Reacciones | Indignación y exigencia de justicia tras el asesinato del capitán indígena Julio Rodríguez

La sociedad civil, defensores de derechos humanos y diversas organizaciones reaccionaron con firmeza ante el secuestro y asesinato del líder indígena de la comunidad Jivi Ekunay, Julio Rodríguez, denunciando la gravedad del hecho y exigiendo respuestas inmediatas del Estado.

Una de las primeras organizaciones en pronunciarse fue la ONG Fundaredes quienes desde su cuenta en Instagram rechazaron el asesinato de Rodríguez en el estado Bolívar.

Fundaredes alertó que el hecho confirma “la extrema vulnerabilidad en la que viven las comunidades indígenas expuestas a la presencia de grupos armados irregulares en territorios mineros y fronterizos”.

La organización exigió al estado venezolano una inmediata, exhaustiva y transparente, así como la sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de este crimen. Asimismo, demandó la adopción de medidas de protección reales para resguardar la vida, la integridad y el territorio de los pueblos indígenas que siguen siendo víctimas de desplazamiento, amenazas y violencia armada.

“Su muerte obliga a renovar el llamado nacional e internacional para detener la impunidad y garantizar justicia para las comunidades indígenas de Venezuela”, se lee en el post.

La ONG Caleidoscopio Humano alertó a través de su cuenta en X que el crimen de Julio Rodríguez “evidencia la grave desprotección de estas comunidades ante grupos armados”.

El defensor de derechos humanos y coordinador de Provea, Oscar Murillo, indicó que el Ministerio Público (MP) tiene la obligación legal y constitucional de iniciar de oficio una investigación sobre el asesinato del líder del pueblo Mapoyo.

“En Provea, exigimos la adopción de medidas urgentes para salvaguardar la vida y los territorios de los pueblos indígenas a causa de la disputa por la extracción ilegal de minerales en el estado Bolívar”, expresó.

La ONG Derechos Humanos en Acción también se pronunció por el asesinato del líder indígena y advirtió que la protección de los pueblos indígenas no puede esperar.

“La muerte del capitán indígena Julio Rodríguez, de la comunidad Jivi Ekunay del pueblo Mapoyo, vuelve a encender las alertas sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan comunidades indígenas ante la presencia y actuación de grupos armados en sus territorios”, se lee en el mensaje.

Las voces que se han pronunciado insisten en que la defensa de los pueblos indígenas es una responsabilidad impostergable. Su demanda final es que la muerte del capitán Rodríguez no sea otro episodio silenciado, sino el inicio de una respuesta estatal que garantice vida, integridad y derechos en los territorios más vulnerables del país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La ONG Derechos Humanos en Acción se pronunció por el asesinato del líder indígena y advirtió que la protección de los pueblos indígenas no puede esperar
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La sociedad civil, defensores de derechos humanos y diversas organizaciones reaccionaron con firmeza ante el secuestro y asesinato del líder indígena de la comunidad Jivi Ekunay, Julio Rodríguez, denunciando la gravedad del hecho y exigiendo respuestas inmediatas del Estado.

Una de las primeras organizaciones en pronunciarse fue la ONG Fundaredes quienes desde su cuenta en Instagram rechazaron el asesinato de Rodríguez en el estado Bolívar.

Fundaredes alertó que el hecho confirma “la extrema vulnerabilidad en la que viven las comunidades indígenas expuestas a la presencia de grupos armados irregulares en territorios mineros y fronterizos”.

La organización exigió al estado venezolano una inmediata, exhaustiva y transparente, así como la sanción de todos los responsables materiales e intelectuales de este crimen. Asimismo, demandó la adopción de medidas de protección reales para resguardar la vida, la integridad y el territorio de los pueblos indígenas que siguen siendo víctimas de desplazamiento, amenazas y violencia armada.

“Su muerte obliga a renovar el llamado nacional e internacional para detener la impunidad y garantizar justicia para las comunidades indígenas de Venezuela”, se lee en el post.

La ONG Caleidoscopio Humano alertó a través de su cuenta en X que el crimen de Julio Rodríguez “evidencia la grave desprotección de estas comunidades ante grupos armados”.

El defensor de derechos humanos y coordinador de Provea, Oscar Murillo, indicó que el Ministerio Público (MP) tiene la obligación legal y constitucional de iniciar de oficio una investigación sobre el asesinato del líder del pueblo Mapoyo.

“En Provea, exigimos la adopción de medidas urgentes para salvaguardar la vida y los territorios de los pueblos indígenas a causa de la disputa por la extracción ilegal de minerales en el estado Bolívar”, expresó.

La ONG Derechos Humanos en Acción también se pronunció por el asesinato del líder indígena y advirtió que la protección de los pueblos indígenas no puede esperar.

“La muerte del capitán indígena Julio Rodríguez, de la comunidad Jivi Ekunay del pueblo Mapoyo, vuelve a encender las alertas sobre las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan comunidades indígenas ante la presencia y actuación de grupos armados en sus territorios”, se lee en el mensaje.

Las voces que se han pronunciado insisten en que la defensa de los pueblos indígenas es una responsabilidad impostergable. Su demanda final es que la muerte del capitán Rodríguez no sea otro episodio silenciado, sino el inicio de una respuesta estatal que garantice vida, integridad y derechos en los territorios más vulnerables del país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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