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Acosta Arévalo

Allanaron residencia de los suegros del capitán Acosta Arévalo

Funcionarios del Estado allanaron este jueves, 11 de julio, la residencia de los suegros del capitán de fragata Rafael Acosta Arévalo, quien falleció el 29 de junio bajo la custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), luego de que fue torturado, presuntamente, por oficiales de este cuerpo de seguridad.

La información fue difundida a través de Twitter por el abogado Alonso Medina Roa, quien señaló que la residencia de los suegros de Acosta Arévalo está ubicada en Maracay, estado Aragua.

Waleska de Acosta, esposa del Capitán, informó al abogado que la comisión se presentó en la casa de sus padres ya se retiraron.

Rafael Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio por funcionarios de la Dgcim y fue trasladado a la sede de los tribunales militares, en Fuerte Tiuna, el 28 de junio. El capitán llegó en silla de ruedas sin poder mover las manos ni las piernas, con los ojos desorbitados y pidiendo auxilio, denunciaron los familiares y el abogado Alonso Medina Roa.

El capitán fue trasladado al Hospital Militar Vicente Salias, en Fuerte Tiuna, donde murió el sábado 29 de junio en la madrugada.

La familia de Acosta Arévalo recibiría este miércoles en la mañana el cuerpo del capitán de fragata, después de que pasó 12 días en la morgue de Bello Monte. Sin embargo, fueron los mismos funcionarios del régimen quienes lo inhumaron el miércoles en el Cementerio del Este, parcela número 12, en contra del deseo de sus parientes, que querían sepultarlo en el estado Aragua.

“Los familiares de Acosta Arévalo recibieron una llamada este miércoles en la mañana para hacerles la entrega del cuerpo. Al llegar al lugar se hizo el reconocimiento del cadáver. Luego, recibieron una notificación del tribunal en la que se estableció la inhumación controlada. La familia quería velarlo y sepultarlo en Maracay”, detalló el jurista Alonso Medina Roa.

Ministro español convoca a embajador de Maduro para transmitirle rechazo por muerte de Acosta

El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, convocó al embajador de Nicolás Maduro en ese país para transmitirle por parte del Gobierno español de Pedro Sánchez, su rechazo por la muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, debido a los malos tratos que le habrían sido infligidos mientras se encontraba bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y que habrían tenido  lugar desde el momento de su detención hasta su comparecencia ante los Tribunales de Justicia.

”El ministro ha trasladado al embajador la demanda del Gobierno de España de que las circunstancias del fallecimiento del Capitán sean objeto de una investigación independiente, expedita y rigurosa y de que todos los eventuales responsables de su muerte, sin exclusión, sean sometidos a la actuación de la justicia”, reza el comunicado del Ministerio de Exteriores de España.

Igualmente, Josep Borrell se ha interesado por el estado de salud del resto de los detenidos en la Dgcim, en el marco del operativo en el que fue detenido el capitán Rafael Acosta Arévalo 21 de junio, por estar supuestamente involucrado en el alzamiento militar contra Nicolás Maduro el 30 de abril de este 2019. 

El Ministro recordó al representante de Maduro en España que ”aún no se ha dado respuesta adecuada a la solicitud análoga que le formuló”, cuando le convocó en octubre de 2018 a raíz de la muerte del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán.

Es importante resaltar, que el fallecimiento de Albán también se produjo bajo custodia, en este caso del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), al precipitarse por una ventana en extrañas circunstancias. 

”El embajador de Venezuela ha informado al ministro de la detención preventiva de dos funcionarios adscritos a la Dgcim como presuntos responsables de la muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta. Asimismo se ha comprometido a suministrar próximamente información en relación al caso del concejal Fernando Albán”, asegura Borrell en el comunicado dirigido al diplomático de Maduro.  

Finalmente, el ministro le recordó al embajador de Maduro, la profunda preocupación del Gobierno de España por la situación de los derechos humanos en Venezuela, y que ellos siempre han reclamado la liberación de todos los presos políticos, el respeto al debido proceso, y a los derechos e integridad de todas las personas privadas de libertad.

Acceso a la Justicia: Caso del capitán Acosta Arévalo es un patrón de conducta en órganos del Estado

EL DIRECTOR DE LA ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, confesó este lunes estar consternado por el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, aunque no sorprendido por ser un patrón en órganos del Estado.

“Lamentablemente estoy consternado como toda la sociedad venezolana, pero no estoy sorprendido, porque lamentablemente existe un patrón de este tipo de conductas por parte de órganos del Estado y en efecto, me remito, al estudio que ha hecho Provea al respecto, donde contabilizó entre el año 2013 y el año 2018, 488 casos de tortura, de modo que no se trata de situaciones aisladas o de funcionarios que se exceden en sus competencias, o acciones individuales, 488 casos de tortura no ocurren por accidente ni por culpa de un funcionario que se excede en sus funciones, esto es una cosa gravísima que nos debe llamar a la reflexión”, aseveró Daniels al programa Sin Duda de Unión Radio.

El también abogado agregó que “un Ministerio Público que solo actúa luego de que el señor Maduro se pronuncia, o peor aún, un Defensor del Pueblo que ni siquiera ha abierto la boca hasta este momento, nos dice en qué situación calamitosa se encuentran las instituciones públicas en Venezuela, frente a un caso tan grave, están tomando unas acciones que no son precisamente las que estarían dirigidas por un mecanismo imparcial de investigación”.

“En este caso habría que aplicar los parámetros que establece el llamado Protocolo de Minnesota, que es un documento del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que establece parámetros muy objetivos de lo que debe ser un investigación, cuando muere una persona que estaba bajo organismos del Estado, recordemos que el tema de la tortura es muy delicado. El Protocolo de Minnesota en realidad es un manual de instrucciones que establece unas guías de acción para los casos en los que personas mueran, o sean torturadas, o haya sospecha de tortura bajo la custodia de funcionarios del Estado, es un documento emanado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU desde el año 1999, donde se establece que debe hacerse para aclarar todo. Es un documento no vinculante, pero Naciones Unidas solicita que se aplique aunque no tiene carácter de tratado internacional”, detalló.

Alta Comisionada de la ONU expresa su preocupación por asesinato del Capitán Rafael Acosta Arévalo

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet expresó estar consternada por el asesinato del Capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo cuando se encontraba detenido en la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

A través de un comunicado señaló que es imperativo que las autoridades venezolanas lleven a cabo una “investigación rápida, exhaustiva, eficaz, independiente, imparcial y transparente de su muerte”.

Bachelet expresó estar conmocionada por la “presunta tortura” del Capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al “que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte. Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad”.

Aunque la Alta Comisionada ve con buenos ojos el llamado de la Fiscalía, designada por la ANC, para investigar el caso, y que haya ya dos funcionarios de la Dgcim detenidos, lamentó que las “alegaciones de tortura no hayan sido aparentemente incluidas en los cargos”.

Hizo un llamado a las autoridades venezolanas para que permitan que los otros seis militares y ex oficiales de seguridad detenidos puedan recibir visitas de sus abogados y familiares. Además de asegurarse que sean tratados con humanidad y dignidad.

Por último, Bachelet hizo un llamado para que se adopten medidas urgentes “para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”.

 

Detienen a dos funcionarios de la Dgcim por el asesinato del Capitán Acosta Arévalo

ALONSO MEDINA ROA, abogado del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo informó que dos funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) fueron detenidos luego de que este fuera asesinado por torturas el sábado, 29 de junio.

A través de su cuenta de Twitter, el abogado indicó que los funcionarios de la Dgcim serán presentados en los Tribunales en las próximas horas.

También detalló que a los supuestos autores del asesinato del Capitán se les pretende calificar del delito de homicidio, “ignorando la legislación contra la tortura”.

Acosta Arévalo falleció luego de haber sido víctima de tortura y tratos crueles. Su detención se produjo el 21 de junio pero fue el viernes 28 de junio cuando lo presentaron en los Tribunales. Llegó a la audiencia de presentación en silla de ruedas y el juez al ver su estado de salud, ordenó trasladarlo a un hospital donde falleció.

Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, explicó que “el Capitán Acosta Arévalo, muere siendo inocente, pues nunca desde su detención fue formalmente imputado por el Estado venezolano, quien violando las garantías constitucionales más elementales del debido proceso, intentó presentarlo ante el Tribunal Militar Tercero de Control, a cargo del Capitán (GNB) Maikel Amezquita Pio; 8 días después de su captura (capturado el 21 de junio y presentado el 28 de junio), en condiciones tan graves de afectación a su integridad, el Juez ordenó su inmediato traslado al centro hospitalario más cercano (El Hospitalito, a escasos metros de la propia Corte Marcial) en Fuerte Tiuna, con carácter de urgencia”.

Sobre las detenciones de los funcionarios de la Dgcim, expresó que serán imputados por homicidio para “intentar tapar el escándalo del asesinato (tras brutales torturas) del Capitán de Corbeta Acosta Arévalo”.

Luisa Ortega Díaz: Designamos un equipo que investigará asesinato del Capitán Acosta Arévalo

La Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz informó que designó a un equipo para investigar el asesinato del Capitán Rafael Acosta Arévalo, el sábado 29 de junio.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, Ortega aseguró que el militar murió producto de torturas durante su “arbitraria detención en la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas”.

La Fiscal indicó que el equipo esclarecerá el hecho y determinará la responsabilidad de los autores e imponer las sanciones que correspondan.

Igualmente hizo un llamado al Secretario General de la ONU, a que se pronuncie de manera urgente, “sobre las violaciones a los Derechos Humanos que vienen ocurriendo en Venezuela, especialmente a la muerte de este joven militar, considerando que esta práctica en la actualidad constituye una política de Estado del régimen de Nicolás Maduro”.

Ortega Díaz también solicitará a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, que active medidas cautelares contra Nicolás Maduro “considerando que existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de la competencia de la corte”.

¿Acaso un segundo Albán? ¿Torturas en Dgcim provocaron la muerte al C.C. Acosta Arévalo? por Nelson Bocaranda

EL CAPITÁN DE CORBETA RAFAEL ACOSTA ARÉVALO  fue trasladado a la sede del tribunal militar ayer viernes 28 de junio por una comisión del DGCIM, para realizar su audiencia de presentación.  

Al llegar se encontraba en una silla de ruedas con grandes rasgos de torturas. En la entrevista que con él tenían sus abogados los funcionarios del DGCIM no dejaron que la misma fuera privada.

Ya el Capitán presentaba incapacidad motora, no podía mover las manos, ni los pies. Observaron muchas excoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, los pies estaban extremadamente inflamados y las uñas con rastros de sangre y lesiones por golpes en el torso. El oficial detenido desde el día 21 de junio no recordaba casi nada del tiempo que estuvo apresado y tenía profunda imposibilidad para hablar. Sus únicas palabras solo fueron aceptar el nombramiento del defensor diciendo “sí” y decirle a su abogado  “auxilio” y “ayúdame a pararme, yo puedo, yo sé que puedo” ante la imposibilidad de levantarse por si solo a causa de los dolores por los traumatismos que tenía en piernas, espalda, brazos y cabeza.

Luego de la entrevista el juez, al ver su estado físico, ordenó que el Capitán Acosta Arévalo fuera llevado al “Hospitalito” en Fuerte Tiuna ya que en ese estado no podían hacerle la audiencia de presentación. Por esta razón fue trasladado y pospuesta la audiencia para él mientras que los demás detenidos si pudieron tenerla. Un testigo de la parte defensora pudo observar que todos ellos también presentaban rasgos de tortura.

Luego que regresaran al tribunal el día de hoy 29 de junio para firmar la designación de defensor y siendo las 12 del medio día, el juez de la causa comunicó que el ciudadano Rafael Acosta Arévalo había fallecido en la noche anterior en el Hospitalito, y que no tenía más información.

En el expediente consta un acta policial del DGCIM de fecha 26 de junio, número DEIPC-AP-431/2019, en donde relatan la detención del capitán. En la misma se dice que los funcionarios sorprendieron al capitán en una parada de autobús de la autopista Guarenas-Guatire y que él emprendió la huida cayendo por un barranco. Los funcionarios solicitaron a dos testigos de nombres Gustavo José Salas y Reiner Alberto que los acompañarán para que fueran testigo de la detención. Les expresaron que al capitán lo venían siguiendo hasta efectuar la captura, que le solicitaron la cédula y él la entregó. A su vez le decomisaron un teléfono marca Samsung y dos objetos de metal con claves azul y rojo. Procedieron a trasladarlo a una sede del DGCIM en donde firmó el acta policial.

Esto último es lo que dice en pocas palabras dicha acta. Es allí donde queda evidenciado que tenía capacidades motoras para el momento de su detención, mismas capacidades que no tuvo para el momento de su presentación ante el juez.

Todos los defensores que han asistido a detenidos en la Dirección de Contra Inteligencia Militar en los últimos meses han podido apreciar que sus defendidos han presentado diversos tipos de tortura que van desde el confinamiento en cubículos de 2×2 metros en solitario, desnudos, sin poder salir a un baño y con luz fuerte unos y en total oscuridad otros. Muchos han sido golpeados con libros o con instrumentos contundentes forrados en goma espuma para no dejar huellas. Con este caso vuelve a la palestra pública el recuerdo del Concejal Fernando Albán “muerto” en la sede la Sebin.

Su esposa Waleska Pérez contó a la periodista Carla Angola cuándo fue la última vez que tuvo contacto con el Capitán de Corbeta. “El día 21 de junio estuve en contacto con él y desde la una y pico no pude saber más nada de él y lo denuncié ante los medios de comunicación. Me informaron que funcionarios del Sebin y Dgcim se lo llevaron. El miércoles salió la rueda de prensa donde dijeron que era un terrorista. En sus años de carrera nunca tuvo ningún problema. Ayer (viernes 28 de junio) lo presentaron en tribunales y  estaba muy golpeado, en silla de ruedas. Lo torturaron tanto que lo mataron”, expuso,

“Ya sabía que lo estaban torturando. Ayer la juez lo vio en su estado crítico, lo llevaron al hospitalito en Fuerte Tiuna donde falleció, lo asesinaron. A él le dieron tantos golpes en la cabeza y diversas partes del cuerpo. Eso hizo que no pudiera resistir las torturas y perdiera la vida”, agregó. La señora Pérez dijo que la versión que dijeron las autoridades de Maduro de que su esposo se “había tirado” por un barranco era falsa.

Provea: La tortura es un patrón represivo y política de Estado en Venezuela

La organización no gubernamental Provea alerta que la tortura y las desapariciones forzadas son prácticas cada vez más comunes en Venezuela. Demostrado ahora con el asesinato del Capitán de Corbeta, Rafael Acosta Arévalo, cuando se encontraba bajo la custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En un comunicado aseguraron que de los 100 casos de tortura registrados durante 2018, 7.5 fueron cometidos por agente de la Dgcim. “Fue por lo tanto el organismo que más torturó en 2018 y desde 2017 se vienen incrementado las denuncias contra ese organismo policial tanto por prácticas de tortura como por desaparición forzada de personas”.

También los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas tiene registro de que los casos más graves se produjeron  en los locales del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dgcim en Caracas y en los destacamentos y otras instalaciones de la Guardia Nacional “lo que también sugiere la existencia de un patrón de comportamiento de estas fuerzas”. 

Provea critica, en el caso del Capitán Acosta Arévalo, que el régimen de Nicolás Maduro emitiera un comunicado “dirigido esencialmente a deshumanizar a la víctima, enmarcando los hechos en un contexto de “enemigos de la Constitución y la paz” y diciendo que la víctima estaba imputada “por graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración”.

Otro aspecto que resalta la ONG es el silencio de la Defensoría del Pueblo, designado por la ANC, “¿Podría esa omisión recurrente y sistemática, de una institución con un deber constitucional de proteger, llegar a ser considerada en el futuro como una omisión dolosa por parte de la Corte Penal Internacional?”, se preguntan.

Sobre el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, constaron que solo se pronunció luego de que Nicolás Maduro diera la orden de investigar. “Pese a que de oficio podía iniciar las investigaciones solo actuó cuando su jefe le dio la orden demostrándose la manera como el Ministerio Público fue convertido en un instrumento al servicio de quienes detentan de hecho el poder y no al servicio de los derechos de la población, la verdad y la justicia”.

Es por esto que Provea considera que ni la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía General son instituciones confiables para adelantar investigaciones sobre el asesinato de Acosta Arévalo. Exhortan al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a crear una Comisión Internacional integrada por expertos independientes que investigue “las graves las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela y como actividad inmediata el asesinato del Capitán Rafael Acosta”.