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El silencio rodea el caso de Rory Branker, quien cumple 11 meses detenido

Este martes, 20 de enero, se cumplen 11 meses desde que fue detenido el periodista y editor de La Patilla, Rory Branker. A pesar de que en días recientes se registró una ola de excarcelaciones de comunicadores en Venezuela, el nombre de Branker no figuró en ninguna de las listas. Su caso se sigue manteniendo bajo un hermetismo que genera profunda preocupación en gremios y organizaciones de derechos humanos.

Desde su detención, Branker ha sido víctima de una opacidad legal severa y ha enfrentado la desaparición forzada en dos oportunidades. Tras meses sin información oficial, sus familiares confirmaron que estuvo recluido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (Zona 7) y en El Helicoide, antes de ser trasladado sin notificación previa al Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), donde permanece actualmente. Se le imputan delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y conspiración.

La situación del periodista es crítica, no solo por el limbo jurídico de su proceso, sino por la tragedia familiar que le rodea: en octubre de 2025, su hermano Erman Branker, quien era su principal apoyo y encargado de suministrarle alimentos diariamente, falleció de forma repentina.

A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a su favor en agosto de 2025, advirtiendo un riesgo grave para su vida e integridad, una exigencia que ha sido respaldada por la ONU y Amnistía Internacional sin que hasta ahora el Estado venezolano brinde una respuesta clara sobre su permanencia en prisión.

Ante esta situación, desde el sitio web Liberen a Rory Branker cuestionan la situación y exigen respuestas: “¿Por qué no liberan a Rory? ¿Por qué permanece detenido? ¿Quién está impidiendo que regrese a casa? ¿Por qué el poder parece decidido a mantenerlo tras las rejas?”.

Periodistas que aún siguen detenidos

El pasado 14 de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó la excarcelación de 19 de los 24 periodistas y trabajadores de la prensa que integraban la lista de presos políticos en el país. Entre los liberados se encuentran figuras como Roland Carreño, Carlos Julio Rojas, Ramón Centeno, Luis López, Gabriel González y Víctor Ugas, quienes habían sido acusados de delitos como terrorismo e incitación al odio por el ejercicio de su labor informativa.

Sin embargo, el SNTP y diversas ONG advierten que la ofensiva contra la prensa no ha terminado, ya que al menos 5 comunicadores y estudiantes de comunicación social permanecen detenidos bajo condiciones precarias:

  • Jonathan Carrillo: Estudiante y tesista de Comunicación Social, detenido desde el 20 de julio de 2022. Tras tres años en El Helicoide, fue trasladado a la cárcel de Yare II.
  • Juan Francisco Alvarado: Estudiante de periodismo, detenido el 20 de marzo de 2025 en Guanare, estado Portuguesa. Es acusado de incitación al odio por publicaciones en medios digitales.
  • Juan Pablo Guanipa: Comunicador social y dirigente político, detenido el 23 de mayo de 2025. Su familia ha denunciado que se encuentra en una situación de desaparición forzada intermitente, tras haber sido ubicado en la sede de la PNB en Maripérez.
  • Deivis Correa: Periodista e influencer, detenido el 31 de julio de 2025. Se encuentra en El Helicoide acusado de seis delitos, incluyendo asociación extranjera, tras publicar contenido satírico en redes sociales.
  • Rory Branker: Editor de La Patilla, detenido desde el 20 de febrero de 2025.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión coinciden en que estas detenciones no responden a hechos delictivos, sino a una política de criminalización del periodismo independiente y el uso de leyes “contra el odio” para castigar la difusión de opiniones críticas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión coinciden en que estas detenciones no responden a hechos delictivos, sino a una política de criminalización del periodismo independiente y el uso de leyes "contra el odio" para castigar la difusión de opiniones críticas
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Este martes, 20 de enero, se cumplen 11 meses desde que fue detenido el periodista y editor de La Patilla, Rory Branker. A pesar de que en días recientes se registró una ola de excarcelaciones de comunicadores en Venezuela, el nombre de Branker no figuró en ninguna de las listas. Su caso se sigue manteniendo bajo un hermetismo que genera profunda preocupación en gremios y organizaciones de derechos humanos.

Desde su detención, Branker ha sido víctima de una opacidad legal severa y ha enfrentado la desaparición forzada en dos oportunidades. Tras meses sin información oficial, sus familiares confirmaron que estuvo recluido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (Zona 7) y en El Helicoide, antes de ser trasladado sin notificación previa al Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), donde permanece actualmente. Se le imputan delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y conspiración.

La situación del periodista es crítica, no solo por el limbo jurídico de su proceso, sino por la tragedia familiar que le rodea: en octubre de 2025, su hermano Erman Branker, quien era su principal apoyo y encargado de suministrarle alimentos diariamente, falleció de forma repentina.

A nivel internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares a su favor en agosto de 2025, advirtiendo un riesgo grave para su vida e integridad, una exigencia que ha sido respaldada por la ONU y Amnistía Internacional sin que hasta ahora el Estado venezolano brinde una respuesta clara sobre su permanencia en prisión.

Ante esta situación, desde el sitio web Liberen a Rory Branker cuestionan la situación y exigen respuestas: “¿Por qué no liberan a Rory? ¿Por qué permanece detenido? ¿Quién está impidiendo que regrese a casa? ¿Por qué el poder parece decidido a mantenerlo tras las rejas?”.

Periodistas que aún siguen detenidos

El pasado 14 de enero, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) confirmó la excarcelación de 19 de los 24 periodistas y trabajadores de la prensa que integraban la lista de presos políticos en el país. Entre los liberados se encuentran figuras como Roland Carreño, Carlos Julio Rojas, Ramón Centeno, Luis López, Gabriel González y Víctor Ugas, quienes habían sido acusados de delitos como terrorismo e incitación al odio por el ejercicio de su labor informativa.

Sin embargo, el SNTP y diversas ONG advierten que la ofensiva contra la prensa no ha terminado, ya que al menos 5 comunicadores y estudiantes de comunicación social permanecen detenidos bajo condiciones precarias:

  • Jonathan Carrillo: Estudiante y tesista de Comunicación Social, detenido desde el 20 de julio de 2022. Tras tres años en El Helicoide, fue trasladado a la cárcel de Yare II.
  • Juan Francisco Alvarado: Estudiante de periodismo, detenido el 20 de marzo de 2025 en Guanare, estado Portuguesa. Es acusado de incitación al odio por publicaciones en medios digitales.
  • Juan Pablo Guanipa: Comunicador social y dirigente político, detenido el 23 de mayo de 2025. Su familia ha denunciado que se encuentra en una situación de desaparición forzada intermitente, tras haber sido ubicado en la sede de la PNB en Maripérez.
  • Deivis Correa: Periodista e influencer, detenido el 31 de julio de 2025. Se encuentra en El Helicoide acusado de seis delitos, incluyendo asociación extranjera, tras publicar contenido satírico en redes sociales.
  • Rory Branker: Editor de La Patilla, detenido desde el 20 de febrero de 2025.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión coinciden en que estas detenciones no responden a hechos delictivos, sino a una política de criminalización del periodismo independiente y el uso de leyes “contra el odio” para castigar la difusión de opiniones críticas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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