En absoluto es novedosa la oferta de Maduro de “renovar al sindicalismo venezolano”. En realidad, resume las políticas de control de las organizaciones de trabajadores implantadas hace un siglo por el Estado soviético en manos de Stalin, por los Estados satélite surgidos luego de la II Guerra Mundial como apéndices de la URSS bajo el Pacto de Varsovia en Europa Oriental, y en América Latina por Cuba bajo el poder castrista.
¿Cuál es el sumario de los raídos manuales de la Editorial Progreso de Moscú y de la Universidad Obrera de Georges Politzer fundada en1932? En síntesis, que los sindicatos son la correa de transmisión de la burguesía en la ideología de la clase obrera, los cuales deben convertirse en escuelas de formación mediante la lucha de clases para la revolución proletaria, al fragor de la encarnizada batalla en las huelgas contra el chupasangre patrono explotador.
De tal manera que la función de los sindicatos en el Estado socialista debe desechar el egoísmo burgués de aspirar a reivindicaciones salariales. Solo debe dedicarse a la formación de la clase obrera y al forjamiento del espíritu revolucionario, orientado a ser el soporte de un Estado capaz de proporcionarte alimentación, vestido, vivienda, recreación, educación y salud.
Por tanto, si “la clase obrera” recibe todos estos beneficios de este magnánimo Estado, ¿cómo es posible que piense cualquier sector del proletariado en realizar huelgas o protestas? Sería absurdo que unos “ingratos obreros” piensen más en su beneficio personal de inspiración capitalista que en el destino de la revolución.
Palabras más, palabras menos, este fue el contenido del relato que impregnó el discurso de militantes incautos y de poblaciones ingenuas, siendo la causa de que los sindicatos solo fueran jarrones decorativos en las geografías citadas de Europa Oriental y en la actualidad en la Cuba de Díaz-Canel, en la China de Xi Jinping y en la Corea del Norte de Kim Jong-un.
En lugar de los sindicatos —mal vistos por su origen capitalista en todos estos sistemas totalitarios—, se promovieron, con versiones diferentes, los consejos revolucionarios de trabajadores y los sóviets. Un modelo de gestión era el control obrero, el cual garantizaba la expropiación definitiva per saecula saeculorum del capital privado y la horrible explotación del hombre por el hombre.
Hugo Chávez y Maduro, animados por todos estos antecedentes, orquestaron desde el año 2000 un puente aéreo desde Caracas a La Habana, reclutando a cientos de bisoños sindicalistas criollos y conminándolos a forjar al “sindicalista del futuro”, el necesario para el Socialismo del Siglo XXI, con suficiente espíritu clasista para defender la revolución chavista.
De allí en adelante, la Venezuela del siglo XXI ha sido el escenario de un absurdo laboratorio de experimentos laborales de todo género: comenzaron con la propuesta de Control Obrero en Venezuela, surgida durante el paro cívico de 2002-2003, buscando la participación directa y el control social de los trabajadores en la gestión y procesos productivos de las empresas. Este movimiento, impulsado por consignas como “fábrica parada, fábrica ocupada”, se materializó en la ocupación de empresas abandonadas por sus dueños y la creación de Consejos de Trabajadores (2003), luego derivado en ley en 2017, con la promoción de Cooperativas de Trabajo Asociado en PDVSA y Empresas de Producción Social (2003) y la Cogestión Obrera Revolucionaria en Guayana (2005).
Todos estos ensayos derivaron en rotundos fracasos, despilfarro de tiempo y recursos, impregnados sobre todo de una corrupción generalizada de los bienes de la nación, la fragmentación de los sindicatos y la precarización generalizada de las relaciones de trabajo.
¿Qué busca Maduro con este “nuevo anuncio” de vieja data? Ocultar la realidad que lo califica desde el inicio de su gestión presidencial en 2013 como el sepulturero de los derechos laborales, profundizando los ataques a los sindicatos y acelerando la anulación de los derechos laborales, negándose a discutir convenciones colectivas con sindicatos y gremios. Además, ha impuesto medidas como el Memorándum 2792, adoptado por el Ministerio del Trabajo, donde se instruye a todos los entes de la administración pública y a empresas del Estado a desconocer los contratos colectivos en el sector público, agravando la agresión con los instructivos de la ONAPRE, que además elimina el tabulador salarial y las primas por cargo.
Los efectos de esta brutal ofensiva antilaboral se concentran en la pulverización del salario, las pensiones y las prestaciones sociales, así como de la seguridad social, lo cual redondea la faena de un mandatario que se presenta como “presidente obrero”, sin moral alguna para presentar una fraudulenta renovación del sindicalismo venezolano, hoy disperso y fragmentado.
En conclusión, en 26 años de administración chavomadurista, los trabajadores y el pueblo venezolano han sufrido el castigo del peor patrón que les pueda haber tocado desde los tiempos de la Colonia —de nombre el Estado—, cuando el esclavismo predominaba en las relaciones de trabajo.
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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