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Delcy Rodríguez cumple cuatro meses “dándose colita” en Miraflores 

La madrugada del 3 de enero de 2026 agarró desprevenidos a la mayoría de los venezolanos. Algunos superando apenas la resaca que dejó la despedida del año viejo no salieron de su asombro al ver un despliegue de al menos ocho helicópteros que irrumpieron el espacio aéreo venezolano en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Nadie sabía a ciencia cierta que ocurría y de qué se trataba, la gente intuía que era un ataque, pero, ¿de quién? Cuando las bombas comenzaron a caer y hubo un movimiento inusual en Fuerte Tiuna, el pueblo intuyó que la ofensiva tenía relación con el gobierno entonces liderado por Nicolás Maduro. 

Desde septiembre de 2025, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump había desplegado un operativo militar en el Caribe y el Pacífico llamado “Operación Lanza del Sur”, que por medio de ataques cinéticos atacó a embarcaciones que llevaban presunta droga a su país. El  resultado es una cifra entre 150 y 180 muertos desde esa fecha hasta abril de este año.

Trump no solo ordenó los ataques sino que movió al portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, a aguas territoriales cercanas a Venezuela y señaló a la administración de Maduro como principal responsable de aparentemente introducir drogas ilícitas en su nación.  

Ante la presión, rumores sobre posibles negociaciones con Estados Unidos para que Maduro saliera del poder iban y venían, pero el autoproclamado hijo político del fallecido presidente Hugo Chávez no solo negaba su implicación en eso, sino que además bailaba en actos oficiales como una especie de gesto de subestimación.

Esa actitud duró hasta la madrugada el 3 de enero cuando las fuerzas armadas estadounidenses lo detuvieron junto a su esposa Cilia Flores, no sin antes dejar una estela de más de cien muertos, la mayoría militares, incluidos 32 cubanos.

Los bombardeos no solo incluyeron Fuerte Tiuna, donde solía pernoctar la expareja “presidencial”, también el Observatorio Cajigal, la Base Aerea de La Carlota, la Academia de la Armada Bolivariana en La Guaira, el aeropuerto de Higuerote y las antenas de transmisión del Volcán en El Hatillo. 

Del lado del gobierno hubo un silencio sepulcral hasta que Trump escribió cerca de las 5 de la mañana un tuit que acabó con la incertidumbre: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder. El presidente Nicolás Maduro fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país”, escribió en su red social Truth Social.  

Minutos antes, en un mensaje grabado el exministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, confirmó que Venezuela había sido objeto de “la más criminal agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos”.

Una hora más tarde el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, apareció en una calle de Caracas con casco y chaleco antibalas, flanqueado por funcionarios portando armas, denunciando que Venezuela había sido víctima de un “ataque terrorista”. Confirmó la muerte de una centena de personas, incluyendo más de treinta cubanos que se encargaban de la custodia de Maduro.

Pasado el mediodía en una rueda de prensa, Trump dio detalles de la operación y asomó que Estados Unidos iba a tomar las riendas de Venezuela. Dijo que la líder opositora María Corina Machado “era una mujer muy agradable, pero no tiene el apoyo en Venezuela para dirigir la nación”.

Ante la pregunta de un periodista de que si iba a trabajar con la vicepresidenta Delcy Rodríguez sentenció que su secretario de Estado, Marco Rubio, había estado en contacto con quienes quedaron en el poder. “Acaba de tener una conversación con ella, y en esencia está dispuesta a hacer lo que creamos necesario para que Venezuela vuelva a ser grande”.

Como si se tratase de una instrucción proveniente de la Casa Blanca, el mismo día de la detención de Maduro, acusado de narcotráfico, terrorismo y posesión de armas en una corte de Nueva York, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a Rodríguez que asumiera el cargo de presidenta tal y como reza la Constitución por faltas temporal y absoluta en sus artículos 233, 234 y 235. Esgrimieron que la de Maduro era una “ausencia forzada”.

A continuación, en forma cronológica y de claves, los momentos más destacados y polémicos de estos cuatro meses de Rodríguez en el poder con el aval de Trump.

Hitos de la presidencia encargada y tutelada por Estados Unidos:

–5 de enero: En la Asamblea Nacional y frente a su hermano Jorge, presidente del Parlamento, Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada. “Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos como rehenes en los Estados Unidos. Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria”, dijo Rodríguez flanqueada por el diputado e hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra. “A ti Delcy Eloína mi apoyo incondicional…a ti papá te espero para darnos un abrazo en Venezuela, la patria está en buenas manos”, dijo Maduro Guerra visiblemente emocionado en el marco de la instalación del periodo legislativo 2026-2031. Ese día, 14 periodistas fueron detenidos, 13 de agencias y medios internacionales y uno de un canal de televisión local, denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp).  Todos fueron liberados sin ser presentados en tribunales y uno de ellos fue deportado.

8 de enero: Su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, anunció la excarcelación de un “número importante de personas venezolanas y extranjeras”. Sostuvo que había que considerarlo un “gesto” del gobierno bolivariano para la búsqueda de la paz. 

12 de enero: Luego de verse empoderada en Miraflores, la presidenta encargada empezó una serie de movimientos ministeriales que desembocaron en la salida de varias fichas del clan constituido por Maduro y Flores. El primero fue el del capitán Juan Escalona, antiguo edecán del fallecido presidente  Hugo Chávez y el propio Maduro, quien asumió el Ministerio del Despacho de la Presidencia y reemplazó a Aníbal Coronado. Uno de los más sonados fue Alex Saab, el empresario colombiano, señalado de ser presunto testaferro de Maduro, estaba al frente del Ministerio de Industrias y Producción Nacional desde 2023, luego de permanecer más de dos años detenido en Estados Unidos, acusado de lavado de dinero. Actualmente se desconoce su paradero. Ante una pregunta de una periodista al presidente de la AN, Jorge Rodríguez, sobre una supuesta detención, este dijo “no es mi competencia hablar de eso”. Su esposa Camila Fabri también abandonó el viceministerio de Educación Exterior de la Cancillería y la jefatura de la Gran Misión Vuelta a la Patria. Otros que salieron fueron Walter Gavidia (Corporación Juntos Todo es Posible), ex esposo de Cilia Flores y Guison Fernando Flores (Saime), hermano de la llamada primera combatiente. 

14 de enero: Por primera vez Rodríguez se dirigió a periodistas, pero no aceptó preguntas. Dijo que Venezuela se abría a un nuevo momento político “que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”. Apareció flanqueada por su hermano Jorge y por el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Aseguró que desde diciembre de 2025 se venían produciendo excarcelaciones y se habían beneficiado a 406 personas en contraste con cifras de organizaciones civiles.

16 de enero: John Ratcliffe se convirtió en el primer funcionario estadounidense en visitar Venezuela después de la captura de Maduro y Flores. El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) se reunió con una risueña Delcy Rodríguez. Según The New York Times el objetivo de la reunión fue recalcar al régimen chavista que Venezuela “ya no puede ser refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente para los narcotraficantes”. El medio fue el primero en exponer que la decisión de Trump de apoyar a Rodríguez y no a María Corina Machado respondía a un análisis clasificado de la CIA sobre el impacto de la salida de Maduro y las implicaciones a corto plazo de su posible destitución. 

21 de enero: La presidenta encargada confirmó acuerdos en materia energética con el gobierno de los Estados Unidos por el monto de 500 millones de dólares, de los cuales 300 millones ingresarían al país por concepto de venta de petróleo. Según Rodríguez, el dinero se iba a destinar para cubrir y financiar el ingreso de los trabajadores, así como protegerlos de la inflación y el impacto negativo del mercado cambiario. 

28 de enero: 25 días después de la captura de Maduro y Flores, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) reconoció a Rodríguez como su Comandante en Jefe. Además del exministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, al acto asistieron su hermano Jorge y el ministro Cabello. “Juramos lealtad y subordinación absoluta a la ciudadana Delcy Rodríguez como presidenta encargada”, dijo Padrino López. Ese mismo día, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo ante el Congreso que su país no tenía la intención de volver a usar la fuerza en Venezuela para obligar al interinato a colaborar.   

29 de enero: Atendiendo al interés de Trump por el petróleo venezolano, la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley de Hidrocarburos en función de atraer inversiones extranjeras. La reforma que se hizo en tiempo express y fue votada por unanimidad permite modificar a las empresas operadoras del crudo en Venezuela, flexibilizar regalías y aumentar garantías jurídicas para los inversionistas. Previo a la aprobación del instrumento jurídico, Trump había planteado la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos a precios de mercado y aseguró que los ingresos se depositarían en cuentas controladas por Washington. También ese día, el líder republicano emitió una licencia general que levantó algunas sanciones comerciales a Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) para poder operar con empresas estadounidenses y sostuvo una conversación telefónica con Rodríguez, donde le manifestó su decisión de reabrir el espacio aéreo con Venezuela, cerrado por él mismo en noviembre de 2025. Ese mismo día un hecho inusual ocurrió en las pantallas de la televisión venezolana, el canal Venevisión transmitió la noticia sobre una reunión de María Corina Machado con el Secretario de Estado Marco Rubio en Washington. Acto seguido el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, criticó al canal ubicado en Los Caobos, Caracas, por darle palestra a la ganadora del Premio Nobel de la Paz. Haciendo caso omiso a las críticas, Venevisión volvió a transmitir un segundo encuentro entre Machado y Rubio en la capital estadounidense.   

30 de enero: En la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) propuso la creación de una Ley de Amnistía para “reparar heridas” y el cierre de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide, recinto señalado por organizaciones defensoras de derechos humanos de ser epicentro de la tortura en Venezuela. “También allí está la decisión del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, con quienes tenemos intercambios”, dijo la funcionaria. “Obviamente, no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos”, salió al paso María Corina Machado.  

31 de enero: De manera sorpresiva, Laura Dogu, la nueva encargada de negocios de Estados Unidos para Venezuela llegó a Maiquetía. Después de nueve años de relaciones rotas, Dogu arribó para poner en práctica el plan de tres etapas de Trump (estabilización, recuperación y transición). Después de declararse antiimperialistas, el equipo de Rodríguez encabezado por el canciller Yván Gil tendió una alfombra roja a la funcionaria estadounidense. La llegada de Dogu fue el preámbulo de una retahíla de funcionarios que fueron recibidos hasta con música en Miraflores, entre ellos el secretario de energía, Chris Wright; el secretario de Interior, Doug Burgum y hasta el jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, responsable del operativo que desembocó en la detención de Maduro y Flores.  

19 de febrero: Luego de que algunos miembros de la sociedad  denunciaron que la Ley de Amnistía había sido aprobada en primera discusión sin siquiera conocer su contenido, el Parlamento dio luz verde al instrumento jurídico, pese a que organizaciones civiles la calificaron de excluyente y arbitraria por solo incluir algunos episodios de los 27 años de gobierno chavista. Organizaciones como las Naciones Unidas expusieron que la ley debía incluir el desmantelamiento del aparato represivo y de leyes coercitivas como la Ley del Odio, Simón Bolívar, Ley de Fiscalización a las ONG y la llamada Ley Resorte.

26 de febrero: La Asamblea Nacional aceptó la renuncia del fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, este último por supuestas razones de salud. Después de casi una década en el cargo, Saab, quien reemplazó a Luisa Ortega Díaz a través de la extinta Asamblea Nacional Constituyente pasó a ser el Defensor del Pueblo encargado y ahora es Jefe de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida. 

4 de marzo: Después de mucho tiempo un hecho inédito sucedió en el Palacio de Miraflores. Periodistas de medios independientes venezolanos pudieron ingresar al epicentro del poder para un acto con el secretario de interior de Estados Unidos, Doug Burgum. Al principio medios como El Pitazo y Tal Cual no aparecían en la lista y les fue negado acceso, la Guardia de Honor Presidencial les exigió dirigirse al Ministerio de Comunicaciones. Poco después hubo una contraorden y pudieron ingresar al evento. 

12 de marzo: Pese a que prometió excarcelar a presos políticos como parte de la etapa de estabilización para Venezuela planteada por la administración norteamericana, la Misión de Determinación de Hechos informó que desde la llegada al poder de Rodríguez habían sido encarceladas al menos 87 personas por razones políticas.

13 de marzo: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó sanciones a empresas vinculadas a Pdvsa para poder exportar e importar petróleo venezolano. La institución flexibilizó las medidas para la explotación, venta, transporte y almacenamiento de crudo venezolano y sus refinados, siempre que sea importado a Estados Unidos por compañías de ese país. En otra licencia, el Tesoro especificó que no están permitidas transacciones vinculadas con Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, ciertos sectores vinculados a China y personas sancionadas por Washington.  

22 de marzo: Se produjo la salida de Vladimir Padrino López del ministerio de la Defensa luego de casi 12 años al frente de esa cartera y en su lugar fue nombrado el general Gustavo González López, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Padrino López pasó a dirigir el Ministerio de Agricultura y Tierras.

28 de marzo: Venezuela retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos. Luego de la disolución del gobierno interino de Juan Guaidó, Estados Unidos asumió el control temporal de la embajada de Venezuela en Washington y de otros edificios consulares. Ese mismo día y despues de caso dos anos de persecución, luego de las elecciones presidenciales del 28J de 2024, el partido Vente Venezuela volvió a abrir sus puertas en la quinta “Bejucal” de Caracas y con la presencia de varios expresos políticos militantes de ese partido como Henry Alviarez y María Oropeza. 

30 de marzo: Tras siete años de inactividad, el Departamento de Estado de Estados Unidos reanudó las operaciones de su embajada en Caracas como parte de las relaciones diplomáticas. A través de un comunicado la institución calificó el anuncio como “un hito clave en la implementación del plan de tres fases y añadió que reforzará nuestra capacidad para interactuar directamente con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado”.  

1 de abril: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la eliminación de sanciones contra Delcy Rodríguez, quien fue eliminada de la Lista de Nacionales Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés). La medida revocó el bloqueo de sus activos bajo jurisdicción estadounidense y permite que ciudadanos y entidades estadounidenses realicen transacciones financieras con ella. 

3 de abril: Se cumplieron los 90 días que estipula la Constitución para que la Asamblea Nacional controlada por el chavismo decretara falta temporal o absoluta de Nicolás Maduro y convocara a elecciones en un período de 30 días. De no citar a comicios, la AN está en la obligación de prorrogar por 90 días más el mandato de la actual presidenta encargada. En el Parlamento este tema no surgió. Para el TSJ sigue habiendo “ausencia no forzada”, una figura que no está amparada en la Carta Magna.

8 de abril: Luego de anunciar unos “anuncios”, en cadena nacional, la mandataria encargada dijo que haría un “aumento responsable” del salario mínimo estancado desde 2022 en 130 bolívares mensuales, alrededor de 0,20 centavos de dólar,  el más bajo de la región y probablemente del mundo. Anunció medidas para dinamizar la economía que incluyen reformas tributarias. 

9 de abril: Un mes después de iniciada la discusión, el Parlamento dio luz verde a la Ley de Minas. El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Orlando Camacho, dijo en su cuenta de Instagram que el objetivo de la normativa es “atraer capital nacional y extranjero con seguridad jurídica y actualizar el marco legal para los retos actuales del país”. Pese a las exigencias de sectores de la sociedad civil, ese mismo día, la AN juramentó como nuevo Fiscal General de la República a Larry Devoe y como defensora del Pueblo a Eglée Gonzalez Lobato. Devoe, quien supuestamente llegó para dar un giro a la política del otrora fiscal, Tarek William Saab, defendió al régimen chavista en instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI). También ese día una represión menos cruenta, pero represión al fin, fue experimentada por manifestantes que pretendían llegar al Palacio de Miraflores para exigir mejoras salariales. Cuatro personas fueron detenidas y liberadas posteriormente. Igualmente en esa fecha, Rodríguezefectuó su primer viaje internacional como presidenta encargada a Granada. 

10 de abril: Después de años de pugnas diplomáticas, el gobierno de Trinidad y Tobago reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. Pese a que la primera ministra Kamla Persad-Bissessar fue declarada persona non grata por la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, el canciller trinitario, Sean Sobers, dijo que los lazos bilaterales de ambas naciones estaban en franca mejoría. 

14 de abril: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el levantamiento de sanciones contra el Banco Central de Venezuela (BCV), así como otras entidades financieras del estado como el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro y el Banco Digital de los Trabajadores. Washington autorizó  transacciones y servicios financieros de acuerdo a la licencia 57 de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés). De acuerdo a la licencia está permitida la apertura de cuentas bancarias, préstamos, transferencias de fondos, remesas o cambios de divisas. 

15 de abril: La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, anunció que su misión en Caracas “llegó a su fin”. A través de la cuenta en X de la embajada, Dogu informó que sería sustituida por el diplomático de carrera, John Barrett, con similar cargo en Guatemaladesde el pasado mes de enero. 

19 de abril: Rodríguez, ofreció un balance de sus primeros 100 días de gestión. A través de un video grabado y difundido en cadena nacional, la funcionaria aseguró que Venezuela atraviesa “un nuevo momento histórico” marcado por avances en seguridad ciudadana, reconciliación nacional y recuperación económica. “Hoy Venezuela se ubica entre los países más seguros de la región, con tres homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto significa algo muy claro. Más tranquilidad para nuestras familias y más estabilidad para el país”, dijo la mandataria.

20 de abril: Una de las fichas de Maduro con varias acusaciones de supuesta corrupción salió de su círculo de poder. Antonio “Potro” Alvarez fue destituido del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) y reemplazado por el ex gobernador de Yaracuy y ex ministro de Agricultura y Tierras, Julio León Heredia. 

 23 de abril: Arribó al país John Barrett, el encargado de negocios de Estados Unidos que sustituyó a Laura Dogu. “Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases del presidente Donald Trump y del secretario de Estado, Marco Rubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países. Es un honor representar a los Estados Unidos en este momento histórico de nuestras relaciones con Venezuela”, dijo el funcionario en un mensaje que fue difundido por la cuenta en Instagram de la embajada. Ese mismo día de manera unilateral y sin consultar a la Asamblea Nacional, Delcy Rodríguez dijo que la Ley de Amnistía “llegó a su fin” y que hay otros espacios donde se pueden canalizar “aquellos casos que no estaban contemplados”.

26 de abril: Rodríguez llevó a cabo su segundo viaje internacional, esta vez a la isla de Barbados. Previamente ya había viajado a Granada. Ambos periplos sucedieron luego que el gobierno de los Estados Unidos le levantara las sanciones personales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Abogados de Maduro y Cilia Flores piden dos meses para preparar mociones

Tiempo para prepararse. La defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores solicitó a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, diferir su próxima audiencia para dentro de dos meses. 

Los abogados Barry J. Pollack y Mark Donnelly —representantes de la pareja que enfrenta cargos por narcotráfico, narcoterrorismo y posesión de armas— argumentaron que necesitan ese tiempo “para permitir a la defensa la oportunidad de revisar” la evidencia y preparar mociones. 

Así lo informó en su cuenta de X este viernes, 1° de mayo, el abogado venezolano que reside en EE. UU y ha seguido el caso., Nizar El Fakih. 

La  propuesta implica que la próxima comparecencia se lleve a cabo entre los meses de julio y agosto de 2026, generando cambios en el calendario inicial. Su última audiencia ocurrió el pasado 26 de marzo.

El pasado 24 de abril la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, autorizó al Estado venezolano a usar fondos públicos para pagar la defensa privada de Maduro y Flores. 

La noticia se conoció a través de una comunicación enviada por el fiscal Jay Clayton al juez del caso, Alvin K. Hellerstein.

Venezuela no reconoce la CIJ pero asistirá a sus audiencias por el Esequibo

La administración de Delcy Rodríguez informó que participará en las audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con respecto al proceso interpuesto por Guyana sobre la Guayana Esequiba, a partir del 4 de mayo.

Señalaron que su asistencia a las audiencias no implica que reconocen la jurisdicción de la Corte ni su consentimiento sobre cualquier decisión que esta emane sobre el Esequibo, “manteniéndose fiel al mandato popular expresado en el referéndum del 3 de diciembre de 2023”.

El comunicado oficial, difundido por el canciller Yván Gil, recalcó que “la única vía legal y válida para resolver la controversia territorial” es el Acuerdo de Ginebra, de 1966, que establece que deben alcanzar un arreglo satisfactorio para ambas partes.

Días atrás, la disputa por el Esequibo experimentó un nuevo punto de tensión cuando la presidenta encargada Delcy Rodríguez utilizó un broche del mapa de Venezuela incluyendo el territorio en litigio durante una gira por diversos Estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

La presidencia de Guyana lanzó un comunicado oficial a la jefatura de Caricom y manifestó su “grave preocupación” sobre que se usen plataformas regionales para promover reclamos territoriales.

Venezuela firma su primer acuerdo minero con EE. UU. tras la captura de Maduro

La administración de Delcy Rodríguez, bajo la tutela de Estados Unidos, suscribió un Acuerdo de Entendimiento entre la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y la empresa estadounidense Heeney Capital, que estará asociada a la suiza Mercuria Energy Group. 

Se trata del primer acuerdo minero, avalado por la administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero pasado. 

El convenio, suscrito en el Palacio de Miraflores, busca fortalecer la producción de minerales como el oro, níquel, hierro y bauxita, con una proyección de exportaciones de aproximadamente 2.200 millones de dólares anuales. 

En el acto de la firma, presidido por el ministro de Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas, Héctor Silva, el vocero de Heeney Capital, Sean Pin, aseguró que estos convenios permiten “crear fuentes de empleo y crecimiento sustentable de la economía”, según citó el Ministerio de Comunicación. 

De acuerdo con el ministro Silva informó que Venezuela contará con una inversión importante de capital privado y se producirá un intercambio tecnológico para lograr el desarrollo de la producción minera en el país, en beneficio de la población. 

“Excelente logro que hemos conseguido el día de hoy con la firma de este instrumento, con la firma de este acuerdo. Es el primer paso para el fortalecimiento de lazos en materia de minería entre el Gobierno norteamericano y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, según reseñó Últimas Noticias. 

Coalición Sindical denuncia persecución y convoca a marchar a la embajada de EE. UU.

La Coalición Sindical Nacional denunció que sus integrantes José Patines, Carlos Salazar y Victor Venegas fueron asediados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), luego de participar en la marcha del Día del Trabajador este 1° de mayo en la ciudad de Barinas

“Aquí estamos al frente de los del Sebin que andan en camionetas persiguiéndonos desde esta mañana”, dicen en un video en el que muestran un vehículo en el que hay dos hombres que se tapaban el rostro. 

“John Barret atienda: la represión continúa”, agrega otros de los denunciantes. “Usan los recursos del Estado para perseguir a quienes no callamos la verdad”, añaden.

Ese mismo día, más temprano, el defensor de derechos humanos y director de la ONG Campo, Pedro Hernández Oropeza, denunció que también fue seguido por efectivos del Sebin en la población de Aroa, en el estado Yaracuy.

Hernández, quien por años ha denunciado la persecución política, amenazas y discriminación hacia campesinos y estuvo detenido, explicó que esto ocurrió un día después de que él acudiera a la sede la Defensoría del Pueblo para hacer una petición de agua para una comunidad rural.

Marcha el 7 de mayo 

En otro video, publicado en las redes sociales, el sindicalista José Patines informó que la Coalición Sindical Nacional convoca a una marcha a la embajada de Estados Unidos en Caracas el miércoles 7 de mayo, que saldrá desde Las Mercedes.  

Patines se dirigió directamente al encargado de negocios de EE. UU. para Venezuela, John Barrett, y le dijo que marcharán para que él atienda a los trabajadores y de respuesta los requerimientos que explicaron en una carta entregada en la embajada el 16 de abril pasado

Aseguró que la movilización también busca denunciar la persecución de la que fueron víctimas.

“Esto no puede seguir pasando o se le están riendo en la cara del presidente Donald Trump. La transición de la que tanto se habla no se está cumpliendo”, dijo. También responsabilizó a la presidenta encargada Delcy Rodríguez de lo que pueda pasarles a los integrantes de la Coalición Sindical. 

María Corina Machado pide alzar la voz por los presos políticos en 120 ciudades este #3May

La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, convocó a la diáspora venezolana a participar este domingo 3 mayo en movilizaciones a favor de los presos políticos y perseguidos que aún hay en Venezuela.

“Quiero invitarlos a todos, a todos los venezolanos que estamos alrededor del mundo para encontrarnos este domingo 3 de mayo a las 12:00 m hora Caracas en más de 120 ciudades, en distintas partes del mundo”, dijo en un video publicado en la cuenta de X del Comando de Campaña por Venezuela en el exterior.

Machado afirmó que “todavía son más de 500 presos políticos, civiles y militares que están tras las rejas” en el país, y llamó a la ciudadanía a alzar la voz por ellos y por sus familias. Señaló que los encuentros también buscan que el mundo entero escuche el clamor de los venezolanos por la libertad, por la justicia y por la democracia.

“Les pido a todos que acudamos a estas movilizaciones donde van a encontrar a muchos de los ex presos políticos que han sido excarcelados, a sus familiares, compartiendo sus historias, sus testimonios, sus sentimientos, esta fuerza que crece de un pueblo que está decidido a ser libre”, añadió.

Dijo que las personas podrán encontrar los puntos de encuentro en las distintas ciudades en las cuentas en redes sociales del Comando con Venezuela y Mundo con Venezuela.

Revictimización a las familias

De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal a la fecha hay 454 presos políticos en Venezuela, y advirtieron que se desconoce el paradero de dos de ellos.

Esta semana el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) condenó las recientes declaraciones del embajador de Venezuela para Estados Unidos, Félix Plasencia, en las que argumentó que las denuncias sobre los detenidos por razones políticas son “tonterías”.

“Las víctimas no son una ‘tontería’: exigimos respeto, verdad y libertad para todos los presos políticos”, dijeron en un comunicado. Aseguraron que las declaraciones del funcionario “Son ofensivas, niegan la prisión política, revictimizan a las familias y demuestran que no hay interés real en una reconciliación con verdad, libertad y justicia”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Escándalos de magistrados que dejan el TSJ incluyen nepotismo, corrupción y sanciones

Nada detiene el sacudón que comenzó después del 3 de enero. En medio de la purga que Delcy Rodríguez, presidenta encargada que cuenta con el aval de Donald Trump, emprendió en su gabinete para desplazar a la mayoría de las fichas leales a Nicolás Maduro y Cilia Flores, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició una nueva reestructuración que también dejará por fuera a magistrados aliados de la antigua pareja presidencial.

Aunque todavía no ha sido publicado ningún anuncio en la web del máximo tribunal, los primeros pasos ya ocurrieron. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la gobernante, dijo el pasado 21 de abril que “por distintas circunstancias: por jubilación, renuncia o por ‘destacamiento’ (sic.) en otras responsabilidades, hay algunas plazas vacantes entre los magistrados principales y suplentes del TSJ”, aunque no precisó cuántos puestos estaban disponibles ni en cuáles salas.

Las palabras las pronunció al anunciar la creación de una comisión preliminar parlamentaria encargada de designar al Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por miembros de la sociedad civil, que evaluará a los candidatos a nuevos togados. El grupo está presidido por Giuseppe Alessandrello y conformado por los diputados Carlos Mogollón, María Gabriela Vega, Desirée Santos Amaral, Gloria Castillo, Fernando Bastidas, José Villarroel, Luis Augusto Romero, Pablo Pérez, Félix Freites y Antonio Ecarri.

Pero el misterio de la lista completa de magistrados que se marchan del TSJ aún se mantiene. El lunes, 27 de abril, se confirmaron los nombres de ocho funcionarios que pidieron su jubilación y se sabe que hay otros cuatro que ya dejaron el máximo tribunal porque el gobierno les dio otra tarea y sus puestos son ocupados por suplentes. Sin embargo, no se sabe quién o quiénes son los que renunciaron a la magistratura.

Sala Político Administrativa magistrados
Los magistrados de la sala Político Administrativa. Foto: TSJ

El balance actual indica que la sala que recibirá mayores cambios será la Político Administrativa, en donde todas las sillas (tres) deben ser ocupadas. En la Constitucional hay tres puestos disponibles de los cinco que la conforman; mientras que en la Civil, la Penal y la Social deben designarse dos de tres magistrados en cada una. La única sala que queda intacta es la electoral, en donde está la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, además de Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y Fanny Beatriz Márquez Cordero.

Lo que sí se sabe es que los magistrados que dejan su puesto tienen trayectorias marcadas no solo por su militancia y apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, sino también por el nepotismo, la corrupción y las sanciones internacionales que se aplicaron a siete de los doce togados. Conoce los escándalos que deja cada uno:

Los aliados de la pareja presidencial

Edgar Gavidia Rodríguez

El excuñado de Cilia Flores es, actualmente, el primer vicepresidente del TSJ y quien lleva las riendas de la Sala de Casación Social. Además de un pasado militante (fue concejal principal al Cabildo Metropolitano de Caracas por el PSUV durante dos periodos legislativos), y de supuestamente cobrar en dólares por sentencias favorables, según los miembros del “TSJ Legítimo”, fue señalado por intento de feminicidio.

Según familiares de la víctima, Gavidia le disparó en la pierna izquierda a quien era su esposa y le fracturó el fémur durante un viaje de vacaciones a Lechería en el Carnaval de 2018. Luego de un paseo en yate, la pareja llegó al estacionamiento del edificio en donde se hospedaba. Ambos discutieron y él la abofeteó. La mujer también lo golpeó en respuesta, pero el magistrado sacó un arma de fuego que tenía en el bolsillo y la abaleó en la pierna. El magistrado dejó a la víctima en el suelo y se fue en su camioneta camino a Caracas. Pero antes de partir amenazó a los vigilantes del edificio donde ocurrió el hecho y les pidió que llamaran a la policía para que denunciaran un robo.

Gavidia es abogado egresado de la Universidad Santa María, especializado en Derecho Penal e ingresó como magistrado al máximo tribunal en diciembre de 2014. Para completar su historial de “irregularidades”, desde su llegada se ha mantenido en la Sala Social a pesar de no tener especializaciones en el área laboral, protección de niños, niñas y adolescentes o agraria, las cuales son competencia de esa sala. 

Elsa Janeth Gómez Moreno

​​Hasta la tía de la esposa de Walter Gavidia Flores, hijo mayor de Cilia Flores, se pudo hacer un lugar en el TSJ. Allí ingresó como magistrada suplente de la Sala de Casación Penal en 2010. Desde entonces, se ha mantenido en esa sala, en donde pasó a ser titular, en 2014, y presidenta desde 2022.

Públicamente se le ha denunciado por encabezar la persecución judicial contra la oposición tras las elecciones presidenciales de 2024. Además, solicitó insistentemente a España la extradición del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Es abogada egresada de la Universidad del Zulia (LUZ).

Magistrados durante la apertura del año judicial 2026
Apertura del año judicial 2026. Foto: TSJ

Maikel Moreno

A Moreno se le considera el instrumento que Maduro usó dentro del TSJ para enfrentar todo lo que trajo el turbulento 2017. Durante ese año, el magistrado se estrenó como presidente del más importante organismo de justicia del país, y en menos de un año invalidó casi todas las leyes importantes aprobadas por el Parlamento de mayoría opositora y aprobó la destitución y antejuicio de mérito a Luisa Ortega Díaz, quien entonces era la fiscal general de Venezuela. Además, permitió que Maduro impulsara las elecciones que dieron origen a la Asamblea Nacional Constituyente, que reemplazó a la Asamblea Nacional.

Moreno ingresó al TSJ como magistrado de la Sala de Casación Penal en diciembre de 2014. Fue electo primer vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Penal en febrero de 2015. Durante cuatro años fue presidente del máximo tribunal. 

Es egresado de la Universidad Santa María, donde cursó una especialización en Derecho Constitucional. Antes, fue encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago e Italia. También fue juez del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En su carrera policial, estuvo involucrado en un tiroteo y se le señaló de matar a un adolescente.

Los verdeoliva del TSJ

Juan Carlos Hidalgo Pandares

Estados Unidos lo sancionó en septiembre de 2024 por ser uno de los “funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión contra la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos pide un cambio”. 

Es general de división retirado y magistrado de la Sala Político Administrativa del TSJ desde 2022. Antes de ello, fue fiscal general de la Fiscalía General Militar y jefe del Comando Antidrogas de la GNB. Además de abogado, egresado de la Universidad Santa María, es licenciado en Ciencias y Artes Militares de la Academia Militar Venezolana. 

Henry José Timaure Tapia

El actual segundo vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Civil está señalado por corrupción, luego de ser el ponente de una sentencia de noviembre de 2022 que, de acuerdo con una investigación de Armando.info, favoreció a la aerolínea Rutaca y revirtió la orden dictada por un tribunal de Bolívar que exigía a la empresa pagar una deuda de dos millones de dólares al empresario Julio César Cuesta Eisler. Timaure Tapia además ocultó que había un conflicto de intereses en el caso: su hijo, Henry Antonio Timaure Colmenares, era para entonces director de mantenimiento aeronáutico de la aerolínea.

El general de división retirado, que se graduó en la misma promoción que Diosdado Cabello, llegó al TSJ en abril de 2022. Fue presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar cuando tribunales militares enjuiciaron a decenas de civiles en medio de las protestas antigubernamentales de 2017.

Magistrados en apertura del año judicial 2026
Doce de los magistrados que estuvieron en enero en la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026 ya no estarán en el TSJ. Foto: TSJ.

Rojos rojitos

Luis Fernando Damiani Bustillos

Damiani Bustillos, que ingresó a la Sala Constitucional desde diciembre de 2015, suscribió todas las sentencias que se emitieron en esa sala para menoscabar las funciones de la AN 2016-2021, de mayoría opositora. Sus acciones le valieron sanciones de Estados Unidos, Canadá, Panamá.

Es abogado egresado de la Universidad Santa María, profesor universitario y coordinador general del Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura del TSJ desde 2015. 

Antes de dedicarse a labores en la justicia venezolana, fue viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Universitaria (2010-2011), rector encargado de la Universidad Bolivariana de Venezuela (2009-2010) y vicerrector de la misma casa de estudios (2007-2009).

Si bien Damiani no fue militante del PSUV, sí se identificó con el chavismo en actos públicos en los que advirtió que el país estaba en peligro cuando la oposición ganó las elecciones legislativas de diciembre de 2015.

Malaquías Gil

Aunque debía estar en su cargo por 12 años, logró mantenerse 16. Gil fue magistrado y vicepresidente de la Sala Electoral hasta 2022. Durante esa temporada, el gobierno de Canadá lo sancionó por haber dado luz verde a “las ilegítimas y antidemocráticas elecciones presidenciales del 20 de mayo” de 2018.

El abogado de la Universidad de Los Andes, con especializaciones de Derecho Laboral y Seguridad Social, pasó a la Sala Político Administrativa en 2022. Antes de llegar al TSJ tuvo un pasado militante: fue diputado a la Asamblea Nacional por el MAS, cuando apoyó a Hugo Chávez, y luego por Podemos, en representación del estado Trujillo. 

Carmen Eneida Alves

Fue designada como integrante de la Sala Casación Civil en abril de 2022, aunque ingresó como miembro de la Sala Electoral en junio de 2020. Fue elegida magistrada suplente de la Sala Electoral en 2010 y 2015. Abogada egresada de la Universidad Santa María.

Tres “licencias” y una “falta absoluta”

Gladys Gutiérrez al recibir el placet del rey de España
El rey Felipe VI junto a la exmagistrada Gladys Gutiérrez durante la entrega de cartas credenciales. Foto: EFE

Gladys Gutiérrez

La expresidenta de la Sala Constitucional y del TSJ ingresó a esta instancia en diciembre de 2010 y se fue en abril de 2024, cuando el gobierno la designó embajadora en España. Al principio, Gutiérrez salió con una “licencia” del máximo tribunal para que pudiera para desempeñar sus funciones diplomáticas, pero meses después –en medio de críticas por desempeñar un doble cargo– fue jubilada y sustituida por la magistrada suplente Janette Trinidad Córdova Castro.

A pesar de ya no estar en el cargo, Estados Unidos, Canadá, Panamá y el TIAR mantienen sanciones contra ella “por usurpar funciones de la AN electa en 2015” y “socavar la democracia”.

Su paso por el TSJ está lleno de polémicas. Recién nombrada, la prensa española cuestionó que su tesis de grado de doctorado en la Universidad de Zaragoza fue avalada por un tribunal que tenía a dos profesores integrantes del partido Podemos (Juan Carlos Monedero y Francisco Palacios). 

Además, es recordada por declarar “inadmisibles” los 10 recursos que señalaron un presunto fraude en las elecciones que Maduro ganó a Henrique Capriles en abril de 2013. Cuando la oposición dominó al Parlamento, ordenó el cumplimiento del Decreto de Emergencia Económica que había sido rechazado por la AN y echó para atrás varias de las leyes aprobadas en el hemiciclo, como la Ley de Amnistía y Reconciliación.

Gutiérrez no puede esconder su afiliación con el chavismo. Fue militante del MVR y llegó a ser candidata por ese partido a la gobernación de Nueva Esparta y, luego, diputada suplente a la Asamblea Nacional. También fue ministra consejera de la embajada venezolana en España y cónsul general en ese país. Chávez la designó Procuradora General de la República en 2006.

Entre 2020 y 2021, el TSJ la designó rectora principal temporal del Consejo Nacional Electoral. Posteriormente regresó a su cargo de magistrada. 

Calixto Ortega

El otrora magistrado de la Sala Constitucional es otro que tiene un pasado chavista inocultable. Desde 1998 militó en el MVR, partido con el que fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y diputado a la AN en 2000. Con el PSUV, repitió en el Parlamento en 2005. En 2013 fue encargado de negocios en Estados Unidos y, luego, vicecanciller para Europa. 

Su posición en la Sala Constitucional le permitió ser el ponente de tres de las sentencias dictadas en 2016 que anularon leyes aprobadas por la AN de mayoría opositora: la reforma de la Ley del BCV, la ley especial para atender la crisis nacional de salud y la ley orgánica del servicio nacional de policía. Con este historial, recibió sanciones de Estados Unidos, Canadá, Panamá y el TIAR.

A inicios de 2022, el TSJ le concedió una licencia a Ortega cuando la AN lo designó embajador ante la Corte Penal Internacional (CPI). Para ese momento, esa instancia acababa de abrir sus investigaciones al Estado venezolano por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Su lugar lo ocupó la magistrada suplente Michel Adriana Velásquez Grillet. Aunque Ortega dejó su puesto en La Haya (Países Bajos) a principios de 2024, jamás se reincorporó a la Sala Constitucional.

Carlos Alexis Castillo

En marzo de este año, Castillo salió del TSJ porque Delcy Rodríguez lo nombró ministro del Trabajo en sustitución de Eduardo Piñate, quien estaba en el círculo de confianza de Maduro. Su designación causó polémica porque era magistrado y vicepresidente de la Sala de Casación Social del TSJ desde abril de 2022 y se le otorgó una “licencia” para ejercer su nuevo cargo. En su lugar se designó a la magistrada suplente Eneida Alexandra Moreno Pérez.

Es abogado, especializado en Derecho del Trabajo y Derecho Procesal Civil, cercano a los hermanos Rodríguez. Fue Síndico Procurador Muncipal y director de Recursos Humanos de la Alcaldía de Libertador cuando Jorge Rodríguez era la máxima autoridad en esa jurisdicción. Delcy Rodríguez lo puso a cargo del la dirección de Recursos Humanos de la Cancillería y, más adelante, del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior cuando ella tenía las riendas de estas instituciones.  

Bárbara César Siero

La magistrada de la Sala Político Administrativa se fue del TSJ en medio de la opacidad. En enero de 2024, se conoció que dos de sus hermanos militares del Ejército (el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero) fueron detenidos por presuntamente estar vinculados a una trama conspirativa. A ambos los degradaron y expulsaron de las Fuerzas Armadas.

En abril de 2024 se informó que desde el 13 de marzo el magistrado suplente Emilio Ramos González ocupó el lugar de César Siero por su falta absoluta, aunque nunca se aclaró si ella había renunciado o si fue jubilada. 

La hoy exmagistrada, especialista en derecho tributario y administrativo, no estuvo exenta de polémicas. Trabajó como defensora pública, coordinadora de Jueces Penales Itinerantes de Caracas y jueza 29 de Control de Caracas. En ese cargo, dictó medidas cautelares contra el diario TalCual y el ministro Carlos Genatios en demanda interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

También fue defensora agraria (perdió el caso) del general Víctor Cruz Weffer, excomandante general del Ejército y responsable del Plan Bolívar 2000 y del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), quien fue imputado por corrupción y enriquecimiento ilícito. 

Sentencias express y el próximo presidente del TSJ

Sala Electoral del TSJ
Se espera que la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, sea sustituida en esta reestruturación. Foto: TSJ.

Esta reestructuración del TSJ también ha estado marcada por un ritmo frenético de sentencias. El abogado penalista y defensor de derechos humanos, Joel García, advirtió que entre el 20 y 27 de abril se emitieron 227 sentencias, “un volumen que sugiere una urgencia procesal vinculada a la transición y no a la eficiencia judicial”.

Solo un día, el 24 de abril, se produjeron 168 fallos, es decir, se aprobó una sentencia cada 2.8 minutos (en una jornada laboral de ocho horas). “Matemáticamente, es imposible garantizar el estudio del expediente, la deliberación y la técnica jurídica que exige el máximo tribunal”, aseguró. La sala Civil acaparó 50% de las decisiones, mientras que la Penal hizo lo propio con 25% y la Político-Administrativa con 14%.

El exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, adelantó que el magistrado con mayores probabilidades de convertirse en el próximo presidente del máximo tribunal es el actual vicepresidente de la Sala de Casación Social Elías Rubén Bittar Escalona, quien se convirtió en magistrado en abril de 2022. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con diploma de Estudios a Profundidad en Derecho Público Intern. Fue consultor jurídico de las Empresas 1BC-RCTV, asesoró a la Comisión de Política Interior de la AN para el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Municipal y a la Procuraduría General del estado Bolívar. El desenlace de esta historia se conocerá cuando se instale el nuevo TSJ.

Emergencia humanitaria, represión y migración forzada: por qué no es tan fácil “superarlo y perdonar”

Durante las últimas horas varios venezolanos respondieron al mensaje que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dirigió a la diáspora que albergase “algún tipo de resentimiento” contra el Gobierno. El 29 de abril el funcionario dijo a los connacionales en el extranjero: “supérenlo, perdónanos y vente”.

En las redes sociales muchos decidieron citar la frase de Rodríguez y la acompañaron de duras fotos y videos que reflejan hechos como la emergencia humanitaria compleja, la represión a las protestas ciudadanas de la oposición, el asesinato de manifestantes y la migración de millones en condiciones precarias.

Algunas de las imágenes ilustran cómo miles de venezolanos en los últimos años atravesaron la selva del Darién, un trayecto de 100 kilómetros que separa Colombia de Panamá, rumbo a México y los Estados Unidos.

Otros compartieron la frase con imágenes y videos de las protestas de 2014 y 2017 en el que se observa la represión de los cuerpos de seguridad del Estado a quienes protestaban. Incluyeron una foto de Diego Arellano un biólogo de 31 años de edad asesinado durante las manifestaciones del año 2017.

El periodista Orlando Avendaño publicó en su cuenta de X una foto de Franklin Brito, el productor agropecuario que en 2009 comenzó una huelga de hambre para protestar contra la expropiación de sus tierras y falleció un año después, lo que lo convirtió en un símbolo de resistencia frente al chavismo.

Un intento de “borrón y cuenta nueva”

El hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que “hay que pasar la página de los odios, hay que pasar la página de la violencia estéril, hay que pasar la página de la polarización. Ya hemos vivido suficientes dolores, ya hemos pasado por suficientes dificultades, ya hemos experimentado situaciones que jamás, ni en la peor de las pesadillas pensábamos podíamos vivir las venezolanas y los venezolanos”.

Para el defensor de derechos humanos, Rafael Uzcátegui, resume una estrategia que busca hacer un “borrón y cuenta nueva” ante este nuevo momento político, donde se olviden estos hechos como la represión y persecución a la disidencia o el fraude electoral. También consideró que pedirles a los afectados perdonar “desplaza la carga hacia las víctimas” sin un reconocimiento claro de responsabilidades por parte de las autoridades. Por último señala que la invitación al retorno se hace sin que se hayan modificado aún las condiciones que provocaron el éxodo masivo.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.