CIDH otorga medidas cautelares a Andreína Baduel por riesgo a su vida e integridad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 44/2025, mediante la cual otorga medidas cautelares a favor de Andreina Baduel, defensora de derechos humanos venezolana y directora del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

La decisión de la CIDH responde a una evaluación que concluyó que Baduel enfrenta una situación de “gravedad y urgencia”, con riesgo de sufrir “daños irreparables a sus derechos a la vida y a la integridad personal“, en el contexto de sus labores de denuncia sobre la situación de las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

Según la solicitud presentada ante la CIDH, Baduel ha sido objeto de “amenazas, hostigamientos, vigilancia e intimidaciones por parte de agentes estatales“. Esta situación, denuncian, se ha intensificado debido a su rol como vocera y representante de familiares de presos políticos.

Silencio del Estado y riesgo creciente

La Comisión subraya que el Estado venezolano no respondió a la solicitud de información formulada en el marco del proceso, lo que impidió conocer si se están tomando medidas para proteger a la activista o investigar las amenazas que ha recibido.

“Los hechos reportados involucran la participación de agentes estatales y están vinculados directamente con las actividades que Andreina Baduel realiza como defensora de derechos humanos”, precisa la resolución. La CIDH advierte que la falta de respuesta oficial agrava su situación de vulnerabilidad.

En su resolución, la Comisión solicitó al Estado venezolano a que:

  • Adopte medidas para proteger la vida y la integridad personal de Andreina Baduel.
  • Garantice que pueda continuar su labor de defensa de derechos humanos sin sufrir amenazas o actos de violencia.
  • Asegure que sus agentes respeten los derechos de la beneficiaria y actúe frente a riesgos atribuibles a terceros.
  • Concierte las medidas con Baduel y su representación legal.
  • Informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos denunciados y evitar su repetición.

La CIDH aclaró que el otorgamiento de estas medidas cautelares no implica un prejuzgamiento sobre posibles violaciones de derechos humanos, que puedan ser objeto de una futura demanda internacional.

Andreína Baduel es hermana del preso político Josnars Baduel, hijo del general retirado Raúl Isaías Baduel, quien también fue preso político y falleció bajo custodia del Estado.

Desde entonces, ha sostenido una activa labor de visibilización de la situación de los presos políticos y ha exigido justicia tanto para su familia como para otras víctimas de detención arbitraria y tortura.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

https://runrun.es/noticias/583782/no-es-un-delito-haber-sido-ministro-y-no-robar-el-video-que-dejo-grabado-rodrigo-cabezas
La defensora de derechos humanos ha sido blanco de amenazas e intimidación debido a su activismo a favor de presos políticos
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 44/2025, mediante la cual otorga medidas cautelares a favor de Andreina Baduel, defensora de derechos humanos venezolana y directora del Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

La decisión de la CIDH responde a una evaluación que concluyó que Baduel enfrenta una situación de “gravedad y urgencia”, con riesgo de sufrir “daños irreparables a sus derechos a la vida y a la integridad personal“, en el contexto de sus labores de denuncia sobre la situación de las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela.

Según la solicitud presentada ante la CIDH, Baduel ha sido objeto de “amenazas, hostigamientos, vigilancia e intimidaciones por parte de agentes estatales“. Esta situación, denuncian, se ha intensificado debido a su rol como vocera y representante de familiares de presos políticos.

Silencio del Estado y riesgo creciente

La Comisión subraya que el Estado venezolano no respondió a la solicitud de información formulada en el marco del proceso, lo que impidió conocer si se están tomando medidas para proteger a la activista o investigar las amenazas que ha recibido.

“Los hechos reportados involucran la participación de agentes estatales y están vinculados directamente con las actividades que Andreina Baduel realiza como defensora de derechos humanos”, precisa la resolución. La CIDH advierte que la falta de respuesta oficial agrava su situación de vulnerabilidad.

En su resolución, la Comisión solicitó al Estado venezolano a que:

  • Adopte medidas para proteger la vida y la integridad personal de Andreina Baduel.
  • Garantice que pueda continuar su labor de defensa de derechos humanos sin sufrir amenazas o actos de violencia.
  • Asegure que sus agentes respeten los derechos de la beneficiaria y actúe frente a riesgos atribuibles a terceros.
  • Concierte las medidas con Baduel y su representación legal.
  • Informe sobre las acciones adoptadas para investigar los hechos denunciados y evitar su repetición.

La CIDH aclaró que el otorgamiento de estas medidas cautelares no implica un prejuzgamiento sobre posibles violaciones de derechos humanos, que puedan ser objeto de una futura demanda internacional.

Andreína Baduel es hermana del preso político Josnars Baduel, hijo del general retirado Raúl Isaías Baduel, quien también fue preso político y falleció bajo custodia del Estado.

Desde entonces, ha sostenido una activa labor de visibilización de la situación de los presos políticos y ha exigido justicia tanto para su familia como para otras víctimas de detención arbitraria y tortura.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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