La Red de Voces del Sur (Red VDS) presentó este 12 de mayo su octavo reporte anual titulado “Cartografía del silencio”, un informe que revela el estado crítico de la libertad de prensa en América Latina. El documento muestra que el ejercicio periodístico se encuentra bajo un panorama preocupante marcado por el asesinato de 23 comunicadores durante el último año, lo que representa la muerte de un periodista cada 16 días.
Sobre el caso venezolano, y con datos que recabó el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS-Venezuela, el estudio detalla que aunque el número total de alertas disminuyó (88 alertas con 155 víctimas) en comparación al año anterior (487 víctimas) esto no debe de entenderse como una “mejora” en el entorno democrático.
En realidad, todo lo contrario, los hallazgos revelan una mayor complejidad en la violencia institucional, es decir, el gobierno ha transitado de las agresiones físicas a una especie de “sofisticación de la violencia” que busca anular cualquier opinión opositora antes de que la información sea pública.
A continuación, en claves, las conclusiones del informe para el caso específico venezolano:
Detenciones y desapariciones
En Venezuela, la violencia pasó a convertirse en un mecanismo preventivo de silencio. El informe explica que hubo un fortalecimiento de la represión física y judicial y contabiliza un registro de 15 detenciones arbitrarias y 3 desapariciones forzadas contra periodistas durante 2025.
Estos hechos, que suman un total de 18 alertas graves, generaron un efecto preventivo de inmediato en los gremios periodísticos, dando a entender un mensaje de censura a través del miedo.
Estas prácticas también suelen estar acompañadas de restricciones en el acceso a la defensa legal, es decir, el derecho de una persona a proteger sus propios intereses, lo que deja a los comunicadores en un estado de desprotección total ante el sistema de justicia.
El mayor agresor de la prensa venezolana
A diferencia de otros países de la región donde el crimen organizado representa el primer peligro, en Venezuela la amenaza es mayoritariamente institucional. Una de las tendencias del año fue el aumento de la proporción de agresores estatales en Venezuela, que pasó del 55,8% en 2024 al 72,3% en 2025
Los cuerpos de seguridad y funcionarios del país actúan como articuladores del hostigamiento para así poder obtener un control casi total sobre el flujo de información y esto se demuestra a través de vigilancia constante y la persecución política.
Sin recursos ni medios
La presión política y judicial se suman a la precariedad del ambiente mediático en Venezuela, donde la falta de financiamiento ha obligado a medios y organizaciones a reducir sus capacidades operativas al mínimo. Esta recurrente asfixia económica ha conducido a los periodistas hacia el abandono total de la profesión o a tener múltiples empleos, ante la idea de poder sostenerse económicamente solo a través de su oficio.
Estas condiciones impactan con gran fuerza al periodismo local, ya que provoca una disminución crítica en la cobertura en diversas regiones del país y profundiza la expansión de lugares sin ningún tipo de prensa presente, advierte el documento.
Opacidad y agresiones
El informe detalla cómo el oficialismo ha institucionalizado el omitir información como una política de Estado.
Además, las agresiones verbales, escritas y digitales pasan a ser el primer nivel de presión sobre la prensa. Con 20 alertas registradas, estas formas de hostigamiento se concentran en momentos de alta tensión política como ocurrió durante la juramentación de Nicolás Maduro en 2025.
La mayoría de estas agresiones provienen directamente de actores estatales (71,4%), seguidos por paraestatales (14,3%) y esto confirma su carácter intencional en contra de los medios locales e independientes del país para que no se propague la información disidente.
El miedo al oficio
El encarcelamiento de periodistas ha generado temor dentro del gremio. La posibilidad real de ser privado de libertad por informar estableció un clima de pánico que obligó a los comunicadores a reducir su exposición pública, evitar las coberturas sensibles y omitir sus firmas para resguardar su integridad física.
Esto se profundiza con 11 restricciones al acceso a la información y en acciones como la intimidación en municipios durante comicios locales. Es así como el Estado no solo vulnera el bienestar de los periodistas, sino que quebranta el derecho de toda la ciudadanía a estar informada.
Una violencia global
Fuera del territorio venezolano, el informe resalta datos que confirman el deterioro democrático de la región. México se posiciona como el país más peligroso para la prensa con 7 asesinatos, mientras que Ecuador (5) y Perú (4) alcanzaron grandes niveles de letalidad.
En América Latina, resaltaron datos con un total de 2484 alertas y los países que encabezaron esta lista por la cantidad de agresiones fueron Colombia (468), México (400), Argentina (278) y El Salvador (205). Estos descubrimientos combinan desde agresiones físicas hasta un aumento en el hostigamiento judicial, utilizado como una herramienta de censura contra los medios independientes.
Más allá de las estadísticas, estos datos tanto en Venezuela como en los otros países, reflejan una crisis democrática que no conoce límites. El aumento de la letalidad y el acoso buscan que el miedo sea la nueva norma de impedir el trabajo de la prensa.
En este contexto, la Red de Voces del Sur (Red VDS subraya la importancia de documentar y visibilizar cada ataque para evitar que el silencio y la violencia terminen por ocultar la realidad.
Lea el informe completo aquí.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
