El Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció que solicitará a la Presidencia apartarse formalmente del caso Venezuela I, que examina presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado venezolano desde al menos 2017, tras la decisión de la Sala de Apelaciones que detectó un posible conflicto de intereses.
El pasado 1 de agosto, cinco jueces de la Sala de Apelaciones advirtieron que la participación de Khan crea un problema de “parcialidad” para el fiscal, debido a que la cuñada del fiscal, la abogada penalista internacional Venkateswari Alagendra, ha sido parte de un equipo que representa al gobierno de Nicolás Maduro.
Mediante un comunicado, aunque Khan manifestó su desacuerdo con la interpretación de la Sala, aseguró que acatará la decisión: “En pleno cumplimiento de la Segunda Decisión de la Sala de Apelaciones, y antes del plazo estipulado, solicito respetuosamente a la Presidencia que me excuse de la situación de Venezuela I”, expresó.
De acuerdo con la explicación de la ONG Provea, ahora corresponde a la Presidencia de la CPI, compuesta por las juezas Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y Reine Alapini-Gansou, “aceptar pronto la solicitud del Fiscal y proceder a dispensarlo del caso, de acuerdo al artículo 46, numeral 2 del Estatuto de Roma”.
Atención 🚨
— PROVEA (@_Provea) August 19, 2025
Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pide a la presidencia de la CPI que lo separe de la Situación Venezuela I.
El Fiscal acata la decisión de la Sala de Apelaciones, del #1Ago, que le pidió solicitar su dispensa antes de tres semanas.
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Niega menor atención a la investigación
La Fundación Arcadia, dirigida por Robert Carmona-Borjas, pidió la recusación del Fiscal en noviembre de 2024. Esta solicitud fue desestimada por la Sala de Apelaciones por la presunta falta de legitimación de la Fundación Arcadia. Aunque la jueza disidente Ibáñez Carranza consideró que la solicitud era admisible, de todas formas la habría desestimado por el fondo.
Carmona-Borjas criticó Criticó a Karim Khan por considerar que actuó con mayor rapidez en el conflicto armado entre Palestina e Israel y, supuestamente, demorar la investigación en Venezuela. Señaló supuesta parcialidad en la decisión de procesar a funcionarios israelíes mientras “abandonaba” la situación de Venezuela, a lo que el fiscal señaló que dichas afirmaciones son falsas o erróneas y que cada investigación tiene sus propios retos y prioridades.
De todos modos, Khan también negó que su decisión de apartarse implique menor atención al caso venezolano y subrayó que la investigación sigue siendo prioritaria. Recordó que, incluso antes de su licencia voluntaria iniciada el 16 de mayo, había mantenido avances en el expediente y que dichos desarrollos fueron comunicados confidencialmente a la Presidencia.
Ahora, la supervisión y decisiones relacionadas con el caso venezolano quedarán a cargo de la fiscal adjunta Mame Mandiaye Niang, quien asumió la investigación tras la licencia voluntaria que dijo tomaría hasta que se concluya la investigación contra él por presunto acoso.
Dudas sobre la actuación del fiscal
El caso Venezuela I de la Corte Penal Internacional (CPI) ha experimentado avances significativos en 2025, aunque también ha enfrentado desafíos institucionales y políticos. El 1 de marzo de 2024, la Sala de Apelaciones de la CPI autorizó la reanudación de la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, tras rechazar los intentos del Estado venezolano de detener el proceso.
Sin embargo, tras una protesta internacional global del 1 de diciembre de 2024 contra la inacción de fiscal, durante la 23° sesión de la Asamblea de los Estados partes de la Corte, Karim Khan abordó el tema de Venezuela e informó que las investigaciones “estaban activas” y que estaban trabajando “en estrecha colaboración con una variedad de socios para cumplir con nuestras responsabilidades”, También, pidió en esa ocasión la libertad de los presos políticos sin demoras, en especial de niños y jóvenes adolescentes.
Más tarde, el 13 de diciembre, renunció el asesor de derechos humanos de la CPI, Claudio Grossman, situación que puso en duda la actuación de Karim Khan en el caso de Venezuela. Grossman renunció alegando inconformidad con la demora en la investigación a las violaciones de derechos humanos.
Investigación sobre acoso sexual
En mayo de 2024, surgieron denuncias de una exasistente de Khan, quien alegó que el fiscal habría intentado coaccionarla durante más de un año para mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. La presunta víctima no presentó una denuncia formal, lo que inicialmente impidió una investigación interna. Sin embargo, en noviembre de 2024, la Asamblea de los Estados Partes de la CPI solicitó una investigación externa debido a la falta de confianza en el sistema interno de la Corte.
Calixto Ávila, experto en derechos humanos y representante de Provea en Europa, explicó que si como resultado de esa investigación el fiscal es culpado y vuelve a asumir funciones dentro de la Corte, “de todas maneras no podrá continuar conociendo y no conocerá sobre la situación Venezuela 1, que continuará a cargo del fiscal adjunto”.
A juicio del especialista, con esta situación la Corte Penal Internacional da “una muestra de solidez y de independencia”, debido a que, en primer lugar, “muestra que un juez o un fiscal que tenga antecedentes, que le permitan, que pongan en cuestión su imparcialidad o su inconsciencia, puede generar un procedimiento que lo lleve a apartarlo de las investigaciones a su cargo en donde esa conciencia y esa imparcialidad se vean comprometidos”.
En segundo lugar, agregó Ávila, “muestra como una institución como la Corte Penal Internacional cuenta con mecanismos que velan por su propia integridad”. En este caso, recordó, la Sala de Apelaciones decidió que el fiscal “debía solicitar apartarse o ser dispensado a intervenir en la situación de Venezuela 1, velando pues de esta manera por la integridad de la estructura institucional de la Corte”.
Finalmente, el experto consideró que la actitud del fiscal también indica “una actuación institucional en la medida en que él no ha compartido la decisión de los jueces de la Sala de Apelaciones, sin embargo, ha decidido acatarla plenamente y retirarse o pedir su dispensa en la situación Venezuela I”.
“En pocas palabras, esta situación fortalece institucionalmente a la Corte Penal Internacional separando al fiscal de la Corte Penal Internacional de la situación Venezuela I y permitiendo que la investigación continúe a cargo del fiscal adjunto sin verse afectada”, agregó.
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