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“Therians” y “furries”: identidades, cultura y su influencia en la sociedad

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Las subculturas de los therians y los furries han emergido y se han fortalecido en los últimos años, especialmente con el auge de las redes sociales en Internet. Ambas identidades exploran la relación entre lo humano y lo animal, sin embargo, sus enfoques y significados son distintos. En este artículo me referiré a las características de cada grupo, así como su influencia en la cultura y la sociedad en general.

Empecemos por los therians

Los therians son individuos que sienten una conexión profunda con un animal no humano, ya sea a nivel espiritual, psicológico o emocional. Esta identificación puede manifestarse en experiencias que varían desde la creencia de tener un “alma animal” hasta la adopción de comportamientos asociados con “su” animal, el que sienten ser. Los therians suelen compartir sus experiencias en foros en línea y grupos de discusión, donde encuentran un espacio seguro para explorar y expresar su identidad. El sentido de pertenencia en estos casos es importantísimo.

La therianthropía, el término que describe esta experiencia de identificación animal, se asocia con un sentido de comunidad y una búsqueda de autocomprensión. Algunos therians enfatizan la importancia de la empatía hacia los animales y el respeto por el reino animal.

Los furries

La comunidad furry, por otro lado, se centra en la creación y apreciación de animales antropomórficos, es decir, animales que exhiben características humanas. Esto incluye tanto el arte y la literatura como la creación de personajes (conocidos como fursonas) y disfraces (fursuits). Los furries participan en convenciones, eventos y actividades en línea, lo que les permite conectar con otras personas que comparten intereses similares. Todos llegan disfrazados de su personaje favorito.

Mi hermano menor es artista plástico y dio clases en un instituto de arte en los Estados Unidos hasta hace como diez años. En su primera cohorte tuvo como alumna una furry. No hablaba. No hacía contacto social. Escribió en un papel que ella era una furry. Y ahí fue cuando mi hermano (y nosotros, de retruque) nos enteramos de que existía gente como ella. Lo único que dibujaba era el personaje de la comiquita del demonio de Tasmania. No importaba que el modelo fuera un ser humano, una naturaleza muerta, un paisaje, un vehículo, lo que fuera: ella todo, todo, lo representaba como el demonio de Tasmania. Mi hermano le pidió un certificado médico donde se asentara que ella era una furry. El certificado, como era de esperarse, jamás apareció.

La cultura furry -estigmatizada en ocasiones- se asocia erróneamente con comportamientos inapropiados, aunque la mayoría de los furries se involucran en la comunidad por razones creativas y sociales. En contraste con los therians, los furries no necesariamente sienten una conexión profunda o identidad con un animal específico, sino que disfrutan de representar personajes que suelen ser extensiones de su propia personalidad. En particular, muñecos de peluche.

Tanto los therians como los furries han desafiado las normas sociales sobre lo que significa ser humano y han promovido una mayor apertura hacia diversas formas de identidad. A través de su presencia en plataformas digitales, contribuyen a discusiones sobre la identidad, la autoexpresión y la aceptación de la diversidad. Esto ha llevado a una mayor visibilidad y, a veces, a la normalización de identificar la conexión entre lo humano y lo animal.

Ambas comunidades fomentan un espacio donde la diversidad es celebrada. Esto puede ayudar a combatir prejuicios y estigmas asociados con las identidades no convencionales. Los furries, en particular, ofrecen un medio a través del cual las personas pueden explorar su creatividad y desarrollar personajes que resuenan con ellos, lo que puede ser terapéutico y liberador. Tanto therians como furries crean comunidades donde se sienten comprendidos y aceptados, vital para el bienestar emocional de sus miembros.

Las críticas

Sin embargo, el enfoque en estas subculturas también enfrenta críticas y desafíos. Muchas personas pueden no entender o aceptar estas identidades, lo que conduce a la discriminación y al acoso. La desinformación sobre los therians y los furries desemboca en la estigmatización, diluyendo su contribución positiva a la sociedad en general.

La existencia de therians y furries ilustra cómo la identidad y la autoexpresión pueden tomar formas diversas y complejas. Ambas comunidades, a pesar de sus diferencias, han tenido un impacto significativo en la forma en que se perciben las identidades en la cultura contemporánea. A medida que la sociedad avanza (hay muchos que piensan que retrocede) hacia una mayor inclusión y comprensión de la diversidad, es probable que las historias y experiencias de los therians y los furries continúen influyendo en las conversaciones sobre la identidad, la comunidad y el significado de ser humano.

Paciencia, piojo, que la noche es larga…

@cjaimesb

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El Mañanero del 23 de febrero: Más de 200 presos políticos de El Rodeo I en huelga de hambre

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este lunes, 23 de febrero, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la tarde de este domingo, 22 de febrero, que al menos 213 presos políticos recluidos en El Rodeo I, en el estado Miranda, se mantienen en huelga de hambre en este centro de reclusión.

Los familiares de los detenidos denunciaron la falta de atención médica oportuna y exigen el cumplimiento de las liberaciones. “Ellos están pidiendo asistencia médica, que no se le violen sus derechos y que haya realmente liberaciones”, alertó una de las familiares.

Los familiares hacen un llamado a la sociedad civil para que los acompañen y no los dejen solos en esta lucha. Además, informaron que el lunes 23 de febrero se concentrarán en el Auditorio de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para visibilizar la situación.

En esta huelga de hambre también hay presos políticos extranjeros que se sumaron, tal es el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo. Así lo confirmó en X (anteriormente llamada Twitter) su pareja María Alexandra Gómez. “Responsabilizo a Martínez Rangel quién es el director del recinto, lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes sólo es responsabilidad de usted y sus custodios”, señaló Gómez.

Recién salido del horno: otras noticias

Foro Penal: 16 presos políticos han recibido libertad plena tras aprobarse la Ley de Amnistía

Los claroscuros de la Ley de Amnistía

Rodríguez afirma que muchos excluidos de la amnistía serían considerados para recibir indulto

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“La cárcel de Rodeo I se encuentra bajo medidas provisionales de protección, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual obliga al Estado a implementar acciones urgentes de seguridad, salud y control interno. Bajo este esquema, el centro penitenciario está sujeto a una supervisión internacional constante para garantizar que las condiciones de reclusión cumplan con los estándares mínimos de dignidad humana”, Observatorio Venezolano de Prisiones.

Lo que rompe en redes

La Cruz Roja Venezolana anunció este domingo, 22 de febrero, que fue invitada por el gobierno chavista a acompañar el proceso de excarcelaciones derivado de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por la Asamblea Nacional.

Azuquita pa’l café

La historia de Punch, un macaco japonés nacido en julio de 2025, ha conmovido a millones de personas en redes sociales. Tras ser rechazado por su madre, fue criado por cuidadores del zoológico de Ichikawa, quienes le dieron un peluche de orangután (un modelo popular de IKEA llamado DJUNGELSKOG) como objeto de consuelo. Según reportes del zoológico, después de sufrir el rechazo, un mono adulto llamado Onsing ha envuelto al pequeño Punch en un fuerte abrazo.

La ñapa (recomendamos…)

Detienen y torturan a funcionarios del Cicpc por negarse a alterar investigación de bombardeos del 3E

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Familiares y allegados de técnicos de la policía judicial de Venezuela vinculados a la investigación científica sobre los muertos en el ataque militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero, denunciaron que los funcionarios fueron detenidos y torturados por negarse a falsear el resultado de las pesquisas.

Según las denuncias, los detenidos estarían siendo víctimas de represalias por negarse a alterar pruebas relacionadas con la “Operación Determinación Absoluta”, en la cual se ejecutaron diversos bombardeos y que culminó con la captura del gobernante Nicolás Maduro y Cilia Flores en Fuerte Tiuna.

Testimonios señalan que varios profesionales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron convocados a una reunión el pasado 23 de enero bajo presunto engaño para ser coaccionados a “suministrar información falsa o alterar los resultados de las investigaciones periciales” de los hechos ocurridos en Fuerte Tiuna.

Quienes se negaron a comprometer su ética profesional fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y se les acusó del presunto “intento de homicidio” contra el director del Cicpc, Douglas Rico, quien supuestamente participaría en la reunión, pero nunca estuvo presente.

“Desde ese momento y hasta la fecha (1 de febrero, según el testimonio), se mantuvo en un estado de desaparición forzada, ya que las autoridades no suministraron información oficial sobre su paradero ni permitieron contacto alguno con sus familiares o abogados”, relata una persona allegada a uno de los detenidos en una carta a la que tuvo acceso Runrun.es.

Torturados en El Rodeo

Un testimonio anónimo de una persona que conoce el caso describe la brutalidad del proceso: “Fue torturado cuando lo agarraron… él siempre ha sido super ético, tiene 26 años de servicio y es intachable. Se negó a firmar unas vainas del 3 de enero… y los han mentido como un intento de homicidio a Douglas Rico”. La fuente estima que existen aproximadamente 30 personas en condiciones similares, quienes permanecen aisladas y sin el debido proceso legal.

Actualmente, los allegados confirman que un grupo de estos detenidos se encuentra recluido en El Rodeo I, en el estado Miranda. Las denuncias sobre el trato recibido dentro del penal son alarmantes, señalando que los prisioneros son mantenidos con capuchas durante todo el día, las cuales solo se les retiran para comer, y presentan signos evidentes de tortura física. “Cuando los fueron a ver al Rodeo estaban todos coñaceados y vueltos mierda”, relató la fuente cuya identidad se mantiene bajo anonimato por seguridad.

Los familiares exigen que estos casos sean registrados como violaciones directas a los derechos humanos y demandan al Estado el respeto al debido proceso y la libertad inmediata de quienes solo cumplieron con su deber profesional.

El asalto a Fuerte Tiuna

El origen de estas detenciones se remonta a la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas militares estadounidenses ejecutaron la “Operación Determinación Absoluta”. El objetivo principal fue el complejo de Fuerte Tiuna, en Caracas, donde se produjo un bombardeo aéreo seguido por el aterrizaje de unidades de fuerzas especiales. 

Durante esta incursión, fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcoterrorismo y están a la espera de su próxima audiencia, fijada para el mes de marzo.

Aunque las cifras oficiales se mantuvieron inicialmente en reserva y posteriormente el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó que en los ataques murieron 83 personas, una investigación realizada por Monitor de Víctimas logró  identificar a 81 de las víctimas fatales. El grupo de fallecidos está compuesto por 45 militares venezolanos, 32 funcionarios cubanos y 4 civiles.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Más de 200 presos políticos en El Rodeo I iniciaron huelga de hambre, el gendarme argentino entre ellos

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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la tarde de este domingo, 22 de febrero, que al menos 213 presos políticos recluidos en El Rodeo I, en el estado Miranda, se mantienen en huelga de hambre en este centro de reclusión.

Los familiares de los detenidos denunciaron la falta de atención médica oportuna y exigen el cumplimiento de las liberaciones. “Ellos están pidiendo asistencia médica, que no se le violen sus derechos y que haya realmente liberaciones”, alertó una de las familiares.

Los familiares hacen un llamado a la sociedad civil para que los acompañen y no los dejen solos en esta lucha. Además, informaron que el lunes 23 de febrero se concentrarán en el Auditorio de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para visibilizar la situación.

En esta huelga de hambre también hay presos políticos extranjeros que se sumaron, tal es el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo. Así lo confirmó en X (anteriormente llamada Twitter) su pareja María Alexandra Gómez. “Responsabilizo a Martínez Rangel quién es el director del recinto, lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes sólo es responsabilidad de usted y sus custodios”, señaló Gómez.

Se conoció, además, que miembros de la Cruz Roja Venezolana llegaron también este domingo al Rodeo con la intención de evaluar las condiciones en las que se encuentran recluidas en este recinto. “Ayúdenlos, los muchachos están en huelga de hambre, no tienen servicio médico”, indicaron los familiares a los miembros de la organización.

La Cruz Roja había anunciado previamente que recibió una invitación por parte del gobierno chavista para asistir en las jornadas de excarcelación vinculadas a la recientemente aprobada y sancionada Ley de Amnistía.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Foro Penal: 16 presos políticos han recibido libertad plena tras aprobarse la Ley de Amnistía

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El Foro Penal Venezolano confirmó que hasta el mediodía de este domingo, 22 de febrero, 16 presos políticos han recibido libertad plena desde el pasado viernes, 20 de febrero, un día después que se aprobó y sancionó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Alfredo Romero, director presidente de la organización no gubernamental, señaló en su cuenta de X (anteriormente llamada Twitter), que desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció que comenzaría un proceso de excarcelaciones, han verificado 464 presos políticos excarcelados.

El sábado 21 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, anunció que hasta esa fecha habían recibido más de 1,500 solicitudes de personas privadas de libertad para acogerse a la Ley de Amnistía.

Asimismo, indicó que hay otras 11,000 personas que tienen medidas cautelares como régimen de presentación o casa por cárcel, las cuales también están contempladas en la ley. “Esas 11.000 personas sí van a ser atendidas por el comité de seguimiento de la Ley de Amnistía”, aseguró.

Rodríguez también señaló que “muchas” de las personas excluidas de la ley “están siendo consideradas” para recibir “medidas de gracia” o indultos del Ejecutivo.

Con la aprobación de la ley surgieron las alarmas. Aunque el instrumento legal representa un alivio para cientos de familias, el Foro Penal advierte sobre vacíos críticos que mantienen vivo el engranaje represivo en Venezuela.

En una rueda de prensa del pasado viernes, Alfredo Romero recordó que la ley excluye casos de homicidio intencional, entre los que entrarían -por ejemplo- un militar que haya disparado contra un manifestantes, pero también excluye a personas que son acusadas de delitos que nunca cometieron, como corrupción, homicidios y delitos de narcotráfico.

Otro de los reclamos gira en torno a la temporalidad. Aunque el artículo 6 menciona un lapso de 28 años, el artículo 8 solo reconoce eventos específicos que, sumados, apenas cubren 20 meses de casi tres décadas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Tren de Aragua despierta de su sueño americano

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La designación del Tren de Aragua (TDA) como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos fue apenas el primero de una seguidilla de sismos que sacudió a la pandilla en el último año, debilitando sus estructuras, colocando a sus miembros en una situación judicial comprometida, y dejando a miles de migrantes venezolanos como víctimas colaterales. 

En sus primeros tres meses de gobierno, Donald Trump convirtió al TDA en el enemigo público N-1 de EE. UU. El mismo día de su juramentación como presidente firmó la orden para clasificar a la megabanda –que nació en una prisión venezolana–, los cárteles mexicanos y las pandillas centroamericanas como organizaciones terroristas. Un mes después, el 20 de febrero de 2025, concretó la medida.

Con el argumento de combatir a la pandilla, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, encarceló a migrantes y bombardeó embarcaciones en el Caribe. 

Previamente, entre diciembre de 2024 y el 20 enero de 2025 las noticias sobre los supuestos delitos del TDA se multiplicaron en los medios estadounidenses, como FOX News y The New York Post. Destacaba especialmente el caso de violencia en una residencia en Aurora, Colorado.

Para ese momento, la atención mediática y la visibilidad ya se habían convertido en motivo de alerta para los miembros de la organización. Comenzaron a actuar con más cautela, no dejaban registros escritos de sus comunicaciones en WhatsApp y solo se conectaban por videollamadas.

Policías de Estados Unidos y Colombia identificaron lo que podría considerarse una fragmentación de la pandilla, que derivó en el surgimiento del Anti-Tren, un grupo integrado por desertores del TDA. En paralelo, aumentó la presión sobre el grupo: Chile y Colombia comenzaron a realizar operaciones conjuntas con autoridades de EE. UU. para desmantelar células en sus países.

En esta fase de persecución y cacería, cualquier venezolano era sospechoso de pertenecer al TDA –más aún si tenía tatuajes– y podía ser detenido. Pero la situación llegó al clímax cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros el 16 de marzo. 

El objetivo era “iniciar la remoción de cientos de miembros peligrosos del Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Extranjera (FTO) violenta y cruel, que ha estado amenazando a nuestra nación, llevando a cabo una guerra irregular y aterrorizando a los estadounidenses”, dice el comunicado de prensa del Departamento de Estado.

Pero la norma se usó para justificar la “deportación” ilegal de 238 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, con excusa de que eran miembros del TDA. Investigaciones periodísticas demostraron que esto era falso y cuatro meses después todos los hombres fueron entregados al gobierno de Venezuela y liberados, en un “intercambio de prisioneros”.

Previamente, otros migrantes acusados sin pruebas de pertenecer al TDA, habían sido enviados a la cárcel de Guantánamo, en Cuba.

Estas acciones desproporcionadas y fuera de la ley causaron terror, no solo entre los venezolanos en Estados Unidos, también aumentaron la preocupación de los jefes de la banda. No es igual ser juzgado por secuestro, extorsión y homicidio que ser acusado por terrorismo. 

La capitulación 

Cuando Larry Amaury Álvarez Núñez –alias Larry Changa–, uno de los líderes del Tren de Aragua detenido en una prisión en Bogotá, solicitó al presidente Gustavo Petro que el grupo fuera incluido en el proceso de Paz Total del gobierno de Colombia, sabía lo que venía para esta organización criminal. 

En una carta, enviada en octubre al presidente de Colombia, Alvarez Núñez hablaba como representante de la pandilla. “Como uno de los tres fundadores y vocero autorizado de la denominada banda criminal Tren de Aragua, me dirijo a ustedes con el debido respeto para expresar mi voluntad y la de nuestra organización de colaborar con el Estado colombiano en iniciativas de carácter social, preventivo y de reinserción, que contribuyan a reducir la violencia y la influencia de organizaciones criminales que afectan a comunidades vulnerables y a la población migrante”.

También insinuó que el TDA estaba interesado en desmovilizarse y en colaborar con las autoridades de los distintos países donde operaba el grupo, incluido EE. UU. Más que una negociación para detener su extradición a Chile, era la capitulación no formal de la pandilla más perseguida del continente. 

Los bombardeos cada vez más frecuentes a embarcaciones supuestamente con droga y supuestamente del TDA, en el Caribe, pudieron ser otro incentivo para buscar algún acuerdo. A esto se suma la sanción a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, uno de los hombres clave del TDA, quien fue añadido a la lista de los 10 más buscados del FBI. 

Otro duro golpe fue la detención, en Colombia, de Kenffersso Jhosue Sevilla, alias Flipper, uno de las figuras más importantes de la organización. 

Finalmente, la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por EE. UU. y la inclusión de Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, máximo jefe del TDA, en el indictment contra el expresidente constituye un punto de quiebre para la pandilla. 

Si está en Venezuela, Guerrero podría correr la misma suerte del “Koki”, “El Picure”, “El Conejo”, “Wilmito” y otros jefes de megabandas de la era Maduro: morir en un supuesto enfrentamiento con las autoridades. Por eso, quizás su mejor opción sea aterrizar en una cárcel estadounidense. 

Esta semana, en las redes sociales de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) publicaron un aviso de se busca con la cara del Niño Guerrero, justamente durante la visita del Jefe del Comando Sur y de un importante funcionarios del Departamento de Estado a Venezuela.

En este contexto, el futuro del Tren de Aragua luce incierto, aunque todavía tienen presencia en algunos territorios de Venezuela y mantienen sus negocios enfocados en actividades comerciales, minería y lavado dinero. 

En Estados Unidos, las noticias sobre el TDA son cada vez menos comunes, pero la persecución a los migrantes y las restricciones migratorias contra los venezolanos se mantienen.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Entre el perdón y el olvido: la batalla por el sentido del pasado en la Venezuela de 2026

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Dicen que la patria amaneció reconciliada antes del café. No hubo campanas, ni multitudes abrazándose en las plazas, ni lágrimas colectivas lavando décadas de rencor. Bastó un tablero electrónico iluminado, una votación disciplinada y un puñado de palabras solemnes pronunciadas con esa gravedad que solo conocen los discursos escritos para la posteridad inmediata. De un día para otro, el país dejó de ser un campo de agravios para convertirse en un expediente resuelto. La memoria, tan indómita durante años, fue invitada cortésmente a retirarse. Se habló de paz con la serenidad de quien dicta inventario, y de perdón con la ligereza de quien cambia de página sin haber terminado de leer el capítulo anterior. La historia, al parecer, podía resolverse con mayoría simple.

Pero el pasado venezolano no es un archivo muerto: es un animal inquieto que respira debajo de las mesas del poder. La reciente ley de amnistía no es simplemente una herramienta jurídica ni un gesto político coyuntural. Es, sobre todo, una intervención en el régimen de memoria del tiempo presente. Y cuando el pasado inmediato todavía está habitado por sus víctimas, sus responsables y sus testigos, cualquier intento de clausura adquiere una dimensión que trasciende la técnica legislativa: se convierte en una disputa por el sentido de lo ocurrido.

La historia del tiempo presente nos recuerda que no estamos ante un pasado sedimentado, sino ante un pasado en combustión. Vivimos en una época donde el presente reorganiza retrospectivamente lo que acaba de suceder, donde los actores aún están en escena y las heridas no han cicatrizado. En ese marco, el poder no solo administra instituciones: administra narrativas. Decide cómo se nombra el conflicto, qué se considera delito político, qué se interpreta como exceso y qué se diluye en la categoría ambigua de “errores del pasado”. La amnistía, en este contexto, no cierra una etapa; propone una versión autorizada de ella.

No se trata de negar el valor político del perdón. Las sociedades fracturadas han necesitado, en distintos momentos, fórmulas excepcionales para evitar la perpetuación del conflicto. Pero la justicia transicional no es un simple acto de borrón y cuenta nueva. Es un proceso que articula verdad, reparación y garantías de no repetición. La amnistía puede ser un componente, pero no sustituye el trabajo público de esclarecimiento ni la construcción de una memoria compartida. Cuando el perdón antecede a la verdad, corre el riesgo de convertirse en olvido administrado.

Las críticas a la ley aprobada por la Asamblea dominada por el chavismo han sido reveladoras. Organizaciones como Foro Penal han advertido que la norma es limitada y selectiva, dejando fuera a numerosos detenidos y subordinando la aplicación del beneficio a instancias judiciales cuya independencia ha sido ampliamente cuestionada. Familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos han señalado la ausencia de restitución plena de derechos y la falta de mecanismos claros de reparación. Otros han subrayado que la medida no desmonta las estructuras institucionales que hicieron posible la persecución ni establece garantías verificables de no repetición. En ese marco, la amnistía aparece menos como un proceso integral de transición y más como un gesto político que alivia síntomas sin tocar las causas profundas. Desde la perspectiva de la memoria histórica, el riesgo es evidente: el perdón parcial puede convertirse en una estrategia para clausurar el debate público sobre responsabilidades.

La experiencia comparada muestra que las transiciones negociadas suelen privilegiar la gobernabilidad sobre la profundidad moral del ajuste de cuentas con el pasado. No es necesariamente un acto de cinismo; es, muchas veces, una apuesta pragmática. El problema surge cuando la estabilidad se confunde con reconciliación y el silencio con consenso. La historia enseña que los conflictos no resueltos en el plano simbólico regresan, tarde o temprano, convertidos en desconfianza estructural.

La opinión pública venezolana parece moverse precisamente en esa franja de prudencia que no celebra ni estalla. No hay épica en las calles ni júbilo multitudinario. Hay, más bien, una cautela aprendida. Años de confrontación, promesas rotas y anuncios grandilocuentes han producido una ciudadanía que escucha los discursos con la distancia de quien ya ha visto demasiados finales anticipados. El escepticismo no es apatía; es memoria acumulada. Es la conciencia de que los grandes gestos suelen venir acompañados de pequeñas letras invisibles.

En las redes sociales y en las conversaciones cotidianas, el tono dominante no es la furia sino la ironía. El humor ácido reemplaza al entusiasmo. La sociedad parece haber desarrollado una inmunidad frente a las proclamaciones definitivas. Este clima no puede leerse únicamente como desmovilización. Es, en buena medida, una forma de autodefensa simbólica: la ciudadanía se reserva el derecho de no creer hasta ver transformaciones reales en la estructura del poder y en la administración de justicia.

Toda amnistía es también una decisión sobre el futuro del pasado. Decide qué episodios serán recordados como excesos compartidos y cuáles quedarán diluidos en la ambigüedad. Decide cómo se narrará este período dentro de una década. La pregunta crucial no es si se perdona, sino cómo se construye la conciencia histórica de lo ocurrido. Sin un marco público de verdad —aunque sea incómodo, aunque incomode a todos— el conflicto no desaparece: se desplaza hacia los márgenes de la memoria privada.

La estabilidad puede lograrse mediante acuerdos pragmáticos. Pero la legitimidad es otra cosa. La legitimidad se asienta en la convicción de que el pasado ha sido asumido y no simplemente archivado. El perdón, para ser auténtico, requiere reconocimiento. De lo contrario, se convierte en una estrategia administrativa que busca cerrar capítulos sin haberlos leído en voz alta.

Venezuela se encuentra ante una encrucijada menos visible que las anteriores, pero quizá más decisiva. No es la disyuntiva entre confrontación y paz, sino entre memoria crítica y olvido funcional. La primera exige tiempo, escucha y valentía moral. La segunda ofrece resultados más rápidos y titulares más tranquilizadores. Sin embargo, una sociedad que no se atreve a mirar su pasado reciente con honestidad termina prisionera de él.

La batalla actual no es por el control del poder inmediato, sino por el significado de la experiencia histórica compartida. Lo que hoy se nombre como “pacificación” podrá ser recordado mañana como reconciliación genuina o como silenciamiento conveniente. La conciencia histórica no se decreta. Se construye en el espacio público, en el reconocimiento de las víctimas, en la deliberación abierta sobre responsabilidades.

Al final, la pregunta no es si Venezuela puede perdonarse, sino si está dispuesta a comprenderse. Porque los pueblos no se reconcilian por cansancio ni por decreto, sino por conciencia. Y la conciencia histórica es el único terreno donde el pasado deja de ser un espectro y se convierte en aprendizaje. Allí, y solo allí, el perdón deja de parecer un trámite y comienza a parecer una decisión ética.

  • @NixonDominguez | Historiador – Universidad de Los Andes / Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. / Instagram: Nixonjds

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Los claroscuros de la Ley de Amnistía

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En una rueda de prensa conjunta el pasado 20 de febrero, directivos del Foro Penal analizaron en detalle la recién aprobada Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Aunque el instrumento legal representa un alivio para cientos de familias, la organización advierte sobre vacíos críticos que mantienen vivo el engranaje represivo en Venezuela.

Alfredo Romero, presidente de la ONG, fue enfático: la lucha por la libertad debe continuar sin descanso, ampare o no la ley a cada detenido. Según sus registros, más de 600 presos políticos permanecen tras las rejas, incluyendo un número importante de militares que aún no han sido contabilizados formalmente.

Romero recordó que, desde enero hasta la fecha, solo se han materializado 448 excarcelaciones, dejando focos críticos de detención en centros como Rodeo I, Ramo Verde y Fuerte Guaicaipuro, donde las restricciones de visitas persisten.

A continuación, un resumen de lo que los expertos señalan como las luces y las sombras de esta ley.

El lado oscuro

El laberinto administrativo: la amnistía no es automática

Un punto crucial es que el beneficio no se aplica de oficio de forma inmediata en la práctica procesal. Tanto los detenidos como las más de 11 000 personas con medidas sustitutivas registradas por el Foro Penal deben presentar una solicitud formal ante los tribunales. Para facilitar este proceso, la organización ha puesto a disposición su asistencia legal gratuita.

El verdugo decide

Romero denunció la contradicción de que sean los mismos jueces y fiscales que ordenaron las detenciones arbitrarias quienes ahora deban interpretar la ley para otorgar la libertad. Además cuestionó que esa decisión se supedite a dos elementos. Uno de ellos es el tipo de delito, a lo que se opuso el Foro Penal, porque el delito no necesariamente constituye la verdadera causa de la detención, pues en la mayoría de los casos, la motivación es política.

Recordó que la ley excluye casos de homicidio intencional, entre los que entrarían -por ejemplo- un militar que haya disparado contra un manifestantes, pero también excluye a personas que son acusadas de delitos que nunca cometieron, como corrupción, homicidios y delitos de narcotráfico.

Como se mencionó antes, el primer elemento para que el tribunal o el juez decida si la persona recibirá amnistía es que no hayan sido
acusadas o imputadas por los delitos señalados concretamente en el artículo 9
(violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, delitos previstos en la Ley contra la Corrupción, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como aquellos se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza). Luego de que se determine que la persona no está incluida en esos delitos, se deben revisar los hechos, que son trece, contemplados por la ley en el artículo 8.

Esta discrecionalidad, a juicio de Romero, se complica con la exclusión de delitos como “corrupción”, etiquetas que el sistema suele utilizar para encubrir persecuciones por motivos políticos.

Un sistema represivo intacto

Para el Foro Penal, la ley es apenas un “paso pequeño” que no desmantela el sistema de persecución. Los cuerpos de inteligencia, la vigilancia y los tribunales que han servido como arma política siguen operativos. Aunado a ello, quienes siguen detenidos e incluso no serán beneficiados con la ley son sometidos a condiciones de restricción y violaciones de sus derechos, sin que se contemple algún cambio en este texto legal.

Romero puso como ejemplo que la semana pasada le impidieron entrar al Rodeo I solo por ser abogado de presos políticos. “No se permite el acceso a tribunales, ni el acceso a la fiscalía para denunciar que no se permite la representación”.

“Si no hay acceso a las cárceles, a los tribunales, si la defensa no se permite y hay personas cuyo paradero se desconoce, la Ley de Amnistía es solo un paso pequeño. Y necesitamos trabajar por la reconstrucción del sistema de justicia y por el desmantelamiento del sistema represivo. Todavía falta mucho para obtener la libertad. Hay que desmantelar un sistema de justicia que ha servido como arma de persecución política, porque de nada nos vale cerrar, terminar o extinguir procesos, cuando nuevos procesos y la puerta giratoria puede reactivarse (…) El sistema y el monstruo están ahí todavía y pueden morder“.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, insistió en que para una verdadera reconstrucción del Estado de Derecho, es imperativo derogar normas punitivas como la Ley contra el Odio, Ley contra las ONG, Ley Simón Bolívar, Ley contra la Delincuencia
Organizada y contra el Terrorismo, así como algunas disposiciones del Código Penal que incluyen delitos de opinión.

“Tenemos que adecuar la legislación venezolana a los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos, especialmente la legislación penal. Y además, hay que continuar exigiendo el desmantelamiento pleno del aparato represivo y la reforma estructural de las instituciones, especialmente de los tribunales, para hablar de una verdadera reconstrucción del estado de Derecho”, opinó.

Recordó también que la AN desestimó la propuesta del jurista Alberto Arteaga Sánchez de establecer unos tribunales Ad-Hoc para la revisión de estos casos, lo que hubiese garantizado mayor transparencia.

El vacío de los 15 años: cientos de excluidos

Uno de los reclamos más fuertes gira en torno a la temporalidad. Aunque el artículo 6 menciona un lapso de 28 años (desde el 1 de enero de 1999 hasta el momento de su publicación en Gaceta Oficial en 2026) el artículo 8 solo reconoce eventos específicos que, sumados, apenas cubren 20 meses de casi tres décadas. “Hay unos 15 años “completamente por fuera”, denunció Himiob.

“Esto es muy grave, porque se desconoce que la prisión y persecución política ha sido continua y no de eventos aislados y esporádicos. Ha sido continua desde 1999, hay que decirlo, con expresiones menos graves de las que vemos ahora, hasta el día de hoy (…) No se mencionan siquiera los años 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011,2012, 2015, 2018, 2020, 2021, 2022 ni lo que va de 2026″, alertó.

A juicio del vicepresidente del Foro Penal, en los 13 años tomados en cuenta para otorgar el beneficio de amnistía -2002, 2003, 2004, 2007,2009, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025– se hace una “selección indebida y bastante arbitraria” de momentos y meses específicos: “Al sumar esos meses que aparecen allí descritos, no son más de 20 meses, un año y ocho meses de casi 28 años que se suponía que tenía que abarcar la Ley de Amnistía. Esto es una irregularidad imperdonable y contra esto se luchó de todas las formas posibles, se hicieron las recomendaciones adecuadas, se pidió incluso que se incluyera una cláusula residual que hablase de otros momentos y eventos y esto fue negado, con una intención clara de excluir situaciones y momentos que tienen que ver con actuaciones de los militares, porque los grandes excluidos de esta ley son los militares”, precisó Himiob, tras lamentar que la ley sancionada no sea lo suficientemente amplia, pese a los inmensos esfuerzos de la sociedad civil.

Los representantes del Foro Penal calcularon en 400 el número de personas que quedarán excluidas de la Ley de Amnistía, en su mayoría,
militares y civiles que han sido “arbitrariamente relacionados” con operaciones militares.

Romero mencionó que en la rueda de prensa en la que se produjeron las declaraciones estaba la suegra del gendarme argentino Nahuel Gallo que sigue detenido. También, la esposa del sargento Luis Bandres, siete años presos: “Ellos están excluidos de la Ley de Amnistía al parecer y no puede haber esacdiscriminación”.

Se refirió también a la situación de Nicmer Evans, periodista que recientemente fue excarcelado, y cuyo caso no fue específicamente
incluido en la ley. “Sus procesos deben ser anulados, porque sino, en cualquier momento puede ser encarcelado”.

Excesiva discrecionalidad


Gonzalo Himiob insistió en que lo ideal para haber determinado quiénes serían los beneficiarios de la Ley de Amnistía hubiese sido
conformar una comisión con representantes del alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, una representación de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo y de las ONG, con el fin de establecer directrices que fuesen vinculantes “para que los jueces tuvieran que obedecer lo que disponga el momento político”.

La trampa de los adjetivos

Himiob criticó la carga ideológica del texto, que califica hechos como “golpe de Estado” o “sabotaje”. Según el abogado, estas adjetivaciones estigmatizan al oponente y contradicen el espíritu de reconciliación y convivencia pacífica que supuestamente promueve la ley.

“Adjetivar hace que se pierda el foco del sujeto, además, es contrario a lo que dice la misma ley en su artículo segundo, porque es para la reconciliación, igualdad, fraternidad y igualdad, fraternidad y convivencia pacífica. ¿Cómo puedes tú promover la fraternidad, igualdad, convivencia pacífica, de entrada, calificando al otro entrada de diferentes formas, que no son más que adjetivos para estigmatizar a personas que no piensan como tú y que son personas con derechos y deberes”?, preguntó. a otra cara: los logros alcanzados.

No es la panacea

Alfredo Romero destacó que no se debe comprar la narrativa de que el texto legal es la solución al problema de los presos políticos: “La liberación de presos políticos no puede condicionarse a la Ley de Amnistía, debe continuar (…) Hay que seguir trabajando por la liberación de otra forma. Tomo las palabras de Delcy Rodríguez, quien decía ayer que se incorporarán algunos casos que no están en la Ley de Amnistía. Todas las personas deben ser liberadas inmediatamente.

La otra cara: los logros alcanzados

Pese a las críticas, el Foro Penal reconoce victorias significativas dentro del articulado.

Más de 300 presos políticos beneficiados

La Ley de Amnistía cubre un período según su artículo 6 de aproximadamente 28 años, desde el 1 de enero de 1999 hasta el momento de 2026 en el que se publique en Gaceta Oficial. “Beneficia a un grupo de personas importantes (…) Es una conquista pequeña, pero hay que seguir conquistando más libertades. Lo que están fuera de Venezuela pueden volver, los que están dentro, tienen más facilidades para denunciar y reclamar”, destacó Alfredo Romero.

Himiob remarcó que un importante número de presos políticos sí está amparado por la amnistía “y tienen derecho a que se le declare de oficio o a solicitarla de una vez”, como es el caso de los gerentes y trabajadores de la industria petrolera que participaron o tuvieron intervención en el paro cívico nacional de 2002-2003.

“Otro caso muy importante es el de las personas que se han conocido comúnmente como los presos poselectorales, o detenidos en marco de protestas o eventos de represión de los eventos electorales de 2024-2025, están expresamente incluidos en la amnistía y no es poca cosa, porque desde el 29 de julio de 2024 hasta el final de 2025, que es lo que abarca la Ley de Amnistía, fueron arrestadas 2742 personas, de las cuales, 2186 quedan bajo medidas cautelares, mientras que 321 quedan formando parte de la lista de presos políticos. Todos ellos pueden solicitar de inmediato la aplicación en su favor de la Ley de Amnistía”, explicó.

Puntos de las ONG incorporados

Otra victoria que celebran los defensores es que se logró que se incluyera en el texto de la ley que las disposiciones de ese cuerpo normativo son de carácter de orden público y de interés general, tal y como lo contempla el artículo 4.

“Esto quiere decir que no hace falta solicitar por parte de nadie, para que todos los órganos del poder público, la apliquen de inmediato y de oficio. Si se quiere cumplir con el mandato de celeridad ahí tienen los tribunales de la República su primera herramienta, tienen que declarar de oficio, de inmediato y con carácter perentorio en los supuestos y en los casos en los que la amnistía procede”, detalló Gonzalo Himiob.

Asimismo, la AN accedió a que el artículo 5 se reconociese el principio de favorabilidad, que no estaba en el modelo original y fue
propuesto por el Foro Penal y otras ONG:: “Esto es fundamental, porque limita el espectro de interpretación de la ley y hace que
todas las interpretaciones en las que pueda haber duda sea resuelta a favor del solicitante
y del justiciable”, celebró.

De igual forma, se permitió que quienes están fuera del territorio nacional y sean beneficiarios de la amnistía puedan hacer su
solicitud a través de sus representantes legales debidamente designados
, ante se exigía que esa persona estuviese acá a derecho, en Venezuela, para poder siquiera empezar a pensar en solicitar la amnistía. Esto beneficia, por extensión, a las personas que no hayan sido abarcadas inicialmente en esta amnistía, ya que pueden exigirle a la comisión de seguimiento que sus casos también sean considerados a ser tratados por un apoderado legal.

Otra garantía fundamental que pidieron las ONG y se concedió es que, al retornar al país, las personas perseguidas permanezcan en libertad mientras se tramita la amnistía, en respeto al principio de afirmación de la libertad.

Un logro para las víctimas

“No podemos siempre hablar de lo negativo, porque las víctimas y los familiares han logrado algo: que se obtenga una garantía de libertad para cientos de personas que han sido perseguidas políticamente después de años de lucha”, recalcó el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, al reconocer la intensa actividad de denuncia de los allegados a los presos políticos, incluso en un contexto represivo.

“Le pedimos a los familiares que no pierdan las esperanzas. La esperanza se está ganando, cada vez más, y sentimos mucha más esperanza y expectativa de que lograremos la libertad de todos los presos políticos, pero si no la exigimos, no se va a lograr. No esperemos que vayan a las cárceles a liberarlos a todos porque a alguno de los mismos que los encarceló se les haya ocurrido. No, tenemos que reclamar”, insistió.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.