En la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara hay al menos 40 personas detenidas por motivos políticos. Así lo advirtieron familiares y amigos al caer la noche de este jueves, 12 de marzo, durante una vigilia realizada a las afueras de este centro de reclusión.
“Justicia, justicia, justicia y libertad. Todos son inocentes, ninguno delincuentes”, es la consigna que entonaron los asistentes a la vigilia. En esta sede policial, dicen los familiares, no se han visibilizado suficientemente los casos que hay. Por ello, consideran importante asistir a esos centros de reclusión de los que poco se habla.
Andrea González/Runrun.es
Durante la actividad se celebró una homilía, donde el padre que la ofició pidió por la liberación de todos los presos políticos, además de ofrecerlos a la mano de Dios para que los cubriera con su “ternura y consuelo”.
Inicia jornada de oración frente a la PNB de La Yaguara para pedir la liberación de todos los presos políticos recluidos en este centro. pic.twitter.com/ziLruANGHJ
Al término de la vigilia, el equipo de Runrun.es pudo conversar con varios familiares cuyos casos no son conocidos y piden que sean visibilizados. Uno de esos casos es el de Blanca Suárez, ella es abogado y trabajaba en el Diario La Voz de Guarenas, estado Miranda, quien está detenida desde hace un año y dos meses.
“Fue privada de libertad porque el periódico fue cerrado. A ella le solicitaron un amparo para abrir el periódico y cuando abrió el periódico, fue privada de libertad”, denunció Magaly Suárez, hermana de Blanca, quien se encuentra detenida en La Crisálida de Los Teques, estado Miranda.
Magaly Suárez denunció que su hermana Blanca Suárez está detenida desde hace un año y dos meses. Es abogada y laboraba en el Diario La Voz de Guarenas, estado Miranda. Ella demanda que su hermana no ha cometido ningún delito y pide que sea liberada. pic.twitter.com/hCOgxvkmCI
Otro caso es el de la señora Ingrid Blanco. Su hijo, Juan Arcia, está detenido desde el 31 de mayo de 2025. La señora Ingrid responsabiliza a Antonio ‘El Potro’ Álvarez por su detención. “Todos los delitos vienen porque el jugaba por teléfono los caballos. Por eso fue que a mi muchacho me lo agarraron y lo metieron preso”, denunció la señora Ingrid.
Juan Arcia fue trasladado desde diciembre de 2025 a Coro, estado Falcón y su madre no tiene los recursos ni goza de un buen estado de salud para poder visitarlo. “Yo dependo prácticamente de él para todo. Tengo tres nueve meses en este vaivén. No he podido ir a médicos, tener medicamentos (…)Ahora convulsiono todos los días. Ya no encuentro a dónde ir para que me solucionen este problema”, señaló la señora Blanco.
Ingrid Blanco, madre de Juan García, denunció que su hijo fue detenido el 31 de mayo de 2025: "Le están imputando unos delitos claramente conducido por el Potro Álvarez", alertó. Juan García fue trasladado al Falcón y la señora Ingrid no tiene recursos para visitarlo pic.twitter.com/vaSZvupPhj
También está el caso de la familia Leyva. Varios de los miembros del núcleo familiar están detenidos, así como amigos cercanos a la familia, todos de Maturín, estado Monagas. Todos trabajaban en la empresa Servicios Integrales Leimar, con sede en El Tigre y Maturín, la cual ofrece servicio de guaya fina y guaya eléctrica en pozos petroleros.
Jimmy Leyva Martínez y Oscar José Leyva Martínez son hermanos y los dos están detenidos. También su padre Oscar Leyva Castillo y su tío Felipe Leyva. Otras cinco personas están involucradas en este caso. Así lo denunció María Tibisay Martínez, madre de Jimmy y Oscar José. “Tienen un defensor público pero no nos han permitido un defensor privado. Nos ajustamos a la Ley de Amnistía… pero no hemos recibido respuesta al respecto”.
La señora María Tibisay Martínez denunció que sus dos hijos y varios miembros de su familia, junto a otros conocidos del núcleo familiar, se encuentran detenidos desde el 7 de agosto de 2025. "Estamos reunidos para pedir la liberación de todos ellos. No son delincuentes" pic.twitter.com/qdJN09RrKG
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La silla más caliente del gabinete venezolano ya tiene nueva dueña. Este miércoles, Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de EE. UU., anunció la designación de la ingeniera de petróleo, Paula Henao, como la nueva ministra de Hidrocarburos.
“He designado a la ingeniera Paula Henao como nueva ministra de Hidrocarburos, con la responsabilidad de continuar impulsando el motor energético de nuestro país”, expresó Rodríguez, subrayando el perfil profesional de quien, hasta hace horas, operaba desde la discreción del viceministerio.
He designado a la ingeniera de petróleo Paula Henao como nueva Ministra de Hidrocarburos, con la responsabilidad de continuar impulsando el Motor Energético de nuestro país y fortalecer el desarrollo soberano de la industria petrolera, gasífera y petroquímica nacional. pic.twitter.com/gG7NwIeieB
De acuerdo con una publicación de Radio Miraflores, Henao es ingeniero de Petróleo de profesión, y “posee una vasta hoja de servicios dentro de la administración pública”. Bloomberg agrega que ha dirigido proyectos en la Faja del Orinoco.
A diferencia de sus predecesores y jefes de otras carteras ministeriales, que cuentan con una presencia activa en redes sociales, donde además se dedican a hacer proselitismo político, Henao mantiene un bajo perfil en el entorno digital.
No existen cuentas públicas en redes sociales como X (Twitter), Instagram o LinkedIn asociadas a su nombre que muestren algo más que su labor institucional. Su ascenso ha sido rastreable solo a través de la Gaceta Oficial o transmisiones oficiales del canal Venezolana de Televisión (VTV).
En febrero de 2024, de acuerdo con la Gaceta Oficial N° 42.866, fue designada como viceministra de Gas, “en condición de encargada”. Más tarde, en septiembre de ese año, Henao fue promovida a viceministra de Hidrocarburos y, de forma simultánea, fue designada como miembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esta posición la colocó en el corazón de la toma de decisiones financieras de la estatal.
En octubre de 2024 se le delegaron atribuciones especiales de firma y actos administrativos (Gaceta N° 42.979), consolidándose como la mano ejecutora de las políticas que hoy deberá liderar como ministra de Hidrocarburos.
En marzo de 2025, Henao declaró en entrevista a Venevisión que las operaciones petroleras seguían desarrollándose “con normalidad” pese a los aranceles de 25% que el presidente de EE.UU.., Donald Trump, había impuesto a las naciones que compraran petróleo o gas venezolano. En esa ocasión también destacó el compromiso del exgobernante Nicolás Maduro de recibir a inversionistas, siempre que respeten las condiciones locales y sin aceptar “imposiciones externas”.
Del bajo perfil a la mesa con Washington
Si bien el historial de Paula Henao se forjó en las oficinas técnicas de PDVSA, sus apariciones públicas más recientes han ocurrido bajo los reflectores de la diplomacia energética internacional.
Durante el pasado mes de febrero de 2026, Henao fue la encargada de recibir al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía; en compañía de Laura Dogu, encargada de Negocios de la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela.
Dieron la bienvenida a Venezuela este miércoles 11 de febrero al Secretario de Energía de EEUU, Christopher Wright, para revisar agenda de trabajo, la viceministra para el Petróleo, Paula Henao Vera, y la viceministra para Europa y América del Norte del Ministerio del Poder… pic.twitter.com/5ASq7exFCc
Henao también recibió al Secretario de Energía en el Palacio de Miraflores. Así se puede ver en un video publicado en redes sociales por el ministro de Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela.
La mayoría de las apariciones públicas de Henao encontradas en Internet se han dado en compañía de Delcy Rodríguez. A finales de febrero, también estuvo presente en un encuentro que tuvo Rodríguez con directivos de Shell, para evaluar “proyectos de materia gasífera”.
Asimismo, el 4 de marzo, Henao fue parte del equipo que recibió en el Palacio de Miraflores al Secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum. En este encuentro, liderado por Delcy Rodríguez, Henao fue la encargada de presentar los detalles técnicos de la Reforma de la Ley de Hidrocarburos.
Vocería ante sanciones y aranceles
En marzo de 2025, Henao actuó como la voz de calma ante la imposición de nuevos aranceles estadounidenses del 25% al crudo venezolano. Según declaraciones recogidas por el medio Finanzas Digital, Henao aseguró que las operaciones marchaban “con total normalidad” y reafirmó la apertura del país a la inversión extranjera bajo condiciones locales.
En contraste con esas declaraciones, un reportaje publicado por Reuters en marzo del mismo año, indicaba que la carga de crudo pesado de Venezuela en sus principales puertos petroleros se había desacelerado esos días.
“Ningún buque tanque estaba cargando para exportaciones en Bajo Grande, que maneja envíos de los crudos más pesados, mostraron los datos”, publicó la agencia en aquel momento.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Más de 20 organizaciones sociales y de derechos humanos en Venezuela enviaron una carta al mandatario colombiano, Gustavo Petro, para expresar su preocupación por la situación institucional venezolana y solicitar el acompañamiento del gobierno colombiano en la defensa de principios democráticos y de derechos humanos en la región.
La comunicación surge tras el anuncio de la próxima visita a Bogotá de Delcy Rodríguez, quien fue designada “presidenta encargada” de Venezuela por decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 3 de enero de 2026. Las organizaciones advierten que esta designación se basa en una interpretación “extraordinaria” de la Constitución que no se ajusta a los procedimientos establecidos para la sustitución del Presidente de la República.
La misiva señala que el artículo 233 constitucional establece las causales de falta absoluta del Presidente y prevé mecanismos institucionales específicos para su sustitución, incluyendo la convocatoria a elecciones cuando corresponda. Por su parte, el artículo 234 regula las faltas temporales, disponiendo su carácter limitado en el tiempo —hasta noventa días prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional— y sujeta su ejercicio a controles institucionales determinados.
De acuerdo a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que ordena el ejercicio pleno de las atribuciones presidenciales por parte de la Vicepresidenta Ejecutiva reconoce expresamente la existencia de una situación “no prevista literalmente” en la Constitución, no declara formalmente la configuración de una falta temporal conforme al artículo 234, no establece límites temporales al ejercicio del poder y no activa los mecanismos de control institucional previstos en el texto constitucional.
Para las organizaciones firmantes, estos elementos generan “dudas relevantes” sobre la regularidad del procedimiento de sucesión presidencial y sobre la vigencia de la separación de poderes y el control democrático en Venezuela.
Llamado al liderazgo regional de Colombia
Las ONG destacan el papel histórico de Colombia en la promoción de soluciones pacíficas y democráticas en América Latina y consideran que el liderazgo regional del país puede ser determinante para la protección del orden constitucional y los derechos humanos en Venezuela.
En ese sentido, solicitan que durante los encuentros bilaterales previstos con la delegación venezolana se promuevan cinco principios clave:
Defensa del orden constitucional y de los límites democráticos al ejercicio del poder.
Garantías plenas de derechos humanos , incluyendo la liberación de presos políticos —entre ellos ciudadanos colombianos— y el cese de la persecución política.
Respeto al derecho a la participación política y a la soberanía popular mediante elecciones libres y verificables.
Fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de la separación de poderes.
Rol activo de Colombia en la búsqueda de soluciones pacíficas basadas en estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluyendo la posibilidad de que la CIDH visite Venezuela.
Las organizaciones concluyen que el compromiso de Colombia con la democracia y los derechos humanos puede contribuir “de manera decisiva” a la construcción de soluciones institucionales duraderas para Venezuela.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A inicios de 2026, el ecosistema de medios en Venezuela transita por una “nueva etapa” marcada por señales de apertura que contrastan con una estructura represiva que permanece intacta. En una reciente edición de Espacio Runrunes, Luis Ernesto Blanco conversó con Marco Ruiz, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), para analizar la compleja “fotografía” del ejercicio periodístico tras los sucesos del 3 de enero y la promulgación de la Ley de Amnistía.
Una libertad a medias
A pesar del discurso oficial sobre una transición, Ruiz advirtió que el entorno sigue siendo “muy restrictivo”, considerando que se mantiene con plena vigencia un aparato represivo y de persecución que no ha sido desmontado. A pesar del discurso oficial sobre una “nueva etapa”. sigue existiendo un discurso público de estigmatización y criminalización del trabajo periodístico en donde incluso entrevistas recientes con altos funcionarios han terminado con señales de hostigamiento hacia los entrevistadores, lo que perpetúa un ambiente de temor e inseguridad.
Aunque la Ley de Amnistía permitió la liberación de algunos comunicadores, el balance para el gremio es parcial. “El año 2026 comenzó con 30 periodistas encarcelados y al menos 58 sometidos a persecución judicial. A pesar de las excarcelaciones de los periodistas, la Ley de Amnistía no contempla beneficios para los casos en los que han sido señalados los comunicadores, Ruiz recordó que solo Marifel Lucena y Pedro Uribarrí recuperaron su libertad total y “el resto sigue esperando respuesta de los tribunales”. Casos como los de Nakari Ramos, Román Camacho y Carmela Longo quedaron fuera de los beneficios de la normativa.
Uno de los puntos destacados de la entrevista fue el regreso de canales y emisoras de señal abierta a la arena informativa. Sobre esto, Ruiz se mantuvo optimista y señaló que prefiere ver “el vaso medio lleno”. El secretario general del SNTP prioriza el flujo de información para las audiencias por encima de los juicios sobre el pasado aunque recordó que estos medios son responsables de negar a la gente el derecho a la información oportuna cuando más se necesitaba.
“ A pesar de las críticas por su silencio previo, prefiero apostar por la recuperación de espacios informativos que permitan a los ciudadanos tomar mejores decisiones”, dijo.
Las tres exigencias del SNTP
Para Ruiz, la superación de esta crisis pasa por un proceso real de reinstitucionalización que devuelva el derecho a la información. Esto implica que las instituciones abandonen la discrecionalidad y se apeguen a criterios técnicos y legales transparentes. El secretario del SNTP subrayó que incluso para el propio Estado es beneficioso contar con medios serios y plurales que den credibilidad a las versiones oficiales, evitando que la comunicación sea meramente un aparato propagandístico.
En este camino, Ruiz confirmó que se ha gestionado un espacio de interlocución a través del Programa de Convivencia y Paz. Se ha convocado a una reunión amplia de medios, organizaciones y periodistas con Ernesto Villegas, quien preside dicha instancia. Ruiz se mostró cauteloso y aseguró que el sindicato no saboteará ninguna oportunidad que sirva para construir garantías, recuperar libertades y generar condiciones de seguridad para el ejercicio profesional.
El secretario general del sindicato enumeró las prioridades que el sindicato ha puesto sobre la mesa para considerar que existen garantías reales en el país. En este sentido, destacó como indispensable no solo la excarcelación, sino el cese total de las medidas cautelares para todos los colegas judicializados. Además considera fundamental el desbloqueo inmediato de los más de 60 medios digitales restringidos por Conatel, una decisión que “no requiere reformas legales”. Finalmente, abogó por un cambio en el marco legal que criminaliza el trabajo periodístico, eliminando leyes que han servido para el hostigamiento y la persecución.
Ruiz denunció que los bloqueos digitales contra medios como Runrun.es se ejecutaron mediante órdenes informales, sin expedientes ni derecho a la defensa. Por ello, anunció una movilización ante Conatel para exigir transparencia sobre los casi 200 sitios web bloqueados y el cese de la asfixia contra las emisoras radiales. “Aquí habrá verdaderas garantías cuando cambie la manera de hacer las cosas que nos trajeron hasta aquí. Es urgente que Conatel abandone su posición de censor”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido es publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Lo que finalizó como una marcha que llegó a las inmediaciones de la Asamblea Nacional, pudo haber sido una mera concentración en la Plaza Morelos.
Como habían anunciado, representantes gremiales, sindicales, trabajadores, jubilados, pensionados y estudiantes acudieron en la mañana de este jueves 12 de marzo a la plaza que queda al lado de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, pero su sorpresa fue conseguir una inmensa tarima del chavismo a escasos metros bloqueando el acceso en la avenida Universidad, además de presencia de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
En los alrededores de la Plaza Morelos, en la avenida Universidad, fue instalada una tarima oficialista que obstaculiza el camino de la convocatoria que tiene previsto marchar hacia la Asamblea Nacional pic.twitter.com/ZhGYSpg8FZ
Pese a la música con alto volumen proveniente de la tarima oficialista y de las consignas pro gobierno de un animador, los trabajadores expresaron su descontento por un sueldo mínimo que desde 2022 yace estancado en 130 bolívares mensuales, algo similar a 30 centavos de dólar.
“No hay razón para que no nos dejen ni siquiera expresar nuestro descontento”, dijo el docente jubilado Melquiades Cedeño, quien después de 31 años de servicio devenga una mensualidad de 250 bolívares.
“En este mes de marzo, ciudadana presidenta encargada (Delcy Rodríguez), necesitamos respuesta sobre el salario”, instó Hugo Díaz, presidente de Fetraenseñanza.
Ante la imposibilidad de transitar por la avenida hasta el Parlamento, los participantes tomaron la calle alterna, siempre bajo el ojo avizor de efectivos policiales.
#12Mar Trabajadores y dirigentes sindicales se concentran en la Plaza Morelos de Caracas para exigir un aumento del salario y las pensiones, congelados desde el año 2022 en un monto de 130 bolívares mensuales pic.twitter.com/w7uGF4BCIN
Como un enjambre, los manifestantes llenaron el centro caraqueño, provocando que empleados de tiendas y kioscos salieran a ser testigos de algo que ha sido criminalizado, especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024: la protesta pacífica.
Hasta un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se solidarizó con la causa por un sueldo digno. “Esta marcha sí tiene sentido”, expresó.
“Estamos en estado de zozobra, el reclamo no es solamente por el salario, sino por la dignidad del venezolano, la dignidad de un pueblo, el salario está desaparecido de la educación, las universidades no tienen presupuesto, todo la población está padeciendo de calamidades y atropellos”, indicó el educador Felipe Sánchez.
Sánchez, junto a decenas de personas, bordearon la bloqueada avenida por el oficialismo y se reincorporaron a la vía a la altura de la entrada del Metro de Bellas Artes.
La multitud pasó frente al Ministerio Público ante la mirada de empleados. Asimismo, trabajadores del Metro de Caracas salieron a observar la protesta, conformada básicamente por personas de la tercera edad.
“Estamos en la calle porque esto le pertenece al pueblo, en la calle siempre hemos pedido lo que merecemos, nos lo hemos ganado. Tenemos escuelas deplorables, sin agua y servicio eléctrico en el interior del país, necesitamos atención social, prestaciones honorables”, dijo el docente Alexander Castro, quien viajó a la capital venezolana desde el estado Zulia.
En la esquina El Chorro, una animadora oficialista sobre una tarima al borde de una acera pedía la libertad de Nicolás Maduro y Cilia Flores, capturados por fuerzas militares estadounidenses el pasado 3 de enero.
#Caracas | 11:06 am El oficialismo se moviliza este jueves 12 de marzo para exigir que EEUU libere a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Una dirigente acusa a quienes piden aumento de salario de traidores. pic.twitter.com/Sl0wDhYUwt
“Esta marcha es nuestra”, gritó micrófono en mano, al tiempo que acusó de “traidores y asesinos” a quienes pasaban frente al Ministerio de Educación Superior.
“Aquí se acabó el miedo”
En ese punto, la marcha nuevamente fue desviada por un piquete policial y los manifestantes bordearon la plaza El Venezolano para encontrarse con una pared humana de funcionarios que fue rebasada por la multitud. Hubo forcejeos sin heridos aparentes que lamentar.
Una cuadra más allá, otra barrera conformada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) esperaba a los manifestantes en un costado de la plaza Bolívar, justo al frente de la Asamblea Nacional
Ya no se podía ir más allá, pero se mantuvieron al son de consignas “salarios dignos” y el “pueblo está en la calle”.
Una tensión que rememoraba a las protestas de 2014, 2017, 2019 y las poselectorales de 2024 estaba en el ambiente. Con esa herida abierta y cientos de presos políticos todavía en centros de reclusión a pesar de la promulgación de la Ley de Amnistía, algunos optaron por retirarse.
Pero los más estoicos se quedaron, pese al inclemente sol y la llegada de motorizados y equipos antimotines con escopetas y hasta extinguidores a los alrededores de la plaza, cuyo núcleo es una estatua del Libertador Simón Bolívar.
11:37am #Caracas | "Liberen el salario", es la consigna de cientos de trabajadores que salieron nuevamente a las calles y lograron llegar a la Asamblea Nacional para exigir salarios justos. #12marpic.twitter.com/oHm07JsEha
“Aquí se acabó el miedo”, dijo uno de los asistentes a la marcha mientras miembros de la PNB con escudos se movían de un lado a otro sin un rumbo aparente. Parecía que la palabra “represión” fue sacada de su diccionario por “intimidación”.
“No queremos más bonos, queremos salarios, son cuatro años sin aumento, queremos discutir el contrato colectivo, exigimos al ministro del Trabajo que nos de respuesta, el magisterio va a seguir en la calle en toda Venezuela”, dijo Carmen Teresa Márquez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, mientras una comisión de manifestantes ingresaba al Parlamento para entregar a los diputados unas exigencias.
Al parecer, la promesa de Márquez de mantenerse en la calle reclamando pacíficamente por sus derechosserá una constante mientras el salario básico en Venezuela equivalga a poco más de dos pasajes en transporte colectivo.
#AHORA | Marcha opositora de sindicatos supera los piquetes de la Policía Bolivariana y llega por primera vez en años a la Asamblea Nacional. pic.twitter.com/MYZzwQsjq5
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Para quien tiene sed, cualquier llovizna es buena. Tal vez por eso los precarios cambios que se han producido en Venezuela desde el 3 de enero han levantado, entre algunas personas y empresas, expectativas y apuestas optimistas en la economía. Pero, ¿cuáles razones obligan a moderar esas apuestas?
Hoy muchos sopesan decisiones de vida y ponen en una balanza sus intereses. Comprar, vender, irse del país, quedarse, o regresarse; aceptar un salario de miseria o arriesgarse a emprender por cuenta propia. Invertir en grande, renovar inventario, contratar o despedir personal, cambiarle los cauchos al carro, bajarle dos a la fiesta de 15 años, casarse o divorciarse, comprar una póliza de seguro.
Tras años de estancamiento hay en efecto algunos indicadores en la macroeconomía y en las expectativas de los agentes económicos para creer que 2026 será un poco mejor que los años anteriores.
Pero el optimismo irracional o el ingenuo, puede llevarnos a cometer costosos errores. Por eso es prudente poner en la balanza las condiciones reales de la economía venezolana, las que no han cambiado en el fondo, aunque hayan aprobado una nueva ley de Hidrocarburos para reabrir la industria petrolera a capitales privados, o que esté en trámite una nueva ley de Minería.
Venezuela tiene yacimientos enormes de petróleo, gas natural, oro, diamantes y otros minerales bien cotizados. Pero estos cambios no significan que llegarán masivas inversiones en estas industrias ni que aumentará de una vez la producción y las exportaciones, o que el país tendrá un explosivo ingreso de divisas.
Venezuela mantiene enormes problemas estructurales. Por eso todos los moderados coinciden en que el ciudadano común no va a percibir mejoras claras y sostenidas en sus ingresos y condiciones de vida, a menos de que ocurran cambios profundos y estructurales en la economía y en la política.
“Cautela, precaución, reducción de presupuesto y miras a entender como logran otra vez cohesionar las tres autopistas: la política, la social, la económica”, resume una fuente vinculada a los negocios sobre el sentimiento predominante entre empresarios.
En enero la firma Gold Glove Consuting revelaba una encuesta en la que se ratificaba que la principal preocupación de los venezolanos hoy es el costo de la vida, la salud y el empleo, seguido de los servicios públicos y la educación.
También confirma que los venezolanos se muestran más optimistas y quieren que se celebren elecciones libres.
“En este momento hay más incertidumbres que certidumbres”, nos explica el profesor José Manuel Puente, del IESA de Venezuela y de la universidad IE, de España.
Refiere el “equilibrio sumamente inestable” que persiste en Venezuela, donde muchas empresas internacionales prefieren retrasar inversiones porque no hay claridad en puntos concretos resueltos: no hay un tribunal de justicia ni una Asamblea Nacional autónomos, no hay un cambio político ni una verdadera transición ni un programa de estabilización que logre controlar la inflación y la devaluación.
“Hay muchas preguntas y no hay claridad de que las puedan solucionarlo, ahí es donde se pueden estrellar las expectativas muy positivas con la realidad”, dice Puente.
Para este experto en finanzas públicas, hay en efecto razones para un “optimismo con cautela”, después de lo que hemos sufrido, “·pero hay muchas bombas activas en el camino”.
El país no tiene efectivo, el tipo de cambio sigue fuertemente apreciado (a pesar de las constantes devaluaciones), no tenemos efectivo en dólares, el gobierno se gastó el oro monetario y sin reservas internacionales ni un programa de estabilización, Venezuela va a seguir sufriendo la más alta inflación del mundo, que estará este año entre 500% y 600%, señala Puente.
“Eso va a golpear con fuerza a todos los venezolanos, especialmente a los más humildes”, advierte.
Mientras, el crédito, tan necesario para estimular el consumo real y el aumento de la demanda, no aparece por ningún lado.
Después está el problema de la deuda pública externa, de entre $160.000 y $180.000 millones, en mora desde 2017 cuando Maduro dejó de pagar capital e intereses, dejando a Venezuela al margen de los mercados financieros internacionales.
Y la situación del país es tan crítica y las finanzas públicas están tan secas que se necesitan enormes flujos de capital internacional –entre $100.000 y $150.000 millones- que no llegarán a menos que haya un clima de estabilidad, respeto institucional y seguridad jurídica, observa Puente.
Un baño de realidad
Por eso, los cambios en Venezuela no significan para la gente común que llegará agua limpia al grifo, terminarán los apagones, subirán los salarios, ni que el banco nos aumentará el límite de la tarjeta de crédito.
Por cierto, la cartera de crédito total de los bancos en Venezuela equivalió a unos $2.835 millones al cierre de 2025, según reportes de la firma especializada Aristimuño Herrera.
El 75% de esos créditos, incluyendo los del consumo como tarjetas de crédito y los préstamos a la industria y la agricultura, está concentrado en cinco bancos: de Venezuela (24,7%) Banesco (16,5%), Provincial (16,5%, Mercantil (8,9% y Nacional de Crédito (8,2%).
El crédito es una de las grandes invenciones de la Humanidad, como la rueda, y es una palanca para activar una economía. Pero en Venezuela ese dinero prestado equivale a cerca del 2% del PIB y en promedio tocan unos 100 dólares por cada venezolano de los quedamos aquí. Es, de lejos, la cartera de crédito más baja per cápita de América y una de las más bajas del mundo.
Tampoco se mueven créditos hipotecarios, por eso hay muy pocos compradores con dólares en efectivo, dispuestos a pagar por esas casas, apartamentos y oficinas cuyos precios han saltado de repente desde enero.
El propio Banco Central de Venezuela (BCV) admite que la inflación anualizada en Venezuela en el año terminado en febrero es de 618% y de 52% en los primeros dos meses de 2026.
La inflación y la devaluación anda de la mano. En lo que va de este año el precio del dólar ha aumentado 48% y el bolívar ha perdido otro tercio de su valor.
En un año, desde marzo de 2025 la devaluación es de 85% y el dólar, referencia para casi todas las transacciones en Venezuela, ha aumentado en 578% en el mercado oficial.
Ni qué decir del paralelo, que es la verdadera referencia encubierta para fijar los precios, no importa que los comercios estén obligados a exhibir la tasa oficial en precios en bolívares.
De la mano del petróleo
Es verdad que hay avances en la menguada industria petrolera. Las dudosas cifras del gobierno indican que el Producto Interno Bruto, o suma total de riqueza que genera una economía, avanzó 8,6% en 2025, impulsado por una expansión del 13% en la industria petrolera y 5,30% en la no petrolera, si le creemos al Banco Central.
El gobierno también promete que este año la economía crecerá entre 10 y 15%.
Todo indica que en efecto subirán los ingresos petroleros, porque los precios mundiales el barril suben con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán; porque gracias al alivio de las sanciones el chavismo no tiene que vender nuestro petróleo con descuento, sino que lo envía directamente a EEUU, y aumenta un poco la producción.
Pero esa alza de la producción no será “rápido ni barato” como dice Puente.
Es que en el país hay enormes limitaciones especialmente de electricidad y gas natural. Además, hay daños acumulados en la infraestructura petrolera, de modo que estamos muy lejos de aquellos más de tres millones de barriles por día (bpd) que tenía en 1998, antes de la llegada de Hugo Chávez y sus herederos al poder.
En su informe de marzo la OPEP muestra que la producción de Venezuela estuvo en 903.000 bpd en febrero, comparado con los 937.000 bpd del promedio de 2025, según las fuentes secundarias.
La infraestructura y sus carencias
Aumentar esa cifra en 50% este año, como promete Washington y le corea el chavismo, requerirá enormes inversiones de capital, de recursos humanos y de electricidad.
En todo caso, la alianza de Donald Trump con el chavismo, el alivio de las sanciones, las licencias a las petroleras para que reactiven inversiones y la nueva Ley de Hidrocarburos, en efecto estimularán inversiones inclusive en sectores conexos a la industria petrolera, lo que incluye servicios industriales, transporte, suministros, infraestructura y obras ciciles, especialmente en zonas petroleras del oriente del país, de la Faja del Orinoco y del maltratado estado Zulia.
Por esos santos lugares se espera que haya más puestos de trabajo y hasta que suban los precios de alquileres y propiedades, aunque no tanto ni tan rápido como quisieran muchos.
Eduardo Páez Pumar, uno de los principales expertos en energía eléctrica del país apuntaba en un reciente foro de Analitica TV que tras años de desinversión, se mantiene una aguda crisis que dura 17 años en el sistema eléctrico, especialmente en el sector de distribución, con unas 200 interrupciones diarias del servicio en 2025.
Hoy hay un déficit crónico entre la disponibilidad y la demanda, de entre 500 y 3.000 megavatios.
Esa es la cantidad de energía necesaria para abastecer en Venezuela entre 330.000 y 2,4 millones de hogares.
“De manera de que cualquiera industria que quiera aumentar carga va a ser prácticamente imposible (hacerlo) y el sector petrolero se va a ver afectado también”, advierte.
Esto significa, según otros expertos, que no es posible reactivar sectores enteros como el petrolero y el de las empresas básicas sin apagar sectores industriales y residenciales. Pero eso será tema de otra entrega.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Donde la ideología levantó muros, el fútbol —y su conexión con el poder— tendió puentes. Al menos, así parece demostrarlo la diplomacia paralela que logró la excarcelación de Nahuel Gallo, tras 448 días detenido arbitrariamente en Venezuela.
Un evento fue clave. Al terminar la presentación del nuevo Centro de Alto Rendimiento que se construirá en los espacios de La Carlota, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez Ochoa, agradeció la asistencia de dos integrantes de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Luciano Nakis y Fernando Islas Cásares. Más tarde, ese 1° de marzo, el mismo avión que los trajo, los llevó de vuelta a Buenos Aires con un pasajero más: el gendarme argentino que se había convertido en prisionero del Estado.
Esta no fue la única vez que los involucrados en la liberación se vieron las caras para hablar del tema. Una semana antes de que se lograra su excarcelación, según el diario Perfil, Giménez Ochoa coincidió en Brasil con el presidente de la AFA, Claudio “el Chiqui” Tapia.
“Según trascendió, allí, con intervención también de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, se acercaron posiciones para facilitar el regreso de Gallo”, reseñó el medio.
Al gendarme argentino lo arrestaron el 8 de diciembre de 2024, cuando entró al país para reencontrarse con su esposa venezolana María Alexandra Gómez y su hijo. Tarek William Saab, quien era fiscal general de la República, lo acusó de planear acciones “terroristas”, mientras que el entonces gobernante Nicolás Maduro dijo que los planes incluían asesinar a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
Tras la detención, su familia desconocía su paradero. Ellos supieron que estaba en la cárcel del Rodeo I por una foto que publicó el Gobierno un mes después. Estuvo incomunicado y sin visitas más de un año. Dos días antes de ser excarcelado le permitieron, por primera vez, hablar por teléfono con su esposa.
Nahuel Gallo en la cárcel del Rodeo I a un mes de su detención. Foto: Captura de pantalla de un video difundido por el Estado venezolano.
Su caso y el arresto de otros ciudadanos argentinos en Venezuela empeoraron las ya rotas relaciones diplomáticas entre ambos países. Figuras como el canciller venezolano Yván Gil incluso señalaron al gobierno de Javier Milei de conocer las presuntas “acciones desestabilizadoras” que ejecutaría el gendarme.
Tras 448 días en prisión, fue la AFA quien dio la noticia de la liberación de Gallo. En su página web, el 1° de marzo, publicaron la foto del cabo primero en el aeropuerto Ezeiza de Buenos Aires, junto a Luciano Nakis y Fernando Islas Cásares.
El gendarme argentino Nahuel Gallo junto a Luciano Nakis, secretario de la AFA, y a Fernando Islas Casares, secretario de Protocolo | Foto: AFA.
La AFA agradeció directamente a la ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por “su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.
Afirmaron que el deporte “puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación”. Además, reconocieron a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) “por facilitar el contacto que permitió este acercamiento”.
Tapia y Giménez Ochoa son también parte del Consejo Ejecutivo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), por lo que coinciden en los encuentros oficiales del fútbol sudamericano.
“Chiqui” Tapia felicitó a Jorge Giménez por su cumpleaños subiendo una foto de ambos en su cuenta de X.
El facilitador: un ahijado político de la Presidenta
Jorge Andrés Giménez Ochoa es un joven empresario que incursionó en el mundo del fútbol en 2016 cuando, con 29 años de edad, compró acciones en el Club Deportivo Lara, junto a su tío Silvio Ochoa.
En el año 2020 quedó en evidencia su cercanía con Delcy Rodríguez, cuando resultó ser uno de los pasajeros del avión en el que ella viajó al aeropuerto de Barajas en Madrid, España, pese a la prohibición que tenía de entrar al territorio de la Unión Europea como resultado de las sanciones por parte de Bruselas. Aún así, se reunió con José Luis Ábalos, el entonces ministro de Transporte de Pedro Sánchez.
Además de integrar el círculo de confianza de Rodríguez, Giménez Ochoa ha sabido escalar posiciones dentro de los negocios con el Estado, especialmente con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el programa de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), según detallan investigaciones de Armando.info y la ONG Transparencia Venezuela.
En 2021, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) asignó una junta normalizadora para convocar a elecciones en la Federación Venezolana de Fútbol. Giménez Ochoa hizo llave con el exministro de Deporte y actual diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Pedro Infante.
Entre denuncias y cuestionamientos, Giménez Ochoa ganó los comicios con solo 34 años de edad.
Fuentes consultadas para este reportaje explican que tras años de sequía financiera y aislamiento institucional bajo la antigua dirigencia, la llegada de Jorge Giménez a la FVF permitió que volvieran a fluir los recursos y las inversiones. El joven aplicó además un refrescamiento de la organización a través de un modelo más “gerencial”.
La modernización no solo incluyó un cambio de imagen, sede o el aumento de la nómina de trabajadores, sino que también aplicó los planes de la Conmebol y la FIFA y se ha rodeado de consultores internacionales.
Una coincidencia conveniente
La presentación del proyecto de una nueva infraestructura para impulsar el crecimiento del fútbol nacional resultó un momento idóneo para concretar la salida de Nahuel Gallo de la cárcel del Rodeo I y su retorno a la Argentina.
El Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), según ha dicho El Diario, se prevé que cuente con un domo de futsal de nivel internacional, un espacio de formación arbitral con tecnología de simulación avanzada y canchas de césped natural. El proyecto cuenta con el apoyo económico de la FIFA, que aportó 6 millones de dólares, y de Conmebol, con 3 millones adicionales. Será la AFA la que ofrezca asesoría técnica “con la tarea de integrar buenas prácticas y experiencia de proyectos similares en Argentina”.
Giménez Ochoa publicó en su Instagram sobre el centro y agradeció a Luciano Nakis, secretario de la AFA, y a Fernando Islas Casares, secretario de Protocolo, “por su presencia y disposición para intercambiar experiencias y buenas prácticas”.
El salto de los canales oficiales
Expertos en el periodismo deportivo explican que esta hazaña de la AFA viene a suavizar su imagen cuando la organización atraviesa muchos cuestionamientos por su manejo financiero.
Si bien las autoridades argentinas celebraron el retorno de Gallo y dijeron que nunca debió estar secuestrado, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, cuestionó los métodos con los que se logró.
“Los involucrados (dirigentes de la AFA) deberán explicar cuál es su relación con el chavismo para que las cosas se dieran como se dieron”, dijo en una entrevista.
Adorni reconoció que la relación con Venezuela no era “acorde a la diplomacia moderna”, pero igualmente resaltó el trabajo de los ministros y del canciller argentino Pablo Quirno en las tareas oficiales para lograr la libertad de Gallo y su regreso al país.
LIBERACIÓN DEL CIUDADANO ARGENTINO NAHUEL AGUSTÍN GALLO
La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido…
La senadora y exministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, confesó que el Gobierno no estaba al tanto de las gestiones realizadas por la AFA. “No querían entregarlo a nuestro Gobierno, sino a través de algunos que son amigos. Buscaron a aquellos que son de alguna manera parte de esa ideología y se lo entregaron”, dijo en una entrevista con Radio Mitre.
Nahuel Gallo, sin embargo, no salió de Venezuela con libertad plena, sino con medidas cautelares, declaró a RunRun.es su suegra Yalitza García. La boleta de excarcelación señala que tiene una medida cautelar sustitutiva de libertad que le prohíbe “dar declaraciones a los medios de comunicación, así como de realizar cualquier tipo de comunicación pública en prensa, radio, televisión y cualquier medio electrónico”.
En las celdas venezolanas aún permanece el abogado Germán Darío Giuliani. Su caso es el recordatorio de que, en este juego de influencias, la libertad no depende necesariamente de la justicia, sino de quiénes están sentados en el palco de negociaciones.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero tras un ataque militar de Estados Unidos en Caracas y la instauración de una “presidencia encargada” a cargo de Delcy Rodríguez no han desmantelado el sistema de persecución y represión en Venezuela. Esta es la principal conclusión de la actualización oral que presentaron los dos expertos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) este 12 de marzo de 2026 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra en su 61º período de sesiones.
María Eloísa Quintero fue la experta que leyó el documento, en el que se destaca que “la compleja maquinaria legal e institucional que instigó y facilitó la comisión de violaciones graves de derechos humanos y de crímenes internacionales permanece intacta. No existen indicadores sobre cambios o reformas estructurales”.
Aseguran que después del 3 de enero, continúan recibiendo testimonios directos, declaraciones de víctimas y familiares, documentos e informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas.
La Misión también consideró que la operación estadounidense en Venezuela “violó el derecho internacional” y aunque reiteró que tienen motivos razonables para creer que el exgobernante Nicolás Maduro “es responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil”, esto no justifica “una intervención militar ilegal”.
Reiteraron, en ese sentido, su llamado a que todos los actores señalados como participantes del sistema de represión y perpetración de esos crímenes rindan cuentas “en un proceso judicial con las debidas garantías”.
Dos fases de una misma política estatal
El informe presentado este 12 de marzo divide el monitoreo en dos etapas: la primera, entre septiembre y diciembre de 2025, marcó una continuidad de los “patrones graves de derechos humanos” ya documentados: 135 detenciones arbitrarias, casos de violencia sexual en centros de reclusión y “casas de seguridad” y la muerte de al menos tres personas bajo custodia.
Las investigaciones revelaron que estas muertes podrían derivarse “de condiciones de salud que no fueron oportuna y debidamente atendidas”, lo que a juicio de los expertos, pone en relieve “las duras condiciones en las que se encuentran las víctimas de detenciones, principalmente aquellas motivadas políticamente”.
El balance hasta diciembre de 2025 también da cuenta de que un tercio de las personas detenidas “eran familiares de los objetivos principales de los arrestos” y destaca con especial preocupación que en la lista se incluyen “ocho niños, niñas y adolescentes, entre ellos, niños de dos y cinco años”.
Maduro fuera, represión adentro
Desde la llegada de Delcy Rodríguez al poder bajo la figura de “presidenta encargada” con el aval de Estados Unidos y la declaración de un cuestionable “estado de emergencia externa”, la Misión ha documentado al menos 87 nuevas detenciones.
En el balance, recuerdan que 14 periodistas y trabajadores de medios fueron detenidos temporamente mientras cubrían la juramentación de Rodríguez el pasado 5 de enero. Asimismo, mencionan el caso de al menos 27 personas, incluidos 15 niños, quienes fueron arrestadas por presuntamente celebrar la captura de Nicolás Maduro.
El reporte incluye la detención de 30 funcionarios del CICPC y sus familiares, luego de que estos se negaran presuntamente a falsificar evidencia relacionada con los eventos del 3 de enero.
Una amnistía con letras pequeñas
Aunque la Misión valora la excarcelación de cientos de personas y la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática el 20 de febrero, los expertos mantienen “serias reservas” y cuestionan la ley por ser restrictiva y poco consultada, no reconocer la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos, no contemplar “procesos trasparentes e integrales, investigaciones independientes, ni mecanismos de búsqueda de la verdad” y por tampoco reconocer a las víctimas de represión.
Criticaron que se les siga caracterizando como delincuentes, “sin derecho a una reparación efectiva”.
Para la Misión, el alcance de la Ley de Amnistía es “arbitrariamente restrictivo, limitándose a delitos (no ilícitos civiles, disciplinarios, administrativos y otros) y a una lista acotada de acontecimientos”. Llaman la atención sobre el hecho de que la amnistía “excluye a un gran número de personas detenidas en relación con otros hechos, como las presuntas acciones armadas o de fuerza contra la soberanía y la integridad territorial del país” y recalcan que esta ha sido una acusación usada frecuentemente por las autoridades para detener a militares, exmilitares y civiles.
Mencionaron que las cifras de excarcelados que maneja el gobierno en virtud de la Ley de Amnistía (247 personas) así como las de quienes han recibido libertad plena (7407, afirman las autoridades) discrepan de los cómputos de la ONG, que son “significativamente menores”. Precisaron que al menos 76 extranjeros o personas con doble nacionalidad siguen tras las rejas por motivos políticos en Venezuela.
Maquinaria de represión intacta y en mutación
El grupo de expertos de la Misión de la ONU confirmó que los colectivos o grupos de civiles continúan operando en el país, y que el espacio cívico y democrático sigue “fuertemente restringido”, así como que también persisten los ataques, hostigamientos e intimidación contra las organizaciones de la sociedad civil, “los escasos medios independientes que todavía existen” y actores políticos.
El informe agrega que no existen indicios de reformas estructurales en instituciones del Estado que han jugado un papel clave en la represión, entre ellas figuran el poder judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General, así como otras instituciones con competencias relevantes para el funcionamiento del espacio cívico y democrático, tales como el Consejo Nacional Electoral o el Consejo Nacional de Telecomunicaciones.
Insisten en que varios funcionarios identificados previamente por la misión como responsables de crímenes de lesa humanidad continúan ocupando altos cargos en el Ejecutivo y en las fuerzas de seguridad y que el marco legal que dio pie a la persecución política se mantiene “plenamente en vigor“. Entre los instrumentos legales mencionados están la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, o Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG, que pidieron “derogar o reformar sustancialmente”.
En la actualización sobre Venezuela se dejó claro también que las perspectivas de garantías plenas para la celebración de elecciones libres y democráticas “siguen siendo remotas”.
Una advertencia en la que hizo énfasis Quintero al presentar la actualización oral es que las estructuras y alianzas represivas están “mutando” en un intento de “adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder”.
No es momento para retirar la atención de Venezuela
Ante este panorama, la Misión reiteró que el país necesita cambios profundos y sostenidos.
“Como la Misión ha afirmado anteriormente, se requiere un cambio mucho mas profundo y duradero para que la ciudadanía pueda confiar en que los largos años de represión y violencia han llegado a su fin”, indica el documento.
La Misión destacó la importancia de poder continuar con su labor -cuyo mandato fue extendido hasta septiembre de 2026- para “identificar a los actores y mecanismos involucrados en las graves violaciones y delitos que obstaculizan el retorno al Estado de Derecho, siempre de conformidad con su mandato de investigación”.
Hicieron un exhorto también a las autoridades venezolanas a que cooperen y “permitan su acceso pleno al país, como una expresión de transparencia y colaboración con la Misión”.
“La Misión entiende que es un momento para aumentar el apoyo, acompañamiento y escrutinio internacional, no para disminuir la atención. El pueblo de Venezuela no merece menos. Las miles de víctimas venezolanas y de otras nacionalidades, así lo requieren”, concluyen.
El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
