Pese a las supuestas excarcelaciones masivas anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el pasado 8 de enero, la activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), Andreína Baduel, aseguró que en lo que va de 2026 se han producido nuevas detenciones arbitrarias por parte del Estado venezolano.
Baduel dijo en la edición de este martes 20 de enero de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que la puerta giratoria, donde algunos presos políticos salen de las prisiones y otros entran, no ha dejado de funcionar.
“En menos de una semana, el comité ha recibido denuncias de 200 nuevos casos que no conocíamos, casos de vieja data, que los familiares no denunciaban porque estaban atemorizados”, aseguró la defensora de derechos humanos en el programa conducido por Víctor Amaya, director de Tal Cual y Luis Blanco, director de Runrunes.
Amaya apuntó que las excarcelaciones anunciadas por el gobierno de Delcy Rodríguez se han producido a cuentagotas y no han satisfecho las expectativas de los familiares.
Baduel indicó que en Clippve contabilizan más de 1.000 familias con presos políticos.
“Así como hemos documentado 150 excarcelaciones, tenemos que denunciar que las condiciones en las que están quienes todavía siguen injustamente detenidos son inhumanas”.
El director de Tal Cual señaló que hay opacidad en torno a las cifras por parte del Estado y el propio Rodríguez ofreció una lista de nombres que no ha entregado a diputados de oposición en la Asamblea Nacional.
Baduel informó que debido al oscurantismo por parte del gobierno, cada organización no gubernamental maneja números que no concuerdan, pero que coinciden en que lo prometido a principios de año no se ha llevado a cabo.
Según la activista, el criterio de selección para las excarcelaciones es desconocido, lo único que tienen en común quienes abandonan las prisiones es que poseen medidas cautelares, prohibición de salida del país, declarar a medios de comunicación y empleo de sus redes sociales.
Baduel agregó que entre la cifra milenaria de presos políticos hay más de 200 desaparecidos, 80 personas con condiciones críticas de salud, 26 detenidos que han muerto bajo custodia del Estado, 16 militares que cumplieron condena en noviembre de 2025 y fueron trasladados a un destino desconocido y otros 32 que estaban en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, de los cuales se desconoce su actual paradero.
La activista indicó que desde julio de 2024 han acudido 11 veces a la sede del Ministerio Público sin hasta ahora obtener respuesta sobre las condiciones de los presos políticos.
“Esto ha sido una montaña rusa de emociones, lo que tenemos claro es que en Venezuela se siguen violando derechos humanos porque a la mayoría de los presos se les impone un mismo patrón y acusa de terrorismo e instigación al odio, además se les impone una defensa pública”, remarcó.
Zona 7: esperanza de libertad
Para Baduel, la Zona 7 de Boleíta en Caracas, donde hay una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que alberga presos políticos, se ha convertido en una especie de bastión de la libertad. Recordó que desde que Jorge Rodríguez hizo el anuncio, familiares de detenidos se encuentran en vigilia permanente frente al centro de reclusión.
De acuerdo a Blanco, la zona, donde están ubicadas empresas y un colegio, presenta un colapso de tránsito desde entonces.
Baduel sostuvo que los familiares son constantemente amenazados para que claudiquen y abandonen el lugar, pero han resistido a la presión. Amaya expuso que la insistencia ha provocado que funcionarios policiales y familiares hayan establecido pactos de convivencia.
A juicio de Baduel, algunos agentes de seguridad no están de acuerdo con las políticas represivas del Estado, sin embargo no terminan de dar el paso para acatar la Constitución.
La activista indicó que la cárcel de El Rodeo I en el estado Miranda, donde está su hermano Josnars, se ha convertido en un centro de tortura ejemplarizante.
“Nos obligan a verlos a través de un vidrio, no podemos proporcionarles alimentos ni bebidas, tampoco permiten atención médica. Mi hermano me ha dicho que no vaya a verle porque teme por mi seguridad, tengo un apostamiento policial constante cerca de mi casa, que no solo afecta mi activismo sino también mi vida”, narró.
Haciéndose eco de la denuncia de coacción hecha por Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, cuyo esposo Rafael Tudares está preso, Baduel manifestó que detenidos y familiares padecen constantemente extorsiones para ser excarcelados o aliviar sus condiciones de reclusión.
“Se aprovechan del dolor de las víctimas”, denunció..
La activista recordó que para ayudar a presos políticos y familiares, la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) activó un operativo para recolectar insumos.
“Estamos pidiendo la apertura de un canal humanitario, esto tiene que ser una conjugación de fuerzas, el llamado es a que se active la solidaridad, las víctimas necesitamos sentir que no estamos solas”, concluyó.
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