Como una mutación hacia formas de represión más selectivas y silenciosas calificó Equalia el proceder actual del gobierno venezolano que lidera la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.  De acuerdo con la organización, y según datos de un reciente informe, en 2025 se documentaron 455 ataques e incidentes de seguridad contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, lo que significó una disminución con relación a 2024. 

El informe abordó las estrategias de supervivencia y resiliencia de las defensoras venezolanas ante el cierre del espacio cívico. Asimismo, reiteró que el cierre del espacio cívico se ha concretado con la promulgación de una serie de leyes restrictivas como la de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. 

A juicio de Equalia, la ley establece controles intrusivos sobre el financiamiento y registro formal de las ONG y otorga al Ejecutivo la discrecionalidad para disolver organizaciones apelando a términos como la “promoción del fascismo” o la “desestabilización”.

Destacan que el activismo en Venezuela ha derivado en la detención de varios defensores de derechos humanos como el director de FundaREDES, Javier Tarazona; el también director de Espacio Público, Carlos Correa; el abogado de Provea, Eduardo Torres y la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel. 

Estos son los puntos más resaltantes del informe destacan los siguientes:

Sobre la afectación personal

El documento señala el endurecimiento del entorno legal y administrativo en Venezuela obligó a las activistas a una clandestinidad estratégica y el empleo del silencio como herramienta de autoprotección. “Ante el riesgo inminente de represalias, las defensoras han optado por reducir drásticamente su exposición pública, limitando la vocería en medios y abandonando el uso de sus redes sociales”, expresó el informe.

La organización manifestó que el silencio tiene como costo la pérdida de incidencia pública y la dificultad para documentar violaciones de derechos humanos. También expusieron que la asfixia financiera y el asedio administrativo ha obligado a redefinir la sostenibilidad de los proyectos.

“Este escenario ha provocado una fuga de capital humano; el miedo y la necesidad han llevado a muchos activistas a abandonar sus roles para dedicarse a actividades económicas de subsistencia”, alertan. Indican asimismo que la defensa de los derechos humanos en Venezuela ya no se entiende como una labor social, sino como un ejercicio de resistencia política y personal.

La ONG reveló que uno de los hallazgos es la soledad del tejido debido a la migración forzada y la pérdida de redes de apoyo: “Tras las elecciones presidenciales, implementación de la Operación Tun Tun y detenciones masivas, entrevistados expresaron que padecieron trauma colectivo, cuadros de burnout, depresión y alteración del sueño”. 

Sobre las dinámicas de trabajo y seguridad

La ONG expuso que el repliegue o el ocultamiento responde a un contexto de criminalización de la asociación. “El dato sobre la ruptura de vínculos con familiares o conocidos afines al gobierno por miedo a la delación es un indicador crudo de cómo el cierre del espacio cívico fractura incluso el núcleo más íntimo de la sociedad”.

La organización reveló que otro hallazgo es la adopción de protocolos de seguridad física y digital como limpieza constante de chats, borrado de imágenes sensibles y uso de teléfonos corporativos diferenciados: “Mientras algunas organizaciones logran formalizar estos protocolos, otras se ven forzadas a la inacción no solo por miedo, sino por la precariedad económica”. 

El informe revela que el activismo en Venezuela pasó de ser una labor de campo a una labor de “inteligencia social” y cuidado extremo. Aunque algunas de las personas entrevistadas reportan una disminución del nivel de riesgo luego del 3 de enero de este año, todas coinciden en que el aparato represivo sigue intacto. “La criminalización ya no solo viene de una orden judicial, sino de la arbitrariedad del funcionario de calle que revisa un teléfono en un punto de control”.

Citan datos de organizaciones como Espacio Público, según los cuales el número de ciudadanos detenidos por expresarse en redes sociales ha crecido exponencialmente. “Existe una lucha interna entre la necesidad técnica de ser invisible y la necesidad moral de elevar la voz”, agregaron. Para la ONG, la migración masiva hacia el uso de Signal y VPN ha dejado de ser una recomendación técnica para convertirse en un estándar de supervivencia.

Mecanismos de afrontamiento y resiliencia

Especialistas en derechos humanos han expresado que a raíz de la persecución la disidencia se ha privatizado debido a que el trabajo humanitario y la documentación se refugia en espacios domésticos, grupos de WhatsApp y reuniones de confianza. Testimonios revelaron que los defensores de derechos humanos no solo luchan contra la represión política, sino también contra la irregular conectividad y constantes apagones.

El diseño de protocolos para ahorrar batería y el uso de SMS son tácticas de resiliencia que permiten mantener el flujo de información en un país donde, según reportes de Freedom House, la calidad de la conexión es de las más bajas de la región. Por otro lado, debido a las limitaciones de acceso a líneas de financiamiento, algunas organizaciones han recurrido a la solidaridad como colectas y campañas de recaudación privadas. El informe también señala que el financiamiento para asistencia psicológica profesional aparece como salvavidas fundamental, aunque insuficiente. El documento señala que la estrategia de no llenarse de noticias y la capacidad de crear burbujas de normalidad puede representar un desahogo.

Perspectiva de género y el futuro

El informe revela que las mujeres experimentan una “vulnerabilidad aumentada” debido al asedio estatal y los mandatos sociales de cuidado: “Un patrón predominante es la asunción casi exclusiva de la carga de cuidado de personas dependientes, lo que limita la movilidad de las activistas y su capacidad de buscar refugio o migrar”.

Según el documento, a diferencia de sus colegas hombres, la mujer activista se percibe a sí misma como el “ancla” de su núcleo familiar, enfrentando una presión económica y emocional adicional.

“Las activistas sienten que, a pesar de estar en la primera línea de la noticia y de la gestión de crisis, sus voces son desplazadas por dinámicas masculinas más agresivas y competitivas”, explicaron.

El documento expresa que la renuncia de las mujeres a espacios de esparcimiento personal para dedicarse exclusivamente a la sobrevivencia y la defensa de otros es una forma de violencia silenciosa: “Para las mujeres trans, este escenario se agrava con un estigma que dificulta su participación segura, exponiéndolas a un escrutinio más significativo”.

El informe concluye que ser mujer y activista en Venezuela no solo implica resistir a la fuerza del Estado, sino también a un sistema que ignora sus necesidades específicas: “Las mujeres persisten porque entienden que su presencia es la última línea de defensa de la dignidad en sus comunidades, y que rendirse significaría dejar el camino libre para que la injusticia sea la única norma heredable”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.