En un contexto nacional donde la crisis multidimensional persiste y las brechas de desigualdad de género se han agudizado, la respuesta de la sociedad civil organizada se vuelve más vital que nunca. Ante este panorama, la alianza entre la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam) ha demostrado ser un apoyo importante para cientos de mujeres.
Desde el inicio de la implementación operativa de sus servicios conjuntos en septiembre de 2025, el proyecto “Juntas por la atención a víctimas de violencia basada en género en Venezuela” —respaldado por la Unión Europea— ha logrado una cifra de impacto contundente: más de 200 usuarias atendidas en tan solo cuatro meses.
Una respuesta urgente ante un contexto crítico
Venezuela atraviesa un momento donde la precariedad de los servicios públicos y las barreras económicas dificultan el acceso a la justicia y a la salud mental. La violencia basada en género (VbG) no da tregua, y la falta de rutas institucionales claras hace que muchas sobrevivientes queden en el desamparo.
En este escenario, la unión entre Avesa y Plafam no es solo una colaboración logística, sino una fuerza estratégica que combina la experticia en salud sexual y reproductiva de Plafam con la trayectoria en atención psicológica y la defensa de derechos de las mujeres de Avesa. Esta sinergia permite una atención integral que el Estado actualmente no logra garantizar de forma masiva.
Innovación y atención especializada
El éxito de estos primeros meses radica en la implementación de servicios psicológicos y legales gratuitos, seguros y confidenciales a mujeres víctimas de VbG en Amazonas, Anzoátegui, Carabobo, Distrito Capital y Miranda. El proyecto destaca por su enfoque interseccional, con el desarrollo en curso de protocolos específicos para grupos que enfrentan barreras adicionales de discriminación:
Mujeres indígenas: Adaptando la atención a realidades culturales y lingüísticas.
Mujeres con discapacidad: Eliminando barreras de acceso y comunicación.
Mujeres con VIH: Brindando un entorno libre de estigma y discriminación.
Mujeres en situación de violencia general: Ofreciendo rutas de salida y empoderamiento.
El valor de la unión
Con cuatro décadas de experiencia individual, Avesa y Plafam reafirman que la salida a la crisis de violencia en Venezuela pasa por el fortalecimiento del tejido social y el apoyo institucional. Los resultados de estos primeros cuatro meses son solo el inicio de un esfuerzo sostenido por devolver la dignidad y la seguridad a las mujeres, niñas y adolescentes venezolanas.
Contacto para atenciones
La atención es virtual o presencial de lunes a viernes de 8am a 5pm. Se puede solicitar la cita por Whatsapp a través de:
AVESA 0424-1659742 / Puerto Ayacucho: 0416-4165087
Tras la captura de Nicolás Maduro, comenzaron a circular en redes sociales y grupos comunitarios dos guías visuales diseñadas para “desarmar la guerra psicológica” y frenar la desinformación. Los materiales, presentados como carruseles de diapositivas en Instagram y compartidos en grupos de Telegram del oficialismo, fueron publicados por una cuenta vinculada al Ministerio de Comunicación.
Los instructivos circularon durante los últimos días de la gestión de Freddy Ñáñez al frente del Ministerio de Comunicación. El 16 de enero de 2026, Delcy Rodríguez anunció su destitución y designó en su lugar a Miguel Pérez Pirela.
Las guías, dirigidas a militantes y activistas progubernamentales, explican cómo responder ante rumores, audios, denuncias u otros mensajes considerados adversos en medio de la crisis.
El contenido de estas publicaciones (1 y 2) se centra en directrices para influir en la conversación directa entre personas y en las redes de comunicación que existen entre vecinos, familiares o amigos. Para eso usan una expresión popular venezolana: la “Radio Bemba”, que es la forma coloquial de referirse al chisme o rumor que se transmite de boca en boca.
El oficialismo tomó ese concepto y lo convirtió en una herramienta de su estrategia comunicacional, descrita en el método “Calles, redes, medios, paredes y radio bemba”cuya autoría es atribuida a Nicolás Maduro, como una vía para reforzar el mensaje oficial en la vida cotidiana.
Ambos carruseles llevan el logo de los Tanques de Pensamiento Comunal (TPC), una estructura creada por el Mippci. Los TPC operan en las comunidades como vocerías locales encargadas de difundir contenidos, reforzar los mensajes oficiales y alinear la comunicación en el día a día.
Los dos libretos dicen cómo responder a lo que la gente escucha o recibe. Explican qué significa “verificar” desde el punto de vista del oficialismo, qué temas no se deben repetir y cómo actuar en espacios cotidianos como conversaciones entre vecinos, familiares o grupos de WhatsApp. También usan frases conocidas de campañas contra la desinformación —como “verifica”, “detente” o “no multipliques”—, pero esta vez para frenar la duda, reforzar la autoridad y evitar conversaciones que salgan del guion oficial.
Cerrar las filas en la conversación diaria
Los folletos, publicados durante los últimos días de la gestión de Freddy Ñáñez en el Ministerio de Comunicación, dicen qué se puede decir y qué no, cómo responder ante una duda o un rumor, y a quién vale la pena contestarle. Todo para evitar que se repitan versiones distintas a la del oficialismo en las conversaciones de todos los días.
Con este enfoque, el oficialismo pretende adelantarse a situaciones que considera riesgosas como fracturas internas, dudas sobre el liderazgo de Delcy Rodríguez —presidenta encargada desde el 3 de enero— o la pérdida de control del relato. Para eso, intenta influir en las conversaciones cotidianas, un terreno más difícil de vigilar que las redes sociales o los medios tradicionales.
Entonces, el oficialismo usa la llamada “Radio Bemba” como otro canal para repetir sus mensajes. Con eso busca mantener alineadas a sus bases, reforzar la lealtad y evitar dudas o cuestionamientos, sobre todo en momentos de incertidumbre.
Qué dicen las guías sobre el miedo, la duda y el enemigo
La conversación diaria —la llamada “Radio Bemba”— se presenta como un espacio donde también se libra la “guerra psicológica” o “guerra cognitiva”. Según se explica en las guías, es en este espacio donde el enemigo busca dividir usando mensajes que provocan emociones fuertes como miedo, rabia o angustia, lo que hace que este impacto emocional sea el único criterio para evaluar una información, dejando por fuera la calidad o veracidad del contenido. En conclusión, si un mensaje genera miedo, rabia, pánico o angustia se asume que busca dividir o desmoralizar.
Bajo esa lógica, la duda también se considera una amenaza. Hacer preguntas, comentar rumores o expresar desconfianza se asocia al “chisme” y a la acción del enemigo. Esta forma de evaluar los mensajes puede hacer que se descarten datos relevantes o verdaderos, solo por considerarlos “emocionales”.
Algunos temas, como el narcotráfico o los derechos humanos, se presentan como asuntos que no deben ocupar la conversación cotidiana. Cuando aparecen estos tópicos en una conversación, la instrucción es ignorarlos y se le insiste a las bases que estos señalamientos sólo buscan distraer, apartar la atención de las narrativas oficialistas: la soberanía, los recursos estratégicos y el territorio.
En los materiales también se pide detener la circulación de rumores, audios o mensajes no verificados que puedan generar dudas y usan el lema “rompe la cadena”, para advertir que reenviar ese tipo de contenido convierte a la persona en un “megáfono del enemigo”. Lo que pone en evidencia que la prioridad es evitar que se hable de ello.
Al mismo tiempo, los materiales, difundidos durante los últimos días de la gestión de Ñáñez al frente del Mippci, refuerzan la idea de que la autoridad no debe discutirse y llaman a blindar a Delcy Rodríguez frente a rumores y cuestionamientos, y la presentan como figura de continuidad y orden en medio de la crisis.
En las guías se presenta a la moral como un elemento clave en la conversación cotidiana. La alegría, el optimismo y la actitud combativa aparecen como señales de fortaleza frente a lo que describen como intentos del enemigo por generar tristeza y derrota, y mantener ese ánimo alto se muestra como parte de la respuesta esperada.
En ese sentido, quien comunica en espacios cotidianos como grupos de WhatsApp, redes sociales o la llamada “Radio Bemba”, debe cuidar sus palabras, calmar la duda y reforzar mensajes de esperanza, soberanía y victoria. La moral deja de ser algo personal y pasa a funcionar como una orden sobre cómo se habla y qué se transmite en la vida diaria.
Los dos libretos difundidos tras la detención de Nicolás Maduro, y publicados en los últimos días de la gestión de Freddy Ñáñez al frente del Mippci, detallan cómo influir en la conversación cotidiana durante la crisis: qué temas evitar, cómo responder ante rumores y a quién escuchar. En ese marco, la “Radio Bemba” es presentada como un espacio a controlar para reforzar el liderazgo y cortar comentarios que generen dudas o cuestionamientos.
Días después de la difusión de estos materiales, el 16 de enero de 2026, Delcy Rodríguez anunció la destitución de Ñáñez y nombró como ministro de Comunicación a Miguel Pérez Pirela, lo que marca un cambio en la conducción del Ministerio de Comunicación e Información.
Era la mañana del martes 4 de febrero de 1992. Yo tenía once años y dormía en la parte de arriba de la litera de mi cuarto, esperando otro día de colegio. Lo inusual fue que desperté y abrí los ojos ya sin sueño. No entendía por qué mi mamá me había dejado dormir de más cuando, de repente, ella entró al cuarto intempestivamente y le pregunté:
–Mami, ¿qué pasó?
–Trataron de matar al presidente. No hay colegio.
–¡¡¡Eeeeeeeeh!!!
Mi hermano Stevan de nueve años y yo nos levantamos de golpe, emocionados. No porque estuviésemos a favor de los enemigos del Gocho, como le decían al presidente Carlos Andrés Pérez. ¡Estábamos felices por no tener clases! ¡Todo el día para jugar en el parque con nuestros vecinos! Claro, no sin antes conocer por televisión al nuevo personaje que llegaba a nuestras vidas: Hugo Chávez Frías.
Pasaron los años y tanto mi hermano como yo hicimos nuestras vidas. Él se fue a Estados Unidos y yo me quedé en Venezuela. Luego él siguió a Dubái hasta que terminó en Alemania. Más nunca tuvimos un cuarto para dormir los dos solos. Llegaron las parejas, los hijos, las obligaciones y la distancia. Hasta diciembre del 2025.
Fue cuando mi mamá llamó para decir que mi abuela había salido bien de una operación al corazón, diciéndome luego: “…y Stevan me dio la sorpresa de que viene del veintiséis al tres, pero él solo. ¡Vente! Sería la primera vez que tengo a mis tres hijos juntos en mucho tiempo”. Porque también está mi hermano Adrián, quien vive cerquita de ella y es doce años menor que yo.
Qué plan tan formidable terminó concibiendo, sin saber, el cardiólogo de mi abuela. Mi hermano Stevan y yo volvíamos a estar juntos en un mismo cuarto para hablar con la luz apagada antes de dormir, como cuando éramos niños.
Días maravillosos que terminaron ese sábado 3 de enero de 2026. Una madrugada donde también desperté sin sueño, pero gracias a mis cuarenta y cinco años que me levantan cuando les da la gana. Sin embargo, logré dormir otro rato hasta que entró mi mamá de la nada:
–¡¡¡Agarraron a Maduro!!!
–¿Ah?
–¡¡¡Lo dice CNN!!!
–¡Coño!
Me levanté emocionado. Volvería al mismo edificio a ver a mis vecinos en el parque, solo que más calvos y gordos.
Un 4 de febrero de 1992 y el 3 de enero de 2026. Dos momentos en donde mi mamá anunció el giro de la historia venezolana. Dos momentos exactamente separados por treinta y tres años, diez meses y treinta días. Dos momentos que marcan principio y final de una etapa en la historia de Venezuela llamada chavismo.
Y ese 3 de enero a mi hijo Tobías también lo despertó su mamá para darle la noticia: “¡Toby, agarraron a Maduro!”. No le quedó sino emocionarse por las razones correctas. Obviamente no había clases. Lo curioso es que también recibe la noticia a sus once años, como yo en el 92. Ojalá disfrute de una Venezuela libre, que dure mucho más de treinta y tres años, diez meses y treinta días. Aunque de eso nos enteraremos más adelante, cuando Tobías tenga cuarenta y cinco años y yo setenta y nueve.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del miércoles, 21 de enero,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Hace exactamente un año, el Capitolio volvía a ser el escenario del ascenso de Donald Trump, quien tomó posesión para un segundo mandato y se convirtió en el presidente 47 de Estados Unidos.
Para Aldo De Santis, consultor político y magíster en Comunicación Política, la palabra que mejor define el primer año del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos es “impensable”, enfatizó que muchas de las cosas que el republicano prometió en campaña, “para bien o para mal”, las ha ejecutado: “Hay un antes y un después tanto en política interior de Estados Unidos como en política exterior después de este primer año. Es impensable e impredecible”, opinó en una entrevista a Román Lozinski.
“Una mujer increíblemente amable hizo algo extraordinario hace unos días. Quizás podamos involucrarla de alguna manera. Me encantaría poder hacerlo. María, quizás podamos hacerlo”, presidente Donald Trump sobre María Corina Machado.
Lo que rompe en redes
Familiares de presos políticos que han pernoctado durante más de 10 días a las afueras de los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta, conocidos como Zona 7, denuncian acoso policial por parte de funcionarios del lugar.
#URGENTE 🚨 | Desde Zona 7, familiares de presos políticos denuncian que continúa el acoso policial.
Los familiares de presos políticos han pernoctado durante 13 días consecutivos. Lo han hecho de forma pacífica; orando, en vigilias, cantando el himno y sostenidos en su fe. Ante… pic.twitter.com/PXMw1qUgWF
Después de 23 años de estrenarse la película de Lizzie McGuire, la actriz y cantante estadounidense Hillary Duff volvió a interpretar en vivo la icónica canción “What dreams are made of” en Londres, Reino Unido.
Durante el lanzamiento de su gira en Londres, su primer concierto desde 2015 Hilary Duff interpretó “What Dreams Are Made of”. Un sueño hecho realidad para toda una generación. 💫🎤 ¿Quién más sigue cantándola como si fuera 2003?
La popular serie de televisión y web ecuatoriana Enchufe.TV presentó una parodia satírica de versiones caricaturizadas de Donald Trump y Nicolás Maduro, explicando cómo ocurrió -de forma ficticia- la captura del gobernante venezolano.
La política laboral del régimen ha permanecido bajo vigilancia permanente por la OIT a lo largo del siglo XXI. Tanto, que nuestro país ha recibido la visita en más de 15 ocasiones mediante la asistencia de misiones de todo género: de consulta técnica, de contacto directo, de alto nivel, siendo la más prominente la actual Comisión de Encuesta, aprobada desde 2018.
Este organismo tripartito global ha intentado conducir a esta Administración al cumplimiento de los convenios, mediante el diálogo social. Este consiste en la negociación, consulta e intercambio de información entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre temas económicos y sociales, orientados a lograr el trabajo decente, la justicia social, la paz y el desarrollo sostenible. Su fin es fomentar el consenso y la participación democrática en la toma de decisiones.
En realidad, todo este esfuerzo ha sido en vano, tanto bajo la presidencia de Hugo Chávez como la de Nicolás Maduro, quienes no escatimaron oportunidades para burlarse y descalificar al organismo mundial, con el objetivo de evadir durante sus gestiones la aplicación de los convenios firmados otrora por el Estado venezolano a lo largo de un siglo, al ser miembro fundador de la OIT en 1919.
Lo acontecido durante el siglo XXI en materia laboral refleja el dicho popular “tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”. Esto determinó que el Consejo de Administración aprobara la creación de la Comisión de Encuesta para Venezuela en marzo de 2018, por iniciativa de Fedecámaras y luego apoyada por las centrales sindicales venezolanas. La mencionada Comisión emitió su histórico informe y recomendaciones en septiembre de 2019 sobre las graves violaciones laborales y sindicales en el país. La respuesta gubernamental fue, de nuevo, la negativa a cumplir tales recomendaciones.
Las recomendaciones fueron implementadas con retraso por la pandemia, a partir de 2022, con la instalación del Foro Social. Sus 4 asambleas, integradas por representantes empresariales, sindicales, de la OIT y del gobierno, se efectuaron durante el periodo 2022-2025. Estas ratificaron la actitud sarcástica de un régimen empeñado en evadir la aplicación de las propuestas en torno a revisión de salario, negociación colectiva, libertad sindical y consulta tripartita.
En ese contexto, asoma el año 2026, conociéndose la permanencia de ejecutorias antilaborales como la resolución 2792, el instructivo ONAPRE, el salario mínimo y las pensiones congeladas durante 4 años, cuyo monto actual es de 0,4 $ mensuales. A esto se agrega, entre tantas tropelías contra la libertad sindical, la radicalización y extensión de la política de terror aplicada a la población, ahora dirigida a los sindicalistas, con la detención ilegal de una veintena de compañeros hoy desaparecidos, al desconocerse sus centros de reclusión.
Por ello, resulta sorprendente la reciente comunicación del 13/1/2026 del ministro del Trabajo, Germán Piñate, y de la viceministra Rosalía Zingales, convocando a la “sesión del Grupo Consultivo para la consulta del salario mínimo correspondiente al año 2026”, a fin de dar cumplimiento al artículo 129 del DLOTTT y al Convenio 26 sobre el salario mínimo. Adornan el anuncio con el acostumbrado tufo oficial: “la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores” “ante la agresión imperialista”, “cuyas acciones buscan desestabilizar el bienestar de la clase obrera”.
Sí, en el texto de invitación se incluye el contrabando ideológico y se reclama la solidaridad incondicional con dos reos acusados, hoy recluidos en una cárcel de Nueva York, quienes disfrutarán de beneficios procesales que no tienen los sindicalistas en Venezuela. Así, se da una convocatoria ministerial a una “sesión de trabajo” cuando el gobierno mantiene a más de una veintena de sindicalistas presos, sin conocimiento de cuáles delitos cometieron, ni de su condición de vida, ni de dónde se encuentran.
En esa condición de indefensión se encuentran los siguientes compañeros de sindicatos y gremios, quienes protestaron por salario mínimo, convenciones colectivas y en defensa de sus agremiados, y padecen la represión gubernamental por asumir la agenda laboral de sus respectivas organizaciones:
1. José Elías Torres, secretario general de la CTV
2. Willian Lizardo, presidente de Fetraconstruccion
3. Roberto Franco, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela
4. Omar Escalante, presidente de Fetracarabobo
5. Javier Tarazona, secretario ejecutivo del Colegio de Licenciados del Estado Táchira.
6. Daniel Romero, directivo del sindicato de SUTISS-SIDOR
7. Regulo Reina, dirigente del sector petrolero
8. Eduardo Torres, APUFAT y abogado de PROVEA
9. Lourdes Villareal, Sindicato SUMA
10. Carlos Alberto Gómez, presidente del SUMA Mérida.
11. Yuri Salas Moreno, secretario ejecutivo del SUNEP-Miranda
12. Marwin González, presidente de AJUNJENPOL Estado Bolívar
13. Fernando Serrano, directivo de SUTRALUM-VENALUM
14. Fidel Brito, presidente de FETRABOLIVAR
15. Omar Vazquez Lagonel, vicepresidente de FENAJUPV
16. Roberto Campero, directivo de SINTRAENSEÑANZA, estado Aragua
19. José Luis Subero, Sindicato de la Salud, estado Sucre
20. Gilberto Alcalá, Sindicato de la Construcción Caracas
21. Esmir Amaro Gudiño, sindicato SUTICEL.
¿Qué pretende el MINTRA con esta convocatoria? Presentar una imagen de “paz laboral” y de “diálogo social” ante el país y la comunidad internacional, eludiendo su responsabilidad como culpable directo de la pobreza de la población venezolana. Una pauperización originada en su salvaje política de flexibilización laboral, de suspensión de la contratación colectiva y de persecución contra la libertad sindical.
Por tanto, la exigencia de libertad plena de todos los directivos sindicales en el país debe ser la condición expresa para activar los acuerdos del Foro Social. Entre ellos prevalece el tema del salario mínimo, la activación de las convenciones colectivas de los sectores público y privado, y la libertad de reconstruir libremente sus sindicatos y gremios.
Un planteamiento que está directamente vinculado a la liberación de todos los presos políticos, injustamente encarcelados por manifestar sus deseos de vivir en democracia, como lo indica la institucionalidad de nuestra Constitución y la plena vigencia del Estado de derecho.
Laboratorio de Paz solicitó la suspensión inmediata del Decreto de Estado de Conmoción Exterior en Venezuela, adoptado el pasado 3 de enero tras el ataque militar de Estados Unidos que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Mediante un comunicado, la organización sostiene que esta medida es incompatible con los estándares internacionales de derechos humanos y con la situación política actual reconocida por las propias autoridades venezolanas.
De acuerdo con la ONG, existe una “contradicción jurídica” en mantener un estado de excepción por una supuesta amenaza externa mientras el Estado venezolano reconoce públicamente la existencia de canales de negociación y coordinación diplomática con el gobierno señalado como agresor.
Según los tratados internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estos estados solo deben aplicarse ante peligros reales que amenacen la vida de la nación bajo principios de proporcionalidad y necesidad.
Laboratorio de Paz advierte que la prolongación de este decreto “no responde a una necesidad real de defensa nacional”, sino que se ha convertido en un instrumento de “control político interno” y “criminalización de la disidencia”. La organización ha documentado que, bajo el amparo del decreto, se han realizado privaciones arbitrarias de la libertad basadas en el artículo 5 de la normativa, vulneraciones al derecho al debido proceso y restricciones a la libertad de reunión pacífica y de expresión.
En ese sentido, la organización instó al gobierno de Estados Unidos, y al resto de la comunidad internacional, a presionar a las autoridades venezolanas para:
Suspender de manera inmediata la aplicación del Decreto de Estado de Conmoción Exterior.
Liberación total de los presos políticos y cese de las detenciones arbitrarias en el país
Restablecer plenamente las garantías constitucionales y los derechos fundamentales.
Permitir la supervisión independiente internacional sobre la situación de derechos humanos, y la visita al país de los organismos que actualmente monitorean su evolución.
¿Qué establece el Decreto de Estado de Conmoción Exterior?
El Decreto número 5.200, publicado en la Gaceta Oficial extraordinaria N° 6.954, fue publicado tras los ataques militares estadounidenses en Caracas y el traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos. La medida tiene una duración de 90 días, prorrogables por un periodo igual. Los puntos más críticos del decreto incluyen:
• Poderes presidenciales ampliados: La presidencia, a cargo de Delcy Rodríguez, tiene la facultad de dictar medidas de orden político, legal, económico y social, incluyendo la requisición de bienes y la restricción del libre tránsito de personas y vehículos.
• Militarización de servicios: Se ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y las industrias básicas. Todo el personal de estas áreas queda sometido al “régimen militar”.
• Suspensión de derechos: La presidencia está autorizada para suspender el derecho a reuniones y manifestaciones públicas. Asimismo, puede imponer a los ciudadanos “servicios extraordinarios” para cooperar con las autoridades.
• Persecución y capturas (Artículo 5): El decreto otorga licencia a todos los órganos policiales (nacionales, estadales y municipales) para buscar y capturar a cualquier persona sospechosa de promover o apoyar el ataque armado extranjero.
• Movilización armada: Se ordena el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y del Comando para la Defensa Integral de la Nación en todos los municipios y estados del país para repeler cualquier agresión.
El decreto también instruye al ministro de Relaciones Exteriores a notificar estas medidas al Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos internacionales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El 3 de enero de 2026 Venezuela volvió a despertar en clave de acontecimiento histórico. La captura de Nicolás Maduro, lejos de presentarse como una jugada política convencional, fue interpretada por amplios sectores dentro y fuera del país como la ruptura de una anomalía prolongada: la permanencia de un poder que había dejado de operar bajo las lógicas del Estado para funcionar, cada vez más, como una estructura cerrada de intereses criminales. No se trató, para muchos, de un episodio de geopolítica clásica ni de un relevo de liderazgos, sino del desmontaje parcial de un entramado que había convertido a la política en una coartada y a las instituciones en instrumentos de protección mafiosa.
Durante años, los análisis sobre Venezuela oscilaron entre el autoritarismo, el populismo y la deriva dictatorial. Sin embargo, lo ocurrido obliga a desplazar el foco. Más que un proyecto político fallido o radicalizado, el Estado venezolano fue progresivamente capturado por una red transnacional donde confluyeron narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, economías ilícitas y alianzas con actores armados irregulares. La frontera entre gobierno y organización criminal se volvió difusa, y la noción misma de soberanía fue reemplazada por una lógica de control territorial y rentas ilegales.
En ese contexto, la salida de Maduro no produjo el colapso del sistema porque el sistema ya no dependía exclusivamente de su figura. El poder real estaba distribuido en una constelación de actores que sobrevivían gracias a la opacidad institucional, la militarización del Estado y la normalización de prácticas ilícitas como mecanismo de gobernabilidad. La rápida reorganización del mando político tras su captura evidenció que no se trataba de un vacío ideológico, sino de la necesidad de preservar una arquitectura funcional al control y a la protección de intereses acumulados durante años.
La asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada debe leerse desde esa clave. Su papel no fue el de inaugurar un nuevo proyecto político, sino el de administrar una transición interna que garantizara continuidad operativa del Estado formal, mientras se contenían fracturas dentro del poder real. El respaldo del Tribunal Supremo de Justicia, el alineamiento del alto mando militar y la contención de los colectivos armados respondieron menos a una lealtad ideológica que a la necesidad de evitar que la desarticulación del liderazgo expusiera redes, responsabilidades y circuitos ilícitos.
Desde esta perspectiva, la tensión entre gestos de apertura política y prácticas coercitivas persistentes no es contradictoria. Es coherente con un modelo de poder que busca legitimarse lo suficiente para sobrevivir internacionalmente, sin desmontar los mecanismos internos que garantizan control y protección. La liberación selectiva de presos, el diálogo con actores externos y la disposición a negociar sectores económicos estratégicos conviven con la vigilancia, la intimidación y el cierre de espacios cívicos porque el objetivo central no es la democratización, sino la preservación del núcleo duro del poder.
La discusión sobre transición democrática, entonces, resulta incompleta si no se reconoce que Venezuela no enfrenta solo un problema de autoritarismo, sino de captura criminal del Estado. No basta con elecciones si las instituciones siguen permeadas por redes criminales. No basta con alternancia si el sistema judicial, militar y económico continúa respondiendo a lógicas de protección mafiosa. La política, en este escenario, deja de ser un campo de disputa programática para convertirse en un mecanismo de encubrimiento.
En el plano internacional, esta lectura explica también las respuestas ambiguas. Muchos gobiernos no parecen entender que el desafío venezolano no es simplemente ideológico, sino estructural y transnacional. La prioridad ha sido contener riesgos —migración, crimen organizado, desestabilización regional— más que promover una transición inmediata bajo estándares ideales. El consenso tácito gira alrededor de una pregunta incómoda: cómo desmontar un Estado capturado sin provocar un colapso mayor.
La reflexión final es necesariamente ética y va más allá de la coyuntura. Si la política fue secuestrada por una mafia, la reconstrucción democrática no puede limitarse a cambiar nombres ni a reorganizar cargos. Implica recuperar el sentido mismo del Estado como garante del bien común, desmontar las economías criminales que lo atraviesan y restituir la legalidad como principio, no como discurso.
La verdadera transición venezolana no comienza cuando cae un líder, sino cuando la política deja de ser refugio del crimen y vuelve a ser un espacio de responsabilidad pública. Sin ese reconocimiento, cualquier promesa de futuro seguirá siendo apenas un cambio de fachada sobre una estructura que permanece intacta.
Hace exactamente un año, el Capitolio volvía a ser el escenario del ascenso de Donald Trump, quien tomó posesión para un segundo mandato y se convirtió en el presidente 47 de Estados Unidos.
Para Aldo De Santis, consultor político y magíster en Comunicación Política, la palabra que mejor define el primer año del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos es “impensable”, enfatizó que muchas de las cosas que el republicano prometió en campaña, “para bien o para mal”, las ha ejecutado: “Hay un antes y un después tanto en política interior de Estados Unidos como en política exterior después de este primer año. Es impensable e impredecible”, opinó en una entrevista a Román Lozinski.
Trump ha invocado explícitamente la Doctrina Monroe del quinto presidente de Estados Unidos -una advertencia a las potencias coloniales europeas en 1823 para que respetaran la independencia de las nuevas naciones bajo el lema “América para los americanos”- para justificar una política exterior más asertiva en el hemisferio occidental. En el documento oficial de su administración establece que EE. UU. hará cumplir esta doctrina para restaurar su preeminencia, negando a competidores externos (como China y Rusia) la capacidad de controlar activos estratégicos en la región.
El clímax fue la “mano dura” en su expresión máxima: la extracción de Nicolás Maduro, presentada ante el mundo como una “operación de justicia transnacional”. Tras la operación militar en Venezuela Trump declaró que el dominio estadounidense en la región “nunca volverá a ser cuestionado” y sugirió humorísticamente que la doctrina ahora debería llamarse “Doctrina Donroe”, dado que su administración la ha “superado por mucho”.
A continuación, analizamos los hitos del primer año de este segundo mandato de Donald Trump marcado por destrabar el tablero político en Venezuela, su empeño en lograr la “paz” en Ucrania y el Medio Oriente -y el Premio Nobel de la Paz también- el uso de los aranceles como armas de negociación y la “cacería migratoria”. El balance de un año entre la euforia del cambio, un nuevo orden mundial y algunos señalamientos internacionales por irrespeto a los derechos humanos.
El retorno de la máxima presión hasta la “resolución absoluta” en Caracas
No se puede comprender la ejecución de esta operación en suelo venezolano sin remontarse al primer gobierno de Trump, cuando inició su política de máxima presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y estableció sanciones financieras y petroleras contra funcionarios y empresas estatales, en respuesta a abusos de derechos humanos y la cuestionada elección presidencial de 2018.
Tras establecer entre 2017 y 2018 distintos niveles de sanciones a la industria petrolera, Trump reconoció como presidente interino del país a Juan Guaidó en 2019 y EE. UU. sancionó directamente a Pdvsa, congelando sus activos bajo jurisdicción en ese país y prohibiendo transacciones de exportación de crudo hacia territorio estadounidense. Además, en 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos por narcoterrorismo y corrupción contra Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, vinculándolos directamente con el Cártel de los Soles.
En marzo de ese año se ofrecieron por primera vez millonarias recompensas por la captura de Maduro (originalmente $15 millones) y $10 millones por Diosdado Cabello. La administración Biden elevó a $25 millones esta recompensa y en agosto de 2025, el gobierno de Trump duplicó la cifra ofrecida por el gobernante extraído a un récord de $50 millones.
Trump golpeó temprano tras asumir su segunda presidencia. Inmediatamente después de su toma de posesión el propio 20 de enero de 2025, firmó una orden ejecutiva que permitía designar a bandas criminales y carteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO). El20 de febrero designó oficialmente al Tren de Aragua como organización terrorista y seis días después, revocó las “concesiones” de la era Biden que permitían transacciones petroleras a ciertas empresas, aunque mantuvo licencias restringidas para Chevron.
El 24 de marzo de 2025, EE.UU. impuso aranceles de 25% a cualquier país que comprara petróleo a Venezuela y en junio se restauraron y actualizaron las restricciones de viaje a Venezuela que había aplicado en su primer mandato.
En agosto de 2025 Trump ordenó el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe bajo la denominación “Operación Lanza del Sur” (Operation Southern Spear), que representó la mayor acumulación de activos navales en la región en décadas. Esta ofensiva escaló desde una campaña antinarcóticos hasta un bloqueo nava.
Entre el 1 y 20 de agosto EE. UU. envió destructores con misiles guiados y cerca de 4000 efectivos a las cercanías de las aguas territoriales venezolanas. El uso de fuerza letal contra embarcaciones sospechosas inició en septiembre, cuando se registró el primer ataque aéreo: una aeronave estadounidense hundió una narcolancha que supuestamente operaba el Tren de Aragua, con un saldo fue de 11 fallecidos.
En la segunda semana de diciembre las tensiones se elevaron, cuando EE. UU. inició un bloqueo naval y petrolero tras incautar el tanquero Skipper el 10 de diciembre y prohibir el paso de buques sancionados. Hasta finales de 2025, EE.UU. aseguraba haber atacado 31 narcolanchas. Organizaciones como Human Rights Watch y la FIDH cuestionaron los ataques aéreos contra lanchas rápidas y los calificaron como “ejecuciones extrajudiciales”, así como también el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien denunció la violación del derecho a la vida y al debido proceso y pidió que el narcotráfico sea tratado “como un asunto de aplicación de la ley” y no bajo un marco de conflicto armado.
EL AÑO COMIENZA CANDELA:
Tres narcolanchas bombardeadas el 31 de diciembre y dos más hoy, según informó el Departamento de Defensa de EEUU. Ya son 33 las lanchas bombardeadas desde el 2 de septiembre. Vía @UHN_Pluspic.twitter.com/g9Hr4iUIAG
El 3 de enero llegó una fecha de quiebre para la política exterior de Trump y sus tensiones de años con el gobierno oficialista: la ejecución de la Operación Absolute Resolveen Caracas, en la que fuerzas especiales de EE. UU. capturaron a Nicolás Maduro y su esposa, trasladándolos para ser procesados en Nueva York.
Trump ha declarado que EE. UU. “dirigirá” el proceso hasta que haya una transición adecuada en Venezuela, en el que apoya la presidencia temporal de Delcy Rodríguez e impulsa transformaciones como acuerdos petroleros en beneficio económico para su país. Hasta los momentos, en el marco de estos incipientes cambios, se han excarcelado 143 políticos, en un universo de más de 900.
El pasado 15 de enero, Trump recibió en la Casa Blanca a la líder opositora María Corina Machado, en medio de la polémica por afirmar tras la extracción de Maduro que no tenía suficiente apoyo en Venezuela para presidir la transición. En el encuentro recibió la Medalla del Nobel que le fue otorgada a la dirigente de Vente Venezuela, y de esa reunión salió calificando esta decisión como un “maravilloso gesto de respeto mutuo”, al tiempo que la describió como una “mujer maravillosa que ha pasado por mucho”.
Tras este gesto de Machado, el Comité del Nobel aclaró que el premio era “intransferible” y Trump volvió a expresar su frustración por no recibir la distinción. En un reciente mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, afirmó que, al no recibir el premio tras “haber detenido 8 guerras”, ya no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” y ha vinculado su insatisfacción por esta causa con su renovado interés en adquirir Groenlandia, pues ahora puede priorizar lo que es “bueno y apropiado” para su país por encima de los ideales de paz global.
Bombardeo a instalaciones nucleares en Irán
Seis meses antes de la operación militar en Caracas, el gobierno de Trump bombardeó instalaciones nucleares de Irán, bajo la denominada Operación Midnight Hammer. La operación se produjo en el marco de una escalada militar de 12 días que comenzó con ataques israelíes previos el 13 de junio. Los ataques de EE.UU. se llevaron a cabo el 22 de junio de 2025 y se enfilaron contra tres instalaciones principales: Fordow, Natanz e Isfahán.
Se utilizaron bombarderos B-2 Spirit que lanzaron bombas “rompebúnkeres” GBU-57 (MOP), diseñadas específicamente para destruir objetivos subterráneos profundos. Trump calificó la misión como un “éxito histórico”, afirmÓ que la capacidad de enriquecimiento nuclear de Irán había sido “totalmente obliterada”.
Tras el bombardeo, Irán lanzó represalias contra una base de EE. UU. en Catar y ataques con misiles contra Israel. Sin embargo, la intervención directa de Trump llevó a un frágil alto el fuego anunciado el 25 de junio, justo antes de la cumbre de la OTAN.
El director del OIEA, Rafael Grossi, confirmó “destrozos muy importantes” en las instalaciones de Fordow, Natanz e Isfahán. Agencias de inteligencia occidentales estimaron que el programa fueretrasado considerablemente. Para finales de 2025, Irán declaró su intención de reconstruir sus plantas con mayor capacidad, lo que mantiene la tensión en la región.
Además, desde los ataques, Irán ha suspendido gran parte de su cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica, lo que ha provocado una “pérdida de continuidad del conocimiento” sobre el estado y ubicación exacta de sus materiales nucleares. Ese país aún mantiene una reserva de 440,9 kilogramos de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, un paso técnico muy corto para alcanzar los niveles de grado armamentístico del 90%, según el organismo de control nuclear de la ONU con sede en Viena.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han calificado el 2025 como el “año del retroceso absoluto” en materia de derechos humanos de los migrantes en EE.UU. Al asumir el cargo, se activaron planes para la mayor operación de deportación en la historia de EE. UU., utilizando recursos federales y militares para expulsar a millones de indocumentados.
El 27 de enero se suspendió indefinidamente el Programa de Admisión de Refugiados (USRAP), lo que afectó los procesos de reasentamiento en curso y días después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rescindió la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela otorgada por la administración anterior. Esto revirtió la fecha de expiración del TPS 2023 de octubre de 2026 al 2 de abril de 2025, dejando a cientos de miles en vilo legal. En octubre, la Corte Suprema permitió que la terminación del TPS 2023 para venezolanos tuviera efecto inmediato, eliminando las protecciones para aquellos que no tuvieran documentos de autorización de empleo vigentes hasta 2026 y el 7 de noviembre cesó formalmente la validez del TPS para miles de venezolanos bajo la designación de 2021, lo que marcó el inicio de su estatus como irregulares si no contaban con otra vía legal.
El gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para acelerar deportaciones, un hito polémico que permitió expulsar a migrantes venezolanos hacia El Salvador en marzo, ignorando en algunos casos órdenes judiciales previas. El 15 de marzo, 238 inmigrantes venezolanos fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador, bajo el alegato de que eran integrantes del Tren de Aragua. En ese recinto penitenciario se documentaron importantes violencias a derechos humanos y abusos, según reveló un informe de HRW.
En el año fueron polémicos los operativos contra migrantes en zonas urbanas y ciudades santuario. En Midway Blitz (Chicago) se realizaron detenciones masivas que derivaron en disturbios y la muerte de un inmigrante, Silverio Villegas, mientras intentaba evitar su arresto.
ICE alcanzó un récord histórico de más de 68 000 personas detenidas simultáneamente en 2025, incluyendo individuos sin antecedentes penales y beneficiarios de DACA que anteriormente estaban protegidos. Las cifras oficiales hablan de 622 000 deportados y unos dos millones de autodeportaciones. La promesa de campaña fue superar el millón de deportaciones en el primer año de gobierno. No obstante, organizaciones de rastreo de datos como TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse) y medios de comunicación han reportado cifras distintas basadas en registros internos de ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement). Las cifras obtenidas hasta diciembre sugieren que las remociones atribuibles directamente a la administración actual rondan las 335 000 a 350 000 personas.
Aranceles como arma de negociación y economía local
A un año del inicio de su segundo mandato (enero 2025 – enero 2026), la economía de EE.UU. bajo Donald Trump presenta un panorama de contrastes marcado por la agresividad arancelaria y una moderación lenta de los precios.
Trump ha convertido los aranceles en su principal herramienta de política exterior y económica. En febrero de 2025, impuso un arancel inicial del 10% a todos los productos chinos. Ante la falta de acuerdos, esta cifra escaló rápidamente, llegando en algunos puntos a superar el 100% en sectores estratégicos. Actualmente, tras una tregua de 90 días, los aranceles recíprocos se han estabilizado en torno al 10%. Sin embargo, se mantienen restricciones severas y aranceles altos en tecnología y productos relacionados con el fentanilo.
A principios de su segundo período presidencial, el mandatario republicano también amenazó a México con un arancel del 25% a todas las importaciones mexicanas. En julio de 2025, anunció una nueva tarifa del 30%.El gobierno de ese país logró pausas temporales (la última de 90 días en agosto de 2025) al comprometerse a reforzar el control fronterizo y combatir el tráfico de drogas.
Con Reino Unido mantiene un arancel del 10% tras un acuerdo bilateral en mayo de 2025. Con China, los aranceles a semiconductores se han retrasado hasta junio de 2027 para proteger la cadena de suministro tecnológica y rientemente, en enero de 2026, impuso aranceles adicionales a ocho países de Europa para presionar por el control estadounidense sobre Groenlandia.
Expertos de Yale han advertido que aunque se busca forzar negociaciones favorables, estas medidas reducen el crecimiento del PIB real en un 0.5% y han destruido cerca de 490 000 empleos asalariados debido a los costos de producción más altos.
En lo que respecta a indicadores económicos locales, la inflación en Estados Unidos cerró 2025 en un 2.7%, una ligera baja con respecto al 3.0% heredado. Analistas sostienen que los aranceles han añadido entre 0.5 y 0.7 puntos porcentuales al índice de precios, lo que ha frenado una bajada más rápida.
El mercado laboral muestra grietas tras un año de gestión de Trump en este, su segundo período:la tasa de desempleo aumentó hasta el4.6% (el nivel más alto desde 2021), aunque se proyecta que podría estabilizarse en el 4.5% para el resto de 2026.
La Casa Blanca reporta ganancias en los salarios reales del4%, una tímida recuperación del poder adquisitivo perdido en años anteriores. Sin embargo, el recorte de nóminas federales mediante el Departamento de Eficiencia Gubernamental ha afectado a miles de trabajadores.
Un elemento que ha vendido la administración Trump como logro es la reducción de los precios de la gasolina, que están por el orden de $2, 78/galón. Si bien han disminuido, todavía no alcanzan su promesa de campaña de llevarlos a $2.00.
Retiro masivo de arquitectura multilateral
El 7 de enero de 2026, Trump firmó un memorando presidencial ordenando la salida de66 organizaciones internacionales (31 agencias de la ONU y 35 entidades fuera del sistema ONU), argumentando que operan “en contra de los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de los Estados Unidos”.
También, EE.UU. abandonará la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la UNESCO(aunque en esta última seguirá siendo miembro pleno hasta el 31 de diciembre de 2026 por estatutos internos).
La administración trumpista también procedió al cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante 2025 y dejó de apoyar a los paneles de la ONU sobre género, trabajo y políticas climáticas calificadas como iniciativas “woke”. Se reportó también una reducción significativa de los aportes de EE.UU. al Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El Departamento de Estado mantiene una revisión abierta (bajo la Orden Ejecutiva 14199) para identificar más organismos de los cuales retirarse.
La salida de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dejado un déficit de casi $1900 millones para el presupuesto 2026-2027 y ha obligado a la agencia a recortar personal y programas en un 21%. La ausencia de EEUU debilita además la capacidad de vigilancia y respuesta rápida ante brotes infecciosos, ya que la OMS ahora enfrenta dificultades para movilizar recursos y coordinar investigaciones internacionales sin el apoyo técnico estadounidense. Entes independientes como el Impact Counter computan que el recorte de recursos para programas de luchas contra el VIH y la malaria en África y otros países vulnerables ya se traducen en vidas perdidas.
A pesar de su promesa de campaña de terminar la guerra en un solo día, al cumplirse el primer año de mandato, el conflicto persiste. Trump ha reconocido públicamente que alcanzar la paz es más complejo de lo esperado.
Las reuniones con el líder ucraniano Volodomir Zelenski fueron cambiando de tono desde un primer tenso encuentro en el Despacho Oval, seguidas de nuevas citas en agosto y octubre en Washington en búsqueda de una salida al conflictol.
A finales de 2025, la administración Trump presentó una propuesta formal que generó fuertes fricciones. El plan exige que Ucrania ceda territorio bajo control ruso, renuncie a entrar en la OTAN por un periodo prolongado y limite el tamaño de sus fuerzas armadas.
Trump también ofreció a Ucrania luego de una reunión con Zelenski el pasado 28 de diciembre «grandes ayudas económicas» si cede. Este 20 de enero de 2026, Zelenski reveló que fue invitado a unirse al “Consejo de Paz” del presidente estadounidense Donald Trump, pero que no se imagina participar en esa cita junto al mandatario ruso Vladimir Putin, al que también invitaron.
Zelenski ha condicionado su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos a la garantía de obtener resultados concretos para Ucrania, mientras el Kremlin celebra que el conflicto ucraniano ha perdido protagonismo en la agenda del foro
Otro hueso duro de roer
Donald Trump pasó de una postura de apoyo incondicional a Israel durante su primer mandato a liderar activamente un complejo proceso de pacificación tras su regreso a la presidencia en 2025.
Tras un breve periodo de hostilidades renovadas en Gaza el 18 de marzo, la administración Trump intensificó la mediación directa para forzar un alto el fuego permanente. El 24 de junio,Trump anunció un cese al fuego histórico entre Israel e Irán, mediado por EE. UU. y Catar, que puso fin a la guerra directa entre ambas potencias regionales. Este alto al fuego se ha mantenido en líneas generales, aunque con violaciones recurrentes.
En septiembre de 2025, presentó el Plan de los 20 Puntos para terminar con el conflicto en Gaza, que tiene como puntos clave el desarme de Hamás y retirada de fuerzas israelíes a líneas acordadas, la liberación de todos los rehenes vivos en un plazo de 72 horas a cambio de prisioneros palestinos y la sustitución del mando de Hamás por una administración civil palestina no afiliada a grupos militantes.
El 13 de octubre de 2025, Hamás liberó a los últimos 20 rehenes israelíes que permanecían con vida en la Franja de Gaza. Esto ocurrió tras 738 días de cautiverio y como parte de la Fase I del Plan de Paz de Trump. Hasta diciembre de 2025, se habían recuperado los restos de 27 rehenes fallecidos. Sin embargo, el cuerpo de al menos un rehén, identificado como Ran Gvili, sigue técnicamente retenido en Gaza. El grupo terrorist alega que requiere maquinaria pesada para recuperarlo de entre los escombros. En reciprocidad, Israel liberó a cerca de 2000 prisioneros y detenidos palestinos, incluidos 250 que cumplían cadenas perpetuas.
Recientemente, el 16 de enero de 2026, Trump oficializó la “Junta de Paz”, un organismo presidido por él mismo e integrado por figuras como Tony Blair y Marco Rubio para supervisar la reconstrucción de Gaza y, potencialmente, otros conflictos globales.
Analistas de la ONU y agencias como UNICEF señalan que, aunque los misiles se han detenido en gran medida, Gaza entra en 2026 con un 80% de escuelas destruidas y una reconstrucción paralizada por restricciones en la entrada Otros destacan que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que respalda el plan de Trump otorga, por primera vez en años, un marco legal internacional sólido para una fuerza de seguridad multinacional en el enclave.
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