Yenny Barrios murió esperando. Sus últimos días transcurrieron en una lucha por sobrevivir y una súplica que fue ignorada por el sistema de justicia venezolano: ver por última vez a su hijo, Diego Sierralta, también preso político.
La expresa política, líder social de Carora (estado Lara) y activista de Voluntad Popular, falleció a los 52 años sin poder recibir el abrazo de Diego, pese a que múltiples organizaciones clamaron por una medida humanitaria para que su hijo pudiera verla. Pero el Estado impidió el último encuentro.
El 9 de septiembre de 2024, Barrios fue detenida de forma arbitraria por funcionarios de seguridad que irrumpieron en su casa. Habían pasado apenas 17 días desde que había sido operada de un linfoma no hodking. La señalaron de supuestamente participar en actos vandálicos contra la sede del PSUV en Carora en el contexto de las protestas poselectorales de 2024. Fue acusada de “terrorismo” e “instigación al odio” y estuvo recluida primero en la Estación Policial Municipal Torres al Centro de Detención Pata ‘e Palo en Barquisimeto. Todo esto ocurrió a pesar de que su hijo aseguró varias veces públicamente que ella ni siquiera votó en los comicios del 28 de julio de 2024 por lo afectada que estaba su salud.
Yenny Barrios pasó 93 días detenida. Durante ese tiempo, su tratamiento fue interrumpido y su salud se agravó, a pesar de las constantes denuncias de su hijo porque pudiera recibir la quimioterapia que necesitaba inmediatamente después de la operación. Sus condiciones de reclusión nunca fueron óptimas: compartía una celda de 4×2 metros con otras 18 mujeres y en los primeros días, por falta de espacio, debió dormir en el piso, a pesar de estar recién operada.
Aunado a eso, en los primeros días, no le permitieron recibir atención médica para sus heridas operatorias. Luego de la insistencia de sus familiares, el director del centro accedió tanto a esta petición, como a que pudiera iniciar el ciclo de sus quimioterapias, aunque con más de dos meses de retraso.
Todas estas limitaciones para el acceso oportuno a su tratamiento estuvieron de espaldas al Artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que la salud es un “derecho social fundamental” y que es obligación del Estado, “que lo garantizará como parte del derecho a la vida”. La misma Carta Magna, en su Artículo 272, exige al Estado garantizar en los centros penitenciarios el respeto a los derechos humanos de quienes están en prisión, lo cual incluye la salud.
Cabe recordar también que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) establecen que el Estado es responsable de la salud de los reclusos, quienes deben gozar de la misma calidad de atención que el resto de la población (Regla 24) y también ordena que los reclusos que requieran tratamiento especializado (como ameritan patologías como el cáncer) sean trasladados a “instituciones especializadas o a hospitales civiles” (Regla 27). Mantenerla en cárceles como Uribana o en el Centro Pata e’ Palo violó esta última regla.
Tamara Sujú, directora del Instituto Casla, insistió en una entrevista a NTN24 en la crueldad de la situación a la que fue prolongadamente sometida Barrios.
“En los últimos días de noviembre de 2024 y primeros días de diciembre de ese año le hicieron las quimioterapias por las que su hijo clamaba. Pero le hacían las quimioterapias y la regresaban a la cárcel”, recordó con indignación.
"El caso de Yenny Barrios es horrible, es terriblemente cruel lo que ha pasado": Tamara Sujú (@TAMARA_SUJU ), directora ejecutiva de Casla Institute, sobre caso de madre y ex presa política que murió sin poder ver a su hijo porque también fue detenido por el régimen de Maduro, en… pic.twitter.com/Yj3eGG4aAu
— NTN24 (@NTN24) November 6, 2025
Justo después de ese segundo ciclo de quimioterapias -a principios de diciembre de 2024- en lugar de recibir una medida humanitaria inmediata por la debilidad que estas le causaban, a Barrios la trasladaron a la cárcel de Uribana junto a otras siete presas políticas. No fue sino hasta avanzado ese mes que la activista social fue excarcelada a raíz de las insistentes denuncias de su hijo sobre su situación de salud.
El segundo golpe: la detención de su hijo
Mientras Yenny estuvo presa, su hijo Diego Sierralta denunció incansablemente la vulneración a los derechos de su madre. Él era su único soporte familiar y de cuidado, y también la cara visible de la exigencia de justicia para ella. Pero el 22 de enero de 2025, a mes y medio de la excarcelación de Yenny, Diego corrió la misma suerte que Barrios y fue detenido arbitrariamente.
La razón de su detención evidencia la desesperación de las familias de los pacientes en Venezuela. Según Tamara Sujú, Diego necesitaba un medicamento para Yenny y no tenía dinero para comprarlo. Por eso, recurrió a un grupo de WhatsApp en donde pacientes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) intercambiaban medicinas para ofrecer unos parches para el dolor a cambio de lo que su madre necesitaba. Pero la represión en Venezuela tampoco respeta este tipo de espacios.
“Una doctora que estaba en ese chat para espiar y extorsionar a los que intercambian desesperadamente medicinas para sobrevivir se hizo pasar por una persona interesada en esos parches, mandó a una persona a buscarlos y, en ese momento, lo detienen y lo acusan de asociación para delinquir por tratar de cambiar dos parches”, narró Tamara Sujú.
Con Diego preso en el Centro de Detención Preventiva Pata ‘e Palo, en Barquisimeto, la salud de Yenny se siguió deteriorando. Su único cuidador ya no estaba disponible para asistirla, le hacía falta también ese soporte emocional. En sus últimos días, amigos, familiares y activistas pidieron una medida urgente para que Diego pudiera acompañarla. No hubo ninguna respuesta de las autoridades. La paciente oncológica llegó a necesitar diálisis, pero solo sobrevivió a tres.
“Él era su único hijo, ella pedía ver a su hijo. Sentía que iba a morir y decía que lo único que quería ver a su hijo. Este caso es cruel, es una familia destruida, un hijo preso, una madre que muere esperando ver a su hijo después de ser presa política”, expresó Sujú.
Encerrado en el dolor
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón fue enfática al señalar a Runrun.es la ilegalidad de la reclusión de Yenny: “Ella jamás debió estar presa en esas condiciones, nuestro ordenamiento jurídico deja muy claro que, en esas condiciones, la privativa de libertad debe ser sustituida por otra medida“.
La organización advirtió que los meses en prisión no solo paralizaron su tratamiento, sino que “agravaron su enfermedad por las condiciones de reclusión”. A eso se sumó la detención de su hijo, que la dejó en una vulnerabilidad total.
“No es irresponsable sostener que la vida, la salud, y la dignidad de ella fue vulnerada en todas las formas y sin piedad“, afirman. Sobre Diego, la ONG sentenció: “Literalmente, está encerrado el dolor”.
Por su parte, Provea recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Resolución No. 2/25, estableció recientemente que la ruptura de lazos de protección originada por el encarcelamiento “ocasiona que las personas bajo el cuidado de aquellas detenidas queden expuestas a situaciones de pobreza, marginalidad y abandono”.
La ONG insistió en que la negativa de las autoridades a responder la “medida urgente” solicitada por familiares y activistas para que Diego pudiera acompañar a su madre en sus últimos días podría considerarse como un “acto de trato cruel, inhumano y degradante”.
El Observatorio de Prisiones lamentó el caso y rechazó el trato que recibió esta familia por parte del Estado. “Estos hechos tan lamentables no pueden seguir ocurriendo y no deben ser olvidados. Es por ello que este caso lo hemos documentado y será enviando a instancias internacionales. ¡Habrá justicia!”, aseguraron.
Presos políticos en vulnerabilidad extrema
De acuerdo con los datos compartidos por Justicia, Encuentro y Perdón, hay al menos 90 casos exhaustivamente documentados de presos políticos con criterios de gravedad y urgencia, cuyas patologías van desde cáncer, respiratorias, cardiacas, gástricas, entre otras que ameritan atención médica y cuidados que solo fuera de la prisión pueden recibir.
Entre ellos se encuentran al menos cuatro adolescentes, 26 personas de la tercera edad, cuatro personas dentro del espectro autista y más de 160 mujeres que sufren un impacto diferenciado en prisión.
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