La tarde del 24 de marzo de 2026, la Asamblea Nacional selló con una “mayoría evidente” un cambio de mando en la oficina encargada de defender los activos de la República. La abogada Arianny Viviana Seijo Noguera fue designada por el Parlamento de corte oficialista como la nueva procuradora general de la República, en sustitución de Reinaldo Muñoz Pedroza, quien dejó el cargo tras más de una década de una opaca gestión.
En Venezuela, el procurador general es el máximo representante y defensor de los intereses patrimoniales, judiciales y extrajudiciales del Estado y asesora jurídicamente a la Administración Pública. Según la Constitución y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre sus funciones destacan la representación legal de la República en juicios y procedimientos judiciales o administrativos, asesorar a los órganos del Poder Público Nacional y dictaminar sobre contratos de interés nacional, velar por el cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones gubernamentales y autorizar y revisar contratos de alto nivel de la administración pública, así como la intervención en asuntos internacionales que involucren la soberanía nacional
Seijo Noguera tiene 36 años y es egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV). En su currículo destacan dos maestrías obtenidas en el Reino Unido y un doctorado en la Escuela de Leyes de la Universidad de Westminster, en Londres, según difundieron cuentas oficiales del gobierno. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, escribió también tras su designación que la nueva procuradora tiene además “experiencia en bufetes privados y organismos públicos”.
L@s diputad@s de la AN, aprobamos la designación de Arianny Seijo Noguera, como Procuradora General de la República. Es Abogada de la UCV, con estudios internacionales y experiencia en bufetes privados y organismos públicos. También fue asesora externa de la PGR. ¡Todo el éxito! pic.twitter.com/6DJzXu6wzl
La jurista posee una cuenta en la red social X creada en el año 2010 cuyos mensajes permanecen protegidos. En ella, se identifica como “abogada, doctora en Derecho Internacional Público, especializada en la solución de controversias territoriales y fronterizas y máster en Derecho de la Solución de Controversias Internacionales y Comerciales”.
Por su parte, el sitio web del Grupo de Investigación sobre Desarrollo Legislativo y Conflictos LDC –que promueve el diálogo y la colaboración entre académicos, activistas, profesionales y comunidades sobre derecho internacional, conflictos civiles y militares en el “Tercer Mundo”-la incluye como una de sus miembros. En su perfil precisan que se graduó de abogada en 2012 y que ejerció en las áreas de derecho mercantil, laboral y civil.
She loves PDF
Antes de este nombramiento, Seijo Noguera formaba parte de la Consultoría Jurídica de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Su ascenso a la Procuraduría no es un salto al vacío, sino un retorno a una casa que ya conocía, ya que había servido previamente como asesora externa de la propia institución.
Al hacer una búsqueda detallada en internet sobre su trayectoria dentro del gobierno, no se ubican mayores referencias. Sin embargo, hace un mes, su nombre salió a relucir en el marco de la aprobación de la Ley de Amnistía.
El ciberactivista Giuseppe Gangi -ingeniero en tecnología de la información y desarrollador web quien creó el sitio web “Macedonia del Norte”, en el que se recopilaron y publicaron actas de escrutinio y videos de de miles de centros de votación de las presidenciales de 2024- reveló, tras experticias técnicas, que el proyecto del polémico texto legal fue creado el 6 de febrero de 2026 a las 6:43 p.m. hora de Venezuela y que Arianny Seijo Noguera figuraba como su autora.
Sus investigaciones encontraron además que el documento había sido originalmente redactado en Word 2016 “y convertido a PDF con
Al escudriñar su historial, destaca el nexo de la jurista con al menos cuatro firmas registradas en el Reino Unido, según revelan documentos oficiales de acceso público. Una de las entidades en las que figura el nombre de la flamante procuradora es Roraima Capital LLP. Esta sociedad de responsabilidad limitada fue constituida el 1 de enero de 2021 y disuelta apenas dos años después, el 24 de enero de 2023. En dicha firma, la abogada ejerció como “miembro designado” (Designated Member), rol que en la jurisdicción británica implica asumir la representación legal y administrativa, además de garantizar el cumplimiento normativo y la presentación de balances anuales. En esta misma directiva participó Saúl Ameliach, actual viceministro de Economía Productiva.
Asimismo, Seijo Noguera se desempeñó como directora y propietaria del 75% de las acciones de Crixto Limited. Esta sociedad privada —una figura jurídica independiente de sus socios— fue establecida en agosto de 2019 y extinguida en julio de 2024. Según su objeto social, la empresa se dedicaba a la intermediación financiera y actividades de sociedades de cartera de servicios financieros.
La tercera organización en el historial mercantil de Seijo en Reino Unido fue Miaki LTD, creada en septiembre de 2020 para el “comercio al por menor por correo o Internet” y disuelta en marzo de 2023.
Un dato sobresaliente es que todas estas compañías compartían una misma dirección de registro: 71-75 Shelton Street, Londres, Greater London, United Kingdom, WC2H 9JQ . Esta ubicación coincide precisamente con la dirección de Washington Trading LTD, firma sancionada en junio de 2020 por laOficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos. Según el Departamento del Tesoro, dicha empresa formaba parte de una red diseñada para ayudar a Pdvsa en la evasión de las sanciones petroleras.
Finalmente, existe un cuarto registro a nombre de Seijo Noguera:Asa International Consultants Limited. Con un perfil orientado a las relaciones públicas y comunicaciones, la firma estuvo operativa entre febrero de 2016 a septiembre de 2018. Su domicilio inicial fue el Flat 4 21 North Audley Street, aunque la historia recopilada por el registro mercantil muestra que la dirección rotó en cuatro oportunidades antes de su cierre definitivo.
Asesora en temas del Esequibo
Además de autora del documento del proyecto de Ley de Amnistía y su pasado corporativo en Londres, la nueva procuradora fue una de las juristas que formó parte del equipo asesor de Delcy Rodríguez -entonces vicepresidenta de la República- en las acciones internacionales que ejerció Venezuela por el Esequibo hace tres años.
Seijo Noguera figura como abogada asistente del Estado Venezolano en la sentencia del 6 de abril de 2023 de la Corte Internacional de Justicia sobre el Esequibo, en la que se desestimó la objeción presentada por Venezuela, la cual argumentaba que el Reino Unido era una “parte indispensable” en el proceso y que, ante su ausencia, la demanda de Guyana era inadmisible.
Delcy Rodríguez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela; Samuel Reinaldo Moncada Acosta, Embajador, Representante Permanente de Venezuela ante la ONU, como Agente; Elsie Rosales García, PhD,… pic.twitter.com/dWgFmJmncn
— Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo (@AntroCanal) November 15, 2023
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 24 de marzo,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El periodista y actual coordinador del Programa de Paz y Convivencia Democrática, Ernesto Villegas Poljak, anunció su decisión de desistir de la postulación al cargo de defensor del Pueblo. Alegó que prefiere dar paso “a opciones con mayores posibilidades de consenso” tanto en la AN como en la sociedad.
Para Delsa Solórzano, la reinstitucionalización es el primer punto de honor: “Queremos un CNE que no ponga resultados en una servilleta, donde el voto cuente y se cuente”.
Dólar/Euro BCV
Lo que rompe en redes
Jorge Rodríguez anunció que no se logró consenso para designar al nuevo Fiscal General y Defensor del Pueblo. Propone prórroga de 48 horas al comité de postulaciones.
🚨 ÚLTIMA HORA | #Venezuela | Jorge Rodríguez, Pdte de la AN, anuncia que no se logró consenso para designar nuevo Fiscal General y Defensor del Pueblo. Propone prórroga de 48 horas al comité de postulaciones para recibir más postulantes y revisar candidatos. pic.twitter.com/idHedYXC2I
Vintage Market Vzla regresa a la Plaza Sucre de El hatillo con su flea market tradicional a cielo abierto. Una propuesta de artículos de segunda mano, antigüedades y vintage con música retro que compartirá espacio con restaurantes y tiendas de antigüedades locales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Nuestro país vive una situación inédita en la historia continental. En los primeros tres meses de 2026, se observó el descabezamiento de un mandatario de talante dictatorial en ejercicio desde 2013. Su relevo en el poder es una presidenta interina proveniente del autoritarismo chavista, impuesta mediante la intervención armada de un gobierno extranjero cuyas ejecutorias nos han convertido en un protectorado.
En las primeras de cambio, hubo celebraciones desde la diáspora criolla y hasta el último rincón del territorio nacional. Sin embargo, pronto se conocieron expresiones de desencanto en el rictus popular mediante sucesivas protestas por los derechos humanos y exigencias laborales, al reconocer a un gobierno integrado por actores responsables del apocalipsis que ha sufrido la nación en el siglo XXI.
Sumisión y leyes pret-à-porter
Para «justificar» su presencia en Miraflores, estos han debido ceder a las órdenes del reciente —y antes odiado— imperio, procediendo a convertir a la Asamblea Nacional en una fábrica serial de leyes prêt-à-porter. Es el caso de una sesgada ley de amnistía y la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), mientras permanece en liza la Ley de Minas. El grado de sumisión es detectable al leer las disposiciones transitorias de la LOH, donde se autoriza un plazo de 180 días para modificar toda inconformidad que requiera el solicitante; es decir, el capital transnacional petrolero.
Dicho esto, ante la pregunta de si hay una diferencia respecto al tiránico mandato de Nicolás Maduro, podemos afirmar que sí. ¿Pero a qué precio? ¿Acaso al de postergar plenamente la aplicación de la Constitución de 1999, claramente violada durante 25 años? Se está sujetos a argumentos convencionales que descalifican la decisión soberana y constitucional del pueblo asumida el 28J de 2024, al elegir a Edmundo González como presidente de la República.
¿Qué esperpento de régimen gobierna hoy a los venezolanos? ¿Aquel que un día se dice democrático al liberar a presos políticos «perdonados por su magnanimidad», y al día siguiente reprime a los trabajadores que tomaron las calles del país el 23 de marzo, exigiendo salarios justos y trabajo digno? Por cierto, una condición de precariedad impuesta por su propia y nefasta política económica.
El talante represivo del interinato o gatopardismo a la llanera
Se pretende presentar al interinato de Delcy Rodríguez como un «mal necesario» mediante el reconocimiento de un régimen híbrido de democracia con mano dura, calificado en otro tiempo como «dictablanda». El término hace referencia a los finales de la dictadura franquista en 1975 y la posterior gestión de Adolfo Suárez, donde surgieron elementos democráticos mezclados con acciones autoritarias. Ocurrió también en el Chile de Pinochet en 1983, cuando este manifestara: «Esta nunca ha sido dictadura, señores; esta es dictablanda, pero si es necesario, vamos a tener que apretar la mano». Vaya que la apretó, hasta que el plebiscito de 1988 lo echó del poder.
Este tipo de regímenes gatopardianos, característicos por simular cambios para que nada cambie, concentran el poder en el mandatario de turno, quien acelera el control del resto de los poderes públicos. En esta ocasión, la elección del fiscal general y el defensor del pueblo demostrará su verdadero talante: o aplica una elección acorde a la Constitución, o simplemente acudirá a la componenda de una Asamblea Nacional de mayoría oficialista para designar a un alfil más que apoye la gestión.
Así, se conducen hábilmente a fortalecer un interinato designando funcionarios de corte represivo, como el nuevo ministro de la Defensa, Gustavo López —reconocido torturador y victimario de opositores—, y continuando la rotación de cargos con funcionarios que ignoran la administración pública como garantía de fidelidad a la camarilla gobernante.
En definitiva, esta «dictablanda» de los hermanos Rodríguez contiene en su esencia el impedimento al desarrollo dialéctico de la historia y del movimiento de una sociedad que aspira a reconquistar la democracia, la libertad de expresión y el libre desarrollo de su economía con empleos productivos y libertad sindical. ¿Logrará su cometido?
Ante los mantras, que el pueblo diga la última palabra
Todo dependerá de las fuerzas internas de la sociedad venezolana, forjadas en un siglo de luchas integradas a los valores de la humanidad. Ellas deben ser capaces de impulsar una verdadera transición que supere la pretensión de la actual gestión de mantenerse en el poder, a pesar de ser el rostro de la agonía de un régimen hoy en descomposición.
En este ámbito hemos conocido consignas y mantras para conducir nuestro destino. Primero, en 2019, el descalificado mantra de Juan Guaidó: «Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres». Luego, en 2026, el del secretario de Estado, Marco Rubio, quien detalla lo que, según Estados Unidos, es el «plan» para Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro, dividido en tres fases: estabilización, recuperación y transición.
En realidad, la concreción de uno u otro dependerá de la voluntad del pueblo venezolano, quien dirá la última palabra. No dependerá de partido político alguno ni de los mandatos de un gobierno extranjero. Esa ha sido la enseñanza que, en más de dos siglos de historia republicana, ha contribuido a la conformación de la nación que somos hoy.
De cara a las realidades que se vienen configurando y materializan, que destronan soberanías al mismo ritmo de la globalización y que, asimismo, desde la acera de quienes aún detentan potencia y buscan hacerla sostener acrecentándola como repartidores de libertad o de opresión en el mundo, mientras se vuelve a otro estadio de reinstitucionalización u orden nuevo, en el estado de naturaleza reinante ocurre un regreso inevitable a la regla primitiva de la responsabilidad por daños irrogados por la violencia de los Estados y del crimen transnacional organizado. Se colectiviza la sanción, se usa del castigo al arbitrio según la regla del ojo por ojo, diente por diente, o se la atenúa o subsana mediante el pago de un precio o retribución económica. Los ejemplos huelgan, están a la vista sin necesidad de imaginarlos.
En nuestro libro Derechos humanos y responsabilidad internacional del Estado, 1977) reseño, para mejor ilustrar, lo siguiente: “En el mundo primitivo todo daño ocasionado o agravio padecido por el hombre era repelido por su grupo social o familiar, mediante una respuesta vegetativa, automática, no ponderada, constituida por la venganza”. Así se entendía la regla de Justicia. “El dolor gobierna soberanamente el sentimiento jurídico del hombre primitivo. La injusticia es apreciada no según su causa, sino según su efecto, no según las circunstancias relativas a la persona de su autor, sino desde el ángulo de quien se siente víctima… La pasión impone la expiación aún del inocente”, escribía el jurista alemán Rudolf von Jhering (1818–1892) (1818-1892).
“Este régimen de responsabilidad –prosigo– que parecen haber conocido nuestras primeras aldeas (indiscriminado en sus fuentes, colectivo en la repartición y en el reclamo de las cargas, y retributivo en cuanto a su contenido), no varió mucho durante el tiempo de los bárbaros”. Sin embargo, “para limitar los efectos de la venganza, conocida entre los germanos como faida, estos imaginaron compensaciones pecuniarias (precio de sangre o wergeld), fijadas según los usos. Los celtas de Irlanda las llaman «precio de honor»”.
Así, ante la omisión o la palmaria denegación de justicia actual por parte de la comunidad internacional, que rechaza sistemáticamente su «responsabilidad de proteger» mientras condena a los Estados que se atreven realizarla; o, ante la abulia burocrática del órgano llamado a salvar la columna de sustentación del sistema jurídico internacional o del Derecho internacional nacido en 1945, me refiero a la tardíamente creada Corte Penal Internacional (1998) y a su deber de garantía del derecho a la paz y la proscripción de la guerra haciendo valer el principio del respeto y de la tutela universal efectiva de derechos humanos, me refiero a la Corte Penal Internacional; cabe preguntarse si en los supuestos que presenciamos en el mundo de ahora –Ucrania y Venezuela, que son emblemas– ¿renacen en su progresión las fórmulas más primitivas de responsabilidad conocidas, las bárbaras, la faida y el wergeld?
Fue necesaria la llegada de Roma y el cristianismo para que tales premisas variasen, en primer lugar, mediante la individualización de los responsables, y la limitación del ejercicio de la libertad, a tenor de la legislación de Justiniano, cuando “busca sólo el perjuicio de los demás”; todo lo cual ha de valorarlo y hacerlo realidad un tercero, el juez o magistrado.
En este orden, razón tuvo otra vez Carl Schmitt (1888-1985), al advertir que la lógica arquitectónica de lo institucional –las normas del derecho internacional, el europeo, que irradiaba sobre naciones civilizadas e incivilizadas, y eran el resultado del acuerdo o consenso entre dos o más soberanías en un mundo de coordinación y paridad entre sus Estados que se hacían la guerra como pares– hizo aguas cuando Estados Unidos propulsó la primacía categorial de lo económico. Deja a la zaga, como subsidiaria, a la política, tras el final de la Primera Guerra Mundial.
Se alegaba que era una cuestión sobre la que debían resolver los europeos. Mas de seguidas, desde el anclaje de lo económico –propio a la secular tradición calvinista angloamericana (Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1905)– se condicionó a la política europea y su desempeño. Se disolvieron de facto los poderes soberanos. A Europa, es cierto, la auxilia financieramente a través del Plan Dawes y el Plan Young, ayudando incluso a la derrotada Alemania para el pago de sus reparaciones por los daños que causó durante la conflagración (1914-1918).
Pasada la Segunda Gran Guerra (1939-1945), la misma lógica se impone con el Plan Marshall, que inyecta a los europeos 13 000 millones de dólares y estos se reorganizan a partir de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, nacida del Tratado de París de 1951. Mas, como lo indicase Benedicto XVI, enhorabuena para Europa los grandes prohombres del dopoguerra centrados más en la integración política y, sí, en la reconciliación francoalemana, conteniendo el enfoque puramente utilitario norteamericano para priorizar una unión federal y de valores compartidos, como los del Estado constitucional y democrático de derecho, fijaron las bases de la actual Unión Europea.
La visión liberal del derecho internacional contemporáneo –al margen de sus desviaciones– pudo conservarse en esa suerte de derecho estatal internacional europeo emergente, consistente con los valores éticos adoptados por Naciones Unidas; dándole direccionalidad a la idea primaria de la soberanía, pero como prolongación de la libertad, es decir, de su virtud integradora sobre la base del principio supremo de justicia. Y, como lo enseñara Werner Goldschmidt (1910-1987), este es el que “estatuye la libertad del desarrollo humano”. Tiene como su objeto, exactamente, valorar los repartos de potencia e impotencia en el orden sociológico internacional y la exactitud y efectividad de las normas que los describen, formalizándolas en el plano de lo jurídico, dentro del derecho constitucional y del derecho internacional.
No huelga decir que, la crisis del derecho internacional, cuyo respeto se tremola desde los distintos frentes de poder en esta elipse corriente y de incertidumbre, animados estos por acopiar mayor poder, confrontándose sobre el orden de conductas deconstructivas que avanza desde 1989, encuentra como su punto real de inflexión el año de 1960. El arco lo fija Martti Koskenniemi, jurista finlandés, a partir de 1870 (Il mite civilizzatore delle nazioni, 2001). No le falta razón.
La prueba madre sobre la vigencia y efectividad del ordenamiento jurídico internacional la ha representado –fue nuestra tesis doctoral– el instituto de la responsabilidad del Estado y de sus gobernantes por sus hechos ilícitos –delitos y crímenes– internacionales. Se trata de la determinación heterónoma o institucional del comportamiento en el que haya incurrido un Estado o un individuo. Se trata de la posibilidad cierta y no hipotética de exigirle responder, es decir, reparar el daño que haya irrogado con su comportamiento cuando pueda atribuírsele, según las reglas del mismo derecho internacional, excluyéndose al derecho interno del respectivo Estado. Las realidades distintas, sensiblemente se encuentran al desnudo. Han tomado senda abierta los caminos hacia la irresponsabilidad global o la lógica de la responsabilidad fundada en el ojo por ojo, diente por diente.
Ejercicios doctrinales y enseñanzas jurisprudenciales sobre este asunto llenan las bibliotecas y sus anaqueles. Decisiones arbitrales y judiciales internacionales cumplidas y ejecutadas pacíficamente, son innumerables. Pero lo mismo no puede decirse con relación a los hechos que involucran, desde el nacimiento de la ONU, a su piedra angular: la proscripción de la guerra y de suyo la paz, la solución pacífica de las controversias como contextos necesarios e instrumentales para la realización del verdadero orden público mundial, el de la protección y tutela internacional de los derechos humanos.
Se sigue decidiendo desde el ángulo del poder y de las posibilidades o imposibilidades de consenso entre los repartidores supremos de potencia y asignadores de impotencias dentro el órgano de gobierno que es el Consejo de Seguridad. Priva la regla pro prínceps, es decir, a favor del Estado y sus gobernantes con desmedro de la norma imperativa fundacional pro homine et libertatis. La sugerencia de Hans Kelsen, concluida la Segunda Guerra, en cuanto a que la declaración del comportamiento internacionalmente ilícito o criminal de un Estado quedara en manos de un órgano judicial de control e independiente, como la Corte Permanente de Justicia Internacional transformada en Corte Internacional de Justicia, fue descartada.
Que desde el vértice de la pirámide normativa pueda declararse la legalidad o ilegalidad del comportamiento atribuible a alguno de los miembros permanentes de dicho Consejo, repartidores supremos, ha sido una quimera. Las excepciones confirman la regla. Mas no solo es eso, sino que, el conjunto de las potencias medias y el resto de los Estados miembros de la ONU, recipiendarios de espacios de libertad y a discrecionalidad, limitados, todos a uno, desde 1951 han impedido el dictado de un tratado internacional jurídicamente vinculante que haga realidad fáctica las normas del derecho sobre la responsabilidad internacional de los Estados y sus gobiernos. Solo se invocan tales razones dialécticamente y para consumo de la opinión mundial a fin de saciarla, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, para el ajuste solo virtual de cuentas entre las potencias mayores y las intermedias o aspirantes a un mayor poder.
El tortuoso camino de la justicia
Los trabajos para codificar las prácticas que habían cristalizado como normas consuetudinarias sobre la materia de la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos se remontan a la Sociedad de Naciones. Los reinicia la ONU en 1949 designándose en 1955 a su primer relator, F.V. García Amador, jurista cubano a quien le preocupa, de manera especial, la protección diplomática de los extranjeros. Le sucede el jurista italiano Roberto Ago (1907-1995), que le da un giro al tema y presenta un texto bastante completo, conteniendo artículos que disciernen sobre la gravedad o no de las violaciones al derecho internacional, al objeto de exigir responsabilidad agravadas o no.
Sensiblemente, el camino trazado por Ago se ralentiza, por prevenidos los Estados sobre lo dicho y celosos de sus soberanías, dentro de las que bullen los más ominosos atentados a la conciencia humana. Los gobiernos democráticos, los “civilizados” dirían los juristas europeos de la generación del jurista Frederic De Martens o Fedor Fedorovich Martens (1845-1909), son escasos en 2026 y dentro del conjunto de la ONU.
La violación de las normas imperativas o de orden público internacional, se ve reducida en su tratamiento y se le diluye en las entrelíneas. Todo crimen se supera a través de compensaciones dinerarias. Nada más. Y lo de destacar es que solo fue en 2001 cuando se alcanza un tímido avenimiento de la comunidad internacional alrededor de un texto de artículos sobre la responsabilidad internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos en la Comisión de Derecho Internacional. Seguidamente adopta, como recomendación, la Asamblea General de la ONU (Resolución 56/83, de 12 de diciembre de 2001).
Solo así se entiende que, presentado ante el Consejo de Seguridad el Informe de la Investigación Independiente sobre el genocidio en Ruanda de 1994, y constatándose que este “tenía el poder de haber evitado al menos parte la tragedia ruandesa”, ninguna de las potencias que lo integran se hicieron responsables. Ni a la organización ni a sus autoridades comprometidas se les exigió responder, conforme a las normas del derecho internacional. Solo se “describió la falta de voluntad política para actuar ante las crisis como el obstáculo más peligroso para el trabajo de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz” (Acta del Consejo de Seguridad, 4127ª sesión, viernes 14 de abril de 2000).
El caso se repite 25 años más tarde, tras el daño por riesgo y de efecto transfronterizo que causa la pandemia universal de origen chino en 2019, con millones de muertos. Nadie le ha reclamado a la potencia generadora del riesgo su deber de reparar integralmente los daños materiales y humanos irrogados desde el Instituto de Virología de Wuhan, así sea reputada de científica y legítima su actividad. De donde cabe, pues, tener que revisitar los orígenes de esta ominosa deriva para mejor resolver hacia el futuro.
Por décadas el estudio de las transiciones políticas ha demostrado una verdad incómoda, pero persistente: las democracias rara vez nacen de rupturas puras. Manejamos la tesis de que, aun habiendo elecciones, solo un nuevo pacto de gobernabilidad garantizará la materialización del proceso de redemocratización en Venezuela.
Las transiciones a la democracia emergen de equilibrios inestables, negociaciones y pactos imperfectos [pre y pos] que permiten desmontar progresivamente estructuras autoritarias. Venezuela atraviesa precisamente un dilema histórico: ¿es posible una transición real hacia la democracia sin ruptura total del régimen mediante una estrategia de convivencia, con tutelaje internacional y recuperación económica?
Responder esta pregunta exige combinar teoría política comparada con el análisis del caso venezolano, particularmente desde los aportes del politólogo venezolano John Magdaleno y de autores clásicos como Robert Dahl, Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter, Giovanni Sartori y Juan Linz.
La transición como proceso incierto: bases teóricas
Las transiciones democráticas no son eventos, sino procesos. Como señala la literatura clásica, constituyen intervalos donde “las reglas del juego político no están bien definidas” y los actores se adaptan estratégicamente en medio de la incertidumbre.
Esta ambigüedad es clave: durante una transición coexisten elementos del viejo régimen con instituciones emergentes. Lo esencial es entender que la decantación de poder no es un evento suma cero. La apertura de espacios políticos supone concesiones del poder autoritario que, por serlo, en condiciones normales no lo hubiese hecho.
Esas concesiones vienen precedidas de acciones de fuerza y control, que, como veremos en este análisis, generan un factor de obediencia en el gendarme, que posibilita el proceso de difusión de su propio dominio. Por eso hablar de elecciones y entrada “al patio” del liderazgo político opositor de un día a otro es idealista.
Robert Dahl, con su concepto de “poliarquía”, estableció que la democracia no es un ideal absoluto, sino un sistema gradual caracterizado por elecciones libres, pluralismo y libertades públicas.
La pregunta, en el caso venezolano, sería: ¿después de 27 años de polianarquía es posible lograr un salto inmediato a elecciones libres, pluralismo y libertades públicas? No solo es imposible, sino que, aun habiendo elecciones, sería necesario continuar el proceso de consolidación de poliárquico.
Lo anterior implica que la democratización no ocurre de forma binaria (dictadura vs. democracia), sino como un proceso incremental.
Bajar el costo de tolerar a la oposición reduce la voluntad represiva. A partir del 3 de enero 2026, el aumento de la voluntad represiva del régimen y el costo de tolerar a la oposición bajó, porque es reconociéndola como EE. UU. —la variable dependiente de poder—también tolerará su “permanencia”.
Nada ocurre sin el 3 de enero 2026
Entonces debemos aceptar y comprender las concesiones y fases de cambio de poder, decantación y transición del país tutor.
Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter profundizaron esta idea al identificar fases de transición: liberalización, democratización y consolidación. En este marco, la liberalización —la apertura inicial del régimen— suele ser impulsada desde dentro del poder, no desde su colapso. Esto es vital comprenderlo. El cambio liberador no es en un acto. Comporta una sucesión de eventos graduales, de lo interno del poder [régimen] a lo externo [cambio apreciable].
La Sra. Rodríguez ejecuta una cartilla de decantación de poder. Se mantienen actores autoritarios. Pero es la manera de garantizar que ella misma sea obedecida. Al final, todos tendrán que aceptar la fase final de restauración. Sin embargo, aun resultando victoriosa la oposición, la transición no termina ahí. Será necesario un gran pacto de convivencia y redención política nacional.
Giovanni Sartori advirtió que la democracia no puede reducirse a elecciones: requiere condiciones reales de competencia, participación y control del poder. Sin estas, lo que emerge es un “régimen híbrido”, una categoría particularmente relevante para Venezuela. Sin control del poder, el voto se convierte en un referente ciudadano, pero no en autoridad y aseguramiento democrático.
Finalmente, Juan Linz distinguió entre tres tipos de transición: reforma, ruptura y “ruptura pactada”. La evidencia histórica muestra que la reforma negociada es la vía más frecuente y estable [aunque la mediación venga condicionada a un factor coercitivo]. Aquí estamos.
El modelo pactado: la lógica de la convivencia
Uno de los consensos más sólidos en la literatura comparada es que las transiciones exitosas suelen estar mediadas por pactos entre élites.
Huntington denominó este proceso “traspaso”, caracterizado por acuerdos explícitos entre sectores del régimen y la oposición. Por años Venezuela se ha convertido en el epicentro de pactos profanados, por lo cual no fue posible el nacimiento de un nuevo pacto de consagración democrática. El “traspaso” se convierte en transmutación forzosa y degeneración de poder. Ahora es posible un traspaso vigilado que impida fraudes, despojo y represión.
El caso español tras la muerte de Franco es el ejemplo paradigmático de consenso plausible: una transición sin ruptura total basada en acuerdos políticos y garantías mutuas. El garante fue el desmontaje gradual de reformas, profesionalización y subordinación de las FF. AA. españolas al poder civil. En Venezuela este proceso aun no comienza.
El modelo de convivencia implica una tensión ética y política: la coexistencia temporal con estructuras autoritarias. La justicia transicional se posterga o modera, y sectores de la oposición también deben aceptar concesiones incómodas. Venezuela lo ensaya con la vigilancia progresiva de un agente tutelar. Sin embargo, aún no entramos en fase de reforma plena a la democracia sino de depuración [disolución] gradual de la coalición dominante.
María Corina como punto de llegada, no de partida
La caracterización de Venezuela como un régimen híbrido es ampliamente aceptada. Estos sistemas combinan fachadas institucionales con prácticas autoritarias, incluyendo elecciones controladas, criminalización de la política y restricciones a la competencia política. Antes del 3 de enero 2026, ya habíamos pasado de híbrido a autoritarismo absoluto. Hoy se abona el camino para aliviar las cargas autoritarias, descriminalizar la política e instaurar condiciones de competitividad política.
Sin estas condiciones es difícil que María Corina regrese a Venezuela. Ella es catalizadora de la reforma política. No es un punto de partida, que es la coerción sobre la coalición dominante que facilita su proceso gradual. Es el punto de llegada y consagración de una nueva democracia.
Esto tiene una implicación crucial. La transición no parte de cero. Hay estructuras que pueden reformarse en lugar de destruirse. Este diagnóstico es consistente con la literatura de O’Donnell sobre “democracias delegativas” y regímenes incompletos. No se trata de destruir el TSJ o CNE o las FF. AA. Lo inteligente es reformarlos y adaptarlos a la nueva democracia. La redemocratización no ocurre al revés. Y esas reformas comportan también la fase de estabilización propuesta por EE. UU.
John Magdaleno introduce la idea del realismo estratégico, aportando condiciones objetivas de transición, desarrollando una de las aproximaciones más “exactas” al caso venezolano. Su análisis comparado de más de 100 transiciones destaca varios elementos clave.
Magdaleno explica el rol central de las élites y los militares. Subraya que en muchos procesos de transición los militares juegan un papel decisivo, sea facilitando o bloqueando el cambio. Ignorar este factor en Venezuela sería un error estratégico. Esto implica que cualquier transición viable debe incluir garantías para sectores clave del poder, incluyendo:
Seguridad personal y jurídica,
participación en el nuevo orden,
Incentivos para aceptar la apertura.
Uno de los “mitos” que Magdaleno identifica es la creencia en una caída súbita del régimen [en un solo acto]. “La evidencia empírica muestra que la mayoría de las transiciones son graduales, negociadas y con continuidad parcial de actores”.
Esto nos conduce en el análisis al equilibrio de fuerzas. Las transiciones pactadas suelen ocurrir cuando existe un equilibrio relativo entre gobierno y oposición. Ninguno puede imponerse completamente, lo que incentiva la negociación.
Sabemos que el actor que favorece una negociación real es la amenaza real o miedo creíble del régimen de tener que obedecer so pena de terminar en Brooklyn.
María Corina regresará, es la única que puede llevarnos al denominado proceso de redención política. Pero debe hacerlo cuando las circunstancias de control, fuerza, cumplimiento y rigor institucional hayan sido instaladas para evitar un retroceso histórico peligroso.
Tutelaje internacional: zanahorias y palas
La literatura comparada reconoce que el contexto internacional puede ser determinante. Las transiciones del sur de Europa estuvieron favorecidas por incentivos externos como la integración europea. En el caso venezolano, el rol de EE. UU. y otros actores internacionales puede ser clave en tres dimensiones:
Garantías y verificación (negociación creíble),
incentivos económicos,
Presión selectiva.
La combinación de presión y apertura [zanahorias y palas] ha sido central en múltiples transiciones. No obstante, el tutelaje internacional tiene límites. Las transiciones no pueden imponerse de forma absoluta por un factor externo. Deben ser, o bien internalizadas por los actores nacionales, o apreciadas por eficaces.
En Venezuela un salario oficial de USD 1/mes o una pensión inferior a un dólar/mes, más sensibles carencias en los sectores salud, agua o comida, no hace sostenible una fase vigilada de estabilización, incluyendo enroques políticos de la coalición dominante. Las concesiones del Estado tutor pasan irremisiblemente por un plan eficaz de recuperación del estómago y las condiciones de vida. Esto también es ciudadanía.
Las garantías de cambio del modelo económico no se agotan en una apertura vigilada ni en la presión selectiva para evitar el reciclaje de represiones autoritarias. La incertidumbre se derrota con definición de calendarios electorales, habilitación política de actores y partidos políticos, regreso a Venezuela de líderes perseguidos y tutela a los inversionistas.
El proceso de liberación debe enfatizar la libertad de presos políticos, una amnistía no selectiva, apertura de espacios públicos, libertad de expresión y canalizar la reforma de los poderes del Estado.
La recuperación económica es una condición de sostenibilidad, así como lo es la justicia. Distanciar esos dos puntos es inconveniente. La consolidación democrática requiere que el sistema sea percibido como eficaz en lo económico y legítimo en lo político.
En Venezuela, la crisis económica ha sido tanto causa como consecuencia del colapso institucional. Por tanto, una transición sostenible requiere:
estabilización macroeconómica,
recuperación del sector petrolero,
reinstitucionalización del sistema financiero
atracción de inversión internacional.
La fase de estabilización debe privilegiar estos factores.
Sin estos elementos, el riesgo de retroceso autoritario —lo que la literatura denomina “erosión democrática”— es alto. Un error frecuente es asumir que las elecciones son el punto de partida de la democratización. En realidad, según O’Donnell y Schmitter, las elecciones competitivas son el resultado de una fase previa de liberalización. Pero si no se logra apurar la liberación del estómago, corremos el riesgo de no llegar a la fase de liberación del voto.
La concreción visible [calendario] y sostenible [una población equilibrada en lo económico] del evento electoral es vital. Esto implica que en Venezuela:
debe ampliarse el espacio político (libertades, legalización de actores),
deben establecerse garantías electorales y
deben celebrarse elecciones competitivas.
Invertir esta secuencia —elecciones sin garantías—tiende a perpetuar el autoritarismo electoral.
Riesgos de la estrategia de convivencia
La estrategia de convivencia con el régimen plantea riesgos evidentes. En primer lugar, la cooptación de la oposición. El régimen puede utilizar el diálogo para dividir y debilitar a sus adversarios. Ha sucedido innumerables veces.
La normalización del autoritarismo es otro factor de cuidado. La coexistencia prolongada puede legitimar prácticas antidemocráticas. El enroque de autoridades reconocidas como criminales de lesa humanidad desalienta y debilita la fase de estabilización.
Muchos países quedan atrapados en regímenes híbridos durante décadas. Estos riesgos han sido documentados ampliamente en la literatura comparada y en la crítica a la “tercera ola” de democratización.
¿Es viable una transición pactada en Venezuela? A la luz de la teoría y la evidencia comparada, una transición pactada en Venezuela es posible, pero bajo condiciones estrictas:
equilibrio de poder entre régimen y oposición,
unidad estratégica de la oposición,
divisiones internas en el régimen,
participación de actores internacionales como garantes,
incentivos creíbles para el oficialismo,
hoja de ruta clara hacia elecciones libres.
Salvo los numerales ii y vi, todas las variables de plausibilidad tradicional están en marcha.
La paradoja venezolana
La transición venezolana enfrenta una paradoja central: para desmontar el autoritarismo probablemente será necesario convivir con él. Esta tensión entre pragmatismo y principios ha estado presente en casi todas las transiciones exitosas del mundo.
En este contexto, la estrategia de convivencia —bien diseñada, con garantías, presión internacional y una clara orientación hacia elecciones libres— no es una claudicación sino una concesión realista hacia la liberación.
Como advertía Dahl, la democracia no es un destino, sino un proceso en construcción permanente. Y como muestran O’Donnell y Schmitter, ese proceso comienza casi siempre con acuerdos entre adversarios que entienden que el conflicto sin reglas conduce al colapso. El entendimiento es tanto nuestro como de ellos…y de EE. UU.
Venezuela aún no ha cruzado ese umbral. Pero tampoco está fuera de la historia comparada de las transiciones. Su desenlace dependerá —en última instancia— de la capacidad de sus actores para reconocer que, incluso, en medio de la confrontación, la liberación no es un evento para una de las partes sino para ambas. Y liberación no es solo electoral, es también pluralidad, libertades públicas y restauración cultural… que es ir a una redención sociopolítica histórica.
@ovierablanco – vierablanco@gmail.com | Abogado / Activista de DD. HH. / Exembajador en Canadá.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
En un momento crucial para la historia política contemporánea del país, el Auditorio Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FaCES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se convirtió este 24 de marzo en el epicentro del pensamiento democrático sobre el liderazgo femenino.
Bajo el título “Transición con temple y visión de mujer”, la Plataforma Unitaria Democrática llevó a cabo un conversatorio que cerró las actividades conmemorativas del Mes de la Mujer, en el que diferentes líderes políticas concluyeron que el cambio en Venezuela tiene una impronta femenina indiscutible.
La moderadora Paola Hernández inició el evento presentando a un panel que representa la diversidad y firmeza del liderazgo opositor: Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano; Adriana Pichardo, coordinadora política nacional de Voluntad Popular; Andrea Tavares, secretaria general de La Causa R; y Deyalitza Aray, directora nacional de Proyecto Venezuela.
Sin reinstitucionalización no hay transición.
El país necesita algo más que discursos: necesita condiciones reales. La transición no ocurre por decreto, requiere condiciones, instituciones y garantías.
Este martes 24 de marzo, vamos a hablar claro: qué está pasando, qué falta y… pic.twitter.com/TRyevXaiIw
Las dirigentes políticas desglosaron una visión de país que trasciende la simple alternancia de poder, enfocándose en las etapas de estabilización, recuperación y transición definitiva propuestas en enero por Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. Las cuatro líderes coincidieron en que la transición no será solo un cambio de administración, sino una sanación nacional impulsada por el “temple de mujer”.
Descentralización y servicios públicos en las regiones
Paola Hernández preguntó a Deyalitza Aray sobre el itinerario de recuperación de los servicios públicos, para que esta reconstrucción no sea centralizada y tome en cuenta la “economía del ciudadano”, que hoy recae mayoritariamente en las mujeres de zonas rurales.
Aray describió cómo el colapso de los servicios castiga de forma cruda a las mujeres del interior. “Tenemos que lamentablemente sacrificar horas de trabajo, horas en mi hogar, para ver cuándo llegaba el agua, cómo la racionamos, cómo la recogemos… y estamos agotadas”, relató.
Además, la dirigente denunció que el centralismo destruyó los logros de la descentralización, obligando a las mujeres a liderar una gestión de crisis permanente ante la falta de agua y luz, afectando su formación y capacidad productiva.
Al definir el rol de la mujer en la transición, Aray sostuvo que son ellas quienes mejor conocen las deficiencias del sistema y deben liderar su reconstrucción con transparencia. Afirmó que el liderazgo femenino debe empujar para que el modelo de transición sea “inédito” y responda al clamor de la gente en la calle: “La gente no nos estaba pidiendo que se arreglara el techo… nos estaban pidiendo libertad, democracia, el retorno de la familia”.
Concluyó que la recuperación efectiva solo vendrá si se garantiza un sistema que administre la inversión con criterios que eviten la corrupción y devuelvan la calidad de vida a las regiones.
Estabilización, derechos humanos y el fin de la persecución
La moderadora Paola Hernández consultó a Adriana Pichardo sobre cómo enfrentar, en una fase de estabilización, el deterioro institucional y el irrespeto a los derechos humanos, y qué papel juegan los organismos internacionales para garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos civiles.
Pichardo argumentó que no puede haber estabilidad mientras el Estado mantenga un aparato represivo apuntando a la ciudadanía. “Para poder empezar a hablar de estabilización, lo primero que tiene que ocurrir precisamente es el cese de la persecución”, sentenció.
Propuso, como paso innegociable, el desmontaje de los cuerpos policiales dedicados a la tortura e intimidación, asegurando que la persecución ha sido un patrón de los últimos quince años que se convirtió en un “horror” para todos tras el 28 de julio.
Pichardo denunció la revictimización sistemática de las mujeres presas políticas al ser separadas de sus hijos o enfrentar condiciones de vulnerabilidad en la búsqueda de justicia por sus familiares detenidos. Sostuvo que el liderazgo femenino es el que está impulsando que el proceso de transición sea “humano y no de despacho”, asegurando que la libertad de los presos políticos sea plena.
“No podemos hablar realmente de una transición hasta que la libertad se ordene, hasta que su proceso sea humano”, afirmó, haciendo un llamado a la comunidad internacional para que sea garante real de que en Venezuela existan “libertades reales”.
Reconciliación social y la dignificación del trabajo
La pregunta para Andrea Tavares se centró en cómo la ampliación del espacio cívico puede servir para que los venezolanos se encuentren en soluciones comunes y cómo transformar el diálogo social en reconciliación real, priorizando la recuperación del salario y el reconocimiento del otro.
Tavares ofreció una reflexión profunda comparando la democracia con la respiración: “Cuando la perdimos, fue que entendimos que algo que estaba allí en nuestras narices… tenía el valor vital que tenía esa respiración que era la democracia”.
Criticó el modelo de “Estado Comunal” por fracturar la solidaridad vecinal para imponer un control político y propuso en su lugar recuperar la organización natural de parroquias y municipios donde el ciudadano se reconoce en el otro.
A las mujeres, la dirigente les asignó la misión de ser las “guardianas de la democracia” cuado esta sea recuperada: “Porque aquí más nunca podemos permitir que se nos arrebate el modelo político que permite el desarrollo. Cuando salga alguien a decir que es la democracia, zapatea para otro lado”.
Vinculó lo anterior con la dignidad laboral y denunció que hoy los trabajadores son tratados como “esclavos a los que se pretende tener allí produciendo por una bolsa de comida”. Afirmó que la transición debe devolver el valor social al trabajo bajo los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Institucionalidad y justicia como pilares del cambio
Delsa Solórzano inició su intervención saludando a familiares de presos políticos recientemente excarcelados presentes en el auditorio, como José Riera y Naomi Arnaudez.
La dirigente política fue consultada sobre los “puntos de honor” necesarios para que un nuevo proceso electoral no sea una “reconfiguración del autoritarismo”, sino una vía segura a la democracia, considerando el actual CNE sin independencia y los partidos intervenidos.
Para Solórzano, el primer punto de honor es la reinstitucionalización basada en la verdad y el cumplimiento de la Constitución. “Esta reinstitucionalización pasa por volver a generar confianza en las instituciones. La Constitución dice que el defensor del pueblo y el fiscal general se designan luego de la conformación de un comité de postulaciones independiente… no dice que se reúne en el seno de un parlamento y designan una comisión de diputados”, denunció.
Al abordar el rol de la mujer en la transición, Solórzano destacó que hoy las mujeres ocupan espacios de decisión real, al destacar que en la Plataforma Unitaria cinco de los ocho representantes son mujeres. Afirmó que la mujer ha sido el rostro más visible de la resistencia: “La persecución ha tenido cara de mujer en muchos sentidos, incluso, en las hermanas de los prisioneros políticos”.
Para ella, el liderazgo femenino garantiza que la transición sea un acto de justicia y no de venganza: “Nuestra Venezuela va a luchar por ese cambio para que nuestra nación pueda decir que finalmente tuvo una transición a la venezolana… sin distingo del color político”.
Concluyó exigiendo un CNE que “no ponga los resultados en una servilleta” y donde el voto de cada ciudadano sea contado con transparencia absoluta.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El periodista y actual coordinador del Programa de Paz y Convivencia Democrática, Ernesto Villegas Poljak, anunció la tarde de este martes su decisión de desistir de la postulación al cargo de defensor del pueblo. La noticia fue confirmada por el propio funcionario a través de su cuenta en la red social Instagram, donde compartió lamisiva enviada al Comité de Postulaciones de la Asamblea Nacional.
En la carta dirigida al diputado Giuseppe Alessandrello, presidente de la instancia legislativa, Villegas formaliza el retiro de su candidatura, y argumentó su decisión en la necesidad de la búsqueda de una figura que logre unificar criterios en el país.
“Asumo esta decisión para dar paso a otras opciones con mayores posibilidades de consenso en el seno del Poder Legislativo y de la sociedad venezolana”, reza el documento fechado hoy en Caracas.
Villegas expresó su confianza en que el Parlamento seleccionará a un perfil idóneo que ejerza a plenitud las atribuciones constitucionales de una institución que calificó como “esencial para el funcionamiento equilibrado del Estado”. Asimismo, ratificó su compromiso con el proyecto político del chavismo.
“Desde mi posición de ciudadano, en ejercicio del periodismo o cualquier otra responsabilidad que el destino me depare, seguiré acompañando los esfuerzos por la construcción del proyecto de país escogido por el pueblo en el referendo aprobatorio del 15 de diciembre de 1999”, remarcó en el texto de la misiva.
Disculpas a medias y señalamiento a medios
La renuncia de Villegas a su aspiración como defensor del pueblo ocurre apenas 48 horas después de una serie de declaraciones que generaron un fuerte impacto en la opinión pública.
El pasado domingo, 22 de marzo, durante una entrevista concedida a Venevisión, el aspirante ofreció disculpas a las familias de las víctimas de las protestas de 2017. Villegas recordó específicamente el caso de Juan Pablo Pernalete y un tenso episodio televisivo ocurrido años atrás con su hermano, el periodista Vladimir Villegas, donde ambos discreparon sobre las circunstancias del asesinato del estudiante. Admitió haberse “ofuscado” en aquel entonces y lanzó la siguiente polémica frase:
“Aprovecho para expresarle mis disculpas a todas estas familias y si lo que yo hice, hablar de estos casos, incrementó su dolor, yo me disculpo”.
Vinculando este gesto con su aspiración al Poder Ciudadano, añadió:“No les pido perdón, lo que aspiro es a que mis actos al frente de la Defensoría del Pueblo me hagan merecedor de ese perdón de todas esas familias, y de las que lamentablemente con posterioridad también se han visto enlutadas en Venezuela”.
Pese al tono conciliador mostrado inicialmente, el clima cambió tras otra intervención en el portal La Iguana.tv. Allí, Villegas cuestionó duramente a la planta televisiva Venevisión, acusándola de intentar “calentar las calles” mediante la cobertura de fallas eléctricas en los alrededores canal.
El periodista señaló que resulta preocupante “el uso de algunos medios para tratar de crear un clima de exacerbación de malestares” y advirtió que “la tentación del 11 de abril sigue gravitando en algunas mentes”.
Villegas dirigió una crítica directa al presidente de la planta, Andrés Badra, cuestionando el valor noticioso de informar sobre la falta de luz en vivo: “¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que quiere construir quien toma esas decisiones allí? Yo vine a conocer hace un poco al presidente de Venevisión, Andrés Badra. Me parece una persona muy educada. Pero me pregunto, ¿qué es lo que hay detrás de esa línea que es verdaderamente intrascendente, que en medio de una contingencia intrascendente, entonces, ¿por qué hace de eso una noticia?”.
Este giro discursivo parece haber sellado el destino de su postulación, la cual hoy llega a su fin con el objetivo declarado de permitir un “consenso” que, tras sus últimas apariciones, lucía cada vez más lejano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Y siguen negando la amnistía a los venezolanos, en este caso le tocó al dirigente de Voluntad Popular en el estado Aragua, Manuel García, quien se encuentra fuera del país en vista a la persecución a la que fue sometido.
De acuerdo a la ONG Un Mundo sin Mordaza, un tribunal declaró improcedente la solicitud hecha por el abogado y líder político.
“Nosotros vamos a apelar esta decisión porque todos sabemos que los casos donde se ha negado la amnistía son políticos, donde la justicia buscó judicializar la práctica política. Los jueces y fiscales tienen la oportunidad de redimirse. Este proceso de amnistía no es transparente y es selectivo”, acotó el dirigente político.
“Al declarar improcedente su solicitud, el sistema judicial no solo castiga su disidencia, sino que prolonga el destierro forzoso como una condena perpetua. Desde Un Mundo Sin Mordaza denunciamos que el uso selectivo de la Ley de Amnistía impide una verdadera reconciliación nacional. El exilio forzado también es una violación a los derechos humanos”, expuso en un comunicado la organización no gubernamental.
García no es el único a quien le ha sido negada la amnistía, que hasta ahora ha sido un proceso discrecional.
Apenas este martes, el director de Fundaredes, Javier Tarazona, anunció que también le fue negada la amnistía.
También le fue negado el beneficio al abogado de Vente Venezuela, Perkins Rocha, quien permanece en casa por cárcel con un grillete en el tobillo, así como a varios militares entre ellos el teniente coronel Juan Carlos Caguaripano, cuyos familiares han denunciando que ha sido sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
