A Esteban siempre le llamó la atención aquello de los “accidentes domésticos”. Nunca entendió cómo alguien puede ir a parar a un centro asistencial por un imprevisto en su propia casa, ese día había estado limpiando y al pasar por un área del piso que estaba mojada resbaló, se torció un pie y cayó al piso de costado, un golpe que al momento le quitó la respiración y lo dejó atónito. Estaba solo, por fortuna no fue una fractura de cadera, pero sí sabía que era una lesión de consideración. Como hombre quincuagenario “testarudo” no acudió a un médico ni mucho menos a una emergencia, era domingo y sumado a ello carece de un seguro médico.
Aunque no existe una estadística oficial de accidentes domésticos en Venezuela debido al nulo acceso a data pública, informes de especialistas y algunos centros de salud sostienen que la cifra llega a alcanzar hasta un 80% de las emergencias atendidas, la mayoría de estos percances protagonizados por personas de la tercera edad.
Esteban es periodista y trabaja en una empresa pequeña, hace una década laboraba en un emporio comunicacional donde disfrutaba de un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) para él, su esposa e hija, pero la galopante crisis, además de la censura en los medios de comunicación venezolanos, hicieron que saliese junto a un nutrido grupo de colegas. Ahora, laborando en una página web, las opciones son limitadas y no hay recursos para contar con un seguro.
A raíz de esta realidad, Esteban, quien siempre había estado amparado por un HCM colectivo, ahora se ha visto desprovisto de un seguro que permita hacerle frente a un accidente, dolor repentino o enfermedad. Así tiene un lustro, su sueldo le permite alimentar a su familia, pero no rubricar un contrato con una empresa privada para proteger su salud.
Debido a la precariedad del sistema de salud, el ciudadano común ha tenido que buscar redes de apoyo para paliar imprevistos de salud como GoFundMe y recolectas por distintas vías, haciendo hincapié en familiares y venezolanos que forman parte de la diáspora, cuyos ingresos suelen ser más elevados que el grueso del promedio en el país.
Cuando se cayó, Esteban pensó que el padecimiento podía ser solapado con un tratamiento casero. Tomó su teléfono y llamó a un amigo médico que le recomendó acudir a una emergencia para practicarse al menos una radiografía.
“Yo no tengo seguro y no voy a ir a un hospital público”, le dijo Esteban al galeno.
“Bueno compadre, entonces aguántate el dolor, toma analgésicos y ponte hielo”, le respondió el doctor.
Pese a que los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen “que la salud es un derecho fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”, la realidad es distante de lo estipulado en la ley.
Para la primera mitad del año 2024, el índice de desabastecimiento de insumos en áreas de emergencia en hospitales públicos fue de 36%, de acuerdo al más reciente informe de la Encuesta Nacional de Hospitales.
El propio Estado viola el artículo 85, el cual reza que este “garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria”.
También se vulnera el artículo 83, el cual cita que “el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios”.
De acuerdo a la ENH, en el primer semestre de 2024, el servicio de agua fue intermitente y en su mayoría el líquido llegó por cisternas y no por tuberías a los hospitales, además se registraron 129 fallecidos que coincidieron con las fallas de servicio eléctrico.
Los días transcurrieron y el dolor de Esteban iba in crescendo, ya le costaba respirar. Había cumplido el tratamiento de tres días con analgésicos fuertes, hielo, pomadas y hasta hierbas que le recomendó su “nana” en Coro, estado Falcón, de donde es oriundo. Nada mitigaba la molestia.
En medio de sus desesperación se fue a una cadena de farmacias a pedir una recomendación a un farmaceuta, quien le dijo que en el municipio Chacao de Caracas había un centro asistencial donde existe una emergencia gratis y los precios de los exámenes son módicos.
Como pudo se trasladó hasta allá, cada movimiento, cada respiro era un suplicio. Lo atendió una joven doctora y le dijo que en apariencia no tenía fractura en las costillas, pero que lo más recomendable era hacerse una radiografía. Allí mismo se la hizo por una modesta suma comparado con clínicas de la capital venezolana, el resultado: fisura en par de costillas.
¿Cómo has aguantado ese dolor?, le preguntó la joven médico a Esteban, a lo que este se encogió de hombros y argumentó que no quería ir a parar a una emergencia en un hospital público como cientos de venezolanos.
“Dale gracias a Dios que no fue peor y no te fracturaste”, le dijo la doctora, quien le recetó un tratamiento con otro protocolo de analgésicos, colágeno, ejercicios de respiración y un reposo que cumplió a medias porque según Esteban, “si no trabajo, no como”.
¿Quién dijo que todo está perdido?
De acuerdo a la Cámara de Aseguradores de Venezuela, menos del 10% de la población en el país posee un seguro médico, lo que significa que más de 28 millones de venezolanos dependen de su bolsillo, la red pública o la caridad de los demás para atender una emergencia.
Según la corredora de seguros Esylmer Ruiz hay opciones para no quedarse desamparado, siempre y cuando la persona no dependa de una pensión o de un salario mínimo, que desde marzo de 2022 está ubicado en 130 bolívares, lo similar a poco más de 0,30 centavos de dólar mensual.
Ruiz destacó que las pólizas de accidentes y atención primaria van desde 120 a 300 dólares anuales y las otras que poseen una mayor cobertura tienen un promedio de 1.500 dólares por año.
“Las coberturas dependen del plan que cada quien seleccione, de la edad del asegurado e incluso el género (las mujeres tienen mayor siniestralidad), si eres mayor por supuesto que pagas más, una póliza básica puede tener una cobertura de $5.000 y una amplia de $500.000 y más”.
Es decir, tener un seguro básico implica desembolsar entre 20 y 30 dólares mensuales, lo que representa un esfuerzo titánico e imposible para aquellos que no perciben un sueldo en divisas, especialmente con una canasta alimentaria familiar que se ubicó en 677 dólares para enero de 2026, de acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Aunque Ruiz considera que apenas un 5% de la población en Venezuela posee seguro médico, las cifras se han levantado a partir de la dolarización de facto.
“2017 y 2018 fueron años críticos, pero a partir de 2019, se vio una recuperación, la gente empezó a asegurarse nuevamente”, dijo, al tiempo que precisó que aunque no ha perdido clientes, si ha debido de hacer malabares para mantenerlos.
“Antes asegurábamos a muchos docentes, hoy no, ahora quien más adquiere pólizas de seguros son medianos y grandes comerciantes, empresarios y los propios médicos. ¿Periodistas? No tengo a ninguno”.
Esteban planea en un futuro inaugurar la lista de Ruiz o que en su trabajo la situación mejore y puedan ofrecerle una póliza al personal. “Por ahora, le doy gracias a Dios que estoy vivo y que no fue peor”, dijo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
