Lisseth Boon, autor en Runrun

Liseth Boon

Fundaredes: el ELN ha ingresado en 214 escuelas de los estados fronterizos

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La presencia de los grupos armados irregulares en los estados fronterizos de Venezuela es cada vez más latente. La guerrilla colombiana no sólo irrumpe mediante formas violentas sino también con las más sigilosas como centros educativos, programas de distribución de alimentos  y emisoras de radio. Así lo registra la organización Fundación Redes (Fundaredes) en el informe 2018 que analiza el avance de la guerrilla en diferentes ámbitos de la frontera con Colombia y Brasil.

Fundaredes recabó datos de 683 personas desaparecidas y 105 secuestradas en los estados fronterizos durante 2018. “La situación en la frontera colombo-venezolana es cada vez más delicada. Son más frecuentes las extorsiones, contrabando, muertes violentas, reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados irregulares. Todo bajo la mirada de los órganos de seguridad del Estado”, indica Tarazona.

Al hablar de grupos armados irregulares, Fundaredes se refiere al FBL, Farc, ELN y los de más reciente formación llamados Colectivos de seguridad fronteriza, formados por disidentes de las Farc, muchos de los cuales asumen las funciones de la policía municipal en zonas donde no existe este cuerpo de seguridad urbana, indica Tarazona.

Existen evidencias de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha ingresado en 214 escuelas y liceos de los estados Zulia, Táchira, Apure, Barinas y Amazonas, asegura el director de Fundaredes, Javier Tarazona quien indica que  “lo hacen entregando regalos o difundiendo material didáctico e informativo de este grupo irregular, como facsímiles con relatos alusivos a la guerrilla, su filosofía y motivaciones políticas”.

Otra muestra de la penetración de los grupos insurgentes en centros educativos son las fotografías de escenas con grupos de insurgentes armados que conminan tanto a los docentes como a alumnos a participar en conjunto en actividades lúdicas en patios de recreo o canchas múltiples. Estas pruebas fueron consignadas por Fundaredes ante el Ministerio de Educación, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo por  representar una “violación al derecho a la educación”.

 

El ELN invade las ondas hertzianas

Hasta 2018, operan cinco emisoras de frecuencia modulada pertenecientes al ELN cuya señal alcanza a seis estados y 36 municipios. “Transmiten mensajes adoctrinantes y guerreristas que promueven la actividad insurgente, con una narrativa intimidatoria del poder armado que representan estas agrupaciones al margen de la ley”, señala el informe de Fundaredes.

Aunque desde 2006 se registra la penetración comunicacional de los grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, en 2018 fue cuando avanzó en potencia de cobertura y se incrementó el número de emisoras. En la actualidad, funcionan: Antorcha Estéreo 96.7 FM; Voz de la libertad 95.5 FM; Antorcha Elena 90.1 FM; Radio Frontera Rebelde 105.5 FM y Radio Insurrección Caribeña 94.7 FM.

 

Guerrilla alimentaria

Fundaredes observó que en algunos municipios de los estados fronterizos, los alimentos del programa social Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fueron entregados a los consumidores por grupos armados irregulares colombianos. Entre 2017 y 2018, la  organización realizó entrevistas en 39 municipios venezolanos de cinco estados (Apure, Zulia, Táchira, Bolívar y Amazonas) donde pudo comprobar que el ELN participa en la distribución de cajas de comida del programa social del gobierno. Las cajas, que son entregadas dos veces al mes o cada 22 días, según testimonios recogidos,  iban identificadas con etiquetas del Frente Carlos German Velasco Villamizar y de su emisora Antorcha Estéreo que transmite en territorio venezolano sin las debidas restricciones de Conatel.

Esta distribución irregular de los alimentos subsidiados por parte de la guerrilla fue denunciada por la fundación ante instancias regionales y nacionales, como el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, sin que hasta ahora se obtenga alguna respuesta.

“Con preocupación se observa una agresiva expansión de la cual son testigos los venezolanos no solo en el eje fronterizo sino en todo el país”, reza el informe 2018 de Fundaredes.

 

¿Quién es Ronald Ramírez, el primer colaborador de Maduro que rebota en Colombia?

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A Ronald Alexander Ramírez Mendoza no lo dejaron entrar a Colombia. El recién estrenado presidente de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos se enteró que estaba en una lista de 200 colaboradores del gobierno de Nicolás Madurro inadmitidos por autoridades migratorias colombianas justo cuando aterrizó la mañana el miércoles 30 de enero al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

La  decisión “soberana y discrecional” de no permitir la entrada a funcionarios de Maduro forma parte de las medidas tomadas por el Grupo de Lima para tratar la crisis venezolana, según un comunicado de Migración Colombia.

Ramírez Mendoza apenas había cumplido un mes y 10 días en el cargo  de presidente de la empresa venezolana con sede en Barranquilla cuando fue rebotado del aeropuerto del Atlántico colombiano. Fue designado el 20 de diciembre de 2018 mediante el decreto presidencial No. 3.706.

El día anterior a su inadmisión, el senador barranquillero José David Name había solicitado que se negara su ingreso al país y se le impidiera ejercer la presidencia de la empresa porque podría tener consecuencias negativas para el país debido a su relación con el chavismo, argumentando que podría ejecutar movimientos financieros del régimen del vecino país.

Ramírez ha ejercido la mayor parte de su carrera en puestos de la administración pública en Venezuela, indica su cuenta en la red social Linkedin. Venezolano de 46 años, es licenciado en Comercio Internacional de la Universidad Alejandro de Humbolt, con sede en Caracas. Tiene una especialidad en Derecho Tributario de la Universidad Santa María de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Entre 1997 y 2003 ocupó el cargo de promotor de exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio de Venezuela. Luego fue nombrado viceministro de Industria, puesto que ejerció hasta el 2005 cuando se convirtió en consejero económico para la embajda de Venezuela en España.

Desde 2006 hasta 2008, ocupó el cargo de vicepresidente de desarrollo industrial de la Corporación Venezolana de Guayana. Luego, se convirtió en el gerente de regímenes aduaneros del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en Venezuela.

En 2009, asumió la dirección de logística de Makro Comercializadora con sede en Venezuela y desde el 2011 se venía desempeñando como gerente de Borets International en Venezuela hasta que fue nombrado en 2018 presidente de Monómeros Colombo Venezolanos.

La empresa

Monómeros Colombo Venezolanos es una empresa filial de la venezolana Pequiven que fabrica productos químicos. Con una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas y 700 empleados directos, cubre el 46% del mercado de fertilizantes de Colombia y exporta a países del Caribe y Centroamérica.

Otrora símbolo de la alianza colombo venezolana, fue inaugurada el 9 de febrero de 1967 durante los gobiernos de venezolano Raúl Leoni y el colombiano Carlos Lleras. En 2006, Colombia vende su participación en la empresa quedando como único dueño el gobierno de Hugo Chávez  a través de la petroquímica Pequiven. Pese a ser venezolana, mantiene su sede en Barranquilla.

En 2007, Monómeros se vio envuelta en un escándalo por el pago  de 135 mil dólares a la senadora colombiana Piedad Córdoba que fue acusada de recibir  apoyo del gobierno venezolano para su campaña electoral.  La parlamentaria explicó que esos giros estaban destinados a la promoción del acuerdo humanitario entre las Farc y el gobierno colombiano.

En Venezuela continúa la impunidad en caso Odebrecht pese a millonarios sobornos confesados

EN DICIEMBRE DE 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público que Odebrecht había admitido el pago de sobornos a altos funcionarios en países de América Latina y África, información que remeció las estructuras de la clase política y gubernamental de las naciones donde operó la empresa brasileña, cuyas repercusiones aún continúan y en algunos casos recién empiezan.

Se trataba de la corroboración de que las actividades ilícitas de las constructoras investigadas en Brasil por el caso Lava Jato habían trascendido las fronteras y se extendían a otros territorios. En la nación brasileña las pesquisas se iniciaron en marzo de 2014 y uno de sus momentos cumbres fue el arresto y reclusión de Marcelo Odebrecht, propietario de la compañía, quien tuvo que acogerse a la delación premiada (colaboración) para tratar de reducir su condena.

A casi dos años de la confesión de la compañía Odebrecht, cabe preguntarse sobre la actuación de las fiscalías o procuradurías generales al respecto. El equipo de ‘Investiga Lava Jato’ realizó un especial sobre la situación actual del mayor escándalo de corrupción en cinco países de la región.

Sigue impunidad en Venezuela pese a millonarios sobornos confesados

Aunque Venezuela es el segundo país después de Brasil que más sobornos recibió de la empresa Odebrecht para conseguir y mantener contratos de megaproyectos de infraestructura —98 millones de dólares entre 2006 y 2015, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos—, el Ministerio Público no ha abierto investigaciones formales sobre el caso, ni las diferentes denuncias o revelaciones han tenido consecuencia penal, a diferencia de otras naciones involucradas en esta red de corrupción transcontinental.

En todo caso, las investigaciones sobre la constructora brasileña en Venezuela quedaron interrumpidas o resultaron viciadas por el abrupto cambio de mando del Ministerio Público a mediados de 2017, marcado por las pugnas políticas entre un poder adherido a  la línea del Ejecutivo y un sector del chavismo disidente.

En agosto de 2017, cuando ya se encontraba en el exilio, la Fiscal General destituida por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, denunció  por primera vez que las pesquisas del caso Odebrecht involucraba al presidente Nicolás Maduro, así como al “número dos” del gobierno, Diosdado Cabello, y al dirigente chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez. Manifestó que tenía evidencias de pago de sobornos por parte de Odebrecht a estos funcionarios.

“Es el mayor hecho de corrupción en la región y eso los tiene muy preocupados y angustiados, porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones y montos”, dijo Ortega Díaz en una llamada telefónica durante la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina en la ciudad mexicana de Puebla, en agosto de 2017.

El 26 de enero del año pasado, un mes después de revelarse los montos de los sobornos de Odebrecht en Latinoamérica, el Ministerio Público informó que indagaba si la empresa brasileña había sobornado a empleados y dirigentes de organismos públicos venezolanos para ser beneficiados con contratos de proyectos de infraestructura, como la Línea 5 del Metro de Caracas y el segundo Puente del lago de Maracaibo. Indicó que solicitó una rogativa a la Procuraduría General de Brasil para discutir el caso y comprobar si el dinero que poseían los sospechosos era producto de ilícitos.

En julio de 2017, cuando aún ocupaba el despacho del Ministerio Público, Ortega Díaz citó en calidad de imputadas por el caso Odebrecht a María Baptista y Elita Zacarias, esposa y suegra respectivamente de Haiman El Troudi, ex ministro de Transporte y Obras Públicas del gabinete de Maduro. La entonces fiscal indicó que tenía en su poder los contratos de obras no terminadas por las cuales muchos funcionarios públicos involucrados recibieron comisiones (sobornos) que fueron depositadas en cuentas bancarias en el extranjero y en varios casos a nombre de familiares o testaferros.

También en julio de 2017, justo antes de ser destituida y de salir del país en calidad de exiliada, la fiscal Ortega anunció que pronto acusarían a funcionarios públicos venezolanos por caso Odebrecht.

El 5 de agosto de 2017, la ahora “traidora de la revolución” y  “enemiga número uno del gobierno de Maduro”, fue sustituida por el ex defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien apenas asumió el puesto descartó investigar a Maduro por el caso Odebrecht aduciendo que no trabajarían en función a “especulaciones”.

En septiembre de 2017, Saab anunció que el Ministerio Público, ahora a su cargo, reabriría las investigaciones porque se encontraron inconsistencias en los expedientes, que son los que deben impulsar la acción penal.

También informó que se había reunido con los representantes de la empresa Odebrecht en Venezuela, quienes manifestaron estar a la orden de la fiscalía para suministrar información que aportara elementos para esclarecer los hechos.

Desde octubre del año pasado, el Ministerio Público no volvió a mencionar a la firma brasileña hasta que, en abril último, rechazó el debate en la Asamblea Nacional sobre el antejuicio de mérito aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, en contra de Nicolás Maduro por delitos de corrupción y legitimación de capitales vinculados al caso Odebrecht.

También en octubre de 2017, la fiscalía venezolana imputó a tres directivos de la empresa Odebrecht: Maryorie Garboza Ceballos, George Faroh Cano y Sergio Ferraz de Campo y reiteró la orden de aprehensión  contra el presidente de la constructora en Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo. El fiscal designado por la ANC señaló que los directivos imputados y el prófugo estarían implicados en pago de sobornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos en Venezuela.

El proceso, que incluyó la solicitud de orden de captura contra Maduro ante Interpol, está basado en una denuncia de la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz, quien presentó pruebas ante el TSJ en el exilio para iniciar un juicio contra el presidente venezolano por participar en los sobornos de Odebrecht en Venezuela.

 

Puedes acceder al especial de Convoca e Investiga Lava Jato aquí

Autopsia de Fernando Alban fue practicada por médico forense que dirigió exhumación de los restos de Bolívar en 2012: excoordinador del Senamecf

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La autopsia del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, no fue practicada por el médico comunitario Arnoldo Pérez cuya firma aparece en el acta de defunción, sino por la forense Yuanuacelis del Carmen Cruz. Así lo asegura William Jiménez, ex Coordinador Nacional de Investigaciones Estratégicas de la Inspectoría General del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en Colinas de Bello Monte, Caracas.

A través de su cuenta de Twitter, el exfuncionario en el exilio desde mayo de 2018 indicó que el Ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, ordenó el cambio en el contexto de protocolo de “politraumatismo generalizado a traumatismo cráneoencefálico”, al mismo tiempo que instó a Pérez a firmarla. Desmiente la versión oficial presentada por el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab.

Jiménez también indica que en el examen de los órganos que realizó Cruz “se observó agua en los pulmones” del cuerpo de Albán.

 

El ex Coordinador Nacional de Investigaciones Estratégicas del Senamecf también reiteró su testimonio en video difundido a través de redes sociales.

El certificado de defunción de Fernando Albán fue firmado por  Arnoldo José Pérez Durán, quién se graduó en el segundo cohorte como Médico Integral Comunitario (MIC) de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”.

En contraste, la diputada Delsa Solórzano advirtió que toda autopsia debe ser practicada por un anatomopatólogo forense siguiendo los estatutos del Protocolo de Minnesota, procedimiento recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en ejecuciones ilegales.

La forense del Libertador

 

La médico forense Yanuacelis del Carmen Cruz Cruz Calcaño dirigió el equipo que hizo la exhumación de los restos de Simón Bolívar ordenada por el entonces presidente Hugo Chávez en 2012. El estudio concluyó que el Libertador había muerto por una infección respiratoria.

“Todas estas enfermedades deterioraron su proceso respiratorio y trastorno hidroelectrolítico, los cuales generaron cada vez más edema cerebral con compresión de centros importantes cardiorespiratorio a nivel de sistema nervioso central, situación que lo llevó a la muerte”, señaló el 24 de julio de 2012  la científica en cadena nacional.

Cruz afirmó también que el estado anímico del Libertador desencadenó su muerte ya que Bolívar se encontraba deprimido, lo cual reflejaba el avance de la enfermedad.

La investigación forense de 2012 permitieron además la reconstrucción del rostro digitalizado en 3D de El Libertador, que el gobierno Chávez tomó como fidedigno.

 

INFOGRAFIA | Explosión de drones es la única evidencia que el Gobierno muestra como intento de magnicidio

UN ATENTADO. UN INTENTO DE MAGNICIDIO contra el presidente Nicolás Maduro. Fue la explicación que dio el gobierno venezolano a  sendas explosiones de dos drones que ocurrieron durante la parada militar que celebraba el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar el sábado 4 de agosto de 2018.

El denunciado intento de asesinar a Maduro, que causó siete militares heridos según voceros oficiales,  ha sido tomado con escepticismo y precaución. Sólo una docena de países (Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Turquía, Rusia, Siria, Irán, España, Ecuador y Uruguay) han condenado las detonaciones que obligaron a suspender el discurso presidencial transmitido en cadena nacional y que provocó la estampida de los uniformados apostados en el desfile.

De la incredulidad generalizada hacia el supuesto intento de magnicidio han acusado voceros oficiales como el canciller Jorge Arreaza, quien consideró que tanto medios de comunicación como agencias de noticias han subestimado el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, subrayó vía Twitter.

También, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello,  criticó la postura de los partidos de oposición al no condenar el supuesto intento de magnicidio contra Maduro. Tras la movilización del lunes 6 de agosto en el centro de Caracas, convocada desde el alto gobierno para respaldar al mandatario, enfatizó que  “no condenan que ahí pudieron haber muerto, además del hermano presidente, los presidentes de los poderes, el alto mando militar, casi todo el mando político, compañeros que estaban invitados al acto y parte del cuerpo diplomático”. En la tarima a la que se refería Cabello no se encontraba el también presidente de la anc el sábado 14 de agosto. 

Hasta el momento, se confirma que dos drones modelo DJI M600 estallaron durante la ceremonia militar del sábado 14 en las inmediaciones de la avenida Bolívar de Caracas, tal como denunció el ministro de Defensa, Néstor Reverol. Sin embargo, es un conteo que no coincide con la versión del titular de Comunicaciones e Información, Jorge Rodríguez, quien afirmó que ese día se registraron tres explosiones durante el supuesto intento de acabar con la vida del presidente.

Sin presentar evidencias, el propio Maduro ha señalado a “la ultraderecha” y al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos de estar detrás del intento de asesinarlo. Mientras que Reverol, quien tildó el ataque como “un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración”,  anunció que ya se habían detenido a seis presuntos “terroristas” después del registro de varios hoteles de la capital. Arreaza vinculó el ataque a restos de la célula rebelde que dirigía el fallecido piloto Óscar Pérez, asesinado en enero de 2018 por tropas gubernamentales en El Junquito.

 

Protestas 2017 | Madre de Miguel Castillo:

Avancemos y arribaVenezuela 

Nuestro himno es de patria y religión

En la lucha sigamos las pisadas

De San Ignacio y el Libertador

Hoy juramos ser jóvenes de Cristo

Y luchar por la patria hasta morir

Juventud es la patria del mañana

Adelante, adelante a combatir.

 Himno Colegio San Ignacio de Caracas

 

LOS 27 AÑOS SON UNA EDAD PARA EMPRENDER PROYECTOS, consolidar la profesión, comenzar a estudiar un posgrado, reunir dinero para casarse, disfrutar con tu familia, pasarla bien con los amigos de la cuadra, el colegio y la universidad. Los 27 son tiempo para aspirar a una vida normal, exigir mayor justicia social, soñar con un mejor país.

Estos eran parte de los planes vitales que agitaban los latidos del joven Miguel Fernando Castillo Bracho hasta el día en que el disparo de una metra le paralizó el corazón. “El Negro Castillo”, como le llamaban afectuosamente su familia y amigos, fue la víctima número 53 de las 158 que cayeron durante la ola de protestas que sacudió el país durante 4 meses de un convulso 2017.

El 10 de mayo de 2017 se cumplía el día número 40 de las protestas cuando Miguel decidió salir a marchar junto con su amigo Gustavo. Había participado activamente en las manifestaciones  de 2014 cuando aún estudiaba comunicación social en la Universidad Santa María y ahora hacía lo propio como profesional recién graduado, hastiado del gobierno y de los devastadores efectos de sus políticas. A las 2 de la tarde de aquel miércoles, salió de su casa en Colinas de Bello Monte dispuesto a encarar en la autopista Francisco Fajardo de Caracas a los equipos antimotines que aquel día impidieron el avance de la multitudinaria “marcha de los escudos” hasta el Tribunal Supremo de Justicia en el oeste de la capital. Precisamente, hasta una de las instituciones que contribuyó a agudizar la crisis política venezolana al intentar usurpar atribuciones legislativas de la Asamblea Nacional.

Miguel era de los que, sin formar parte de la llamada “resistencia” – muchachos que en las manifestaciones ocultaban sus rostros con franelas y usaban escudos de dudosa fortaleza frente a la brutal represión oficial-, se apostaba frente a los gases lacrimógenos, los perdigones, cañones de agua e incluso, sin advertirlo, las armas de fuego. Valiéndose de sus reconocidas dotes de pelotero, solía devolver con un guante las bombas lacrimógenas que lanzaba la Guardia Nacional contra los manifestantes desarmados. “La virgencita me protege”, decía para tranquilizar a su familia cada vez que salía a marchar.

Aquel 10 de mayo, Miguel no llevaba ni una hora de haberse incorporado a la protesta frente al Centro Venezolano Americano en la avenida principal de Las Mercedes en Caracas cuando recibió el impacto de una metra que fungió de bala, disparada por un Guardia Nacional desde el elevado que corona esa arteria urbana, que durante las protestas de 2017 también sirvió más de una vez como vía de escape de los protestantes.

No hay duda de que la metra-bala provino de una escopeta con munición adulterada de un Guardia Nacional apostado en el elevado de Las Mercedes, sobre la avenida Francisco Fajardo, tal como lo demuestra la investigación emprendida por la fiscalía 34 Nacional y fiscalía 126 del Área Metropolitana de Caracas, luego de que les fue asignado el caso el propio 10 de marzo por el Ministerio Público cuando era gestionado por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz.

Las grabaciones de registro casero y de medios de comunicación alternativos también coinciden con las inspecciones técnicas practicadas in situ por funcionarios adscritos a la División de Homicidios del Cicpc, que recogieron 30 esferas metálicas y vidrios en los alrededores, así como registraron los impactos de esos proyectiles no convencionales  en avisos, kioscos y semáforos en las inmediaciones del CVA.

“El caso de Miguel está criminalísticamente cerrado”, ratifica su mamá Carmen Elena Bracho a un año de haber perdido al menor de sus tres hijos. Un año en el que se ha convertido en la principal luchadora por alcanzar justicia. Pero con la designación de Tareck William Saab como fiscal por parte de la inconstitucional asamblea nacional constituyente, el proceso judicial  ha quedado congelado. “El componente de la GNB adscrito al Ministerio de Defensa no responde”.

“Miguel Fernando era mi bebé, mi hijo menor, un compañero, muy pegado a mí; tenía 4 años cuando su papá y yo nos divorciamos. En la casa era el que me ayudaba a cocinar. Era un muchacho feliz, un ángel que nos prestó Papá Dios por 27 años”, describe Carmen Elena a su hijo con una lánguida sonrisa. “Era puro amor, pero también un cascarrabias, aunque las rabietas se le pasaban rápidamente”.

Miguel amaba “demasiado” a su país, a un nivel casi inexplicable, coinciden su mamá y su hermana Luisa. Su alargado cuerpo llevaba tres tatuajes: el nombre “bien grande” de su madre, la palabra Venezuela en el muslo, y el dibujo de una rosa, la flor preferida de su abuela de 90 años.

De fibra sensible, a Miguel le afectaba mucho la miseria que aumentaba cada día, no soportaba ver los niños de la calle.  Insistía en que había que cambiar esa realidad. Él, al contrario de sus dos hermanos mayores (que le llevaban 8 y 6 años de diferencia, respectivamente), nunca conoció otro gobierno que los del chavismo. Estaba convencido que “de esto” había que salir.

Aunque recibió el título de bachiller en otro liceo, Miguel se identificaba de manera indefectible como egresado del Colegio San Ignacio de Caracas. Creció en las canchas y pasillos de esta institución casi centenaria, donde entonaba en coro el himno “Fundador”. Le gustaban todos los deportes, tanto como atleta como espectador. Fue becado por la USM para integrar el equipo de béisbol, con el que participó en varios juegos interuniversitarios. Soñaba con ser periodista deportivo, por lo que planeaba cursar un posgrado sobre esa especialidad en Buenos Aires.

Miguel amaba los animales, especialmente a los perros, incluso los callejeros a quienes llamaba “chuchitos” porque eran “hijos de Dios”. El día que murió, sus dos mascotas, Nemo y Po, no dejaron de ladrar en la casa, cuenta su familia.

Su último post de Instagram se lo dedicó a Armando Cañizalez, el joven violinista asesinado el 3 de mayo de 2017 durante una protesta, también en Las Mercedes. “Por Armando y todos los caídos en esta lucha, pronto acabaremos con estos opresores y asesinos de sueños que nos han hecho vivir durante 18 años una pesadilla. Fuerza y más fuerza es lo que nos queda para afrontar lo que nos queda“, escribió el joven, a quien la muerte de su amigo de Colinas de Bello Monte le afectó tanto por lo que se guardó en su casa y dejó de marchar por siete días. Hasta el 10 de mayo, cuando la muerte apagó su intención de seguir la lucha.

Miguel no aguantó

La mamá y hermana de Miguel revisan algunas de sus ocurrencias como premoniciones. El 31 diciembre de 2016, cuando estaban reunidos en familia en Margarita, aseguró en medio de una discusión que quería tanto a Venezuela que estaría dispuesto a morir por Venezuela. Días antes del 10 mayo, bromeó con su hermana Luisa que, aunque fuese el menor de los hermanos, podía morir antes que ella “porque nunca se sabe”.

Miguel solía llegar a su casa dando un portazo y gritando: “ya llegué”. También cumplía el sonoro ritual al salir. Pero la tarde del 10 de mayo, como nunca antes había ocurrido, le pidió la bendición a su abuela y le ofreció la frente para que la besara. “Se estaba despidiendo”, llora cada vez que lo recuerda.

Carmen Elena se enteró que habían herido a su hijo cuando estaba en la sede de la Policía de Baruta, en Piedra Azul, para la que trabaja como jefe de Recursos Humanos. Montada en la parrillera de la moto del director de Seguridad Ciudadana de la alcaldía, llegó a la Clínica Las Mercedes, donde habían trasladado a Miguel en ambulancia luego de llevarlo un primer tramo en moto. En la vía, tuvo que esquivar bombas lacrimógenas y enfrentamientos.

Alrededor de las 3 de la tarde del miércoles 10, la Clínica Las Mercedes estaba abarrotada de angustia e incertidumbre. Familiares, diputados, protestantes y periodistas querían saber el estado del joven manifestante cuya foto ya daba la vuelta al mundo: la que lo registra montado en una moto entre el conductor y un paramédico, con los ojos cerrados y el rostro  volteado hacia el cielo. El director del centro médico, Juan Requesens, tomó a Carmen Elena por los hombros, la miró a los ojos y lo pronunció: “Miguel no aguantó”. Ella no recuerda los segundos que vinieron después, solo que se dio vuelta y comenzó a golpear la pared. Su hermana lo negó en un primer momento. Su hermano mayor Juan, que se había mudado a Chile un año atrás, tomó de inmediato un avión para llegar cuanto antes a Caracas. Fuera de la clínica, continuaba la batalla campal ahogada en gases lacrimógenos.

 

“El proyectil tenía orificio de entrada y salida en el brazo derecho y se le aloja en el intercostal izquierdo”. El frío diagnóstico lo presentó el mismo día a través de los medios oficialistas el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol al describir que Miguel había recibido un disparo por arma de fuego a escasos metros de distancia, según la apreciación que hacen los expertos. Aquella fue la primera versión oficial, luego desmentida por las investigaciones de los fiscales.

La metra que disparó el arma de fuego del GNB, atravesó el brazo izquierdo de Miguel, entró justo entre las costillas para alojarse en el ventrículo izquierdo del corazón. El parte médico indica que sobrevino un shock hipovolémico que apagó su vida casi de inmediato, antes de llegar a la policlínica Las Mercedes.

“Eres un héroe de la patria”, “Eres un héroe de la patria” era el coro de dolor mientras la furgoneta retiraba su cuerpo de la clínica.

 

 

 

La misma noche del 10 de mayo, el primer vicepresidente del Psuv Diosdado Cabello aseguró en su programa del canal oficialista Venezolana de Televisión que a Miguel lo había matado la misma oposición durante la marcha “de la derecha”.

Al ver la declaración, Carmen Elena respiró hondo y decidió  no guardar odio en su corazón para poder lograr justicia por su hijo. Dedicarse a su trabajo ha sido el refugio que ha encontrado para sobrellevar la honda pérdida. Tiene a más de 300 personas a su cargo en la Alcaldía de Baruta y le ha tocado estar en reuniones donde está presente Reverol –el mismo que confirmó por televisión la muerte de Miguel – y otros uniformados. Muchos guardias nacionales.

 

 

 

 

 

 

“Miguel era especial. Tenía un corazón noble. Como el significado d su nombre, era un guerrero de Dios. Escucho tantas historias bonitas sobre mi hijo que ahora me dan tranquilidad”.

Miguel Castillo, junto con Armando Cañizales y Juan Pernalete descansan en paz uno al lado del otro en el Cementerio del Este, en Caracas. Se encuentran a pocos pasos de la tumba de Robert Redman, otro joven que al igual que ellos, salió a protestar en las calles de Caracas tres años antes. El 12 de febrero de 2014, día de la juventud en Venezuela, rompieron sus sueños sobre el asfalto.

Carlos Aguilera Borjas: el exguardaespaldas de Chávez con cuentas en bancos suizos

Una alianza periodística conformada por Runrun.es, El Pitazo, Armando Info y el diario español El Confidencial publica una serie de reportajes de investigación realizados a partir de la filtración de un conjunto de 300 documentos financieros que tienen un tamaño de 380 MB. Se trata de archivos internos de la entidad de banca privada suiza Compagnie Bancaire Helvétique (CBH), cuya sede se ubica en Ginebra, y de documentos acumulados por un gestor financiero especializado en captar clientes multimillonarios extranjeros para atraer sus fortunas a bancos suizos, el francés Charles-Henry de Beaumont. La mayoría de los archivos datan entre 2011 y 2013, tiempo en el que la discusión sobre la salud de Hugo Chávez copaba la cotidianidad venezolana.

Los documentos a los que se tuvo acceso evidencian que montañas de dinero relacionado con el chavismo se apilaron en Suiza. Las actividades financieras de estos grupos de poder están relacionadas, en su mayoría, con Petróleos de Venezuela, Corpoelec y la Corporación Venezolana de Guayana; también con fondos públicos creados originalmente por Chávez para el desarrollo del país y con áreas estratégicas como la importación de medicinas e insumos hospitalarios.

Más allá de la filtración, se entrevistó a expertos financieros reputados, abogados, empleados de banca y a los propios afectados. Asimismo, se ha consultado un amplio repertorio de fuentes documentales que incluye registros mercantiles y de la propiedad, asientos de autoridades migratorias, escritos de fiscalías, juzgados y policías en diversos países, entre otras. Además, para informaciones puntuales se consultó la documentación derivada de los Papeles de Panamá y Paradise Papers, proyecto coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

Un retrato de las conexiones financieras de Carlos Luis Aguilera Borjas, exguardaespaldas de Hugo Chávez -quien lo llamaba “El invisible”- es la segunda entrega de esta #ConexiónSuiza

Lisseth Boon | @boonbar

Marcos García Rey | @garcirrey

Un hombre clave para entender cómo funcionan los entresijos del chavismo en Venezuela se mantiene casi siempre oculto. Es “El invisible”, “el que nadie lo ve”. A pesar de orbitar durante largos años en la llamada revolución bolivariana —antes encarnada por el difunto presidente Hugo Chávez, ahora por su sucesor, Nicolás Maduro— nuestro hombre en la sombra es ahora un capitalista acérrimo.

De todos los militares que participaron en el 4-F, Carlos Luis Aguilera Borjas es de los que han sabido mantenerse a la sombra del chavismo sin tener que cumplir los “principios de la revolución”.

Lejos del espíritu originario de aquella intentona golpista de 1992, que fustigaba las políticas del capitalismo, el excapitán del Ejército venezolano optó por abrir negocios en Venezuela y el extranjero, registrar empresas en paraísos fiscales, tener cuentas en bancos suizos, comprar casa con piscina en Madrid y viajar en jets privados. Eso sí, con absoluta discreción a diferencia de otros compañeros de armas que se dedicaron a la política o asumieron cargos burocráticos durante casi dos décadas de gobierno chavista.

El invisible. “El que nadie lo ve”. Así identificó el propio Hugo Chávez en el programa Aló Presidente No. 98 del 3 de marzo de 2002 al ex director de la Disip, el entonces principal servicio secreto de Venezuela (hoy Sebin), quien formó parte del anillo de seguridad del candidato durante la campaña electoral que le dio la victoria en 1998.

Aló Presidente N° 98 – Todochávez en la Web by runrunesweb on Scribd

El mandatario fallecido se refería al militar con rango castrense de capitán que hasta ese momento no sólo lo había acompañado en la asonada militar contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1992, sino que también había ocupado algunos puestos en el gobierno como director de Relaciones Presidenciales (1999); Viceministro de Gestión Comunicacional, Secretario de la Presidencia (2000) y Presidente de la Fundación Pueblo Soberano (2001).

Pero no por ser “invisible”, Aguilera dejó de orbitar en el gobierno chavista. Después de la presidencia del Fondo para Jubilados y Pensionados, último cargo público que ejerció en noviembre de 2002, el ex capitán desapareció de la vida pública, incluso de las emisiones de televisión “Aló Presidente”, donde estuvo in situ o fue mencionado en 25 de los 242 programas dominicales que condujo el propio exmandatario entre 1999 y 2005. Siempre sigiloso, en estos espacios de radio y televisión oficialista Aguilera nunca dijo algo más allá de un monosílabo.

El nombre del exfuncionario de Chávez se mantuvo oculto detrás de la listas del gabinete y organismos estatales durante 13 años, hasta que un escándalo de presunta corrupción en España lo expuso de nuevo. El 10 de marzo de 2015 fue ventilada por la prensa española una investigación del Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac) sobre el Banco de Madrid, subsidiario de la Banca Privada de Andorra, que involucraba a seis funcionarios del gobierno de Chávez, todos clientes de la entidad bancaria, por el delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.

Informe_SEPBLAC_2015 by runrunesweb on Scribd

Además del ex director de la Disip, el entonces principal servicio secreto de Venezuela, Carlos Aguilera Borjas, en esa lista del Sepblac se incluían al militar Alcides Rondón, viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior, Justicia y Paz (MIJP); a los empresarios Francisco Rafael Jiménez y Omar Farías; y al exviceministro de Energía Eléctrica, Nervis Villalobos, detenido en Madrid el 26 de octubre de 2017, a solicitud de EEUU.

Según el informe de la unidad española de antiblanqueo, los seis burócratas venezolanos habrían manejado fondos en España “procedentes presuntamente de sobornos millonarios, a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano”.

Aquella investigación daría cuenta de las ocupaciones a las que se dedicó Aguilera después de darse de baja del Ejército en 2004 e interrumpir su carrera administrativa en el incipiente gobierno de Chávez. Actividades más ligadas a los negocios en el sector inmobiliario, importación de insumos médicos y de alimentos, construcción y al lobismo que a la defensa de los valores de “la revolución” que vio nacer.

Con el escándalo del Banco de Madrid en marzo de 2015, se reveló la faceta como empresario y lobista de este exfuncionario de Chávez que intentó durante años mantenerse bajo perfil. Pero en la misma Europa, a unos mil kilómetros del principado de Andorra, un banco suizo certificó por escrito que los oficios de Aguilera Borjas como empresario e intermediario entre compañías y el gobierno de Chávez comenzaron mucho antes.

Cuatro memos internos del banco Compagnie Bancaire Helvétique, CBH de Suiza, provenientes de una filtración a la que tuvieron acceso los medios Runrunes, El Pitazo, Armando Info de Venezuela y el diario español El Confidencial, ofrecen un perfil del excapitán venezolano devenido en empresario y comisionista. Pero no se trata de un caso aislado. Forma parte de una red que ilustra los movimientos de algunas fortunas armadas en los años de agonía de Hugo Chávez y comienzo del gobierno de Maduro.El gestor financiero francés Charles-Henry De Beaumont figura como enlace entre estos empresarios y exfuncionarios con la entidad suiza. .

Este perfil corresponde a lo que en el mundo financiero se denomina “Due diligence” (DD), que consiste en un informe de reputación que recoge la evaluación de potenciales clientes o inversiones, incluyendo información sobre sus récords financieros y grado de confiabilidad para los negocios y, en el caso de un banco, sirve para evaluar aceptarlo como cliente.

MEMO del CBH 04-09-2012 by runrunesweb on Scribd

El memo redactado el 5 de junio de 2013 describe que el cliente Aguilera Borjas, propietario de 33% de las acciones de la empresa Netmedical C.A y del 65% de la sociedad Inversiones Dirca S.A (ambas compañías asentadas en Venezuela), tiene un patrimonio personal estimado en $100 millones. También, dispone de cuentas bancarias no solo en el CBH (donde abrió una cuenta el 19/12/2011) sino en la Banca della Svizzera Italiana (BSI), contra el cual la fiscalía de ese país abrió un proceso criminal en 2016 por lavado de dinero y el HSBC, cuya cúpula fue imputada en mayo de 2017 por el delito de blanqueo de capitales.

MEMOS CAB by runrunesweb on Scribd

En el CBH describen a Aguilera Borjas como “un cliente de calidad, que no representa ningún riesgo para el banco” y que a partir de 2014 deberá ser desclasificado de la categoría PEP (Personas Políticamente Expuestas), sobre las que hay especial atención en la prevención de legitimación de capitales. Aunque el documento no indica las razones por las cuales se debe proceder a este cambio de identificación en esa fecha, esto ocurre con un funcionario cuando transcurren 10 años de haber dejado un cargo público.

Otro memo interno del CBH, con fecha de 10 junio 2013, indica que Aguilera Borjas es el socio mayoritario de la empresa Inversiones Dirca S.A, cliente de la entidad bancaria, encargada de la construcción y mantenimiento del Metro Caracas. Identifica a Aguilera Borjas, con 65% de las acciones y a Ramón (Eduardo) Pérez Parra, con 35%, como “los únicos dos accionistas” de la firma. Ambos son conocidos por la institución “desde hace años” a través del portador Upson Columbus Corporation, firma propiedad de Charles Henry de Beaumont quien es identificado como intermediario. El documento del banco suizo indica que tanto Pérez Parra como Aguilera Borjas “nos han visitado en Ginebra y yo los he visitado muchas veces en Caracas”.

Memos-5-06-2013-CAB by runrunesweb on Scribd

El informe, enviado el 5/06/13 por Leandre Sappino (gerente de relaciones del CBH) y dirigido a Stephane Strub (ex vicepresidente senior del CBH) afirma que tanto Aguilera como Pérez Parra “representan a numerosas sociedades españolas e italianas para construir y mantener las líneas de Metro de Caracas”. Describe que “las sociedades francesas que recibieron contratos de la Línea 1, perdieron las plazas de las líneas 2, 3 y 4 a favor de Inversiones Dirca y las sociedades españolas e italianas que la firma representa”.

El documento del CBH ofrece detalles sobre las actividades de Inversiones Dirca. Aclara, por ejemplo, que Aguilera y Pérez Parra intervinieron como “interlocutores
representando a las sociedades italianas y españolas frente a las autoridades locales en el cuadro de las negociaciones y llamados de ofertas, como patrocinador de diferentes cuadrillas necesarias para la construcción y mantenimiento de las líneas”.

El memo agrega que los contratos representan “muchos cientos de millones de euros financiados por el gobierno venezolano a través del Ministerio de Transporte Terrestre”, cartera que para la fecha del memo (junio 2013), era ocupada por Haiman El Troudi, presidente del Metro de Caracas, quien sucedió en el cargo al general Juan García Toussaintt.

El documento del banco suizo dice abiertamente que Inversiones Dirca recibe en su cuenta del CBH “los pagos de las empresas italianas y españolas como parte del trabajo hecho en Venezuela”. Aclara que se trata de “una cuenta de recepción de los dividendos que serán compartidos entre las cuentas de los dos accionistas”. Esta información es ratificada en un memo del 07/05/2012.

 

 

La empresa italiana a la que se refiere el memo del banco suizo, sin mencionar su nombre, es Alena Marconi Systemas, con la cual Aguilera firmó un contrato en 2004 que le garantizaba comisiones de 6,37% del total de ventas de la compañía de radares, reveló El País de España en abril 2018. Aguilera recibió 3,2 millones desde Curazao en su cuenta en la Banca Privada de Andorra, destinada a las comisiones de la firma italiana, según el informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), instancia que alegó que existe un “presunto acto de corrupción” tomando en cuenta “la gestión estatal de los aeropuertos de Venezuela y los vínculos de Aguilera con el régimen”, indica el documento citado por el diario español.

La descripción de los documentos del CBH coincide con algunos movimientos bancarios asentados en el informe del Sepblac de 2015, que indican que en agosto de 2013 (dos meses después del memo del CBH) “CAB (Aguilera Borjas) recibió en su cuenta Banco de Madrid un abono de 600.000 euros procedente de Suiza y remitió 87.973 dólares con destino a Estados Unidos en septiembre del mismo año”.

Inversiones Dirca no aparece entre las empresas de Aguilera Borjas que sí son mencionadas en el informe del Sepblac de España de 2015, como Clab-Consultora Inmobiliaria (registrada en Madrid) y Constructora Girardot 53 (en Caracas), así como Tecnotren de Venezuela y Servicios para el Metro (Semeca). Estas dos últimas formalizaron un convenio con cuatro compañías españolas: Constructora Hispánica, Cobra, Dimetronic y Caf, formando el Consorcio Español Sistema Metro (CSM) para la rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas. El contrato por 1.850 millones de euros implicó el pago de una comisión de Aguilera que equivale a 4,8% del monto, casi 90 millones de euros por “asesoría”, “apoyo comercial” o “representación”, según el informe Servicio Anti Blanqueo de Capitales (Sepblac).

En los años en que el CBH daba el visto bueno a Aguilera como “cliente seguro y de calidad”, el Metro de Caracas presentaba el peor desempeño de su historia, como registra la prensa de entonces. La inversión millonaria de 2008 destinada a las mejoras del servicio de la Línea 1 que debía acometer el consorcio español era cuestionada por las continuas fallas que presentaba el sistema de transporte caraqueño. Para abril de 2012 -año en que debía haber sido entregada la obra según cronograma-, se habían ejecutado 802 millones de dólares y los trabajos presentaban apenas 50% de avance.

Tras una consulta al CBH, un portavoz de la institución respondió a Runrunes, El Pitazo, Armando Info y El Confidencial que “como institución suiza, Compagnie Bancaire Helvétique cumple estrictamente con las obligaciones del secreto bancario y las leyes del país, particularmente con la Ley Suiza contra el Blanqueo de Capitales y con las ordenanzas de la Autoridad Federal Supervisora del Mercado Bancario Suizo (FINMA)”. Agregó que “como usted sabe, no podemos responder a las cuestiones específicas que nos envían sobre la existencia o no de ciertas cuentas en nuestro banco”.

Una empresa con pérdidas y facturas millonarias

En el piso 14 del edificio Unión, un conjunto residencial en la urbanización clase media Los Palos Grandes en Caracas, se encuentra domiciliada la empresa Inversiones Dirca S.A, cuyas operaciones millonarias como intermediaria entre contratistas españolas e italianas y el Estado venezolano para el mantenimiento del Metro de Caracas son destacadas en los memos del banco suizo CBH.

Fue registrada el 18 de abril de 2000 en Caracas con un capital de Bs. 30 millones ($44.510 al cambio de la época) con una amplia variedad de objetivos: desde gestión de negocios nacionales e internacionales, ejecución de proyectos inmobiliarios y compra de inmuebles hasta intermediación a través de contratos de agencias y comisiones.

Aguilera Borjas entra a la junta directiva de Inversiones Dirca el 28 de mayo de 2007 al comprar 70 mil nuevas acciones (Bs.70 mil cada una), elevando el capital social de la empresa a Bs. 100 millones, según el expediente de la compañía alojado en el registro Mercantil de Caracas. Es nombrado vicepresidente con 70% de la composición accionaria mientras que Ramón Pérez Parra, presidente, mantenía 30% de las acciones.

Entre el momento de su creación y la llegada de Aguilera Borjas, el balance general de la empresa se mantuvo inalterable durante 7 años. Pese a gestionar contrataciones millonarias, la empresa presenta un desempeño irregular. De acuerdo a un informe de auditoría de mayo de 2013, Dirca arrojaba pérdidas acumuladas hasta 2013 de Bs. 684.582,71, incidiendo en la disminución de 5,84 veces del capital social histórico. Ese mismo año, los memos internos de CBH presentaban a Dirca como la empresa articuladora de millonarios contratos entre compañías españolas e italianas y el Metro de Caracas.

Hasta 2014, Dirca se mantenía activa. La última asamblea de accionista se realizó el 13 de noviembre de ese año.

Aguilera, el importador

El mismo capitán a quien Chávez identificaba como uno de “los muchachos del 4 de febrero”, “un rebelde”, “un alzado” y un “revolucionario”, al que ordenaba encargarse de las ayudas económicas para casos de salud en los programas de Aló, Presidente, terminó decantándose por los negocios de diferentes ramos tanto dentro como fuera de Venezuela.

No cualquier empresario tiene acceso a los dólares preferenciales que se otorgan al sector salud desde que fuera implantado el control cambiario en Venezuela en 2003. CLAB es uno de ellos al incursionar en el próspero campo de la importación de material médico quirúrgico en la Venezuela de la era chavista con la empresa NetMedical, registrada el 12 de junio de 2006 en Caracas.

Uno de los principales clientes de esta compañía dedicada a “la dotación de insumos y equipos de la más alta tecnología para satisfacer las necesidades institucionales, tanto públicas como privadas”, ha sido el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS, confirma su ficha en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

Netmedical, cuya sede se encuentra desde el 31 de julio de 2013 en el Centro Seguros La Paz, en la venida a menos zona industrial Boleíta Sur de Caracas, también tiene cuenta bancaria en Suiza. En un memo interno del CBH, con fecha 04-09-2012 (en la recta final de la campaña presidencial que dio la victoria a Chávez, ya enfermo, ese año) identifica a Aguilera Borjas, socio de la empresa Netmedical, como “antiguo consejero del presidente (Chávez), reconvertido en lobista”.

En el documento del banco suizo se ofrece un retrato de las operaciones de la empresa creada en Venezuela y a su principal socio, el franco venezolano Eduardo Salzberger, cuyo padre -representante del grupo Cessna en Venezuela y otros países de América Latina-, fue una ayuda para montar el grupo de distribución médica en el país.

El memo, enviado por Strub, indica que Netmedical -grupo dedicado a la importación de material médico y equipos hospitalarios- trabaja con el sector privado, pero la mayor proporción de sus órdenes de compra provienen del sector público gracias al “deslumbrante auge de la salud que ha promovido Chávez, permitiendo que los pobres, el 80% de la población, tenga acceso a esos cuidados”. Una observación que resulta una paradoja en momentos cuando Chávez se trataba un cáncer en Cuba, lejos del sistema promovido por el mandatario en Venezuela.

Netmedical, cuenta el documento, pasó de ser distribuidor a ser representante de grandes marcas que importan desde EEUU, Europa y en menor cantidad de Medio Oriente y Asia. Para ello “dispone de muchas empresas offshore que ha montado en cada una de estas zonas geográficas y que distribuye diferentes equipos al Seguro Social, Ministerio para la Salud y otros hospitales y medicinas de Venezuela”.

Agrega que también distribuye material médico quirúrgico a otros países de América Latina como México, Colombia, República Dominicana. El CBH reconoce que el número de sociedades de Netmedical le permite “obtener ventajas en los resultados en los concursos públicos venezolanos”.

Si bien el CBH describe a Salzberger como principal socio de Netmedical, su nombre no aparece junto al de Aguilera Borjas como accionista de la empresa en Caracas, según el Registro Nacional de Contrataciones de Venezuela. La ficha del registro indica que Germán Álvarez García es propietario de 75% de las acciones mientras que Aguilera Borjas tiene 25%, al menos hasta 2014.

A pesar de que CBH identifica a Salzberger como compañero accionista de Netmedical junto con Aguilera Borjas, en realidad es director de la misma empresa pero domiciliada en Panamá.

Netmedical no se limitó a Venezuela, sino que expandió su presencia a otros países, como República Dominicana, país al que llegó el 29 de octubre de 2014, producto de la fusión con Cely Dominicana, empresa con más de 20 años en el mercado, reseñó la prensa local entonces.

La importadora Netmedical ha sido beneficiada por el sistema de divisas venezolanos para compras al exterior que implantó el gobierno de Chávez en 2003 a partir del control de cambio que se mantiene hasta hoy. Entre 2004 y 2012, la compañía recibió $34.998.105 dólares preferenciales vía Cadivi para la importación de material médico quirúrgico. La base de datos de comercio exterior Importgenius https://www.importgenius.com/ registra que Netmedical compró equipos medicoquirúrgicos, productos farmacéuticos $31.173.781 entre 2009 y 2013.

Aguilera Borjas no fue accionista desde los comienzos de Netmedical, registrada con un capital social de Bs. 1.000.000 el 12 de junio de 2006 en Caracas, en pleno auge de las importaciones impulsadas por el gobierno de Chávez. Ingresa a la empresa encargada de todo lo relacionado con la compra, distribución y exportación de equipos médico-quirúrgicos el 7 de mayo de 2012, cuando compra 25% de las acciones y se convierte en vicepresidente de la firma, quedando Germán Álvarez García como socio mayoritario con 75% de las acciones.

El capital aumentó en esa oportunidad en Bs. 10.000.000, registra el expediente mercantil de la firma que en 2014 amplió su área de acción -aparte de medicamentos y equipos médicos- a la importación de “alimentos, licores, vinos y bebidas alcohólicas”, así como también “productos cosméticos, de limpieza e higiene doméstica”.

El capitán en Paradise Papers

El excapitán de 57 años de edad al que le gustaba jugar tenis en los albores del gobierno bolivariano, también aterrizó en un paraíso fiscal. El 26 de julio de 2010 se registró en Barbados como director de la empresa Jetcar V, Inc. con el número 33571. Según el expediente de la Oficina de Registros de la isla del Caribe oriental, esta “compañía internacional de negocios” tiene por objeto el arrendamiento de aviones bajo el tratado de comercio internacional.

La existencia de esta compañía de Aguilera Borjas en Barbados trascendió gracias a la investigación mundial Paradise Papers, que filtró 13,4 millones de documentos del despacho de abogados Appleby de Bermuda, que revelan el funcionamiento de la industria “offshore”. El proyecto, publicado el 5 de noviembre de 2017 por 200 medios del mundo, fue coordinado por el Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Certificado de registro de la compañía Jetcar V, INC en Barbados by runrunesweb on Scribd

En la ficha de registro, el domicilio registrado de Jetcar V Inc. en Caracas es la oficina 81 de la Torre Adriática de Altamira, coincidencialmente donde funcionaba la primera sede de Netmedical hasta 2013. En una visita reciente se pudo comprobar que la reja blanca del inmueble está cerrada y un empleado del edificio dice que se encuentra así desde hace dos años. Nadie entra y nadie sale de allí. En la cartelera de la entrada, el espacio correspondiente al número 81 está vacío, sin nombre.

Negocios que tomaron vuelo

Sobre el objeto social de la empresa en Barbados conoce mucho Aguilera, a juzgar por la cantidad de vuelos que ha tomado para salir del país en poco más de una década.

El ex guardaespaldas de Chávez es un viajero frecuente. Entre el 17 de septiembre de 2005 hasta el 11 de julio de 2017 salió 126 veces del país, a razón de 10 viajes por año, según registran los movimientos migratorios que reporta el Saime.

Saliendo de Caracas, su destino más frecuente ha sido Oraajenstad, Aruba (47 veces); Madrid, España (31 veces); La Romana, República Dominicana (16 veces) y Panamá, Panamá (7 veces).

Después de 2009, específicamente después de 12 de septiembre de ese año, Aguilera Borjas comenzó a viajar en vuelo charters, realizando 74 vuelos hasta abril 2017 sin dejar de tomar aviones comerciales.

 

Con el avión matrícula venezolana viajó 44 veces, entre ellas 24 a Aruba y 11 veces a La Romana. Se trata de un modelo 560 Citation Excel, de 9 puestos, que para 2015 estaba valorado en 12,75 millones de dólares.

Ha viajado en una aeronave de fabricación americana, pero Estados Unidos no aparece entre sus destinos en la última década.

Otras empresas “marca CLAB”

Entre los seguidores y ex adeptos del chavismo, los vínculos de CLAB (Carlos Luis Aguilera Borjas) con el 4-F son plenamente identificados, aunque en su caso hayan perdido lustre como credencial después de dos décadas. Graduado en el puesto en el puesto 48 de la promoción 1982 “Coronel Antonio Nicolás Briceño”, compartió salones de clase y entrenamiento con Henry de Jesús Rangel Silva (actual gobernador de Trujillo, ex ministro de Defensa), Gustavo Enrique González López (ex Ministro de Interior, actual jefe del servicio nacional de inteligencia, Sebin) y José Gregorio Montilla Pantoja (excomandante de la Policía Militar, Disip), entre los más notorios que han ejercido cargos en el gobierno de Chávez.

Pero también dentro del chavismo, CLAB ha sido identificado con opacos  manejos administrativos. En mayo de 2015, se filtró a la prensa un audio de Mario Silva, conductor del programa La Hojilla, del oficialista del canal  Venezolana de Televisión (VTV), siempre bien ponderado por el gobierno de Chávez, en el que comenta supuestamente a un representante del G2 cubano (principal servicio de inteligencia de la isla caribeña) que hay (sic) “una serie de empresas maletín, muchas de ellas desde Puerto Cabello, dirigidas por el ex Director de la DISIP, Aguilera, algunas de ellas dirigidas por él. Empresas de construcción, todas de maletín, (a las) que se les estaban otorgando dólares y había un desangre, dicho por el mismo (ex ministro de Planificación Jorge)  Giordani en una reunión con el Comandante Chàvez, y estaba (Henry) Rangel Silva”, ex Ministro de Defensa de Chávez, uno de los generales que acompañó al presidente fallecido en la intentona golpista de 1992.

Lo cierto es que bajo el nombre de Aguilera Borjas se han registrado varias empresas en Venezuela, Panamá, Barbados y España. En este último país, constituyó CLAB Consultora Inmobiliaria (cuyas siglas remiten a las iniciales de su nombre) el 5 de noviembre de 2007. Domiciliada en la concurrida calle Fuencarral 146 de Madrid, la firma dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios posee un capital social de 1.773.256 euros y sus ventas por arrendamiento se ubican en € 28 mil al cierre de 2015, según el Registro Mercantil de la capital española. Un monto que contradice la magnitud de la actividad comercial para la cual fue creada o demuestra poca actividad comercial.

 

Si bien sigue activa, CLAB Consultora Inmobiliaria – de la cual Aguilera Borjas es su administrador desde el 24/12/2007–no ha presentado el balance general de 2017 ni de 2016 ante el Registro Mercantil en Madrid.

Desde que fue creada hace 11 años, la empresa dedicada a alquiler de inmuebles ha destinado € 1.715.250 a la compra de 8 activos: un piso (apartamento) en Madrid, dos en La Coruña, dos plazas de garaje y dos cuartos de bicicletas. En el ejercicio económico de  2015 presentó pérdidas de € 38.693,08.

El administrador de CLAB Consultora Inmobiliaria desde enero de 2015 es José Manuel Aguilera Rioboo, hijo del ex capitán Aguilera Borjas, que tiene pasaporte español. La inmobiliaria de Madrid no es el único vínculo empresarial que tiene con su padre. Graduado de Ingeniero Mecánico de la Universidad Politécnica Nacional de la Fuerza Armada en 2010, Aguilera Rioboo muestra en su CV que fue gerente técnico de Netmedical (2012-2013) y gerente de soporte técnico del español Consorcio CSM (junio de 2009 a julio 2011), el mismo que se valió de la intermediación de otras empresas de su  padre en Caracas para obtener los contratos de rehabilitación de la línea 1 del Metro de Caracas, como detalla el informe del Sepblac de España.

Aguilera Rioboo no solo participa en los negocios de su padre en España. También es director de la empresa AIRCA 5282 S.A, registrada en Panamá el 17 de diciembre de 2012. Nueve días después de que Hugo Chávez, líder de “la revolución bolivariana”,  hiciera su última aparición pública

El vínculo con los aviones es una constante en algunas compañías de Aguilera Borjas registradas en paraísos fiscales. De AIRCA 5282 S.A en Panamá también es director Mark B. Golstein, una firma de abogados con sede en Boca Raton, Florida, especializados en asesorar a sus clientes en asuntos legales de la aviación como compra y venta de aeronaves, financiamiento, registro, operación, administración e incluso entrenamiento de operadores

En Panamá CLAB también se registró como presidente de la empresa Río Arriba 6 el 21 de septiembre de 2015. Entre los directivos destaca Charles Henry Du Boscq de Beaumont,  un banquero francés que aparece relacionado con funcionarios, exfuncionarios y empresarios que han amasado fortunas en el chavismo, según la filtración que sustenta este reportaje. En un memo del CBH de fecha 07-05-2012, se identifica a Beaumont como intermediario entre los socios de Inversiones Dirca y  la entidad bancaria suiza.

Así como sus constantes vuelos en avión privado hacia islas del Caribe y Panamá, el ex capitán Aguilera también ha dado un salto entre sus predios en la capital. Sigue inscrito en un centro de votación de La Candelaria, populosa parroquia del centro caraqueño. Hoy en día, indican los expedientes de sus empresas, está domiciliado en Valle Arriba, la exclusiva urbanización de torres de lujo donde se levanta, cual fortaleza, la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

Valle Arriba se encuentra en el caraqueño municipio Baruta, justo donde Aguilera habría comprado un apartamento de 3.000 metros cuadrados por 1,3 millones de dólares mediante fondos canalizados a través de transferencias a Panamá y Suiza, según registran documentos a los que tuvo acceso El País. Es uno de los dos inmuebles que CLAB habría adquirido con sus fondos de Andorra, según el documento que menciona el diario español.

Otro salto lo dio al comprar una casa de dos pisos en España con piscina sobre un terreno de 1.182 metros cuadrados. Según el registro de propiedad, Aguilera Borjas y su exesposa María Esther Rioboo son 100% propietarios de la finca ubicada en la urbanización Monteclaro de Pozuelo de Alarcón (Madrid). El documento consta que fue adquirida el 15 de septiembre de 2004, el mismo año en el que el excapitán y exguardespaldas de Chávez se da de baja del Ejército venezolano.

Registro propiedad de casa en Pozuelo de Alarcon (Madrid) by runrunesweb on Scribd

El 26 de marzo de 2018, CLAB respondió vía correo electrónico a la petición de entrevista de los periodistas alegando que las informaciones que manejan estos medios son “inapropiadas, falsas e inciertas”. Agregó que sí ha comparecido ante algún juez en España “para denunciar a los responsables de esas informaciones… que siendo falsas, atentan de manera patente contra su prestigio personal”. En una reunión posterior con fecha 30 de abril de 2018, aclaró que en España no existe ninguna investigación en su contra, que dejó de ser funcionario público del gobierno venezolano hace más de 15 años y que sus relaciones bancarias son privadas.

 

 

@boonbar

En el aeropuerto de Ezeiza, que sirve a la ciudad de Buenos Aires en Argentina, las autoridades aeroportuarias retuvieron  90 mil euros en efectivo que intentó ingresar a ese país una contratista del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

 Se trata de Isabel Rangel Baron, copropietaria de un grupo de empresas que durante más de una década fueron beneficiadas con contratos millonarios adjudicados directamente por la administración  del general Carlos Rotondaro en el Seguro Social para la importación de insumos médicos.

Rotondaro, quien fue destituido de la presidencia del IVSS en noviembre de 2017 luego de una década en el cargo,  ha sido sancionado dos veces este año tanto por el gobierno de Estados Unidos (19 de marzo) como por el de Panamá (30 de marzo). En el primer caso, por sus manejos en el Seguro Social ante la crisis sanitaria de Venezuela y, en el segundo, fue incluido en una lista junto con otros 54 funcionarios venezolanos por el riesgo de blanqueo de capitales.

 Rangel Baron aterrizó el 24 de marzo de 2018 en Ezeiza en un vuelo proveniente de Caracas portando 90 mil euros en billetes, cantidad de divisas que sobrepasa 9 veces  el valor equivalente a  los 10 mil dólares en efectivo que toda persona que entra al territorio argentino debe declarar ante las autoridades aduanales. Fuentes judiciales afirman que la viajera, que no declaró el dinero, afirmó que planeaba hacer escala en Buenos Aires para “visitar a un hijo antes de continuar su trayecto a España”.

 A la empresaria venezolana le dictaron prohibición de salida del país y el dinero retenido fue puesto en custodia del Banco Central de Argentina mientras el Ministerio Público decidía si se había cometido un delito penal cambiario o hubo indicios de lavado de dinero. El fiscal designado para este caso, Leonel Gómez Barbella, consideró que el caso no ameritaba abrir una investigación por legitimación de capitales y decidió que hubo infracción fiscal, lo que implicaría una sanción administrativa.

 El fiscal Gómez Barbella es miembro de la agrupación Justicia Legítima, movimiento judicial cercano al kirchnerismo creado en 2012. Formado por jueces y fiscales afines al gobierno de la expresidenta Cristina Fernández, ha sido identificado por la prensa argentina como el ala judicial que apoyó las políticas del kirchnerismo.

 Al cabo tres meses de investigaciones en el Banco Central, le corresponderá a Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora (que atiende la periferia de Buenos Aires, de la que depende el aeropuerto de Ezeiza) dictar conclusiones y sentencia, consistente en la posible confiscación de los 90 mil euros  y pago de una multa.