Mariana Villasmil recuerda que la primera vez que su hermano Gabriel habló de eutanasia no estaba hospitalizado ni en una fase crítica inmediata. Él había pasado recientemente por un accidente cerebrovascular transitorio y convivía con una patología prostática que había ido avanzando con los años. Ninguno de los diagnósticos implicaba una situación terminal inmediata, pero sí un cambio progresivo en su calidad de vida y en su autonomía cotidiana.

Fue en ese contexto que mencionó la eutanasia por primera vez. No como una decisión, sino como una idea.

“Dijo que no quería llegar a un punto donde ya no pudiera decidir nada. No hubo dramatismo. Fue más bien una forma de poner en palabras algo que ya venía pensando”, recuerda Mariana.

Un vacío legal que no nombra el final de la vida

En Venezuela, la eutanasia no está regulada. Se entiende como la intervención médica para provocar la muerte de un paciente que sufre una enfermedad incurable o un padecimiento irreversible, bajo solicitud voluntaria y control clínico.

El artículo 43 de la Constitución establece el derecho a la vida como inviolable y el artículo 83 reconoce el derecho a la salud como obligación del Estado. Entre ambos se estructura el principio de protección de la vida, pero sin desarrollar mecanismos sobre el final de esta.

Mientras que el Código Penal de Venezuela (CPV) no menciona la eutanasia de forma expresa, pero tipifica como delito el homicidio y la cooperación al suicidio, lo que coloca cualquier acción médica dirigida a provocar la muerte dentro de un riesgo penal.

En ese marco, la abogada Laura Méndez apunta que el problema no se agota en la ausencia de una figura legal específica, sino en la falta de herramientas para situaciones límite dentro del sistema de salud.

“La legislación venezolana protege el derecho a la vida, pero no desarrolla herramientas jurídicas claras para la toma de decisiones en etapas avanzadas de sufrimiento o deterioro irreversible. Eso deja a médicos y familias en un terreno de alta incertidumbre, donde decisiones complejas terminan dependiendo más de la interpretación que de una norma clara”, señala.

Asimismo, la Ley de Ejercicio de la Medicina (LEM), establece la obligación del médico de preservar la vida, actuar con ética y respetar la dignidad del paciente, pero no desarrolla protocolos específicos sobre sedación paliativa profunda, limitación del esfuerzo terapéutico o decisiones médicas al final de la vida.

En ese vacío normativo, los especialistas hablan de una “zona gris jurídica”: un espacio donde las decisiones clínicas existen, pero no están claramente definidas por la ley.

El médico internista Juan Vega lo explica desde la práctica hospitalaria: “Uno no toma decisiones de eutanasia porque no existe ese marco. Pero sí hay situaciones donde el médico tiene que decidir entre seguir interviniendo o no seguir prolongando un proceso que ya no tiene beneficio clínico claro. Y eso se hace sin una regulación específica que te respalde completamente”.

La decisión enmarcada por distintos sistemas legales

En América Latina, Colombia es el único país donde la eutanasia está despenalizada y regulada dentro del sistema de salud, mientras que en los Países Bajos, la eutanasia está regulada por leyes que no la entienden como una decisión aislada del paciente, sino como un proceso clínico supervisado. Las normas exigen la verificación de sufrimiento insoportable, la irreversibilidad de la condición médica, la solicitud voluntaria reiterada y la evaluación de la capacidad mental por equipos médicos especializados.

En Estados Unidos no existe la eutanasia, pero estados como Oregon han legalizado la llamada “muerte médicamente asistida” bajo la Death with Dignity Act, un marco que permite a pacientes terminales acceder a medicación prescrita para autoadministración, bajo estrictos controles médicos y legales.

En el caso de la familia Villasmil, la opción que apareció durante las consultas informales fue España, donde la Ley Orgánica de la Regulación de la Eutanasia (LORE), está vigente desde 2021 y el procedimiento se realiza dentro del sistema público de salud, bajo control médico y legal.

El proceso implicó más que la voluntad individual. Intervinieron médicos, evaluaciones psicológicas y mecanismos institucionales de validación —como la verificación del sufrimiento, la capacidad de decisión del paciente y la revisión por comités médicos—, lo que desplazó la decisión desde lo personal hacia lo clínico y lo legal.

Meses después, Gabriel recibió el procedimiento acompañado por parte de su familia, luego de completar las evaluaciones exigidas por la legislación vigente. En sus conversaciones finales, él decía que no le temía a la muerte y que la veía como una forma de liberación.

En ese punto, la familia deja de ser solo acompañante emocional para convertirse en parte activa del proceso de decisión. Rocío Perozo, madre de Gabriel, lo resume así al recordar la experiencia: “En un momento entendimos que no se trataba solo de si él quería hacerlo. Se trataba de si nosotros podíamos acompañar esa decisión sin convertirla en un conflicto”.

Cuidados paliativos: antes de la eutanasia

Antes de cualquier discusión sobre eutanasia, aparece un punto clave en el sistema de salud: los cuidados paliativos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los cuidados paliativos como la atención destinada a mejorar la calidad de vida de pacientes con enfermedades graves, mediante el alivio del dolor, el control de síntomas y el acompañamiento psicológico y familiar.

En Venezuela, la implementación es limitada y desigual. El Atlas Latinoamericano de Cuidados Paliativos 2020, elaborado por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP), describe al país como un sistema con desarrollo bajo, cobertura fragmentada y acceso irregular a medicamentos esenciales como los opioides.

Esto genera una diferencia estructural importante: mientras en sistemas con eutanasia legal el control del dolor está garantizado como parte del proceso, en Venezuela el acceso al alivio del sufrimiento no siempre está asegurado de manera constante.

El farmacéutico hospitalario Gerardo Méndez, del estado Zulia, lo describe desde la cadena de suministro: “Hay pacientes donde el problema no es el tratamiento en sí, sino si el medicamento llega o no llega. Y eso cambia completamente la forma en la que se vive el final de una enfermedad”.

Entre el sufrimiento, el rechazo social y un debate que llegó tarde

Andrea Salcedo, enfermera de oncología en Caracas, señala que muchas conversaciones sobre eutanasia no aparecen inicialmente como una decisión de morir, sino como consecuencia del desgaste físico y emocional acumulado durante enfermedades prolongadas.

“No siempre es una decisión sobre la muerte. A veces es cansancio, pérdida de autonomía o miedo a depender completamente de otros”, subraya.

Desde la psicología clínica, el especialista Daniel Briceño sostiene que, en contextos de enfermedad degenerativa o dolor persistente, el deseo de “control sobre el final” suele relacionarse más con la necesidad de conservar autonomía que con una decisión inmediata de morir.

En el contexto venezolano, la eutanasia ha sido abordada principalmente desde su dimensión ética, legal y de percepción en el ámbito médico, en un estudio que evidencia que su discusión está atravesada por consideraciones morales y niveles variables de conocimiento, más que por un marco normativo consolidado que delimite con claridad su diferencia respecto a prácticas como la sedación paliativa o la limitación del esfuerzo terapéutico.

El cambio más visible ocurrió en 2022, cuando el exfiscal general de la República, Tarek William Saab, presentó ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para regular la “muerte digna”, incluyendo la posibilidad de eutanasia en casos de enfermedades terminales o sufrimiento irreversible.

La propuesta incorporaba figuras como la voluntad anticipada y mecanismos médicos para decisiones al final de la vida, y fue el primer primer intento formal de introducir el tema en la agenda legislativa venezolana, pero sin señales de avance.

La despedida antes del final

Mariana no recuerda el momento exacto en que la conversación dejó de ser una posibilidad y empezó a ser una decisión en voz baja. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió que insistir ya no cambiaba lo que Gabriel vivía: un presente que ya no quería seguir.

En Venezuela, el final de la vida no entra en una sola decisión ni en un solo momento clínico; se posterga y se negocia en silencio. Y en ese espacio sin definición, lo que ocurre no es solo una discusión sobre la eutanasia, sino la evidencia de que el sistema todavía no garantiza condiciones mínimas para morir con dignidad.

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