posteriormente, la situación política ocasionó que se utilizaran subterfugios para no someter los proyectos de Ley de Presupuesto y de Endeudamiento a las funciones de control del Poder Legislativo. 

De igual manera, Narváez retoma las investigaciones hechas por el OGP y el Observatorio de Derechos de Propiedad (ODP) de Cedice Libertad para referirse a las afectaciones a la propiedad privada, que considera “una de las transgresiones constitucionales que más daño le ha hecho a la economía”. 

Al respecto, no solo se refiere a cómo las afectaciones a los derechos de propiedad inciden sobre la producción nacional de bienes y servicios, sino también las implicaciones que ha tenido para el Estado venezolano y su reputación. 

“Tres son las principales consecuencias económicas (…): a. Las cuantiosas compensaciones que tiene que pagar la República de Venezuela a los afectados; b. Las considerables pérdidas económicas que arroja la ineficiente gestión de las empresas expropiadas; y c. El impacto negativo que tienen en el deterioro de la confianza para las inversiones en Venezuela y, muy vinculado con ello, la percepción externa de inseguridad jurídica para la inversión”, alerta el abogado. 

El documento completo “Venezuela, Constitución, impacto económico y gasto público” puede leerse en este enlace.  La investigación también será presentada en un foro a través de Zoom el este 22 de julio a las 4:00 pm, que contará con la presencia de su autor, de la doctora Sary Levy, coordinadora del OGP, y del abogado José Valentín González. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse aquí.