Durante el auge que ha tenido la inteligencia artificial en la actualidad, me he dedicado a señalar que esta tecnología no puede sustituir al ser humano ni, mucho menos, su criterio. Sin embargo, es innegable la manera positiva en que puede ser utilizada, como ocurre en el caso de la canción Bonito bonito, asociada al proyecto de Thiago Navarro.
Mi crítica hacia la inteligencia artificial siempre ha estado orientada a cuestionar la idea de que pueda asumir, por sí sola, las labores que corresponden al ser humano. Nunca he estado en contra de los mensajes, las ideas o las creaciones que puedan generar bienestar en una sociedad que, en muchos sentidos, atraviesa un proceso de deshumanización.
Me resulta sorprendente que todavía existan personas que, desde el miedo, expresen opiniones sobre lo que la inteligencia artificial puede significar para la industria musical. Bajo mi punto de vista, quizás el problema no sea la industria musical ni tampoco la inteligencia artificial. El verdadero desafío está en la manera en que utilizamos estos recursos.
Particularmente, y sin ser un experto en la industria musical, considero que la creación de un personaje como Thiago Navarro plantea una necesidad de cambio en la manera de hacer música. Pero cambiar no significa necesariamente sustituir.
Vivimos una época marcada por conflictos, guerras, poder y ambición. En medio de ese contexto, el mundo necesita también una dosis de motivación que pueda expresarse a través de la música. Porque la música no es solamente una forma de entretenimiento o expresión; también es una herramienta para transmitir mensajes, despertar emociones y preguntarnos qué tan trascendentes queremos ser.
Desde mi perspectiva, Thiago Navarro también representa un llamado de atención frente a la poca creatividad en la que, considero, ha degenerado una parte de la música actual. No se trata de negar un género musical, sino de preguntarnos qué estamos consumiendo, qué estamos promoviendo y qué tipo de mensajes queremos que formen parte de nuestra sociedad.
Como seres humanos, debemos prestar atención a la música que escuchamos y, sobre todo, a la intención con la que la escuchamos. Lo que está de moda no necesariamente es lo más constructivo o educativo para los tiempos que estamos viviendo.
Por eso considero que cada canción construida bajo el seudónimo de Thiago Navarro puede convertirse en un llamado a la reflexión y a recuperar la humanidad en todo el sentido de la palabra.
Necesitamos, en esencia, dosis de motivación, autoestima, cercanía y esperanza para continuar nuestro camino y procurar dejar una huella trascendente en este espacio temporal que llamamos vida.
La inteligencia artificial puede cambiar la manera en que creamos contenido musical, pero no debería hacernos olvidar el por qué componemos. La tecnología puede ser una herramienta extraordinaria, siempre que no perdamos de vista aquello que nos hace humanos.
Porque lo humano nos identifica, lo distinto nos une y, como bien sabemos, lo esencial es invisible a los ojos del alma.
Alvin Hellerstein, juez del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, denegó este 8 de octubre el arresto domiciliario a Cilia Flores, exprimera dama de Venezuela durante el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. La audiencia coincidió con la decisión de la Fiscalía Federal de Nueva York de imputarle a Flores los delitos de tortura contra ciudadanos estadounidenses y dirigentes políticos venezolanos.
El pasado 24 de septiembre la Fiscalía Federal de Nueva York había rechazado la solicitud de Flores de tener arresto domiciliario por motivos de salud. La Fiscalía argumentó que Flores es una persona de «alto riesgo» por sus grandes sumas de dinero y sus conexiones con políticos y comerciantes internacionales. Este 8 de octubre el Tribunal Federal reiteró la decisión bajo los mismos argumentos de la Fiscalía.
«No hay ninguna combinación que haga que ese riesgo sea menos grave», destacó Hellerstein.
El juez afirmó que, si Flores llegara a fugarse y arribara a Venezuela, el país suramericano no extraditaría a la acusada de regreso a Estados Unidos para enfrentar el juicio.
Ante los argumentos de la defensa de Flores sobre las medidas de seguridad que puede tener la acusada durante el arresto domiciliario, Hellerstein señaló que ya lleva meses familiarizado con el expediente, enfatizó la gravedad de las acusaciones y afirmó que el Gobierno estadounidense cuenta con «pruebas fuertes» para llevar a cabo el juicio.
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Cilia Flores, esposa del exgobernante venezolano, Nicolás Maduro, escuchando al juez Alvin Hellerstein, durante una audiencia celebrada el 8 de octubre en un tribunal de Nueva York/ Foto: EFE/ Jane Rosenberg
De la sonrisa a la seriedad
De acuerdo con las descripciones de las personas presentes en la audiencia —y recopiladas por la agencia EFE—, Flores lucía visiblemente más delgada y con el cabello completamente teñido de rubio. En otras audiencias la exprimera dama tenía raíces y canas visibles. La defensa de Flores alegó que ella perdió 11 kilos y 2 dientes durante su encierro, desde el 3 de enero de 2026.
Flores entró sonriente a la audiencia, pero cambió a un semblante serio a medida que avanzaba el debate.
El juez argumentó ante la defensa de Flores que ella se veía en un mejor estado comparado a su primera audiencia en enero, justo después de ser capturada en Caracas junto a Nicolás Maduro, su esposo. Para ese entonces, tenía lesiones visibles en su cuerpo.
«La cárcel no es un lugar lindo, pero sus alegaciones son serias», aseveró Hellerstein, al justificar por qué no debía recibir arresto domiciliario.
Flores se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (CDMB), una prisión federal de alta seguridad. De acuerdo con su página web oficial, el centro penitenciario alberga más de 1300 privados de libertad. Cada celda mide aproximadamente cinco metros cuadrados.
Según la defensa de Flores, la acusada necesita someterse a un cateterismo cardíaco y tener su procedimiento lejos de las 40 privadas de libertad con las que comparte espacios comunes.
Pero Flores no desea someterse a exámenes médicos dentro del CDMB.
Hellerstein desmontó el argumento: reveló que él mismo se ha sometido a un cateterismo y recordó que es un procedimiento breve, de un solo día, que define los pasos médicos a seguir de su presunta condición médica.
Nuevas acusaciones
Al terminar la audiencia, el fiscal federal Jamie McDonald informó que Flores y Maduro serán sujetos de nuevos cargos ante el sistema de justicia federal: conspiración para cometer tortura contra ciudadanos estadounidenses y venezolanos, como parte de «un sistema de represión destinado a preservar su permanencia en el poder».
«Esta conducta, alegamos, ha causado grandes daños a los ciudadanos estadounidenses y un daño generacional a los ciudadanos venezolanos. Esto es el epítome de la corrupción. Para todos los venezolanos y americanos que han sido víctimas de esta red acusada: no nos detendremos», señaló McDonald durante una rueda de prensa a las afueras de la Fiscalía Federal.
🚨U.S. Attorney Jamie McDonald for @SDNYnews on the new torture charges against Nicolás Maduro and his wife Cilia Flores:
“This case is the result of incredible cooperation among law enforcement agencies, and it shows that we and our law enforcement partners will make… https://t.co/chubFegqgxpic.twitter.com/06oI32ceTP
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) October 8, 2026
Durante la comparecencia de McDonald, un pequeño grupo de manifestantes coreaban para exigir la libertad de Flores: «Cilia, aguanta. El pueblo se levanta».
Estos nuevos cargos se suman a las imputaciones sobre corrupción y narcoterrorismo que ya pesaban sobre Maduro y Flores desde el 3 de enero de 2026.
Flores deberá permanecer en el MDCB a la espera de su próxima audiencia, que será el 17 de noviembre, donde se discutirá el asunto de la inmunidad de ella y de Maduro por los cargos que ostentaban en Venezuela.
Pero McDonald ya presentó un contraargumento ante la Fiscalía el pasado 2 de octubre: «Hasta la fecha, Venezuela no ha alegado que Maduro Moros o Flores de Maduro gocen de inmunidad frente a acciones judiciales en este caso o en cualquier otro procedimiento actualmente en curso en los Estados Unidos».
La ONG Conexión Segura, a través de su capítulo VE Sin Filtro, notificó que al menos 143 dominios web siguen bloqueados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) al 8 de octubre, 14 días después de que Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela bajo el aval de Estados Unidos, ordenara levantar «las medidas administrativas» de censura en internet.
«Queda claro que solo se quiso desbloquear algunos sitios. De 200 dominios bloqueados en Venezuela a principios de septiembre, solo 45 de ellos fueron desbloqueados en todos los proveedores que medimos, y 71 han dejado de estar bloqueados en al menos uno de ellos», denunció la ONG a través de un comunicado a la prensa.
Según VE Sin filtro, aún quedan 24 portales de noticias que siguen bloqueados en todos los proveedores de internet en el país.
Además, otros 31 dominios relacionados a plataformas para vencer la censura en internet y VPN siguen bloqueados. En la lista también se incluyen 23 casos de dominios web sobre comercio, 7 dominios web de plataformas políticas y 7 dominios web de organizaciones de derechos humanos.
«Entre los bloqueos que siguen activos, el más antiguo es el de DolarToday, desde enero de 2016, hace casi once años, a pesar de que el sitio web cerró», destacó VE Sin Filtro.
Desbloqueo a cuentagotas
De los 24 portales de noticias que aún siguen bloqueados por Conatel, VE Sin Filtro pudo identificar que los medios ArmandoInfo (bloqueado desde octubre de 2020), El Nacional (2017), La Patilla (2018), NTN24 (2014), Infobae (2018), PBS (2026) ni VPITV (2017) siguen bajo el bloqueo de todos los proveedores de internet venezolanos.
Mientras tanto, portales como Radio Fe y Alegría o The Wall Street Journal se mantiene bloqueados en al menos un proveedor de internet.
lista de dominios web de noticias bloqueados en Venezuela. Elaboración: VE Sin Filtro. Última actualización: 6 de octubre de 2026
«Movistar reactivó el bloqueo a Radio Fe y Alegría Noticias, que estuvo accesible alrededor de día y medio, y a PBS, que estuvo accesible unos dos días. Movistar, además, cambió muchos de sus bloqueos de DNS a HTTP/HTTPS el 25 de septiembre, y algunos dominios adicionales estuvieron disponibles muy brevemente antes de que el cambio se completara», destacó la ONG.
VE Sin Filtro denunció que el desbloqueo ha sido desigual incluso entre los proveedores. Destacó el caso de Airtek, que a finales de septiembre liberó 15 dominios web que ningún otro proveedor tenía bloqueado. Entre esos sitios desbloqueados se conseguían 11 plataformas digitales para evadir la censura digital, como ProtonVPN —que ofreció sus servicios gratuitamente desde julio de 2024, durante las elecciones presidenciales—, y que otros proveedores aún no han desbloqueado.
La sociedad civil, mientras tanto, sigue protestando por las garantías a la libertad de expresión.
«Reiteramos que Conatel debe publicar las instrucciones que dio a los proveedores y que deben levantarse todos los bloqueos arbitrarios o realizados exclusivamente por vía administrativa. El levantamiento de las restricciones existentes necesita estar acompañado de garantías que impidan su reinstalación mediante decisiones administrativas discrecionales», denunció VE Sin Filtro.
La justicia de Estados Unidos amplió las acusaciones contra Nicolás Maduro y Cilia Flores al imputarles una conspiración para cometer tortura contra ciudadanos estadounidenses y venezolanos, como parte de “un sistema de represión destinado a preservar su permanencia en el poder”.
La acusación formal de 71 páginas, hecha pública este jueves, sostiene que Maduro autorizó y supervisó el uso de torturas, detenciones arbitrarias y violencia contra opositores políticos.
El director del FBI (Federal Bureau of Investigation), Kash Patel, sostuvo que la pareja deberá encarar nueva acusaciones por “someter a más de una docena de ciudadanos estadounidenses a torturas mientras estaban bajo custodia, incluyendo drogas, electrocución, agresión sexual y más”.
Indicó además que en Venezuela se emplearon métodos como asfixia, palizas brutales, privación del sueño y violencia psicológica.
Según el documento judicial, miles de venezolanos fueron “acosados, amenazados, detenidos, procesados, agredidos, torturados o asesinados” por personas que actuaban bajo las órdenes del gobierno de Maduro.
El escrito también afirma que el exgobernante llegó a amenazar personalmente con matar al hijo de un detenido como mecanismo de tortura psicológica.
La acusación menciona además a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), organismo que estuvo dirigido por el general Hugo “El Pollo” Carvajal, quien posteriormente se declaró culpable en Estados Unidos de cargos relacionados con narcotráfico.
Tres estadounidenses entre presuntas víctimas
El expediente señala que entre las personas presuntamente torturadas se encontraban tres ciudadanos estadounidenses, cuyas identidades no fueron reveladas.
Uno de ellos habría sido golpeado, sometido a descargas eléctricas y obligado a ingerir su propio vómito durante ocho meses de reclusión.
Otro habría sufrido una golpiza que requirió una prolongada hospitalización y le introdujeron un arma de fuego en la boca. El tercero habría permanecido esposado y encapuchado mientras era golpeado repetidamente durante dos días, lo que le provocó una lesión ocular permanente.
Además de los cargos anteriormente imputados, esta actualización acusa a Flores de utilizar su influencia política, judicial y familiar “para coordinar y dar cobertura legal a las operaciones financieras ilícitas y a las redes de represión del entorno presidencial”.
La Fiscalía incluyó también a Flores en la acusación por conspirar para cometer narcoterrorismo, que hasta ahora solo recaía sobre su esposo, Nicolás Maduro.
El abogado venezolano en Nueva York, Nizar El Fakih, informó a través de su cuenta de X también este 8 de octubre que el juez Alvin K. Hellerstein negó la solicitud de la defensa de Flores de otorgar casa por cárcel.
Los abogados de la denominada “primera combatiente” pidieron que sea liberada y trasladada a arresto domiciliario debido a problemas cardíacos que aseguran no pueden ser tratados adecuadamente en prisión.
De acuerdo con la defensa, la casi septuagenaria ha perdido unos 11 kilos desde su encarcelamiento y presenta mareos persistentes, vértigo y dificultad para respirar.
Sus abogados afirmaron que podría haber sufrido un ataque cardíaco leve en julio y que existe la posibilidad que requiera una cirugía.
De acuerdo con AP, la Fiscalía estadounidense se opuso a su liberación y argumentó que Flores representa un “riesgo extremo de fuga y un peligro para la sociedad”.
Ratificación de señalamientos previos
El documento ratifica y expande los cargos previos relacionados con el tráfico internacional de drogas y vincula a la pareja con el Cartel de los Soles, una estructura gubernamental y militar descrita como “una organización ilícita que colaboró activamente con facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para inundar los Estados Unidos con cocaína”.
Además les acusan de emplear el espacio aéreo y marítimo desde Venezuela “utilizando el poder del Estado para proteger los cargamentos de droga a cambio de millonarios sobornos”. También se les acusa de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspiración para poseer dicho armamento pesado en apoyo de actividades de narcotráfico.
Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde que fueron capturados el pasado 3 de enero,en el marco de una operación estadounidense en Caracas.
La expareja presidencial se ha declarado inocente de los cargos de narcotráfico que ya enfrentaban y que podrían acarrearles cadena perpetua en caso de ser condenados.
La Corte Penal Internacional (CPI) mantiene una investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante su gobierno.
Por su parte, la justicia argentina solicitó a Estados Unidos la extradición de Maduro por crímenes de lesa humanidad, incluyendo torturas, secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Donde antes estaba el edificio Residencias Arichuna, en la avenida José María España de La Guaira, diagonal al Karting, en el sector Los Corales, hoy solo hay un terreno despejado. La estructura colapsó con el doblete sísmico del 24 de junio y 38 personas murieron bajo los escombros.
“Ya lo limpiaron y todo. Quedó fue el puro terreno”, cuenta José Espinoza, quién solía vivir en el apartamento 6F.
Tres meses después, el dolor por los familiares, amigos y vecinos fallecidos, y por la pérdida de sus hogares, no es lo único que acompaña a los sobrevivientes. El camino hacia una nueva vivienda también está bloqueado.
La causa es un error en el censo oficial que hicieron a los afectados por los terremotos. Así lo explica la Junta Liquidadora del Condominio Residencias Arichuna en una carta dirigida al vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, en la que le solicitaron una audiencia.
“Al momento de realizarse el censo oficial por parte de las autoridades del estado La Guaira, se cometió un error material e involuntario al calificar los apartamentos de nuestro conjunto residencial, colocando en la base de datos y en los QR la etiqueta amarilla. La verdadera y correcta calificación que corresponde a nuestras propiedades es la etiqueta roja (edificación colapsada), tal y como quedó debidamente sustentado en el informe emanado por el inspector o perito valuador en el sitio”.
No solo ocurre que cuando los propietarios se buscan aparece la etiqueta amarilla e incluso verde, sino que además la dirección que le asignan a las residencias es errónea: en otros sectores de la Guaira y hasta en Caracas.
La carta la entregaron el 20 de septiembre y, hasta la fecha de esta publicación no ha recibido respuesta.
Este error es grave porque impide a los antiguos residentes solicitar los créditos para comprar nuevas viviendas que el Gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció el 29 de julio. “Esta dilación mantiene paralizados nuestros trámites y agrava el estado de vulnerabilidad de las familias afectadas, quienes dependen estrictamente de dicha corrección para poder avanzar en las soluciones habitacionales correspondientes”, agrega el documento.
“Nosotros ya hemos introducido toda la documentación, cartas explicativas, de todo”, insiste Espinoza. Han acudido al Plan Venezuela Renace y al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih), ente adscrito al Ministerio para Hábitat y Vivienda. La respuesta, según relata, siempre es la misma: “‘En tres días está resuelto’ y de eso tenemos ya dos, tres meses en ese cuento y la gente está parada con los créditos”.
Espinoza pidió una vez más que se agilicen estos trámites. Señala que hay mucha gente desesperada y que no tienen dónde vivir, por lo que han tenido que irse a refugios o estar “arrimados” en casa de vecinos, familiares o amigos. “Ya que el Gobierno ofreció que iba a hacer esa ayuda, queremos poder acceder a ese crédito y seguir nuestras vidas”.
Un trámite con muchas trabas
El caso de las Residencias Arichuna no es aislado. Desde que se anunció el programa de créditos, han surgido varias denuncias recogidas por medios de comunicación por trabas burocráticas, falta de información unificada y desfases con la realidad económica del país.
Una de las problemáticas que saltó a la vista era la posibilidad de que aunque el financiamiento se calcula en divisas, el dinero se liquide en bolívares, situación que causa rechazo entre los vendedores del mercado inmobiliario por la brecha cambiaria. El Correo del Caroní portó además que bancos y oficinas del Servicio Autónomo de Registros y Notaría (SAREN) exigen documentos complejos de tramitar o certificar tras la tragedia.
A esto se suman las distorsiones del mercado. Algunas inmobiliarias y propietarios cobran de forma irregular adelantos del 10 % en dólares para “reservar” la vivienda, o inflan los precios al conocer el monto preaprobado por el banco, informóLa Verdad de Vargas. Estos intentos de especulación financiera fueron rechazados por la ministra para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, a través de VTV.
Mientras tanto, los testimonios de las personas damnificadas ilustran el impacto de la situación. El Pitazocontó el caso de Marco Rojas, quien lleva semanas armando carpetas que son rechazadas una y otra vez por cambios en los criterios. El medio también reportó que vecinos de La Guaira que vivían en edificios marcados con etiqueta roja tenían trabas para avanzar en comprar nuevas viviendas porque los bancos exigen un certificado explícito de edificación colapsada que las autoridades aún no emiten.
Por su parte, Crónica.unoretrató el testimonio de dos mujeres de más de 70 años de edad a quienes les preocupa que un esquema de créditos a 25 o 30 años no sea viable para jubilados que sobreviven con pensiones mínimas y no cuentan con las certificaciones de ingresos fijos que exige la banca.
La salida del poder de Nicolás Maduro y la nueva relación de la administración de Donald Trump con el gobierno interino de Delcy Rodríguez abrieron una carrera por los negocios petroleros, de acuerdo con un artículo publicado por el Washington Post.
El medio reseñó que la experiencia dentro del gobierno estadounidense se convirtió en un activo para exfuncionarios que ahora buscan oportunidades en el sector privado venezolano.
Uno de estos casos es el de Michael Jensen, quien dejó a finales de mayo su cargo como responsable de los asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Según el diario estadounidense, tres días después de renunciar, Jensen abordó un avión privado junto al empresario de criptomonedas, Fred Ehrsam, cofundador de Coinbase y el 1 de junio comenzó a trabajar para Primavera, una empresa energética creada por Ehrsam que busca desarrollar actividades de exploración en Venezuela. La compañía dijo que la responsabilidad de Jensen está relacionada con la creación de la infraestructura necesaria para iniciar operaciones energéticas en Venezuela.
Jensen no es el único exfuncionario estadounidense que ha encontrado nuevas oportunidades en Venezuela.
Brittany Kelm, quien trabajó como asesora principal de políticas del Consejo de Dominio Energético Nacional de la Casa Blanca, se incorporó a Sable Offshore, compañía que negocia contratos con el gobierno venezolano para desarrollar yacimientos petrolíferos.
Durante su paso por la administración Trump, Kelm participó en la reapertura del sector energético venezolano y viajó tres veces a Caracas.
También está el caso de Micah Thomas Ketchel, exasesor sénior del Departamento de Estado, quien se incorporó a Ballard Partners y pasó a formar parte de sus equipos dedicados al hemisferio occidental y Venezuela.
Puerta giratoria en Washington
El fenómeno ha despertado cuestionamientos sobre la ética de exfuncionarios estadounidenses.
La legislación federal establece restricciones para los exfuncionarios, entre ellas prohibiciones para ejercer presión ante el gobierno en asuntos en los que hayan trabajado.
Richard Painter, exabogado jefe de ética de la Casa Blanca durante la presidencia de George W. Bush, señaló que Jensen no estaría infringiendo las normas siempre y cuando no utilizara información clasificada o hiciera lobby ante el gobierno en asuntos específicos de su antigua gestión.
“Me preocupan los próximos dos años, hasta el final de este mandato, con personas que pasan al sector privado y sacan provecho económico de sus contactos”, afirmó Painter
La preocupación no se limita a Jensen.
Juan González, quien formó parte de la administración del presidente demócrata Joe Biden como director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, también ha estado viajando a la nación venezolana para recopilar información destinada a su labor de consultoría en la region.
Carlos Trujillo, exembajador de Estados Unidos ante la OEA y asesor de la campaña de Trump, fundó la firma Continental Strategy, que actualmente representa a al menos una docena de clientes en Venezuela.
Otros antiguos funcionarios de Trump, entre ellos Mike Pompeo, Dan Brouillette y Kimberly Breier, también participan en iniciativas empresariales vinculadas con Venezuela. Mauricio Claver-Carone, quien ocupó el mismo cargo que Jensen en el Consejo de Seguridad Nacional, aseguró que el interés empresarial por el país es evidente.
“Todo el mundo está en Venezuela”, dijo al rotativo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara Gabriela César Siero, dejó caer una bomba que muchos ya intuían, pero que ningún integrante del máximo tribunal del país se atrevía a exponer.
César Siero denunció en un video que fue sometida a presiones mientras ejercía como vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa para firmar decisiones relacionadas con la inhabilitación política de dirigentes opositores, entre ellos la ganadora de la elección primaria de 2023 y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
¿Pero quién es esta exmagistrada? Bárbara Gabriela César Siero, de 51 años, nació en el estado Bolívar y se graduó de abogada en la Universidad Santa María en 1997.
La profesional del derecho cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo, Tributario e Internacional.
A la edad de 39 años, César Siero aterrizó en el TSJ en 2014 y posteriormente ocupó la vicepresidencia de la Sala Político-Administrativa.
Su trayectoria judicial estuvo precedida por cargos en el ámbito militar y administrativo.
Entre 1997 y 1998 fue proyectista de sentencias del Consejo de Guerra Permanente en la Corte Marcial de Caracas.
Entre 2000 y 2002 se desempeñó como consultora jurídica regional del Plan Bolívar 2000 en Zulia junto al general Víctor Cruz Weffer, destituido por el fallecido presidente Hugo Chávez por sospechas de desfalco y del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), imbuido en problemas de infraestructura, corrupción administrativa e incumplimiento en la entrega de viviendas.
César Siero trabajó como defensora pública, coordinadora de Jueces Penales Itinerantes de Caracas y jueza 29 de Control de Caracas. También fue docente en la Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad de Los Andes, la Academia Militar y la Escuela Nacional de la Magistratura.
Promovida por actuar contra TalCual
Una investigación de Transparencia Venezuela reseñada por Suprema Injusticia vinculó su ascenso a la decisión que tomó en un proceso judicial iniciado por el actual ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello contra el diario TalCual y su entonces director, Teodoro Petkoff en 2014.
El proceso se originó por un artículo publicado en TalCual y firmado por Carlos Genatios, titulado “Patria, socialismo o muerte”.
En el texto se atribuía a Cabello la frase: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”.
Cabello negó haber emitido esas declaraciones y exigió públicamente pruebas o una grabación que demostrara la autoría de la frase.
Aunque posteriormente hubo una rectificación, el actual ministro continuó con la acción judicial.
El caso quedó en manos de César Siero, quien el 6 de marzo de 2014 admitió la demanda, prohibió la salida del país de los demandados y ordenó su presentación semanal ante un tribunal. Entre los afectados figuraba el director de TalCual
Rehenes familiares
En el video en el que denunció presuntas coacciones, la exmagistrada afirmó que sus dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, así como su cuñada, la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 15 de diciembre de 2023.
César Siero sostuvo que las detenciones ocurrieron el mismo día en que Machado presentó ante el TSJ un recurso para revisar su inhabilitación política.
Según la exmagistrada, la detención de sus familiares fue empleada como un mecanismo de presión para obligarla a suscribir decisiones judiciales.
“A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, afirmó César Siero en un video.
Los familiares de César Siero fueron vinculados con la denominada “Operación Brazalete Blanco”, el caso presentado por las autoridades venezolanas como una conspiración contra Nicolás Maduro.
La exmagistrada calificó la acusación como una estrategia utilizada para criminalizar a sus familiares y presionarla en su condición de integrante de la Sala Político-Administrativa. Según su denuncia, sus hermanos y su cuñada estuvieron en desaparición forzada.
De acuerdo con la versión de la exmagistrada, una semana después de las detenciones, una asistente de la Sala Político-Administrativa acudió a su despacho con decisiones que ya estaban redactadas para que las firmara.
“Teniendo a mis hermanos y cuñada desaparecidos, temiendo por sus vidas, la de mis demás familiares y la mía, procedí a firmarlas”, relató la exmagistrada.
Sus hermanos y su cuñada fueron condenados a penas de entre tres y 12 años de prisión por delitos relacionados con el caso. Guillermo Henry César y Diana Victora Justo fueron excarcelados con medidas sustitutivas de libertad, pero Guillermo Enrique César sigue tras las rejas.
Pide protección y justicia para su familia
Después de hacer pública su denuncia, César Siero solicitó protección ante organismos internacionales, entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
La exmagistrada responsabilizó al Estado venezolano, a funcionarios vinculados con su caso y a integrantes de la Dgcim por cualquier daño que pueda sufrir ella u otras personas de su entorno.
“La justicia no puede seguir siendo un instrumento de coacción. Hago responsable al Estado de cualquier cosa que pueda pasarme y a mis familiares dentro y fuera de Venezuela. Los fiscales y jueces no pueden ser cómplices de mezquindades, cuando los jueces tienen miedo ningún ciudadano puede dormir tranquilo”, dijo la exmagistrada.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a poner el foco sobre la situación de los militares, policías y otros funcionarios de seguridad detenidos por motivos políticos en Venezuela. En un comunicado publicado el 6 de octubre, el organismo pidió al Estado disponer su liberación inmediata e incondicional y cuestionó que estas personas sean procesadas mediante la jurisdicción penal militar.
La preocupación de la Comisión abarca tanto la situación jurídica de los detenidos como las condiciones en las que permanecen recluidos. También incluye denuncias sobre incomunicación, restricciones a las visitas familiares, falta de atención médica y muertes bajo custodia.
La CIDH expresó además su solidaridad con los familiares de los detenidos, quienes han denunciado dificultades para obtener información y mantener comunicación con sus seres queridos.
Casi 200 militares y funcionarios de seguridad detenidos
Los datos citados por la Comisión muestran diferencias entre los registros de las organizaciones que documentan las detenciones por motivos políticos.
Según Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), hasta el 20 de septiembre, había al menos 196 integrantes y exintegrantes de la FANB, cuerpos policiales y otros organismos de seguridad privados de libertad por motivos políticos.
De ese grupo, 165 se encontraban en servicio activo y 31 estaban retirados cuando fueron detenidos. Ocho son mujeres y al menos 14 presentarían un estado de salud grave.
El Foro Penal, por su parte, registraba hasta el 14 de septiembre a 144 militares entre las 344 personas que considera presas políticas en Venezuela.
La CIDH aclaró que la diferencia entre ambas cifras responde a los criterios utilizados por cada organización para definir y documentar las detenciones por motivación política. Al mismo tiempo, consideró que esa disparidad pone de relieve la necesidad de contar con información oficial, transparente y accesible sobre las personas privadas de libertad.
La Comisión también tomó nota de la excarcelación, reportada el 18 de agosto, de cinco militares que permanecían recluidos en el Centro Nacional de Procesados y Penados Militares Ramo Verde. Aunque recuperaron la libertad física, sus procesos continuarían abiertos y quedaron sometidos a medidas alternativas, entre ellas presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y restricciones para declarar ante medios de comunicación.
DGCIM, SEBIN y cárceles militares concentran las detenciones
Entre las instituciones de las que proviene el mayor número de detenidos aparecen la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y la propia FANB.
La CIDH señaló que, de acuerdo con información recibida de organizaciones de la sociedad civil, en estas causas se invocan principalmente delitos como la conspiración —incluso en casos que no estarían relacionados con manifestaciones públicas— y la rebelión civil.
Las personas permanecen recluidas tanto en instalaciones militares como en establecimientos penitenciarios ordinarios habilitados para recibir a procesados militares.
Entre ellos figuran el Comando Nacional Antidrogas (CNA) de la Guardia Nacional Bolivariana, Ramo Verde, el Centro de Procesados y Penados Militares de Fuerte Guaicaipuro, así como los centros penitenciarios Rodeo I, Yare II y Tocorón, entre otros.
Muertes bajo custodia y denuncias sobre condiciones de reclusión
Las condiciones de detención constituyen uno de los principales motivos de preocupación para la Comisión.
La CIDH señaló que ha recibido denuncias reiteradas sobre muertes bajo custodia y condiciones incompatibles con la dignidad humana.
Los registros de JEP citados por el organismo contabilizan el fallecimiento bajo custodia de cuatro integrantes de la FANB y dos exfuncionarios de seguridad. El Foro Penal, por su parte, informó a la Comisión sobre cuatro fallecidos: tres vinculados a la DGCIM y uno al SEBIN.
A estas muertes se suman denuncias sobre incomunicación prolongada, restricciones severas para las visitas familiares, espacios reducidos y sin ventilación y falta de atención médica oportuna y especializada.
La situación adquiere una dimensión adicional cuando las personas permanecen detenidas en instalaciones de los mismos organismos que participaron en sus capturas.
La CIDH advirtió que, cuando la custodia está a cargo de cuerpos de inteligencia o contrainteligencia que participaron en la detención, el Estado tiene un deber reforzado de garantizar la integridad personal, el acceso a una defensa técnica de confianza y una supervisión independiente de las condiciones de reclusión.
Una preocupación que la CIDH arrastra desde 2019
La advertencia de la CIDH no es nueva. En marzo de 2019, otorgó medidas cautelares para todas las personas, civiles y militares, privadas de libertad en la sede de la DGCIM, después de recibir denuncias sobre torturas y malos tratos, falta de ventilación y luz solar, deficiencias en alimentación y agua y atención médica precaria.
Desde entonces, la Comisión ha otorgado 20 medidas cautelares a favor de personas militares privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela.
El antecedente muestra que las condiciones denunciadas actualmente forman parte de una preocupación que el organismo interamericano ha documentado durante años.
La amnistía no alcanza a todos los militares detenidos
La CIDH también examinó el alcance de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026.
Según la Comisión, el alcance de esta norma para los militares detenidos por motivos políticos es limitado. El texto contempla los delitos cometidos en el contexto de 13 hechos específicos enumerados en su artículo 8 y, para los acontecimientos ocurridos entre enero y abril de 2019, excluye expresamente aquellos que constituyan el delito de rebelión militar.
Además, el artículo 9 deja fuera a quienes sean procesados por participar en acciones armadas o de fuerza contra la República por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras.
Por ello, la aprobación de la amnistía no se ha traducido en una solución general para los militares y funcionarios de seguridad que permanecen detenidos por causas que las organizaciones de derechos humanos consideran de carácter político.
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento de la CIDH es el uso de la jurisdicción penal militar para procesar a estas personas.
La Comisión recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya estableció en el caso Poggioli Pérez vs. Venezuela, resuelto en 2024, que la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional en un Estado democrático de derecho.
La Corte determinó en ese caso que Venezuela violó el derecho a ser juzgado por un tribunal competente al someter a la jurisdicción penal militar a un general en situación de retiro. También reiteró el criterio establecido previamente en Usón Ramírez vs. Venezuela.
Para la CIDH, ese precedente resulta especialmente relevante frente a la situación actual, en la que entre los detenidos hay militares activos y retirados y las acusaciones incluyen delitos como conspiración y rebelión.
Al cierre de su comunicado, la Comisión volvió a formular un llamado directo al Estado venezolano: liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, incluidos los militares, y solicitó que los procesos sean sobreseídos o que las personas sean absueltas cuando corresponda. También pidió dejar sin efecto las restricciones derivadas de esas detenciones.
Instó además al Estado a abstenerse de utilizar tanto la privación de libertad como la jurisdicción penal militar “como mecanismo de persecución o de represalia” contra personas consideradas opositoras políticas.
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