Lisseth Boon, autor en Runrun

Lisseth Boon

ESPECIAL ESCAZÚ | La interesada ausencia de Venezuela en el pacto regional para proteger el planeta

Expertos y organizaciones ambientalistas coinciden en que Venezuela no ha firmado el Acuerdo de Escazú porque promueve acciones y proyectos que atentan contra los tres principios de esta plataforma continental a favor del planeta: acceso a la información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia. Consideran que el actual gobierno venezolano no está dispuesto a rendir cuentas sobre su opacidad informativa, corrupción administrativa y la economía extractivista que depreda el ambiente y agrede a los pueblos indígenas

Lisseth Boon

¿Cuánto mercurio está envenenando a las comunidades indígenas de la cuenca del río Caura en la Amazonía venezolana donde se explota oro? ¿Cuál es el impacto ecológico de los derrames petroleros en el Parque Nacional Morrocoy al occidente del país? ¿Por qué los vecinos de la populosa parroquia La Vega en Caracas no tienen agua potable desde hace un mes en plena crisis de COVID-19? ¿Qué impide al gobierno de Nicolás Maduro condenar la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, patrimonio natural de la Humanidad? ¿Quiénes están detrás del asesinato del líder yukpa Sabino Romero quien denunciaba la explotación de carbón en el Zulia y el despojo de los territorios ancestrales? 

Son sólo algunas de las puntuales preguntas que Venezuela estaría obligada a responder de haber firmado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales conocido como el Acuerdo de Escazú, instrumento clave para la protección del ambiente y la defensa de los derechos ambientales en América Latina y el Caribe que entrará en vigencia el 22 de abril de 2021 cuando se conmemora el Día Mundial de La Tierra. 

 

El Auyantepui desde el río Carrao en el Parque Nacional Canaima, patrimonio Mundial de la Unesco desde 1974. Foto: Lisseth Boon.

A pesar de ser uno de los países con mayor biodiversidad del mundo donde los ecosistemas y pueblos indígenas son amenazados por el extractivismo minero y la construcción especulativa en áreas protegidas, Venezuela no forma parte de los originales 24 Estados firmantes ni de los 12 que ratifican este pacto internacional que garantiza derechos en materia ambiental como el acceso a la información pública, la participación de la ciudadanía en la formulación de políticas y toma de decisiones y aplicación de la justicia que implica la protección de los defensores del medio ambiente. 

El acceso a la información pública no es precisamente uno de los principios que define al gobierno de Nicolás Maduro. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), destaca en el informe de 2020 que fue imposible determinar en qué medida la administración del dirigente chavista ha logrado regularizar la actividad minera y frenar la extracción ilegal en el Arco Minero del Orinoco, el polémico megaproyecto creado en 2016 para la explotación del oro, diamante, bauxita y coltán, entre otros minerales estratégicos al sur del país. 

Minería ilegal en Campo Carrao dentro del Parque Nacional Canaima donde la cantidad de sectores de extracción aurífera creció 78% en cuestión de dos años. Está situado a 23 kilómetros del Salto Ángel, la caída de agua más alta del planeta. Foto: SOS Orinoco.

La Acnudh destaca que «el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico no ha publicado información de interés público, como estudios de impacto ambiental y sociocultural, datos sobre el número y el nombre de las empresas con las que el gobierno ha conformado alianzas, o sobre la cantidad de mineros inscritos en el Registro Único Minero”. Agrega que el Banco Central de Venezuela tampoco publica información actualizada sobre los volúmenes de oro que recibe de la empresa minera estatal Minerven, ni sobre la cantidad de minerales que se exportan. Mucho menos sobre cuál es su principal destino ni el monto de divisas extranjeras que el Estado recibe a cambio.

En el caso de los pueblos indígenas en Venezuela, la gravedad de la opacidad informativa es igual de notable.  El informe 2020 de la Acnudh resalta su preocupación sobre la falta de consentimiento libre, previo e informado con respecto la instauración del Arco Minero y la expansión de la minería en sus territorios ancestrales, que afectan el derecho fundamental de los pueblos indígenas a “la autodeterminación así como sus derechos sobre los territorios y recursos, a la conservación y protección del medio ambiente, y a vivir en paz y seguridad».

La lideresa del pueblo pemón Lisa Henrito fue acusada de secesionista y traidora a la patria en 2018 por el alto mando militar en el canal estatal VTV. Amnistía Internacional activó una acción urgente mientras que el gobierno venezolano guardó silencio. Foto: Lorena Meléndez.

¿Para qué Escazú?

“Venezuela, sin duda, debería formar parte del Acuerdo de Escazú promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas”, considera la diputada a la Asamblea Nacional de 2015, María Gabriela Hernández. «Se trata de un país de la Amazonia, con 60% de su territorio conformado por áreas bajo régimen de protección especial (Abraes), dentro de las cuales 40% son parques nacionales. Nos referimos a una de las biodiversidades más complejas y nutridas del mundo por lo que es importante que reciban protección aquellos que defienden  el tema ambiental.  El ciudadano, las organizaciones, fiscales, jueces y actores ambientales deben contar con  garantías,  que sus acciones estén amparadas por la ley y, por supuesto,  que los venezolanos tengan la posibilidad de acceder a la información y la justicia para reparar y/o evitar la continuidad del daño al medio ambiente».

Para Vladimir Aguilar, abogado experto en derecho indigenista de la Universidad de Los Andes (ULA), la incorporación de Venezuela en el Acuerdo de Escazú sería fundamental porque se trata de la materialización de los distintos instrumentos para la protección del planeta que se han negociado desde la  Declaración de Río ’92 sobre el ambiente y el desarrollo. “Se trata de una de las declaraciones más importantes que se hayan negociado en el siglo XX con repercusiones en el actual toda vez que se reconoce uno de los principios más importantes del derecho ambiental como es el “Principio de la Precaución”, que implica que ante la duda sobre algo que afecta al medio ambiente, siempre debe favorecerse al ambiente. Responde a lo que se conoce en el lenguaje jurídico in dubio pro natura: ante cualquier duda se favorece la naturaleza”, resalta el también miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEPV). 

 

Los ecosistemas Parque Nacional Archipiélago Los Roques en el Caribe venezolano están amenazados por construcciones descontroladas que no atienden estudios de impacto ambiental. Foto: Lorena Meléndez.

El Acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental que permite un enfoque más participativo en la toma de decisiones y en la formulación de políticas relacionadas con el medio ambiente, recuerda Alejandro Álvarez, coordinador de la organización Clima 21- Ambiente y Derechos Humanos para resaltar la relevancia de este pacto del cual Venezuela debería formar parte. «Otorga un piso legal para que no sólo los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a la información y participación, sino que los Estados cumplan con las obligaciones adquiridas en materia de derechos humanos. Se trata de principios que ya están contemplados, además, en la Constitución venezolana y en la agenda global que procura el beneficio humano y ambiental de toda la región.  

Pero Escazú tiene repercusiones más allá de lo local. «Por tener un carácter vinculante, cada Estado que suscribe el acuerdo está obligado a rendir cuentas sobre su desempeño y competencias ya no sólo ante sus ciudadanos sino también ante la comunidad internacional», agrega Álvarez. “Es una tristeza que Venezuela vaya a quedar fuera de Escazú porque sus ciudadanos no deberían tener limitaciones para acceder a la información ambiental como tampoco a participar en la toma de decisiones sobre asuntos públicos que impactan al colectivo, por ejemplo, el tema agua, el fenómeno de la Niña y la crisis de suministro eléctrico que afectan a sus habitantes. Pero la posición del actual gobierno está marcada por la opacidad. Todo lo contrario». 

Manglares del Parque Nacional Morrocoy (Falcón) afectados por el derrame petrolero del 21 de julio de 2020 proveniente de la refinería estatal de El Palito en Carabobo, Venezuela. Foto Cortesía.

El coordinador de Clima 21 sostiene que la participación ciudadana es un derecho que en teoría está garantizado por los gobiernos democráticos donde se permite a la ciudadanía a cooperar en la formulación de políticas sobre temas ambientales, justo lo que no ocurre en Venezuela. “El caso de pueblos indígenas y defensores ambientales locales es aún más dramático porque su situación ha sido invisibilizada. Vemos que en países como Brasil, Colombia y Honduras se denuncia el penoso asesinato de líderes ambientales, pero nunca se habla de la cantidad de indígenas y defensores de la tierra que son amenazados, perseguidos, encarcelados y asesinados en Venezuela”. 

Naturaleza totalitaria

«Hay que asumir que los regímenes totalitarios son contrarios a este tipo de acuerdos o si los suscriben no los cumplen porque están contrapuestos a su naturaleza e intereses», destaca Hernández quien agrega que desde hace 22 años se ha venido restringiendo paulatinamente el derecho a la información atacando a periodistas, censurando y bloqueando a numerosos medios de comunicación. “La libre expresión, el acceso a la información pública, la libertad de conciencia son todos derechos violentados en países de gobiernos totalitarios». 

Para Aguilar, la razón por la cual Venezuela no ha querido firmar Escazú podría ser la misma que determina a otros países como Chile -uno de los grandes promotores al comienzo de las negociaciones- que ahora se abstiene de formar parte. “El acuerdo se establece porque es una obligación legal para los estados de manera explícita, es decir, no aparece en los convenios y en los instrumentos jurídicos internacionales sino a través de protocolos. En este sentido, el abogado indigenista observa que en el caso de Escazú la obligación legal de información, de justicia ambiental, de acceso a la transparencia y de participación ciudadana está contenido de manera expresa en el acuerdo, lo que establece una obligación legal para los estados. 

 “Suponemos que para Venezuela se le hace cuesta arriba firmar un acuerdo de esta naturaleza en vista de que la apuesta fundamental del actual gobierno venezolano es la política extractivista, teniendo en el Arco Minero del Orinoco su máxima expresión. El modelo de desarrollo que sustenta la economía venezolana es el extractivismo”, piensa Aguilar por lo que “es fácil suponer que, frente a la estrategia del Estado venezolano de explotación ilimitada de recursos auríferos y mineros, la firma del Acuerdo de Escazú sería un contrasentido ya que la política del gobierno de Maduro es fundamentalmente explotación ilimitada de los recursos naturales”. 

Niños indígenas juegan en Kumarakapay, poblado de la etnia pemón en la Gran Sabana (estado Bolívar) donde ocurrió el asalto militar en febrero de 2019. Ninguno de los responsables por el asesinato de ocho indígenas ha sido imputado. Foto: Lorena Meléndez.

El abogado indigenista recalca además que el Acuerdo de Escazú obligaría al Estado a someter a consulta iniciativas que se han implementado con el Arco Minero del Orinoco desde su creación en 2016. “Precisamente, una de las denuncias sobre este megaproyecto de minería es que no se ha realizado la consulta libre, previa informada de buena fe y con el consentimiento de las comunidades indígenas que se han visto afectadas por el mismo”. 

“Es una decisión política”. Así le asomó una exfuncionaria del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas al propio Alejandro Álvarez cuando le preguntó las razones de por qué Venezuela no iba a firmar el Acuerdo de Escazú en 2018. “A ningún gobierno del mundo le gusta ser interpelado, que le digan que lo están haciendo mal de acuerdo a los tratados internacionales suscritos. En el caso de Venezuela tiene peso lo político mas no necesariamente lo ideológico. Vemos el ejemplo de Chile que al comienzo firmó (bajo un gobierno de izquierda) y hoy en día cambió su posición presionado probablemente por intereses económicos. Venezuela desde un comienzo se opuso, con lo cual se cae el argumento de que se trate de un gobierno progresista o de izquierda. Todo lo contrario: está aprobando normativas como la reciente ley Antibloqueo que tiene una connotación terrible desde el punto de vista ambiental ya que exime de la obligación de dar información sobre acciones que pueden producir daño ambiental”.

El líder del pueblo yukpa Sabino Romero se dio a conocer por sus protestas contra la minería de carbón y el latifundio y por la defensa de sus territorios ancestrales en la Sierra de Perijá, estado Zulia. Fue asesinado en marzo de 2013. Foto: Cortesía.

La diputada Hernández también explica otras de las razones por las cuales Venezuela es una de las notables ausencias en Escazú. «La participación ciudadana en asuntos ambientales, uno de los pilares del Acuerdo, es también contraria a los postulados de una dictadura que busca el control social del país. Su prédica es ‘tú no te vas a mover ni a intervenir sino en la medida que yo lo permita’. Es todo lo contrario al principio de la justicia fundamental de las libertades, que sostiene que el ciudadano puede hacer todo aquello que quiera a menos que la ley lo prohíba”. La parlamentaria destaca que en un régimen totalitario ocurre de manera distinta:  el ciudadano está absolutamente restringido por las diversas formas de control social. “Un tratado que permita el acceso a la información y que el ciudadano participe no es precisamente lo que le interesa a un gobierno autoritario”. 

 Así como una dictadura es contraria al acceso a la información, también lo es con respecto al acceso a la justicia. “Los regímenes autoritarios sólo apelan a la normativa legal en la medida que le sirva para perpetuarse en el poder, así tengan que proteger la actividad criminal y la corrupción del régimen”, dice Hernández. 

Balsa minera en el río Carrao. Desde la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016 se ha registrado un aumento de este tipo de embarcaciones en los cuerpos de agua del Parque Nacional Canaima. Foto: Lisseth Boon. 

Las limitaciones al acceso a la información también están relacionadas a las trabas que se imponen a la generación de conocimiento. Para el director de Clima 21, “la academia -universidades e institutos científicos- que hasta hace pocos años producía estudios e investigaciones en materia ambiental, ahora no cuenta con recursos para generar contenidos necesarios para la toma de decisiones, desde lo particular hasta la formulación de políticas nacionales. En nuestros días el desarrollo sostenible es impensable sin tomar en cuenta el factor ambiental”. 

Runrun.es solicitó información al Ministerio de Ecosocialismo sobre las razones por las cuales Venezuela no ha suscrito el Acuerdo de Escazú pero hasta el momento de la publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta. 

 

Primeros intentos

La importancia de que Venezuela forme parte del Acuerdo de Escazú como Estado firmante se remonta a la declaración de Río 92, cumbre de la Tierra en la que se cimenta que el desarrollo sostenible se logrará mejor en las sociedades que tengan acceso a la información, sus ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones y tengan acceso a la justicia, destaca Álvarez quien ha participado en la discusión desde hace dos décadas como representante de la sociedad civil en Venezuela. 

“Río 92 fue una declaración de buenas intenciones de una nueva alianza mundial a favor del planeta, un recordatorio de derechos  universales reconocidos desde el punto de vista legal independientemente del reconocimiento o no que de ellos hagan los estados. Se trata por cierto de una declaración que fue firmada por la casi totalidad de países de Latinoamérica entre los cuales no estaba Venezuela. No se conocen las razones ”, destaca Álvarez.  

La declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo aprobada durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en junio de 1992 reunió todos estos factores en la proclama llamada “Principio 10”, que plantea que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos en el proceso de adopción de decisiones, que tengan nivel de información adecuado sobre el medio ambiente y que los Estados deben proporcionar acceso a los procedimientos judiciales y administrativos, entre los cuales se cuenta el resarcimiento de daños y recursos pertinentes. 

Destrozos en la ruta preparada para una carrera de bicicleta montañera en el Parque Nacional Waraira Repano (El Ávila) en Caracas. A pesar de ser una actividad prohibida en esta área bajo régimen de administración especial debido al impacto que produce en los ecosistemas, tuvo autorización del propio Instituto Nacional de Parques (Inparques). Foto: Cortesía.

El director de Clima 21 revisa los antecedentes de Escazú de manera sucinta: tanto la Cumbre de la Tierra Río ’92 como Río+20 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, Río 2012), una serie de países latinoamericanos se comprometieron a desarrollar un instrumento legal para Latinoamérica y el Caribe tal como había ocurrido con otras regiones como Europa y África. Para tal fin, se llevaron a cabo una serie de reuniones preparatorias donde los originales cuatro países se comprometieron a establecer el proceso formal, motorizado por la Cepal como organismo operativo. 

A los principios de información, participación y justicia, se incluyó la protección de los defensores ambientales ante una urgencia ineludible confirmada por cifras y estudios: Latinoamérica se había convertido en “el sitio más peligroso del mundo para los defensores derechos ambientales”. La incorporación de este cuarto pilar alargó el proceso de discusión y provocó incluso que algunos países se echaran para atrás como México y Brasil, donde justo se registran alarmantes asesinatos de líderes ambientales. Finalmente, en 2018, se acuerda un documento de compromiso que es firmado en un primer momento por 24 países entre los cuales no está Venezuela.

Un grupo de personas recolectan agua en un riachuelo en Caracas en julio de 2020. La crisis del agua en Venezuela alcanza niveles dramáticos en plena pandemia de COVID-19. Foto: EFE.

«En 2018 varias organizaciones defensoras de derechos humanos en Venezuela comenzamos a movilizarnos para lograr que el país entrara al menos en el grupo de naciones firmantes del Acuerdo de Escazú. Se organizó una campaña liderada por Amnistía Internacional y junto a más de 200 organizaciones de América Latina y El Caribe firmamos una carta dirigida a los jefes de Estado, donde les exhortamos a convertirse en líderes de una cruzada global a favor del planeta”, describe Álvarez.  

Junto con 200 organizaciones de Latinoamérica, por Venezuela firmaron la carta dirigida a los presidentes estados: Coalición Clima 21; Acceso a la justicia; Asociación Civil Mujeres en Línea; Centro de Estudios de Oralidades y Culturas indígenas y africanas de América Latina y el Caribe; Epikeia Observatorio Universitario de Derechos Humanos; Equipo de Proyectos y Asesoría Social; Espacio Público; Fraternidad Laical Dominicana de Barquisimeto “Santo Domingo de Guzmán; Fundación Museo del Mar; Geografía Viva; Grupo Social Cesap; Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes; Phynatura; Promoción Educación Defensa en DDHH; Red de Organizaciones Ambientalistas de Venezuela (ARA); Sinergia, Red Venezolana de OSC; Sociedad de Ciencias Naturales La Salle; Una Ventana a la libertad  y la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

«Lo cierto es que las Ong que plantearon la firma de Venezuela en Escazú al Estado venezolano en 2018 siguen a la espera de una respuesta”, afirma Aguilar, agregando que en los últimos tres años han ocurrido otras adhesiones a esa iniciativa de la sociedad civil mientras que el Estado venezolano no ha dado ninguna respuesta formal, firme y contundente. Escazú no está en la agenda del Estado por la apuesta económica de la minería descontrolada al sur del Orinoco en la Amazonía venezolana».

 

Los derrames de hidrocarburos en la costa occidental de Venezuela continúan sin que la estatal petrolera Pdvsa active un plan de contingencia. Desde que Nicolás Maduro asumió el poder en 2013, se han registrado 28 fugas tóxicas a lo largo del territorio nacional. Foto: Cortesía.

Pero Venezuela no está completamente ausente de la discusión global sobre el ambiente y el desarrollo sostenible. En el marco del Principio 10, el Estado venezolano ha firmado al menos 15 tratados internacionales entre 1977 y 2018, que abarcan diferentes desafíos, desde la protección de la capa de ozono, cambio climático hasta seguridad de biotecnología.

Sin embargo, la firma no es garantía de cumplimiento de una responsabilidad adquirida, advierte María Gabriela Hernández. “Aunque Venezuela suscribiese el Acuerdo de Escazú, se convertiría en un pacto no acatado como el Tratado de París sobre sobre cambio climático, firmado y ratificado por Venezuela, pero no se cumple. Sería letra muerta porque el poder imperante que usurpa el poder en Venezuela no permite el acceso a ninguna información ambiental, ni participación pública, mucho menos acceso a la justicia, precisamente los tres postulados del Acuerdo  tratado de Escazú”.

Desde 2018, un grupo de organizaciones han venido promoviendo la incorporación de Venezuela a Escazú pero a pequeña escala, afirma Álvarez. “No tenemos la capacidad suficiente para accionar o hacer ruido. Cuando estas limitaciones producen frustración entre los compañeros de lucha siempre recuerdo a Mafalda: una pulga no detiene una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Ese es nuestro trabajo”. Sin desmayo, el próximo 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, harán pública una declaración conjunta insistiendo en la importancia de que Venezuela sea uno de los países firmantes del Acuerdo de Escazú. 

Escazú ante la pandemia

 ¿Es prioritario promover la incorporación de Venezuela en el Acuerdo de Escazú ante las urgencias que plantea la pandemia del COVID-19 en la región?

Aguilar no pone en duda la relevancia de la discusión sobre temas ambientales justo cuando el coronavirus causa estragos en el continente. La pandemia es una expresión de cómo la especie humana sigue interviniendo sobre su entorno natural y de cómo, a pesar de ella, los proyectos extractivos en la Amazonía continúan avanzando. Aparte, vemos cómo los niveles de contagio números de muertes en los países amazónicos como Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela van en aumento a la par de la profundización de los proyectos extractivistas”.

 La pandemia no debería ser excusa para posponer un acuerdo como Escazú sino todo lo contrario, piensa Aguilar. “Es la expresión de una apuesta irracional de apropiación, explotación, de los recursos naturales y fuentes de vida para los estados amazónicos y en especial para las comunidades indígenas que allí habitan”. 

Balsa para sacar oro en el Bajo Caura, una de las cuencas más caudalosas de Venezuela, decretada parque nacional en 2017. Tres años más tarde, sin consultar a los pueblos indígenas locales ni realizar estudios de impacto ambiental, la región fue incorporada a la explotación minera por el Ministerio de Desarrollo Minero sin importar que fuese área protegida. Foto: Cortesía.

También existe una relación directa entre los países con mayor responsabilidad en el cambio climático y el número de muertes y contagio que allí se registran. “Estados Unidos, China, Inglaterra, India entre otras, son naciones donde hay mayor incidencia sobre la naturaleza y el calentamiento global”, afirma Aguilar quien evalúa que la pandemia no podrá ser controlada en la medida en que no se detengan los proyectos extractivistas y el uso perverso e irracional de los recursos naturales.  

La discusión sobre la inclusión de Venezuela en el Acuerdo de Escazú es absolutamente prioritaria, considera Alejandro Álvarez quien recuerda la advertencia que hiciera en abril de 2020 el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente, David Boyd, tras el anuncio de varios gobiernos que indicaron que reducirían sus normativas ambientales: “la pandemia del COVID-19 no ha de usarse como excusa para reducir la protección sobre el medio ambiente. A la luz de la crisis ambiental mundial previa al coronavirus, estas acciones son irracionales, irresponsables y ponen en peligro los derechos de las personas vulnerables”. 

 Foto: Lorena Meléndez. Mujeres de la etnia pemón lavan ropa a orillas del río Akanan. No hay estudios del nivel de toxicidad por mercurio en las comunidades indígenas que se utiliza en la creciente minería ilegal de oro dentro del Parque Nacional Canaima. 

La situación ambiental en Venezuela es sumamente grave y la mayor parte de esa destrucción de ecosistemas y violación de derechos humanos están asociados a intereses económicos de factores de poder que terminan por afectar servicios básicos como el agua en el país que enfrenta una crisis generalizada. Se trata de una urgencia que es menester atender, subraya Álvarez. 

 El hecho de que Venezuela no esté entre los primeros firmantes de Escazú no implica que no se pueda adherir al Acuerdo más adelante. “Hay que incorporarse una vez que haya cambio de gobierno. Caso similar es el del Tratado de Minamata, que busca restringir el uso del mercurio para la explotación aurífera y que tantos estragos está produciendo en suelos, ríos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana. Junto con la adhesión a Escazú, desde el parlamento exigiremos su revisión una vez que recuperemos la democracia”. 

*Este reportaje hace parte de Tierra de Resistentes, proyecto coordinado por Consejo de Redacción con la financiación de Ambiente & Sociedad.

Puede leer el especial completo #QuiénLeTemeAEscazú haga click en la imagen: 

 

Una joyería en el estado de cuenta: los pagos sospechosos de una transnacional del oro a empresas anónimas en Venezuela

Sin oficina conocida en el país, la comercializadora de oro Kaloti Jewellery International, investigada por Estados Unidos por lavado de dinero y señalada de contrabando de metales preciosos, tocó Venezuela de forma indirecta. Entre 2011 y 2012, miles de dólares entraron en cuentas en el extranjero de pequeños comerciantes de libros, pescado, pan, entre otros, prácticamente desconocidos, en un contexto de sequía de dólares. Los pagos ponen en evidencia un enrevesado costado de las distorsiones del control de cambio que rigió en Venezuela por más de 15 años. Son transacciones que no involucraron oro como mercancía aunque el pagador fuese una de las corporaciones auríferas más grandes del mundo.

@boonbar

@marcosdavidv

Maracaibo, Barquisimeto, Caracas, Lechería, Güiria. En estas cinco ciudades tan dispares como equidistantes a lo largo de 1.300 kilómetros, que se extienden del occidente al oriente de Venezuela, se encuentra un puñado de pequeñas empresas que tienen como denominador común haber recibido pagos de una compañía con sede en los Emiratos Árabes Unidos: Kaloti Jewellery International Company Limited, de Kaloti Jewellery Group. 

Se trata de una de las corporaciones de refinación, fabricación y comercialización de oro más extendidas del mundo, que por tres años fue investigada por una fuerza de tarea conjunta liderada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), pesquisas que incluso llevaron a funcionarios estadounidenses a recomendar en 2014 que la empresa fuera designada como una amenaza de lavado de dinero utilizando la Ley Patriota, basados en todas evidencias que habían acumulado. El gobierno de Estados Unidos decidió cerrar el caso por consideraciones diplomáticas con sus aliados emiratíes, pero las alertas llevaron a que algunos bancos les cerraran las cuentas y perdieran una importante certificación de su principal refinería. 

¿Por qué la megacorporación del oro fundada en Dubái depositó miles de dólares a las cuentas bancarias en el extranjero pertenecientes a una empresa pesquera, un instituto oncológico, una editorial de medicina y odontología, el propietario de una panadería y el dueño de una importadora en Venezuela sin aparente relación con el sector aurífero? 

Las inusuales transacciones entre Kaloti y las empresas venezolanas con participación de bancos extranjeros y agentes intermediarios que operan en jurisdicciones de «alto riesgo» levantaron las alarmas de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su acrónimo en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que investiga datos financieros relacionados  con lavado de dinero y terrorismo. 

La filtración de más de 2.100 reportes de actividades sospechosas (en inglés Suspicious Activity Report, o SAR), obtenida por BuzzFeed News, compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y a la que tuvieron acceso más de 400 reporteros de 88 países para dar origen a la investigación global de los FinCEN Files, reveló que entre 2011 y 2012 Kaloti transfirió al menos seis pagos a 2 particulares y 3 compañías registradas en Venezuela que suman un total de 420.070 dólares, equivalentes a unos 8,4 kilos de oro calculados según promedio del precio del oro en la época. Una cifra que podría lucir intrascendente en el millonario panorama del mercado internacional de oro pero que en realidad se adiciona a las miles de operaciones que efectuó la transnacional a un centenar de compañías en otros países de América Latina, Asia y África, tal como registran los documentos del FinCEN. 

Las operaciones bancarias de Kaloti Group identificadas como dudosas por el Departamento del Tesoro estadounidense suman miles de transferencias por un valor de  9.300 millones de dólares, realizadas entre 2007 y 2015 dentro del sistema financiero internacional. Un cuarto de los SAR recogidos en la filtración están relacionados con oro. Venezuela figura como el tercer país con mayor número de reportes de actividades sospechosas de estar vinculadas con lavado de dinero a través del comercio de oro. 

La web de Kaloti Jewellewry International describe que la corporación mantiene «altos estándares de integridad, excelencia y conformidad»

Que un nombre de persona o empresa aparezca en un SAR del Departamento del Tesoro norteamericano no es una buena noticia pero no necesariamente es indicativo de algún delito o conducta criminal. Los bancos en Estados Unidos están obligados a enviar a la FinCEN informes que indiquen si se «sabe, sospecha o tiene alguna razón de sospechar» que una transacción tenga un origen ilícito o dudoso objetivo de negocio. No son en sí denuncias formales pero sí alertan a las autoridades sobre posibles operaciones de lavado de dinero proveniente de la corrupción, narcotráfico y crimen organizado. En los FinCEN Files no está la totalidad de los miles de informes emitidos durante los años analizados.

 Si bien las empresas venezolanas que recibieron pagos de Kaloti fueron registradas en el país, las transacciones se hicieron entre cuentas de bancos internacionales por orden de compañías domiciliadas en “sitios conflictivos” como Curazao y Guyana. Todo esto ocurrió justo en una época en la que regía el control de cambio implantado por el gobierno chavista desde 2003, que bajo la gestión de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) bloqueaba la libre convertibilidad de la moneda y por lo tanto el intercambio entre cuentas bancarias de bolívares venezolanos a dólares. 

Aunque el objeto de estas operaciones bancarias fue descrito como «comercialización de oro» por la empresa emiratí, no hay registro de exportaciones por parte de las empresas venezolanas ni particulares involucrados. En los balances aduaneros de los años que figuran en los reportes a la FinCEN no existe la venta de lingotes dorados provenientes de Venezuela a Kaloti ni a ninguna otra compañía extranjera, según recoge la base de datos de comercio internacional Import Genius. 

Las transferencias de Kaloti “por comercio de oro” a empresas venezolanas ocurrieron entre 2011 y 2012, cuatro años antes de la creación del controversial Arco Minero Minero del Orinoco, un megaproyecto de minería concebido y anunciado por Hugo Chávez en 2011 e instaurado definitivamente por Nicolás Maduro para la explotación de materiales estratégicos, que derivó en una cantera de corrupción, devastación ambiental, masacres y desapariciones. También ocurrieron antes de que fuera establecido por ley el monopolio de la comercialización del oro por parte del Estado, cuando las reglas de la compra y la venta del oro explotado en las minas del sur del país estaban aún menos claras. El Banco Central de Venezuela es el organismo que autoriza la venta del material aurífero tanto dentro como fuera del país. 

Una de las entradas al Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, Venezuela. Foto: Bram Ebus

Las empresas señaladas tienen en común alguna formalidad estructural como identificación fiscal, registro de empresa, reporte de importación de mercancía con su correspondiente registro en aduana. Incluso dos de las cinco compañías  aparecen en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), aunque hoy en día están inhabilitadas para contratar con el Estado. Pero en todos los casos resultó difícil conseguir el contacto y la sede física a partir  de la dirección, correo electrónico y números telefónicos reflejados en los SAR y algunas cuentas de redes sociales. La falta de datos muestra también la dificultad de los bancos, ubicados en la primera línea de prevención del lavado de dinero, para seguir las trazas del dinero que consideran sospechoso. 

El principal llamado de atención de los bancos a la FinCEN es que las empresas que recibieron pagos de Kaloti desviaron sus actividades para vender oro y asomaron que los movimientos bancarios sospechosos se inscriben dentro de patrones de lavado de dinero estudiados por la DEA y organizaciones como Global Witness.  

Pero en el caso de Kaloti y las empresas venezolanas la relación no resulta tan directa. Un grupo de pequeñas y medianas empresas venezolanas sin relación entre sí y desconectadas del sector aurífero quedaron envueltas en inusuales transacciones entre comercializadoras de oro extranjeras, que se valieron del control de cambio en Venezuela para ejecutar esas operaciones identificadas como sospechosas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y lo hicieron sin saberlo. 

 

Una deuda de pescado 

Cuando vio el nombre de Kaloti Jewellery International en el balance bancario de su empresa pesquera, Alí Saab Saab tuvo un mal presentimiento. ¿Por qué una joyería extranjera le estaba transfiriendo los más de 100 mil dólares correspondientes al pago pendiente de la deuda acumulada de un cliente por compra de pescado? “Esto nos puede traer problemas”, pensó con inquietud. Pocos meses después, el First Bank of Miami cerró la cuenta corporativa y nueve años más tarde, el nombre de la mediana compañía ubicada en Güiria, al extremo oriental del estado Sucre, apareció en la filtración de los FinCEN Files como receptora de una transacción sospechosa que relaciona a la corporación del oro de Dubái y la comercializadora El Dorado Trading, ubicada en Guyana.

 Según el reporte de actividad sospechosa llenado en marzo de 2012 y dedicado a Inversiones Rosu C.A., el First Bank de Miami señaló que el 19 de diciembre de 2011 Kaloti Jewellery Internacional hizo dos transferencias por un total de 109.452 dólares a beneficio de la empresa pesquera de Güiria desde su cuenta del Deutsche Bank de Londres usando la entidad intermediaria Deutsche Bank Trust de Nueva York, por concepto de «comercio de oro por orden de El Dorado Trading”.

El banco estadounidense confirmaba en su reporte que la empresa de los hermanos Roston, Rafik y Ali Saab Saab se dedicaba a la industria pesquera y operaban cuatro barcos con autorización para trabajar en Venezuela, Surinam, Guyana y la Costa Atlántico Sur hasta Brasil. En el documento ante la FinCEN, el First Bank de Miami explicó que “las  transacciones (de Inversiones Rosu C.A) no parecían tener “un razonable propósito y se desvían de la actividad esperada por el cliente”. También dijo que el cliente “no pudo proporcionar documentación para soportar las transacciones”.

Alí Saab Saab aseguró en una entrevista del 23 de septiembre de 2020 que no había manera de presentar documentos de una transacción en un país de extrema informalidad financiera y poca fiscalización como Guyana, operación por la que además no fueron previamente consultados. Lo dice quien es oriundo de una región de Venezuela ahora azotada por el contrabando de gasolina, narcotráfico y bandas criminales. 

 Los propietarios de Inversiones Rosu C.A son tajantes: “Nunca hemos tenido ningún tipo de relación con la empresa (Kaloti Jewellery International Group.), y jamás hemos comercializado con oro. Lamentablemente, todo lo que trajo esa transferencia fue un incidente ajeno a nuestra voluntad y control”

En una respuesta enviada por email el 23 de septiembre, Saab Saab despeja las sospechas sobre las embarcaciones de la empresa en aguas extraterritoriales. «Güiria siempre se ha caracterizado por ser un área de producción pesquera y agrícola. Es costumbre que toda las embarcaciones pesqueras, llámese pargueras y polivalentes, tanto de Güiria, como de otros puertos del Oriente, realicen faenas de pesca en aguas de Guyana, Suriname e incluso Guyana Francesa, con licencias legales obtenidas o auspiciadas por los clientes que existen en esos puertos, permitiendo descargar o vender parte de la producción pesquera”. 

Saab Saab confirmó que aquel cliente de Guyana les adeudaba varias faenas o campañas de pesca. “El hecho de que esos fondos fueran abonados a nuestra cuenta sin nuestro consentimiento en lo que respecta al remitente de la transferencia, nos costó no solo la relación comercial, sino también el cierre de la cuenta. Inclusive, los fondos fueron abonados sin control previo por parte del banco, que de haberlo realizado, nunca habríamos aceptado el depósito de los mismos».

Descartan asimismo cualquier vinculación con El Dorado Trading. «No existía relación con esa empresa; obviamente exigimos una explicación a nuestro cliente en Guyana, que sin consultarnos o solicitar nuestra autorización pidieron por su cuenta que nos hicieran la transferencia cuyo concepto original era producción pesquera».

 

Derecho de autor

Un caso similar ocurrió con Actualidades Médicas y Odontológicas Latinoamericana, Amolca C.A (Actualidades Médico Odontológicas) una editorial de textos de medicina fundada hace 36 años en Caracas y que en 2019 mudó su sede principal a Medellín empujada por la crisis generalizada de Venezuela, aclararon sus propietarios. Conservan la oficina de la capital venezolana en un pequeño edificio tan discreto como desvencijado del este de la ciudad. 

En un informe de actividad sospechosa de la FinCEN de diciembre de 2011, el Ocean Bank reportó que Amolca C.A registró actividades sospechosas con algunos giros provenientes de ubicaciones geográficas  de “alto riesgo” como Emiratos Árabes Unidos y Siria. Agregaron que la actividad era inconsistente con el negocio y la historia del cliente.

En la sede en Caracas de Actualidades Médicas Odontológicas (Amolca C.A) sigue funcionando en un pequeño edificio en el este de la capital. Oficina principal se mudó a Medellín en 2019. Foto Lisseth Boon / Runrunes

El SAR reporta que en diciembre de 2011, la empresa propiedad de Rafael Ángel Cortez, Margarita Florez de Cortez y Guillermo Cortez recibió un pago único de 9.976 dólares por parte de Kaloti Jewellery International de Dubái a través de la cuenta del Deutsche Bank y del intermediario Deutsche Bank Trust de Nueva York por concepto de “comercio de oro al cuidado de Haig’s Internacional N.V”. Identificaron esta operación como “inusual” y “altamente irregular” emitida desde una jurisdicción “de alto riesgo” y relacionada a una actividad comercial muy diferente a la editorial. 

En su momento, a Margarita Florez de Cortés, una de las propietarias de Amolca C.A, le extrañó recibir en su cuenta del Ocean Bank de Miami un depósito de casi 10  mil dólares por parte de una “joyería internacional”. En diciembre de 2011, la editorial necesitaba obtener divisas para cubrir algunas operaciones en el extranjero para la compra y venta de derechos de autor por lo que debieron recurrir al mercado negro, costumbre arraigada en la Venezuela de aquellos años sumida bajo el control cambiario que solo permitía el acceso a dólares preferenciales a reducidos sectores de la economía como el de alimentos y medicinas. 

“Aquella transacción fue producto de la compra de dólares en el mercado secundario a una persona que nos recomendaron para cambiar las divisas a fin de honrar compromisos de la editorial en el exterior. La operación se hizo de esa manera debido al control cambiario en Venezuela; era además una práctica común que hacían las empresas que tenían compromisos en el exterior”, aseguró Florez en una carta enviada el 21 de septiembre de 2020. En ese tiempo regía, sin embargo, la Ley de Ilícitos Cambiarios que establecía multas y prisión a quienes compraran o vendieran divisas fuera del Banco Central de Venezuela, una legislación que fue derogada en 2019. 

La propietaria de Amolca C.A subraya que se trató de una operación puntual y no consecutiva que se efectuó hace nueve años. No conserva detalles de esa transacción, como por ejemplo la identidad de la persona en Caracas que gestionó el cambio de bolívares a dólares, o si se hizo mediante cheque o transferencia bancaria. “Con la mudanza, se desecharon muchos documentos que la empresa no consideró importantes”. De lo que sí está completamente segura, insiste, es que la editorial nunca vendió oro y jamás tuvo relación con Haig’s International ni Kaloti. 

¿Por qué Haig’s International, una comercializadora de oro afincada en Curazao, de conocida gestión en el mercado global, querría tener una moneda tan devaluada como el bolívar fuerte venezolano en 2011? La respuesta podría apuntar hacia el sur minero del país. Para aquel año en que Hugo Chávez nacionalizó la actividad aurífera en Venezuela, la compra y venta del oro en la región minera del estado Bolívar aún se efectuaba con bolívares y en efectivo. Además, denuncias oficiales y reportajes periodísticos han confirmado que la ex antilla neerlandesa ha servido de puente para la legitimación del oro venezolano promoviendo su salida legal hacia el mercado internacional. 

 

Un apartamento y la banca clandestina 

Un esquema parecido se aplicó con el Instituto Oncológico del Occidente, centro de salud registrado en 1981 en Maracaibo, capital del estado Zulia, al occidente del país. La clínica está apuntada en el Registro Nacional de Contratistas de Venezuela aunque hoy en día está inhabilitada para firmar contratos con el Estado.

Un reporte de actividades sospechosas de finales de 2012 subraya el alerta de Century Bank sobre la familia propietaria de la clínica zuliana, José Luis Padilla Viloria, Mirna Yolanda Parra de Padilla y María Carola Padilla Parra, así como también del emisor de la transacción, Kaloti Jewellery International de Dubái. Observaron que se trataba de «una actividad que no está en línea con su actividad habitual» y que los titulares de la cuenta abierta en 2009 no pudiesen presentar documentación que justificara la operación. 

Según el reporte del banco que analizó los movimientos, no estaba claro el objetivo del depósito de 165.690 dólares a los propietarios de centro para el tratamiento de cáncer realizado el 23 de julio de 2012 por parte de Kaloti desde su cuenta del Deutsche Bank de Londres, usando como banco corresponsal el Deutsche Bank NYC y cuyo objetivo de pago era el «comercio de oro» por parte de Haig’s International. 

Hacia 2012, Haig’s International, ubicada en la zona franca de Curazao, contaba con  25 años de experiencia en comercio, transporte y distribución de metales preciosos. “No se encontró relación entre los clientes del banco y el emisor de la transferencia (Kaloti) o la comercializadora de oro de Curazao (Haig’s)”, indicó el documento agregando que “no se puede asegurar la legitimidad de la transacción que parece ser un pago a terceros”, que los oficiales de cumplimiento describieron en el SAR “como un mecanismo o red de personas que reciben dinero con el fin de hacer equivalencias de los fondos de terceros en otra ubicación geográfica”.

Estas operaciones entrarían en un sistema informal de transferencia de valor  o IVTS (por las siglas en inglés de Informal Value Transfer System) que se manejan fuera del sistema bancario convencional a través de instituciones financieras no bancarias u otras entidades comerciales, la llamada “banca clandestina”.  Se trata de un mecanismo o red de personas que reciben un monto de dinero cuyo valor equivalente es pagadero a un tercero situado en otra ubicación geográfica, como algunas redes de envío  de remesas, por ejemplo. Es lo que podría haber ocurrido con las empresas  venezolanas en cuestión salvo por un detalle: aseguran que no estaban al tanto de formar parte del sistema de intercambio. 

Por la versatilidad y anonimato que proporciona al usuario, este sistema puede ser muy atractivo para cometer ilícitos como lavado de dinero, financiar el terrorismo y otras actividades criminales, evalúan expertos.  

Las severas restricciones que impuso desde 2003 el régimen cambiario en Venezuela derivó en el mercado negro, un espacio de compra y venta ilegal de dólares  que no sólo promovió la masiva fuga de capitales y de dinero público pese a la Ley de Ilícitos Cambiarios sino también permitió a venezolanos anónimos a que tuvieran acceso a dólares y terminaran involucrados en esquemas de operaciones poco transparentes y al menos cuestionables como la que tanta suspicacia despertó entre los analistas de los bancos que reportaron a la FinCEN.

El Ocean Bank consultó en su momento a María Carola Padilla Parra, quien aseguró que la transferencia de 2012 era producto de la venta de un apartamento en Caracas, en el capitalino municipio Baruta e incluso presentó la fotocopia del contrato por 3.380.000 bolívares (786.046 dólares a la tasa de cambio oficial de 2012). En esa rendición de cuentas del cliente al banco, ni Kaloti de Dubái ni Haig’s International V.D. de Curazao fueron mencionadas. 

El Instituto Oncológico de Occidente es un conocido centro para tratamiento del cáncer en Maracaibo ubicado cerca de la transitada avenida Las Delicias de la capital de Zulia. Ninguno de los teléfonos fijos de su cuenta de Instagram funciona y el último post informativo fue publicado en septiembre de 2019. Sin embargo, se pudo comprobar que han seguido activos recibiendo pacientes incluso durante la pandemia de COVID-19. Sus propietarios no respondieron a las peticiones de entrevistas enviadas el 21 y 24 de septiembre de 2020 vía correo electrónico para este reportaje. Pero sí se logró obtener la versión de la compradora del apartamento vendido por la familia Padilla que confirma el esquema aplicado en las sospechosas operaciones de Kaloti con titulares venezolanos de cuentas bancarias en el extranjero.

A.V. (quien pidió mantener su nombre en reserva) es gerente en uno de los principales bancos de Venezuela. Compró en 2011 el inmueble ofertado por los Padilla, que para el momento residían en Miami. Pagó una inicial con un cheque en bolívares y contrató un crédito hipotecario aprobado por la misma entidad bancaria donde trabaja hace 13 años para cubrir el resto de las cuotas valuadas en moneda venezolana. El contrato de la venta del apartamento fue firmado en Caracas por Héctor Luis Parra Mejías, tío de María Carola Padilla, en calidad de apoderado. No hizo ninguna transacción con oro para pagarlo. 

Para A.V., la sorpresa no pudo ser mayor cuando se entera ocho años  después que aquella inicial por el apartamento que pagó en bolívares haya sido presentada por la vendedora del inmueble como justificación de los dólares supuestamente recibidos de una comercializadora de oro en Curazao. Y que su nombre aparezca entre los movimientos bancarios sospechosos reportados ante el Departamento del Tesoro de EEUU. «No tengo ninguna vinculación con Kaloti, ni Haig’s ni ventas de oro. Tras concretarse la compra del apartamento, no supe más de los Padilla».

 

Pan y divisas

La historia de las transacciones de Kaloti en Venezuela alcanzaron a un panadero portugués. En un reporte basado en una transacción de 2011 se detalla la transferencia de 34.976 dólares por parte de Kaloti a través del Deutsche Bank. El beneficiario principal de esta transferencia fue Evangelista Antonio da Conceiao (aunque en el SAR está registrado como Antonio Evangelista da Conceiao), descrito como propietario de una panadería en Venezuela. 

Esa panadería a la que hace referencia el SAR estaba ubicada en Barquisimeto y está registrada en el documento como Pan Norte, C.A. Sus abogados panameños, del grupo Castillero, Sieiro & Asociados se limitaron a confirmar tanto el fallecimiento de Evangelista Antonio Da Conceiao en 2019 como la autenticidad de la información del SAR respecto de la propiedad de la panadería Pan Norte, vendida a mediados de la década de 2010. 

Otra transacción calificada de “alto riesgo” une a Kaloti con Venezuela. En marzo de 2011, la corporación depositó 99.976 dólares en la cuenta personal de Jorge Enrique Navarro Ordóñez, director de la importadora Orientinvest C.A, domiciliada en Lechería, en el estado Anzoátegui. 

En Linkedin, Navarro Ordóñez se presenta como egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y como exdirector de zona del Banco Provincial. Desde 2008, según ese mismo perfil, es director de Orientinvest, C.A. No hay sitio web oficial que exponga datos de la compañía. Tampoco los sitios externos: en Import Genius hay apenas una mención sobre operaciones en 2010. En su foto de perfil se ve a Navarro Ordóñez de chaqueta y casco escoltado por una moto de alta cilindrada.

Navarro Ordóñez y Orientinvest aparecen en ese reporte de actividad sospechosa. “Se trata de una cuenta comercial a nombre de Orientinvest, C.A., que fue abierta el 23 de marzo de 2011. La compañía fue registrada el 7 de marzo de 2008 en el estado Anzoátegui. Los directores son el señor Navarro Ordóñez y Luis Arturo Salazar Martínez. Se dedican a la importación y comercialización de productos pesados y equipo para uso industrial”.

Tres elementos llamaron la atención a los agentes bancarios. El primero fue que las transferencias electrónicas “para personas físicas y entidades comerciales” se mueven en bancos con sedes “extraterritoriales”: Curazao, Antillas Neerlandesas y las Islas Caimán. El segundo factor: con el seguimiento a las transacciones, en un lapso de doce meses entre 2011 y 2012, se corroboró que los fondos “se desembolsan a través de transferencias electrónicas a una lista de personas físicas y entidades para que se acrediten en sus cuentas en otras instituciones financieras de Estados Unidos”. Lo tercero es la complejidad de las transacciones: un vaivén de transferencias que saltan de una empresa pequeña (literalmente: en su haber cuenta con un solo trabajador), como Desarrollos Galope (con sede en la avenida Libertador, en Caracas), a la cuenta de Navarro Ordóñez.

Una de esas transacciones fue por 13.200 dólares desde la cuenta de Navarro a la cuenta de la empresa Alidelta, con sede en Nueva Esparta. Su propietario es Luis Alexander Paredes Guillén.

Paredes Guillén accedió a conversar por vía telefónica para este trabajo. Lo primero que aseguró fue que no conoce ni a Navarro Ordóñez ni a su empresa. ¿Cómo explica entonces las transferencias? Un caso similar al de Amolca C.A, la obtención de divisas en la aridez cambiaria de Venezuela, podría explicar el vínculo desconocido.  

Alidelta es parte del Grupo Diorca, una distribuidora de alimentos fundada en el oriente del país en el año 2000. “Representamos a Colombina (empresa colombiana productora y distribuidora de alimentos) en el oriente del país. En 2009, 2010 y 2011 comenzaron las dificultades cambiarias. El sistema bancario no satisfacía la necesidad que teníamos para distribuir 30.000 cajas en el oriente para Colombina. Cuando se secan las arcas del Estado quedamos con una deuda con Colombina. Las casas de cambio no existían”, explica.

La desaparición gradual de estas agencias (había más de diez cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999) fue una de las consecuencias del control cambiario. Hubo cada vez menos divisas por los controles, lo que llevó a muchas empresas a buscar alternativas mientras boqueaban en la marea inflacionaria. En junio de 2020 se anunció la reapertura de algunas casas de cambio.  

Fue en ese dilema, el de subsanar una deuda en divisas, cuando Navarro Ordóñez y Orientinvest aparecieron, según lo que deduce Paredes Guillén. “A través de alguien que trabajaba en una casa de bolsa comprábamos divisas. Él nos daba la cuenta, nosotros depositábamos los bolívares y recibíamos los dólares. No sabíamos de dónde venían y eso fue todo lo que sucedió. Eso puede explicar una de las transferencias que recibió Alidelta”, añade. 

Interrogado sobre Kaloti, asegura que no ha escuchado sobre esa empresa. “No supe de una investigación (…) No tenemos nada que ocultar y tenemos más de 20 años en esta actividad”.

Para este reportaje se intentó establecer contacto con Navarro Ordóñez a través de Matthyse y Asociados, la firma de abogados que representaba a su empresa en Panamá, Victoria Consulting Group; y a través de Lazarus Corporate Filing Services, la empresa de servicio de archivo corporativo que registró Oriente Invest Group LLC en Miami, Estados Unidos. Ambas empresas están inactivas. 

Kaloti negó con vehemencia haber comprado oro venezolano, como el que se explota en el pueblo minero de Tumeremo al sur de Venezuela. Foto: Lorena Meléndez / Runrunes

Salvo en el caso de Inversiones Rosu, cuya cuenta fue cerrada por el banco meses después del reporte de sospecha, así como el de Evangelista Antonio Da Conceiao y María Carola Padilla Parra, ambos interrogados por sus correspondientes bancos al respecto, no se conoce que las empresas y particulares que recibieron transferencias de Kaloti  hayan sido sancionadas por parte de las entidades bancarias que presentaron los reportes ante la FinCEN.  

Kaloti Jewellery Internacional negó cualquier participación en Venezuela, aunque su nombre aparezca en los estados de cuentas de empresas venezolanas. En una carta de respuesta enviada al ICIJ, socio de Runrun.es y Armando.info en este reportaje, el 4 de septiembre de 2020, el portavoz de la corporación  aseguró que “nunca (se) ha realizado ningún pago a personas o empresas en Venezuela (de terceros o de otro tipo) en ningún momento». Aseguró además que «Kaloti jamás ha comprado oro a ninguna entidad (o persona) en Venezuela en ningún momento ni ha tenido ninguna relación con el gobierno venezolano ni con ningún miembro del mismo, incluido Nicolás Maduro». Puntualizó también que desde 2013 en adelante, «Kaloti se ha negado a comerciar con cualquier entidad que identificara, o le diera a Kaloti una sospecha razonable para creer que el oro venezolano podría estar en su cadena de suministro”.

Una explicación que se inscribe en el hecho de que las transacciones realizadas entre 2011 y 2012 se realizaron entre cuentas de bancos fuera de Venezuela, aunque los titulares fueron venezolanos.

 

Los intermediarios 

Como parte de las transferencias que hace Kaloti a las empresas venezolanas desvinculadas del sector oro resaltan dos traders o comercializadoras ubicadas en países que la FincCEN califica de “alto riesgo”: Curazao y Guyana. En los SAR analizados, los pagos de Kaloti fueron ordenados por terceras partes identificadas con B/O, siglas en inglés de la frase “by order of” por concepto de comercio de oro.

Una de las B/O es Haig’s Internacional con sede en Curazao, que ordenó al menos tres de las cinco transacciones de la corporación del oro de Dubái entre 2011 y 2012 y que fueron registradas por los informes sobre movimientos sospechosos de la FinCEN.

Sede de Haig’s International en la Zona Franca de Curazao, una de las gestoras de los movimientos bancarios entre Kaloti y empresas venezolanas. Foto: Lisseth Boon / Runrunes

Archak Bedrossian Liberatoscioli, propietario y director de Haig’s International V.D. aseguró que desconoce por completo las  empresas venezolanas con las que aparece vinculado en los reportes de actividad sospechosa de la FinCEN. En una carta de respuesta para este reportaje enviada el 29 de septiembre de 2020, explicó que para 2011 la compañía con sede en Curazao compraba el oro a personas y éstas recibían el pago correspondiente de Kaloti por orden de Haig’s Internacional V.D. “No hacíamos operaciones de cambio de divisas. Kaloti es una refinería que pagaba el oro directamente a los vendedores por indicación de nosotros que nos encargábamos de verificar el peso y calidad y por ello nos ganábamos una comisión. Estamos hablando de pequeñas cantidades, prendas de oro, llamada también chatarra de oro”.

Bedrossian explicó también que entre 2011 y 2012 el oro subió de precio —como está ocurriendo en 2020— y mucha gente optó por vender sus ahorros en el metal. “Nuestra actividad principal en Curazao siempre fue comprar oro que luego exportábamos a las refinerías en el extranjero como Kaloti, que desde Dubái pagaba la mercancía a los vendedores vía transferencia a terceros y así los clientes recibían su pago de manera más fácil y rápida. Las operaciones en Curazao, por la aduana y vía Dubái eran todas legales”.

El trader agregó que en aquellos años el venezolano trataba de salvarse de la devaluación y viajaba con sus prendas de oro hasta Panamá, Miami, Nueva York, Bogotá y el Caribe a vender el oro y cambiarlo por divisas fuertes. “Nosotros aprovechamos ese comercio físico del oro”.

El director de Haig’s remarca que nunca actuó como cambista. “No necesitaba ni usaba bolívares porque el oro no lo comprábamos en Venezuela sino en Curazao, donde ningún cliente quería que le pagaran en bolívares sino con dólares. Ni siquiera pagábamos los dólares ni florines en efectivo. Todo el oro comprado se pagaba a través de transferencia bancaria y salía exportado legalmente por la aduana”.

Haig’s International es una empresa dedicada a la importación, exportación, compra, venta, procesamiento, y refinación de oro así como su embalaje y transportación en el mercado internacional, registrada en 1994 con un capital de 200.000 dólares según indica su ficha del registro mercantil ubicada en Willemstad. Archak «Archie» Bedrossian Liberatoscioli es un economista venezolano que desde hace tres décadas se ha dedicado al comercio de oro en la región, especialmente el proveniente de Venezuela. En mayo de 2018, tras recibir el mote de  “zar del oro” por parte de la prensa de la ex antilla neerlandesa, fue detenido por la policía RTS holandesa en Willemstad, Curazao por supuesto “contrabando de oro y blanqueo de capitales”. 

La prensa de Curazao reseñó la detención de Archak Bedrossian en 2018 y lo tildó como «el zar del oro»

Al mes de estar en prisión, Bedrossian fue liberado porque Venezuela nunca presentó las pruebas incriminatorias ante Interpol. En junio de 2018, el Ministerio Público de Curazao confirmó que los cargos no eran por contrabando sino por estafa. 

La detención de Bedrossian coincidió con la “Operación Manos de Metal”, lanzada por el gobierno de Nicolás Maduro en junio de 2018 para “atacar a las mafias de contrabando de extracción de metales” en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, donde se encuentra el controversial Arco Minero del Orinoco. Por este operativo se emitió orden de captura de unas 35 personas por presunta vinculación con la explotación y tráfico de oro ilegales. Una decisión oficial que evidenciaba el desplazamiento de poderes dentro de una compleja estructura instaurada alrededor de la actividad minera al sur del país. 

Para el momento de la detención de Bedrossian en Curazao, Haig’s International V.D. ya no comercializaba oro. Detuvo sus operaciones en 2016, según confirmó su director al ser consultado para este reportaje. “Nunca tuve problemas con las autoridades en Curazao y como venezolano tampoco con las autoridades de Venezuela, a excepción del caso particular y falso que me inventaron en 2018. Nunca he sido cuestionado por ninguna autoridad por algún caso en ninguna parte del mundo”.

Además de Haig`s, el segundo trader que aparece en las transacciones de Kaloti con Venezuela es El Dorado Trading. Más por algunas conexiones con Kaloti o por pagos de transparencia difusa, esta empresa, con sede en Georgetown, capital de Guyana, fue noticia en octubre de 2019 cuando, en un tiroteo en frente de una de sus oficinas, un comerciante de oro fue asesinado. Pero el propietario del local, Tamesh Jagmohan, siempre ha preferido el bajo perfil, salvo cuando de algún logro se trata, tal y como fue a finales del año pasado, cuando una escueta nota de prensa señalaba que la compañía encabezó las exportaciones de oro en Guyana: 629.000 onzas en 2019. 

 

Curazao es considerada como una de las jurisdicciones de alto riesgo por las autoridades bancarias. La Zona Franca de la isla es uno de los ejes de la trama que involucra a Kaloti. Foto: Lisseth Boon / Runrunes

Su nombre figura en la lista de los SAR como uno de los participantes de la red de transferencias sospechosas. Aun cuando el nombre de su empresa está vinculado con un esquema de lavado, Jagmohan argumenta sus “estrictos” procedimientos para blindar cada una de las etapas de sus transacciones de oro. “La documentación generada por esos procedimientos es constantemente examinada por nuestros supervisores locales y extranjeros”. 

En respuesta a través de su abogado, Kaloti niega haber participado en un esquema de lavado mediante pagos a terceros, incluido El Dorado Trading. Pero Jagmohan deja claro que 2011 fue el año del despegue de los intercambios con Kaloti. También admite que en un momento prefirió deslindarse. “Alrededor de 2011 comencé a operar oro con Kaloti y todo fue bien hasta que en algún momento del 2014 me encontré con un informe de noticias de la BBC que mencionaba que Kaloti estaba siendo investigado por malas prácticas con el comercio con África. Al enterarme de esto, inmediatamente terminé todos los tratos con Kaloti a pesar de que más tarde me indicaron que habían sido absueltos de todo delito en los procedimientos del tribunal”.

En una segunda carta al ICIJ se muestra menos abierto a aclarar las dudas. Por ejemplo, sobre pagos en efectivo de Kaloti a su empresa. En esa misma respuesta insta al ICIJ y a los medios que participan en la investigación de los FinCEN Files “a evitar las habladurías, las alegaciones especulativas y no verificadas en su prisa por cumplir con sus plazos», pues, según razona, ello podría suponer “la ruina financiera de mi empresa”. 

En 2012 Jagmohan fue detenido en el aeropuerto de Miami por no haber declarado 27 lingotes de oro. Tuvo que pagar 40.000 dólares de multa y salió de Estados Unidos con la visa revocada, de acuerdo con una investigación del portal Infoamazonía, donde además se asegura que El Dorado Trading compró oro venezolano hasta 2019, poco antes de que la Asamblea Nacional de Venezuela lo designara como “oro de sangre”. 

 

La sospecha original 

El que una corporación del oro de alcance global transfiera miles de dólares a pequeñas empresas en Venezuela sin relación con el sector aurífero y con cuentas bancarias en el extranjero, pagos que a la vez fueron ordenados por comercializadoras del oro que operan en países de “alto riesgo” como Curazao y Guyana, reúne suficientes elementos para identificar un sofisticado esquema de lavado de dinero, analizan expertos consultados. 

“Aquí se presenta una dinámica de lavado de dinero en la que Kaloti participa pero no técnicamente”, considera Frédéric Massé, codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina (Red Coral) y experto en tráfico de oro. 

Massé considera que uno de los esquemas más comunes para lavar el oro ilegal, es crear empresas de maletín de duración temporal o bien utilizar compañías completamente desvinculadas del sector oro que no levanten sospechas. “Intermediarios formales en el mercado aurífero internacional se encargan de comercializar ese “material estratégico” fuera de Venezuela valiéndose de cuentas en bancos ubicados en países sin muchos controles fiscales. De esta manera, una corporación de las dimensiones de Kaloti no compraría el oro directamente a un restaurant o lavandería en Venezuela, por ejemplo, sino a través de traders conocidos en el sector que no averiguan mucho de dónde viene el metal”. Así, dice el especialista, se legalizaría el oro de origen injustificado. 

Pero en el caso de Venezuela, se añadiría un eslabón más en la dudosa cadena de las transacciones. Terceras partes fungieron como un nebuloso cash exchange: cambiaron bolívares por dólares a particulares y empresas venezolanas. Con la moneda venezolana era posible comprar el oro en el mercado negro local que luego sería entregado a Kaloti, el comprador original.

Las transacciones escaladas obedecerían a la fórmula de lavado de dinero en la que se suman intermediarios para dificultar la trazabilidad de las operaciones bancarias que dé con la emisión de origen, describe Massé. “Mientras más transacciones se registren, mejor se puede esconder la ruta de las transacciones. Una de las reglas del lavado es multiplicar los intermediarios para borrar la huella que permite dar con la emisión de origen”. 

Un minero muestra una pieza de oro procesada de forma rudimentaria en las minas del estado Bolívar. Foto: Lorena Meléndez / Runrunes

El sociólogo Fernando Fernández, experto en contrabando de materiales estratégicos, recuerda que en Venezuela existen vacíos legales en materia del oro que son “un incentivo para cometer lavado de dinero y contrabando”. “No hay que olvidar que aún el mundo empresarial de los metales preciosos es un terreno de mucha informalidad y de indiferencia moral donde muchos se tapan los ojos sin preguntar de dónde viene la mercancía por ser una atractiva oportunidad de negocios”, agrega.

El portavoz de Kaloti enfatizó que los pagos a terceros, tal como los que hizo a Inversiones Rosu, Amolca, Instituto Oncológico de Occidente y a los propietarios de Pan Norte y Orieninvest  “no eran ilegales ni generalmente infrecuentes hasta 2013”. Agregó que eran “completamente transparentes” y se hacían en representación de los clientes aprobados. Dijo que identificaban claramente la fuente, el remitente y el destinatario y que “nunca prestó ningún servicio que no sean aquellos para los que tenía licencia completa” y que “cumplió plenamente con todos los requisitos legales y reglamentarios relacionados con su negocio y todas las transacciones en las que ha sido parte”. El abogado subrayó: “Kaloti nunca ha comprado oro de ninguna entidad (o persona) en Venezuela en ningún momento”.

En 2015, el grupo Kaloti abrió base de operaciones a Surinam e inauguró una refinería conjunta con el gobierno de Dési Bouterse, la Kaloti Surinam Mint House, sobre la que ha habido denuncias de que pudo haber sido un aliviadero de la frenética extracción en el Arco Minero del Orinoco. El canciller Jorge Arreaza negó en junio de 2019 que el gobierno venezolano tuviera alguna relación con la compañía del oro en Surinam y atribuyó a EEUU el forjamiento de expedientes en contra del país. 

Kaloti también aseguró que dejaron de realizar pagos a terceros en 2012, justo cuando se establecieron regulaciones internacionales en pro de la lucha antilavado. 

No sólo Kaloti insiste en que ese tipo de operaciones pueden ser legales. También en ello coinciden algunos expertos financieros consultados para este reportaje. En el trepidante mercado del oro existen las llamadas cuentas mancomunadas o pool accounts de metales preciosos donde corporaciones como Kaloti pueden hacer pagos por orden de otras empresas del sector.  El intercambio sería dólares por oro. Se usan estos mecanismos informales para controlar el negocio del metal entre refinerías, bancos de lingotes y manufacturas, porque permiten un suministro “rápido, seguro y sin interrupciones”. 

Esto explicaría el pago de Kaloti a empresas pequeñas sin relación con el sector oro siguiendo orden de comercializadoras como Haig’s International y El Dorado Trading, que sí están vinculadas con el mercado aurífero. Pero de esta relación nunca se enteraron las pequeñas empresas venezolanas que recibieron los pagos en sus cuentas en dólares sin conocer el origen. 

(*) Este reportaje contó con la colaboración de: Kyra Gurney y Emilia Díaz-Struck (ICIJ) desde Washington DC, Mary Triny Zea (La Prensa) desde Panamá y Ángel Van Delden desde Curazao (Noticias Curazao)

EEUU a funcionarios de Maduro: “Están a tiempo de sumarse al proyecto de transición democrática en Venezuela”
James Story, encargado de negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos en Venezuela, ubicada en Bogotá, insiste que la administración de Maduro debe terminar de aceptar el plan de transición democrática “por el bien de todos los venezolanos”

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“Hay muchos funcionarios dentro del régimen de Nicolás Maduro que no están de acuerdo con lo que está pasando en Venezuela” afirmó James Story, encargado de negocios de la oficina Externa de Estados Unidos poco antes del anuncio de la operación antidrogas “más grande de Occidente”. Justo con esos sectores, aseguró, se mantienen conversaciones en este momento para “encontrar una salida”.

Story enfatizó que con el plan de transición para Venezuela propuesto por Estados Unidos el 31 de marzo de 2020 están dispuestos a levantar las sanciones después de que los venezolanos de todos los sectores lleguen a un acuerdo. “No se trata de injerencia, sino de un proyecto sobre el cual los venezolanos tomarán sus propias decisiones, para trabajarlo de la mano del presidente interino Juan Guaidó. Es una forma de buscar una salida que proteja los intereses comunes de los venezolanos. En el documento queda claro que, por ejemplo, el (partido de gobierno) Psuv en la Asamblea Nacional tendría un papel importantísimo en la transición”.

Las arremetidas contra el equipo de presidente interino Juan Guaidó después de cada anuncio de sanciones es algo que alarma a Estados Unidos. “Esos ataques debe ser condenados por la comunidad internacional. Siempre nos preocupamos por todos los venezolanos, por ello, planteamos esta salida democrática y constitucional por el bien del país. Cada día que ellos pierden para llegar a un acuerdo político, significa un día más de sufrimiento para los venezolanos” dijo Stoyry en declaraciones a Runrun.es vía telefónica.

“No dejamos de pensar todos los días en cada uno de los venezolanos. Pensamos en el presidente Guaidó y su familia, en Juan Requesens, en los norteamericanos presos, en el pueblo que vive en los barrios donde no hay agua ni luz. Por esa razón, apoyamos el proceso político para que la gente de Venezuela tenga un futuro mejor”, afirmó Story.

Sobre el rechazo expreso de Maduro al plan de transición propuesto por EEUU, Story enfatizó que no hay que adelantarse sobre el desenlace porque su planteamiento lleva pocas horas. “Mi sugerencia para (el ministro de Relaciones Exteriores) Jorge Arreaza, a quien conozco bastante bien, es que piense mejor antes de rechazar un proyecto destinado a ayudar al pueblo de Venezuela”.

El encargado de negocios de EEUU para Venezuela considera que la cúpula gubernamental debería reflexionar sobre si es correcto seguir socavando las instituciones democráticas que desfavorecen a los venezolanos. “Están a tiempo de sumarse al proyecto de transición democrática en Venezuela”, remarcó.

“Le decimos a ese grupo del régimen que hasta ahora no ha apoyado a los venezolanos que se tome su tiempo para pensarlo mejor y comenzar el proceso que lleve a un acuerdo de transición que tendrá el respaldo de la comunidad internacional”, concluye Story.

Fundaredes: el ELN ha ingresado en 214 escuelas de los estados fronterizos

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La presencia de los grupos armados irregulares en los estados fronterizos de Venezuela es cada vez más latente. La guerrilla colombiana no sólo irrumpe mediante formas violentas sino también con las más sigilosas como centros educativos, programas de distribución de alimentos  y emisoras de radio. Así lo registra la organización Fundación Redes (Fundaredes) en el informe 2018 que analiza el avance de la guerrilla en diferentes ámbitos de la frontera con Colombia y Brasil.

Fundaredes recabó datos de 683 personas desaparecidas y 105 secuestradas en los estados fronterizos durante 2018. “La situación en la frontera colombo-venezolana es cada vez más delicada. Son más frecuentes las extorsiones, contrabando, muertes violentas, reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados irregulares. Todo bajo la mirada de los órganos de seguridad del Estado”, indica Tarazona.

Al hablar de grupos armados irregulares, Fundaredes se refiere al FBL, Farc, ELN y los de más reciente formación llamados Colectivos de seguridad fronteriza, formados por disidentes de las Farc, muchos de los cuales asumen las funciones de la policía municipal en zonas donde no existe este cuerpo de seguridad urbana, indica Tarazona.

Existen evidencias de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha ingresado en 214 escuelas y liceos de los estados Zulia, Táchira, Apure, Barinas y Amazonas, asegura el director de Fundaredes, Javier Tarazona quien indica que  “lo hacen entregando regalos o difundiendo material didáctico e informativo de este grupo irregular, como facsímiles con relatos alusivos a la guerrilla, su filosofía y motivaciones políticas”.

Otra muestra de la penetración de los grupos insurgentes en centros educativos son las fotografías de escenas con grupos de insurgentes armados que conminan tanto a los docentes como a alumnos a participar en conjunto en actividades lúdicas en patios de recreo o canchas múltiples. Estas pruebas fueron consignadas por Fundaredes ante el Ministerio de Educación, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo por  representar una “violación al derecho a la educación”.

 

El ELN invade las ondas hertzianas

Hasta 2018, operan cinco emisoras de frecuencia modulada pertenecientes al ELN cuya señal alcanza a seis estados y 36 municipios. “Transmiten mensajes adoctrinantes y guerreristas que promueven la actividad insurgente, con una narrativa intimidatoria del poder armado que representan estas agrupaciones al margen de la ley”, señala el informe de Fundaredes.

Aunque desde 2006 se registra la penetración comunicacional de los grupos irregulares colombianos en territorio venezolano, en 2018 fue cuando avanzó en potencia de cobertura y se incrementó el número de emisoras. En la actualidad, funcionan: Antorcha Estéreo 96.7 FM; Voz de la libertad 95.5 FM; Antorcha Elena 90.1 FM; Radio Frontera Rebelde 105.5 FM y Radio Insurrección Caribeña 94.7 FM.

 

Guerrilla alimentaria

Fundaredes observó que en algunos municipios de los estados fronterizos, los alimentos del programa social Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fueron entregados a los consumidores por grupos armados irregulares colombianos. Entre 2017 y 2018, la  organización realizó entrevistas en 39 municipios venezolanos de cinco estados (Apure, Zulia, Táchira, Bolívar y Amazonas) donde pudo comprobar que el ELN participa en la distribución de cajas de comida del programa social del gobierno. Las cajas, que son entregadas dos veces al mes o cada 22 días, según testimonios recogidos,  iban identificadas con etiquetas del Frente Carlos German Velasco Villamizar y de su emisora Antorcha Estéreo que transmite en territorio venezolano sin las debidas restricciones de Conatel.

Esta distribución irregular de los alimentos subsidiados por parte de la guerrilla fue denunciada por la fundación ante instancias regionales y nacionales, como el Ministerio Público y Defensoría del Pueblo, sin que hasta ahora se obtenga alguna respuesta.

“Con preocupación se observa una agresiva expansión de la cual son testigos los venezolanos no solo en el eje fronterizo sino en todo el país”, reza el informe 2018 de Fundaredes.

 

¿Quién es Ronald Ramírez, el primer colaborador de Maduro que rebota en Colombia?

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A Ronald Alexander Ramírez Mendoza no lo dejaron entrar a Colombia. El recién estrenado presidente de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos se enteró que estaba en una lista de 200 colaboradores del gobierno de Nicolás Madurro inadmitidos por autoridades migratorias colombianas justo cuando aterrizó la mañana el miércoles 30 de enero al aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla.

La  decisión “soberana y discrecional” de no permitir la entrada a funcionarios de Maduro forma parte de las medidas tomadas por el Grupo de Lima para tratar la crisis venezolana, según un comunicado de Migración Colombia.

Ramírez Mendoza apenas había cumplido un mes y 10 días en el cargo  de presidente de la empresa venezolana con sede en Barranquilla cuando fue rebotado del aeropuerto del Atlántico colombiano. Fue designado el 20 de diciembre de 2018 mediante el decreto presidencial No. 3.706.

El día anterior a su inadmisión, el senador barranquillero José David Name había solicitado que se negara su ingreso al país y se le impidiera ejercer la presidencia de la empresa porque podría tener consecuencias negativas para el país debido a su relación con el chavismo, argumentando que podría ejecutar movimientos financieros del régimen del vecino país.

Ramírez ha ejercido la mayor parte de su carrera en puestos de la administración pública en Venezuela, indica su cuenta en la red social Linkedin. Venezolano de 46 años, es licenciado en Comercio Internacional de la Universidad Alejandro de Humbolt, con sede en Caracas. Tiene una especialidad en Derecho Tributario de la Universidad Santa María de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Entre 1997 y 2003 ocupó el cargo de promotor de exportaciones del Ministerio de Industria y Comercio de Venezuela. Luego fue nombrado viceministro de Industria, puesto que ejerció hasta el 2005 cuando se convirtió en consejero económico para la embajda de Venezuela en España.

Desde 2006 hasta 2008, ocupó el cargo de vicepresidente de desarrollo industrial de la Corporación Venezolana de Guayana. Luego, se convirtió en el gerente de regímenes aduaneros del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en Venezuela.

En 2009, asumió la dirección de logística de Makro Comercializadora con sede en Venezuela y desde el 2011 se venía desempeñando como gerente de Borets International en Venezuela hasta que fue nombrado en 2018 presidente de Monómeros Colombo Venezolanos.

La empresa

Monómeros Colombo Venezolanos es una empresa filial de la venezolana Pequiven que fabrica productos químicos. Con una capacidad de producción de 1,3 millones de toneladas y 700 empleados directos, cubre el 46% del mercado de fertilizantes de Colombia y exporta a países del Caribe y Centroamérica.

Otrora símbolo de la alianza colombo venezolana, fue inaugurada el 9 de febrero de 1967 durante los gobiernos de venezolano Raúl Leoni y el colombiano Carlos Lleras. En 2006, Colombia vende su participación en la empresa quedando como único dueño el gobierno de Hugo Chávez  a través de la petroquímica Pequiven. Pese a ser venezolana, mantiene su sede en Barranquilla.

En 2007, Monómeros se vio envuelta en un escándalo por el pago  de 135 mil dólares a la senadora colombiana Piedad Córdoba que fue acusada de recibir  apoyo del gobierno venezolano para su campaña electoral.  La parlamentaria explicó que esos giros estaban destinados a la promoción del acuerdo humanitario entre las Farc y el gobierno colombiano.

En Venezuela continúa la impunidad en caso Odebrecht pese a millonarios sobornos confesados

EN DICIEMBRE DE 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo público que Odebrecht había admitido el pago de sobornos a altos funcionarios en países de América Latina y África, información que remeció las estructuras de la clase política y gubernamental de las naciones donde operó la empresa brasileña, cuyas repercusiones aún continúan y en algunos casos recién empiezan.

Se trataba de la corroboración de que las actividades ilícitas de las constructoras investigadas en Brasil por el caso Lava Jato habían trascendido las fronteras y se extendían a otros territorios. En la nación brasileña las pesquisas se iniciaron en marzo de 2014 y uno de sus momentos cumbres fue el arresto y reclusión de Marcelo Odebrecht, propietario de la compañía, quien tuvo que acogerse a la delación premiada (colaboración) para tratar de reducir su condena.

A casi dos años de la confesión de la compañía Odebrecht, cabe preguntarse sobre la actuación de las fiscalías o procuradurías generales al respecto. El equipo de ‘Investiga Lava Jato’ realizó un especial sobre la situación actual del mayor escándalo de corrupción en cinco países de la región.

Sigue impunidad en Venezuela pese a millonarios sobornos confesados

Aunque Venezuela es el segundo país después de Brasil que más sobornos recibió de la empresa Odebrecht para conseguir y mantener contratos de megaproyectos de infraestructura —98 millones de dólares entre 2006 y 2015, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos—, el Ministerio Público no ha abierto investigaciones formales sobre el caso, ni las diferentes denuncias o revelaciones han tenido consecuencia penal, a diferencia de otras naciones involucradas en esta red de corrupción transcontinental.

En todo caso, las investigaciones sobre la constructora brasileña en Venezuela quedaron interrumpidas o resultaron viciadas por el abrupto cambio de mando del Ministerio Público a mediados de 2017, marcado por las pugnas políticas entre un poder adherido a  la línea del Ejecutivo y un sector del chavismo disidente.

En agosto de 2017, cuando ya se encontraba en el exilio, la Fiscal General destituida por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, denunció  por primera vez que las pesquisas del caso Odebrecht involucraba al presidente Nicolás Maduro, así como al “número dos” del gobierno, Diosdado Cabello, y al dirigente chavista Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez. Manifestó que tenía evidencias de pago de sobornos por parte de Odebrecht a estos funcionarios.

“Es el mayor hecho de corrupción en la región y eso los tiene muy preocupados y angustiados, porque saben que tenemos la información y el detalle de todas las operaciones y montos”, dijo Ortega Díaz en una llamada telefónica durante la Cumbre de Procuradores y Fiscales de América Latina en la ciudad mexicana de Puebla, en agosto de 2017.

El 26 de enero del año pasado, un mes después de revelarse los montos de los sobornos de Odebrecht en Latinoamérica, el Ministerio Público informó que indagaba si la empresa brasileña había sobornado a empleados y dirigentes de organismos públicos venezolanos para ser beneficiados con contratos de proyectos de infraestructura, como la Línea 5 del Metro de Caracas y el segundo Puente del lago de Maracaibo. Indicó que solicitó una rogativa a la Procuraduría General de Brasil para discutir el caso y comprobar si el dinero que poseían los sospechosos era producto de ilícitos.

En julio de 2017, cuando aún ocupaba el despacho del Ministerio Público, Ortega Díaz citó en calidad de imputadas por el caso Odebrecht a María Baptista y Elita Zacarias, esposa y suegra respectivamente de Haiman El Troudi, ex ministro de Transporte y Obras Públicas del gabinete de Maduro. La entonces fiscal indicó que tenía en su poder los contratos de obras no terminadas por las cuales muchos funcionarios públicos involucrados recibieron comisiones (sobornos) que fueron depositadas en cuentas bancarias en el extranjero y en varios casos a nombre de familiares o testaferros.

También en julio de 2017, justo antes de ser destituida y de salir del país en calidad de exiliada, la fiscal Ortega anunció que pronto acusarían a funcionarios públicos venezolanos por caso Odebrecht.

El 5 de agosto de 2017, la ahora “traidora de la revolución” y  “enemiga número uno del gobierno de Maduro”, fue sustituida por el ex defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien apenas asumió el puesto descartó investigar a Maduro por el caso Odebrecht aduciendo que no trabajarían en función a “especulaciones”.

En septiembre de 2017, Saab anunció que el Ministerio Público, ahora a su cargo, reabriría las investigaciones porque se encontraron inconsistencias en los expedientes, que son los que deben impulsar la acción penal.

También informó que se había reunido con los representantes de la empresa Odebrecht en Venezuela, quienes manifestaron estar a la orden de la fiscalía para suministrar información que aportara elementos para esclarecer los hechos.

Desde octubre del año pasado, el Ministerio Público no volvió a mencionar a la firma brasileña hasta que, en abril último, rechazó el debate en la Asamblea Nacional sobre el antejuicio de mérito aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, en contra de Nicolás Maduro por delitos de corrupción y legitimación de capitales vinculados al caso Odebrecht.

También en octubre de 2017, la fiscalía venezolana imputó a tres directivos de la empresa Odebrecht: Maryorie Garboza Ceballos, George Faroh Cano y Sergio Ferraz de Campo y reiteró la orden de aprehensión  contra el presidente de la constructora en Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo. El fiscal designado por la ANC señaló que los directivos imputados y el prófugo estarían implicados en pago de sobornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos en Venezuela.

El proceso, que incluyó la solicitud de orden de captura contra Maduro ante Interpol, está basado en una denuncia de la fiscal destituida Luisa Ortega Díaz, quien presentó pruebas ante el TSJ en el exilio para iniciar un juicio contra el presidente venezolano por participar en los sobornos de Odebrecht en Venezuela.

 

Puedes acceder al especial de Convoca e Investiga Lava Jato aquí

Autopsia de Fernando Alban fue practicada por médico forense que dirigió exhumación de los restos de Bolívar en 2012: excoordinador del Senamecf

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La autopsia del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, no fue practicada por el médico comunitario Arnoldo Pérez cuya firma aparece en el acta de defunción, sino por la forense Yuanuacelis del Carmen Cruz. Así lo asegura William Jiménez, ex Coordinador Nacional de Investigaciones Estratégicas de la Inspectoría General del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en Colinas de Bello Monte, Caracas.

A través de su cuenta de Twitter, el exfuncionario en el exilio desde mayo de 2018 indicó que el Ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, ordenó el cambio en el contexto de protocolo de “politraumatismo generalizado a traumatismo cráneoencefálico”, al mismo tiempo que instó a Pérez a firmarla. Desmiente la versión oficial presentada por el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab.

Jiménez también indica que en el examen de los órganos que realizó Cruz “se observó agua en los pulmones” del cuerpo de Albán.

 

El ex Coordinador Nacional de Investigaciones Estratégicas del Senamecf también reiteró su testimonio en video difundido a través de redes sociales.

El certificado de defunción de Fernando Albán fue firmado por  Arnoldo José Pérez Durán, quién se graduó en el segundo cohorte como Médico Integral Comunitario (MIC) de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”.

En contraste, la diputada Delsa Solórzano advirtió que toda autopsia debe ser practicada por un anatomopatólogo forense siguiendo los estatutos del Protocolo de Minnesota, procedimiento recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para investigar crímenes de lesa humanidad cometidos en ejecuciones ilegales.

La forense del Libertador

 

La médico forense Yanuacelis del Carmen Cruz Cruz Calcaño dirigió el equipo que hizo la exhumación de los restos de Simón Bolívar ordenada por el entonces presidente Hugo Chávez en 2012. El estudio concluyó que el Libertador había muerto por una infección respiratoria.

“Todas estas enfermedades deterioraron su proceso respiratorio y trastorno hidroelectrolítico, los cuales generaron cada vez más edema cerebral con compresión de centros importantes cardiorespiratorio a nivel de sistema nervioso central, situación que lo llevó a la muerte”, señaló el 24 de julio de 2012  la científica en cadena nacional.

Cruz afirmó también que el estado anímico del Libertador desencadenó su muerte ya que Bolívar se encontraba deprimido, lo cual reflejaba el avance de la enfermedad.

La investigación forense de 2012 permitieron además la reconstrucción del rostro digitalizado en 3D de El Libertador, que el gobierno Chávez tomó como fidedigno.

 

INFOGRAFIA | Explosión de drones es la única evidencia que el Gobierno muestra como intento de magnicidio

UN ATENTADO. UN INTENTO DE MAGNICIDIO contra el presidente Nicolás Maduro. Fue la explicación que dio el gobierno venezolano a  sendas explosiones de dos drones que ocurrieron durante la parada militar que celebraba el 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana en la avenida Bolívar el sábado 4 de agosto de 2018.

El denunciado intento de asesinar a Maduro, que causó siete militares heridos según voceros oficiales,  ha sido tomado con escepticismo y precaución. Sólo una docena de países (Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, Turquía, Rusia, Siria, Irán, España, Ecuador y Uruguay) han condenado las detonaciones que obligaron a suspender el discurso presidencial transmitido en cadena nacional y que provocó la estampida de los uniformados apostados en el desfile.

De la incredulidad generalizada hacia el supuesto intento de magnicidio han acusado voceros oficiales como el canciller Jorge Arreaza, quien consideró que tanto medios de comunicación como agencias de noticias han subestimado el intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, subrayó vía Twitter.

También, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello,  criticó la postura de los partidos de oposición al no condenar el supuesto intento de magnicidio contra Maduro. Tras la movilización del lunes 6 de agosto en el centro de Caracas, convocada desde el alto gobierno para respaldar al mandatario, enfatizó que  “no condenan que ahí pudieron haber muerto, además del hermano presidente, los presidentes de los poderes, el alto mando militar, casi todo el mando político, compañeros que estaban invitados al acto y parte del cuerpo diplomático”. En la tarima a la que se refería Cabello no se encontraba el también presidente de la anc el sábado 14 de agosto. 

Hasta el momento, se confirma que dos drones modelo DJI M600 estallaron durante la ceremonia militar del sábado 14 en las inmediaciones de la avenida Bolívar de Caracas, tal como denunció el ministro de Defensa, Néstor Reverol. Sin embargo, es un conteo que no coincide con la versión del titular de Comunicaciones e Información, Jorge Rodríguez, quien afirmó que ese día se registraron tres explosiones durante el supuesto intento de acabar con la vida del presidente.

Sin presentar evidencias, el propio Maduro ha señalado a “la ultraderecha” y al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos de estar detrás del intento de asesinarlo. Mientras que Reverol, quien tildó el ataque como “un delito de terrorismo y magnicidio en grado de frustración”,  anunció que ya se habían detenido a seis presuntos “terroristas” después del registro de varios hoteles de la capital. Arreaza vinculó el ataque a restos de la célula rebelde que dirigía el fallecido piloto Óscar Pérez, asesinado en enero de 2018 por tropas gubernamentales en El Junquito.