Adriana Nuñez Moros, autor en Runrun

Adriana Nunez Moros

La justicia “fuerte pero misericordiosa” que salvó a los sobrinos Flores de pasar su vida tras las rejas
La benevolente sentencia de 18 años de cárcel impuesta a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Campo y Franqui Flores, echó por tierra cualquier análisis previo sobre el caso. El juez Paul Crotty consideró que las penas propuestas por la Fiscalía eran “desproporcionadas”. Los sentenciados defendieron su “buen corazón” con uñas y dientes

 

@AdrianitaN

EL JUEZ PAUL CROTTY HABLA DESPACIO, gesticula cada palabra como tratando de que no quede duda de lo que dice. Efraín Campo Flores entrelaza los dedos; Franqui Flores de Freitas observa atento.  “Voy a imponer una sentencia de 216 meses (18 años) y una fianza de 50 mil dólares a cada uno”, dice Crotty mirando a los acusados directamente y aclarándoles que no tendrán beneficios alternativos. Todas las quinielas, proyecciones y apuestas al respecto cayeron estrepitosamente. Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Cilia Flores y Nicolás Maduro, salieron ilesos de cumplir pena máxima en una cárcel de Estados Unidos. Silencio total en la sala. Los acusados asienten lentamente con la cabeza.

Una hora antes habían entrado a la sala los cuatro abogados defensores, detrás de ellos la esposa de Campo Flores, Jessair Rodríguez, y otra mujer de identidad desconocida. Rodríguez esperaba a su esposo en la primera hilera de la izquierda de las gradas destinadas al público. Su cabellera, teñida de castaña a un rubio platinado, la hacía parecer otra persona pero su característica expresión fija en el estrado del juez, inamovible, sin mirar a los lados, hacía evidente que era ella quien estaba allí, nuevamente, acompañando a su esposo.

Minutos después, los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Emil Bove y Brendan Quigley, entran a la sala envueltos por un aire de victoria. Sonríen confiados. Cada uno carga un par de gruesas carpetas llenas de hojas. Las sueltan ruidosamente en los escritorios de la corte asignados para ellos, justo entre el juez y los acusados. Entra Sandalio González, el agente de la Agencia de Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) responsable de toda la recolección de evidencias y captura de los primos Flores. Se ubica al lado del equipo de la Fiscalía.

A las tres de la tarde en punto dos oficiales enfundados en chalecos antibalas y guantes negros abren un maciza puerta de madera ubicada a la izquierda de la sala. Una rendija deja al descubierto un pequeño salón de paredes cubiertas con baldosas blancas. Se escucha el tintinear de un llavero que pareciera cargar todas las llaves del mundo y un ligero choque de cadenas que anuncia la entrada de los condenados.

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Entra Efraín y guiña frenéticamente ambos ojos a su esposa, le lanza besos tratando de sacar ventaja a los segundos. Saluda a sus abogados con una sonrisa y un apretón de manos. Se sienta a la izquierda de John Zach y Randall Jackson, sus dos abogados. Luego entra Franqui con el ceño fruncido y los labios apretados. No saluda a nadie. Lanza una mirada furtiva pero cargada a la prensa. Se sienta entre sus abogados, David Rody y Elizabeth Espinosa. Ambos visten uniforme de franela y mono azul oscuro, zapatos de suela blanca del mismo color de su nueva ropa habitual; están esposados por los tobillos pero sus manos están libres de ataduras.  

Campo Flores y Flores de Freitas reunían todos los números necesarios para ser condenados a cadena perpetua. De acuerdo con la tabla de cálculo de la pena utilizada en la justicia estadounidense, ambos acumulaban 38 puntos por la conspiración y la cantidad de cocaína negociada durante la operación, dos por el uso de armas, dos por el uso de un avión privado y dos por su papel como jefes del hecho. A juicio de la Fiscalía 30 años no eran suficientes, pero eran aceptables; para la defensa 10 años eran suficientemente ejemplarizantes. En ese momento el juez era el único capaz de imponer su criterio.

La Fiscalía recalcó que la cantidad de droga involucrada, las armas y el uso de aviones privados y aeropuertos privilegiados eran razones suficientes para mantener a los sobrinos de Maduro al menos tres décadas tras las rejas. Añadieron otros argumentos: que actuaban como jefes de una organización criminal, de que habían declarado una “guerra” contra Estados Unidos apoyándose en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que los fondos de esta operación delictiva estarían destinados a la perpetuación de un régimen de gobierno que violaba derechos humanos a su población. Campo se encogió de hombros al escuchar el último.

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La Defensa subrayó una y otra vez elementos que intentaban probar que sus clientes no eran malas personas y estaban muy lejos del estereotipo de un narcotraficante. Recordaron que más de 30 familiares y amigos habían enviado cartas al juez para abogar por su honradez. Resaltaron que no tenían antecedentes penales, ni riquezas en Venezuela. “Por supuesto, ellos vivían un poco por encima de los venezolanos normales, pero no eran millonarios”, aseguró Jackson.

Pero fueron los mismos Campo y Flores quienes defendieron su bondad con todo empeño. La primera vez que la voz de los primos se escuchó en la sala fue en 2016, en las grabaciones ocultas en las que se jactaban del poder y conexiones que les garantizaban el desarrollo total de sus “negocios” en Venezuela; la segunda fue hoy, 14 de diciembre de 2017 cuando dirigieron al juez emotivas palabras que buscaban tocar su corazón y, de este modo, obtener una pena menos severa.

 

***

 

Campo, como de costumbre, toma la delantera sobre su primo. Con voz fina, aguda, sumisa, agradece al juez la oportunidad de hablar y el respeto con el que fue tratado desde el inicio del proceso. “Sé que he cometido errores y perdí de vista lo más importante”, dijo. En adelante se enfoca en agradecer a su esposa por su apoyo, a pedirle disculpas por no estar presente en el nacimiento de su segundo hijo juntos y a recordarle que la ama. Hizo lo propio con su madre, sus amigos y su familia. Distribuye en igual medida los saludos a primos y tíos, sin decir ningún nombre en especial. “Estoy muy avergonzado por todo el daño y sufrimiento que esto les ha causado”, menciona. Dice un par de frases en un tímido inglés, en un esfuerzo por demostrar que su tiempo encarcelado ha sido productivo. “Estoy muy avergonzado y arrepentido”, reitera.

Flores de Freitas rompe su expresión ruda de un segundo a otro. Cuenta que su familia siempre le ha dicho que no es un buen orador, pero que es hábil con gestos y acciones. “Estoy tan arrepentido. Todos somos humanos y caemos en el pecado”, dice trastabillando en su lectura. Como forzado por las circunstancias, contó segmentos de una infancia traumática propiciada por la muerte de su madre, los maltratos verbales y físicos infligidos por su padre (hermano de Cilia Flores) y la vida en casa de una abuela que, asegura, a duras penas podía alimentarlo.

“No soy una mala persona. Trato de ayudar a las personas que están en una situación psicológica peor que yo. Corto el cabello de otros presos y reparo sus radio como un acto de caridad, lo hago con todo el gusto. Estudio inglés y la Biblia. Mi hijo de nueve años es lo más importante para mi”, se defiende. Su voz se quiebra y lágrimas corren por sus mejillas. Se disculpa, aclara su garganta y continúa: “Estoy deshecho y desconsolado al saber que no estoy con mi hijo mientras crece”, dice. Inmediatamente pide disculpas a su otro talón de Aquiles: su abuela y sus amigos. “Le pido que me dé la oportunidad de reponer mis errores”, súplica al juez aún entre lágrimas.  

Crotty se mantiene sereno durante ambas intervenciones, hasta que llega su momento. Para el juez tanto la sentencia de por vida, como la de tres décadas resulta “desproporcionada”. “En este caso no hubo incautación alguna de drogas y, ciertamente, ellos tomaron decisiones estúpidas. No hay prueba alguna de distribución de drogas en Estados Unidos”, puntualiza. Desde su perspectiva “la justicia debe ser fuerte, pero misericordiosa, sino sería crueldad” y “la separación de sus familias ya será particularmente dolorosa”.

Aclara que cada condena es independiente y se desliga de decidir en concordancia con el castigo impuesto en un caso similar —el del hijo del expresidente de Honduras Fabio Lobo, condenado a 24 años de cárcel por delitos parecidos—. “360 meses (30 años) es extraordinariamente largo. Por su edad equivale a toda su vida”, menciona. Hace una pausa larga. “La sentencia que voy a imponer…—hace una pausa más corta— es de 216 meses y una multa de 50 mil dólares a cada uno”. Los dos agachan ligeramente la cabeza. En este punto no hubo lágrimas.

Es imposible descifrar solo con una mirada qué pasa por la mente de alguien que sabe que entrará a una cárcel como un joven vigoroso de 30 años y saldrá como un menguado adulto de 50 años, con hijos que pasan de niños a adultos y, quizás, con cambios significativos en su país de origen. Lo que sí es un hecho es que, a pesar de que todas la probabilidades jugaban en su contra y de haberse ganado a pulso todos los números para tener el mayor de los castigos, la benevolencia del juez los salvó de lo que parecía un destino seguro. Crotty les dio la oportunidad de ser mejores.

A los sobrinos de Maduro y Flores les resta pasar en la cárcel la misma cantidad de años que el chavismo ha ocupado el gobierno de Venezuela hasta 2017.

 

Después de conocida la sentencia, la defensa pidió al juez sugerir a la la Agencia Federal de Prisiones —mejor conocida como BOP, por las siglas en inglés del Federal Bureau of Prisons— que ambos sentenciados sean trasladados al estado Florida, para facilitar los viajes y abaratar los costos de sus familiares en Caracas. Antes de conocer la sentencia, los abogados mencionaron las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios del gobierno venezolano como otro posible impedimento para estas visitas. El juez Paul Crotty puede hacer recomendaciones, pero la última palabra sobre el nuevo sitio de reclusión la tiene el BOP. Hasta el momento de la redacción de esta nota las autoridades competentes no se han pronunciado al respecto.

El otro K.O. de la Fiscal General al gobierno de Maduro
Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, dejó en la lona a más de uno este viernes. Después de 10 años de lealtad a los mandatarios del chavismo, se bailó a más de uno con una muestra de autonomía institucional. El “gancho” que dobló las rodillas de Nicolás Maduro fue tan fuerte que eclipsó los golpes rectos que pusieron contra las cuerdas a los responsables en materia de seguridad ciudadana del país: el ministro Néstor Reverol y el vicepresidente Tareck El Aissami. En 2016 hubo 21.752 homicidios, con una tasa de 70,1 y un incremento de 12 puntos

 

@AdrianitaN

“EN DICHAS SENTENCIAS (las emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional de Venezuela) se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”. Con esa frase Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, se adueñó de los titulares de la prensa nacional e internacional este viernes 31 de marzo. Que la fiscal dé una muestra de independencia institucional, después de servir durante una década a las “líneas” emanadas desde el Ejecutivo, sin duda, es noticia.

El pronunciamiento también fue un “gancho” potente que dejó al presidente Nicolás Maduro aturdido y lo llevó, pocas horas después, a llamar a un Consejo Nacional de Defensa con carácter de urgencia. Pero la fiscal también asestó unos golpes rectos y certeros a los responsables de la seguridad ciudadana del país: habló de aumento de asesinatos, de abuso de autoridad -muy especialmente de la OLP- y de un auge de los delitos en general.

Ortega Díaz decidió hacer la presentación del Informe Anual de Gestión 2016 del Ministerio Público (MP) desde la misma sede del organismo; esto, debido a una “lamentable pugna de poderes” existente en el país y de la cual, en la práctica, decidió no tomar partido. La fiscal habló de una serie de temas que resulta importante rescatar en medio del bullicio del público. A continuación un resumen de ellas:

  1. Los asesinatos siguen en aumento

La fiscal reveló que “detectamos una alta incidencia del delito de homicidios intencionales” durante el año 2016, con una tasa de 70,1 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Según cifras del Ministerio Público, 21.752 personas fueron víctimas de homicidios dolosos o intencionales —entre los que se cuentan feminicidios, sicariatos y muertes por resistencia a la autoridad, aclaró— durante el último año.  

Es importante destacar que entre los móviles de homicidios el Ministerio Público incluye los sicariatos, o crímenes por encargo.   

Ya en 2015 Ortega Díaz sorprendió al dar datos sobre este tema, tras ocho años de silencio al respecto. En esa oportunidad informó ante la recién electa Asamblea Nacional que la tasa de homicidios se ubicó en 58 por cada 100 mil habitantes y que, solo en ese año, 17.778 personas habían muerto de forma violenta en Venezuela.

Entonces, en 2016 hubo un repunte de 12 puntos en el indicador de homicidios, lo que se traduce en la muerte de 3.974 personas adicionales a las asesinadas en 2015. Cálculos hechos de forma independiente por la organizaciones no gubernamental OVV dan incluso un panorama más dantesco al oficial: 28 mil 479 personas habrían muerto de forma violenta durante el año pasado.

Ante el auge de este delito, Ortega Díaz hizo un llamado a “unificar esfuerzos institucionales para establecer como meta la reducción de la criminalidad en el país”. Indicó que por estos casos el Ministerio Público imputó a 13.334 personas y acusó a 5.796. Por estos homicidios fueron solicitadas 3.350 órdenes de aprehensión, de las cuales fueron ejecutadas 2.121 (63.3% del total).

A juicio del abogado experto en temas de violencia y seguridad ciudadana, Keymer Ávila, las cifras actuales “son las peores de la historia del país”. Recalcó que al menos un 20% del total de homicidios cometidos tienen como autores funcionarios policiales, algo que “no puede seguir legitimándose”. Al comparar la tasa de homicidios de 70,1 con el resto de la región, Venezuela sigue liderando junto a El Salvador y Honduras la lista de los países más violentos del mundo, explicó el especialista.

  1. Más jóvenes agredidos y agresores

55.4% de los asesinados en 2016 eran jóvenes. Durante los 12 meses de ese año 12.069 jóvenes de entre 15 y 30 años perdieron la vida de forma violenta. A juicio de la fiscal este hecho es “trágico saldo que atenta contra nuestra generación de relevo”.

Por delitos contra los niños, niñas y adolescentes fueron imputadas 9.218 personas y 4.286 fueron acusadas. En algunos casos la escena se invirtió y fueron los adolescentes quienes cometieron delitos; así, 20.066 fueron imputados y se presentaron actos conclusivos contra 10.713.  

En 2015 fueron imputados 14.454 adolescentes, de acuerdo con la Memoria y Cuenta del MP. Esto implica un aumento de 38.8% (5612 casos) en los delitos cometidos por menores de edad.

La fiscal llamó a las autoridades del país a “ser autocríticas” y asumirse como corresponsables de este “lamentable hecho social”. Exhortó al diseño urgente de un plan de atención a la niñez y la población juvenil.

  1. Los muertos a manos de efectivos policiales

Otro récord anunciado por Ortega es el número de personas fallecidas a manos de efectivos policiales durante 2016, con 4.667 casos según el MP. “Sin necesidad de valorar la legalidad de estas muertes, la letalidad de las políticas policiales por sí mismas implican un aumento de la situación de violencia en el país”, sentenció la fiscal, al tiempo que tachó de “imprescindible” que el órgano rector en materia de seguridad ciudadana retome de inmediato las directrices contempladas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional y, así, actúe apegado al marco constitucional.

Señaló que 4.441 funcionarios de diversos cuerpos de seguridad del Estado fueron imputados por estar presuntamente incursos en hechos violatorios de los derechos humanos. Además, fueron acusados 635 efectivos y 266 fueron condenados por incurrir en delitos como homicidios, torturas, tratos crueles, violaciones de domicilios y privaciones ilegítimas de libertad.

Ávila, quien es investigador y profesor de la UCV, indicó en el programa radial de Gladys Rodríguez en Éxitos que el repunte de casos de abusos de autoridad en 2016 fue de 173% con respecto al año 2015; y de 344% si se compara con el año 2014. “Si tenemos problemas institucionales, no se van a solucionar socavando el derecho. Si aceptamos excepciones con el derecho a la vida, esa excepción se convierte en la regla. Si el Estado puede matar a unos, el Estado puede matar a todos”, advirtió.

Agregó además que esta era la consecuencia de la implementación de la OLP.

  1. La OLP sin “h” de “humanista”

La fiscal se refirió a las OLP como “Operación de Liberación del Pueblo”, sin la “h” de “humanista” que le añadió el presidente Nicolás Maduro cuando relanzó el programa de seguridad, en febrero de 2017, tras cientos de denuncias de atropellos tras la aplicación de esta.  

Según Ortega Díaz se contabilizaron 241 muertes en el marco de las OLP de 2016, por lo que fueron imputados 80 funcionarios de distintos cuerpos de seguridad y acusados 17 por, presuntamente, haber cometido violaciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Ya en noviembre de 2016 la fiscal hizo un llamado a “revisar la conducta de las personas que ejecutan los planes (…) porque la violencia genera más violencia y no contribuye a la paz”. En la Memoria y Cuenta de 2015 se contabilizaban 245 muertes en el marco de la OLP, apenas 4 más de las registradas un año después.

“Estos números implican vidas que se pierden a manos de funcionarios policiales, quienes en teoría deberían protegernos”, destacó Keymer Ávila.

  1. Llamado al desarme de la población civil

86,6% de los más de 20 mil venezolanos asesinados en 2016 fue a manos de armas de fuego.   Esto, a juicio de la fiscal, evidencia lo necesario de desarmar a la población civil y la implementación del control de armas y municiones, con el fin de “lograr reducir la criminalidad y establecer una cultura de paz”.

  1. Extorsión, secuestro, narcotráfico y legitimación de capitales en auge

4.430 personas han sido imputadas y 2.590 acusadas por delitos de extorsión y secuestro;  24,7% y 18,1% más que las registradas en 2015, respectivamente. Asimismo, 19.761 ciudadanos fueron imputados y se presentaron acusaciones contra 10.521 por delitos vinculados con drogas ilícitas.

Ortega habló también de un “significativo” auge de los delitos económicos, financieros y de legitimación de capitales, por los cuales se acusaron a 2.614 personas durante 2016.

  1. Corruptos en la mira

“Los dineros que deben destinarse a satisfacer las necesidades de alimentos, salud, seguridad, son desviados en detrimento de su propio propósito”, dijo Ortega y señaló que 3.165 personas fueron imputadas, 2.167 acusadas, y otras 979 condenadas por ilícitos establecidos en la Ley contra la Corrupción. En 2015, 3.565 personas fueron imputadas y 3.119 acusadas, 11% más y  30% menos, respecto a los valores de 2015.   

  1. Las mujeres aún son víctimas

122 femicidios fueron consumados en 2016 (uno más que en 2015) y fueron 57 frustrados en el país; por estos casos por se presentaron 108 acusaciones y se lograron 45 condenas que involucran a 50 victimarios. La fiscal destacó la creación del Servicio de Abordaje Integral a Víctimas de Violencia de Género y la intención por proteger a las familias.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1159&v=SxRAGg-lZG0

Las ocho razones por las cuales el juez negó un nuevo juicio a los sobrinos de Maduro

 

Juicio sobrinos Flores

El juez del caso, Paul Crotty, fija posición ante los argumentos de la defensa de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La autoridad federal puntualizó las razones por las que considera que Campo y Flores no deben ser sometidos a un nuevo proceso

 

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EFRAÍN CAMPO FLORES Y FRANQUI FLORES DE FREITAS, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, no tendrán un nuevo juicio. Así lo hizo saber este viernes Paul Crotty, juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y máxima autoridad en el caso que sigue la justicia estadounidense contra los sobrinos de Nicolás Maduro desde noviembre de 2015.

Adicionalmente, los primos tendrán que esperar tres meses y diecinueve días más de lo previsto originalmente para conocer su condena. La audiencia en la que se haría pública la decisión del juez, pautada originalmente para el 7 de marzo, fue pospuesta para el 26 de junio de 2017 a la espera de que la Fiscalía presente nuevos argumentos para rebatir la posición fijada por la defensa.

El 18 de noviembre de 2016 el hijo de crianza y el sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, fueron declarados culpables del delito de conspirar para importar 800 kilos de cocaína desde Venezuela hasta Estados Unidos. Desde entonces, la defensa ha puesto un gran empeño por probar fuera de la Corte lo que no pudo demostrar dentro de ella.

El 23 de enero de 2017 el equipo de defensores introdujo ante la Corte un documento en el que detallaron las supuestas irregularidades presentadas durante el proceso judicial contra sus clientes y solicitaron un nuevo juicio; en contraposición, el 13 de febrero la Fiscalía presentó un documento de 113 páginas en el que mostraron presuntas relaciones —tanto antiguas como actuales— de los defendidos con el negocio del narcotráfico. Además, revelaron nuevos nombres y supuestas conexiones con  autoridades y delincuentes venezolanos.

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El 6 de marzo la defensa respondió con otro documento en el que descartaron cualquier vinculación de los sobrinos Flores con el capo Hermágoras González Polanco y reclamaron la interpretación que la Corte dio a las conversaciones en “clave” halladas en los teléfonos incautados en el momento de la detención. A juicio del equipo defensor las acusaciones están sustentadas en “inferencias”. Pusieron como ejemplo la reacción de Campo cuando se le interrogó sobre la foto en la que aparece sosteniendo un bloque de supuesta cocaína. “Tú sabes lo que es”, respondió el sobrino al agente de la Drug Enforcement Administration (DEA), Sandalio González.

Un documento de 15 páginas titulado Opinion and order y firmado por Crotty vino a zanjar el debate epistolar. A continuación los ocho argumentos que utilizó el juez para negar un nuevo proceso para Campo y Flores:

  1. La insistencia con “El Sentado”

Campo y Flores no estaban contentos con la lentitud para concretar los “negocios” por parte de su socio hondureño Carlos Amílcar Leva Cabrera (alias “El Sentado”). En conversaciones extraídas de los teléfonos incautados los defendidos reclamaban a José Santos Peña (CS1) que “El Sentado” no se comunicaba con la frecuencia necesaria y explicaban que “eso pasa cuando la gente se llena de papel (dinero)”.

La defensa ha insistido en que fue Leva Cabrera quien instigó y orquestó toda la operación para señalar a Campo y Flores como objetivos para la DEA. Sin embargo, argumenta el juez, no hay evidencia de que haya sido “El Sentado” quien contactó a los primos Flores y, por el contrario, ellos se comunicaron e insistieron en hacer negocios con él. Cuando la operación no se movió a la velocidad que esperaban, amenazaron con “moverse por otro lado”.  

El juez señaló, además, que los sobrinos admitieron que fue Mohamad Abdul Razzak  —alias “Hamudi”, contacto en Venezuela— quien les presentó a César Daza, alias “El Flaco” y que este, a su vez, fue el enlace con “El Sentado”.

  1. No le dijeron no a Estados Unidos

La defensa ha insistido en que nunca salió de la boca de los primos Flores una mención directa a Estados Unidos; por lo tanto, aseguraron, su intención no era que el rumbo del cargamento de drogas fuese hacia el país norteamericano.

Las fuentes encubiertas de la DEA que participaron en la operación mencionaron, al menos en trece oportunidades, a Estados Unidos como destino final. Ante los ojos del juez, el hecho de que los sobrinos no hayan dado una mínima muestra de oposición ante esto los hace corresponsables. “Una manifestación explícita no es requerida”, aseguró la autoridad.

Adicionalmente, Crotty retomó el testimonio ofrecido durante el juicio por el agente especial de la DEA Daniel Mahoney, en el que se explicó que, aproximadamente, 80% de la cocaína enviada desde Venezuela, por medio del corredor de Centroamérica, tiene como destino Estados Unidos.

  1. Caminaron con sus propios pies

“Los defendidos tomaron un número de acciones voluntarias en pro de la conspiración”, señaló el juez y enumeró las que, a su juicio, son las cuatro principales: participar en reuniones para discutir el acuerdo e incluso llevar a una de las reuniones un supuesto bloque de cocaína; intentar enviar a unos pilotos para continuar discusiones sobre logística; viajar a Honduras, el 6 de noviembre, para discutir la logística de la carga de los 800 kilos de cocaína; y volar a Haití, el 10 de noviembre, para recoger el dinero por el acuerdo y finalizar detalles.  

  1. Canadá, Europa y otros mercados

En uno de los audios recolectados por la fuente confidencial de la DEA y presentados en el juicio se escucha a Campo muy interesado por conocer los precios de la cocaína en Canadá. Santos Peña respondió con cifras de la venta en Ottawa y Vancouver. “Yo tengo una prima allá arriba, en Canadá, que es cónsul”, replicó Campo.

“Yo tenía un contacto en Europa, pero ahí es difícil conseguir gente corrupta”, añadió el sobrino Flores. El juez consideró, adicionalmente, que “los defendidos buscaron establecer un acuerdo para el tráfico de drogas con un sujeto apodado ‘Pepe’ ”.

  1. La inexperiencia es algo de experiencia

“Hay un principio para todo y nada excusa un crimen, así sea la primera vez”. Así respondió el juez Crotty a la intención de la defensa de presentar a los defendidos como “estúpidos”, “fáciles de engañar”, “poco sofisticados” e “inexpertos”.

  1. La silla del juez y las del jurado

La defensa ha considerado que las pruebas presentadas ante el jurado no fueron suficientemente objetivas como para llevarlos a tomar una decisión correcta. “La Corte no está en ninguna posición mejor que el jurado para hallar los hechos en este caso, ni el interés de la justicia exige que el veredicto sea puesto a un lado”, puntualizó Crotty.

El juez rechazó que se le incitara a usurpar el rol del jurado, conformado por personas ajenas a la situación política, económica y social de Venezuela.

  1. El castigo a CS1

Eliminar todo rastro de credibilidad del testigo estrella del caso fue la tarea principal del equipo de defensores. José Santos Peña, CS1, le mintió a la agencia antinarcóticos estadounidense; estuvo haciendo negocios de narcotráfico paralelamente a su desempeño como fuente confidencial. Esto le llevó a la cárcel, desde donde no cesó su actividad delictiva, según logró demostrar la defensa en pleno juicio.

Allí, frente a todos los presentes, la Fiscalía revocó el acuerdo de cooperación con la DEA de CS1. Aún habiendo presenciado eso, el jurado decidió tomar como válido el testimonio de Santos Peña. El juez rechazó nuevamente que se tratara de restar validez al criterio del jurado.

Otro criterio fijado antes, pero no mencionado en el documento publicado este viernes cobra relevancia: CS1 proveyó evidencias inculpatorias en audios, imágenes y videos, recogidas usando equipos cifrados propiedad de la DEA.       

  1. Vale más parecer que ser  

La posición del juez Crotty sobre la importancia de que la muestra de cocaína fuese real quedó clara en una audiencia previa al juicio celebrada el 9 de julio de 2016. “No hay ningún indicio de que esas fuesen drogas reales”, expuso el abogado Randall Jackson. “Bueno, yo no sé eso tampoco, pero su cliente dijo que esas eran drogas (…) ellos ofrecieron una muestra”, replicó Crotty en esa oportunidad.   

El testimonio de CS1 fue clave para describir la naturaleza de la “sustancia polvorosa”. Ante el juez y el jurado aseguró que su olor, color y el “aceite” que soltó cuando la frotó le hacían estar seguro de que era una muestra de cocaína. Por medio de una carta consignada después del juicio, la defensa presentó el testimonio de Andrea Holmes, experta en Química, quien evaluó como irreal la transición de una sustancia sólida a un estado líquido tan solo con el calor de las manos.

“Interesante, pero ese no fue el testimonio de CS1 (…) el testimonio de la doctora Holmes no hace referencia a si la cocaína, aún sólida, puede ser grasosa al frotarla”, asentó Crotty. El juez añadió: “La declaración sobre el porcentaje de pureza fue hecha durante la conversación grabada con los dos defendidos en Caracas, en la reunión donde Campo Flores produjo la muestra”.

Presunto socio de los sobrinos Flores fue imputado por tráfico ilícito de armas y extorsión

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Yaritza Berríos, fiscal asignada al caso, manifestó “no estar de acuerdo” con la decisión del juez Edgardo Sánchez de otorgar libertad plena a tres personas señaladas por cometer una presunta extorsión en el estado Lara. El abogado de los acusados asegura que se trata de la simulación de un hecho punible. Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el caso, a pesar de que involucra a un efectivo vinculado con la seguridad directa del Presidente

 

Por Adriana Núñez Moros

@AdrianitaN

Gilson Mauricio Barroeta Flórez, supuesto socio de los sobrinos Flores; Robert David Zapata Aldana (27) un sargento de primera de la Guardia Nacional, adscrito a la Guardia de Honor Presidencial (GHP); y Eliomar Jesús Aponte Mendoza (36) fueron presentados la noche de este martes 23 de febrero de 2017 ante los Tribunales de Barquisimeto, estado Lara, luego de ser detenidos el sábado por su presunta participación en la extorsión de un ciudadano.

Cerca de las diez de la noche el juez de control cuarto Edgardo Sánchez informó su decisión de conceder libertad plena a los detenidos y dictaminar la nulidad de todo el proceso. Yaritza Berríos, fiscal 4º con competencia contra la legitimación de capitales, delitos financieros y económicos, extorsión y secuestro, delitos contra el tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y la fiscal auxiliar, Yelitza Cortez, refutaron el fallo y ejercieron un recurso de apelación con efecto suspensivo. Dentro de la sala, Berríos alegó “no estar de acuerdo con la decisión”, informaron a Runrunes fuentes en los tribunales.

Barroeta, Aldana y Aponte fueron representados por los abogados Pedro Troconis, coordinador del Foro Penal Venezolano en su capítulo Lara, Gustavo Peñalver y David Alvarado. En entrevista telefónica Troconis aseguró que el Tribunal de Control anuló todas las actuaciones efectuadas por los funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) —organismo que practicó el procedimiento— por irregularidades en la detención y en la investigación. “Además, (el Tribunal) ordenó oficiar a la Fiscalía Superior que se iniciara una investigación contra Ramón Alexander Escobar Luque, la supuesta víctima”, explicó.

Sin embargo, en las actas de la detención a las que Runrunes tuvo acceso, la víctima se identifica como Henrry José González Vegas, de 54 años. En una nota publicada previamente por Runrunes se confirma la veracidad del estatus de reportado en el que se encuentra el automóvil señalado en el acta que se muestra a continuación. Se protegen algunos datos de las actas con el fin de preservar la identidad de las fuentes y de las familias de los señalados.

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Troconis definió esto como “una incongruencia” y aseguró que la presunta víctima es Escobar Luque. Además, alegó que la persona identificada como víctima debía más de 252 millones de bolívares a Barroeta Florez por concepto de la adquisición de dos vehículos y, por ello, el juez consideró estar ante la presencia de la simulación de un hecho punible. “Como Barroeta insistía en que le pagara, este se aprovechó, hizo un procedimiento con los funcionarios del Conas y lo denuncia por extorsión”, declaró. Barroeta es acusado de solicitar 800 mil bolívares para regresar un vehículo robado.

En función del recurso de apelación ejercido por la juez Berríos, el tribunal debe paralizar la decisión y remitir la decisión a la Corte de Apelaciones. Entretanto, a Barroeta Flórez se le imputan los delitos de agavillamiento, extorsión y tráfico ilícito de armas en modalidad de ocultamiento y seguirá detenido hasta que se tome una decisión. Zapata Aldana fue imputado por los delitos de agavillamiento y porte ilícito de arma de fuego; seguirá el proceso en libertad aún está detenido y debe presentarse ante los tribunales cada ocho días. Aponte Mendoza, vigilante de la casa de Barroeta, fue absuelto por tener el porte del arma que llevaba consigo y debe presentarse cada vez que el tribunal lo requiera.

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Se espera que el proceso se retome el miércoles primero de marzo, luego del asueto de Carnaval.

El silencio oficial

Karina Peraza Rodríguez, periodista del diario regional El Impulso indicó que no hubo presencia evidente de familiares de los detenidos durante la presentación. “Se supo que algunos de ellos estaban dentro de vehículos particulares que se encontraban parqueados en las afueras del Edificio Nacional, en donde se pudo observar presencia de carros último modelo”, señaló en su reporte.

Cinco días después de la detención no hay información sobre este caso en el portal web del Ministerio Público; tampoco ha habido un pronunciamiento por parte de alguna alta autoridad nacional, a pesar de que involucra a un funcionario encargado de la seguridad inmediata del Presidente Nicolás Maduro. Peraza Rodríguez indicó que hizo intentos por comunicarse con Rafael Torrealba, jefe de la Zona de Defensa Integral de Lara, y con Hernán Homez Machado, comandante de la Zona de la Guardia Nacional Bolivariana número 12 del estado Lara, sin obtener respuesta. El Impulso tampoco pudo obtener declaraciones de otras autoridades locales.

Los vínculos con los primos Flores

El 21 de febrero de 2017 Runrunes publicó una investigación en la que se detallaba la relación entre uno de los detenidos por este caso y los sobrinos del presidente de Venezuela, Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, hallados culpables por la justicia estadounidense por participar en una conspiración para ingresar 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

En ese trabajo se relató cómo el nombre de Barroeta Florez es mencionado al menos en cuatro oportunidades en el último documento presentado por la Fiscalía estadounidense ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, encargada del caso de los primos Flores. En la audiencia previa al juicio que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2016 se revelaron extractos de conversaciones extraídas de los teléfonos incautados a Campo y Flores en el momento de su detención.

Además, se hicieron públicos algunos detalles sobre varios contactos con los que conversaban frecuentemente; entre ellos, un contacto llamado “Gilson” —para ese entonces, “Gilson” a secas—. La imagen que se muestra a continuación es un extracto de los apuntes de la autora de esta nota durante la sesión de ese día. El número de teléfono fue corroborado por otra de las reporteras asistentes a la presentación.

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Efraín Campo intercambiaba con “Gilson” fotografías de armas de fuego y comentarios sobre la “belleza” de estas (“so beautiful”). No fue hasta el 13 de febrero de 2017 que la Fiscalía develó el nombre completo del supuesto proveedor de armas de los sobrinos Flores: Gilson Mauricio Barroeta Flores. El número correspondiente al contacto “Gilson”, según las evidencias presentadas en la corte neoyorquina, es el mismo que se le atribuye al iPhone incautado a Gilson Mauricio Barrueta Flores (sic).

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El abogado Troconis calificó la vinculación es un “error” y Barroeta “no tiene una vinculación familiar” con Efraín Campo y Franqui Flores. Al ser consultado por la coincidencia entre el número presentado en el juicio en Nueva York y el revelado en el acta de detención levantada por el Conas dijo desconocer, de momento, este detalle. “Mi función aquí es su defensor en este caso en particular. Eso que pase afuera para mi siguen siendo cuentos de redes porque no soy el abogado ahí”, dijo.

Detienen al presunto proveedor de armas de los sobrinos Flores y a Guardia de Honor por extorsión

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Gilson Barroeta Florez, presunto proveedor de armas de Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, fue detenido en la capital del estado Lara acusado de participar en la extorsión de un ciudadano. También fue apresado un miembro de la Guardia de Honor Presidencial y un tercer ciudadano

 

Por Adriana Núñez Moros

@AdrianitaN

 

El 14 de noviembre de 2016 el nombre “Gilson” salió a relucir por primera vez en el curso del juicio que se seguía en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, contra Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas. Gilson figuraba como el supuesto proveedor de “juguetes” (armas), con sus respectivos accesorios, de los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

“Qué sádico se ve todo eso. Cómprame una maleta así para meter las mías, anda, porfa”. Con este mensaje habría respondido Campo cuando un contacto de nombre Gilson le envió varias fotografías caseras en las que aparecían subfusiles mini-uzis, rifles, fusiles AR-15 y otras armas de alto calibre. La evidencia de la Fiscalía de Nueva York signada con la etiqueta GX 407-T es una recolección de mensajes de Campo pidiéndole una mini-uzi, un rifle con silenciador y expresando su preocupación por cuidarse de dejar huellas dactilares en el armamento.

La costosa defensa de Campo y Flores trató de convencer al juez de que “Gilson” era un destacado miembro de la Selección Nacional de Airsoft y que las fotos correspondían a réplicas hiperrealistas de armas, utilizadas en este deporte. La Fiscalía estadounidense contó con el testimonio del marine retirado y experto en armamento Daniel Ogden quien evaluó las armas mostradas en las fotos como verdaderas.

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La identidad de Gilson permaneció en las sombras hasta que el equipo defensor de los primos Flores hizo una solicitud para llevar a cabo un nuevo juicio; la Fiscalía respondió con un documento de oposición en el que detallan los presuntos negocios de narcotráfico hechos previamente por Campo y Flores y revelan el nombre completo del proveedor de armamento: Gilson Mauricio Barroeta Florez.

Tiene 36 años y es el único Gilson Mauricio Barroeta que aparece registrado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Ante las autoridades venezolanas, la justicia estadounidense y en las páginas de sociedad de las revistas de moda de su ciudad, Barquisimeto, es Barroeta Flores; ante el CNE y el Registro Nacional de Contratistas es Barroeta Florez.

En una nota previamente publicada por Runrunes se detalla una presunta conexión entre Barroeta Florez y Jorge Luís Montenegro Carrillo, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Venezolano (INAC). De acuerdo con la prueba etiquetada con el código GX 407-T, presentada por la Fiscalía estadounidense, Barroeta Florez informó a Campo Flores sobre su intención de hacer una llamada telefónica al director del INAC con el fin de que este aprobara el vuelo de un jet Dassault Falcon desde su ciudad, Barquisimeto, hasta el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.

En la página 20 del documento de oposición se asegura que supuestamente Barroeta ayudó a los primos Flores a obtener armas en el verano de 2015; además, los habría asistido a conseguir la aeronave privada en la que luego viajarían a San Pedro Sula, Honduras, a reunirse con “El Sentado”.

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La detención en Barquisimeto

Un ciudadano de nombre Henry González Vegas, de 54 años de edad, denunció ante las autoridades policiales del estado Lara que estaba siendo extorsionado. González indicó que los antisociales le exigían entregar 800 mil bolívares para regresarle su carro Mazda, color verde de placas YBS668, el cual le había sido robado. El sábado 18 de febrero de 2017 tres sujetos fueron puestos a la orden de la Fiscalía Cuarta del estado Lara por este caso: Robert David Zapata Aldana, Eliomar Jesús Aponte Mendoza y Gilson Mauricio Barroeta Florez, el mismo hombre que aparece en el expediente de los sobrinos Flores como presunto proveedor de armas.

Según reseñó la periodista Karina Peraza Rodríguez en el periódico regional El Impulso, Zapata Aldana es un sargento de primera de la Guardia Nacional Bolivariana, adscrito a la Guardia de Honor Presidencial (GHP), organismo militar encargado de la seguridad inmediata del Presidente Nicolás Maduro.

A Berroeta le fueron incautados una camioneta Toyota Land Cruiser y un iPhone desde donde el cual se efectuaban las llamadas a la víctima de la extorsión. A Zapata Aldana se le incautó una moto KLR, un teléfono Samsung y una pistola Glock. La periodista Peraza indicó que la Juez de Control del estado Lara emitió una orden de allanamiento a la residencia de Berroeta; allí incautaron una pistola HK P30 con dos cargadores y una pistola FNP-45 tactical. El tercer implicado, Aponte Mendoza, fue detenido en esta residencia y le fue incautada una pistola Beretta y un teléfono celular.

Una fuente policial citada por Peraza en El Impulso indicó que estas personas “ofrecían una alta suma de dinero a cambio de su libertad, pero los funcionarios no aceptaron el soborno”. La fuente aseguró al medio que en la mañana de este 20 de febrero un efectivo del Alto Mando Militar giró instrucciones para que este procedimiento no saliera a la luz pública.

No hay información en el portal web del Ministerio Público, a pesar de que ya pasaron tres días desde la aprehensión. Sin embargo, el vehículo de González Vega sí aparece en la sección de solicitados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

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Caso de los sobrinos de Maduro “salpica” a un magistrado y al director del INAC
A pesar de que Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, sobrinos del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron declarados culpables de participar en una operación de narcotráfico, el proceso judicial que se sigue en su contra aún no es un capítulo cerrado. La Fiscalía estadounidense responde a la petición de un nuevo juicio con más detalles sobre las formas de hacer “negocios” de los primos Flores

 

@AdrianitaN

LIBERAR DE LA CÁRCEL EN VENEZUELA al narcotraficante Hermágoras González Polanco, uno de los jefes del Cártel de la Guajira, llegó a ser una prioridad para los hijos de crianza de la primera dama Cilia Flores. Para ello, según se detalla en el documento de oposición a la petición de un nuevo juicio, introducido ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York por la Fiscalía estadounidense, Campo y Flores se encontraban estableciendo conexiones con la organización mexicana Sombrero —también denominada como la taco people— para obtener entre uno y dos millones de dólares que serían utilizados para financiar la liberación de González Polanco.

Entre el 27 y el 31 de agosto de 2015 alias “Pepero”, socio de los Flores, habría hecho un viaje para participar en una reunión con miembros del Sombrero, en nombre de Campo y Flores. El mismo 27 de agosto Campo dijo a su primo que ya había advertido a “Pepero” que necesitaría el envío de un millón de dólares americanos para “reiniciar eso (la liberación)”, según consta en la evidencia GX 405-T.

A las 7:34 de la noche del 31 de agosto “Pepero” informó a sus socios sobre su “regreso” (probablemente a Caracas) por medio de un mensaje. “Pepe” detalló que los miembros de la organización Sombrero consideraban necesaria la liberación de González Polanco para lograr despachar tres mil kilos de cocaína desde Venezuela hasta la población de El Sombrero, en México.

Campo dijo a “Pepero” que él y su primo ya tuvieron una reunión con un magistrado —sin mencionar el nombre— para discutir el “caso” de Polanco y que le ofrecieron un millón de dólares para iniciar la negociación (evidencia GX 515-T). “Pepero” consultó a alias “Elías Tarrat” (también conocido como “Elio”), miembro de Sombrero, la disponibilidad del dinero y este aprobó la transacción. Visto como positivo el panorama, Campo ahora hace una jugada más ambiciosa: dice a “Pepero” que comunique a “Elio” que en verdad ofrecieron al magistrado un millón de dólares ahora y otro cuando ya Polanco estuviese libre.

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“Pepero” les advirtió que esa negociación no sería favorable y que podría arruinar su papel en el envío del gran alijo de cocaína. Días después les indicó que ellos podrían obtener a crédito parte del cargamento que estaba en negociación. Muchos desencuentros distanciaron a los primos Flores de la “taco people”.

“(Campo) está buscando si hay algo en otra parte…porque estamos quedando muy mal frente a la gente con la que en verdad queremos trabajar”, recriminó Flores a “Pepe” en una comunicación del 28 de septiembre de 2015, fichada con la etiqueta GX 515-T. “Ahora mismo estoy en un viaje haciendo arreglos con otras personas como te dije…porque estaba cansado de esperar, hermano”, dijo Campo a “Pepero”. El 3 de octubre de 2015 Campo y Flores volaron en un avión privado a San Pedro Sula, Honduras, a la reunión que marcaría el inicio de la cacería de la DEA contra ellos.

La “mano peluda” en el INAC

Jorge Luis Montenegro Carrillo, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano (INAC) desde junio de 2015, es otro de los nombres de funcionarios del gobierno venezolano que figura en los documentos revelados en el proceso judicial que se sigue contra Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, sobrinos del presidente Nicolás Maduro, en Estados Unidos.

En el documento de oposición se detalla una presunta conexión entre Gilson Barroeta Flores, supuesto proveedor de armas y socio de los sobrinos Flores, y Montenegro Carrillo. De acuerdo con la prueba etiquetada con el código GX 407-T, Barroeta Flores informa a Campo Flores sobre su intención de hacer una llamada telefónica al director del INAC con el fin de que este aprobara el vuelo de un jet Dassault Falcon desde Barquisimeto, estado Lara, hasta el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. La fecha tentativa de este vuelo era entre el 25 y el 27 de septiembre de 2015. 

A pesar de que no queda claro en el documento si el traslado de la aeronave se hizo efectivo, la conversación revelada y la mención de Montenegro sugiere que pudo existir una línea directa entre el funcionario, los sobrinos Flores y sus aliados.

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El INAC, instituto adscrito al Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo, es el ente encargado de regular todo lo relacionado con la aeronáutica civil venezolana. Tiene potestad para regular las actividades en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas, principal aeropuerto del país y lugar donde se ubica el hangar presidencial, desde donde Campo y Flores pretendían despachar un cargamento de 800 kilogramos de cocaína con destino Honduras.

Para Campo y Flores sus conexiones con las autoridades aeroportuarias venezolanas eran “oro en sus manos” porque “nadie tenía lo que ellos tenían”. “Esto (su acceso al aeropuerto) es un jonrón para nosotros. Nadie tiene tickets para viajar ahora mismo y nosotros ya tenemos las conexiones listas. Lo estamos haciendo bien”, es una frase que se le atribuye a Campo en un extracto de la prueba GX 403-T publicada en la página 18 del informe de la Fiscalía de Nueva York.

El uso de la aeronave de siglas venezolanas YV-2708 para transportar drogas en alianza con el jefe del Cártel de la Guajira, y con la organización mexicana Sombrero también habría estado entre los planes de los primos Flores en agosto de 2015. En la página 17 del documento se detalla la supuesta responsabilidad que tenía Campo para “ver el pájaro” (inspeccionar el avión) junto a un miembro de la organización Sombrero antes de concretar la negociación con González Polanco.

Iván Martínez Hernández, dueño del avión, relató a El Nacional que la aeronave contaba con la certificación del INAC y que, a principios de abril de 2015, el mismo organismo habilitó al piloto Carlos Justiniano a volar a pesar de que su licencia estaba vencida y el avión presentaba importantes desperfectos técnicos. Este avión fue incautado en República Dominicana el 26 de marzo de 2016 con 349 paquetes de drogas a bordo. Seis venezolanos fueron apresados en el marco de esta operación: Gregory José Frías Urbina, Gerardo Antonio Díaz Barroso, Jean Carlos Díaz Polanco, el copiloto Jorge Luis Henríquez Villalba y el piloto Carlos Luis Justiniano Núñez.

Para el 1 de octubre de 2015 el piloto del avión en el que, supuestamente, se haría el enorme envío de tres mil kilos de cocaína ya contaba con su permiso sellado por el INAC, según dijo “Pepero” a los Flores en una conversación reproducida parcialmente en la página 19 del documento presentado ante la corte neoyorquina. No queda claro si el avión a utilizar sería el mismo que incautaron las autoridades dominicanas seis meses después.

En la página 29 del informe se cita la evidencia GX 203-T, una conversación en la cual Campo Flores explica a CS-1 ―fuente confidencial de la Drug Enforcement Administration (DEA)―que él “ya había trabajado con jets Gulfstream antes” y que tendría la posibilidad de conseguir una aeronave modelo G2. Ambos entran en la categoría de aviones privados.

“El Chapo

CourtHouse

 

En el documento de acusación presentado en una corte de Nueva York contra el narcotraficante mexicano el nombre de Venezuela aparece en dos ocasiones. Se describe como el capo, extraditado esta semana a EE UU, logró vincularse con traficantes venezolanos para transportar cocaína a través de Centro América hasta norteamérica

 

Por Adriana Núñez Moros

@AdrianitaN

 

Venezuela fue una plaza para el encuentro de miembros del Cártel de Sinaloa con traficantes de droga durante el “reinado” de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Así lo indica el documento de acusación contra Guzmán presentado por la Fiscalía estadounidense ante la Corte del Distrito Este de Nueva York este 20 de enero.

De acuerdo con el documento de 56 páginas, en el cual se detalla la vida y obra criminal de Guzmán durante 25 años en el negocio del narcotráfico, Venezuela, Ecuador y Colombia  fueron los puntos principales desde los cuales “El Chapo” ejecutó la expansión del Cártel de Sinaloa hacia Suramérica y la ocupación de espacios que antes pertenecían a cárteles colombianos.

Según las autoridades estadounidenses el modus operandi de “El Rápido” Guzmán consistía en infiltrar en estos países a miembros de la organización criminal que dirigía para negociar directamente con los traficantes locales y, de este modo, completar partes de la cadena de suministro.

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En el documento se detalla que algunos transportadores de droga, que participaron en la importación de cargamentos de cocaína a suelo estadounidense, están dispuestos a testificar en el juicio contra Guzmán bajo la figura de “testigo cooperante”. Allí, darán detalles sobre los métodos usados por el cártel mexicano para penetrar la frontera de Estados Unidos con cargamentos de cocaína, marihuana y metanfetaminas.

Estos informantes también darán cuenta del uso de aviones cargados de cocaína que volaban desde pistas clandestinas en Venezuela y Colombia hasta Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá. También de cómo los cargamentos eran trasladados por tierra hasta México y, de allí, a Estados Unidos utilizando vehículos modificados o túneles clandestinos para traspasar la frontera.

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El método utilizado para el desplazamiento de los cargamentos de droga por el continente, descrito en el documento presentado ante la Corte neoyorquina, coincide casi a la perfección con las estrategias reveladas en el juicio contra Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela.  

En ese caso, Campo y Flores fueron condenados en noviembre de 2016 por conspirar para enviar un avión cargado con 800 kilogramos de cocaína proveniente de Colombia, desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Venezuela) hasta Honduras, con la costa este de Estados Unidos como destino final. La única diferencia en esta operación es que la droga no saldría desde una pista clandestina, sino desde la rampa presidencial del principal aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, Venezuela.

El acuerdo hecho por Campo y Flores con José Santos Peña —exmiembro del Cártel de Sinaloa y agente encubierto de la DEA infiltrado en Venezuela para capturar a los familiares de Maduro— contemplaba que el cargamento sería movilizado desde Maiquetía hasta el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Galvez (Isla de Roatán-Honduras), luego hasta México y, finalmente, hasta Estados Unidos.

 

A “El Chapo” le llegó su cuarto de hora: Enfrenta 17 cargos por narcotráfico en EE UU

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Adriana Nuñez Moros

@AdrianitaN

Los funcionarios de seguridad de la Corte apuran el paso. Varios arman un arco detector de metales en la puerta de la sala, en el cuarto piso, en cuestión de segundos. Otros ordenan en una fila a las decenas de inquietos periodistas, aún consternados por la noticia. Antes de entrar al recinto es necesario someterse a una rigurosa requisa. Con “El Chapo” cualquier escena de ficción puede hacerse realidad en cuestión de segundos.

Al fondo del amplio salón está estampada una placa de mármol gris y rosetones rosa pálido. Encima del mármol, una placa de metal plateado con la forma del Gran Sello de Estados Unidos. Solo hay una ventana, a una altura suficientemente elevada para que nadie pueda mirar a través de ella. A la izquierda, en el espacio que corresponde al jurado, se amontona un grupo de periodistas; el resto lucha por un lugar en las tribunas del público. En el centro de la sala el equipo de la Fiscalía de Nueva York —cinco hombres y cinco mujeres— comparten risas e intercambian papeles.

Un grupo de miembros de agencias de seguridad estadounidense vinculados con el caso se ubican entre el público y la zona designada para la Fiscalía y la defensa. Ellos también ríen, algunos a carcajadas. Siete agentes de seguridad cuidan la puerta por la que saldrá Joaquín “El Rápido” Guzmán. Ríen en voz alta. Silencio. Varios focos de risas.

“El Chapo” Guzmán está en alguna parte de la sede de la Corte del Distrito Este de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. La presencia del “más notorio traficante de drogas del mundo” —como fue denominado en el documento de acusación que publicó la Corte este viernes— parece pesar sobre los trabajadores del edificio. Hacen un esfuerzo por responder las preguntas relacionadas con el caso con indiferencia, como si no fuese el día en el que la justicia estadounidense, al fin, le hinca los dientes a la presa que había estado cazando desde hace décadas.

Hoy es el inicio del proceso penal contra el líder del sanguinario Cártel de Sinaloa, descrito en el documento de acusación como “la más grande y prolífica organización de narcotráfico del mundo”. Es lo que parece ser el principio del final para el hombre a quien el gobierno estadounidense ya imputó por 17 cargos criminales vinculados a la producción de drogas, su importación y distribución en territorio estadounidense y lavado de dinero. No hay una cifra oficial de personas muertas directa, o indirectamente, a manos del también llamado “Jefe”, pero la Corte resalta el uso frecuente de sicarios que acumulan en su haber cientos de asesinatos, asaltos, secuestros y actos de tortura.

Tampoco es un día cualquiera para Estados Unidos. A 364 kilómetros de distancia, en  Washington, Donald J. Trump asume la presidencia del país norteamericano usando como bandera un discurso según el cual los mexicanos son “gente con un montón de problemas, que traen (a Estados Unidos) drogas, crimen, violadores…”. En una entrevista concedida al actor Sean Penn, luego publicada en la revista Rolling Stone, el narcotraficante fue cuestionado sobre una presunta recompensa que ofrecía a quien le entregara “la cabeza” de Trump. Este se limitó a decir con tono irónico: “¡Mi amigo!”, refiriéndose al, para entonces, candidato presidencial.

 

 

Aún no está claro si es un regalo para Trump, o para el presidente saliente Barack Obama, el hecho de que México haya aprobado la extradición del polémico narcotraficante justo un día antes del cambio de mando. Los analistas no logran descifrar por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió marcar el 19 de enero de 2017 como el día en que se harían realidad las pesadillas en las que “El Chapo” se veía con uniforme de presidiario en una cárcel estadounidense.

Silencio. Todos de pie. Entra el juez.

Compartió prisión con los sobrinos Flores

Son las dos de la tarde en punto y por primera vez Joaquín Guzmán mira cara a cara a la justicia estadounidense. Viste un traje de presidiario azul oscuro y unos zapatos deportivos negros con suela blanca. Sus manos y pies están libres de esposas. Camina con la cabeza baja, pero la mirada elevada. “Shorty” luce aún más pequeño ante el estrado del juez magistrado James Orenstein.

El juez magistrado le pregunta si su nombre es Joaquín Archivaldo Guzmán Loera y él responde con una voz estruendosa, imponente y con marcado acento: “Sí, señor”. Estira los hombros hacia atrás, como preparándose para la pelea. Está flanqueado, a la derecha, por la traductora de la corte; a la izquierda por los defensores federales Michelle A. Gelernt y Michael K. Schneider. Un agente de seguridad cuida cada uno de sus hombros. El juez le pregunta si conoce sus derechos y si le han sido garantizados y él responde: “Gracias”.

Orenstein le pregunta si sabe que se le acusa por 17 delitos de narcotráfico. Se sostiene el dedo índice de la mano izquierda con la mano derecha, detrás de la espalda, durante toda la presentación. “¿Entiende los cargos de los que se le acusa?”, insiste Orenstein. Guzmán ataca con una palabra ininteligible. La defensora pública le susurra algo al oído que lo encauza de nuevo: “Sí, señor”. El juez le explica que aún no se le imputan cargos de asesinato porque no se han identificado plenamente posibles víctimas. Tamborilea los dedos de su mano izquierda lentamente.

-¿Cómo se declara?, pregunta el juez.

-“No culpable”, declara “El Chapo”.

Orenstein indica que, en ese caso, su próxima cita en la Corte será el 3 de febrero de 2017, ante el juez Brian M. Cogan.

Cierra la sesión.

Este primer encuentro con la justicia norteamericana duró apenas 15 minutos. Hasta nuevo aviso, “El Chapo” permanecerá recluido en el Metropolitan Correctional Center de Manhattan, junto con Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela condenados por delitos de narcotráfico. También estará con otros traficantes de droga, terroristas y criminales de alta peligrosidad.