El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) denunció el pasado 9 de septiembre que funcionarios secuestraron a miembros de la familia de Miguel Guillén, colaborador de la líder opositora María Corina Machado en el estado Carabobo.
De acuerdo a la ONG, efectivos policiales irrumpieron en la vivienda de Guillén en la urbanización Paso Real de San Diego, Valencia y aprehendieron a su madre Miriam Fernández Ruiz de 72 años y a su hijo Miguel Angel Guillén de 17.
Posteriormente obligaron a la hija de Guillén, Chantal Guillén Ibarra de 21 años a acudir a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el sector La Esmeralda para entregar una supuesta información y también la dejaron detenida junto a su hija de apenas 2 años, Nicole Palermo. Se trataba del sippenhaft, un principio jurídico alemán que data de tiempos medievales y que automáticamente extiende la responsabilidad penal de los individuos a sus parientes.
El fascismo entró al grupo
Traducido al castellano la palabra sippenhaft significa responsabilidad familiar o de clan y el instrumento le sirvió al Tercer Reich para arrestar, culpabilizar e incluso condenar a muerte a los parientes de quienes eran considerados enemigos de Estado en la Alemania nazi.
Hitler y sus acólitos emplearon este recurso como retaliación contra los señalados de conspiradores. Si no podían capturarlos, detenían y torturaban a sus familiares para quebrarlos emocionalmente, algunos se entregaban voluntariamente con la esperanza de que no le hicieran daño a sus afectos, otros simplemente eran carcomidos por la impotencia desde el exilio o la clandestinidad.
El Clippve informó que gracias a la presión ejercida por defensores de derechos humanos, familiares y amigos, Miguel Angel y la niña fueron liberados en la madrugada del 8 de septiembre, mientras las autoridades niegan haber detenido a Fernández Ruiz y a Chantal Guillén por lo que se encuentran en desaparición forzada.
“Esto es algo que tenemos viendo desde al menos 2014, un ejemplo claro es la familia Baduel. La extensión de la persecución a familiares de objetivos políticos en Venezuela no es novedosa, lo que sí es nuevo es que se ha convertido en una práctica que ahora puede alcanzar a cualquiera”, dijo Martha Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Andreína Baduel, hija del fallecido en prisión exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, denunció que desde mediados de junio de este año patrullas policiales y encapuchados rondan su residencia, coincidiendo con la fecha en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) le otorgó medidas cautelares de protección.
La activista también ha alzado la voz para reclamar que a su hermano Josnars Baduel, detenido en la cárcel de El Rodeo I en el estado Miranda no le suministran las medicinas que le provee la familia para paliar el dolor y las crisis alérgicas consecuencia de las torturas por asfixia a las que ha sido sometido.
“Ser Baduel no es un delito”, ha dicho en reiteradas oportunidades la defensora de DDHH.
La directora y fundadora de la ONG Acceso a la Justicia, Laura Louza, sentenció que en el segundo informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, los investigadores aseguran haber recibido información de que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) habrían amenazado con aplicar la táctica del sippenhaft a disidentes detenidos.
“El hecho de involucrar a niños y a ancianos más recientemente en Venezuela significa que está escalando el patrón de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”, indicó Louza.
La directora de Acceso a la Justicia manifestó que es paradójico que el Estado detenga a un grupo con el objetivo básico de causar daño y a la vez sea el responsable de velar por la seguridad de los aprehendidos.
“En este caso lo lógico sería acudir a un tribunal para pedir un habeas corpus porque la persona está detenida arbitrariamente, pero el habeas corpus prácticamente murió en Venezuela, al final no hay quien proteja en Venezuela, la única opción es acudir a la CIDH a pedir una medida preventiva de protección cautelar, pero el Estado tampoco le presta atención a esto”.
Con varias finalidades
Tineo expuso que el sippenhaft es empleado en Venezuela con diversas finalidades.
“Para que la persona se autoincrime o incrimine a terceros. como tortura psicológica o simple extorsión”.
Tineo también señaló como ejemplo de esta práctica a los familiares de la presa política, Rocío San Miguel.
“A Rocío la detienen y horas después al resto de su familia”.
San Miguel fue aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía junto a su hija (posteriormente excarcelada) en febrero de 2024 y el mismo día fueron detenidos su padre, dos hermanos y su exesposo, Alejandro González.
Luego de diez días de estar incomunicada y en desaparición forzada se conoció que su centro de reclusión es El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
Tineo aseveró que con la detención de familiares de perseguidos pertenecientes a la tercera edad se está violando un precepto constitucional.
“Ninguna persona mayor de 70 años debe estar privada de libertad en un centro reclusión, lo indicado es que reciba una medida sustitutiva”.
La coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón también citó el caso de la periodista del medio La Patilla, Ana Carolina Guaita.
Guaita estuvo cuatro meses presa y fue víctima de la represión desatada por el gobierno luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
El dirigente político César Pérez Vivas declaró a la cadena CNN que el único “delito” de Guaita es ser hija de dos dirigente políticos de oposición de La Guaira comprometidos con el cambio en Venezuela.
Según Pérez Vivas, el gobierno aprehendió a la comunicadora social como medida de presión para que sus padres se entregaran a los cuerpos de seguridad.
“Estamos en presencia de una justicia politizada, que viola los más elementales derechos por obedecer las instrucciones del Partido Socialista Unido de Venezuela”, dijo el exgobernador del estado Táchira.
Tineo expresó que en muchos casos la gente ni siquiera denuncia por miedo.
La activista no se atrevió a decir si la práctica del sippenhaft se ha incrementado con la designación desde hace poco más de un año de Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia o la presencia de buques de la Armada estadounidense en el mar Caribe.
“Lo único cierto es que la represión ha aumentado de forma escandalosa a partir de las elecciones del 28J, seguimos presenciado el fenómeno de la puerta giratoria, por un lado excarcelan a personas y por el otro siguen deteniendo, quizás la designación de DC impuso el lado más agresivo de la persecución”.
Tineo sentenció que aunque no puede calificar de detención el caso de la niña de dos años Nicole Palermo es algo contra natura.
“Es aberrante, algo que viola todos los pactos internacionales, una niña que quedó en medio de este horror, además en esos sitios que suelen ser insalubres, recordemos que aún hay cuatro adolescentes presos y 17 personas de tercera edad, además gente con patologías”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
