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Personas con autismo aportan valor y creatividad en entornos laborales

El pasado 17 de abril tuvo lugar un Taller para Periodistas sobre Empleo Inclusivo, que organizó Arcos Dorados como parte de su compromiso para fomentar la inclusión y la diversidad. La actividad reunió a distintos expertos que exploraron las diversas facetas de la inclusión laboral, en particular en lo que respecta a las personas con autismo. 

En el taller se abordaron temas como los factores que obstaculizan la inclusión, autismo, discapacidad, diversidad, empleo inclusivo, perfil del empleado y oportunidades en el campo laboral.

María Isabel Díaz, economista y profesora de la Universidad Central de Venezuela, comentó sobre el impacto significativo que puede tener en la economía la inclusión laboral de las personas dentro del espectro del autismo. 

En su presentación, expuso que muchas personas con trastorno del espectro autista  (personas con TEA) poseen habilidades «únicas», como «un enfoque detallado en tareas específicas o una capacidad excepcional para el pensamiento lógico, que pueden aportar valor a la fuerza laboral».  Otras habilidades destacadas son un eficiente manejo de las tecnologías de información, para la programación y el análisis de datos y resolución de problemas tecnológicos. 

Agregó que al promover la inclusión y diversidad en los lugares de trabajo se puede fomentar la innovación y la creatividad, lo que a su vez puede tener un impacto positivo en el crecimiento económico. No en vano, en países como Estados Unidos empresas tecnológicas como Microsoft, SAP e IBM han implementado programas de contratación específicos para personas con TEA. 

«Es fundamental identificar las fortalezas de cada individuo y buscar oportunidades laborales que se ajusten a sus habilidades y necesidades. Además, es crucial promover entornos laborales inclusivos y adaptados a las necesidades de personas con autismo para garantizar su éxito y bienestar en el trabajo», abundó Díaz. 

 

Las etiquetas que obstaculizan la inclusión

Isabel Dubuc, psicóloga, también formó parte del panel de expositoras pero no solo como especialista, sino como madre de una hija y un hijo con autismo. Desde su experiencia de años viviendo muy de cerca los desafíos que supone cuidar y orientar a dos personas con esta condición,  enfocó su presentación en cómo derribar las etiquetas que obstaculizan la inclusión y que comienzan con la forma en la que se estigmatiza a las personas con TEA o la manera en la que la sociedad se refiere a ellos. 

«Funcionamos con prejuicios, creencias y actitudes para hacer economía mental, las etiquetas no son malas por sí mismas, solo que necesitamos actualizarlas en algunos casos, por ejemplo cuando nos referimos a una condición como el autismo»,  detalló. 

Y es que algunas personas señalan a las personas con TEA como «maniáticos» por mostrar comportamientos repetitivos o por apegarse mucho a la rutina; o se asustan porque «de repente explotan» y adoptan conductas como gritar, taparse los oídos o refugiarse en lugares inusuales, cuando estas últimas conductas son respuestas a compromisos sensoriales que los hacen percibir ciertos estímulos como muy intensos y, en otros casos, a no percibirlos. 

La psicóloga también recomendó evitar expresiones que se utilizan en la cotidianidad, como  «tal funcionario o tal persona actúa de manera autista», pues las características del TEA son inherentes a su condición y no conductas deliberadas. Precisó también que usar términos como «enfermedad, padecer y sufrir» asociados al autismo es inadecuado, ya que se trata de una condición que diferencia a una persona, y no de un «mal» que se padece. 

«Las personas con autismo nacieron en otra autopista y con otras señales de tránsito, no es que ‘viven en su propio mundo’, como señalan algunos, sino que tienen dificultades para integrarse socialmente y se comunican de diversas maneras. Tampoco ‘carecen de sentimientos y empatía’, sino que tienen dificultades para expresar sus sentimientos y se bloquean ante el impacto de los sentimientos de los demás», puntualizó. 

Antes de referirse al punto de la inclusión laboral explicó una diferencia importante en el cambio del concepto sobre lo que es el espectro autista: décadas atrás la aproximación era «lineal» o por «grados», es decir, se hablaba de autismo «leve», asperger o autismo severo. Pero el espectro se concibe ahora como un círculo cromático, donde cada color marca una diferencia particular. Desde esta concepción, cada persona con autismo «tiene necesidades de apoyo y cuidado que deben ser satisfechas y derechos que deben cumplirse».

«Por ello, hay que anunciar a cada organización de las características específicas del trabajador, porque todos dentro del espectro son muy distintos entre sí«, argumentó.

Siete elementos en pro de la inclusión

Caroline Ruiz, directora de la Asociación Civil Buena Voluntad,  explicó en el taller las actividades y alcances de institución de asistencia y beneficio social que funciona desde 1964 y que atiende a personas con discapacidad intelectual, musculo esquelética, psicosocial, sensorial leve y moderada. 

El objetivo de la asociación es capacitarlos para posibilitar una inclusión socio laboral a corto plazo, gracias a una alianza con una serie de empresas.  Buena Voluntad aplica una evaluación antes de la capacitación, realiza charlas de sensibilización y acompaña al aspirante en el proceso de la contratación, así como también hace un seguimiento y supervisión del desempeño del beneficiario para garantizar, entre otras cosas, que los horarios se ajusten a sus capacidades y que a se respetan las condiciones de contratación, como por ejemplo, que perciban el mismo ingreso que percibiría una persona neurotípica en el mismo puesto. 

Ruiz también compartió siete elementos que son indispensables para facilitar la inclusión de personas con cualquier tipo de discapacidad, tanto en el ámbito laboral como social: aceptación y no discriminación, entender que estos ciudadanos tienen derechos y también deberes, tratarlos como nos gustaría ser tratados, brindarles igualdad de oportunidades, prestarles ayuda solo cuando la soliciten, respetar sus ritmos de ejecución y evitar prejuicios, estereotipos y sobrenombres. 

Inclusión que transforma realidades

En el marco del desarrollo del taller fue posible conocer testimonios de tres personas con discapacidad intelectual que gracias a la inclusión laboral han podido poner en práctica sus conocimientos y habilidades y mejorar su calidad de vida. 

Uno de los casos fue el de Jesús Mazzilli, quien tiene 44 años de edad y lleva casi la mitad de su vida (21 años) trabajando en McDonald’s,  empresa donde su discapacidad intelectual no fue impedimento para recibir la oportunidad de su primer empleo. Su trabajo le ha brindado muchas satisfacciones y le ha permitido asistir a eventos deportivos internacionales como juegos olímpicos y mundiales de fútbol, así como ser invitado especial al estadio de su equipo favorito de béisbol, los Leones del Caracas.

Mientras que Ángela Marrero, de 23 años, también habló de su experiencia en la misma cadena de comida rápida en la que ingresó hace un año  gracias a la formación recibida en la ONG Buena Voluntad y a la oportunidad que le brindó Arcos Dorados.  Actualmente, es empleada del restaurante de La Trinidad y ha sido reconocida como la trabajadora del mes por su destacada labor, que también ha abierto las puertas a la próxima contratación de otro joven formado por la ONG Buena Voluntad. 

 

Antonella es otra joven que recibió formación de la  ONG en las áreas de computación, informática y capacitación social, lo que potenció sus habilidades y la ayudó a conseguir un empleo en el área de administración desde hace un año. En una elocuente exposición, contó cómo es su rutina, cómo se adaptó al trabajó con sus compañeros, todo lo que ha aprendido en su área laboral y reveló sus aspiraciones de trabajar en una compañía trasnacional, para lo cual ya dio el primer paso: aprender inglés por sus propios medios.

 

 

 
 
 
 
 
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Expropiación de partidos de oposición es una práctica frecuente en Venezuela

Por segunda ocasión en cuatro años, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) intervino el partido Primero Justicia (PJ) en respuesta a una solicitud del diputado de la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, José Brito.

Brito, quien es candidato a la presidencia de la República por el partido Primero Venezuela, fue nombrado presidente ad hoc de la junta directiva de PJ y ahora posee el aval para emplear la tarjeta y los símbolos del partido.

Este miércoles 24 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó un lapso de 48 horas para que la nueva junta directiva de PJ se adhiera a una de las postulaciones admitidas por el ente comicial de cara a los comicios del 28 de julio.

Igualmente, el TSJ ordenó al parlamentario llevar a cabo un proceso de reestructuración para designar autoridades en las regiones y modificar estatutos.

En junio de 2020, el máximo tribunal del país intervino Primero Justicia y nombró a Brito como líder de la junta directiva ad hoc, sin embargo tres meses después echó atrás la decisión.  

Carpeta en mano, Brito acudió el pasado 15 de marzo a preguntar por el “limbo jurídico” en el que se encontraba el partido y un mes después, luego de que el CNE admitiera las postulaciones para presidente, le devolvieron las riendas de la tolda amarilla.

Brito fue expulsado de PJ en 2019 luego que un reportaje del portal Armando.info revelara aparentes nexos con el empresario colombiano Alex Saab y una supuesta red de malversación de fondos en torno al programa de Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). La eventual trama de corrupción fue bautizada como «Operación Alacrán» por la oposición. 

Un año después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Brito y a otros seis diputados, entre ellos el también ex miembro de Primero Justicia, Luis Parra, por su participación en el intento de juramentar una junta directiva paralela en la Asamblea Nacional.  

En noviembre de 2023, abogados españoles demandaron a Brito y a otros diputados por estar supuestamente en la trama de corrupción con Saab y los CLAP.

“Tanto las empresas como los diputados relacionados intentaron utilizar a abogados honestos para que liberasen las cuentas bancarias y legitimasen no solo a empresas sino también los contratos que celebraron contra el patrimonio público de Venezuela”, se consideró en esa demanda. 

Primero la justicia 

A propósito de la decisión del TSJ, la presidenta de PJ, María Beatriz Martínez sostuvo que la designación de Brito al frente de la junta directiva ad hoc no cambia nada en el partido.  

«Creo que la gente sabe muy bien quién es José Brito. Ese personaje quedó para hacerle el trabajo sucio a la dictadura y es lamentable para él, porque a nosotros como partido nunca nos ha hecho ni nos podrá hacer daño. Pretenden decir con esto que lo que pasa en Primero Justicia lo deciden ellos y mandan a títeres vergonzosos a creer que pueden asumir el liderazgo de un partido«, dijo la dirigente.

Martínez manifestó que este movimiento demuestra la ausencia de estado de derecho y el control que ejerce el Ejecutivo sobre los poderes públicos en Venezuela.

“Así cobra el régimen nuestra postura determinada y determinante para ser garantes de la ruta electoral en unidad con los venezolanos. Están buscando por todas las maneras ensuciar un evento comicial. Nosotros hemos dado todo nuestro respaldo al candidato Edmundo González Urrutia”, acotó Martínez. 

A juicio de Martínez, Nicolás Maduro perdió la brújula: «Debería ponerle un poquito de atención a lo que hicieron en la tal consulta obligatoria del domingo 21 de abril. Amenazaban, llamaban y pedían asistencia y nadie les puso cuidado”.

No es el primero

Roberto Enríquez, presidente del partido Copei no intervenido por el chavismo, indicó que a partir del despojo de la tarjeta y los símbolos de la tolda socialcristiana, el Gobierno ha emprendido una cacería contra la disidencia y específicamente perjudicado a miembros del G4 como Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia.

La tarjeta es muy importante porque es el vehículo por donde el elector expresa su voluntad de votar por una u otra candidatura, son símbolos fundamentales de la democracia que representa a toda una organización política e ideológica”, explicó.. 

Enríquez indicó que no es apropiado emplear el término judicialización para hablar de partidos intervenidos.

“Me parece un eufemismo, porque ese proceso se hace cuando hay un debido proceso y en estos casos eso no existe, no hay derecho a la defensa, solo hay una usurpación donde unos asaltantes cogen los símbolos de una organización que democráticamente escogió a sus autoridades”, denunció.  

A juicio de Enríquez, en el caso de Copei no hubo judicialización: Solo le dieron nuestros símbolos a unas personas que se dedican a traficar con ellos. Confiscación, intervención y asalto son los términos adecuados en todo caso”. 

El dirigente copeyano sostuvo que el despojo de tarjetas y símbolos posee un componente de violencia política

“El objetivo es tener partidos que no hagan una oposición real y confundir al electorado, es una violación a los derechos humanos. Cuando se asalta un partido político  estamos hablando de confiscación y agresión”, sentenció. 

Apariencia de normalidad

Para la dirigente de Voluntad Popular, Adriana Pichardo, la apropiación de los partidos por parte de terceros sospechosos de hacerle el juego al gobierno es una excusa para decir ante la comunidad internacional que en Venezuela se produce una “fiesta electoral”.

“Pero ya la gente, el ciudadano sabe lo que está ocurriendo y por eso se hace tan poderosa la tarjeta de la unidad como símbolo que nos unifica a todos, ya que somos víctimas del robo de nuestros símbolos partidistas, de nuestras tarjetas electorales”. 

Pichardo recordó que VP pasó por lo mismo que Primero Justicia en la actualidad.

“El régimen utiliza todos los órganos del Estado para cambiar y torcer la realidad. Hizo lo mismo que con nosotros en julio de 2020 a través de la Sala Constitucional del TSJ, cuando decretó una medida cautelar de tutela constitucional y suspendió a la dirección nacional nombrando a una junta directiva ad hoc liderada por José Gregorio Noriega, vicepresidente de la Asamblea Nacional oficialista, a quien le permitió utilizar la tarjeta, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto de VP”, amplió Pichardo. 

De acuerdo a la dirigente de VP, los secuestros de partidos políticos son una especie de “patadas de ahogado” del régimen madurista.

“Porque se saben perdidos en el proceso electoral del 28 de julio y siguen utilizando las jugadas más bajas, más viles para confundir a los venezolanos y tratar de ganar espacios que ya perdieron hace mucho tiempo en el corazón, en la conciencia y en la voluntad del pueblo”, concluyó. 

 

La Contraloría no da tregua y aumenta la lista de políticos opositores inhabilitados

En el año 2025 son las elecciones regionales, locales y legislativas. Parece que el gobierno de Nicolás Maduro se está preparando para ir a este proceso electoral con la menor cantidad de contrincantes posible a través de nuevas inhabilitaciones de políticos opositores.

Este miércoles, 24 de abril, la Contraloría General de la República notificó la inhabilitación política de cinco dirigentes opositores, entre los que incluso se encuentran personas ejerciendo cargos públicos en la actualidad.

Tras revelarse las nuevas habilitaciones, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia señaló que esta acción es una muestra más «de la urgente necesidad de recuperar el Estado de derecho en nuestro país».

Por su parte, la Plataforma Unitaria publicó un comunicado en donde «condenaron y repudiaron» las inhabilitaciones publicadas «por la Contraloría del régimen de Nicolás Maduro, dirigidas a miembros de las fuerzas democráticas».

«Desde el régimen insisten en seguir violando los derechos humanos y políticos de la dirigencia democrática y de todos los ciudadanos venezolanos, pero no podrán apartarnos de la ruta electoral con la que conquistaremos, este próximo 28 de julio, el cambio tan anhelado por los venezolanos», añadió la Plataforma Unitaria. 

 

Entretanto, la ONG regional Transparencia Electoral rechazó el uso de la Contraloría General de la República «para violar el derecho político de los venezolanos a través de las inhabilitaciones ilegales».

«La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021 recomendó ‘suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa'», recordaron en una publicación en la red social X.

Las nuevas inhabilitaciones

Aunque en noviembre de 2023 Noruega divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, instituciones del Estado como la Contraloría y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) han hecho caso omiso, y se ha seguido inhabilitando a opositores con probables aspiraciones de ejercer un cargo público. 

A  finales de enero, el TSJ levantó esta sanción al periodista Leocenis García y al exdiputado Richard Mardo. Ambos se sometieron al mecanismo de revisión de casos acordado entre el Ejecutivo y la Plataforma Unitaria. Pero no corrieron con la misma suerte María Corina Machado ni Henrique Capriles Radonski, y tres meses después, la Contraloría notifica de nuevas inhabilitaciones. 

Y abril se aproxima a su final con un nuevo listado de inhabilitaciones políticas. Uno de ellos es el vicepresidente de asuntos políticos del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, a quien inhabilitaron para ejercer cargos públicos durante 15 años, según la página web de la Contraloría.

Además de ser militante de PJ, Guanipa ha sido diputado de la Asamblea Nacional (2015-2020) y fue embajador de Venezuela en Colombia designado por el extinto gobierno interino que presidió Juan Guaidó.

Mediante su cuenta de X, Guanipa manifestó que la Contraloría no le notificó de esta inhabilitación, «como todas las otras veces».

«Pero eso hoy no es lo importante, lo indispensable es habilitar el voto de los millones de venezolanos que están negados a vivir en la miseria», escribió el dirigente político en su mensaje.

Otro afectado es  Carlos Ocariz, exalcalde del municipio Sucre, quien también figura en la lista de la Contraloría de nuevos inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 15 años.

A través de su cuenta de X, Ocariz señaló que la respuesta ante esta inhabilitación que no le fue notificada es «Edmundo para todo el mundo», refiriéndose al candidato unitario Edmundo González Urrutia. Agregó que el 28 de julio los ciudadanos habilitarán todos los «derechos» con el voto.

 

A la lista de inhabilitados sumaron a Juan Carlos Caldera, miembro de la dirección de la Plataforma Unitaria Democrática. Según la publicación de la Contraloría, no podrá ejercer cargos públicos durante 12 meses.

Al conocer este anuncio, solo se limitó a responder en su cuenta en X lo siguiente: «Algo hice bien, #EdmundoPaTodoElMundo».

Alcaldes en ejercicio inhabilitados

Se difundió también que el alcalde del municipio El Hatillo del estado Miranda -en su segundo período- Elías Sayegh también ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años, es decir, hasta el 2039.

Sayegh fue militante del partido político Fuerza Vecinal, del cual se deslindó en el año 2023 y decidió crear la organización política Cambio en Paz.

Por su parte, José Antonio Fernández López, conocido como ‘Josy Fernández‘, fue inhabilitado por la Contraloría para ejercer cargos públicos durante 15 años, al igual que Sayegh.

Fernández es actualmente alcalde del municipio Los Salias, también de Miranda. Está en ese cargo desde el año 2013, tras obtener la victoria en las elecciones regionales. También militó en Fuerza Vecinal y ahora está en Cambio en Paz, al igual que Sayegh. Hasta ahora, ni Sayegh ni Fernández han emitido declaraciones sobre estas inhabilitaciones.

La inhabilitación que impidió inscripción de Machado

Las inhabilitaciones de políticos opositores han sido denunciadas en los informes del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la Unión Europea y el Parlamento Europeo, entre muchas otras instituciones, gobiernos y organizaciones, por «socavar el Estado de Derecho» y «profundizar la crisis política» en Venezuela. 

Recientemente, académicos de la UCV denunciaron la «permanente intervención del Tribunal Supremo de Justicia», a través de sus salas electoral y constitucional; «usurpando funciones legislativas, interviniendo la dirección de los partidos políticos, confirmando inhabilitaciones y modificando las reglas de los procesos electorales».

Justamente el pasado 26 de enero de 2024, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) notificó a María Corina Machado que está inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Según el TSJ, el recurso que introdujo Machado el 15 de diciembre de 2023 sobre su inhabilitación “no cumple con los requerimientos establecidos y exigidos” en el acuerdo de Barbados firmado entre el gobierno y la oposición el año pasado.

La Sala Político Administrativa alegó que la inhabilitación de Machado ocurre, entre otras cosas, por propiciar las sanciones internacionales y la presunta trama de corrupción que habría encabezado Juan Guaidó durante el interinato.

Esta inhabilitación le impidió a Machado inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidata presidencial, a pesar de haber tenido una victoria arrolladora durante la primaria opositora del 22 de octubre de 2023.

De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, entre las irregularidades que presenta este caso se destaca que la Sala Político Administrativa incurrió en la «omisión de publicar los textos completos de sus decisiones».

«En lugar de ello, se limita a anunciarlas mediante un extracto en su página web. Esta práctica impide conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan», señaló la ONG en un reporte.

Capriles, inhabilitado después de dos candidaturas presidenciales

El mismo día en que Machado recibió la notificación que ratificaba su inhabilitación, también salió una sentencia de la Sala Político Administrativa del TSJ que ratificó la inhabilitación para ejercer cargos públicos a Henrique Capriles Radonski, exgobernador de Miranda.

El TSJ consideró improcedente la solicitud de Capriles sobre esta inhabilitación porque, según el máximo tribunal, tampoco cumple con los requerimientos firmados y exigidos en el acuerdo de Barbados  “y en consecuencia” está inhabilitado por quince años.

Capriles está inhabilitado desde el año 2017 “por irregularidades administrativas” presuntamente ocurridas mientras era gobernador del estado Miranda. Esa inhabilitación le impidió competir en las regionales de ese año y en las presidenciales de 2018. 

Tras esta decisión, el dos veces candidato presidencial se pronunció en su cuenta de X donde señaló que el «sentimiento de cambio» no se podrá inhabilitar.

Leopoldo López, el primer inhabilitado

Fue en el año 2008 cuando el alcalde de Chacao, quien gozaba de una gran popularidad y tenía aspiraciones de postularse a la alcaldía metropolitana, se convirtió en el primer dirigente opositor con fuerte arraigo popular inhabilitado por la Contraloría General de la República por seis años debido a supuestas irregularidades administrativas en su gestión. En esa ocasión, otros dos dirigentes opositores también fueron inhabilitados: Enrique Mendoza y Antonio Barreto Sira. 

La inhabilitación le impidió participar en las regionales y municipales de ese año. El caso de López fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aunque la instancia falló a favor de López en 2011,  el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la  medida de la corte como “inejecutable”.  Al vencerse la inhabilitación, López fue detenido en el marco de las protestas antigubernamentales de 2014. 

Otros casos sonados de inhabilitaciones opositoras

En el 2021 se celebraron las elecciones regionales y municipales, el período que está a punto de finalizar. Ese mismo año, el 23 de febrero, la Contraloría inhabilitó a 28 integrantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 por negarse a presentar la declaración jurada de patrimonio.

Para aquel momento, la lista incluía a los dirigentes Juan Guaidó, Julio Borges, Juan Pablo Guanipa, Carlos Paparoni, Luis Florido, Germán Ferrer, Tomás Guanipa, Rafael Veloz, Américo De Grazia, Ismael García, Freddy Guevara, Gaby Arellano, Carlos Berrizbeitia y Julio Montoya.

De acuerdo con la ONG Acceso a la Justicia, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos «forma parte de los instrumentos de asedio empleados por el Gobierno nacional desde hace tiempo para sacar del camino a sus rivales».

Ese mismo año,el dirigente de Voluntad Popular Freddy Superlano fue candidato a las elecciones regionales en el estado Barinas. Las proyecciones del Consejo Nacional Electoral favorecían a Superlano frente al oficialista Argenis Chávez. El conteo final y la lectura de los resultados fueron suspendidos por sentencia del TSJ.​ En dicha sentencia, se anunció que Superlano quedó suspendido de ocupar cargos públicos, por lo que no pudo ser proclamado ganador y se tuvieron que repetir las elecciones en esa entidad. 

Por su parte, Manuel Rosales, dirigente de Un Nuevo Tiempo, también estuvo inhabilitado desde agosto de 2014 hasta que la Sala Político Administrativa del TSJ levantó esa sanción en octubre de 2017. Después de eso, obtuvo la victoria en la Gobernación del Zulia en 2021.

González Urrutia: “María Corina Machado es la líder de este proceso. Yo soy un candidato ahí”

Edmundo González Urrutia (La Victoria, 1949), candidato presidencial de la Unidad venezolana, dice que va a llegar a las 6:00 pm a la entrevista y aparece a las 5:59 pm. Media hora antes se le veía en redes sociales durante la primera reunión con la Plataforma Unitaria: parece que no va llegar a tiempo, pero llega. Hace pocas horas el diplomático se ha convertido en el elegido, entre todos los que podían elegir, para enfrentar a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. 

Su esposa, Mercedes López, abre la puerta, ofrece Nestea -punto a favor de la transición-, sirve agua y unos saladitos de hojaldre que González Urrutia recomienda probar y prueba. Ella habla de los memes de Game of Thrones con María Corina Machado, del «Edmundo challenge» y de los jingles en tiempo récord. “Ahí hay inteligencia artificial”, dice. En esta casa, al parecer, están al tanto de lo que sale en redes sociales mientras se adaptan a una agitación que no planificaron. “Recen por nosotros”, pide con una velocidad que no se sabe si es de alegría o de inquietud.

González Urrutia se quita el saco y sale al balcón de su apartamento, donde vive desde hace más de 30 años. La tarde está constipada de humo y polvo naranja, como un sahumerio que alguien dejó prendido. Desde la baranda se ve Caracas a una escala que la vuelve comprensible, también los aviones de unos privilegiados que aterrizan en el aeropuerto La Carlota, las torres de Parque Central, las autopistas que rajan la ciudad, el Ávila todo y decenas de guacamayas que ya se han convertido en meme desde que lo fotografiaron alimentándolas. Tratando de repetir la escena de la foto viral, busca un pote lleno de semillas de girasol para llamarlas, pero ninguna se detiene. Se acerca, en cambio, una guacharaca solitaria que al candidato no le hace gracia. Y tampoco es tan fotogénica. 

A finales de marzo, González Urrutia, embajador de carrera con amplia experiencia en el servicio exterior, estaba cuidándole un puesto a la Plataforma Unitaria pero nadie llegó. Hoy es el segundo suplente de la ganadora de la primaria, María Corina Machado, inhabilitada -sin cargos ni proceso legal- para ejercer cargos de elección popular y a quien el Consejo Nacional Electoral no le permitió inscribirse para las presidenciales. La misma negativa recibió la primera suplente de Machado, la profesora Corina Yoris. Entonces, con esa suerte postrera del segundo portero del fútbol, González Urrutia saltó a la cancha en los últimos minutos de la prórroga.

González Urrutia habla de su candidatura con la distancia de quien no depende de ella. Sabe que es un elogio y sabe, también, que es un riesgo. Algún vocero del gobierno nacional lo llama “el candidato de los gringos”, pero han sido pocos los oficialistas que han hablado públicamente de él. “No sé quién propuso mi nombre en la plataforma. Les dije que aceptaba si había unanimidad en la decisión. Fue una celada lo que me tendieron a mí”, dice con el tono de voz de un amable narrador de bingo mientras hace una expresión dos niveles más arriba de una sonrisa, pero que todavía no llega a risa. 

González Urrutia: «No sé quién propuso mi nombre»

El relato de quien podría ser el próximo presidente de Venezuela comenzó con una llamada, en apariencia inofensiva, para reunirse en la oficina del partido Encuentro Ciudadano de la exdiputada Delsa Solórzano. El lugar ha sido escenario de esta historia desde el principio y hasta el final: allí citaron a González Urritia para pedirle que fuera “el candidato tapa” y allí anunciaron, días después durante un cónclave multipartidos y multilíderes, que ya no sería tapa, sino el frasco entero. 

Este quiebre definitivo González Urrutia lo narra inalterable, como si por las venas le corriera una infusión de tilo: “José Luis Cartaya, que fue secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, me llamó para ofrecerme que fuera, de manera provisional, el candidato tapa, que cuidara la tarjeta de la MUD. Y, después, la decisión de que yo sería finalmente el candidato casi la conozco por los medios. Le dije a mi esposa: ‘Mira lo que está produciéndose aquí’. Pero en mi fuero interno ya había aceptado. Es muy elogioso que te escojan unánimemente para una responsabilidad como esta”. 

Aunque una posible dinámica de gobierno con la figura de María Corina Machado -y con María Corina Machado- no es un tema definido ni prioritario, González Urrutia no deja dudas de cómo él entiende el rol que le toca jugar: “Ella es la líder indiscutible de este proceso y la respetan como tal. Yo soy un candidato ahí”. Lo que sí está claro es que será una campaña inédita en el país y el candidato que está de primero en las encuestas no tendrá un desempeño tradicional: “La acompañaré algunas veces, pero no voy a recorrer el país”, dice mientras el sol de las 6 y pico de la tarde va aflojando y empieza a refrescar.  

—¿Hay miedo? Antes de tomar esta decisión debió haberlo pensado mucho.

—Hice una evaluación rápida. Yo sabía que me estaba metiendo en un candelero muy serio con implicaciones hasta de seguridad personal, pero no tengo miedo. Lo consulté con mi familia y con unos tres amigos y me dijeron ‘échale pichón’. El que no la debe no la teme. Sin embargo, desde ese momento trato de concentrar las actividades en casa y salgo escasamente a alguna reunión como la de hoy con la Plataforma Unitaria y vuelvo para acá.

—¿Había pensado alguna vez en la posibilidad de ser presidente del país?

—Ni me imaginaba eso. A mí me llamaron porque estando en el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, yo era miembro del partido Mesa de la Unidad. Me dicen que van a actualizar la directiva del partido y al mismo tiempo proponer mi candidatura. Esa llamada fue hace algunas semanas y la hizo José Luis Cartaya, quien fue secretario de la Mesa de la Unidad. Me citó a la oficina de Delsa Solórzano. No sé quién propuso mi nombre, pero después he oído que eso fue el resultado de una reunión muy larga que hubo en el seno de la Plataforma Unitaria y hubo consenso en torno a mi nombre.

—¿Qué le dice su familia?

—Tengo dos hijas, una vive en Venezuela y la otra en España. La que vive en Venezuela está muy encantada con todo esto, pero la otra sí está más asustada. 

—¿Cómo ha cambiado su rutina?

—Trato de que no me afecte mucho. Pero ahora debo ser más cuidadoso. Procuro salir menos. Estoy teniendo más reuniones en la casa.

—¿Hasta este momento cuál era su relación con María Corina Machado?

—Muy cordial. La conocía de hace algún tiempo porque era una mujer pública, pero no puedo decir que la conocía de años. Entiendo que cuando me pidieron que fuera la “tapa” , los representantes que tenía ella allí estuvieron de acuerdo. Yo siempre dije que aceptaba si había unanimidad en la decisión, en el entendido de que era algo provisional. 

—¿Ha tenido la oportunidad de hablar con Manuel Rosales?

—Lo llamé después de la decisión para darle las gracias por su desprendimiento. Lo hice también con la profesora Yoris. Gracias a la actitud de ellos se abrió el camino para que esto fuese posible. 

—¿En algún momento se sintió presionado para que renunciara a su inscripción con la tarjeta de la MUD?

—En absoluto.

—¿Cree que las declaraciones del presidente de Brasil, Lula Da Silva, reconociendo su candidatura y la unidad opositora influyeron en que se le permitiera seguir?

—Seguramente, porque las declaraciones de Lula no parecen improvisadas. En Brasil tienen una política exterior de Estado, independientemente del color político. 

—¿Qué ha pensado del 29 de julio, el día después de las elecciones?

Se abre un período mucho más complicado. No es que se abre la transición porque viene un proceso de negociación muy importante. Allí tienen un papel clave Colombia, Brasil y Estados Unidos, por supuesto. Tendría que haber una negociación de garantías electorales, que es lo que está proponiendo el presidente Petro. Hace poco hablé con su canciller, Luis Murillo Urrutia,  sobre algunos de estos temas.

—¿Ha tenido alguna llamada de alguien del gobierno?

No para mí. Si lo han hecho ha sido a otro nivel, yo presumo que sí, porque quien está muy involucrado en ese sentido es Gerardo Blyde, que para mí era el hombre para este cargo. Yo se lo dije, pero él nunca quiso. Al morocho Cartaya le tengo anotado un “debe”. 

Diplomático de la cuarta y de la quinta

En 31 años de carrera diplomática, González Urrutia fue embajador de gobiernos adecos, copeyanos y chavistas. Graduado de Internacionalista en la Universidad Central de Venezuela y con maestría en relaciones internacionales de la American University, ingresó a la cancillería venezolana en 1971 y durante tres décadas fue diplomático de carrera de gobiernos de varios colores. Sin dudarlo reconoce que tenía más amigos socialcristianos, pero asegura que nunca tuvo militancia política.  

Su primera misión como embajador fue en Argelia, en 1991, justo en el momento que ocurrió el triunfo del Frente Islámico de Salvación, un movimiento casi terrorista que no fue aceptado por los militares. “Me quedé hasta mediados de 1994 que regresé a Caracas a ocupar el puesto de director de Política Internacional en la Cancillería”.

Antes de Argelia, González Urrutia estuvo en El Salvador como encargado de negocios, en plena guerra civil . “Al principio yo lo interpreté como una señal de castigo, pero pronto entendí que era todo lo contrario. Me estaban dando una manifestación de confianza al ponerme al lado de Leopoldo (Castillo) en un momento tan complicado. Recuerdo que yo salía de la casa a trotar un poco y los policías decían ‘No salga porque anoche nos dejaron tres cadáveres tirados en la puerta de la casa’. En las noches a veces pasaba un carro, cortaban la luz y disparaban una ráfaga”. 

El candidato de la Plataforma Unitaria no habla de confrontación sino de garantías, negociación. Sabe la importancia de bajar los costos de salida

En Argentina fue designado siete años, en dos oportunidades. “Me hice muy amigo del presidente Raúl Alfonsín. Tenía la gran ventaja de que en la élite político administrativa del gobierno había muchos que estuvieron exiliados en Venezuela durante la dictadura. Había una sensibilidad cercana; estaban, por ejemplo, el hermano del expresidente De La Rúa, el escritor Tomás Eloy Martínez, Rodolfo Terraño”. 

A Caracas volvió en 1998, justo en la transición entre Caldera y Chávez y, aunque mucho se ha especulado de su relación con el nacido en Sabaneta, lo cierto es que cuando ocurrió su ascenso al poder ya González Urrutia había sido nombrado embajador. Chávez mantuvo el servicio exterior sin modificar durante unos años “por los oficios de José Vicente Rangel, que era el ministro de Relaciones Exteriores”, dice el ahora candidato de la Plataforma Unitaria. 

Meses antes de las presidenciales de 1998, González Urrutia y el entonces canciller de Rafael Caldera, Miguel Ángel Burelli, citaron a Chávez y a Henrique Salas Römer -los dos candidatos con más chance de ganar las elecciones- a una reunión para explicar los planes y compromisos del servicio exterior venezolano. Recuerda el hoy abanderado de la Unidad que Chávez tomaba nota de todo en unas libretas llenas de garabatos. “Era como una esponja que lo absorbía todo”, recuerda.

Otra vez se vieron en Buenos Aires, donde González Urrutia era embajador y pudo corroborar esa cualidad de ventosa de Chávez cuando todavía era presidente electo: “Íbamos en el carro del Congreso a la Casa Rosada, en Olivos, para un encuentro con Carlos Ménem, presidente de Argentina, y en el camino y hablaba y Chávez iba cabeceando. En algún momento me dijo: ‘No piense que no lo estoy escuchando, estoy prestándole mucha atención, pero vengo de una campaña que me dejó exhausto’. Cuando llegamos con Ménem ha repetido casi en el mismo orden todo lo que yo le había conversado en el carro”. 

Se volvieron a ver a los pocos días. Ménem le pidió a González Urrutia que lo acompañara a la toma de posesión de Chávez en Caracas. A través del edecán que le habían puesto al presidente argentino, le hizo saber a Chávez que estaba en Venezuela y si en algo podía ser útil, estaba a su disposición. “No había llegado a mi casa cuando ya me estaba llamando el presidente Chávez para que lo acompañara a un desayuno con Ménem y cinco o seis representantes de la delegación argentina”. Según González Urrutia, circunstancias fortuitas como esa fueron las que le permitieron irse quedando en el servicio exterior de la era chavista.

25 años han pasado de esos días intensos con un Chávez-esponja que terminó absorbiendo todo el poder sin contrapeso. A González Urrutia le ha tocado asumir el rol de candidato, que luce decisivo en una Venezuela deshilachada por la emergencia humanitaria. Su rutina es de nuevo la del hervor fugaz de la política: una hora exacta desde que empezó esta entrevista llegaron los de la reunión de las 7:00 pm, que ya no disfrutarán de la luz con la que Caracas premia a quienes aún la habitan, pero sí de algunos saladitos de hojaldre que quedaron sobre la mesa.  

Unos declinan y otros se cambian: Así quedaron los candidatos y sus tarjetas electorales

Finalizó el plazo para hacer las sustituciones de candidatos a las presidenciales, para que estas se vieran reflejadas en el tarjetón electoral durante las elecciones del 28 de julio.

Varios cambios se hicieron durante este proceso, lo que incluye la declinación a la aspiración presidencial de varios candidatos y con ello, la correspondiente adhesión a otros postulados, de acuerdo con las decisiones de cada organización política.

Después de este plazo, los cambios que se realicen ante el Consejo Nacional Electoral no se verán reflejados en el tarjetón en el que se votará el 28 de julio. 

A continuación se presenta un recuento de cómo quedaron los candidatos a las elecciones presidenciales y sus respectivas tarjetas electorales:

El candidato “tapa” que ya no es “tapa”

El diplomático Edmundo González Urrutia fue inscrito como el candidato “tapa” el pasado 25 de marzo por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ante la imposibilidad de inscribir a la académica Corina Yoris, quien había sido designada por María Corina Machado como su sustituta.

Después de que se confirmó la inscripción de González Urrutia con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) faltaba decidir si sería sustituido y por quién. Esa decisión llegó el pasado 19 de abril, cuando luego de un complejo proceso de conversaciones en el seno de la unidad, el embajador fue elegido como el candidato unitario en una reunión donde participó Manuel Rosales, María Corina Machado, Corina Yoris y la PUD. Allí, se acordó que Rosales apoyaría la candidatura de González Urrutia y su partido haría la correspondiente adhesión.

Durante dos días, los partidos Un Nuevo Tiempo (UNT) y el Movimiento por Venezuela (MPV) -que apoyaba a Rosales– intentaron hacer la adhesión a la candidatura de Edmundo González para que se viera reflejado en el tarjetón electoral, pero el sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral (CNE) no lo permitía.

Finalmente, ambos partidos pudieron realizar esta adhesión el martes 23 de abril, unas horas antes de que finalizara la prórroga que anunció el CNE. Así pues, Edmundo González Urrutia será el candidato que aparecerá en las tarjetas de la MUD, UNT y MPV.

Maduro y su tren de partidos

El gobernante que busca su segunda reelección a la presidencia tiene representación en 13 tarjetas electorales.

De acuerdo con el tarjetón electoral, la cara de Nicolás Maduro aparecerá en las tarjetas de las siguientes organizaciones políticas:

  • Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)
  • Tupamaro
  • Patria Para Todos (PPT)
  • Somos Venezuela
  • Organización Renovadora Auténtica (ORA)
  • Por la Democracia Social (Podemos)
  • Enamórate Venezuela
  • Movimiento Electoral del Pueblo (MEP)
  • Futuro
  • Partido Comunista de Venezuela (PCV)
  • Unidad Popular Venezolana (UVP)
  • Movimiento Político Alianza para el Cambio
  • Partido Verde

De los 13 partidos que apoyan a Maduro y están incluidos en el tarjetón electoral, seis fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se trata de PCV, PPT, Podemos, MEP, UPV y Tupamaro.

Además, la conformaciones de los partidos Verde, Futuro Venezuela y Enamórate fueron aceptadas de forma exprés el pasado mes de marzo por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La alianza de Ecarri

Antonio Ecarri, integrante del partido Alianza Lápiz, aparecerá en seis tarjetas electorales del tarjetón.

Hasta este martes su candidatura era respaldada por  los partidos Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (Min Unidad), Cambiemos Movimiento Ciudadano, Avanzada Progresista (AP) y el Movimiento Ecológico.

En un cambio de último momento, el partido Fuerza Vecinal decidió también adherirse a la candidatura de Ecarri. Este partido apoyaba inicialmente a Manuel Rosales, pero como el líder de UNT declinó y su partido hizo la adhesión a Edmundo González, se esperaba la decisión de Fuerza Vecinal, que fue precisamente irse al bando de Ecarri.

Se juntaron los intervenidos

Representando a la Acción Democrática judicializada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -y que ahora dirige Bernabé Gutiérrez-, Luis Eduardo Martínez tenía representación en cuatro tarjetas: Acción Democrática (intervenida), Movimiento Republicano (MR), Bandera Roja (intervenida), UNE.

Pero, este lunes 22 de abril, los candidatos presidenciales Juan Carlos Alvarado (Copei intervenido) y Luis Ratti (Derecha Democrática Popular), declinaron sus candidaturas para adherirse a la de Martínez. Ahora está respaldado por seis partidos. 

El diputado “alacrán”

El conocido “diputado alacrán” se inscribió como candidato a las presidenciales y cuenta con las tarjetas de Primero Venezuela, Venezuela Unida, Unidad Visión Venezuela.

A esta lista se le podría sumar Primero Justicia (intervenido), luego de que la Sala Constitucional del TSJ devolviera el control del partido a José Brito para que la junta directiva que preside organice la reestructuración de la organización.

El martes 23 de abril, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a Brito un plazo de 48 horas para decidir a qué candidato se va a adherir la tarjeta intervenida de Primero Justicia.

 

Una sola tarjetica

Enrique Márquez, quien militó en el partido Un Nuevo Tiempo y fue rector del Consejo Nacional Electoral, inscribió su candidatura el 25 de marzo casi cuando finalizaba el plazo para hacer las postulaciones a las presidenciales. Hasta ahora Márquez solo cuenta con la tarjeta electoral del partido Centrados, con la cual inscribió su candidatura.

Por su parte, el pastor evangélico Javier Bertucci, quien fue candidato presidencial en las elecciones del año 2018, dispone de la tarjeta electoral de su propio partido, El Cambio.

Con una sola tarjeta también quedan Benjamín Rausseo ( inscrito por la Confederación Nacional Democrática, Conde); Daniel Ceballos, con la del partido Arepa Digital y Claudio Fermín con la de Soluciones.

Como se observará, el tarjetón electoral será completamente masculino, ya que no hay ni una sola representante femenina en la contienda tras los bloqueos a las inscripciones de María Corina Machado y Corina Yoris.

@Andrea_GP21

Se enfrían las perspectivas de crecimiento de la economía

Por: @vsalmeron

Todo parecía más despejado para la economía venezolana: el acuerdo de Barbados prometía una salida negociada a la crisis política, Estados Unidos había flexibilizado las sanciones y por ser un año de elecciones presidenciales se esperaba que el gasto público impulsara el consumo, pero no ha sido así y las expectativas decaen.

Tras la inhabilitación de candidatos y pocos avances en las condiciones electorales Estados Unidos implementó nuevamente las sanciones, la campaña electoral es sumamente corta y el consumo sigue deprimido.

A pesar de estas condiciones se espera que la economía crezca, pero menos. Ecoanalítica, que esperaba un crecimiento de 10% en su escenario base, ahora pronostica 5% y el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello, que esperaba 5,5%, disminuyó su estimado a 4,5%

Igualmente Oikos Research, que esperaba crecimiento en un rango de 3-6%, ahora señala que su escenario base es 3% “y ello sujeto a que se dé una recuperación del consumo de los hogares, el cual aún no se ha materializado finalizando el mes de abril”.

Las sanciones

Washington anunció que no renovará la licencia 44 emitida hace seis meses, el instrumento que le permitió al gobierno de Nicolás Maduro vender petróleo a precios de mercado, sin intermediarios que aplican un descuento de hasta 30% para evadir las sanciones y transportar el crudo hasta Asia.

Las compañías afectadas por la cancelación de esta licencia tendrán hasta el 31 de mayo para apagar las operaciones en curso, un lapso con el que la administración de Joe Biden espera no generar “efectos indeseados”.

No obstante la medida dejó abierta la posibilidad de que las empresas que hayan comenzado operaciones bajo la licencia 44 soliciten una licencia particular a fin de continuar con sus transacciones.

Desde que se flexibilizaron las sanciones el primer comprador de petróleo venezolano ha sido India a través de la empresa Reliance. De acuerdo con datos de Kpler en enero de este año India compró a Venezuela un promedio de 255 mil barriles diarios, una cantidad que representó la mitad de las exportaciones.

Esto implica que si Estados Unidos otorga una licencia especial a Reliance y a otras empresas de India, el impacto en la caja del gobierno sería menos relevante.

Síntesis Financiera considera que bajo este esquema de licencias individuales el gobierno dejará de recibir mil 800 millones de dólares por exportaciones petroleras este año.

La reducción de ingresos significaría menos recursos para vender dólares en el mercado cambiario y mantener el anclaje del tipo de cambio, la medida que junto a la precariedad del consumo y el recorte del gasto público, ha permitido desacelerar la inflación que en 2023 cerró en 189% y este año se espera que finalice por debajo de 100%.

Un aspecto a considerar es que el fin de la flexibilización de las sanciones afectará las importaciones de diluyentes desde Estados Unidos, un componente esencial para procesar el petróleo pesado de la Faja del Orinoco.

La producción

En 1999, al llegar el chavismo al poder, Venezuela producía 3,1 millones de barriles diarios de petróleo. La falta de inversión y la pésima gerencia tuvieron consecuencias y no solo no se cumplieron los planes de aumento de la producción sino que en 2018 se había reducido a un tercio.

Las sanciones profundizaron el colapso y la producción se redujo hasta 600 mil barriles diarios. En noviembre de 2022 Estados Unidos permitió a Chevron producir y exportar petróleo desde Venezuela con la licencia 41, gracias a la cual la producción ha aumentado lentamente desde entonces hasta 800 mil barriles diarios, una cantidad similar a la de 1945.

Asimismo hay acuerdos que permiten operaciones de Repsol, ENI y Maurel & Prom. Sin embargo las perspectivas son limitadas por la inestabilidad política, algo que se acrecienta con la no renovación de la licencia 44.

Las casas matrices de estas empresas, al igual que Chevron, no quieren aumentar el riesgo en Venezuela de manera significativa y las inversiones son reducidas.

Al tomar en cuenta este factor, junto a elementos estructurales que limitan las inversiones en petróleo como la excesiva carga tributaria, la obligatoriedad de asociarse con Pdvsa, la empresa del Estado; escasez de recurso humano y fallas en el servicio de electricidad, las perspectivas de la producción no son muy alentadoras.

El Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAB indica en su informe que “la tasa de expansión esperada del PIB se ha ido ajustando a la baja en la medida que hemos avanzado en el primer trimestre, producto de una progresiva corrección en las expectativas sobre el crecimiento en el sector petrolero”.

No obstante se espera que la producción aumente aunque a paso lento. El instituto espera que el promedio de la producción de este año se ubique en 862 mil barriles diarios, lo que se traduciría en un alza de 16% respecto al promedio de 2023.

Este aumento de la producción petrolera es el principal sustento del estimado de crecimiento de la economía para este año.

La demanda

A finales del año pasado se esperaba que el gobierno, por tratarse de un año de elecciones presidenciales, aumentara de manera importante el gasto público a través de incrementos relevantes en los bonos que reciben los trabajadores públicos y los pensionados.

Pero las elecciones se realizan el 28 de julio, no en diciembre, y hasta ahora el gobierno ha limitado la expansión del gasto a fin de no inyectar bolívares a la economía que se desplacen a la compra de dólares y acaben con el anclaje del tipo de cambio.

Si bien es previsible que haya un aumento en los bonos que reparte el gobierno hay que tomar en cuenta que el consumo es muy limitado: actualmente el salario mínimo en la administración pública equivale a menos de cuatro dólares y se complementa con bonos que solo suman el equivalente a cien dólares al mes, es decir, aunque se concrete algún aumento la capacidad de compra seguirá siendo bastante baja.

En el sector privado las remuneraciones son más altas que en el sector público pero siguen siendo ínfimas. Conindustria, el gremio que agrupa a la manufactura privada, indica que al cierre de 2023 se ubicó en 196 dólares, una cifra enana en la región en un contexto en el que los precios son similares o superiores al resto de los países latinoamericanos.

El Observatorio Venezolano de Finanzas indica que al cierre del primer trimestre de este año la remuneración promedio en el comercio y los servicios del Área Metropolitana de Caracas es de 205 dólares para los obreros.

Las empresas producen bienes, como alimentos o textiles y servicios, como alquileres o consultas médicas. Al venderlos, obtienen ingresos que entre otras cosas sirven para pagar salarios. Por esta razón, cuando se produce poco hay menos holgura para aumentar las remuneraciones.

Los datos provenientes de la manufactura privada son elocuentes. Al cierre de 2023 las empresas de sectores como alimentos, textiles, químico, metales y plástico, entre otros, solo utilizaban en promedio 37,5% de su capacidad instalada, una magnitud bastante baja respecto a países como Colombia, Brasil, Argentina y Perú donde supera 60%.

La economía da vueltas en un círculo vicioso: la poca producción en las empresas y la caída de los ingresos del sector público conduce a remuneraciones muy bajas y a un consumo muy limitado que no permite un alza importante de la producción y la inversión.

Por ahora no hay señales de que este círculo pueda romperse, por lo tanto, el crecimiento que se espera del sector no petrolero es bajo. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAB proyecta una modesta alza de 2,4% y Oikos Research considera que no tendrá crecimiento alguno.

En contexto

El colapso del socialismo del siglo XXI generó una larga recesión y un ciclón hiperinflacionario que pulverizó el PIB a la cuarta parte y convirtió a la economía venezolana en una enana respecto a países como Colombia o Perú.

Expertos coinciden en que el país necesita crecer a una tasa de al menos 7% por más de veinte años para regresar al PIB que tenía en 2013 y para ello es vital la inversión masiva en petróleo a fin de elevar la producción de manera significativa y financiamiento de los multilaterales, dos condiciones que no lucen posibles en lo inmediato.

El Instituto de Investigaciones Económicas de la UCAB precisa que si se concreta su estimado de crecimiento el “tamaño de la economía este año sería similar a la que ya había alcanzado en 1969”.

Claves | La desigualdad en Venezuela se refleja en la mesa de los ciudadanos

Foto: Getty Images

«La producción agrícola y disponibilidad nutricional en Venezuela había llegado a su punto más bajo en el año 2019, con unos niveles parecidos a la década de 1950. (…) Aunque en los últimos dos años se ha visto una mejoría, eso no significa que lo que se produce está llegando a las mesas venezolanas», explicó el sociólogo Juan Luis Hernández, uno de los directores de la Red Agroalimentaria de Venezuela (RAV) el pasado 18 de abril, en el marco del foro «Seguridad Alimentaria: un desafío urgente» celebrado en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Susana Raffali, nutricionista y asesora de la ONG Cáritas Venezuela, agregó que el Índice de
Disponibilidad de Alimentos en Venezuela es de un 80 %, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). «Esto significa que 20 % de la población venezolana no tendría con qué comer si se agotan todas las reservas nacionales. (…) El índice ideal es de 100 o 120 %», dijo. 

Ambos especialistas advirtieron que, si bien los índices anclados al Objetivo de Desarrollo Sostenible de «Hambre Cero» presentan «avances», los índices de malnutrición y desigualdad en la disponibilidad de alimentos siguen en el país, lo que mantiene al Estado en la emergencia humanitaria compleja. 

En Runrun.es sintetizamos los datos presentados en este evento en las siguientes claves: 

La desigualdad social llega a la mesa

Raffali citó a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2023 para advertir que la desigualdad socioeconómica aún se mantiene. «Aunque haya más alimentos disponibles, la gente no tiene cómo pagarlos». 

Según las estimaciones de Cáritas, que hizo un sondeo a más de 113 familias en el mes de marzo de este año, entre el 30 y el 50 % de la población encuestada, sobre todo aquella «en niveles de pobreza», consumen menos de la mitad de frutas, hortalizas, leguminosas y proteínas que la población con un ingreso más alto. 

«El consumo de carbohidratos (harinas) y azúcares es igual en todos los estratos. (…) Pero, que una persona no esté pasando hambre no significa que esté bien alimentada», dijo. 

La nutricionista reiteró que los informes de Cáritas no son un referente estadístico para todo el país, sino una muestra de los 17 estados donde Cáritas hace sus actividades humanitarias. La falta de datos oficiales entre el 2016 y el 2019 es un «gran reto» para analizar la seguridad alimentaria. 

Cáritas: los índices de estrategia de sobrevivencia disminuyeron en 8,4 %

Según la ONG, las poblaciones encuestadas dijeron que entre 2023 y 2024 han podido disminuir sus «estrategias de supervivencia» para alimentarse, como vender pertenencias, estar en la mendicidad o trabajar en la minería o en los servicios sexuales de alto riesgo. De un 25 % bajó a 16,6 %.

«Para Cáritas, ya no estaríamos en una emergencia, pero sí en una crisis. (…) Como ejemplo, estamos en una clasificación de vulnerabilidad alimentaria igual a la de África subsahariana», según el Índice de Clasificación de Fases de Seguridad Alimentaria Integral (IPC AFI, por sus siglas en inglés), dijo Raffali. 

La nutricionista advirtió que aún el 66 % de las personas encuestadas dijo que dejaban de comer para que otros miembros de su familia se puedan alimentar. «Incluso, el 46 % de los casos expresaron estar comiendo alimentos que preferirían no comer, cosas que nunca hubieran pensado», dijo. 

Dentro de sus evaluaciones, solo el 80 % de los hogares tiene un consumo «mínimo aceptable», con dos o tres comidas al día y una ingesta cercana a las 2100 calorías. Las poblaciones más vulnerables son aquellas donde la mujer (la madre) es el único sustento económico del núcleo familiar

Cania: los índices de malnutrición por exceso aumentaron

Mariana Mariño, nutricionista, pediatra y gerente de salud de la organización Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano (Cania – Empresas Polar), que los índices de pacientes que han sido atendidos por su institución con sobrepeso han aumentado al menos un 10 % con respecto al año pasado. 

«Pero eso no significa que están comiendo más o mejor. Faltan más estudios, pero todo indica a que esto es una expresión de malnutrición por una dieta desbalanceada», dijo. 

Al igual que Raffali, Mariño recalcó que los resultados estadísticos de Cania – Empresas Polar no son representativos para el país, pero tienen relevancia para los sectores populares del oeste de Caracas; sin embargo, la organización recibe pacientes de toda Venezuela. 

De acuerdo con la Encovi 2023, nueve de cada diez familias calificadas en «pobreza severa o extrema» en Venezuela aún consumen los alimentos provistos por el Estado Venezolano en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que, según Mariño, solo ofrece harinas, azúcares y otros carbohidratos.

«Una cosa es alimentar a la gente y otra es nutrirlas», dijo. 

OCHA: 22 % de los NNA venezolanos tienen retraso del crecimiento moderado o grave

Pese a la opacidad estatal, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) reveló que para el 2022 en Venezuela había 350 000 niños y niñas menores de cinco años que sufren del retardo del crecimiento por malnutrición.

«Esa es una talla que no podrán recuperar. (…) Es una malnutrición que va en cadena, desde la madre embarazada hasta el hijo, que va en generación en generación», lamentó Raffali, y agregó que la pérdida de estatura de los niños, niñas y adolescentes evaluados por Cáritas van desde los dos hasta los ocho centímetros. 

La asesora en nutrición en contextos de emergencias humanitarias resaltó que la cifra estipulada por la OCHA representa al 22 % de la población infantil venezolana, tomando en cuenta la migración de casi ocho millones de venezolanos, según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes Venezolanos (R4V)

RAV: entre 2020 y 2021 la población con inseguridad alimentaria severa llegó al 33 %

Hernández aseveró que el crecimiento reportado por la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro, una de las instituciones que forma la RAV) aún no representa una «mejora sustancial» para la seguridad alimentaria del país.

Planteó distintas hipótesis para este fenómeno, que van desde el contrabando de los alimentos después de salir de los agricultores, la exportación de los productos o los bajos ingresos de la población en comparación con los precios de los rubros. 

«Las dificultades causadas para la compra de alimentos por falta de ingresos aumentó significativamente en 2023 (y en lo que va de 2024), ubicándose en 61 % de los poblados agrícolas», dijo el director de la RAV. 

El sociólogo experto en producción agrícola venezolana afirmó que el desabastecimiento de los combustibles fósiles en las comunidades alejadas de las principales ciudades del país es otro factor en la cadena de transporte que afecta negativamente la seguridad alimentaria nacional. Para el año 2023 la RAV estimó entre el 25 y 41 % de desabastecimiento de gasolina y gasoil, dependiendo del mes analizado durante ese periodo. 

«Lamentablemente, aún nos falta mucho para llegar a un nivel aceptado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Todos los países están atrasados en la seguridad alimentaria», aseveró Hernández. 

Los tres especialistas manifestaron que el Estado debe apegarse a la Constitución Nacional y las normas existentes para mitigar la desigualdad nutricional lo antes posible. Recordaron que el 14 de febrero, cuando el relator independiente de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fahkri, visitó Venezuela, uno de los aspectos positivos que resaltó sobre el país fue el «sólido cuerpo legal para proteger la diversidad genética de los productos agropecuarios»

Venezuela entre los 20 países que arrojan más plástico a los océanos

Foto: Yuri Cortez (AFP). Texto: Joshua De Freitas.

Aunque la ONG internacional The Ocean Cleanup advirtió en 2022 que Venezuela es uno de los 20 países que lleva más plástico al océano a través de sus ríos, el director del Área de Sustentabilidad Ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello (SA – UCAB), Joaquín Benítez Maal, advirtió que el Estado no ha incentivado el reciclaje ni el manejo de los desechos sólidos en el país. 

«La producción y el consumo de plástico pudo haberse incrementado por la desaceleración de la crisis económica, lo que se traduce también en el manejo de desechos», dijo. «Pero, no hay una política de estímulo legal y financiero a la práctica del reciclaje (…). Entonces la tasa de manejo del plástico como desecho queda más o menos iguales pese a los esfuerzos de la sociedad civil». 

El Estado Venezolano celebra el Día de la Tierra del año 2024 sin datos oficiales sobre la producción, el manejo y el reciclaje de los plásticos, uno de los temas fundamentales para las Naciones Unidas por el impacto de estos productos en los ecosistemas y la salud humana. 

De acuerdo con los últimos estudios de la SA – UCAB y la ONG Transparencia Venezuela, publicados en 2022, solo el 2 % del plástico en el país es reciclado.

Por su parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó este año que Venezuela genera 14,88 millones de toneladas al año de residuos sólidos, ubicándolo en el puesto número cuatro de los países de América Latina y el Caribe que más desechos produce.  De esa cantidad, 523 775 toneladas se clasifican como plásticos y The Ocean Cleanup estimó que 6000 toneladas (1,15 %) se asientan todos los días en las desembocaduras de los ríos y después se van al mar. 

Plásticos visibles desde el espacio

Frente a la opacidad, la sociedad civil recurre a las imágenes satelitales y a la inteligencia artificial para detectar los vertederos y sumideros en el país y comparar las lecturas del espectro electromagnético (luz visible, infrarrojos y rayos ultravioletas) que reflejan los desechos sólidos al espacio y recogen los satélites para precisar dónde están los parches de plásticos más prominentes. 

Minderoo Fundation, una ONG de origen australiano, identificó 47 zonas con grandes concentraciones de plástico en Venezuela. De ese grupo, 37 (78,7 %) tienen un área mayor a los 1000 kilómetros cuadrados. El estado Zulia es el que tiene más zonas con gran acumulación de plásticos, con 7 sumideros al aire libre. 

The Ocean Cleanup aseveró bajo la misma metodología que 224 ríos venezolanos aportan entre 100 y 1 383 600 kilogramos de plástico al Mar Caribe cada hora. Solo 11 de estos ríos están catalogados entre los 1000 afluentes que aportan el 80 % del plástico a los océanos en el mundo. El río Tuy encabeza la lista venezolana (por la influencia del río Guaire) y el río Chama (que aporta 308 700 kilogramos de plástico al sur del Lago de Maracaibo) está en segundo lugar.

El río Orinoco, aunque no está entre los afluentes más contaminantes, acumula más de 11 700 kilogramos de plásticos repartidos en todas las riberas del Delta Amacuro y del estado Bolívar, poniendo en vulnerabilidad sanitaria a la comunidad warao que habitan la zona.

Microplásticos en Venezuela

Los satélites detectan grandes cúmulos de plásticos, pero los científicos venezolanos son quienes están detectando fragmentos plásticos entre uno y cinco milímetros (los microplásticos) en las playas venezolanas y en los animales que las habitan. 

En el año 2022, el biólogo Carlos Lasso identificó  4 especies de bagres y 9 especies de peces eléctricos del río Orinoco (entre los estados Amazonas y Bolívar) con microplásticos en sus estómagos y el ecotoxicólogo José Grillo destacó que los corales en los estados Miranda y La Guaira sufren por las toxinas que trasportan estos fragmentos. 

Ahora, Ivis Fermín, investigadora del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV) de la Universidad de Oriente (UDO), y su equipo detectaron 3066 ítems de microplásticos en sardinas de los mercados del estado Sucre. De 800 ejemplares de la especie Sardinella aurita, el 70,125 % (561) tenía algún microplástico en su tracto digestivo. 

«Es un riesgo importante, no solo para la salud humana y su alimentación, si no para el ecosistema y la especie. De por sí es peligroso, porque muchas personas que viven en las playas pueden comerse las sardinas enteras, sin sacarle las vísceras, lo que implica que están consumiendo una gran cantidad de microplásticos con ello. Pero si limpian las vísceras, disminuye el riesgo», aseveró Fermín en una entrevista a Runrun.es

Catalogó a la especie de sardina «en peligro», ya que al alimentarse de los microplásticos «van a sentir que tienen saciedad y van a dejar de buscar alimentos, por lo que no recibirán los nutrientes adecuados para su crecimiento, su desarrollo, su madurez gonadal y su proceso reproductivo. Quizás no veamos ese impacto de manera inmediata, pero, en un futuro quizás no tan lejano, la especie irá desapareciendo». 

«Caballos de Troya» para la salud pública y ambiental

Para la investigadora del IOV – UDO, los microplásticos son unos «caballos de Troya», «ya que traen consigo otras sustancias como metales pesados, hidrocarburos aromáticos y otros patógenos biológicos y compuestos que vienen «enmascarados», que pueden causarles un daño extra a los animales». 

Los plásticos y microplásticos también se ha detectado como aislantes de calor y liberadores de compuestos químicos, contaminando químicamente el medioambiente, desde los hábitats de desove de las tortugas en Venezuela hasta la alimentación de animales que son la base alimenticia de un ecosistema, como las sardinas, los mejillones y los guacucos.

Hace dos años, la geoquímica Andriana Gamboa y su equipo detectaron entre 17 y 34 ítems de microplásticos por kilogramo de arena en las playas de Sucre. En la actualidad, el equipo de investigación de Fermín detectó 6,81 ítems por kilogramo de arena en las playas del sur del Golfo de Cariaco y 59,11 ítems en las playas del norte de la Península de Paria, en el Estado Sucre. 

El transporte de compuestos químicos no solo se expresa en los microplásticos, sino también en los envases que el ser humano consume y se acumula en vertederos o trancan el cauce de los ríos.

«Tenemos un problema gravísimo a nivel nacional. Es un problema de Estado, y debe abordarlo con seriedad», aseveró Fermín. «En el país podemos encontrar grandes concentraciones de plásticos y microplásticos en el oriente del país, en la región central y en el Lago de Maracaibo». 

Islas de plástico flotan en el Lago de Maracaibo 

El equipo de investigación del ingeniero Nicolino Bracho había detectado una concentración de 200 ítems de microplásticos por kilogramo de arena en las orillas del Lago de Maracaibo en el año 2022. Un año después la concentración aumentó: hay un promedio de 500 piezas por kilogramo de arena en cuatro puntos de la costa occidental del Lago (en Playa Las Palmeras del municipio Mara y las playas isla Dorada, Vereda 2 y Las Palmeras del municipio Maracaibo). 

De los 11 ríos venezolanos más contaminantes para el mundo que identificó The Ocean Cleanup, cuatro desembocan en el Lago de Maracaibo, y los 60 afluentes detectados por la ONG que nutren la cuenca acumulan cada uno entre 200 y 308 700 kilogramos de plásticos cada año como mínimo. 

«La diferencia que hay entre Venezuela y el Zulia —y entre el Zulia con la ciudad de Maracaibo, específicamente, que es donde se observa la mayor cantidad de desechos no solo de plásticos, sino de materiales quirúrgicos y vidrio (…)— son las cañadas de la ciudades. Maracaibo está estructurado geográficamente por 10 cañadas que descargan sus aguas al Lago. Estas cañadas no están en la planificación urbana y son invadidos (…), lo que deriva en la acumulación de desechos, que se junta con los vertidos de las industrias», explicó Grisel Mercadante, directora de la Fundación El Zulia Recicla, en una entrevista para Runrun.es

La Fundación El Zulia Recicla pasó de recolectar 9 190 kilogramos de desechos sólidos en 2022 a recolectar 13 034 kilogramos en 2023, un aumento del 40 %, pero Mercadante advirtió que ese incremento es debido a una mayor participación de voluntarios en las ONG dedicadas al manejo de desechos sólidos en el estado. 

Una sociedad civil sin recursos

Las representantes del IOV – UDO y de la Fundación El Zulia Recicla afirmaron que se deben hacer estudios unificados sobre la presencia de los microplásticos en las costas venezolanas. Según el Minderoo Fundation, en el país no existe un estudio arbitrado o gubernamental sobre el impacto de los desechos sólidos (plásticos) en la salud pública nacional

«Todos los esfuerzos vienen de la sociedad civil y la academia», agregó Mercadante. 

En los estados de la región central del país, en especial el estado Miranda, existen iniciativas como la Fundación Azul Ambientalistas, que recogen los desechos sólidos de las playas, pero no existe un análisis del tipo de microplásticos y su concentración, sobre todo en el río río Tuy, considerado por The Ocean Cleanup como el segundo afluente de Suramérica con la mayor concentración de plásticos en su desembocadura.

El río Pavuna, en Rio de Janeiro, es el único afluente que supera al río Tuy como el mayor transporte de plásticos al océano en la región, con 2 553 200 kilogramos al año. 

«En este 2024, con el leve mejoramiento de la economía, es posible que el consumo de plásticos sea mayor, que no debería ser así, sino tener un consumo más responsable», dijo la directora de la Fundación El Zulia Recicla.

«Hace falta inversión en la investigación para analizar el impacto que tenemos, que nos permitan tener datos para saber en dónde estamos», agregó. «Nosotros le hemos exigido a los gobiernos datos y transparencia para poder monitorear, medir y hacer incidencia durante al menos diez años», dijo.

«Una jornada mensual no es suficiente»

La evaluación del BID arrojó que Venezuela es el país de América Latina con el mayor índice de producción de residuos sólidos municipales por persona, con 527,54 kilogramos por habitante al año.

Solo es superado en todo el continente americano por las islas del Caribe como Trinidad y Tobago, Bahamas y Barbados. La institución financiera internacional adviertió que estos países caribeños tienen tasas superiores a Venezuela por la producción de desechos sólidos que genera el turismo en cada isla. 

Los datos del BID provienen de la sociedad civil. Benítez Maal afirmó a Runrun.es que el Estado y los gobiernos locales no ofrecen datos sobre el manejo de sus desechos desde el año 2015. Además, desde el 2007 el Estado no actualiza el censo de vertederos (95), rellenos sanitarios (136) y «botaderos» (80) en el país.

«Y en la actualidad no hay más de cuatro rellenos sanitarios que estén completamente funcionales en el país», aseveró.

El director de SA – UCAB agregó que no hay iniciativas públicas para el reciclaje, solo existen iniciativas privadas, de la sociedad civil y entre alcaldías y empresas. 

«Tampoco el servicio de recolección de desechos sólidos en el país es completamente eficiente. Se estima que 70 % de lo que se produce se recoge por estos servicios y queda el 30 % de desechos en el ambiente todos los días», dijo. «De ese 70 % que se recoge, cerca del 20 % tiene un destino ambientalmente seguro, que son los rellenos sanitarios. El resto va a vertederos, que es acumular basura al aire libre sin tratamiento sanitario», amplió. 

«Existen iniciativas municipales de reciclaje, pero una jornada mensual no es suficiente para arreglar el problema. Se necesita que el Estado analice las características de los desechos sólidos de cada municipio para generar actividades efectivas», concluyó.