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Los derechos de Yenny Barrios fueron vulnerados hasta su muerte

Redacción Runrun.es
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Los derechos de Yenny Barrios fueron vulnerados hasta su muerte

Yenny Barrios murió esperando. Sus últimos días transcurrieron en una lucha por sobrevivir y una súplica que fue ignorada por el sistema de justicia venezolano: ver por última vez a su hijo, Diego Sierralta, también preso político.

La expresa política, líder social de Carora (estado Lara) y activista de Voluntad Popular, falleció a los 52 años sin poder recibir el abrazo de Diego, pese a que múltiples organizaciones clamaron por una medida humanitaria para que su hijo pudiera verla. Pero el Estado impidió el último encuentro.

El 9 de septiembre de 2024, Barrios fue detenida de forma arbitraria por funcionarios de seguridad que irrumpieron en su casa. Habían pasado apenas 17 días desde que había sido operada de un linfoma no hodking. La señalaron de supuestamente participar en actos vandálicos contra la sede del PSUV en Carora en el contexto de las protestas poselectorales de 2024. Fue acusada de “terrorismo” e “instigación al odio” y estuvo recluida primero en la Estación Policial Municipal Torres al Centro de Detención Pata ‘e Palo en Barquisimeto. Todo esto ocurrió a pesar de que su hijo aseguró varias veces públicamente que ella ni siquiera votó en los comicios del 28 de julio de 2024 por lo afectada que estaba su salud.

Yenny Barrios pasó 93 días detenida. Durante ese tiempo, su tratamiento fue interrumpido y su salud se agravó, a pesar de las constantes denuncias de su hijo porque pudiera recibir la quimioterapia que necesitaba inmediatamente después de la operación. Sus condiciones de reclusión nunca fueron óptimas: compartía una celda de 4×2 metros con otras 18 mujeres y en los primeros días, por falta de espacio, debió dormir en el piso, a pesar de estar recién operada.

Aunado a eso, en los primeros días, no le permitieron recibir atención médica para sus heridas operatorias. Luego de la insistencia de sus familiares, el director del centro accedió tanto a esta petición, como a que pudiera iniciar el ciclo de sus quimioterapias, aunque con más de dos meses de retraso.

Todas estas limitaciones para el acceso oportuno a su tratamiento estuvieron de espaldas al Artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que la salud es un “derecho social fundamental” y que es obligación del Estado, “que lo garantizará como parte del derecho a la vida”. La misma Carta Magna, en su Artículo 272, exige al Estado garantizar en los centros penitenciarios el respeto a los derechos humanos de quienes están en prisión, lo cual incluye la salud.

Cabe recordar también que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) establecen que el Estado es responsable de la salud de los reclusos, quienes deben gozar de la misma calidad de atención que el resto de la población (Regla 24) y también ordena que los reclusos que requieran tratamiento especializado (como ameritan patologías como el cáncer) sean trasladados a “instituciones especializadas o a hospitales civiles” (Regla 27). Mantenerla en cárceles como Uribana o en el Centro Pata e’ Palo violó esta última regla.

Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, insistió en una entrevista a NTN24 en la crueldad de la situación a la que fue prolongadamente sometida Barrios.

“En los últimos días de noviembre de 2024 y primeros días de diciembre de ese año le hicieron las quimioterapias por las que su hijo clamaba. Pero le hacían las quimioterapias y la regresaban a la cárcel”, recordó con indignación.

Justo después de ese segundo ciclo de quimioterapias -a principios de diciembre de 2024- en lugar de recibir una medida humanitaria inmediata por la debilidad que estas le causaban, a Barrios la trasladaron a la cárcel de Uribana junto a otras siete presas políticas. No fue sino hasta avanzado ese mes que la activista social fue excarcelada a raíz de las insistentes denuncias de su hijo sobre su situación de salud.

El segundo golpe: la detención de su hijo

Mientras Yenny estuvo presa, su hijo Diego Sierralta denunció incansablemente la vulneración a los derechos de su madre. Él era su único soporte familiar y de cuidado, y también la cara visible de la exigencia de justicia para ella. Pero el 22 de enero de 2025, a mes y medio de la excarcelación de Yenny, Diego corrió la misma suerte que Barrios y fue detenido arbitrariamente.

La razón de su detención evidencia la desesperación de las familias de los pacientes en Venezuela. Según Tamara Sujú, Diego necesitaba un medicamento para Yenny y no tenía dinero para comprarlo. Por eso, recurrió a un grupo de WhatsApp en donde pacientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) intercambiaban medicinas para ofrecer unos parches para el dolor a cambio de lo que su madre necesitaba. Pero la represión en Venezuela tampoco respeta este tipo de espacios.

“Una doctora que estaba en ese chat para espiar y extorsionar a los que intercambian desesperadamente medicinas para sobrevivir se hizo pasar por una persona interesada en esos parches, mandó a una persona a buscarlos y, en ese momento, lo detienen y lo acusan de asociación para delinquir por tratar de cambiar dos parches”, narró Tamara Sujú.

Con Diego preso en el Centro de Detención Preventiva Pata ‘e Palo, en Barquisimeto, la salud de Yenny se siguió deteriorando. Su único cuidador ya no estaba disponible para asistirla, le hacía falta también ese soporte emocional. En sus últimos días, amigos, familiares y activistas pidieron una medida urgente para que Diego pudiera acompañarla. No hubo ninguna respuesta de las autoridades. La paciente oncológica llegó a necesitar diálisis, pero solo sobrevivió a tres.

“Él era su único hijo, ella pedía ver a su hijo. Sentía que iba a morir y decía que lo único que quería ver a su hijo. Este caso es cruel, es una familia destruida, un hijo preso, una madre que muere esperando ver a su hijo después de ser presa política”, expresó Sujú.

Encerrado en el dolor

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón fue enfática al señalar a Runrun.es la ilegalidad de la reclusión de Yenny: “Ella jamás debió estar presa en esas condiciones, nuestro ordenamiento jurídico deja muy claro que, en esas condiciones, la privativa de libertad debe ser sustituida por otra medida“.

La organización advirtió que los meses en prisión no solo paralizaron su tratamiento, sino que “agravaron su enfermedad por las condiciones de reclusión”. A eso se sumó la detención de su hijo, que la dejó en una vulnerabilidad total.

“No es irresponsable sostener que la vida, la salud, y la dignidad de ella fue vulnerada en todas las formas y sin piedad“, afirman. Sobre Diego, la ONG sentenció: “Literalmente, está encerrado el dolor”.

Por su parte, Provea recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Resolución No. 2/25, estableció recientemente que la ruptura de lazos de protección originada por el encarcelamiento “ocasiona que las personas bajo el cuidado de aquellas detenidas queden expuestas a situaciones de pobreza, marginalidad y abandono”.

La ONG insistió en que la negativa de las autoridades a responder la “medida urgente” solicitada por familiares y activistas para que Diego pudiera acompañar a su madre en sus últimos días podría considerarse como un “acto de trato cruel, inhumano y degradante”.

El Observatorio de Prisiones lamentó el caso y rechazó el trato que recibió esta familia por parte del Estado. “Estos hechos tan lamentables no pueden seguir ocurriendo y no deben ser olvidados. Es por ello que este caso lo hemos documentado y será enviando a instancias internacionales. ¡Habrá justicia!”, aseguraron.

Presos políticos en vulnerabilidad extrema

De acuerdo con los datos compartidos por Justicia, Encuentro y Perdón, hay al menos 90 casos exhaustivamente documentados de presos políticos con criterios de gravedad y urgencia, cuyas patologías van desde cáncer, respiratorias, cardiacas, gástricas, entre otras que ameritan atención médica y cuidados que solo fuera de la prisión pueden recibir.

Entre ellos se encuentran al menos cuatro adolescentes, 26 personas de la tercera edad, cuatro personas dentro del espectro autista y más de 160 mujeres que sufren un impacto diferenciado en prisión.

Hace 15 meses que Luis Rondón dejó sin terminar su partida de videojuegos

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Negociar el exilio: la diáspora venezolana como actor político y económico

Nixon Domínguez
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Negociar el exilio: la diáspora venezolana como actor político y económico

Vivir lejos de Venezuela ha dejado de ser una simple circunstancia para convertirse en una posición política. El exilio venezolano, tan diverso como extendido, ha transformado a millones de personas en interlocutores del país que dejaron atrás: sujetos que negocian con la patria desde la distancia. Esa negociación no es explícita ni uniforme; se manifiesta en remesas, inversiones, activismo, denuncias, intentos de retorno, debates sobre la reconstrucción o en la obstinación cotidiana de quienes, aun fuera, siguen pensando el país.

La diáspora ha dejado de ser un paréntesis en la historia nacional para convertirse en uno de sus protagonistas. En ese proceso se redefine el sentido mismo de la venezolanidad y de la ciudadanía: ya no se trata de habitar un territorio, sino de participar —desde donde se esté— en la suerte del colectivo.

Cada año, millones de transferencias cruzan fronteras invisibles. Se calcula que las remesas enviadas a Venezuela alcanzaron en 2024 unos 3800 millones de dólares, alrededor del 3,7 % del PIB. No son solo cifras económicas: detrás de cada envío hay un pacto íntimo, una forma de sostener el vínculo con los que se quedaron, una manera de resistir a la disolución del sentido de pertenencia. Pero también una contradicción: la remesa que alimenta, que paga la medicina o el estudio de un hijo, sustituye la función que el Estado abandonó. Es una ciudadanía que se ejerce a través del dinero y de la responsabilidad moral, no mediante el voto o la representación. El emigrante se convierte así en proveedor y sostén, pero no necesariamente en participante de las decisiones que afectan al país que mantiene. En el fondo, la diáspora subsidia la crisis, aunque todavía no logra transformar sus causas.

Aun así, el exilio genera un poder nuevo. Según el Fondo Monetario Internacional, la migración venezolana podría incrementar entre 2,5 y 4,5 puntos porcentuales el PIB de países receptores como Colombia, Perú, Ecuador o Chile, si logra integrarse plenamente. Ese aporte convierte al emigrante en agente económico de doble frontera: contribuye allá y sostiene acá. No es casual que algunos sectores de esos países vean en la migración venezolana una oportunidad de crecimiento, mientras Venezuela —paradójicamente— carece aún de una política clara hacia su diáspora. La relación, por tanto, se mantiene informal, afectiva, dispersa. La ciudadanía se ejerce por vías no institucionales: en la solidaridad, la cooperación entre connacionales, la creación de fundaciones o medios de comunicación, la denuncia, la participación en redes sociales o la inversión familiar que mantiene viva la economía local.

Viaje a las raíces: del exilio al reencuentro. Identidad, memoria y redención en tiempos de diáspora

Pero el exilio no es solo un flujo económico: es también una esfera política en expansión. Desde distintas capitales del mundo, la diáspora venezolana ha fundado medios, organizaciones de derechos humanos, redes de ayuda e iniciativas culturales y políticas. En ellas se gestan formas alternativas de ciudadanía: activismo digital, campañas internacionales, misiones de observación electoral, denuncias ante organismos multilaterales. Sin embargo, este activismo enfrenta límites y riesgos. En algunos casos, los exiliados han sido perseguidos incluso fuera del país, como ocurrió recientemente en Bogotá con el atentado contra Luis Peche, recordándonos que la represión puede trascender las fronteras. El exilio político venezolano se convierte así en una extensión del conflicto interno, donde la voz del emigrante sigue incomodando al poder que lo expulsó.

La negociación del exilio es, entonces, múltiple. Por un lado, económica: remesas, inversiones, consumo familiar, retorno de capital humano. Por otro, política: activismo, presión internacional, generación de discursos, defensa de derechos. Pero también emocional y simbólica: el deseo de retorno, la culpa del que se fue, la nostalgia convertida en compromiso. Esa red compleja de vínculos ha creado una ciudadanía extendida que desafía el concepto tradicional del ciudadano residente. El venezolano de la diáspora no es extranjero en su país ni plenamente ciudadano en su lugar de acogida: habita un territorio intermedio donde la pertenencia se vuelve negociable, un ejercicio constante de mediación entre memoria y acción.

Exilio bajo fuego: la represión que cruzó la frontera

En ese proceso, el país de origen también negocia. Se beneficia de los envíos, de las redes internacionales, de las voces que denuncian, pero no reconoce plenamente a esos ciudadanos. No existen marcos legales que garanticen un voto exterior eficiente, ni incentivos seguros para invertir, ni mecanismos formales de participación política desde el exilio. El Estado venezolano, secuestrado por una organización del crimen transnacional llamada revolución, en lugar de ver en la diáspora una fuerza viva, la percibe como una fuga o una amenaza. Así, la negociación entre el emigrante y su país ocurre en condiciones de asimetría: la diáspora envía y sostiene, pero el Estado responde con silencio o indiferencia institucional.

Esa ausencia de política hacia el exilio no impide que existan espacios de construcción. En distintas ciudades del mundo, los venezolanos han impulsado proyectos que vinculan remesas con emprendimientos productivos, inversiones colectivas, campañas humanitarias o iniciativas culturales. En algunos casos, la diáspora actúa como mediadora entre actores internacionales y comunidades locales. Son pequeñas diplomacias ciudadanas que sustituyen a la diplomacia oficial. De hecho, muchos de los puentes humanitarios que han llegado a Venezuela en los últimos años se gestionaron desde redes de exiliados y migrantes. La diáspora, sin pretenderlo, ha creado su propio aparato de Estado paralelo: más ágil, más empático y más creíble que el institucional.

La pregunta que emerge es profunda: ¿qué significa ser ciudadano de un país que ya no se habita, pero al que se sigue perteneciendo? La ciudadanía venezolana, atravesada por el desarraigo, parece hoy menos una condición jurídica y más una práctica social. Se ejerce al enviar dinero, al denunciar, al escribir, al emprender, al invertir, al educar, al recordar. Pero también al decidir no callar. La diáspora ha mantenido vivo el debate público, ha preservado la memoria política y ha proyectado al mundo la dimensión humana de la tragedia venezolana. En ese sentido, la distancia se ha convertido en un instrumento de resistencia. La ciudadanía, así entendida, ya no se define por la residencia, sino por la participación activa en esa comunidad imaginada que llamamos Venezuela.

Negociar el exilio no consiste solo en sobrevivir fuera del país, sino en redefinir los términos de nuestra relación con él. Significa exigir derechos, proponer políticas, crear canales de participación, demandar transparencia y, sobre todo, asumir que el futuro nacional depende tanto de quienes se quedaron como de quienes están fuera. El retorno físico, por sí solo, no resolverá la fractura; lo que se necesita es un retorno cívico: la reconstrucción de la confianza, de las instituciones y de la noción misma de comunidad. El país debe reconocer a su diáspora como un actor estratégico de reconstrucción, y no como una suma de ausentes nostálgicos. Mientras no se asuma esa dimensión política y económica del exilio, Venezuela seguirá incompleta.

El exilio venezolano no ha terminado; apenas ha cambiado de forma. Desde sus nuevas geografías, millones de ciudadanos siguen haciendo política sin Estado, economía sin país, patria sin territorio. Su negociación con Venezuela es continua y silenciosa, pero decisiva. La diáspora ya no pregunta cuándo volverá, sino cómo puede participar hoy. En esa pregunta está la semilla de una nueva ciudadanía: transnacional, crítica, solidaria y, sobre todo, profundamente venezolana.

  • @NixonDominguez | Historiador – Universidad de Los Andes / Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. / Instagram: Nixonjds

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Octubre represivo: de la protesta a la persecución quirúrgica

Redacción Runrun.es
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Octubre represivo: de la protesta a la persecución quirúrgica

El mes de octubre se consolidó como el más represivo en lo que va de 2025. Aunado a las tácticas utilizadas luego de las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024 -detenciones arbitrarias y el silenciamiento de voces críticas- el gobierno de Nicolás Maduro ha refinado su estrategia de opresión para desarticular a la oposición.

El Comité Nacional de Derechos Humanos de Vente Venezuela reportó que al menos 54 personas fueron detenidas arbitrariamente en octubre, lo que equivale a una detención cada 15 horas.

El comité precisó que de los 54 detenidos en el mes de octubre, 24 forman parte del partido político Vente Venezuela (liderado por María Corina Machado), 8 pertenecen a otros partidos de oposición, 14 son civiles y los otros 8 fueron liberados.

El último balance de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) publicado el 28 de octubre, contabilizó 875 detenidos por motivos políticos, 83 de ellos son extranjeros, cuatro son adolescentes y se desconoce el paradero de 61.

El recrudecimiento de la represión en Venezuela “ha evolucionado”, según Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV). Para él, actualmente la represión no se centra en contener las protestas sino en “desarticular a la oposición de raíz y destruir la voluntad individual”.

De acuerdo con la ONG Espacio Público, en octubre se registraron 17 violaciones a la libertad de expresión. Según la organización, hubo 11 actos de intimidación, dos de hostigamiento judicial y dos de censura. 

En lo que va de 2025, la ONG ha documentado un total de 192 violaciones a la libertad de expresión, principalmente intimidaciones (61), censura (52) y hostigamiento judicial (25).

“Asedio quirúrgico”

El coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela  explicó que en enero de 2025 el secuestro masivo de disidentes era lo más implementado, pero nueve meses después, se consolidaron dos asedios “brutales” para terminar de fragmentar a la disidencia. 

El primero es la consolidación del método Sipenhaft -práctica usada en la Alemania nazi para encarcelar y hostigar a familiares de perseguidos políticos- como una política de Estado para “inducir la autocensura masiva mediante una ‘ingeniería del miedo’ para implosionar a la disidencia desde adentro”. 

El segundo asedio que expone Moreno es que ahora las detenciones provienen de investigación e inteligencia. “El régimen está usando su aparato social y de seguridad para desarticular la mente crítica del país, no sólo para dispersar protestas”, afirmó. 

Orlando Moreno enfatizó que el régimen de Nicolás Maduro está atacando directamente a los pilares de la disidencia organizada. Puntualizó que actualmente el partido Vente Venezuela tiene 144 presos políticos -entre miembros, activistas y sociedad civil- una cifra mayor en comparación con otros partidos políticos como Voluntad Popular (25) y Primera Justicia (15).

Vigilancia y despojo

A las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos, censura y autocensura en medios de comunicación y redes sociales, campañas de criminalización y obstáculos graves para el ejercicio de la libertad de asociación y reunión, se le suman la vigilancia y la amenaza del despojo de la nacionalidad. 

En octubre también se consolidaron dos nuevas herramientas represivas que evidencian que el gobierno ha dado un paso al frente en la profundización y extensión de los patrones de violación a los derechos humanos.

Orlando Moreno explicó que el factor de desaparición forzada -que ha sido una constante en el período poselectoral- ahora se combina con un secuestro “focalizado y premeditado”, producto de la inteligencia táctica que aplican y del apoyo que ofrecen los miembros de los consejos comunales mediante la aplicación VenApp para reportar “todo lo que ven, todo lo que oyen”.

Rafael Uzcátegui, sociólogo y activista, señaló que la delación a través de la VenApp y el anuncio del retiro de la nacionalidad a líderes políticos y sociales representan “una gran novedad” y un avance en la escalada represiva. 

El atentado a tiros en contra de los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche en Bogotá el pasado 13 de octubre, confirma que la represión no conoce fronteras. “Hay un cambio estructural en el modelo de dominación que impacta directamente en los patrones de violación de derechos humanos”, concluyó Uzcátegui.

Recientemente, el número dos del chavismo, Diosdado cabello, anunció la creación de los “comités bolivarianos de base integral”.

Explicó que dichos comités busca fortalecer el trabajo político, ideológico y de defensa de la revolución en cada calle y que su misión principal es “enfrentar cualquier situación de amenaza, garantizar la paz, la soberanía y la independencia de la patria”.

Añadió que se sustituirán los jefes de calles por direcciones colectivas, compuestas por al menos nueve militantes elegidos por los vecinos.

Cabello sumó que los comités bolivarianos son los que van a permitir pasar de consultas populares “a la defensa integral de la nación. El que quiera entender que entienda, se lo digo a quienes quieren vender esta patria”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Vence período de gracia del TPS 2021 para venezolanos en EEUU: ¿Qué opciones quedan?

Redacción Runrun.es
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Vence período de gracia del TPS 2021 para venezolanos en EEUU: ¿Qué opciones quedan?

Este viernes 7 de noviembre venció el período de gracia establecido tras el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos del año 2021, sin período de adaptación ni vías alternativas inmediatas para regularización.

Con la cancelación de este beneficio, unos 250 000 venezolanos quedarían en riesgo de deportación. Sumados a los que tramitaron este amparo en 2023 -que también expiró meses atrás-, la cifra de venezolanos en riesgo de deportación aumenta a 600 000.

William Díaz, el fundador de Casa de Venezuela, declaró a Radio Francia en español que hay mucha angustia entre la comunidad y que muchos de los afectados están saliendo del país: “No tienen otras opciones, están yéndose y es la recomendación nuestra, si te quedas uno o dos días ilegal te generan una sanción de hasta diez años sin poder venir a Estados Unidos”.

Jorge Cancino, editor de inmigración de Univisión, explicó en un reporte que los afectados con este vencimiento quedan sin permiso de trabajo, licencia de conducir y sin la protección para ser deportados.

Las personas que quedan exentas de esta aplicación son quienes recibieron un permiso de trabajo antes del 5 de febrero de 2025 con fecha de validez hasta el 2 de octubre de 2026. “Esas personas tienen garantizada su permanencia y derecho a trabajar en Estados Unidos”.

Destacó también que estarían protegidos quienes tienen una solicitud de asilo pendiente para presentarse ante un juez de inmigración. “Lo que deben tener en cuenta es que esa petición de asilo no los va a liberar en caso de ser detenidos. En la mayoría de los casos, los abogados están indicando que pueden ser detenidos y quedar privados de libertad mientras se desarrolla el caso de asilo”.

¿Quedan opciones para los ciudadanos?

La decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al TPS para venezolanos fue avalada posteriormente por la Corte Suprema de Estados Unidos el pasado 3 de octubre, una de las medidas adoptadas por dicho gobierno en el marco del endurecimiento de su política migratoria.

Tras una revisión de las condiciones en Venezuela, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, concluyó que el país ya no cumple con los criterios para mantener el TPS.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) advirtió que quienes no cuenten con otra base legal para permanecer en ese país deberían emprender su regreso a Venezuela.

Las alternativas legales que indican, persisten para evitar la deportación, son las siguientes

Solicitar asilo político, si la persona puede demostrar persecución o riesgo de regresar.

Pedir ajuste de estatus a través de vínculos familiares, laborales o matrimoniales con ciudadanos o residentes permanentes.

Aplicar a visas humanitarias, como la U (para víctimas de delitos) o la T (para víctimas de trata). En algunos casos, presentar una moción de reapertura o apelación si hubo un proceso migratorio pendiente.

Adelys Ferro, activista y directora del Venezuelan American Caucus, conversó con #DNews sobre la difícil situación migratoria en la que se encuentran miles de ciudadanos.

“Acá en Estados Unidos no hay embajada ni consulado venezolano desde 2019. No hay nadie que nos represente ni esté levantando la voz en el ámbito político ante la administración Trump. No tenemos quien nos gestione un pasaporte, o identificación, eso significa que aún las personas que se quieren ir muy probablemente no podrñán, porque quienes entraron por la Frontera Sur, muchos venían con identificación y la Patrulla Fronteriza se las retuvo al ingresar. Otros la perdieron durante estos años. Yo no tengo pasaporte desde 2019 y si fuese a Venezuela terminaría presa”, narró Ferro.

Agregó que muchos venezolanos han comprado casas, tienen negocios e incluso emplean gente, y esta situación del TPS representa una “tragedia” para su permanencia.

Capriles pide ayuda a la comunidad internacional

El dirigente político Henrique Capriles Radonski rechazó la decisión ejecutiva de la administración Trump que, afirmó, “deja a tantas familias en la incertidumbre después de años de esfuerzo y trabajo honesto”.

Destacó que la inmensa mayoría de los venezolanos “no han cometido ningún delito o falta en los Estados Unidos” y que las actuaciones de unos pocos “no debería nunca afectar a toda una comunidad que desde el día uno han puesto todo para salir adelante y contribuir al desarrollo de una nación”.

El excandidato presidencial y electo como diputado a la AN de corte oficialista que se instalará en enero de 2025 recordó que los migrantes venezolanos no se fueron por gusto, sino que huyeron “de la crisis, de la persecución y del fracaso de una falsa revolución que destruyó a nuestro querido país”.

Lamentó que esos mismos ciudadanos ahora estén en riesgo de ser “perseguidos en EEUU, maltratados y deportados, obligados a volver sin garantías de libertad, democracia ni condiciones de vida dignas”, situación que denunció, viola los derechos humanos.

En ese sentido, pidió “a la comunidad internacional en su diversidad” apoyo para un pueblo “que sigue luchando por sobrevivir y por reencontrarse con la libertad”

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa |  Exiliados nicaragüenses y el retiro de la nacionalidad: “Es como si te quitaran a tu madre”

Alianza Rebelde Investiga (ARI)
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La Conversa |  Exiliados nicaragüenses y el retiro de la nacionalidad: “Es como si te quitaran a tu madre”

Para el periodista nicaragüense y director del medio Artículo 66, Álvaro Navarro, cuando un gobierno procede a quitarle la nacionalidad a un ciudadano es similar a la separación forzada de un hijo del lecho materno.

“Quedamos en orfandad, es un golpe al estado de ánimo”, dijo el comunicador social durante la edición de este jueves 6 de noviembre de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual.

En el programa titulado “La vida sin nacionalidad: el mal ejemplo de Nicaragua“, también estuvo la periodista Lucía Pineda, directora de 100% Noticias, quien expresó que además de su ciudadanía, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, la despojó de sus bienes materiales.

Pineda relató a Víctor Amaya, director de Tal Cual; César Batiz, director de El Pitazo y Luis Blanco, director de Runrunes, que la administración sandinista actúa de forma arbitraria y hasta absurda en torno al retiro de la nacionalidad a los ciudadanos.

Amaya apuntó que el gobierno de Nicaragua ha estado a la vanguardia en lo que se refiere a despojo de nacionalidad en el mundo. Actualmente hay más de 400 expatriados, entre ellos periodistas, opositores, sacerdotes, intelectuales y cualquier persona que se oponga al régimen Ortega-Murillo.

Batiz expuso que en Venezuela están empleando la Ley llamada como el padre de la patria (Simón Bolívar), para dejar precisamente sin patria a ciudadanos venezolanos.

El director de Tal Cual puntualizó que de acuerdo al artículo 35 de la Constitución Nacional ningún venezolano por nacimiento puede ser despojado de su nacionalidad y solo pudiesen entrar en esa categoría de expatriados aquellos que la hayan obtenido por naturalización.

Además indicó que en su artículo 8, la Ley Simón Bolívar habla de castigos a quienes promuevan sanciones unilaterales contra Venezuela, pero no especifica el retiro de la nacionalidad.

Blanco explicó que el gobierno de Maduro pretende saltarse la Constitución cuando amenaza a opositores como Leopoldo López y Yon Goicoechea, ambos en el exilio, de quitarles la nacionalidad venezolana, amparándose en el artículo 130 de la Constitución que se refiere al deber de honrar y defender a la patria. 

Navarro aseveró que, a diferencia de los pasos que está dando el gobierno madurista en dirección hacia el retiro de nacionalidades, en Nicaragua, el régimen de Ortega y Murillo primero despojó de la ciudadanía a cientos de sus compatriotas y después reformó la Constitución.  

Blanco salió al paso diciendo que precisamente el chavismo ha asomado una posible reforma constitucional para 2026.

El mismo libreto

Para el director de Artículo 66, regímenes como el de Ortega y Murillo en Nicaragua, Maduro en Venezuela y Miguel Díaz-Canel en Cuba, emplean el mismo libreto y se copian los atropellos a los derechos humanos.

“Hay cosas en las que los tiranos aprenden entre sí, se están dando lecciones desde Managua. El criterio para quitarle la nacionalidad a una persona es el capricho, ellos (Ortega y Murillo) dicen que son la patria y quien se oponga a ellos, son calificados de traidores”, comparó.

A juicio de Navarro, el gobierno sandinista contradice su propia reforma constitucional, porque según esta, solo son objeto de expatriación aquellas personas que hayan sido juzgadas por traición a la patria: “No es mi situación y tampoco la de Lucía y la mayoría no han ido a tribunales”. 

Pineda indicó que en su caso fue despojada de la nacionalidad cuando ya se encontraba fuera de Nicaragua y había ingresado legalmente con su pasaporte a Costa Rica.

Navarro informó que luego del retiro masivo de nacionalidades a nicaragüenses, al menos siete países se ofrecieron para albergar a los expatriados, entre ellos España. “Ya 110 hemos obtenido o estamos en vía de conseguir la nacionalidad española”, precisó.

Un pasaporte en el aire

Tanto Navarro como Pineda informaron que al igual que en Venezuela, el gobierno nicaragüense se ha abocado a anular un número indeterminado de pasaportes y al quedar sin nacionalidad, el ciudadano no sabe qué hacer con este.

Pineda agregó que a muchos nicaragüenses no le permiten renovar el pasaporte y miles de los que están afuera son declarados como apátridas. 

“Ahora hay un patrón que consiste en que a la gente que sale de turista no la dejan regresar y para poder hacerlo tienen que pagar entre cinco y seis mil dólares, además de firmar una carta de compromiso pidiendo perdón a Ortega y Murillo por haber disentido en algo”, detalló.

La directora de 100% Noticias dijo que es complejo hacer periodismo fuera de suelo nicaragüense y que hay centenas de comunicadores sociales exiliados o que se han dedicado a ejercer otra profesión. Aseguró que en Nicaragua no hay periodistas independientes trabajando y que la mayoría de los medios están bloqueados y censurados.

Navarro añadió que hay 12 directores de medios de comunicación de Nicaragua ejerciendo fuera de sus fronteras.

Pese a la adversidad, Pineda aseguró que al menos 60% de la audiencia de la página web que conduce proviene de Nicaragua.

“A los periodistas no los han quitado todo, menos la audiencia”, sentenció.

Confían en un efecto dominó

“Yo creo que una salida del poder de Maduro puede generar un impacto en Nicaragua”, dijo Pineda.

Para la periodista, todos los regímenes autoritarios tejen redes de colaboración y por ello estima que el tándem Ortega-Murillo también pudiese estar implicado en presunto tráfico de droga hacia Estados Unidos, como está señalado el gobierno de Maduro.

Pineda expresó que actualmente hay temor dentro de las propias filas del sandinismo con purgas internas, encarcelamientos, persecución y hostigamiento.

Navarro añadió que en Nicaragua hay expectativa de lo que suceda en Venezuela.

“Ojala que Estados Unidos pase de la retórica a acciones que provoquen un verdadero cambio en Venezuela y que esto pueda generar un efecto dominó en Nicaragua y Cuba”, concluyó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Espacio Runrun.es | Caleca llama a la resistencia interna y no caer en la deriva totalitaria

Provea denunció deliberado estancamiento de sueldos y pensiones

Redacción Runrun.es
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Provea denunció deliberado estancamiento de sueldos y pensiones

La ONG Provea denunció que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene un deliberado estancamiento de sueldos y pensiones, ambos fijados en 130 bolívares, equivalentes a poco más de 0,5 dólares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

“El deliberado estancamiento de los salarios y pensiones, desde hace más de tres años, ha menguado drásticamente el poder de consumo de las familias y desvalorizado el trabajo como fuente de desarrollo individual y colectivo”, escribió la organización en su cuenta de X.  

Provea indicó que en la víspera de 2026, el chavismo es responsable de un histórico retroceso económico, acompañado de un proceso de empobrecimiento generalizado, desigualdad y exclusión social.  

“La alardeada irrupción definitiva del nuevo Estado Democratico y Social de Derecho y Justicia, plasmada en el Plan de la Patria, no alentó a la administración de Maduro a enaltecer los valores de la democracia y la garantía de los derechos sociales”, expuso Provea.

Desde marzo de 2022, el salario mínimo de los trabajadores en Venezuela se mantiene estancado en Bs. 130 mensuales, lo que en ese entonces equivalía a 30 dólares.

De acuerdo a cifras emanadas del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), el costo de la canasta básica se ubicó en el primer cuatrimestre del año en poco más de 500 dólares, casi 900 veces más que el sueldo mínimo oficial.  

Según el Cendas, la inflación acumulada en el sector alimentario durante los primeros cuatro meses de 2025 fue de 65,36%, mientras que la interanual, medida de abril de 2024 a abril de este de este año, fue de 109.9%.

Para paliar la crisis de sueldos, el Ejecutivo ha implementado un bono de alimentación de $40 y otro llamado bono de “guerra económica” de $120 mensuales. Ambos se pagan fuera de la estructura salarial y no generan pasivos laborales. 

Provea recordó que de acuerdo a la Constitución nacional, el Estado tiene la obligación de garantizar un ingreso suficiente para una vida digna, ajustado periódicamente al costo de la canasta básica. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

FCU-UCV denuncia cierre del comedor estudiantil por falta de insumos

El Mañanero del 7 de noviembre: ONG documentó 17 violaciones a la libertad de expresión en octubre

Redacción Runrun.es
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El Mañanero del 7 de noviembre: ONG documentó 17 violaciones a la libertad de expresión en octubre

 ¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del 7 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

De acuerdo a la ONG Espacio Público, en octubre de este año se registraron 17 violaciones a la libertad de expresión. Según la organización, hubo 11 actos de intimidación, dos de hostigamiento judicial y dos de censura.

Las víctimas fueron cuatro periodistas, dos medios de comunicación, un par de reporteros gráficos y cinco particulares.

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Recién salido del horno: otras noticias del día

Dirigente de VV María Oropeza cumple 15 meses detenida

Venezuela, en fase “exploratoria” de la IA en la educación

María Corina Machado: “Maduro empezó esta guerra y Trump la está terminando” 

Espacio Runrun.es | Caleca llama a la resistencia interna y no caer en la deriva totalitaria

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

Gaby Arellano le responde a Diosdado Cabello: “La persecución transnacional la comenzaste tú, fueron tus órdenes contra la vida del teniente Ronald Ojeda en Chile (…) El terror que has desplegado en estos días en Bogotá contra mi persona y otros más, no nos va a desarticular ni acallar.

Azuquita pa’l café

Descubrieron que podían deslizarse por la colina de hierba… y ahora es su nuevo pasatiempo favorito.

La ñapa (recomendamos…)

Juan Luis Guerra presenta una nueva versión de su emblemática canción ‘Estrellitas y Duendes’, ahora junto a la inconfundible voz de Sting. Una colaboración histórica que se siente tan mágica como la canción misma.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Dirigente de VV María Oropeza cumple 15 meses detenida

Redacción Runrun.es
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Dirigente de VV María Oropeza cumple 15 meses detenida

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela recordó que este jueves, 6 de noviembre, la abogada y activista María Oropeza cumple 15 meses detenida.

“Una mujer llanera, de grandes convicciones, comprometida con la verdad, con la democracia y la justicia, fiel amante de la libertad. Hoy su voz está secuestrada, pero su legado y su profundo amor por el país, lo seguimos replicando dentro y fuera de Venezuela”, expresó el comité a través de su cuenta en X.

La ONG Un Mundo Sin Mordaza publicó un mensaje en el que rechaza la “injusta” encarcelación de la activista y para exigir su libertad.

“Oropeza fue encarcelada injustamente. Por creer en la libertad. Por luchar por ella. Por defender la democracia. Hoy exigimos su libertad y la de todos los presos políticos en Venezuela”.

El grito de auxilio de María Oropeza

El video de la detención de la coordinadora de Vente Venezuela en Portuguesa, María Oropeza, le dio la vuelta al mundo hace 15 meses. La abogada y activista transmitió en vivo el momento en el que  agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) entraban a su casa en Guanare de forma violenta.

Previo a su detención, Oropeza había denunciado sobre la “operación tun tun” contra la oposición, desplegada por la administración madurista luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

La “operación Tun Tun” es persecución política contra los venezolanos que defienden la verdad, y la verdad es que Edmundo González es el Presidente Electo de Venezuela, elegido por una inmensa mayoría el pasado 28 de julio”, publicó Oropeza horas antes de que, en el marco de esa misma política de represión, la privaran de su libertad.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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