El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela alertó este 18 de marzo de 2026 sobre las graves deficiencias en la implementación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Alertaron que el texto legal aprobado el pasado 19 de febrero se ha convertido en un instrumento de “injusticia” y “exclusión”.
A pesar de haber sido promocionada como una vía para la paz social, la organización denuncia que su ejecución está marcada por la discrecionalidad de los mismos funcionarios judiciales que permitieron la persecución política en el pasado reciente.
— DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) March 18, 2026
Vente Venezuela detalló que la normativa falla en proteger los derechos fundamentales. Entre las omisiones más graves destaca que la ley no incluye las inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General de la República, ni contempla como beneficiarios a militares vinculados falsamente a delitos de rebelión.
Además, denuncian que el artículo 9 de la ley “excluye de manera caprichosa algunos delitos” con el fin de negar el beneficio a personas perseguidas políticamente. Un punto de honor en la denuncia es la falta de reparación: la ley “no establece la debida reparación moral y económica para las víctimas de la represión” y deja desamparados a quienes perdieron bienes o sufrieron daños patrimoniales tras detenciones injustas.
La “administración” del olvido
La crítica más severa se dirige al sistema de justicia. Vente Venezuela afirma que la aplicación de la amnistía queda en manos de jueces con competencia en terrorismo, cuya jurisdicción califican de inconstitucional.
“Los jueces que hoy otorgan o niegan la amnistía, son los mismos que avalaron la violación de TODOS aquellos derechos fundamentales (…) confinando a muchos de estos venezolanos a prisiones y centros de tortura, sin defensa ni asistencia jurídica”.
La organización advierte que el beneficio se otorga de forma sesgada siguiendo órdenes que, según se expresa directamente a los usuarios, “vienen de arriba”. Para el Comité, es una “injusta incongruencia” que el Estado decida “olvidar los hechos para algunos y mantener vivo el recuerdo de los mismos hechos para otros” que están involucrados en las mismas causas judiciales.
“En definitiva, son los mismos jueces que no solo negaron, sino que se negaron a admitir la presentación siquiera de los cientos de ‘Habeas Corpus’ en contra de la desaparición forzada de miles de ciudadanos que hoy precisamente reclaman amnistía De esta forma, es imposible que haya paz en Venezuela, mientras los mismos funcionarios judiciales que permitieron las violaciones a la libertad de los ciudadanos lícitamente opositores y disidentes del régimen, sean quienes discreta y arbitrariamente decidan a quién se le concede y a quién no la amnistía”, advierten.
El exhorto a la comunidad internacional
Vente Venezuela expresó que, aunque comparten la “satisfacción con las personas que han recibido la amnistía”, el proceso actual constituye una “injusta incongruencia y una clara discriminación política” al aplicarse de forma desigual.
La organización recordó que este beneficio es un derecho que permite al Estado “‘olvidar’ la ocurrencia de los hechos por los que se le persiguieron y encarcelaron indebidamente”, pero advirtieron que “‘olvidar’ los hechos para algunos y mantener vivo el recuerdo de los mismos hechos para otros”, involucrados en las mismas causas, viola el artículo 21 de la Constitución que ordena la igualdad ante la ley.
Según el comunicado, esta discrecionalidad judicial permite que se “prolongue el régimen de terror que alentó el clima de represión y zozobra ciudadana”, lo que impide hablar de una verdadera reconciliación mientras no se deroguen normativas como la “Ley contra el Odio”, la “Ley de Fiscalización de las ONGs” o el reciente “Decreto de Estado de Conmoción Exterior”.
Finalmente, el comité hizo un exhorto a los órganos defensores de derechos humanos y a la comunidad internacional para “no apartar su mirada de lo que sucede en Venezuela y a exigir enérgicamente la aplicación de la ley”. En este sentido, saludaron la postura del Alto Comisionado del Consejo de DDHH de Naciones Unidas al solicitar claridad sobre el alcance de las excarcelaciones, subrayando que en el país “no puede seguir prevaleciendo la opacidad y la discrecionalidad en el respeto a los derechos”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
