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Piden libertad de tres presos políticos hondureños detenidos hace siete meses en Margarita

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Los familiares de Johonnie Martínez, Walter López y Willy Delano Bowman Webster intensificaron su clamor para lograr la liberación de los tres marinos hondureños, quienes permanecen detenidos en Venezuela desde el 19 de junio de 2025.

A través de un video difundido por la ONG Foro Penal, Tammy Tennyson, esposa de Bowman, hizo un llamado directo: “Mi nombre es Tammy Tennyson, la esposa de Willie Bowman. Estoy pidiendo la libertad de los tres hondureños”.

Según los familiares, los tres hombres formaban parte de la tripulación del N35, un buque de bandera panameña operado por la empresa belga Siatec, dedicado a la investigación arqueológica y la búsqueda de naufragios de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la naturaleza técnica de su trabajo, el Ministerio de Defensa de Venezuela ha calificado sus actividades como presunto espionaje. Fueron detenidos en la isla de Margarita.

Ante estas acusaciones, Tennyson defendió la integridad de los detenidos afirmando que “son hombres trabajadores que siempre proporcionan para su familia. Son hombres honestos que tienen un trabajo de vida honesto”. Sus familiares insisten en que los marinos no son delincuentes y que han sido detenidos arbitrariamente sin evidencias inculpatorias.

Clamor ante el contexto político regional

La situación de los hondureños es considerada crítica, especialmente porque el resto de la tripulación que los acompañaba ya ha sido puesta en libertad. “Es difícil cuando ves que el resto de la escuadra que estaba en el barco con ellos se han liberado. Y solo los tres de ellos no han sido liberados todavía”, expresó Tennyson con angustia.

Además, la falta de contacto con los detenidos ha agravado la desesperación de sus seres queridos, ya que no se tiene información oficial sobre su paradero. “No hemos escuchado nada de ellos desde entonces… Desde septiembre, realmente no recuerdo el día, fue el mes en que me llamó. Desde entonces, no he escuchado nada más de ellos”.

La preocupación aumentó tras los bombardeos ejecutados por el gobierno de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, los cuales culminaron con la captura de Nicolás Maduro. Estos eventos que han agudizado la tensión en la zona donde se encuentran los marinos, publicó Hondudiario.

Debido a que la Cancillería hondureña no ha brindado respuestas efectivas, las familias han solicitado la intervención directa de la presidenta Xiomara de Zelaya para que interceda ante las autoridades venezolanas.

El impacto de esta detención es tanto emocional como económico, pues, como subrayó Tennyson: “Nuestra familia depende de ellos… estoy pidiendo que nos ayuden a liberarlos y a enviarlos a su familia, por favor. Porque no es fácil sin ellos”.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La Conversa | Andreína Baduel: “La puerta giratoria no ha parado”

Pese a las supuestas excarcelaciones masivas anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero, la activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), Andreína Baduel, aseguró que en lo que va de 2026 se han producido nuevas detenciones arbitrarias por parte del Estado venezolano.

Baduel dijo en la edición de este martes 20 de enero de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que la puerta giratoria, donde algunos presos políticos salen de las prisiones y otros entran, no ha dejado de funcionar.

“En menos de una semana, el comité ha recibido denuncias de 200 nuevos casos que no conocíamos, casos de vieja data, que los familiares no denunciaban porque estaban atemorizados”, aseguró la defensora de derechos humanos en el programa conducido por Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes.

Amaya apuntó que las excarcelaciones anunciadas por el gobierno de Delcy Rodríguez se han producido a cuentagotas y no han satisfecho las expectativas de los familiares.

Baduel indicó que en Clippve contabilizan más de 1.000 familias con presos políticos.

“Así como hemos documentado 150 excarcelaciones, tenemos que denunciar que las condiciones en las que están quienes todavía siguen injustamente detenidos son inhumanas”.

El director de Tal Cual señaló que hay opacidad en torno a las cifras por parte del Estado y el propio Rodríguez ofreció una lista de nombres que no ha entregado a diputados de oposición en la Asamblea Nacional.

Baduel informó que debido al oscurantismo por parte del gobierno, cada organización no gubernamental maneja números que no concuerdan, pero que coinciden en que lo prometido a principios de año no se ha llevado a cabo.

Según la activista, el criterio de selección para las excarcelaciones es desconocido, lo único que tienen en común quienes abandonan las prisiones es que poseen medidas cautelares, prohibición de salida del país, declarar a medios de comunicación y empleo de sus redes sociales.

Baduel agregó que entre la cifra milenaria de presos políticos hay más de 200 desaparecidos, 80 personas con condiciones críticas de salud, 26 detenidos que han muerto bajo custodia del Estado, 16 militares que cumplieron condena en noviembre de 2025 y fueron trasladados a un destino desconocido y otros 32 que estaban en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, de los cuales se desconoce su actual paradero.

La activista indicó que desde julio de 2024 han acudido 11 veces a la sede del Ministerio Público sin hasta ahora obtener respuesta sobre las condiciones de los presos políticos.  

“Esto ha sido una montaña rusa de emociones, lo que tenemos claro es que en Venezuela se siguen violando derechos humanos porque a la mayoría de los presos se les impone un mismo patrón y acusa de terrorismo e instigación al odio, además se les impone una defensa pública”, remarcó.

Zona 7: esperanza de libertad

Para Baduel, la Zona 7 de Boleíta en Caracas, donde hay una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que alberga presos políticos, se ha convertido en una especie de bastión de la libertad. Recordó que desde que Jorge Rodríguez hizo el anuncio, familiares de detenidos se encuentran en vigilia permanente frente al centro de reclusión.

De acuerdo a Blanco, la zona, donde están ubicadas empresas y un colegio, presenta un colapso de tránsito desde entonces.

Baduel sostuvo que los familiares son constantemente amenazados para que claudiquen y abandonen el lugar, pero han resistido a la presión. Amaya expuso que la insistencia ha provocado que funcionarios policiales y familiares hayan establecido pactos de convivencia.

A juicio de Baduel, algunos agentes de seguridad no están de acuerdo con las políticas represivas del Estado, sin embargo no terminan de dar el paso para acatar la Constitución.

La activista indicó que la cárcel de El Rodeo I en el estado Miranda, donde está su hermano Josnars, se ha convertido en un centro de tortura ejemplarizante.

“Nos obligan a verlos a través de un vidrio, no podemos proporcionarles alimentos ni bebidas, tampoco permiten atención médica. Mi hermano me ha dicho que no vaya a verle porque teme por mi seguridad, tengo un apostamiento policial constante cerca de mi casa, que no solo afecta mi activismo sino también mi vida”, narró.

Haciéndose eco de la denuncia de coacción hecha por Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, cuyo esposo Rafael Tudares está preso, Baduel manifestó que detenidos y familiares padecen constantemente extorsiones para ser excarcelados o aliviar sus condiciones de reclusión.

“Se aprovechan del dolor de las víctimas”, denunció..

La activista recordó que para ayudar a presos políticos y familiares, la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) activó un operativo para recolectar insumos.

“Estamos pidiendo la apertura de un canal humanitario, esto tiene que ser una conjugación de fuerzas, el llamado es a que se active la solidaridad, las víctimas necesitamos sentir que no estamos solas”, concluyó.

 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Más de 200 mujeres víctimas de VBG atendidas gracias a alianza entre Avesa y Plafam

En un contexto nacional donde la crisis multidimensional persiste y las brechas de desigualdad de género se han agudizado, la respuesta de la sociedad civil organizada se vuelve más vital que nunca. Ante este panorama, la alianza entre la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam) ha demostrado ser un apoyo importante para cientos de mujeres.

Desde el inicio de la implementación operativa de sus servicios conjuntos en septiembre de 2025, el proyecto “Juntas por la atención a víctimas de violencia basada en género en Venezuela” —respaldado por la Unión Europea— ha logrado una cifra de impacto contundente: más de 200 usuarias atendidas en tan solo cuatro meses.

Una respuesta urgente ante un contexto crítico

Venezuela atraviesa un momento donde la precariedad de los servicios públicos y las barreras económicas dificultan el acceso a la justicia y a la salud mental. La violencia basada en género (VbG) no da tregua, y la falta de rutas institucionales claras hace que muchas sobrevivientes queden en el desamparo.

En este escenario, la unión entre Avesa y Plafam no es solo una colaboración logística, sino una fuerza estratégica que combina la experticia en salud sexual y reproductiva de Plafam con la trayectoria en atención psicológica y la defensa de derechos de las mujeres de Avesa. Esta sinergia permite una atención integral que el Estado actualmente no logra garantizar de forma masiva.

Innovación y atención especializada

El éxito de estos primeros meses radica en la implementación de servicios psicológicos y legales gratuitos, seguros y confidenciales a mujeres víctimas de VbG en Amazonas, Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital y Miranda. El proyecto destaca por su enfoque interseccional, con el desarrollo en curso de protocolos específicos para grupos que enfrentan barreras adicionales de discriminación:

  • Mujeres indígenas: Adaptando la atención a realidades culturales y lingüísticas.
  • Mujeres con discapacidad: Eliminando barreras de acceso y comunicación.
  • Mujeres con VIH: Brindando un entorno libre de estigma y discriminación.
  • Mujeres en situación de violencia general: Ofreciendo rutas de salida y empoderamiento.

El valor de la unión

Con cuatro décadas de experiencia individual, Avesa y Plafam reafirman que la salida a la crisis de violencia en Venezuela pasa por el fortalecimiento del tejido social y el apoyo institucional. Los resultados de estos primeros cuatro meses son solo el inicio de un esfuerzo sostenido por devolver la dignidad y la seguridad a las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas.

Contacto para atenciones

La atención es virtual o presencial de lunes a viernes de 8am a 5pm. Se puede solicitar la cita por Whatsapp a través de: 

AVESA 0424-1659742 / Puerto Ayacucho: 0416-4165087 

PLAFAM 0412-2273712

La historia de Venezuela según mi mamá

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Era la mañana del martes 4 de febrero de 1992. Yo tenía once años y dormía en la parte de arriba de la litera de mi cuarto, esperando otro día de colegio. Lo inusual fue que desperté y abrí los ojos ya sin sueño. No entendía por qué mi mamá me había dejado dormir de más cuando, de repente, ella entró al cuarto intempestivamente y le pregunté:

–Mami, ¿qué pasó?

–Trataron de matar al presidente. No hay colegio.

–¡¡¡Eeeeeeeeh!!!

Mi hermano Stevan de nueve años y yo nos levantamos de golpe, emocionados. No porque estuviésemos a favor de los enemigos del Gocho, como le decían al presidente Carlos Andrés Pérez. ¡Estábamos felices por no tener clases! ¡Todo el día para jugar en el parque con nuestros vecinos! Claro, no sin antes conocer por televisión al nuevo personaje que llegaba a nuestras vidas: Hugo Chávez Frías.

Pasaron los años y tanto mi hermano como yo hicimos nuestras vidas. Él se fue a Estados Unidos y yo me quedé en Venezuela. Luego él siguió a Dubái hasta que terminó en Alemania. Más nunca tuvimos un cuarto para dormir los dos solos. Llegaron las parejas, los hijos, las obligaciones y la distancia. Hasta diciembre del 2025.

Fue cuando mi mamá llamó para decir que mi abuela había salido bien de una operación al corazón, diciéndome luego: “…y Stevan me dio la sorpresa de que viene del veintiséis al tres, pero él solo. ¡Vente! Sería la primera vez que tengo a mis tres hijos juntos en mucho tiempo”. Porque también está mi hermano Adrián, quien vive cerquita de ella y es doce años menor que yo.

Qué plan tan formidable terminó concibiendo, sin saber, el cardiólogo de mi abuela. Mi hermano Stevan y yo volvíamos a estar juntos en un mismo cuarto para hablar con la luz apagada antes de dormir, como cuando éramos niños.

Días maravillosos que terminaron ese sábado 3 de enero de 2026. Una madrugada donde también desperté sin sueño, pero gracias a mis cuarenta y cinco años que me levantan cuando les da la gana. Sin embargo, logré dormir otro rato hasta que entró mi mamá de la nada:

–¡¡¡Agarraron a Maduro!!!

–¿Ah?

–¡¡¡Lo dice CNN!!!

–¡Coño!

Me levanté emocionado. Volvería al mismo edificio a ver a mis vecinos en el parque, solo que más calvos y gordos.

Un 4 de febrero de 1992 y el 3 de enero de 2026. Dos momentos en donde mi mamá anunció el giro de la historia venezolana. Dos momentos exactamente separados por treinta y tres años, diez meses y treinta días. Dos momentos que marcan principio y final de una etapa en la historia de Venezuela llamada chavismo.

Y ese 3 de enero a mi hijo Tobías también lo despertó su mamá para darle la noticia: “¡Toby, agarraron a Maduro!”. No le quedó sino emocionarse por las razones correctas. Obviamente no había clases. Lo curioso es que también recibe la noticia a sus once años, como yo en el 92. Ojalá disfrute de una Venezuela libre, que dure mucho más de treinta y tres años, diez meses y treinta días. Aunque de eso nos enteraremos más adelante, cuando Tobías tenga cuarenta y cinco años y yo setenta y nueve.

@ReubenMoralesYa

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El Mañanero del 21 de enero: Un año del segundo mandato de Donald Trump y otras noticias

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del miércoles, 21 de enero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Hace exactamente un año, el Capitolio volvía a ser el escenario del ascenso de Donald Trump, quien tomó posesión para un segundo mandato y se convirtió en el presidente 47 de Estados Unidos.

365 días después, Trump ha cumplido parte de sus promesas de campaña más polémicas en medio de una popularidad oscilante. La última encuesta del Wall Street Journal la fija en 45%, Reuters la sitúa en 41% y un promedio de todas las encuestas nacionales para enero de 2026 indica que está en 42%, frente a un 55% que no aprueba su gestión.

Para Aldo De Santis, consultor político y magíster en Comunicación Política, la palabra que mejor define el primer año del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos es “impensable”, enfatizó que muchas de las cosas que el republicano prometió en campaña, “para bien o para mal”, las ha ejecutado: “Hay un antes y un después tanto en política interior de Estados Unidos como en política exterior después de este primer año. Es impensable e impredecible”, opinó en una entrevista a Román Lozinski.

Recién salido del horno: otras noticias

Laboratorio de Paz exige suspensión inmediata del Decreto de Estado de Conmoción Exterior

El silencio rodea el caso de Rory Branker, quien cumple 11 meses detenido

Hija de EGU denunció que fue víctima de extorsión en sedes diplomáticas, del arzobispado y de ONG

“Crímenes de Estado en la era Chávez”: Corte IDH ordena liberar a hermanos Guevara

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo”, presidente Donald Trump sobre María Corina Machado.

Lo que rompe en redes

Familiares de presos políticos que han pernoctado durante más de 10 días a las afueras de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta, conocidos como Zona 7, denuncian acoso policial por parte de funcionarios del lugar.

Azuquita pa’l café

Después de 23 años de estrenarse la película de Lizzie McGuire, la actriz y cantante estadounidense Hillary Duff volvió a interpretar en vivo la icónica canción “What dreams are made of” en Londres, Reino Unido.

La ñapa (recomendamos…)

La popular serie de televisión y web ecuatoriana Enchufe.TV presentó una parodia satírica de versiones caricaturizadas de Donald Trump y Nicolás Maduro, explicando cómo ocurrió -de forma ficticia- la captura del gobernante venezolano.

¿Puede haber dialogo social en Venezuela con sindicalistas presos?

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La política laboral del régimen ha permanecido bajo vigilancia permanente por la OIT a lo largo del siglo XXI. Tanto, que nuestro país ha recibido la visita en más de 15 ocasiones mediante la asistencia de misiones de todo género: de consulta técnica, de contacto directo, de alto nivel, siendo la más prominente la actual Comisión de Encuesta, aprobada desde 2018.

Este organismo tripartito global ha intentado conducir a esta Administración al cumplimiento de los convenios, mediante el diálogo social. Este consiste en la negociación, consulta e intercambio de información entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre temas económicos y sociales, orientados a lograr el trabajo decente, la justicia social, la paz y el desarrollo sostenible. Su fin es fomentar el consenso y la participación democrática en la toma de decisiones.

En realidad, todo este esfuerzo ha sido en vano, tanto bajo la presidencia de Hugo Chávez como la de Nicolás Maduro, quienes no escatimaron oportunidades para burlarse y descalificar al organismo mundial, con el objetivo de evadir durante sus gestiones la aplicación de los convenios firmados otrora por el Estado venezolano a lo largo de un siglo, al ser miembro fundador de la OIT en 1919.

Lo acontecido durante el siglo XXI en materia laboral refleja el dicho popular “tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”. Esto determinó que el Consejo de Administración aprobara la creación de la Comisión de Encuesta para Venezuela en marzo de 2018, por iniciativa de Fedecámaras y luego apoyada por las centrales sindicales venezolanas. La mencionada Comisión emitió su histórico informe y recomendaciones en septiembre de 2019 sobre las graves violaciones laborales y sindicales en el país. La respuesta gubernamental fue, de nuevo, la negativa a cumplir tales recomendaciones.

Las recomendaciones fueron implementadas con retraso por la pandemia, a partir de 2022, con la instalación del Foro Social. Sus 4 asambleas, integradas por representantes empresariales, sindicales, de la OIT y del gobierno, se efectuaron durante el periodo 2022-2025. Estas ratificaron la actitud sarcástica de un régimen empeñado en evadir la aplicación de las propuestas en torno a revisión de salario, negociación colectiva, libertad sindical y consulta tripartita.

En ese contexto, asoma el año 2026, conociéndose la permanencia de ejecutorias antilaborales como la resolución 2792, el instructivo ONAPRE, el salario mínimo y las pensiones congeladas durante 4 años, cuyo monto actual es de 0,4 $ mensuales. A esto se agrega, entre tantas tropelías contra la libertad sindical, la radicalización y extensión de la política de terror aplicada a la población, ahora dirigida a los sindicalistas, con la detención ilegal de una veintena de compañeros hoy desaparecidos, al desconocerse sus centros de reclusión.

Por ello, resulta sorprendente la reciente comunicación del 13/1/2026 del ministro del Trabajo, Germán Piñate, y de la viceministra Rosalía Zingales, convocando a la “sesión del Grupo Consultivo para la consulta del salario mínimo correspondiente al año 2026”, a fin de dar cumplimiento al artículo 129 del DLOTTT y al Convenio 26 sobre el salario mínimo. Adornan el anuncio con el acostumbrado tufo oficial: “la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores” “ante la agresión imperialista”, “cuyas acciones buscan desestabilizar el bienestar de la clase obrera”.

Sí, en el texto de invitación se incluye el contrabando ideológico y se reclama la solidaridad incondicional con dos reos acusados, hoy recluidos en una cárcel de Nueva York, quienes disfrutarán de beneficios procesales que no tienen los sindicalistas en Venezuela. Así, se da una convocatoria ministerial a una “sesión de trabajo” cuando el gobierno mantiene a más de una veintena de sindicalistas presos, sin conocimiento de cuáles delitos cometieron, ni de su condición de vida, ni de dónde se encuentran.

En esa condición de indefensión se encuentran los siguientes compañeros de sindicatos y gremios, quienes protestaron por salario mínimo, convenciones colectivas y en defensa de sus agremiados, y padecen la represión gubernamental por asumir la agenda laboral de sus respectivas organizaciones:

1. José Elías Torres, secretario general de la CTV

2. Willian Lizardo, presidente de Fetraconstruccion

3. Roberto Franco, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela

4. Omar Escalante, presidente de Fetracarabobo

5. Javier Tarazona, secretario ejecutivo del Colegio de Licenciados del Estado Táchira.

6. Daniel Romero, directivo del sindicato de SUTISS-SIDOR

7. Regulo Reina, dirigente del sector petrolero

8. Eduardo Torres, APUFAT y abogado de PROVEA

9. Lourdes Villareal, Sindicato SUMA

10. Carlos Alberto Gómez, presidente del SUMA Mérida.

11. Yuri Salas Moreno, secretario ejecutivo del SUNEP-Miranda

12. Marwin González, presidente de AJUNJENPOL Estado Bolívar

13. Fernando Serrano, directivo de SUTRALUM-VENALUM

14. Fidel Brito, presidente de FETRABOLIVAR

15. Omar Vazquez Lagonel, vicepresidente de FENAJUPV

16. Roberto Campero, directivo de SINTRAENSEÑANZA, estado Aragua

17. Nelson Torrealba, de Sintraenseñanza.

18. Arnaldo Méndez, Coalición Sindical Sector Salud

19. José Luis Subero, Sindicato de la Salud, estado Sucre

20. Gilberto Alcalá, Sindicato de la Construcción Caracas

21. Esmir Amaro Gudiño, sindicato SUTICEL.

¿Qué pretende el MINTRA con esta convocatoria? Presentar una imagen de “paz laboral” y de “diálogo social” ante el país y la comunidad internacional, eludiendo su responsabilidad como culpable directo de la pobreza de la población venezolana. Una pauperización originada en su salvaje política de flexibilización laboral, de suspensión de la contratación colectiva y de persecución contra la libertad sindical.

Por tanto, la exigencia de libertad plena de todos los directivos sindicales en el país debe ser la condición expresa para activar los acuerdos del Foro Social. Entre ellos prevalece el tema del salario mínimo, la activación de las convenciones colectivas de los sectores público y privado, y la libertad de reconstruir libremente sus sindicatos y gremios.

Un planteamiento que está directamente vinculado a la liberación de todos los presos políticos, injustamente encarcelados por manifestar sus deseos de vivir en democracia, como lo indica la institucionalidad de nuestra Constitución y la plena vigencia del Estado de derecho.

@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.

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Exigen suspensión inmediata del Decreto de Estado de Conmoción Exterior

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Laboratorio de Paz solicitó la suspensión inmediata del Decreto de Estado de Conmoción Exterior en Venezuela, adoptado el pasado 3 de enero tras el ataque militar de Estados Unidos que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Mediante un comunicado, la organización sostiene que esta medida es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y con la situación política actual reconocida por las propias autoridades venezolanas.

De acuerdo con la ONG, existe una “contradicción jurídica” en mantener un estado de excepción por una supuesta amenaza externa mientras el Estado venezolano reconoce públicamente la existencia de canales de negociación y coordinación diplomática con el gobierno señalado como agresor.

Según los tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos estados solo deben aplicarse ante peligros reales que amenacen la vida de la nación bajo principios de proporcionalidad y necesidad.

Laboratorio de Paz advierte que la prolongación de este decreto “no responde a una necesidad real de defensa nacional”, sino que se ha convertido en un instrumento de “control político interno” y “criminalización de la disidencia”. La organización ha documentado que, bajo el amparo del decreto, se han realizado privaciones arbitrarias de la libertad basadas en el artículo 5 de la normativa, vulneraciones al derecho al debido proceso y restricciones a la libertad de reunión pacífica y de expresión.

En ese sentido, la organización instó al gobierno de Estados Unidos, y al resto de la comunidad internacional, a presionar a las autoridades venezolanas para:

  • Suspender de manera inmediata la aplicación del Decreto de Estado de Conmoción Exterior.
  • Liberación total de los presos políticos y cese de las detenciones arbitrarias en el país
  • Restablecer plenamente las garantías constitucionales y los derechos fundamentales.
  • Permitir la supervisión independiente internacional sobre la situación de derechos humanos, y la visita al país de los organismos que actualmente monitorean su evolución.

¿Qué establece el Decreto de Estado de Conmoción Exterior?

El Decreto número 5.200, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.954, fue publicado tras los ataques militares estadounidenses en Caracas y el traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos. La medida tiene una duración de 90 días, prorrogables por un periodo igual. Los puntos más críticos del decreto incluyen:

• Poderes presidenciales ampliados: La presidencia, a cargo de Delcy Rodríguez, tiene la facultad de dictar medidas de orden político, legal, económico y social, incluyendo la requisición de bienes y la restricción del libre tránsito de personas y vehículos.

• Militarización de servicios: Se ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas. Todo el personal de estas áreas queda sometido al “régimen militar”.

• Suspensión de derechos: La presidencia está autorizada para suspender el derecho a reuniones y manifestaciones públicas. Asimismo, puede imponer a los ciudadanos “servicios extraordinarios” para cooperar con las autoridades.

• Persecución y capturas (Artículo 5): El decreto otorga licencia a todos los órganos policiales (nacionales, estadales y municipales) para buscar y capturar a cualquier persona sospechosa de promover o apoyar el ataque armado extranjero.

• Movilización armada: Se ordena el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los municipios y estados del país para repeler cualquier agresión.

El decreto también instruye al ministro de Relaciones Exteriores a notificar estas medidas al Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos internacionales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.