Familiares y allegados de técnicos de la policía judicial de Venezuela vinculados a la investigación científica sobre los muertos en el ataque militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero, denunciaron que los funcionarios fueron detenidos y torturados por negarse a falsear el resultado de las pesquisas.
Según las denuncias, los detenidos estarían siendo víctimas de represalias por negarse a alterar pruebas relacionadas con la “Operación Determinación Absoluta”, en la cual se ejecutaron diversos bombardeos y que culminó con la captura del gobernante Nicolás Maduro y Cilia Flores en Fuerte Tiuna.
Testimonios señalan que varios profesionales del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron convocados a una reunión el pasado 23 de enero bajo presunto engaño para ser coaccionados a “suministrar información falsa o alterar los resultados de las investigaciones periciales” de los hechos ocurridos en Fuerte Tiuna.
Quienes se negaron a comprometer su ética profesional fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y se les acusó del presunto “intento de homicidio” contra el director del Cicpc, Douglas Rico, quien supuestamente participaría en la reunión, pero nunca estuvo presente.
“Desde ese momento y hasta la fecha (1 de febrero, según el testimonio), se mantuvo en un estado de desaparición forzada, ya que las autoridades no suministraron información oficial sobre su paradero ni permitieron contacto alguno con sus familiares o abogados”, relata una persona allegada a uno de los detenidos en una carta a la que tuvo acceso Runrun.es.
Torturados en El Rodeo
Un testimonio anónimo de una persona que conoce el caso describe la brutalidad del proceso: “Fue torturado cuando lo agarraron… él siempre ha sido super ético, tiene 26 años de servicio y es intachable. Se negó a firmar unas vainas del 3 de enero… y los han mentido como un intento de homicidio a Douglas Rico”. La fuente estima que existen aproximadamente 30 personas en condiciones similares, quienes permanecen aisladas y sin el debido proceso legal.
Actualmente, los allegados confirman que un grupo de estos detenidos se encuentra recluido en El Rodeo I, en el estado Miranda. Las denuncias sobre el trato recibido dentro del penal son alarmantes, señalando que los prisioneros son mantenidos con capuchas durante todo el día, las cuales solo se les retiran para comer, y presentan signos evidentes de tortura física. “Cuando los fueron a ver al Rodeo estaban todos coñaceados y vueltos mierda”, relató la fuente cuya identidad se mantiene bajo anonimato por seguridad.
Los familiares exigen que estos casos sean registrados como violaciones directas a los derechos humanos y demandan al Estado el respeto al debido proceso y la libertad inmediata de quienes solo cumplieron con su deber profesional.
El asalto a Fuerte Tiuna
El origen de estas detenciones se remonta a la madrugada del 3 de enero de 2026, cuando fuerzas militares estadounidenses ejecutaron la “Operación Determinación Absoluta”. El objetivo principal fue el complejo de Fuerte Tiuna, en Caracas, donde se produjo un bombardeo aéreo seguido por el aterrizaje de unidades de fuerzas especiales.
Durante esta incursión, fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcoterrorismo y están a la espera de su próxima audiencia, fijada para el mes de marzo.
Aunque las cifras oficiales se mantuvieron inicialmente en reserva y posteriormente el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó que en los ataques murieron 83 personas, una investigación realizada por Monitor de Víctimas logró identificar a 81 de las víctimas fatales. El grupo de fallecidos está compuesto por 45 militares venezolanos, 32 funcionarios cubanos y 4 civiles.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la tarde de este domingo, 22 de febrero, que al menos 213 presos políticos recluidos en El Rodeo I, en el estado Miranda, se mantienen en huelga de hambre en este centro de reclusión.
Los familiares de los detenidos denunciaron la falta de atención médica oportuna y exigen el cumplimiento de las liberaciones. “Ellos están pidiendo asistencia médica, que no se le violen sus derechos y que haya realmente liberaciones”, alertó una de las familiares.
Los familiares hacen un llamado a la sociedad civil para que los acompañen y no los dejen solos en esta lucha. Además, informaron que el lunes 23 de febrero se concentrarán en el Auditorio de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para visibilizar la situación.
En esta huelga de hambre también hay presos políticos extranjeros que se sumaron, tal es el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo. Así lo confirmó en X (anteriormente llamada Twitter) su pareja María Alexandra Gómez. “Responsabilizo a Martínez Rangel quién es el director del recinto, lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes sólo es responsabilidad de usted y sus custodios”, señaló Gómez.
Se conoció, además, que miembros de la Cruz Roja Venezolana llegaron también este domingo al Rodeo con la intención de evaluar las condiciones en las que se encuentran recluidas en este recinto. “Ayúdenlos, los muchachos están en huelga de hambre, no tienen servicio médico”, indicaron los familiares a los miembros de la organización.
La Cruz Roja había anunciado previamente que recibió una invitación por parte del gobierno chavista para asistir en las jornadas de excarcelación vinculadas a la recientemente aprobada y sancionada Ley de Amnistía.
URGENTE | 🚨 Presos políticos en El Rodeo I inician huelga de hambre en exigencia de sus derechos
A esta hora, 2:00 de la tarde de este #22Feb, familiares de presos políticos reportan que 213 personas privadas de libertad se mantienen en huelga de hambre en El Rodeo I. Denuncian… pic.twitter.com/2gG7J2O8tA
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) February 22, 2026
Al menos 213 presos políticos que se encuentran en la cárcel de Rodeo I iniciaron una huelga de hambre este sábado #21Feb, para exigir asistencia médica, que no se le violen sus derechos y que realmente hayan liberaciones.
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) February 22, 2026
🚨Familiares de presos políticos alertan sobre situación crítica en el Rodeo I.
Más de 200 privados de libertad se mantienen en huelga de hambre exigiendo justicia y que se concreten las liberaciones anunciadas. En ese centro, aseguran, no se han dado las excarcelaciones.… pic.twitter.com/Qede805tuo
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El Foro Penal Venezolano confirmó que hasta el mediodía de este domingo, 22 de febrero, 16 presos políticos han recibido libertad plena desde el pasado viernes, 20 de febrero, un día después que se aprobó y sancionó la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
Alfredo Romero, director presidente de la organización no gubernamental, señaló en su cuenta de X (anteriormente llamada Twitter), que desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció que comenzaría un proceso de excarcelaciones, han verificado 464 presos políticos excarcelados.
#22F 12:00pm (Venezuela) Desde el pasado viernes 20 de febrero hasta este momento, hemos verificado la liberación de 16 presos políticos (libertad plena).
El sábado 21 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, anunció que hasta esa fecha habían recibido más de 1,500 solicitudes de personas privadas de libertad para acogerse a la Ley de Amnistía.
Asimismo, indicó que hay otras 11,000 personas que tienen medidas cautelares como régimen de presentación o casa por cárcel, las cuales también están contempladas en la ley. “Esas 11.000 personas sí van a ser atendidas por el comité de seguimiento de la Ley de Amnistía”, aseguró.
Rodríguez también señaló que “muchas” de las personas excluidas de la ley “están siendo consideradas” para recibir “medidas de gracia” o indultos del Ejecutivo.
Con la aprobación de la ley surgieron las alarmas. Aunque el instrumento legal representa un alivio para cientos de familias, el Foro Penal advierte sobre vacíos críticos que mantienen vivo el engranaje represivo en Venezuela.
En una rueda de prensa del pasado viernes, Alfredo Romero recordó que la ley excluye casos de homicidio intencional, entre los que entrarían -por ejemplo- un militar que haya disparado contra un manifestantes, pero también excluye a personas que son acusadas de delitos que nunca cometieron, como corrupción, homicidios y delitos de narcotráfico.
Otro de los reclamos gira en torno a la temporalidad. Aunque el artículo 6 menciona un lapso de 28 años, el artículo 8 solo reconoce eventos específicos que, sumados, apenas cubren 20 meses de casi tres décadas.
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La designación del Tren de Aragua (TDA) como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos fue apenas el primero de una seguidilla de sismos que sacudió a la pandilla en el último año, debilitando sus estructuras, colocando a sus miembros en una situación judicial comprometida, y dejando a miles de migrantes venezolanos como víctimas colaterales.
En sus primeros tres meses de gobierno, Donald Trump convirtió al TDA en el enemigo público N-1 de EE. UU. El mismo día de su juramentación como presidente firmó la orden para clasificar a la megabanda –que nació en una prisión venezolana–, los cárteles mexicanos y las pandillas centroamericanas como organizaciones terroristas. Un mes después, el 20 de febrero de 2025, concretó la medida.
Con el argumento de combatir a la pandilla, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, encarceló a migrantes y bombardeó embarcaciones en el Caribe.
Previamente, entre diciembre de 2024 y el 20 enero de 2025 las noticias sobre los supuestos delitos del TDA se multiplicaron en los medios estadounidenses, como FOX News y The New York Post. Destacaba especialmente el caso de violencia en una residencia en Aurora, Colorado.
Para ese momento, la atención mediática y la visibilidad ya se habían convertido en motivo de alerta para los miembros de la organización. Comenzaron a actuar con más cautela, no dejaban registros escritos de sus comunicaciones en WhatsApp y solo se conectaban por videollamadas.
Policías de Estados Unidos y Colombia identificaron lo que podría considerarse una fragmentación de la pandilla, que derivó en el surgimiento del Anti-Tren, un grupo integrado por desertores del TDA. En paralelo, aumentó la presión sobre el grupo: Chile y Colombia comenzaron a realizar operaciones conjuntas con autoridades de EE. UU. para desmantelar células en sus países.
En esta fase de persecución y cacería, cualquier venezolano era sospechoso de pertenecer al TDA –más aún si tenía tatuajes– y podía ser detenido. Pero la situación llegó al clímax cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros el 16 de marzo.
El objetivo era “iniciar la remoción de cientos de miembros peligrosos del Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Extranjera (FTO) violenta y cruel, que ha estado amenazando a nuestra nación, llevando a cabo una guerra irregular y aterrorizando a los estadounidenses”, dice el comunicado de prensa del Departamento de Estado.
Pero la norma se usó para justificar la “deportación” ilegal de 238 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, con excusa de que eran miembros del TDA. Investigaciones periodísticas demostraron que esto era falso y cuatro meses después todos los hombres fueron entregados al gobierno de Venezuela y liberados, en un “intercambio de prisioneros”.
Previamente, otros migrantes acusados sin pruebas de pertenecer al TDA, habían sido enviados a la cárcel de Guantánamo, en Cuba.
Estas acciones desproporcionadas y fuera de la ley causaron terror, no solo entre los venezolanos en Estados Unidos, también aumentaron la preocupación de los jefes de la banda. No es igual ser juzgado por secuestro, extorsión y homicidio que ser acusado por terrorismo.
La capitulación
Cuando Larry Amaury Álvarez Núñez –alias Larry Changa–, uno de los líderes del Tren de Aragua detenido en una prisión en Bogotá, solicitó al presidente Gustavo Petro que el grupo fuera incluido en el proceso de Paz Total del gobierno de Colombia, sabía lo que venía para esta organización criminal.
En una carta, enviada en octubre al presidente de Colombia, Alvarez Núñez hablaba como representante de la pandilla. “Como uno de los tres fundadores y vocero autorizado de la denominada banda criminal Tren de Aragua, me dirijo a ustedes con el debido respeto para expresar mi voluntad y la de nuestra organización de colaborar con el Estado colombiano en iniciativas de carácter social, preventivo y de reinserción, que contribuyan a reducir la violencia y la influencia de organizaciones criminales que afectan a comunidades vulnerables y a la población migrante”.
También insinuó que el TDA estaba interesado en desmovilizarse y en colaborar con las autoridades de los distintos países donde operaba el grupo, incluido EE. UU. Más que una negociación para detener su extradición a Chile, era la capitulación no formal de la pandilla más perseguida del continente.
Los bombardeos cada vez más frecuentes a embarcaciones supuestamente con droga y supuestamente del TDA, en el Caribe, pudieron ser otro incentivo para buscar algún acuerdo. A esto se suma la sanción a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, uno de los hombres clave del TDA, quien fue añadido a la lista de los 10 más buscados del FBI.
Finalmente, la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por EE. UU. y la inclusión de Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, máximo jefe del TDA, en el indictment contra el expresidente constituye un punto de quiebre para la pandilla.
Si está en Venezuela, Guerrero podría correr la misma suerte del “Koki”, “El Picure”, “El Conejo”, “Wilmito” y otros jefes de megabandas de la era Maduro: morir en un supuesto enfrentamiento con las autoridades. Por eso, quizás su mejor opción sea aterrizar en una cárcel estadounidense.
Esta semana, en las redes sociales de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) publicaron un aviso de se busca con la cara del Niño Guerrero, justamente durante la visita del Jefe del Comando Sur y de un importante funcionarios del Departamento de Estado a Venezuela.
En este contexto, el futuro del Tren de Aragua luce incierto, aunque todavía tienen presencia en algunos territorios de Venezuela y mantienen sus negocios enfocados en actividades comerciales, minería y lavado dinero.
En Estados Unidos, las noticias sobre el TDA son cada vez menos comunes, pero la persecución a los migrantes y las restricciones migratorias contra los venezolanos se mantienen.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Dicen que la patria amaneció reconciliada antes del café. No hubo campanas, ni multitudes abrazándose en las plazas, ni lágrimas colectivas lavando décadas de rencor. Bastó un tablero electrónico iluminado, una votación disciplinada y un puñado de palabras solemnes pronunciadas con esa gravedad que solo conocen los discursos escritos para la posteridad inmediata. De un día para otro, el país dejó de ser un campo de agravios para convertirse en un expediente resuelto. La memoria, tan indómita durante años, fue invitada cortésmente a retirarse. Se habló de paz con la serenidad de quien dicta inventario, y de perdón con la ligereza de quien cambia de página sin haber terminado de leer el capítulo anterior. La historia, al parecer, podía resolverse con mayoría simple.
Pero el pasado venezolano no es un archivo muerto: es un animal inquieto que respira debajo de las mesas del poder. La reciente ley de amnistía no es simplemente una herramienta jurídica ni un gesto político coyuntural. Es, sobre todo, una intervención en el régimen de memoria del tiempo presente. Y cuando el pasado inmediato todavía está habitado por sus víctimas, sus responsables y sus testigos, cualquier intento de clausura adquiere una dimensión que trasciende la técnica legislativa: se convierte en una disputa por el sentido de lo ocurrido.
La historia del tiempo presente nos recuerda que no estamos ante un pasado sedimentado, sino ante un pasado en combustión. Vivimos en una época donde el presente reorganiza retrospectivamente lo que acaba de suceder, donde los actores aún están en escena y las heridas no han cicatrizado. En ese marco, el poder no solo administra instituciones: administra narrativas. Decide cómo se nombra el conflicto, qué se considera delito político, qué se interpreta como exceso y qué se diluye en la categoría ambigua de “errores del pasado”. La amnistía, en este contexto, no cierra una etapa; propone una versión autorizada de ella.
No se trata de negar el valor político del perdón. Las sociedades fracturadas han necesitado, en distintos momentos, fórmulas excepcionales para evitar la perpetuación del conflicto. Pero la justicia transicional no es un simple acto de borrón y cuenta nueva. Es un proceso que articula verdad, reparación y garantías de no repetición. La amnistía puede ser un componente, pero no sustituye el trabajo público de esclarecimiento ni la construcción de una memoria compartida. Cuando el perdón antecede a la verdad, corre el riesgo de convertirse en olvido administrado.
Las críticas a la ley aprobada por la Asamblea dominada por el chavismo han sido reveladoras. Organizaciones como Foro Penal han advertido que la norma es limitada y selectiva, dejando fuera a numerosos detenidos y subordinando la aplicación del beneficio a instancias judiciales cuya independencia ha sido ampliamente cuestionada. Familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos han señalado la ausencia de restitución plena de derechos y la falta de mecanismos claros de reparación. Otros han subrayado que la medida no desmonta las estructuras institucionales que hicieron posible la persecución ni establece garantías verificables de no repetición. En ese marco, la amnistía aparece menos como un proceso integral de transición y más como un gesto político que alivia síntomas sin tocar las causas profundas. Desde la perspectiva de la memoria histórica, el riesgo es evidente: el perdón parcial puede convertirse en una estrategia para clausurar el debate público sobre responsabilidades.
La experiencia comparada muestra que las transiciones negociadas suelen privilegiar la gobernabilidad sobre la profundidad moral del ajuste de cuentas con el pasado. No es necesariamente un acto de cinismo; es, muchas veces, una apuesta pragmática. El problema surge cuando la estabilidad se confunde con reconciliación y el silencio con consenso. La historia enseña que los conflictos no resueltos en el plano simbólico regresan, tarde o temprano, convertidos en desconfianza estructural.
La opinión pública venezolana parece moverse precisamente en esa franja de prudencia que no celebra ni estalla. No hay épica en las calles ni júbilo multitudinario. Hay, más bien, una cautela aprendida. Años de confrontación, promesas rotas y anuncios grandilocuentes han producido una ciudadanía que escucha los discursos con la distancia de quien ya ha visto demasiados finales anticipados. El escepticismo no es apatía; es memoria acumulada. Es la conciencia de que los grandes gestos suelen venir acompañados de pequeñas letras invisibles.
En las redes sociales y en las conversaciones cotidianas, el tono dominante no es la furia sino la ironía. El humor ácido reemplaza al entusiasmo. La sociedad parece haber desarrollado una inmunidad frente a las proclamaciones definitivas. Este clima no puede leerse únicamente como desmovilización. Es, en buena medida, una forma de autodefensa simbólica: la ciudadanía se reserva el derecho de no creer hasta ver transformaciones reales en la estructura del poder y en la administración de justicia.
Toda amnistía es también una decisión sobre el futuro del pasado. Decide qué episodios serán recordados como excesos compartidos y cuáles quedarán diluidos en la ambigüedad. Decide cómo se narrará este período dentro de una década. La pregunta crucial no es si se perdona, sino cómo se construye la conciencia histórica de lo ocurrido. Sin un marco público de verdad —aunque sea incómodo, aunque incomode a todos— el conflicto no desaparece: se desplaza hacia los márgenes de la memoria privada.
La estabilidad puede lograrse mediante acuerdos pragmáticos. Pero la legitimidad es otra cosa. La legitimidad se asienta en la convicción de que el pasado ha sido asumido y no simplemente archivado. El perdón, para ser auténtico, requiere reconocimiento. De lo contrario, se convierte en una estrategia administrativa que busca cerrar capítulos sin haberlos leído en voz alta.
Venezuela se encuentra ante una encrucijada menos visible que las anteriores, pero quizá más decisiva. No es la disyuntiva entre confrontación y paz, sino entre memoria crítica y olvido funcional. La primera exige tiempo, escucha y valentía moral. La segunda ofrece resultados más rápidos y titulares más tranquilizadores. Sin embargo, una sociedad que no se atreve a mirar su pasado reciente con honestidad termina prisionera de él.
La batalla actual no es por el control del poder inmediato, sino por el significado de la experiencia histórica compartida. Lo que hoy se nombre como “pacificación” podrá ser recordado mañana como reconciliación genuina o como silenciamiento conveniente. La conciencia histórica no se decreta. Se construye en el espacio público, en el reconocimiento de las víctimas, en la deliberación abierta sobre responsabilidades.
Al final, la pregunta no es si Venezuela puede perdonarse, sino si está dispuesta a comprenderse. Porque los pueblos no se reconcilian por cansancio ni por decreto, sino por conciencia. Y la conciencia histórica es el único terreno donde el pasado deja de ser un espectro y se convierte en aprendizaje. Allí, y solo allí, el perdón deja de parecer un trámite y comienza a parecer una decisión ética.
En una rueda de prensa conjunta el pasado 20 de febrero, directivos del Foro Penal analizaron en detalle la recién aprobada Ley de Amnistía y Convivencia Democrática. Aunque el instrumento legal representa un alivio para cientos de familias, la organización advierte sobre vacíos críticos que mantienen vivo el engranaje represivo en Venezuela.
Alfredo Romero, presidente de la ONG, fue enfático: la lucha por la libertad debe continuar sin descanso, ampare o no la ley a cada detenido. Según sus registros, más de 600 presos políticos permanecen tras las rejas, incluyendo un número importante de militares que aún no han sido contabilizados formalmente.
Romero recordó que, desde enero hasta la fecha, solo se han materializado 448 excarcelaciones, dejando focos críticos de detención en centros como Rodeo I, Ramo Verde y Fuerte Guaicaipuro, donde las restricciones de visitas persisten.
A continuación, un resumen de lo que los expertos señalan como las luces y las sombras de esta ley.
El lado oscuro
El laberinto administrativo: la amnistía no es automática
Un punto crucial es que el beneficio no se aplica de oficio de forma inmediata en la práctica procesal. Tanto los detenidos como las más de 11 000 personas con medidas sustitutivas registradas por el Foro Penal deben presentar una solicitud formal ante los tribunales. Para facilitar este proceso, la organización ha puesto a disposición su asistencia legal gratuita.
El verdugo decide
Romero denunció la contradicción de que sean los mismos jueces y fiscales que ordenaron las detenciones arbitrarias quienes ahora deban interpretar la ley para otorgar la libertad. Además cuestionó que esa decisión se supedite a dos elementos. Uno de ellos es el tipo de delito, a lo que se opuso el Foro Penal, porque el delito no necesariamente constituye la verdadera causa de la detención, pues en la mayoría de los casos, la motivación es política.
Recordó que la ley excluye casos de homicidio intencional, entre los que entrarían -por ejemplo- un militar que haya disparado contra un manifestantes, pero también excluye a personas que son acusadas de delitos que nunca cometieron, como corrupción, homicidios y delitos de narcotráfico.
Como se mencionó antes, el primer elemento para que el tribunal o el juez decida si la persona recibirá amnistía es que no hayan sido acusadas o imputadas por los delitos señalados concretamente en el artículo 9 (violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, delitos previstos en la Ley contra la Corrupción, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como aquellos se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza). Luego de que se determine que la persona no está incluida en esos delitos, se deben revisar los hechos, que son trece, contemplados por la ley en el artículo 8.
Esta discrecionalidad, a juicio de Romero, se complica con la exclusión de delitos como “corrupción”, etiquetas que el sistema suele utilizar para encubrir persecuciones por motivos políticos.
Un sistema represivo intacto
Para el Foro Penal, la ley es apenas un “paso pequeño” que no desmantela el sistema de persecución. Los cuerpos de inteligencia, la vigilancia y los tribunales que han servido como arma política siguen operativos. Aunado a ello, quienes siguen detenidos e incluso no serán beneficiados con la ley son sometidos a condiciones de restricción y violaciones de sus derechos, sin que se contemple algún cambio en este texto legal.
Romero puso como ejemplo que la semana pasada le impidieron entrar al Rodeo I solo por ser abogado de presos políticos. “No se permite el acceso a tribunales, ni el acceso a la fiscalía para denunciar que no se permite la representación”.
“Si no hay acceso a las cárceles, a los tribunales, si la defensa no se permite y hay personas cuyo paradero se desconoce, la Ley de Amnistía es solo un paso pequeño. Y necesitamos trabajar por la reconstrucción del sistema de justicia y por el desmantelamiento del sistema represivo. Todavía falta mucho para obtener la libertad. Hay que desmantelar un sistema de justicia que ha servido como arma de persecución política, porque de nada nos vale cerrar, terminar o extinguir procesos, cuando nuevos procesos y la puerta giratoria puede reactivarse (…) El sistema y el monstruo están ahí todavía y pueden morder“.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG, insistió en que para una verdadera reconstrucción del Estado de Derecho, es imperativo derogar normas punitivas como laLey contra el Odio, Ley contra las ONG, Ley Simón Bolívar, Ley contra la Delincuencia Organizada y contra el Terrorismo, así como algunas disposiciones del Código Penal que incluyen delitos de opinión.
“Tenemos que adecuar la legislación venezolana a los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos, especialmente la legislación penal. Y además, hay que continuar exigiendo el desmantelamiento pleno del aparato represivo y la reforma estructural de las instituciones, especialmente de los tribunales, para hablar de una verdadera reconstrucción del estado de Derecho”, opinó.
Recordó también que la AN desestimó la propuesta del jurista Alberto Arteaga Sánchez de establecer unos tribunales Ad-Hoc para la revisión de estos casos, lo que hubiese garantizado mayor transparencia.
El vacío de los 15 años: cientos de excluidos
Uno de los reclamos más fuertes gira en torno a la temporalidad. Aunque el artículo 6 menciona un lapso de 28 años (desde el 1 de enero de 1999 hasta el momento de su publicación en Gaceta Oficial en 2026) el artículo 8 solo reconoce eventos específicos que, sumados, apenas cubren 20 meses de casi tres décadas. “Hay unos 15 años “completamente por fuera”, denunció Himiob.
“Esto es muy grave, porque se desconoce que la prisión y persecución política ha sido continua y no de eventos aislados y esporádicos. Ha sido continua desde 1999, hay que decirlo, con expresiones menos graves de las que vemos ahora, hasta el día de hoy (…) No se mencionan siquiera los años 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011,2012, 2015, 2018, 2020, 2021, 2022 ni lo que va de 2026″, alertó.
A juicio del vicepresidente del Foro Penal, en los 13 años tomados en cuenta para otorgar el beneficio de amnistía -2002, 2003, 2004, 2007,2009, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2023, 2024 y 2025– se hace una “selección indebida y bastante arbitraria” de momentos y meses específicos: “Al sumar esos meses que aparecen allí descritos, no son más de 20 meses, un año y ocho meses de casi 28 años que se suponía que tenía que abarcar la Ley de Amnistía. Esto es una irregularidad imperdonable y contra esto se luchó de todas las formas posibles, se hicieron las recomendaciones adecuadas, se pidió incluso que se incluyera una cláusula residual que hablase de otros momentos y eventos y esto fue negado, con una intención clara de excluir situaciones y momentos que tienen que ver con actuaciones de los militares, porque los grandes excluidos de esta ley son los militares”, precisó Himiob, tras lamentar que la ley sancionada no sea lo suficientemente amplia, pese a los inmensos esfuerzos de la sociedad civil.
Los representantes del Foro Penal calcularon en 400 el número de personas que quedarán excluidas de la Ley de Amnistía, en su mayoría, militares y civiles que han sido “arbitrariamente relacionados” con operaciones militares.
Romero mencionó que en la rueda de prensa en la que se produjeron las declaraciones estaba la suegra del gendarme argentino Nahuel Gallo que sigue detenido. También, la esposa del sargento Luis Bandres, siete años presos: “Ellos están excluidos de la Ley de Amnistía al parecer y no puede haber esacdiscriminación”.
Se refirió también a la situación de Nicmer Evans, periodista que recientemente fue excarcelado, y cuyo caso no fue específicamente incluido en la ley. “Sus procesos deben ser anulados, porque sino, en cualquier momento puede ser encarcelado”.
Excesiva discrecionalidad
Gonzalo Himiob insistió en que lo ideal para haber determinado quiénes serían los beneficiarios de la Ley de Amnistía hubiese sido conformar una comisión con representantes del alto comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, una representación de la Asamblea Nacional y el Ejecutivo y de las ONG, con el fin de establecer directrices que fuesen vinculantes “para que los jueces tuvieran que obedecer lo que disponga el momento político”.
La trampa de los adjetivos
Himiob criticó la carga ideológica del texto, que califica hechos como “golpe de Estado” o “sabotaje”. Según el abogado, estas adjetivaciones estigmatizan al oponente y contradicen el espíritu de reconciliación y convivencia pacífica que supuestamente promueve la ley.
“Adjetivar hace que se pierda el foco del sujeto, además, es contrario a lo que dice la misma ley en su artículo segundo, porque es para la reconciliación, igualdad, fraternidad y igualdad, fraternidad y convivencia pacífica. ¿Cómo puedes tú promover la fraternidad, igualdad, convivencia pacífica, de entrada, calificando al otro entrada de diferentes formas, que no son más que adjetivos para estigmatizar a personas que no piensan como tú y que son personas con derechos y deberes”?, preguntó. a otra cara: los logros alcanzados.
No es la panacea
Alfredo Romero destacó que no se debe comprar la narrativa de que el texto legal es la solución al problema de los presos políticos: “La liberación de presos políticos no puede condicionarse a la Ley de Amnistía, debe continuar (…) Hay que seguir trabajando por la liberación de otra forma. Tomo las palabras de Delcy Rodríguez, quien decía ayer que se incorporarán algunos casos que no están en la Ley de Amnistía. Todas las personas deben ser liberadas inmediatamente.
La otra cara: los logros alcanzados
Pese a las críticas, el Foro Penal reconoce victorias significativas dentro del articulado.
Más de 300 presos políticos beneficiados
La Ley de Amnistía cubre un período según su artículo 6 de aproximadamente 28 años, desde el 1 de enero de 1999 hasta el momento de 2026 en el que se publique en Gaceta Oficial. “Beneficia a un grupo de personas importantes (…) Es una conquista pequeña, pero hay que seguir conquistando más libertades. Lo que están fuera de Venezuela pueden volver, los que están dentro, tienen más facilidades para denunciar y reclamar”, destacó Alfredo Romero.
Himiob remarcó que un importante número de presos políticos sí está amparado por la amnistía “y tienen derecho a que se le declare de oficio o a solicitarla de una vez”, como es el caso de los gerentes y trabajadores de la industria petrolera que participaron o tuvieron intervención en el paro cívico nacional de 2002-2003.
“Otro caso muy importante es el de las personas que se han conocido comúnmente como los presos poselectorales, o detenidos en marco de protestas o eventos de represión de los eventos electorales de 2024-2025, están expresamente incluidos en la amnistía y no es poca cosa, porque desde el 29 de julio de 2024 hasta el final de 2025, que es lo que abarca la Ley de Amnistía, fueron arrestadas 2742 personas, de las cuales, 2186 quedan bajo medidas cautelares, mientras que 321 quedan formando parte de la lista de presos políticos. Todos ellos pueden solicitar de inmediato la aplicación en su favor de la Ley de Amnistía”, explicó.
Puntos de las ONG incorporados
Otra victoria que celebran los defensores es que se logró que se incluyera en el texto de la ley que las disposiciones de ese cuerpo normativo son de carácter de orden público y de interés general, tal y como lo contempla el artículo 4.
“Esto quiere decir que no hace falta solicitar por parte de nadie, para que todos los órganos del poder público, la apliquen de inmediato y de oficio. Si se quiere cumplir con el mandato de celeridad ahí tienen los tribunales de la República su primera herramienta, tienen que declarar de oficio, de inmediato y con carácter perentorio en los supuestos y en los casos en los que la amnistía procede”, detalló Gonzalo Himiob.
Asimismo, la AN accedió a que el artículo 5 se reconociese el principio de favorabilidad, que no estaba en el modelo original y fue propuesto por el Foro Penal y otras ONG:: “Esto es fundamental, porque limita el espectro de interpretación de la ley y hace que todas las interpretaciones en las que pueda haber duda sea resuelta a favor del solicitante y del justiciable”, celebró.
De igual forma, se permitió que quienes están fuera del territorio nacional y sean beneficiarios de la amnistía puedan hacer su solicitud a través de sus representantes legales debidamente designados, ante se exigía que esa persona estuviese acá a derecho, en Venezuela, para poder siquiera empezar a pensar en solicitar la amnistía. Esto beneficia, por extensión, a las personas que no hayan sido abarcadas inicialmente en esta amnistía, ya que pueden exigirle a la comisión de seguimiento que sus casos también sean considerados a ser tratados por un apoderado legal.
Otra garantía fundamental que pidieron las ONG y se concedió es que, al retornar al país, las personas perseguidas permanezcan en libertad mientras se tramita la amnistía, en respeto al principio de afirmación de la libertad.
Un logro para las víctimas
“No podemos siempre hablar de lo negativo, porque las víctimas y los familiares han logrado algo: que se obtenga una garantía de libertad para cientos de personas que han sido perseguidas políticamente después de años de lucha”, recalcó el presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, al reconocer la intensa actividad de denuncia de los allegados a los presos políticos, incluso en un contexto represivo.
“Le pedimos a los familiares que no pierdan las esperanzas. La esperanza se está ganando, cada vez más, y sentimos mucha más esperanza y expectativa de que lograremos la libertad de todos los presos políticos, pero si no la exigimos, no se va a lograr. No esperemos que vayan a las cárceles a liberarlos a todos porque a alguno de los mismos que los encarceló se les haya ocurrido. No, tenemos que reclamar”, insistió.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El derecho internacional contemporáneo –suave civilizador de las naciones, como le titula Marti Koskenniemi, reputado jurista finlandés– hace crisis a partir de los años 60 del pasado siglo. No es ahora, como se afirma, sobre todo por los europeos y por los libelistas del progresismo quienes lo infringen y después se apalancan sobre sus metáforas para denunciar a Estados Unidos por sus acciones militares unilaterales en varias partes del mundo, cuando sus garantías han hecho aguas y se han demostrado inefectivas.
Los aliados del progresismo globalista, unos, los causahabientes del catecismo de Marx ahora sustituido por el decálogo de Gramsci, y los otros, iliberales a secas, ayer enemigos acérrimos del comunismo y practicantes del capitalismo salvaje, todos a uno, desde el cenáculo mismo de Naciones Unidas han trastocado a su arbitrio las soberanías e independencias de las naciones atlánticas para procurar sus disoluciones sociales. Se han afanado para instaurar la dictadura global del relativismo y la fugacidad, es decir, la del relativismo democrático a partir de 1989; relativismo en las libertades de quienes sostengan los valores del patrimonio judeocristiano, relativismo, en fin, en las esencias de la naturaleza humana y en los derechos que puedan desprenderse de la misma, que le sean inherentes. Así lo denunció en su momento Benedicto XVI, antes de verse presionado a la renuncia.
Un acto de racionalidad práctica, lo afirmaba Jacques Maritain en 1949, hizo posible un acuerdo entre el Este y el Oeste del mundo sobre el catálogo de derechos humanos que todos se obligaban a defender, de manera universal. Sería el freno válido de las soberanías estatales a partir de 1948. Mas llegado 1963 Europa se muestra dividida, parcelada en dos partes. La separa la Puerta de Brandemburgo. Media una oposición abierta entre su cultura del derecho y las libertades y el totalitarismo comunista, que usando de sus soberanías esgrime tener una concepción distinta en materia de derechos fundamentales y decide avanzar con su ideología más allá de sus fronteras, fisurando los espacios geopolíticos occidentales.
La declinación práctica de la Carta de San Francisco y su manipulación al detal no se hace esperar. Ya paralizado el sostenimiento del orden mundial posbélico por la inacción del Consejo de Seguridad, solo resuelta por vía de excepción en 1953, por la Asamblea General a propósito de la guerra en Corea, sucesivamente hubo de proveer Occidente a su propia defensa y blindaje. Sobre ese telón de fondo, aquél y éste, nace la Conferencia de Política de Seguridad con sede en Munich. Hoy la integran más de 70 países junto a sus jefes de Estado y de gobierno, primeros ministros, cancilleres, parlamentarios, altos jefes militares, actores de la sociedad civil, empresas y medios de comunicación.
La crisis cubana de los misiles –lo ha advertido Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, en su memorable e histórico discurso de 2026 en Múnich– hizo comprender al conjunto de los occidentales que estaban amenazados los fundamentos de su civilización, desde entonces. La unidad se entendió, en la circunstancia, como crucial, y a la seguridad y defensa se le dio un sentido teleológico, consistente con esa realidad e identidad subyacente, la occidental, compartida por todos sin mengua de sus pluralidades culturales, sus modos de hacer las mismas cosas con idéntico propósito, pero de formas diversas.
“Formamos parte de una misma civilización: la civilización occidental. Estamos unidos por los lazos más profundos que puedan compartir las naciones, forjados por siglos de historia común, fe cristiana, cultura, patrimonio, lengua, ascendencia y los sacrificios que nuestros antepasados hicieron juntos por la civilización común que hemos heredado”, afirma Rubio ante su audiencia, el pasado 14 de febrero. Y ajusta, pertinente y oportuno: “La pregunta fundamental que debemos responder desde el principio es qué es exactamente lo que defendemos, porque los ejércitos no luchan por abstracciones. Los ejércitos luchan por un pueblo; los ejércitos luchan por una nación. Los ejércitos luchan por un modo de vida. Y eso es lo que defendemos: una gran civilización que tiene todas las razones para estar orgullosa de su historia”.
El deconstructivismo, como corriente posmoderna que al término deja sin base cierta al derecho internacional y sus predicados vertebrales, una colectividad de estados soberanos e independientes cuyos poderes se encuentran limitados por la primacía del principio ordenador del respeto a la dignidad de la persona humana y, de suyo, la prohibición de la guerra y la obligación de resolver pacíficamente los conflictos llega animado por el llamado «quiebre epocal».
Los causahabientes del final del socialismo real se mueven sobre dicho tablero. Predican, así, el desencanto democrático, en casual coincidencia con el derrumbe soviético y como primera línea de cuestionamiento al Occidente de las leyes, propiciando el regreso de la experiencia de la democracia hacia su forma más elemental, la electoral. La vuelven un vicio.
Entretanto, de forma coetánea, menguan las libertades de pensamiento y expresión, de asociación y de reunión, y de discernimiento político en libertad como contrapesos y salvaguardias ante el poder gubernamental arbitrario, en los países ganados para el deconstructivismo. Les viene como anillo al dedo la emergencia de las grandes revoluciones, la digital y la de la inteligencia artificial, pues cosifican la experiencia humana, la deslocalizan y vuelven sensorial, y cultivan la instantaneidad, haciendo imposible toda moral democrática.
El voto, desde ese hito, a partir del siglo XXI deja de estar en manos ciudadanas. Se le reduce a algoritmos bajo disposición –así lo ha demostrado la experiencia inaugurada en Venezuela– de las élites cibernéticas y de sus narrativas, que instalan sobre las redes con efectos fugaces envolventes, útiles para el dominio de las circunstancias. Y si se trata del discernimiento político que habría de preceder y conducir a todo objetivo electoral, basta lo que ahora desnuda el pontífice actual, León XIV, al inaugurar su papado: “No se pueden construir relaciones verdaderamente pacíficas, incluso dentro de la comunidad internacional, sin verdad. Allí donde las palabras asumen connotaciones ambiguas y ambivalentes, y el mundo virtual, con su percepción distorsionada de la realidad, prevalece sin control, es difícil construir relaciones auténticas, porque decaen las premisas objetivas y reales de la comunicación”.
El error de Occidente
Lo veraz no es solo que la fuerza persuasiva del deconstructivismo progresista y/o iliberal sea la responsable de la deconstrucción de las realidades institucionales en Occidente. El poder de los Estados, los mayores y los medianos e incluso los recipiendarios y rezagados del eje atlántico residió en sus autonomías políticas y económicas relativas, en medio de términos de intercambio y de complementación que se ajustaban por vía de la cooperación internacional. El secretario Rubio desnuda el error político sobrevenido, el de 1989: “Fue una elección política consciente, una iniciativa económica que duró décadas y que despojó a nuestras naciones de su riqueza, su capacidad productiva y su independencia. Y la pérdida de soberanía de nuestra cadena de suministro no fue la consecuencia de un sistema de comercio mundial próspero y saludable. Fue una tontería. Fue una transformación tonta pero voluntaria, de nuestra economía que nos dejó dependientes de otros [pensemos en China]para satisfacer nuestras necesidades y peligrosamente vulnerables a las crisis”, señala.
Esas crisis, como cabe recordarlo, fueron usadas y explotadas por los enemigos de Occidente para desmontar las estabilidades políticas y democráticas en un momento en el que a la vez estas vivían su crisis de cambio, generalmente inadvertida. Venezuela fue el paradigma y la pionera en la región. Asume como dogma el célebre Consenso de Washington, sin valorar el contexto social y cultural que a la par se estremecía ante la simplificación del predicado del «final de la historia» y las ideologías, obviándose la alerta del choque de civilizaciones en puertas.
Solo una década había transcurrido desde la adopción del Consenso, cuando emerge la violencia deslocalizada del terrorismo sin Estado ni soberanía. Derrumba los símbolos del capitalismo en la Roma del siglo corriente. El sistema de la ONU evidenció su irrelevancia. Quedaron fracturadas las bases del derecho internacional posbélico. Luigi Ferrajoli, más allá de sus opiniones sobre lo circunstancial, admite que aquel es muy frágil, que es una realidad el regreso de lo global al «estado de naturaleza» como el evidente clima de guerra y el «colapso del derecho»; el colapso radical de lo institucional y la vigencia [transicional] de la «ley del más fuerte». El corolario, cree, no es la mera reforma, sino la urgencia de la “refundación” de unas Naciones Unidas que avancen más allá de las declaraciones de principios, que formen ex novo una constitución «eficaz» para la Tierra en un mundo claramente bipolar (CNN, 26 de enero de 2026).
“En los asuntos más urgentes que se nos plantean, no tiene respuestas y prácticamente no ha desempeñado ningún papel. No pudieron resolver la guerra en Gaza… No ha resuelto la guerra en Ucrania… Fue incapaz de frenar el programa nuclear de los clérigos chiitas radical de Teherán…”, insiste el secretario de Estado norteamericano, sin dejar de apuntar al realismo: “En un mundo perfecto, todos estos problemas y muchos más se resolverían mediante diplomáticos y resoluciones enérgicamente formuladas. Pero no vivimos en un mundo perfecto…”, finaliza.
En la coyuntura cabe que nos preguntemos, sin embargo, ¿cuáles serán las categorías constitucionales del orden global que habrá de emerger? Rubio, sin abordar el fondo, obviamente, atina en la formulación de la advertencia: “No queremos que nuestros aliados se vean atados por la culpa y la vergüenza. Queremos aliados que [al igual que los chinos, agregaría] estén orgullosos de su cultura y patrimonio… No queremos que… racionalicen el ‘statu quo’ roto en lugar de reconocer lo que es necesario para arreglarlo”.
Estados Unidos, por lo pronto, fija un marco infranqueable: “preservar la libertad de acción que nos permite forjar nuestro propio destino, no una para gestionar un estado de bienestar global y expiar los supuestos pecados de generaciones pasadas”; que, al cabo, sin lugar a duda, es lo que estimula el progresismo, para que nos avergoncemos de lo que somos y para que medremos como adanes sin paraíso.
Quienes ayer, desde los núcleos originales del señalado progresismo –como el Foro de São Paulo– procuran, antes de regresar luego sobre sus pasos, volver a las raíces de lo nacional, a Bolívar, a Martí y a Sandino, para denunciar la amenaza de la unipolaridad, el secretario de Estado, lapidado por estos, declara bien que “no podemos anteponer el llamado orden mundial a los intereses vitales de nuestros pueblos y nuestras naciones”.
Y mientras el maestro Ferrajoli, maximalista como filósofo y teórico del Derecho, sugiere una Constitución para Tierra y una Corte Constitucional Mundial que invalide los atentados a sus normas sobreponiéndolas al todo y ante todos, la misma experiencia de la ONU alecciona en línea diferente. Muestra la inefectividad de lo normativo solo inscrito sobre las exigencias de la Justicia –apartando las desviaciones ideológicas que han corroído al sistema– cuando se separan de la dimensión sociológica. Siempre se requiere de una variable de poder legítimo factible, que garantice la efectividad de lo normativo dentro de los propios límites que mandan la Justicia y el principio de la mayor libertad.
La prueba madre en todo orden constitucional, el internacional y el de los Estados, reside, por ende, en la posibilidad real de que ante toda ruptura o ilicitud se haga exigible, en la práctica, la respuesta, el cumplimiento del deber de responsabilidad por quien, como individuo o en nombre del Estado haya desplegado comportamientos atentatorios contra los principios universales de humanidad. Construir ese equilibrio, muy complejo, demanda reconocer los extremos en tensión, sin que uno se sobreponga al otro. En suma, globalización sí, pero respetuosa de las localidades, de lo que es irrenunciable como tejido existencial, plural e identitario de las sociedades. No habrá paz sin democracia, sin libertad, es lo que le ha recordado Oslo al conjunto de Occidente al inaugurarse el año presente, renovándole su memoria, para que se reencuentre con sus huellas extraviadas y se cure de falsas utopías.
El presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, anunció que hasta este sábado, 21 de febrero, han recibido más de 1,500 solicitudes de personas privadas de libertad para acogerse a la Ley de Amnistía.
Durante una declaración televisada, Rodríguez precisó que han recibido 1,557 solicitudes “que se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la Ley de Amnistía”
Pero además, el oficialista señaló que hay otras 11,000 personas que tienen medidas cautelares como régimen de presentación o casa por cárcel, las cuales también están contempladas en la ley que aprobó la Asamblea Nacional el pasado jueves, 19 de febrero. “Esas 11.000 personas sí van a ser atendidas por el comité de seguimiento de la Ley de Amnistía”, aseguró.
“El que cree en el diálogo para la construcción de la paz hace un aporte donde la paz es duradera, donde todos nos respetemos y podamos discutir diferencias sin recurrir al odio ni a la polarización”, expresó Rodríguez al referirse sobre el espíritu de la ley.
AHORA |Jorge Rodríguez informó que Venezuela ha recibido 1.557 solicitudes tras la aprobación de la Ley de Amnistía.
Asimismo, Rodríguez afirmó que “muchas” de las personas excluidas de la ley “están siendo consideradas” para recibir “medidas de gracia” o indultos del Ejecutivo.
Rodríguez se refirió a casos como el del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa quien, a su juicio, tendría que haber sido excluido de la amnistía y se le otorgó libertad plena. “Este señor, no me acuerdo el nombre, maracucho. ¿Cómo se llama? Guanipa. Él está entre las personas que debieron ser excluidas porque convocó acciones violentas contra Venezuela. Pero se decidió que se le diera una medida, que espero que él sepa apreciar bien, ojalá, y en este momento goza de libertad plena”, dijo.
ÚLTIMA HORA | Jorge Rodríguez dice que evalúan "medidas de gracia" para los excluidos en la amnistía.
El día anterior, el diputado Jorge Arreaza aseguró que 379 presos políticos serían beneficiados con la Ley de Amnistía. Arreaza precisó que se otorgará la amnistía a 371 personas en Caracas, cinco en Barinas, dos en Portuguesa y una en Monagas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
