Carlos Andrés García

A más de 2190 días de la muerte del exconcejal de Guasdualito y preso político bajo la custodia del Estado venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia difiere las audiencias para que se responsabilice a los funcionarios que le negaron su atención médica

Carlos Andrés García cumplió seis años de haber fallecido bajo la custodia del Estado venezolano. El 17 de septiembre de 2017 García era un preso político, era el concejal de Guadualito —una ciudad del estado Apure con frontera en Colombia— que el Estado lo acusó de promover protestas en su comunidad en 2016. 

Su detención arbitraria fue el 16 de diciembre del 2016. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron su casa sin una orden de aprehensión. Se lo llevaron a la sede del Sebin de Guadualito y no salió de allí por nueve meses.

Hace horas denunciamos detención de los militantes de PJ Carlos García y Eduard Cogollo como parte de este plan de represión y persecución

— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) December 21, 2016

«Al momento de ser detenido, el concejal no presentaba ningún cuadro de salud “complicado”: no presentaba ninguna enfermedad. Durante su reclusión empezó a sufrir de la tensión arterial y de problemas cardíacos, probablemente del estrés y de los tratos crueles vinculados a la detención», recordó Roland García, abogado y presidente de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan). «Estando en la prisión, en la sede del Sebin, fue que a Carlos le dio un ACV (accidente cerebrovascular)». 

El abogado de Fundehullan lleva el caso de Carlos Andrés García porque el Estado nunca le brindó asistencia médica o un juicio que atendiera al exconcejal. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) impidió que personas ajenas al Sebin estuvieran presentes en la autopsia de Carlos García ni brindaron información forense. 

«Había diferimientos de audiencias y no lo trasladaban ni al circuito judicial penal ni a un hospital. Existe un retardo procesal tal que hoy, a más de 2190 días de su muerte, no existe un funcionario imputado, no existe una acusación y no existe una responsabilidad sobre los funcionarios que impidieron que Carlos García fuera trasladado a tiempo para su salud», dijo Roland. 

Solo fue trasladado a un centro de salud cuando ya no había posibilidades de hacer nada para mejorar su salud #RegimenAsesino 4/8

— Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) September 17, 2017

Devaluaron el Bolívar, devaluaron la vida de Carlos Andrés García

Diciembre del 2016 marcó la consolidación de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela. Nicolás Maduro anunció el 12 de diciembre que los billetes de 100 bolívares del cono monetario del 2008 serían descontinuados en 72 horas y entrarían billetes de más alta denominación. 

Venezuela empezaría una fase de hiperinflación y opacidad. El bolívar había perdido el 75 % de su valor en menos de tres meses y entre 2016 y 2018 habría una inflación acumulada de 53.798.500 % que el Banco Central de Venezuela no haría público sino hasta mayo del 2019. 

La población de Guasdualito no podía conseguir billetes de alta denominación: los bancos daban puros billetes de 100 bolívares. Entonces protestaron el 16 de diciembre. 

Pero, cuando los medios cubrían las denuncias, el Sebin atacó.

Esto es lo q rebosa la paciencia del pueblo de guasdualito le cayeron a tiros digan la verdad usted @NicolasMaduro y @RCarrizalezPSUV pic.twitter.com/w3SvVAl5T5

— Julio Montoya Medero (@juliocmontoya) December 17, 2016

Protestas similares ocurrieron en varias ciudades del país. A nivel nacional se identificaron dos muertos bajo el contexto de manifestaciones y en Guadualito hirieron a decenas de personas y detuvieron a más de cien. Las autoridades nunca precisaron la cifra al público. 

Uno de los detenidos fue Carlos Andrés García, el Estado consideró que su presencia política de más de 10 años en la ciudad, en su mayoría bajo el partido Primero Justicia, era el móvil suficiente para «organizar las protestas». El liderazgo político y comunitario de Carlos se podía remontar a los partidos de fútbol que él hacía en la ciudad desde los 18 hasta los 30 años. 

«Carlos Andrés venía de visitar a una amiga en el hospital y la Guardia Nacional, después de que habían acabado con varios bancos, fue que apareció y se llevó como a 200 personas», dijo el exdiputado a la Asamblea Nacional, Luis Lippa, a Runrun.es en 2017. A él lo detuvieron junto al exconcejal, pero lo soltaron poco después porque el Estado estaba violando su inmunidad parlamentaria. 

Un juicio sin fin

El Tribunal Primero de ejecución de la jurisdicción de Guasdualito no dudó en perpetuar la imputación de Carlos Andrés García por ser el autor intelectual de esas protestas y por tener una cantidad «sospechosa» de billetes de 100 bolívares en su hogar, papel moneda que Nicolás Maduro quería asociar con «las mafias». Sus cargos fueron por hurto calificado, instigación pública e incendio en grado de coautor. 

Sus familiares, abogados y miembros del partido político declaraban su inocencia. Pero el Ministerio Público nunca acató las denuncias. Tampoco dejaban visitarlo, ni darle comida ni agua ni medicinas ni cartas ni audiencias con sus abogados. 

«Sus familiares, entre ellos la hermana de Carlos, Yhorlenys Aular, notificaron a Fundehullan que sufrió tratos crueles e inhumanos. El hecho de que a ti no se te permita el acceso a tu familia, que no se te permite hablar con los abogados de confianza, que no se te permita ser escuchado, forma parte de un patrón sistemático de tortura, de tortura psicológica. Aunque también se evidencia testimonios de tortura física», recordó el abogado Roland García. 

Estando detenido ilegalmente a Carlos Andres le dio un ACV y le fue negado cualquier tipo de atención médica #RegimenAsesino 3/8

— Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) September 17, 2017

Durante los meses que Carlos estuvo retenido en la sede del Sebin en Guasdualito, su condición médica fue empeorando. Sufrió de hipertensión arterial, cuadros de malnutrición y de estrés post traumático y una infección de toxoplasmosis. 

«Y no solo eso, también tenía problemas arteriales y cardíacos. Las condiciones de higiene en el centro de reclusión era deplorables», agrega el director de Fundehullan. 

Pese a las medidas humanitarias que exigían los abogados, el tribunal se mantuvo en silencio. Pese a que los familiares nunca sufrieron alguna amenaza, «el ensañamiento cayó por completo al exconcejal». 

Opacidad post mortem

«A la jueza y a la fiscalía se le pedía asistencia médica urgente varias veces. A Carlos le dio el ACV estando allí, dentro de la sede del SEBIN. Y ellos hacían caso omiso», dijo Roland. «Cuando al fin lo trasladan ya él estaba en una fase des compensatoria muy grave». 

Habían pasado semanas desde que Carlos sufrió el ACV, pero el tribunal concedió el 14 de septiembre el beneficio de casa por cárcel y lo trasladó al Hospital Central de San Cristóbal del estado Táchira —el más cercano de Guasdualito— el 16 de septiembre. Todas las medidas fueron concedidas tres días antes de su muerte. Para ese entonces Carlos tenía 44 años.

«Los familiares después denunciaron que él fue víctima de torturas. Antes de que le diera el ACV Carlos no podía sostener una cuchara mientras comía, lo tenían que alimentar. Los militares, pensando que él “les estaba montando un show”, lo despertaron a las tres de la mañana, lo pararon frente a una pared y lo rociaron con una manguera de alta presión con agua fría. Él se desplomó en el acto, y después de eso decidieron sacarlo de la sede del Sebin», contó Roland. 

#Video Autoridades se niegan a realizar autopsia al concejal Carlos Andrés García para librarse de responsabilidad por su muerte #18Sep pic.twitter.com/dhlFIuZ30u

— VPItv (@VPITV) September 19, 2017

Poco después de su muerte, el Sebin no permitió que la familia ni los abogados presenciaran la autopsia. Frente a las denuncias públicas de ONG nacionales e internacionales, el TSJ publicó en Facebook que Carlos falleció por un cuadro de «hipertensión arterial» y que recibía atención médica un mes antes de su muerte. 

«Cabe destacar que no consta solicitudes o advertencias en el expediente judicial del referido ciudadano, sobre el padecimiento de alguna enfermedad crónica o aguda, por lo que se presume que el ciudadano Carlos García desconocía de la sospecha patológica que aún se encuentra por determinar en los laboratorios del Centro Asistencial» se lee en el mensaje publicado el día después de la muerte del exconcejal.

Y desde entonces el Estado venezolano guarda silencio. 

Más diferimientos y menciones en la CIDH

El caso de Carlos Andrés García está en los informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2017. Él forma parte de los más de 11 presos políticos que han muerto bajo la custodia del Estado venezolano y la justicia no investiga a los responsables. Es un patrón que sigue vigente: Leoner Azuaje, de 39 años de edad, fue detenido en abril de este año por una purga del gobierno de Nicolás Maduro y, mientras estaba recluido, falleció. 

Pese a que el Estado dijo que fue un suicidio, diversos antropólogos forenses y criminalistas advierten que Leoner fue víctima de torturas y estrangulamiento en los últimos momentos de su vida.

El art 43 de la Constitución es bastante claro: "El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad" /8 pic.twitter.com/eRuUxh4uuY

— Delsa Solorzano (@delsasolorzano) September 18, 2017

«Los jueces que llevan el caso son cambiados a cada momento. El que atendía las audiencias cuando Carlos murió se fue a Estados Unidos y se desentendió de la causa. Pero seguimos buscando justicia, que se cumplan las responsabilidades penales de los funcionarios. Su familia aún exige justicia», comentó Roland García. 

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@franzambranor

CUANDO NICOLÁS MADURO ANUNCIÓ la supuesta “muerte” del billete de 100 bolívares en cadena nacional a finales del año pasado, el concejal de Primero Justicia Carlos Andrés García jamás imaginó que días después sería encarcelado y nunca más disfrutaría de la libertad.

García fue detenido en Guasdualito, estado Apure, el 17 de diciembre de 2016. El político fue aprehendido junto a Eduard Cogollo y acusado de promover los destrozos a varias entidades bancarias en la localidad llanera.

“Carlos Andrés venía de visitar a una amiga en el hospital y la Guardia Nacional después que habían acabado con varios bancos fue que apareció y se llevó como a 200 personas”, dijo el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Lippa en una reciente intervención en el hemiciclo.

Autoridades acusan al concejal de portar una exagerada cantidad de billetes de 100, mientras desde Miraflores denunciaban la existencia de mafias fronterizas encargadas de sustraer papel moneda venezolano.

El secretario general de PJ, Tomás Guanipa, aseguró que García fue secuestrado por el Sebin y víctima de una “siembra” de billetes.

Fue apenas en diciembre que comenzó el vía crucis para el miembro del Concejo Municipal. Recluido en los calabozos del servicio de inteligencia en Guasdualito la salud de García comenzó a flaquear.

Sufrió crisis hipertensivas, aunado a un severo cuadro de depresión, condiciones que decantaron en un ACV en agosto. Los médicos recomendaron trasladarlo a un centro asistencial, procedimiento que los funcionarios de los cuerpos de seguridad ejecutaron doce días después, cuando supuestamente este ni siquiera reconocía a sus allegados.

García arribó con escasas esperanzas al Hospital Central de San Cristóbal y el domingo 17 de septiembre falleció.

“Carlos murió por una enfermedad que se empeoró o produjo durante el tiempo que estuvo en prisión”, acotó Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano desde una transmisión de Periscope.

El concejal incluso habría recibido una medida cautelar para tener casa por cárcel, sustitutiva que nunca fue ejecutada por los miembros del Sebin.

“Aquí hay un tema medular y es que el Estado es el único responsable por la integridad de un privado de libertad, no es la familia, no es un partido político, es el Estado”, dijo Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.

“Esto es algo que hemos venido denunciando desde hace tiempo que es la falta de atención médica que hay hacia los presos políticos. El Estado es responsable de lo que le ocurra a un detenido”, enfatizó Romero.

El desenlace fatal no es exclusivo del concejal. Con García son tres los catalogados como presos políticos muertos en cautiverio: Nadis Orozco, vinculada al asesinato de Robert Serra y Rodolfo González, quien se suicidó en su celda luego que fuese señalado de terrorista por el propio Maduro en cadena nacional.

“Este no es el primero ni será el último preso que muera en prisión, el deceso de Carlos García trascendió porque era una figura pública, un concejal perteneciente a un partido político, pero esto es algo que pasa a diario con reos comunes”, manifestó el abogado, profesor universitario y defensor de derechos humanos, Joel García.

“En la zona 7 de Petare, mejor conocida como el ‘Inframundo’ ya han muerto cuatro por inanición y esto constituye una violación flagrante al derecho fundamental del reo”, agregó.

Romero informó esta semana que 45 presos políticos de los más de 600 que contabiliza el Foro Penal actualmente requieren atención médica inmediata.

“Lo ideal es que cuando un preso esté enfermo el juez que lleva la causa lo envíe a un centro asistencial o a su casa, sucede que a veces el juez otorga una medida cautelar y los funcionarios de seguridad no liberan al detenido”, apuntó García.

“A este señor lo detienen y se lo entregan muerto a la familia, en Venezuela no existen derechos humanos, es una gran hipocresía”, indicó Prado.

La reacción de TSJ

Posterior al deceso del concejal García, el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado donde exámenes habrían determinado que este padecía una inmunodeficiencia vinculada al virus del Sida. Alegan además que en el expediente no se hace constar de la patología y que posiblemente el concejal desconocía su condición.

“La declaración del TSJ fue bastante infeliz”, subrayó García. “Cuando una persona llega al Sebin es sometido a un examen medico, si lo que dice el TSJ hubiese sido así, eso debe de reposar en un acta”, añadió.

“La ley establece que antes de ingresar a cualquier recinto penitenciario, el reo debe someterse a un exhaustivo chequeo médico”, aclaró Prado.

El director de la ONG sostuvo que el preso no es responsabilidad exclusiva de una sola entidad del Estado, es potestad de un compendio de organismos velar por el bienestar del individuo privado de libertad.

“Cuando a una persona la detienen hay varias instituciones que entran en acción, el Ministerio para el Servicio Penitenciario funge de carcelero, el Ministerio Público tiene fiscales en el proceso y fiscales de derechos fundamentales, asimismo tenemos a una Defensoría del Pueblo que tiene a un Defensor en materia penitenciaria”.

El profesor García advierte además que el tratamiento de un preso político es distinto a uno común.

“Tienen un custodio permanente, están bajo vigilancia constante, dependiendo del partido político el tratamiento puede ser mejor o peor”.

“Por supuesto que hay diferencias en el tratamiento del llamado preso político y el preso social”, completó Prado.

“En Venezuela las penas se están manejando con un tinte político, hay ensañamientos contra personas por su tendencia o ideología», argumentó García.

«Se está manejando lo que los abogados llamamos Derecho Penal del Enemigo, que quiere decir ‘yo te persigo por quien eres’. Se está aplicando la Pena del Banquillo, una pena anticipada”, expuso el especialista en materia judicial.

“Aunado a ello el retraso procesal es evidente, los tribunales no dan despacho, la Fiscalía no imputó delito alguno a varios de los muchachos que agarraron en las protestas y aún así siguen detenidos”, prosiguió el profesional del derecho.

Según García esta práctica es una especie de plan siniestro del madurismo.

“El gobierno ve al estudiante como a un enemigo, porque es un ser pensante que le hace oposición, en cambio otorga zonas de paz en sectores como la Cota 905 porque ve en los malandros a aliados”.

Cárceles: cultivos de enfermedades 

Humberto Prado asegura que cada día es más frecuente presenciar muertes en recintos penitenciarios por enfermedades contraídas dentro de los mismos.

“La ley dice que son 96 horas las que tiene que estar un detenido en un calabozo o centro preventivo antes de ser remitido a un internado o una cárcel común, hoy en día eso no se cumple, los calabozos está atestados, hay hacinamiento y enfermedades. Las policías estadales no tienen presupuesto para alimentar a una población penitenciaria que excede el limite y tampoco para suministrar medicinas”.

El director del OVP dijo que enfermedades como la escabiosis o “sarna” como se le conoce popularmente, son comunes en las prisiones.

“Ni siquiera hay agua potable, a los de la UPEL de Maracay, les dio malaria en la cárcel de El Dorado, los familiares tuvieron que salir a buscar medicinas, nada mas había un suero en el recinto”.

Romero informó que en el caso de los estudiantes de la UPEL, la Fiscalía no imputó y se solicitó el sobreseimiento porque no se encontraron evidencias para que estén presos.

“Diez de ellos están en El Dorado, 11 en la Penitenciaria 26 de julio y seis tienen arresto domiciliario”.

“El derecho a la vida en Venezuela no está garantizado. El hecho es que hoy en día no se cumplen las condiciones mínimas sanitarias para un detenido, no hay una infraestructura carcelaria adecuada para atender a un paciente, ni siquiera podemos hablar de servicio odontológico”, esbozó García.

Ante la escasez de justicia en Venezuela, defensores de derechos humanos, abogados y especialistas en materia judicial se han abocado a exponer las penurias del preso político y ciudadano común fuera de las fronteras.

“Hemos solicitado una investigación a nivel interno y a través de la Comisión contra la Tortura en la ONU por el caso de Carlos García”, confesó Prado.

“El mismo Alto Comisionado de los DDHH en la ONU dice que en Venezuela hay una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos”, manifestó García. “Ya en la ONU reconocieron que hay desapariciones forzosas en el país”, añadió Alfredo Romero.

“Tenemos que seguir agotando el derecho interno e insistir en el plano internacional. No dudo que la justicia vaya a llegar en algún momento y las víctimas puedan ser recompensadas de alguna forma”, apuntó García.

“El asunto es que Carlos García debería estar vivo”, dijo Prado. “Ese señor estuvo detenido en un calabozo y empezó a presentar una patología, cuando lo llevaron a un centro asistencial ya era tarde. El Estado tiene que asumir su responsabilidad, porque la pena de muerte está erradicada en nuestro código penal”.

El Foro Penal informó que la vida de otros presos políticos también corren riesgo. “Tal es el caso de Efraín Ortega, quien tiene trombosis en ambas piernas, es un caso grave, sufre cólicos nefríticos y está en el Rodeo II, va para 3 años preso”, informó Romero.

“Ortega no ha tenido oportunidad para defenderse porque su juicio no ha empezado. Un caso similar es el de Marcelo Crovato”.

“María Alejandra Figueroa presenta ruptura de un quiste ovárico y sangrado por la nariz, José Luis Santamaría se encuentra en un estado delicado de salud y no hay que olvidar a José Saldivia, Kevin Rojas, Enyer Matute y Alex González que tienen paludismo adquirido en la cárcel. Esta gente está siendo torturada por el Estado, después no vayan a decir los jueces que esa no es su responsabilidad ”

“¿Dónde está la Defensoría del Pueblo, los jueces de ejecución en todos estos casos?” se pregunta Humberto Prado.

“Los tribunales ni siquiera dan audiencia, la ley dice que sin un preso pasa dos años en la cárcel sin audiencia debe salir en libertad”, argumentó Romero.

“La misión del Estado es evitar un desenlace fatal, han incumplido con el mandato que les encomendó el pueblo de velar por la vida de cada uno de nosotros”, enfatizó García.

“A esas personas que están en el poder actualmente, no se les aisló ni se les torturó cuando estuvieron presas por dar un Golpe de Estado”, puntualizó Romero.

Maduro: Trump hoy me amenazó de muerte y debe saber que este presidente seguirá mandando

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este martes 19 de septiembre que Donald Trump lo amenazó de muerte durante su discurso en la sesión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y manifestó que pese a ello él «seguirá mandando».

“El discurso de Trump era una ‘colcha de retazos’ escrito por sus asesores sobre todos los temas, cuando dijo la ‘dictadura socialista de Maduro’, es un error. Claro que estamos haciendo socialismo. Jamás podrá haber una dictadura socialista, porque donde hay socialismo hay élites. El socialismo es el poder del pueblo. Mr Trump, abramos un debate del socialismo a nivel mundial, hoy me siento orgulloso de ser socialista. Me siento feliz de ser un presidente democrático. ¿Quiénes hablar de dictadura en Venezuela?, Julio Borges y sus aliados, porque desde los EE UU han preparado un ataque. Hacen lo que sea pata justificar golpes de Estado, para justificar matar al presidente de la República, y decir que lo mataron porque era un dictador. Le digo a Trump, que si un día me hicieran algo, se arrepentirán 100 años porque este pueblo se levantaría a luchar. Donald Trump hoy ha amenazado al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y debe saber que este presidente seguirá mandando. Nada, ni nadie podrá con nosotros”, expresó. (Panorama)

Delcy Rodríguez arremetió contra Santos y Trump

Delcy Rodríguez, presidenta de la fraudulenta asamblea nacional constituyente (ANC), señaló que Juan Manuel Santos, jefe de Estado de Colombia, es un mandatario “débil”. Además, criticó el método de elección presidencial en los Estados Unidos (EE UU).

“Vemos que son gobiernos con presidentes débiles, como es el caso del presidente de Colombia, que gobierna en uno de los países que producen más cocaína”, agregó este martes la dirigente oficialista.

El pronunciamiento de Rodríguez se realiza después de que ambas mandatarios destacaran el carácter autoritario que tiene el gobierno de Nicolás Maduro, en vísperas de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La ex canciller cuestionó la forma en la que los estadounidenses eligen a sus jefes de Estado, al considerar que no responden «a la voluntad popular».

“Así como decimos que no estamos de acuerdo con el modelo de elección de los EE UU, también lo respetamos”, añadió sobre el caso de Trump.

Rodríguez aseguró que los dirigentes de la oposición venezolana le “rogaron “ a los “jefes imperiales” para que se establecieran bloqueos contra  el Ejecutivo venezolano. (El Nacional)

AN investigará fallecimiento del concejal Carlos Andrés García

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) Adriana Pichardo, aseguró este martes que en la actualidad son muchos los casos de presos políticos que no tienen asistencia médica y que ese fue el motivo por el cual falleció el concejal Carlos Andrés García.

“Tenía nueve meses detenido, con medida cautelar, pero solo cuando su estado era gravísimo lo dejaron salir. Un traslado que nunca se dio hasta que se complicó”, señaló Pichardo durante la sesión ordinaria del Parlamento.

Pichardo compartió con los parlamentarios el informe presentado el 30 de agosto por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cual se titula: “Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1° de abril al 31 de julio de 2017″. (El Universal)

Ministro Lobo: Plan 50 no contempla la inclusión de servicios

El Gobierno sigue afinando con productores y empresarios la lista de productos del denominado Plan 50, que explora las estructuras de costos de las empresas para determinar precios y su evolución.

Frente a este proceso el vicepresidente para el Área Económica, Ramón Lobo, señaló que en la primera de cambio esta iniciativa no contempla la inclusión de servicios y se concentrará en productos de consumo masivo.

La idea que manejan es concentrarse en rubros medulares que solventen necesidades vitales de la población y que incidan en la inflación que afecta a los sectores populares.

En ese contexto, el alto funcionario señaló que hay especuladores que atentan contra el desenvolvimiento de la economía e introducen distorsiones en la conformación de los precios al consumidor.

Desde el equipo económico del Ejecutivo se ha señalado que la evolución acelerada de los precios al consumidor es parte de una estrategia para desestabilizar el gobierno del presidente Maduro, generando una “inflación inducida” para causar caos. (El Mundo)

Senadores de EE UU piden revisar eventual toma de control de Citgo por parte de Rusia

Dos senadores estadounidenses instaron al gobierno de Donald Trump a aclarar si está revisando una potencial adquisición de Citgo, una subsidiaria de la petrolera estatal venezolana PDVSA, por parte de Rosneft de Rusia, algo que, dijeron, sería un riesgo.

El demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio preguntaron si el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS por su sigla en inglés) está investigando si la crisis política en Venezuela puede llevar a un cambio en el control de los activos petroleros de PDVSA, según una carta enviada al Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, con fecha del 18 de septiembre que vio Reuters.

«Dada la cada vez más grave situación económica y humanitaria de Venezuela, estamos seriamente preocupados por una posible adquisición por parte de Rosneft de PDVSA y de Citgo», dijo la carta. (Panorama)

Gustavo Delgado: El 70% de las estaciones de servicio del Táchira se encuentran sin combustible

El diputado al Consejo Legislativo del Táchira, Gustavo Delgado, denunció que «el 70% de las estaciones de servicio de la entidad se encuentran cerradas y sin combustible».

El parlamentario señaló que a la entidad no están arribando las gandolas de combustibles necesarias, además destacó que en algunos municipios «se quedaron sin inventario tanto de gasolina como de gasolina».

«Tienen días que no llega gasolina en los siguientes municipios: Uribante, Sucre, Pedro María Ureña, Bolívar, entre otros. Esta situación es bastante preocupante», aseguró.  (Globovisión)

Fuertes precipitaciones en las próximas 24 horas traerá el Huracán María

El desplazamiento del huracán María por el Caribe ocasionará fuertes lluvias en las próximas 24 horas en la región Oriental, centro y llanos centrales del país, informó el ministro de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol.

Las embarcaciones tendrán restricción de zarpes. “Debemos estar todos en la plena conciencia de tomar todas las medidas de previsión”, comentó Reverol en una entrevista radial en Unión Radio.

Sostuvo que el huracán María amenaza con ser más destructivo que Irma a menos de que éste dejará grandes destrozos a su paso por el caribe. Recordemos que María ha ganado fuerza con una velocidad asombrosa, al pasar de categoría 3 a 5 en pocas horas, crecimiento poco habitual y que causó una gran destrucción en Dominica, isla que quedó desbastada. (Caraota Digital)

Al menos 49 muertos en México por fuerte sismo de 7,1 grados

Al menos 49 muertos en México por fuerte sismo de 7,1 grados de este martes en el centro de México que provocó el colapso de edificaciones en la capital y estados aledaños, en el aniversario del devastador terremoto de 1985.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por su sigla en inglés) reportó una magnitud ajustada de 7,1 con epicentro en el central estado Morelos. El sismo ocurrió apenas días después de otro terremoto que dejó 98 muertos en el sur del país.

Medios locales reportaron cinco fallecidos en el central estado de Puebla, de los cuales dos habrían muerto tras colapsar una escuela en la capital de esa entidad, dijo Fernando Clemente Aguirre, funcionario de la Protección Civil estatal.

Autoridades de Protección Civil reportaron daños severos en algunos edificios en la capital del país y en los estados Puebla y Morelos, así como en carreteras aledañas. Había zonas sin electricidad y problemas de comunicaciones, según testigos y reportes de medios. (Panorama)

Macron pidió mantener el respeto a la democracia en Venezuela

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió a los representantes y mandatarios de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas, y especialmente a Venezuela, «mantener en este país el respeto de la democracia».

Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, Macron exhortó al Ejecutivo venezolano a no «ceder nada ante las tendencias dictatoriales».

«En Venezuela, la acción colectiva debe mantener en este país el respeto de la democracia, el respeto de todas las fuerzas políticas y no ceder nada ante las tendencias dictatoriales que están hoy en marcha», manifestó el Jefe de Estado francés. (Globovisión)

El fallecimiento Carlos Andrés García, concejal de Guasdualito en el estado Apure, comprueba la violación a los derechos humanos en las que está incurriendo el Gobierno, ya que esta esta ha ocurrido por la falta de atención médica.

En el caso de García se informó que sufrió un ACV y luego no recibió la atención especializada correspondiente. Jhonatan Rodríguez, presidente de la Organización StopVIH, denunció que además de haber puesto en riesgo la vida del concejal, ahora se viola el principio de confidencialidad, al señalarse una supuesta complicación con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Toxoplasmosis.

“El TSJ está violando el principio de confidencialidad porque toda persona que ha contraído VIH está protegida por la Ley de Promoción y Protección de Personas con VIH y sus Familiares, promulgada por Nicolás Maduro el 30 de diciembre de 2014. Es decir, el mismo Gobierno viola la ley que aprueba” indicó Rodríguez.

«Es indignante y deplorable que el Gobierno pretenda justificar con una enfermedad como el VIH, la muerte de una persona que le adversa. En el supuesto que hubiese tenido VIH, que por cierto no consta, porque no dejaron hacer la autopsia, según lo denunció la familia, expone al escarnio público el entorno de Carlos García y eso está tipificado en la referida ley» enfatizó Rodríguez.

Insiste que es evidente que el Gobierno está utilizando el VIH como un arma para desacreditar al adversario político, porque en realidad en Venezuela no hay antirretrovirales, y los pocos que han llegado se encuentran retenidos y no son distribuidos a las regiones. Además, el Ministro de Salud, Luis López, no ha firmado las órdenes de compra para 2018, lo que indica que la escasez seguirá prolongándose porque los fármacos demoran aproximadamente de 4 a 6 meses en llegar al país.

“No hay fármacos para infecciones oportunistas, no hay fórmulas lácteas, no hay reactivos ni para diagnóstico (ELISA) ni para control (CD4 y Carga viral), y esto significa que alrededor de 90% de las personas que toman antirretrovirales desconocen cómo va respondiendo su organismo al tratamiento lo que no garantiza mejorar su condición. Ante esto, la conclusión es que la vida de los venezolanos está en peligro y el Gobierno no está haciendo su trabajo que es garantizar el derecho a la salud, a la vida, a la alimentación, y a la atención médica” manifestó Rodríguez.

EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA emitió este lunes, 18 de septiembre, un comunicado en el que solicita a la oposición «abstenerse de emitir opiniones irresponsables con informaciones falsas» sobre la muerte del concejal de Primero Justicia en Apure, Carlos Andrés García, quien de acuerdo con su partido sufrió una accidente cerebrovascular (ACV) mientras estaba en los calabozos de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de Guasdualito, en el Alto Apure.

La máxima corte venezolana difundió la nota para «informar y aclarar afirmaciones que circulan por distintos medios» sobre el caso del dirigente político. En esta se explica que García ingresó al Hospital Central de San Cristóbal, en Táchira, el 18 de agosto de 2017 y no el pasado fin de semana, como han señalado varios diputados de Primero Justicia.

También se afirma que la patología que presentaba el concejal al momento de su hospitalización era la de «Hipertensión Arterial» y no el ACV que sufrió el 14 de septiembre en prisión y que no fue atendido a tiempo. Incluso se menciona que, tras haber sido internado en San Cristóbal el mes pasado, «fue sometido a distintos estudios médicos» que arrojaron el padecimiento de una «enfermedad infecciosa inmunodeficiente» que devino en una toxoplasmosis cerebral.

«Cabe destacar que no constan solicitudes o advertencias en el expediente judicial del referido ciudadano sobre el padecimiento de alguna enfermedad crónica o aguda, por lo que se presume que el ciudadano Carlos García desconocía de la sospecha patológica que aún se encuentra por determinar en los laboratorios del Centro Asistencial. Aún así, y ante esta situación, el Tribunal de la causa acordó una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, obedeciendo a la situación médica que presentaba dicho ciudadano», apunta la misiva, que no aclara que la orden de casa por cárcel fue desoída por el Sebin, tal como lo ha denunciado Primero Justicia.

Para el TSJ, las informaciones que se han hecho circular sobre la muerte del concejal tienen «el único objetivo de causar alarma en la población».

En el primer párrafo de la nota, además, el máximo tribunal del país escribió en mayúsculas que García supuestamente había cometido los delitos de «hurto calificado, instigación pública e incendio en grado de coautor como consecuencia de actos vandálicos y saqueos que se suscitaron en la población de Guasdualito, estado Apure, en diciembre de 2016». Lo que no dice es que estos hechos fueron motivados por la abrupta salida de circulación del billete de 100 Bs. –ordenada por Nicolás Maduro y luego revertida por él mismo – que dejó al menos dos muertos, cientos de detenidos y millonarias pérdidas a comercios en todo el país.

TOMÁS GUANIPA, SECRETARIO GENERAL de Primero Justicia (PJ), calificó de asesinato por parte del régimen de Nicolás Maduro la muerte del concejal de Guasdualito (estado Apure), Carlos Andrés García, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) mientras estaba detenido en el Sebin y  le fue negada atención médica oportuna.

El secretario general nacional del partido amarillo señaló que el dirigente Carlos Andrés García fue detenido el 16 de diciembre del año pasado luego de “ir a un hospital para acompañar a una persona que estaba herida y cuando llegaba a su casa fue secuestrado por el Sebin y le fue sembrado un paquete de billetes de 100bs que supuestamente en ese momento ya no tenía validez”.

«A sus secuestradores no les dio la gana nunca, de proveerle una atención a su salud necesaria. No hubo juicio, no hubo atención médica, y le cobraron factura por ser militante de un partido político», señaló Guanipa, en una rueda de prensa, este lunes.

En el encuentro con los medios de comunicación, los líderes de PJ rechazaron la muerte del concejal y denunciaron que los diputados Wilmer Azuaje y Gilber Caro se encuentran en grave estado de salud, similares a las condiciones en las que se encontraba el concejal antes de morir.

«En el caso de Wilmer Azuaje, todos los alimentos le caen mal. A Gilber Caro le tiran la arepa por debajo de la puerta. Lo que le pasó a Carlos Andrés, le puede suceder a cualquier otra persona. Le puede suceder a Gilber Caro», denunció Guanipa.

Aseguró que el régimen de Maduro actuó de manera perversa, al otorgarle la medida sustitutiva de casa por cárcel a García dos días antes de su muerte.

Guanipa informó que varios líderes opositores llevarán el caso a instancias nacionales e internacionales de cinco países que se ofrecieron para investigarlo.

En el caso del proceso de diálogo, con dirigentes oficialistas, indicó que la Mesa de la Unidad Democrática asignará un vocero encargado de informar todo lo referente a las reuniones que se establezcan.

ALFREDO ROMERO, ABOGADO Y DIRECTOR del Foro Penal Venezolano (FPV), denunció este lunes que la muerte de Carlos Andrés García es consecuencia de los mecanismos de tortura que se le aplican a los presos políticos.

“Caso muerte concejal Carlos Andrés García es otro caso de enfermedad y falta de atención médica como mecanismo de tortura a presos políticos”, expresó en Twitter.

El preso político era concejal de Guasdualito, estado Apure y murió por consecuencia de un ACV que le dio en agosto, estando detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ubicada en la capital de la entidad.

Primero Justicia aseguró que a García le fue negado recibir atención médica y cuando fue trasladado a un centro médico “ya no había posibilidad de hacer nada para mejorar su salud”.

#17Sep Caso muerte Concejal Carlos A García es otro caso de enfermedad y falta atención médica como mecanismo de TORTURA a #PresosPolíticos

— Alfredo Romero (@alfredoromero) September 18, 2017

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, así como dirigentes de la oposición venezolana condenaron la muerte del concejal de Apure, Carlos Andrés García.

Almagro consideró la «flagrante violación de los derechos humanos por parte del régimen de Venezuela» como causante de la muerte del preso político.

Asimismo el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges repudiaron el hecho.

García falleció poco después de las 6:00 pm en el Hospital Central de San Cristóbal, a donde fue trasladado este fin de semana. Allí cumplía el beneficio de casa por cárcel que recibió el jueves por su grave condición médica. Según varios diputados que se hicieron eco de la noticia –como Carlos Paparoni, Delsa Solórzano y Jony Rahal–, la orden no fue ejecutada de inmediato por las autoridades de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en cuyas celdas estaba recluido.

Condenamos flagrante violación de los DDHH por parte del régimen de #Venezuela causante de la muerte de Concejal Andrés García. https://t.co/uzqYr1mRSS

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) September 18, 2017

Vaya para su familia nuestro muy sentido pésame,que Dios lo tenga en su gloria!Vaya un abrazo a todos nuestros compañeros de Apure https://t.co/2V7cv2lQpj

— Henrique Capriles R. (@hcapriles) 17 de septiembre de 2017

Las reiteradas violaciones de DDHH apagaron la vida de Carlos,que Dios lo tenga en su gloria,nuestro sentido pésame a su familia. #JUSTICIA https://t.co/7BafsJrhI7

— Julio Borges (@JulioBorges) 18 de septiembre de 2017

Dictadura encarceló injustamente al Concejal Carlos García. Hoy falleció a causa de un ACV, el #RegimenAsesino le negó atención médica!

— Juan Andrés Mejía (@JuanAndresMejia) 18 de septiembre de 2017

Que el mundo se entere como se violan los DDHH. Concejal Carlos García, preso político, murió tras días sin atención médica. #RegimenAsesino

— Daniel Antequera (@danielantequera) 18 de septiembre de 2017