EL DIRECTOR DE LA ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, confesó este lunes estar consternado por el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo, aunque no sorprendido por ser un patrón en órganos del Estado.
“Lamentablemente estoy consternado como toda la sociedad venezolana, pero no estoy sorprendido, porque lamentablemente existe un patrón de este tipo de conductas por parte de órganos del Estado y en efecto, me remito, al estudio que ha hecho Provea al respecto, donde contabilizó entre el año 2013 y el año 2018, 488 casos de tortura, de modo que no se trata de situaciones aisladas o de funcionarios que se exceden en sus competencias, o acciones individuales, 488 casos de tortura no ocurren por accidente ni por culpa de un funcionario que se excede en sus funciones, esto es una cosa gravísima que nos debe llamar a la reflexión”, aseveró Daniels al programa Sin Duda de Unión Radio.
El también abogado agregó que “un Ministerio Público que solo actúa luego de que el señor Maduro se pronuncia, o peor aún, un Defensor del Pueblo que ni siquiera ha abierto la boca hasta este momento, nos dice en qué situación calamitosa se encuentran las instituciones públicas en Venezuela, frente a un caso tan grave, están tomando unas acciones que no son precisamente las que estarían dirigidas por un mecanismo imparcial de investigación”.
“En este caso habría que aplicar los parámetros que establece el llamado Protocolo de Minnesota, que es un documento del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que establece parámetros muy objetivos de lo que debe ser un investigación, cuando muere una persona que estaba bajo organismos del Estado, recordemos que el tema de la tortura es muy delicado. El Protocolo de Minnesota en realidad es un manual de instrucciones que establece unas guías de acción para los casos en los que personas mueran, o sean torturadas, o haya sospecha de tortura bajo la custodia de funcionarios del Estado, es un documento emanado de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU desde el año 1999, donde se establece que debe hacerse para aclarar todo. Es un documento no vinculante, pero Naciones Unidas solicita que se aplique aunque no tiene carácter de tratado internacional”, detalló.
