EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA emitió este lunes, 18 de septiembre, un comunicado en el que solicita a la oposición «abstenerse de emitir opiniones irresponsables con informaciones falsas» sobre la muerte del concejal de Primero Justicia en Apure, Carlos Andrés García, quien de acuerdo con su partido sufrió una accidente cerebrovascular (ACV) mientras estaba en los calabozos de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de Guasdualito, en el Alto Apure.
La máxima corte venezolana difundió la nota para «informar y aclarar afirmaciones que circulan por distintos medios» sobre el caso del dirigente político. En esta se explica que García ingresó al Hospital Central de San Cristóbal, en Táchira, el 18 de agosto de 2017 y no el pasado fin de semana, como han señalado varios diputados de Primero Justicia.
También se afirma que la patología que presentaba el concejal al momento de su hospitalización era la de «Hipertensión Arterial» y no el ACV que sufrió el 14 de septiembre en prisión y que no fue atendido a tiempo. Incluso se menciona que, tras haber sido internado en San Cristóbal el mes pasado, «fue sometido a distintos estudios médicos» que arrojaron el padecimiento de una «enfermedad infecciosa inmunodeficiente» que devino en una toxoplasmosis cerebral.
«Cabe destacar que no constan solicitudes o advertencias en el expediente judicial del referido ciudadano sobre el padecimiento de alguna enfermedad crónica o aguda, por lo que se presume que el ciudadano Carlos García desconocía de la sospecha patológica que aún se encuentra por determinar en los laboratorios del Centro Asistencial. Aún así, y ante esta situación, el Tribunal de la causa acordó una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, obedeciendo a la situación médica que presentaba dicho ciudadano», apunta la misiva, que no aclara que la orden de casa por cárcel fue desoída por el Sebin, tal como lo ha denunciado Primero Justicia.
Para el TSJ, las informaciones que se han hecho circular sobre la muerte del concejal tienen «el único objetivo de causar alarma en la población».
En el primer párrafo de la nota, además, el máximo tribunal del país escribió en mayúsculas que García supuestamente había cometido los delitos de «hurto calificado, instigación pública e incendio en grado de coautor como consecuencia de actos vandálicos y saqueos que se suscitaron en la población de Guasdualito, estado Apure, en diciembre de 2016». Lo que no dice es que estos hechos fueron motivados por la abrupta salida de circulación del billete de 100 Bs. –ordenada por Nicolás Maduro y luego revertida por él mismo – que dejó al menos dos muertos, cientos de detenidos y millonarias pérdidas a comercios en todo el país.
