Gladys Gutiérrez, El 'brazo judicial' de Maduro que se doctoró en tres visitas a Zaragoza
Gladys Gutiérrez, El ‘brazo judicial’ de Maduro que se doctoró en tres visitas a Zaragoza

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Nadie recuerda haber coincidido con ella en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. Gladys María Gutiérrez Alvarado -actual presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela- ha sido noticia esta semana al descubrirse que la lectura de su tesis en 2011 tuvo lugar en Zaragoza ante un tribunal que tenía entre sus miembros a dos profesores de Podemos. Uno de ellos fue Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y fundador del partido morado. “Me enteré de la noticia por la prensa. No sabia quién era ni que se había doctorado aquí”, cuenta un veterano profesor zaragozano.

Es normal que nadie la recuerde: el periplo del ‘brazo judicial’ de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por Zaragoza se limita a tan sólo tres visitas. Dos fueron para hablar con el director de su tesis, el profesor de Derecho Constitucional Francisco Palacios, y una última para defender su trabajo El nuevo paradigma constitucional latinoamericano. En sus dos primeros paseos por Zaragoza ni siquiera durmió en la ciudad: vino y se fue en AVE. Tiene casa en Madrid porque está casada con un español, hijo de padres inmigrantes, que vive en Venezuela y al que conoció allí. Sin embargo, en su tercera visita, el día que leyó su tesis, sí hizo noche en Zaragoza en uno de los hoteles con más renombre de la ciudad, el Palafox, un cinco estrellas con el que la Universidad tiene un convenio para este tipo de actos.

Bebiendo una Coca Cola Zero, Francisco Palacios dice estar abrumado por la noticia adelantada porEl Mundo. Él fue el director de su tesis y también es de Podemos porque se presentó a las primarias de este partido en Aragón, aunque no consiguió los votos necesarios para entrar en el Consejo Ciudadano. Gladys le ha llamado por teléfono estos días:

-¿Qué le dijo?

-Me dijo que menudo follón que se había montado. Y me preguntó que qué podía hacer. Le dije que contara la verdad. Que ella estudió el Diploma de Estudios Avanzados en la Complutense y que luego se doctoró en Zaragoza ante un tribunal plural, que le concedió cum laude por unanimidad, con un tema que manejaba a la perfección porque ella misma había sido protagonista de la historia.

La Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza defiende que se siguió el proceso normal para seleccionar a los miembros del tribunal: el director de la tesis propuso sus nombres, su Departamento no puso reparos y la comisión valoró positivamente los currículos de todos los profesores al entender que eran expertos en el tema. “Podría haber traído a Pablo Iglesias o a otra gente. Pero propuse que el presidente del tribunal fuera Manuel Ramírez Jiménez”, recuerda Palacios. Ramírez Jiménez falleció hace un año y fue un catedrático de Derecho Político de gran prestigio, cuyo pensamiento viró del PSOE a la derecha. “Sus ideas eran la antítesis del chavismo”, señalan todos los profesores consultados por EL ESPAÑOL. En el tribunal también estuvo Andrés García Inda, que ahora es el director del colegio de los Jesuitas de Zaragoza y al que tampoco se le relaciona con el partido de los círculos.

 

SENTENCIAS POLÉMICAS

Gladys Gutiérrez, de 54 años, está siendo criticada por su supuesta falta de imparcialidad desde que se convirtió en presidenta del Tribunal Supremo en 2013, un mes después de que Nicolás Maduro fuera nombrado presidente. Su primera sentencia polémica fue declarar “inadmisibles” los diez recursos interpuestos por la oposición venezolana ante el presunto fraude cometido en las elecciones que Maduro ganó a Henrique Capriles en abril de 2013 por tan solo un 1,49% de los votos.

Desde que la oposición logró la mayoría en la Asamblea, Gutiérrez Alvarado se ha convertido en la punta de lanza de Maduro para neutralizar al Parlamento. En este sentido, ha ordenado cumplir el Decreto de Emergencia Económica pese a que había sido rechazado por la Asamblea, única institución con capacidad para validar este tipo de decisiones presidenciales, según la Constitución venezolana. También ha tumbado la promulgación de normas aprobadas por el Parlamento, como la Ley de Amnistía y Reconciliación.