“He visto documentación que demuestra que el Gobierno venezolano adjudicaba contratos a empresas tapaderas de Hezbolá ya en 2001, y cuando (Nicolás) Maduro tomó el poder, la extensión y profundidad de la presencia de Hezbolá se ampliaron drásticamente”, dijo Marshall Billingslea, exsubsecretario para la Financiación del Terrorismo del Departamento del Tesoro, durante audiencia efectuada en el Senado de Estados Unidos.

Billingslea, junto a otros senadores, debatieron los supuestos vínculos de la administración de Maduro con el terrorismo y el narcotráfico. 

¿Por qué en Estados Unidos se dice que Venezuela está conectada con Hezbolá? fue el tema de análisis de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual de este martes 21 de octubre, donde estuvo como invitado el exdiputado de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni.

En la audiencia estadounidense, Billingslea acusó a Maduro de otorgar pasaportes venezolanos a miembros de Hezbolá y Hamas.

Paparoni sostuvo que en 2016, mientras formaba parte del Parlamento, estuvo al frente de investigaciones que condujeron a una teoría similar a la de Billingslea. 

“Entre 2010 y 2019 se le dio la nacionalidad venezolana a 10 400 personas nacidas en Irán, Siria y Líbano”, dijo el exdiputado al panel conformado por Ronna Rísquez, directora de ARI; Víctor Amaya, director de Tal Cual y César Batiz, director de El Pitazo.

Paparoni indicó que esa supuesta entrega de pasaportes se hizo en Damasco, mientras Ghazi Nasr Al-Din, sancionado por Estados Unidos por aparentes vínculos con Hezbolá, era jefe de la misión diplomática venezolana: “Esas personas nunca fueron a Venezuela y no saben hablar español. Se sospecha que están ligadas Hezbolá y Hamas”. 

El exparlamentario aseguró que en la actualidad, Ghazi Nasr Al-Din es analista del Estado venezolano en temas relacionados con el Medio Oriente 

“No tenemos certeza de que esas 10.400 personas tengan vínculos con Hezbolá, lo que sí sabemos es que tienen los beneficios constitucionales de ser venezolanos y eso lo han usado para ingresar a otros países ocultando sus verdaderas nacionalidades. Tenemos evidencia de registros de vuelos a Damasco y Teherán que salen de Venezuela”, precisó, además de añadir que en ese lote, hay miembros de las fuerzas Quds, el brazo armado de Irán, un grupo similar “a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Venezuela”.

Amaya aportó que en la audiencia en el Senado estadounidense no solo se habló de eventuales nexos de Hezbolá con Venezuela, sino también con Argentina, Brasil y Paraguay.

El director de Tal Cual recordó que en 2017, la cadena de noticias CNN sacó al aire un reportaje titulado “Pasaportes en la Sombra”, donde vinculaba al entonces vicepresidente Tareck El Aissami con la emisión de 173 documentos de identidad a personas del Medio Oriente, incluidos aparentes miembros de Hezbolá. Después de esa investigación la señal de CNN dejó de ser transmitida en Venezuela. 

Paparoni reconoció que esta denuncia va para una década sonando en el país y no es novedosa.  

“El asunto es que en los últimos cinco años esto ha avanzado. Maduro ha estado permitiendo la entrada de terroristas a Venezuela y esto es un riesgo para la estabilidad no solo de Estados Unidos, sino de América Latina”, recordó.

Batiz informó que, según Billingslea, 400 comandantes de Hezbolá fueron reubicados debido a la falta de recursos provenientes del Medio Oriente y por ello es posible que busquen refugio en Latinoamérica.

El terrorismo necesita financiamiento 

De acuerdo a Paparoni, Irán dota a Hezbolá de 800 millones de dólares al año y el aporte de América Latina son $200 millones: “Casi 25% del financiamiento a Hezbolá viene de América Latina, el riesgo que ellos se inserten más en la región es notorio”.  

Según el exdiputado, en el año 2001, una empresa vinculada al clan Barakat, sancionada por Estados Unidos por ser supuesto miembro de la estructura financiera de Hezbolá, tenía contratos con el estado venezolano para hacer franelas para el Ministerio de Educación.

Rísquez recordó que en agosto de 2024, las autoridades capturaron en Cúcuta a Mahdy Akil Helbawi, un ciudadano colombo-libanés acusado de financiar a Hezbolá mediante el comercio ilegal de carbón vegetal.

“Es que La Oficina de Envigado es un reducto del Cartel de Medellín, que tiene redes de narcotráfico vinculadas a Hezbolá”, dijo Paparoni.

El exdiputado enfatizó que sin financiamiento no hay terrorismo. “Venezuela representa protección para lavar dinero, Pdvsa es la lavadora más grande que existe en el hemisferio occidental y hay pruebas de ello”.

Opinó también que actualmente el madurismo se parece más a una estructura de crimen organizado que a una organización política. “Yo creo que tiene relación directa con el Cartel de los Soles y por eso a más de un excandidato presidencial le da pánico cuando uno habla de esto. En América Latina, Hezbolá está basado en el narcotráfico y por ello hay que acabar con sus redes de financiamiento”.

A juicio del diputado, la estrategia en torno a Venezuela del otrora presidente estadounidense Joe Biden fue errada.

“Juan González (ex director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental) forma parte de las peores cosas que nos ha pasado a los venezolanos, por acción u omisión terminó siendo muy nocivo para nosotros”, dijo el exparlamentario. 

Para Papparoni, Maduro no es un líder fuerte y lo único que lo sostiene es la represión.

“Lo hemos visto pidiendo cacao, como decimos popularmente los venezolanos. El verdadero riesgo a nuestra soberanía no es la operación que se está realizando en el Caribe, sino esas nacionalidades entregadas a extranjeros. La permanencia de Maduro en el poder va a terminar, quiera o no quiera”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.