Uno de los primeros detenidos por los hechos ocurridos en febrero de 2014 fue Christian René Holdack Hernández; quien este martes, luego de un año y 33 días preso salió en libertad tras recibir medidas cautelares dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
La información fue dada a conocer a través de las redes sociales, donde se destacó hace varios días que Holdack había iniciado una huelga de hambre para llamar la atención debido al pésimo estado de salud que presenta.
Según la decisión de la sala, Holdack deberá presentarse cada 8 días en días ante la Oficina de presentaciones de imputados del Palacio de Justicia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; y además tiene prohibido salir del país sin autorización del tribunal.
El abogado Nizar El Fakin a través de su cuenta en Twitter, @nizarUCAB anunció la salida de Holdack; quien fue recibido por su esposa Aurora Armesto y por su ex compañeros de celdas, quienes se acercaron a recibirlo en libertad.
A un año de las manifestaciones de febrero de 2014, como víctima exige justicia desde La Isabelica, Valencia, en el mismo lugar donde fue brutalmente agredida por agentes de la Guardia del Pueblo. Alerta sobre la criminalización de la protesta en Venezuela
MARVINIA JIMÉNEZ YA NO SE ESTREMECE cuando pasa por el lugar donde fue insultada, golpeada, arrastrada y detenida por agentes de la Guardia del Pueblo el lunes 24 de febrero de 2014. Un año después, en la populosa urbanización La Isabelica, al sur de Valencia, encandila el mismo sol de aquel mediodía en que un uniformado le apuntó a la cabeza con una pistola, exigiéndole que le entregara su celular. Con el pequeño dispositivo, la mujer había fotografiado a militares y manifestantes que se enfrentaban ese día desde temprano en las protestas, en la vía principal de su vecindario convertido en un campo de guerra.
Ya no la descompone igual, pero siempre va a ser un mal recuerdo. “Me toca pasar todos los días por aquí, al igual que mi hijo cuando va para el colegio”, afirma la costurera valenciana de 34 años, cuya brutal agresión por parte de funcionarios de la Guardia del Pueblo fue documentada al detalle con fotografías y videos de profesionales y amateurs que dieron la vuelta al mundo, durante las manifestaciones que estallaron en Venezuela en febrero de 2014.
En una de las fotografías que captaron la secuencia de la agresión, se observa a Jiménez desafiando a un Guardia del Pueblo que empuña una pistola. Vecinos y manifestantes huyen hacia el lado contrario menos ella, que se mantiene en actitud desafiante frente al uniformado. Le pregunta por qué utiliza armas en una protesta si están prohibidas por la Constitución. Tanto los cuadros siguientes como el video aficionado muestran cuando es neutralizada por varios agentes, y luego cómo otra mujer de mayor tamaño y uniformada de verde militar y chaleco vinotinto la somete en horcajadas contra el suelo mientras la golpea dos veces con su casco, sonriendo.
“Si no lo hubiesen filmado y fotografiado, quizás me hubiese sido peor”, sostiene Marvinia.
Un año después, mantiene intacta su determinación a exigir justicia. Desde la avenida Henry Ford, la principal de La Isabelica, revisita el desproporcional maltrato de los militares del cual fue víctima. La contundencia de las pruebas gráficas y heridas físicas no la libraron de que la Fiscalía 28 le imputase cinco delitos: instigación pública, obstaculización de la vía pública, lesiones personales, resistencia a la autoridad y daño a la propiedad privada. Tiene régimen de presentación, prohibición de salida del país y de participar en manifestaciones.
Aparte de esas imputaciones, el Cicpc le levantó un expediente por hurto a la sede de la Cantv en La Isabelica. A esta mujer de 43 kilos y poco más de metro y medio de altura, se le acusa de haber robado un extintor de incendio, una TV plasma de 42 pulgadas, un filtro de agua y un microondas. Con todos estos objetos presuntamente la detuvieron en flagrancia, según reza el documento.
“Mi expediente está lleno de vicios: nada concuerda entre lo escrito, los videos, las fotografías y el testimonio de testigos. Nada coincide”, describe. Hace ya tiempo que venció el lapso legal de ocho meses para que haya algún pronunciamiento sobre su caso, bien sea para un sobreseimiento, archivo o lleven a juicio. “No lo deciden porque de una u otra forma quedarían en evidencia de que soy inocente y que ellos violaron mis derechos. Tienen el juego trancado pero igual están violentando el debido proceso”.
Al estar bajo régimen de presentación, está obligada a presentarse los tres primeros días de cada mes ante el Palacio de Justicia de Valencia. Por ser mujer, no tiene que hacer cola para firmar el libro de actas, pero no por ello su situación es mejor. Si se salta tan sólo una vez, cualquier fuerza de seguridad podría detenerla y llevarla presa. “Ya tengo antecedentes penales”, recuerda.
Video: Entrevista de Runrun.es a Marvinia Jiménez en La Isabelica, Valencia
Agresores uniformados
La agresora más visible está identificada: es la sargento segunda Josneidy Nayarit Castillo Mendoza, quien tiene orden de aprehensión desde el 2 de marzo de 2014. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado e incluso se le ha visto en restaurantes junto a otros uniformados de la GNB y paseando en sitios turísticos como la Colonia Tovar, tal como se ha denunciado a través de redes sociales. La organización Foro Penal, que asiste jurídicamente a Marvinia desde el comienzo, ha confirmado que la victimaria está libre.
Marvinia solicitó a la Guardia Nacional el estatus de la funcionaria, si está de reposo, pidió la baja o la mandaron a la frontera, pero desde hace 7 meses no obtiene respuesta. “Hay complicidad”, asegura. También ha solicitado que se investigue a dos funcionarios por posible encubrimiento: coronel de destacamento Aquiles Rojas Patiño y coronel Arquímedes Herrera Ruso, jefe de seguridad ciudadana de Carabobo que comandó las acciones del 24 de febrero de 2014. También ha pedido reunión con el comandante de la Guardia del Pueblo, Sergio Rivero Montero.
Aparte, está demandando a seis funcionarios por levantamiento de actas forjadas. “Cuando se demuestre que soy inocente, vendrán en galope demandas de otras víctimas de las detenciones arbitrarias en Carabobo contra los mismos agentes. Considera que su caso no avanza “porque hay demasiados chivos pesados. Saben que a la hora de poner a derecho a la agresora podrían rodar muchas cabezas. Pero la violación a los DDHH no prescribe”.
Quien sí recibió a Marvinia el pasado 8 de enero fue el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien le aseguró que habría «una pronta respuesta» y que esperaba que la funcionaria, con orden de aprehensión por parte del Ministerio Público, sea presentada.
Vecinos solidarios
Todos reconocen a Marvinia en La Isabelica, una de las zonas con mayor número de víctimas durante las protestas de 2014. Su caso despierta solidaridad, especialmente entre los que fueron testigos directos de la agresión. “Pronto llegará la justicia”, aseguran después de relatar que no pudieron salir a ayudarla mientras los guardias la golpeaban salvajemente, ya que disparaban con armas de fuego, que no perdigones, contra las casas y bloques. Las persistentes huellas de tiros en rejas, santamarías y ventanas confirman el uso de estas armas proscritas constitucionalmente en manifestaciones, al menos hasta la polémica resolución 008610, promulgada en enero pasado por el Ministerio de la Defensa.
La vida de la costurera ciertamente ha cambiado, pero lo que más le trastoca es lo que puede afectarle a su hijo de 7 años. “Antes salíamos de paseo, nos íbamos de excursión fuera de Valencia. Aunque viajo mucho por el activismo de DDHH, desde hace un año no tomamos vacaciones juntos. Ha llegado llorando del colegio porque algunos compañeros le dijeron que su mamá era una guarimbera y que nos iban a meter presos a los dos. Otras más bien le decían que soy una heroína, que sus papás me admiran y que lucho por la libertad de todos. Son detalles que parecen tontos pero que me dolieron mucho porque hicieron sufrir a mi chamo. Eso no se le perdono a este régimen”.
A raíz de la amenazas de colectivos motorizados –que arremetieron contra ella y su casa en La Isabelica después de que los denunció por participar en las agresiones-, tuvieron que modificar su rutina. Sigue ganándose la vida confeccionando vestidos de novia, quinceañeras y primera comunión, pero desde hace un año vive en casa de un familiar. “Aunque tuve medida de protección dictada por el Ministerio Público, en realidad nunca me he sentido protegida”.
De costurera a activista de DDHH
No le hace caso a la prohibición de participar en protestas. En diciembre pasado, apoyó manifestaciones en Caracas y se encadenó en Valencia por la libertad de los presos políticos. Y asegura que no ha salido del país sólo “porque no tiene dinero”. Insiste en que se trata de derechos ciudadanos consagrados en la Constitución a los que no está dispuesta a renunciar.
Hasta el año pasado, su vida política se limitaba a votar en las elecciones por el candidato -siempre de oposición- que mejor le parecía. Cuando estallaron las protestas de febrero de 2014, marchaba todos los días con su hijo de siete años en La Isabelica.
Después de la agresión, la llamó Rosa Orozco, la mamá de la joven Geraldine Moreno, asesinada el 22 de febrero de 2014 en Valencia, por unos perdigonazos en la cara disparados por la GNB. Pese a su dolor, se solidarizó con ella insistiendo en que tenían que tener fuerzas y seguir luchando. Se convirtieron en voceras del recién creado Comité de Víctimas contra la Represión, que denuncia violaciones a los DDHH en Venezuela y orienta a otras víctimas a denunciar sus casos.
“La situación del país nos lleva a la participación política. Ninguna de las portavoces del Comité pertenecemos a algún partido. No nos importa las inclinaciones políticas sino ayudar a las víctimas de la represión y promover un cambio”, asegura.
Jiménez percibe que La Isabelica cambió después de las protestas. “Es triste. El ambiente no el mismo: muchos negocios cerraron, los graffitis de los colectivos no se han borrado, la presencia de militares es permanente. Para bien o para mal, yo también cambié. Antes llevaba una vida normal, me ganaba la vida cosiendo, pero ahora quiero contribuir a la defensa de los Derechos Humanos. No me lo busqué, nadie quiere que le pase lo que yo viví. No soy la primera ni la última víctima. Lamentablemente la represión continúa en Venezuela y eso tiene que denunciarse”.
Está convencida de que en sus manos está demostrar la vinculación entre los altos funcionarios de gobierno (sobre todo GNB y PNB) en la criminalización de la protesta. “Ahora la situación está peor. Hasta el 12F, no se registraban detenciones arbitrarias ni muertos en las manifestaciones. Incluso están modificando leyes, como el uso de las armas letales para radicalizar la situación. La única manera de cambiar el abuso del poder y violaciones de DDHH es hacer activismo”.
Fue hace un año, el Día de la Juventud. Las calles de Caracas se llenaron de jóvenes descontentos con la inseguridad y con el desabastecimiento. A su lado marchábamos sus padres, sus profesores, sus compañeros de trabajo. La Plaza Venezuela recogió la multitud procedente de distintos rincones de la ciudad. Los oradores más llamativos fueron los líderes estudiantiles. Todo fue entusiasmo y camaradería.
A primeras horas de la tarde muchos nos retiramos. Habíamos participado de una hermosa jornada en la que el reclamo por una vida mejor era eco colectivo. El compromiso de las nuevas generaciones llenaba la atmósfera de esperanzas por una lucha que no cesaría.
Al caer la tarde Bassil había sido asesinado en las inmediaciones de la Fiscalía. Los dedos acusadores señalaban a funcionarios policiales del horrendo crimen. Antes de finalizar el día, dos venezolanos más rendían sus vidas ante balas arteras.
El país salió a las calles. En el Táchira. En Mérida. En Valencia. Caracas rugía de dolor por los muertos que se multiplicaban día a día. La indignada protesta era la voz del pueblo. La represión fue la del gobierno. Detenidos, torturados, asesinados. Así se fue consumiendo Venezuela en una de sus horas negras.
Las autoridades perdieron el rumbo. La Guardia Nacional actuaba asociada a bandas criminales para sembrar el terror. La llamada Sala Constitucional convertía en delito el derecho a manifestar. Centenares de estudiantes eran secuestrados con el método del régimen de presentación. Jueces que debían administrar justicia se vestían de verdugos. Estudiantes presos. Torturadores y criminales sueltos. La impunidad enseñoreada.
Hoy, al año, resalta la indeleble marca del abuso y del atropello: decenas de familias enlutadas; 61 estudiantes presos, como si se tratase de delincuentes peligrosos; centenares con libertad precaria, sin derecho a expresarse, a asociarse, a manifestar. Ciudadanías disminuidas por el autoritarismo.
No hay buenos augurios. Autoridades acobardadas por un país que protesta la mala conducción creen guarecerse en la amenaza, en el terror. Anuncian con una repugnante resolución que dispararán a matar a quien ose protestar.
Cuando un gobierno advierte que va a violar los derechos humanos ha traspasado los límites. Han perdido el control. Son una amenaza pública.
Profesión: Fotógrafo Ejercicio: Independiente Edad: 37 años Siete años tomando fotos. Alumno del taller de fotografía Roberto Mata. Fotógrafo de calle desde el 12 de febrero de 2014
La foto la tomó el 4 de abril de 2014. El fotoperiodista Carlos Becerra fue a tantas marchas, concentraciones y protestas por esas semanas que no logra recordarlo con exactitud. Ese día, un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) estaba sobre el puente que divide Chacaíto y El Rosal. Becerra se encontraba abajo, tratando de captar su foto soñada. “Me sorprendió que los policías devolvían las piedras, no sé si se les acabaron los perdigones. Yo quería tomar esta foto de los policías con este grafitti que decía “libertad”. Los policías me vieron porque estaba cerca. Empezaron a putearme(insultarlo). Me alejaba diez pasos y seguía tomando fotos. Me lanzaban piedras muy cerca. Me aleje un poco más y me quede esperando esa fotografía”.
Cuando cayó en cuenta de que los PNB estaban “afinando la puntería” decidió que era el momento de irse. Una “chispita” le hizo cambiar de opinión. “Para mi es sumamente simbólica esa fotografía, es de un momento bien oportuno. Todos los elementos de la fotografía: la explosión, los afiches que están detrás con cara de sorprendidos, el graffiti, representaban el sentimiento de un grupo de personas que estaban manifestando en ese momento. Era como una explosión repentina de libertad. Ese es el significado que tiene para mí”, señala.
Hasta febrero de 2014, dedicarse a la fotografía a tiempo completo no era más que un sueño para Becerra. “Me pareció que lo único que podía hacer para contribuir era fotografiar y mostrar lo que estaba pasando. Lo hice por las redes sociales. Utilicé una herramienta que me parece importante: el CNN iReport. Ellos fueron bastante receptivos con mis fotografías. Mis fotografías y videos se vieron mucho por CNN y la gente empezó a notar mi presencia en las calles”, relata.
Becerra no se alegra de haber adquirido notoriedad a partir de uno de los conflictos más significativos del 2014. “Esto es desafortunado y triste, que este problema me haya dado tantos beneficios apuntando hacia lo que quería hacer. Fue una suerte para mi, pero un desagradable momento para Venezuela”, destaca. Sin embargo, celebra que su trabajo haya servido para dejar en evidencia las fallas que tenían los dos sectores en conflicto. “Me encantaba que mis imágenes salieran en CNN cuando había personas del Gobierno que decían que aquí no pasaba nada. Eso me parecía fantástico. Sentía que aportaba algo. Pero las guarimbas me parecen lo más tonto que podemos hacer, me parece absurdo. Esas posiciones radicales las considero extremas. No comparto la postura del Gobierno desde hace mucho tiempo, pero creo que hay que mejorar”, confiesa.
El 15 de abril de 2014 a Becerra “casi lo joden”. “Nos fuimos de la Plaza Altamira, hacia Chacao detrás de unos chamos. En esa época no estaban enmascarados todo el tiempo. Llegaron unos encapuchados y se los llevaron frente al Ministerio de Hábitat y allí se formó el rollo. Ese día casi me atrapa la GN. Me salvó que diez metros atrás estaba gente de La Patilla grabando y me dejaron ir. Eran un montón de guardias y yo un solo fotógrafo”, relata.
En ese punto se cuestionó: “¿qué hago aquí?”. La respuesta fue un tuit de su profesor de fotografía, Roberto Mata, que rezaba: “esta escuela tiene 20 años formando fotógrafos. Ahora es que se necesitan en las calles”. “Eso fue como una reivindicación de lo que estaba haciendo. Bueno, me voy a quedar -pensó-”. Y desde entonces, la calle se convirtió en su elemento.
¿Miedo? No, objetividad y preparación. “Yo trato de no emitir tantas opiniones sobre lo que miro. He visto tantas cosas, que ya no creo en nada. Hay muchos fotógrafos que salen por la fama, porque quieren tener notoriedad. A los fotógrafos que lo hacen por una motivación honesta y están preparados, les va mejor”.
Profesión: Director de la revista Epets y consejero editorial del Grupo Editorial Exclusiva Ejercicio: Independiente Edad: 28 años Fotógrafo de calle desde el 12 de febrero de 2014
El 12 de febrero de 2014 Isaac Paniza se estrenó como reportero de calle. El 12 de abril, a exactos dos meses del inicio del conflicto, un chamo prefirió lanzarse a las aguas contaminadas del Río Guaire, antes que ser detenido por la Policía Nacional Bolivariana. “Él no sabía que iba a llegar hasta abajo y después se le hizo difícil subir. Eso fue impactante por el grado de desesperación del chico. Los policías estaban a la expectativa de si subía para agarrarlo”, relata.
Para Paniza estos minutos fueron muy largos. Las opciones eran intentar salvar una vida o poner en tela de juicio la objetividad de su cobertura. “Nosotros como prensa, estando en medio de guardias y policías, tenemos que ser muy neutrales, porque en lo que vean que estamos ayudando a un manifestante nos van a identificar, se pueden meter con nosotros, nos pueden cerrar el acceso a la calle. No era lo mejor porque nuestra fotografías estaban generando un impacto internacional. Es desesperante porque es una situación en la que uno quiere ayudar a alguien”, lamenta.
Sin embargo, el “momento mágico” del rescate sucedió: un joven, sin pensarlo, se lanzó a las putrefactas aguas y le extendió la mano. “El chico de la izquierda le ofrece un brazo para que se sujete; él tenía un rosario. Simplemente con su actitud corporal le brindó un apoyo y caminaron por el medio del río. Caminaron una larga distancia, empujados por el miedo. Los PNB no se iban a lanzar a buscarlos”, relata.
Para Paniza, la contaminación del Río Guaire -cuerpo fluvial que atraviesa Caracas de punta a punta- simboliza lo que ha sido el “retroceso” del país. “El Río Guaire era cristalino y se destruyó esa belleza natural. Puede significar muchísimo porque es un retroceso. Es lo que estamos viviendo: un caos, una decadencia. De cómo el país va hacia atrás”.
Pero su foto también habla de unión ante las adversidades. “El espíritu del venezolano, si se une, va hacia adelante. Ahorita no se trata si es de derecha o izquierda. Es repartir las cargas entre dos, cuando haces esto puede seguir caminando en el caos y salir de él, para que luego haya una experiencia y quede un aprendizaje. Es difícil abrazar a una persona y fácil criticarlo”, explica.
La fe es la protagonista de la fotografía que tomó Paniza el 12 de abril de 2014. “Un rosario significa una fuerza de fe. Siempre digo que para Dios nada es imposible y si tu entrelazas tu mano con esa idea, conseguiremos una solución. Para mí la verdad absoluta está en lo espiritual. Un Dios que nos ayude a salir del Río Guaire”, revela.
Al fotógrafo nunca intentaron despojarlo de su equipo de trabajo. El día en que tomó esa foto fue golpeado por una bomba en su antebrazo. Otra vez, una bomba le impacto en el pie izquierdo y cayó encima de su cámara. A su juicio, no son agresiones de consideración. “Siempre estamos expuestos. Tenemos que estar en el medio de ambos grupos. Siempre había una botella o perdigonazo. Te ven con una cámara y eres un peligro”, señala.
El éxito de los fotoperiodistas en redes sociales lo atribuye a la censura que reina en el país. “Hay una censura muy grande. Nosotros estamos mendigando información, cuando eso es un derecho. Nos cae una responsabilidad como fotógrafos. Nosotros no buscamos estimular que sigan las revueltas, ni activar guarimbas, ni odios. Estamos informando lo que está sucediendo. El que esté o no el fotógrafo no implica que la situación se va a detener. Simplemente lo estamos informando”, defiende.
¿Miedo? No, resposabilidad y fe. “Saldría a fotografiar otra vez cuando sepa en verdad habrá un cambio. No puedo caer en el tema de alcahuetear irresponsabilidades, no puedo salir porque cerraron una calle. Eso nos perjudica como fotógrafos, es un riesgo innecesario. No siento miedo, sino ansiedad, antes de que suceda todo. Todos nos vamos a morir un día, yo tengo mi creencia. Creo que algo me protege y creo en que tengo un Dios”.
La revuelta frente a la sede del Ministerio Público en Parque Carabobo del 12 de febrero del 2014 sorprendió a Horacio Siciliano con su cámara en una mano y un pañito impregnado con Maalox en la otra. Una suerte de presentimiento, un frío en el cuerpo, le avisaba que algo pasaría en un futuro no muy lejano. “Yo no soy periodista, nadie me está pagando, yo solo salí a documentar lo que pasaba”, confiesa. En un segundo se vio solo, separado de los tres compañeros que le acompañaban; al siguiente, vio a Douglas Morillo trepando por los escudos del cordón de la Policía Nacional Bolivariana y llegando al otro lado.
Un joven gritaba: “Bajen los escudos, bajen las armas, ustedes son nuestros hermanos. Pana, tú y yo somos venezolanos” con la esperanza de que su mensaje atravesara las gruesas láminas de plástico que separaban a los funcionarios de los manifestantes. Esta última frase fue emblemática para el recién iniciado fotoperiodista, fue el llamado de atención que lo llevó a hacer “clic”.
“Esta foto resumió, para mí, todo el conflicto del 12 de febrero. Fue la primera foto que yo monté en Twitter, en una cuenta en la que tenía 250 seguidores. La foto a los tres días llegó casi a los cinco mil retuits. Eso lo que me dijo a mi es que había una falta de información absurda en el país, la gente no sabía lo que estaba pasando”, relata asombrado.
“En el país había una seria escasez de información y de medios serios que transmitieran lo que estaba pasando en realidad. ¿Cuál era el problema? Que había muchos medios del gobierno que tendían a tergiversar la información y decir que sólo había cuatro chamos protestando y eso era mentira. Yo llegue a mi casa y ni mi mamá, ni mis vecinos, sabían nada de lo que había pasado”, agrega.
Al final de esa jornada, vivió de cerca el asesinato de Robert Redman. “Esa noche yo estaba en Chacao cuando mataron a Redman. Escuché el disparo y a una cuadra lo mataron. Luego subí a la azotea de un edificio y veía como la guardia golpeaba a la gente, como pasaba lo que estaba pasando y en los medios de comunicación no decían nada, eso da mucha impotencia”, relata.
Desde ese día, la molestia ante el silencio de los medios se tradujo en un trabajo de registro diario de las protestas en Caracas. Un grupo de la Universidad Metropolitana le donó un chaleco antibalas, logró acreditarse como reportero del portal Reporte Confidencial y empezó a reunirse -y aprender- con personas que desarrollaban esta labor. “Antes venía la guardia y yo corría, hasta que me encontré con fotógrafos profesionales para enfrentar una situación de conflicto. Nos fuimos apoyando, debíamos estar juntos para que ni la guardia, ni la policía se metieran contigo”.
Su familia no llegó a enterarse de que una vez un guardia nacional le disparó perdigones, tampoco de que un funcionario de la PNB le roció la cámara y la cara con gas pimienta “porque le provocó”. No supieron de los empujones, ni del altercado que tuvo con el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) a finales de abril de 2014.
“Yo bajé a Chacao a tomar unas fotos y tres hombres, pistola en mano, me pegaron contra la pared del Ministerio de Transporte. El tipo intentó quitarme el teléfono y yo se lo batuqueé. Eso indigna. Yo avisé a una periodista de NTN24. Hubo uno que sí me trató bien. Les pregunté que por qué me detenían y me dijo que porque tenía pinta de guarimbero”, relata. “Por mi carácter, viene un Guardia Nacional a pedirme la cámara o la memoria y no se la voy a dar. Yo voy a muerte. Si el tipo me quiere quitar la cámara, que le eche bolas. Es un tema personal, yo prefiero romperla contra el piso”, expresa sin inmutarse.
¿Miedo? Sí, también responsabilidad. “Sentía miedo, pero sentía que si no lo hacía yo, nadie lo iba a hacer. Me puse una carga encima y decidí asumirla. El fotógrafo Roberto Mata dijo una vez que no vale la pena perder la vida por una foto. Ciertamente hay que saber ponerse límites”.
Cuando el 12 de abril de 2014 un joven rogaba que no lo dejaran morir, tras haberse arrojado al Río Guaire para evitar ser capturado por la GNB, Horacio Siciliano buscó sus límites en otro fotógrafo. “Había un chamo en el Guaire, me ve a mi de primero y me dice: ‘por favor, ayúdame, no me quiero morir’ y tampoco se quería entregar a los guardias. Le digo a un fotógrafo de agencia que me quiero meter y me dice: ‘eso no existe, no te puedes meter’. No es fácil”.
Pasó un año desde que en nuestro país recrudecieron las protestas contra el gobierno, conviene entonces hacer un balance de lo que estos doce meses nos han dejado, sobre todo ahora que la queja y la movilización general han vuelto a tomar las calles, en un escenario, valga decirlo, aún más delicado y difícil que el que se padecía en febrero de 2014.
Durante el año 2014, según el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, en nuestra nación tuvieron lugar 9.286 protestas. Estamos hablando, para que nos hagamos una idea de la dimensión real del problema, de un promedio de 26 protestas diarias, durante cada día del año. Más allá de las valoraciones políticas o de los sesgos que se pretendan para analizar este fenómeno, algo debe estar muy mal en un país cuando se vive este grave nivel de conflictividad. Lamentablemente, el 2015 no se avizora mejor.
La respuesta del poder ante tal realidad ha sido tanto ineficaz como reveladora. Lejos de tratar de identificar los problemas que generan la movilización social, proponiendo soluciones concretas y plausibles para enfrentarlos, lejos de escuchar el clamor popular, tratando de tender puentes que nos permitan superar la crisis, el gobierno se dio a la sistemática tarea de reprimir y de criminalizar cualquier manifestación de descontento o de queja. Pueden Maduro y sus seguidores buscarle la vuelta que quieran a esta verdad, pero no olvidamos que el origen de las protestas se encontraba en la grave inseguridad que padecemos. Fueron los estudiantes del Táchira los que encendieron la mecha, el cuatro de febrero de 2014, no porque buscasen la salida de Maduro del poder, sino indignados por el intento de violación padecido por una de sus compañeras. El gobierno evadió entonces sus responsabilidades, “huyó por la derecha” como Melquiades (la caricatura) y optó por darle a estos justos reclamos un cariz que no tenían: Los politizó. En lugar de reforzar nuestra seguridad interna, en lugar de luchar contra los altísimos índices de impunidad, en vez de mejorar nuestra estructura judicial y carcelaria, en lugar de capacitar y equipar mejor a nuestros cuerpos policiales para la lucha contra el hampa, jugó hacerse el sordo ante el clamor de las madres y padres que a diario pierden a sus hijos a manos de los verdaderos criminales y a etiquetar como delincuente, eso sí, a todo el que le alzara la voz ¿El saldo de esto? Más de 25.000 muertes violentas en solo un año, a un promedio nacional de casi 69 muertes violentas por día, más o menos tres muertes violentas cada hora del día durante los 365 días del año. Es la consecuencia de agarrar el sartén por donde quema, que no por el mango.
Pero tal ceguera no solo nos dejó esos números negros. Desde el cuatro de febrero de 2014 hasta el diez de febrero de 2015 se habían producido, solo con ocasión a las protestas nacionales, 3.517 detenciones, arrestos o “retenciones” ilegales de personas cuyo único pecado, en la mayoría de los casos, había sido solo el de manifestar en paz contra el poder. En los primeros meses del año se produjeron formalmente 286 decretos judiciales de privación de la libertad, y 2.439 personas, además, fueron sometidas a procesos penales bajo la modalidad de libertad con restricciones que se conoce como “medidas cautelares”. Estas cifras, merced el trabajo legal de abogados defensores voluntarios de ONG y de letrados privados han bajado, pero aún quedan 60 privados de la libertad y 1.977 ciudadanos sometidos a procesos penales, esto es, formalmente criminalizados, bajo medidas cautelares.
Léase bien: En solo un año, más de dos mil personas fueron sometidas a proceso penal, y están siendo investigadas y tratadas por el poder como “criminales”, restringidas o privadas de su libertad, solo por haber participado en las protestas que tuvieron lugar el año pasado. Incluso muchos de los que aún siguen procesados fueron capturados sin siquiera ser parte de las masas que protestaban, solo por estar en el lugar y en el momento equivocados. En ese espacio de tiempo, y con esta intensidad, esto no se había vivido jamás en Venezuela. A esto tenemos que añadirle que durante los últimos meses del año al gobierno le dio por mandar a encarcelar a personas que se expresaban contra el poder a través de las redes sociales. Fueron inicialmente siete personas, pero al día de hoy quedan seis “tuiteros” privados de su libertad.
La Fiscalía contabiliza 43, pero en realidad fueron 44 las personas cuyas muertes pueden ser vinculadas a las protestas de 2014. Si mencionamos solo algunos casos, en 16 de éstos es evidente la participación de funcionarios militares, de policías, o de civiles armados que actuaron con la anuencia de aquellos. Es decir, hay 16 casos en los que se confirma que se trata de violaciones graves a los DDHH. También fueron asesinados de manera criminal siete funcionarios militares o policiales. Un país en el que esto esté pasando es un país que, a todas luces, está muy mal.
También, desde el Foro Penal Venezolano hemos documentado, solo en relación con los detenidos durante estas protestas, 138 casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes o de torturas. Nuestra cifra, sin embargo, se queda corta ante la del propio Ministerio Público, que habla de 187 casos. Solo diez funcionarios están siendo investigados por estos hechos. La impunidad ha sido la regla.
Sin embargo, lejos de aprovechar la coyuntura para medir la profundidad real de estas aguas oscuras e infectas, buscando erradicar a la intolerancia, al miedo y a la violencia como medios para controlar a la población, el poder no ha hecho más que servirse de lo ocurrido para, como ya lo ha hecho en otras oportunidades, tratar de apuntalar una “versión oficial” de la realidad que, por su falta de apego a la verdad, no termina siendo más que una “mentira oficial” sobre lo ocurrido. Se equivoca, sin embargo, al creer que el mundo y los venezolanos somos ciegos a la verdad. La magnitud nunca antes vista de su represión ha logrado que no exista un solo venezolano que no haya vivido en carne propia, o en algún amigo o pariente cercano, la verdad de las graves violaciones a los DDHH que estamos sufriendo. Contra eso no hay cuento que valga.
En este contexto, la incertidumbre es la norma. No existe propósito de enmienda en el poder, ni disposición alguna para aceptar la crítica, pero aun así nos acaban de soltar dos golpes muy poderosos, de muy alto impacto en la población y de consecuencias imprevisibles. El primero, la macro devaluación de nuestra moneda, disfrazada de SIMADI, que a todos, nos guste o no, nos va a pasar factura. El segundo, el aumento del 40% en el pasaje para las rutas urbanas y suburbanas, que afecta directamente a los venezolanos más humildes y que “no ve luz” ante el parco aumento de salario del 15% recién decretado. Y ya viene otro, para el cual ya están en campaña: El aumento de la gasolina ya anunciado y manoseado.
Fue publicista hasta los 25. Tiene 4 años tomando fotografías.
Rafael Hernández (mejor conocido como @sincepto) es el primer fotoperiodista detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) luego de que varias de sus patrullas, estacionadas en frente de la sede del Ministerio Público de Parque Carabobo, fuesen incendiadas el 12 de febrero de 2014. “Yo fui a hacer una cobertura para el diario El Nacional y para la revista Exceso. Ese día me detienen -una detención arbitraria-. Me agarraron entre todos y me cayeron a golpes, me empezaron a echar gas pimienta en la cara, por los pelos me arrastraron”.
Las expresiones d apoyo fueron totales, centenares, muchísimas. Gracias a todos x eso. Ya estoy liberado, estoy bien dentro de lo razonable
Cree que es “un milagro de Dios” el hecho de haber salido en libertad rápidamente. También atribuye una parte a su astucia: “Habían agarrado a un periodista de un ministerio y lo soltaron rapidísimo y entonces yo esperé un rato y dije: ‘yo soy el periodista que iban a soltar, yo soy’. Donde yo estaba retenido era muy cerca de la oficina de un amigo mío y empecé a gritar su nombre y pedir que él dijera que yo era periodista. Al rato vinieron a preguntarme si yo era el periodista del ministerio y yo dije: ‘¡coño, me salvé!’. Me hicieron firmar un acta que decía que yo era testigo de lo que había pasado ese día”.
En este momento en discusión con el CICPC para la recuperación de los equipos y el material registrado ayer. — Sincepto (@sincepto) febrero 13, 2014
Su celular, sus tres lentes y sus dos cámaras (que contenían el registro desde el momento en que hieren a Bassil Dacosta, hasta que se lo lleva la ambulancia) no corrieron con la misma suerte que él. “Todo me lo quitaron, más nunca se supo de eso”, lamenta. El 18 de febrero -fecha en que se entregó Leopoldo López- Hernández confiesa que “andaba con una paranoia que no podía ni ver a un policía cerca”, pero desde ese momento se dijo: “este es mi trabajo, es lo que tengo que hacer”. Decidió crearse un alias y continuar haciendo registro del conflicto.
El 12 de marzo de 2014, Hernández estaba en la salida de la Universidad Central de Venezuela que da hacia Plaza Venezuela, registrando el forcejeo entre un cordón de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y un grupo de jóvenes que querían, a como de lugar, entregar un documento en la sede de Petróleos de Venezuela de La Campiña. “La policía no los iba a dejar pasar porque, supuestamente, había una manifestación chavista del otro lado. Los jóvenes no se quisieron ir y empezaron a chocar con la policía. Yo me concentré en el momento cumbre, en el momento en que ya no hay punto de retorno. En ese choque, pero ese choque es desigual”, asegura.
La foto resultó ser como si Hernández mismo hubiese dirigido a sus protagonistas. “Logré captar ese momento en el que se abre la escena y quedan de un lado los muchachos y de otro la policía. Todo resultó ser como yo lo hubiese pintado. Hay elementos muy importantes: la máscara de Anonymous con la bandera de Venezuela, la pose tan intimidante de los policías, se nota el gas en el ambiente”, detalla.
Los careos entre Hernández y los cuerpos de seguridad del Estado también han sido desiguales. El fotógrafo reclama que el gremio se ha convertido en la “sopita” de los funcionarios policiales. “Tú entras a una protesta, un disturbio, lo que sea, los policías te ven mal parado y ahí mismo te van a disparar. En una ocasión yo estaba haciendo una foto y había un policía a unos tres metros y me disparó una bomba lacrimógena. Me dio en la pierna, pero me apuntó a los genitales, pero por suerte para mi, pegó más abajo. No me pude levantar como en tres días. Donde nos veían, nos gaseaban”, denuncia.
Sin embargo, cree que el rol de los fotoperiodistas termina siendo brindar “un poquito de reivindicación social” al poner en evidencia las arbitrariedades en contra de los ciudadanos comunes. “Todos queremos tener un país más digno, más respetuoso de los derechos humanos. Uno a estas alturas piensa que no va a causar mucho efecto, pero al menos uno denuncia y cumple con su parte. Tengo un compromiso con la audiencia en esta situación de cerco mediático absoluto, hay muy pocos sitios en los que uno pueda decir lo que esta pasando”, alerta.
¿Miedo? No, euforia y pasión. “Es muy apasionante estar en la línea de fuego y tener la habilidad o la suerte de captar el momento que te traduce en una sola imagen todo lo que está pasando. Es súper eufórico”, asegura.
