América Latina parece un teatro sin telón donde la tragedia se repite con nuevos actores, pero con el mismo libreto: los gobiernos declaman versos de libertad mientras ensayan alianzas con quienes la estrangulan. Las cancillerías se llenan de discursos sobre derechos humanos y hermandad regional, mientras los exiliados vuelven a caer bajo el mismo fuego del que escaparon. Todo se maquilla con un tuit solidario, una cumbre de emergencia y algunas frases y palabras solemnes sobre la “paz”, el “dialogo” o la “autodeterminación de los pueblos”, mientras las víctimas son atendidas con condolencias de papel y silencios diplomáticos. En este escenario de contradicciones, la coherencia es el único exiliado que nadie parece dispuesto a recibir, y la justicia, una actriz secundaria que siempre entra en escena cuando el público ya se ha ido.
El lunes 13 de octubre de 2025 quedarán grabados en la memoria del exilio venezolano los nombres de Yendri Omar Velásquez y Luis Alejandro Peche. Ambos resultaron heridos en un atentado en Bogotá cuando abandonaban un edificio en la zona norte de la ciudad: un ataque deliberado que encendió alarmas en la comunidad migrante y entre organismos internacionales de derechos humanos. La pregunta que quedó resonando fue brutal y simple: si huyes de la represión, ¿a dónde puedes ir para estar seguro?
Velásquez, activista LGBTIQ+ y coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, dejó su país tras sufrir persecución política y ver su pasaporte anulado, convencido de que en Colombia encontraría refugio. Peche, consultor político con trayectoria en Venezuela, también fue alcanzado por los disparos. Las autoridades colombianas manejaron inicialmente la hipótesis de crimen organizado como móvil principal, aunque sectores de la oposición venezolana y defensores de derechos humanos sostienen que no puede descartarse la pista de una operación política transnacional.
Tras la agresión surgieron demandas de acción inmediata. ACNUR Colombia condenó el ataque y solicitó que la protección para defensores de derechos incluya a solicitantes de asilo, reclamando una investigación pronta y rigurosa. Amnistía Internacional exigió garantías efectivas para personas vulnerables y medidas que permitan su protección real, no solo simbólica. Voces de la comunidad venezolana y de la oposición internacional llamaron la atención sobre un patrón de hostigamiento que, según denuncias y reportes, se ha repetido en diversas latitudes.
El presidente Gustavo Petro condenó públicamente el ataque y anunció medidas especiales para proteger a defensores extranjeros. No obstante, las críticas apuntaron pronto a la distancia entre la palabra y la acción: la lentitud de los trámites migratorios, la saturación institucional y la ausencia de protocolos eficaces mantienen a muchas personas en un limbo que las expone a riesgos. Es esa brecha administrativa y operativa —más que un mero déficit presupuestario— la que abre ventanas de vulnerabilidad para quienes buscan refugio.
En medio de este clima emerge la voz de la Fundación Juntos Se Puede y de su directora, Ana Karina García. A pocos días del atentado, García denunció que una colaboradora fue interceptada cerca de su vivienda por sujetos que preguntaron si trabajaba con la fundación y le sustrajeron el teléfono. Además, reportó vigilancia constante de vehículos con placas venezolanas frente a su domicilio y sede organizativa. Para García, estos episodios no son hechos aislados: configuran un patrón de hostigamiento y seguimiento dirigido al activismo exiliado en Bogotá. La fundación insiste en que no cerrará sus puertas pese a las amenazas porque sus servicios son indispensables para inmigrantes y refugiados venezolanos.
Este suceso remite, con dolorosa claridad, al caso del opositor Ronald Ojeda en Chile: un exiliado asesinado pese a haber buscado asilo, cuya investigación apuntó a redes criminales con conexiones transnacionales y generó cuestionamientos sobre las debilidades de los mecanismos de protección. Ambos episodios, el de Bogotá y el de Santiago, evidencian que la represión puede seguir a las víctimas más allá de las fronteras y que los Estados receptores a veces carecen de la voluntad o de la capacidad para neutralizar ese riesgo.
Quienes huyeron por la persecución no pueden conformarse con discursos de hermandad si no existen garantías tangibles: protocolos de protección anticipados, recursos específicos, unidades investigativas especializadas y un aparato estatal que actúe con diligencia. La protección no puede delegarse exclusivamente en organizaciones civiles: Juntos Se Puede es parte esencial de la infraestructura de atención, pero no puede sustituir la responsabilidad del Estado. Sus denuncias, sus registros y su trabajo de acompañamiento son insumos que exigen respaldo institucional, no solo gestos de reconocimiento público.
No basta condenar el atentado ni prometer investigaciones: hay que anticipar la violencia, blindar rutas de protección, abrir pesquisas independientes con cooperación internacional y sancionar sin vacilación. Permitir que la represión cruce fronteras equivale a renunciar al deber de proteger. Y en esa renuncia se erosiona la dignidad del asilo y se normaliza una vulnerabilidad inaceptable.
Aplaudir las buenas maneras mientras se dispara a los que piden refugio: he ahí la elegante coreografía de la política regional. Entre fotos de protocolo, comunicados solemnes y promesas de “investigación” —que nunca llegan a nada concreto— se ejecuta una realidad más cruda: la persecución puede cruzar fronteras y los Estados, a veces, solo prestan la sala para la función.
La política de asilo, refugio y protección es, en esencia, una prueba ética de la democracia: medirla a través de discursos solemnes sin articular respuestas operativas significa fallar en su prueba más elemental. No se trata únicamente de castigar a los autores materiales del crimen; se trata de desmontar las condiciones que permiten que esas violencias traspasen fronteras: burocracias lentas, protocolos insuficientes, cooperación internacional fragmentada y diplomacias ambiguas. La sociedad que aplaude la solemnidad de la condena, pero evita la incomodidad de la acción termina por legitimar la precariedad del refugiado.
Exigir justicia para Velásquez y Peche es, al mismo tiempo, demandar un compromiso moral: que el Estado deje de ser espectador y sea protector, que la solidaridad deje de ser retórica y se convierta en política pública, reglas y responsabilidades claras. Porque la democracia, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos, no es la que se proclama en discursos, sino la que se garantiza con hechos, sin importar las fronteras de las simpatías ideológicas… lo demás es hipocresía.
- @NixonDominguez | Historiador – Universidad de Los Andes / Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. / Instagram: Nixonjds
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