La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este 9 de octubre que impondrá sanciones económicas a la Corte Penal Internacional (CPI). La institución internacional podrá hacer movimientos financieros ordinarios con instituciones estadounidenses hasta el 7 de abril de 2027, de acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.
«Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI», anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado publicado este 9 de octubre.
La medida ocurrió horas después que la Comité Noruego le otorgara el Premio Nobel de la Paz a la exmagistrada de la CPI Navanethem «Navi» Pillay por su papel en la justicia internacional. Su trabajo destacó por al defensa de Nelson Mandela y el apartheid en Sudáfrica y, actualmente, revisa en la Corte Internacional de Justicia un caso de genocidio de la comunidad musulmana rohinyás, en Myanmar.
«El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses. Por eso, hoy Estados Unidos está sancionando a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal fuera de control, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de funcionamiento contra nosotros», agregó el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en sus redes sociales.
Today, the Trump Administration is sanctioning the ICC.
This action should encourage our Allies within the Court to work for solutions to end this threat to U.S. sovereignty forever. pic.twitter.com/D86dCqLUaZ
Tanto la CPI como las Naciones Unidas rechazaron «energéticamente» las sanciones impuestas por el Gobierno de Trump. Alegaron que estas acciones buscarían «romper con las operaciones de la Corte e intimidar a aquellos que cooperan con la institución».
«La Corte seguirá con sus mandatos de forma plena, con independencia e imparcialidad. Actuará solamente en base a las evidencias y la ley por el bien de innumerables víctimas de graves crímenes», destacó la presidente de la CPI, Tomoko Akane, en un comunicado presentado minutos después de la denuncia de Rubio.
La CPI cuenta con 125 países miembros, incluido Venezuela. La Corte lleva investigando formalmente los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra la ciudadanía venezolana desde el año 2021.
El plazo que de 180 días que le dará Estados Unidos a la CPI estará destinado a que los países miembros de la Corte permitan desplazar sus bienes financieros a otras instituciones. La Corte, por su parte, hizo un llamado a los estados miembros tomar las acciones necesarias para continuar con las funciones de la justicia internacional.
«O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI», reiteró Rubio.
La Comisión de la Unión Europea anunció que hará «todo lo necesario» para mantener a La Corte. En un comunicado de prensa, la institución internacional destacó que el plazo de 180 días da un «espacio para el diálogo» con el gabinete de Donald Trump.
Mientras tanto, el Gobierno interino venezolano avalado por Estados Unidos decidió retirarse de la CPI el pasado 24 de julio. Sin embargo, la renuncia se haría efectiva para 2027 y la acción no influenciaría en las investigaciones y procedimientos que involucran a los miembros del PSUV en los años anteriores.
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, cuestionó el diseño y la aplicación de la Ley contra el Odio en Venezuela y sostuvo que la normativa ha servido para inhibir la libertad de expresión y favorecer el ejercicio arbitrario del poder.
En La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Correa señaló que la ley contiene definiciones vagas y sanciones desproporcionadas.
El activista destacó que un delito relacionado con la expresión de odio puede acarrear una pena de hasta 20 años de prisión, mientras que un homicidio puede tener una sanción menor.
“Hay una desproporción absoluta”, dijo el periodista al panel integrado por César Batiz, director de El Pitazo; Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes y Víctor Amaya, director de TalCual.
A juicio del director de Espacio Público, no era necesario elaborar una normativa como la Ley contra el Odio.
“Conductas como las agresiones o los homicidios ya están contempladas en el Código Penal”, sostuvo.
El director de Espacio Público afirmó que la organización no conoce casos en los que la normativa haya servido para proteger a ciudadanos.
Señaló que han recibido información sobre situaciones en las que la ley habría sido utilizada para detener personas y exigirles dinero a cambio de no continuar con la persecución.
“Se utiliza esta ley para detener a personas y extorsionarlas”, afirmó.
Para Correa, uno de los aspectos más problemáticos de la legislación es la inclusión del odio por razones políticas.
Explicó que la libertad de expresión permite a la sociedad deliberar y ejercer escrutinio sobre los asuntos públicos, por lo que penalizar determinadas críticas puede terminar inhibiendo ese debate.
“Si tú vas a penalizar el escrutinio de lo público, entonces toda crítica a la gestión pública se puede considerar odio”, sentenció.
Los arquitectos del miedo
Según Correa, en Venezuela se han registrado casos de personas perseguidas por expresar críticas relacionadas con hechos de corrupción y posteriormente esos procesos fueron eliminados.
“Sirvió, entre otras cosas, para construir una arquitectura asociada al miedo”, afirmó Correa.
El activista recordó que en grupos de WhatsApp de vecinos algunas personas advertían sobre la existencia de la normativa cuando alguien criticaba problemas de servicios públicos o reclamaba por situaciones de su comunidad.
“En Venezuela se incorporó el odio por temas políticos y eso tiende a inhibir el debate ¿Por qué existe el derecho a la libertad de expresión? Entre otras razones, para que la sociedad pueda deliberar, para hacer escrutinio de lo público. Entonces, si tú vas a penalizar el escrutinio de lo público, toda crítica a la gestión pública, se puede considerar odio”, dijo Correa
El director de Espacio Público también cuestionó que la ley no haya sido utilizada para proteger a ciudadanos frente a expresiones racistas, discriminatorias o ataques relacionados con la religión.
“No hay un solo caso de esas características”, afirmó.
Señaló además que existen situaciones que ni siquiera llegan a los tribunales.
Mencionó casos en los que funcionarios pueden revisar el teléfono de una persona en una alcabala y determinar que determinados contenidos constituyen expresiones de odio.
“Es una ley absolutamente perniciosa y nefasta para el debate democrático”, dijo.
Correa cuestionó también la creación de una comisión para promover la paz y la convivencia que nunca llegó a instalarse, mientras los tribunales comenzaron a aplicar la legislación.
El activista cuestionó que la discusión se limite a la Ley contra el Odio.
Recordó que existen otras normativas que a su juicio afectan el ecosistema de libertad de expresión en Venezuela, como la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos y la denominada Ley Simón Bolívar.
Correa señaló que, aunque durante este año se han producido excarcelaciones de periodistas y algunos desbloqueos de portales, todavía persisten restricciones.
Mencionó entre los medios que continúan afectados a Armando.info, La Patilla y El Nacional, además de portales internacionales, plataformas financieras y herramientas VPN destinadas a la privacidad y seguridad en internet.
“No hay forma de tener un debate sensato sin libertad. La verdad es un elemento clave de reparación, el silencio es la peor opción”, dijo Correa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
“Para tener una transición democrática, pacífica, es importante dedicarse a un proceso como este. Obviamente nosotros queremos que todos los elementos de la oposición, de la sociedad venezolana, participen en un proceso como este”, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio en el marco de su reunión con la expresidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, en la sede de la oficina estadounidense.
Rubio indicó que el proceso de negociación entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición que lidera Figuera debe concluir en elecciones libres y democráticas lo más pronto posible.
“Creemos que el cumplimiento de esta hoja de ruta con el acompañamiento de Estados Unidos va a llevar al país al progreso. Estamos garantizando el camino y la hoja de ruta para que haya elecciones”, sentenció Figuera.
El funcionario estadounidense calificó este diálogo, el número 18 desde que el chavismo está en el poder, como la mejor oportunidad que ha tenido Venezuela para restaurar la democracia.
Rubio sentenció que Venezuela ha experimentado un trauma profundo por casi tres décadas, el cual ha impactado en todos los niveles de la sociedad.
El funcionario del gobierno de Trump reiteró el apoyo de Estados Unidos al diálogo y al pueblo venezolano.
“Sin duda esto tiene que resultar en elecciones libres y democráticas, pero no solo elecciones libres y democráticas, también en restablecer las instituciones necesarias para mantener la democracia”, comentó Rubio.
El secretario de Estado anunció que la próxima ronda de negociaciones entre representantes del interinato venezolano y AN 2015 se llevará a cabo el miércoles 14 de octubre.
“Nosotros le pedimos a todos los elementos que apoyen este proceso”, puntualizó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El partido político Vente Venezuela denunció la noche de este 8 de octubre que el Gobierno venezolano debe anular la inhabilitación de María Corina Machado tras las denuncias de presunta coerción que sufrió la exmagistrada Bárbara Gabriela César Siero para lograr la vulneración de los derechos políticos de Machado.
«Esas inhabilitaciones políticas realizadas desde el TSJ [Tribunal Supremo de Justicia] fueron, en la práctica, claras acciones de persecución y represión contra quienes disentimos del sistema oficialista, y tras un falso manto de legalidad, escondían mecanismos inconstitucionales para excluir al liderazgo opositor y controlar resultados electorales», señaló el Partido en un comunicado publicado en redes sociales.
inhabilitación opaca
La inhabilitación de Machado ocurrió en el año 2015, la Contraloría de la República —órgano adscrito al Poder Ciudadano— le negó la participación a la líder opositora a cargos públicos por 12 meses. En ese año se iban a celebrar unas elecciones parlamentarias.
Después, en 2024, el TSJ le negó participar en cargos públicos por 15 años y la decisión se había hecho efectiva el 16 de septiembre de 2021. De acuerdo con el Poder Judicial tomado por el chavismo, la líder opositora formaba parte de un presunto esquema de corrupción conformado por Juan Guaidó y ciertos miembros del parlamento del 2015 —que hoy representan la mesa de negociación avalada por estados Unidos—. Machado denunció que nunca recibió una notificación del TSJ hasta enero de 2024.
En marzo de 2024, dos meses después de que el TSJ anunciara la inhabilitación de Machado, César Siero se retira del TSJ.
César confesó el pasado 6 de octubre que detuvieron a sus hermanos, el teniente coronel Guillermo César y el mayor Guillermo Henry César, el mismo día que los abogados de Vente Venezuela introdujeron un recurso a la Sala Político-Administrativa del TSJ para confirmar la inhabilitación política de Machado, el 15 de diciembre de 2023. En ese momento, César era vicepresidenta de la sala.
«La inhabilitación de María Corina Machado, ilegal desde su origen y viciada de nulidad absoluta, fue ratificada mediante una decisión, que según una magistrada ahora denunciante, solo se obtuvo porque se utilizó a sus familiares como rehenes, confirmando así la ocurrencia de graves actuaciones delictivas que deben ser objeto de una urgente averiguación. Pero a todo evento esa inhabilitación debe ser levantada de inmediato», se lee en el comunicado del partido.
Vente Venezuela reiteró que los derechos civiles y políticos de Machado, premio Nobel de la Paz 2025, han sido vulnerados en distintas ocasiones. Además de la inhabilitación política, la líder antichavista tiene prohibida la entrada al país. Según su partido, ella intentó entrar a Venezuela siete veces entre enero y septiembre de 2026.
Machado, por su parte, sigue intentando entrar a Venezuela durante los procesos de negociación entre el chavismo y la Asamblea Nacional del 2015 para restituir el TSJ y el Consejo Nacional Electoral.
El comercio global es extraordinariamente eficiente para trasladar bienes. Transporta cobre, automóviles, cámaras y petróleo a través de océanos y fronteras a una asombrosa velocidad. Lleva el producto del trabajo y de los ecosistemas de un país hasta depósitos y supermercados en otro con tan poca fricción que los consumidores apenas perciben la distancia. Pero hay cosas que, deliberadamente, no se desplazan por la cadena de suministro. Una de ellas es el hedor.
Tomemos el caso de la harina de pescado, ese polvo rico en proteínas que se obtiene al transformar pescado en ración, especialmente para la acuicultura. El aire nauseabundo que producen las fábricas de harina de pescado permanece en las comunidades costeras más pobres, donde el pescado se descarga, se cocina, se prensa, se seca y se muele, muy lejos de los platos donde finalmente se consumen los productos de mar. Los mercados más ricos importan los beneficios de este insumo globalmente esencial, pero solo después de haberle quitado ciertas verdades incómodas.
¿Quién paga los costos ocultos de la harina de pescado?
La industria de la harina de pescado ha generado millones de dólares en ingresos fiscales y miles de empleos en Perú, además de contribuir a aumentar la producción de productos de mar para satisfacer la creciente demanda mundial. Y, sin embargo, los manifestantes tenían razón al señalar que, si bien esta industria ha beneficiado enormemente a algunos, también ha perjudicado claramente a otros. La cuestión que separa a ambos grupos no es si la harina de pescado y la acuicultura tienen beneficios, sino para quién. ¿Y quién paga los costos ocultos?
Una exhaustiva investigación de dos años realizada por The Outlaw Ocean Project, una organización periodística con sede en Washington D. C., reveló varios de esos costos, entre ellos la pérdida de empleos en la pesca artesanal, la exposición crónica a sustancias químicas, muertes laborales evitables, protestas violentas —a menudo provocadas por el insoportable hedor de las plantas de harina de pescado— y el aumento de tensiones geopolíticas a medida que los países compiten por fuentes de proteína cada vez más escasas.
En agosto de 2022, al menos 50 manifestantes salieron a las calles de Kayar, una localidad pesquera en la costa atlántica de Senegal, exigiendo el cierre de una planta cercana de harina de pescado, Touba Protein Marine. Marcharon desde el muelle pesquero hasta la fábrica con pancartas que decían “Kayar está enferma” y, en un video que se difundió en Facebook, coreaban: “Es hora de respetar a nuestro Kayar”.
Protestar por el hedor
Según alegaban, la planta había sido construida a menos de medio kilómetro de zonas residenciales, lo que había provocado problemas de salud y violaba las normas locales de zonificación. Ese mismo año, en Vietnam, cientos de residentes en la costa noreste rodearon otra planta y, durante días, hicieron sonar altavoces a todo volumen como forma de protesta. En India, en 2024, el olor procedente de las fábricas de harina de pescado provocó protestas que se prolongaron durante más de 100 días, culminando en un boicot a las elecciones locales y en la celebración de asambleas comunitarias paralelas que aprobaron resoluciones contra las plantas.
Estos protestas no surgieron por el tipo de incidentes industriales que suele captar la atención mundial. Lo que llevó a la gente a las calles fue el hedor de la harina de pescado. Una investigación global sobre los costos ocultos de este producto reveló que el olor rancio de esta industria es uno de los impactos menos monitoreados, más íntimamente experimentados y más extendidos de este mercado en expansión. La mitad de los productos del mar que se consumen en el mundo proviene de piscifactorías, la mayoría de las cuales funciona a base de harina y aceite de pescado. Más de 9,5 millones de personas en todo el mundo, incluidos cerca de 1,7 millones de menores de 15 años, viven en un radio de un kilómetro y medio de plantas de harina de pescado.
La investigación involucró a más de dos decenas de periodistas en igual número de países. Los vecinos de estas plantas describieron a los periodistas náuseas, dolores de cabeza, irritación ocular, mareos, ataques de tos y pérdida de apetito. Relataron cómo debían recoger la ropa antes de tiempo, mantener puertas y ventanas cerradas pese al calor costero, sufrir alteraciones del sueño durante la noche y convivir con una constante sensación de inquietud al no poder anticipar la próxima ráfaga de viento. “No invitamos a familiares ni amigos porque nos avergüenza vivir en un lugar que huele a podrido”, explicó un hombre en Songkla, Tailandia. La investigación documentó más de 70 casos de vecinos que denunciaban malos olores procedentes de al menos 60 plantas en 15 países. En Mar del Plata, Argentina, el olor de las plantas de harina de pescado era tan intenso que algunos turistas que se alojaban en un hotel cercano tenían que salir al patio para vomitar.
Turismo paralizado
En Ecuador, el olor emitido por las plantas de harina de pescado afectó tanto a los residentes cercanos que paralizó el sector turístico. En la ciudad sureña de Huaquillas, que comparte frontera con Perú, los habitantes declararon a un diario en 2021 que el olor del procesamiento de harina de pescado era “insoportable” e “imposible de tolerar”. En Salango, una parroquia rural en la costa ecuatoriana, a más de 430 kilómetros al norte de Huaquillas, los investigadores que en 2022 intentaban atraer visitantes a la playa reconocieron que sería una tarea difícil, ya que el olor de una planta industrial de harina de pescado en la zona “genera olores desagradables que disuaden a los turistas y los llevan a elegir otros destinos”.
El hedor de estas plantas no era solo una molestia. Este olor corroía la economía local al perjudicar el turismo y ahuyentar a clientes de restaurantes y visitantes de las playas. También era un indicador de la liberación de sustancias nocivas como amoníaco, sulfuro de hidrógeno, cianuro y metano, que se sabe pueden provocar graves problemas de salud, incluido el edema pulmonar. La parte más intensa del olor proviene de la trimetilamina (TMA), un gas incoloro caracterizado por su olor “a pescado”. En 2021, la Sociedad de la Industria Química identificó la TMA como “altamente tóxica y carcinogénica”.
La sensibilidad humana a los olores desagradables es un mecanismo de defensa producto de la evolución. Como parte de un instinto básico de supervivencia desarrollado a lo largo de millones de años, las personas sienten repulsión ante olores como los de las heces, los alimentos en descomposición, la carne podrida o los productos químicos irritantes. Según un estudio publicado en la revista Brain Sciences en 2016, esta reacción visceral también genera intensas sensaciones de asco y ansiedad que pueden derivar en consecuencias negativas para la salud cuando la exposición se prolonga más allá de unos pocos minutos. En muchos países, los residuos químicos están estrictamente regulados, especialmente si causan enfermedades o dañan el medio ambiente. Sin embargo, la emisión de malos olores suele considerarse más una molestia que un verdadero riesgo ambiental o sanitario.
El mal olor también es difícil de medir o regular en términos del nivel de molestia que genera. “La tecnología para detectar y caracterizar olores complejos no ha alcanzado el nivel de un método de vigilancia fiable, lo que ha dificultado el desarrollo de marcos regulatorios”, señalaba un artículo de 2021 en una revista especializada en gestión de residuos, escrito por un grupo de ingenieros ambientales de la Universidad Florida Atlantic. Aunque existen numerosos estudios sobre el impacto en la salud y el medio ambiente de sustancias específicas emitidas por plantas de tratamiento de aguas residuales, explotaciones ganaderas, instalaciones de compostaje, vertederos, fábricas de papel o industrias petroquímicas, pocas investigaciones se centran en el “impacto de la contaminación odorífera”, según un estudio de 2021 publicado en la revista Environmental Health.
Aprovechando vacíos legales
Las industrias que generan malos olores, como las refinerías químicas, las fábricas de fertilizantes, las plantas de incineración y los vertederos, suelen estar limitadas por normativas de zonificación que impiden su instalación cerca de zonas residenciales. Sin embargo, la gran mayoría de las plantas de harina de pescado se encuentra en países o regiones más carenciadas donde estas normas no existen o no se aplican. En Senegal, donde hay al menos nueve plantas de este tipo, la normativa prohíbe construirlas a menos de 500 metros de áreas residenciales. No obstante, un análisis de imágenes satelitales de estas plantas en relación con viviendas cercanas reveló que esta norma se incumple de forma sistemática.
En Perú, cuando los legisladores reforzaron la regulación de la industria de la harina de pescado en una región, esta tendió a desplazarse hacia otras. En Lima, en la década de 1950, una oleada de artículos de opinión y cartas dirigidas a los legisladores por vecinos indignados de plantas de harina de pescado llevó a la aprobación de normas que imponían límites más estrictos a los horarios de funcionamiento. Para eludir estas nuevas regulaciones, que solo se aplicaban en Lima, las empresas trasladaron sus operaciones a Chimbote, una ciudad de la costa occidental del país donde las autoridades locales ignoraron las protestas de residentes empobrecidos. Hasta hoy, Chimbote sigue siendo el mayor productor mundial de harina de pescado, así como uno de los lugares más contaminados del planeta.
Los métodos para medir TMA en el aire existen al menos desde la década de 1970. Sin embargo, en las últimas décadas, el enfoque más habitual ha consistido en recolectar muestras de aire mediante los llamados tubos de “extracción en fase sólida” y analizarlas en el laboratorio utilizando técnicas como la “cromatografía líquida” y la “espectrometría de masas”. Estas técnicas son precisas, pero costosas, y en ocasiones pueden alcanzar decenas de miles de dólares.
En 2009, un científico peruano llamado Josué Padilla Lauriano se propuso encontrar una alternativa más económica para medir los niveles de TMA. Centró su investigación en Chimbote. Utilizando burbujeadores de aire sencillos y un espectrofotómetro —herramientas habituales en casi cualquier laboratorio de química—, y adaptando una técnica originalmente diseñada para detectar TMA en pescado muerto, no en el aire, Lauriano y su equipo recopilaron muestras durante 20 meses. El dispositivo desarrollado por Lauriano costaba apenas unos cientos de dólares. Según la normativa local, las plantas debían mantenerse por debajo de 12 partes por millón (ppm), pero Lauriano detectó emisiones nocturnas con un promedio superior a 17 ppm —cuando las plantas cocinan más— y un valor máximo que superó las 32 ppm en una de ellas.
Incluso cuando las pruebas eran viables, muchos países no contaban con normas de emisión que incluyeran umbrales para olores desagradables, según un estudio de 2025 publicado en la revista Applied Sciences. “El mecanismo de detección del olor en los seres humanos aún no se comprende completamente”, señalaba el estudio, lo que explica en parte por qué el hedor es tan difícil de medir y regular de forma objetiva. En los países que sí establecen límites para la emisión de TMA, estos suelen basarse no en el olor o en el impacto sobre la calidad de vida, sino en los niveles a partir de los cuales esta sustancia comienza a afectar negativamente la salud humana. En Estados Unidos, las autoridades sanitarias suelen emplear valores de entre 5 y 10 ppm como límites de exposición a largo plazo. Estos umbrales son considerablemente más altos que lo que el olfato humano puede detectar. La TMA puede percibirse en concentraciones tan bajas como 0,0002 ppm, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Hay opciones
El hedor de la harina de pescado no es un problema irresoluble. Cuando los propietarios de las plantas intentaron reducirlo, por lo general lo lograron. En 2008, en Estados Unidos; en 2021, en Sudáfrica; y en 2022, en Yemen, los dueños de fábricas instalaron distintos tipos de dispositivos —algunos conocidos como scrubbers o depuradores de gases— que, según investigaciones posteriores, redujeron drásticamente los compuestos químicos con peor olor. Estos sistemas no se utilizan con más frecuencia, en parte, porque pueden costar más de un millón de dólares.
Más allá de los costos, existen razones más profundas por las que el hedor se mantiene lejos de los consumidores. En los países más ricos, los vecinos de estas plantas suelen tener mayor capacidad para presionar a sus gobiernos y exigir controles sobre los olores. En los países más pobres, quienes viven en las zonas industriales donde se instalan estas fábricas suelen carecer de influencia política. Sus gobiernos, además, tienen mayor necesidad de ingresos y son más reacios a imponer regulaciones que puedan ahuyentar la inversión extranjera. Como resultado, existe poco incentivo o presión para que los productores de harina de pescado, muchas veces orientados a la exportación, resuelvan un problema que no afecta directamente sus resultados económicos.
Otra razón es que la vida moderna tiende a jerarquizar los daños según lo fácilmente que puedan fotografiarse, medirse, litigarse o representarse en gráficos. Los perjuicios lejanos, lentos y difíciles de percibir, como el hedor, son precisamente aquellos que las economías globalizadas han aprendido a hacer desaparecer con mayor eficacia para los consumidores situados en el extremo más rico de largas cadenas de suministro. O, como se preguntó en otro contexto el novelista John Berger: “¿Cuál es el valor social de un dolor aliviado?”
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 9 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
La justicia de Estados Unidos amplió las acusaciones contra Nicolás Maduro y Cilia Flores al imputarles una conspiración para cometer tortura contra ciudadanos estadounidenses y venezolanos.
Por su paerte, el juez Alvin K. Hellerstein negó la solicitud de la defensa de Flores de otorgar casa por cárcel
“Somos la familia Hernández Castillo y nuestra integridad física y nuestra vida sigue corriendo un grave peligro bajo la persecución del régimen”, expresa política Aranza Hernández Castillo
Lo que rompe en redes
Tras cinco detenciones arbitrarias incluido secuestros en la cárcel militar de #RamoVerde y casi dos años en #ElHelicoide hoy le gritó al mundo que finalmente soy un hombre libre, este jueves #8oct el Tribunal 1ero de Terrorismo decidió mi #libertadplena al absolverme a petición del @MinpublicoVEN de todos los cargos (magnicidio en grado de tentativa, terrorismo, conspiración y asociacion e instigacion a delinquir). Es un milagro de #SanJoséGregorioHernández y mi #VigendeLaCandelaria, agradecido en el alma con mi #moviosa @teran20057, mis abogados (@medinaroaalonso-@AnaLeonorAcosta de @Coalicion_ddhh y @betomaimone), todo el heroico gremio de #periodistas unidos (@CNPCaracas – @cnpven – @sntpvenezuela – @espaciopublico), #Ongs y #defensoresDDHH como @amnistia quien me declaró #PresodeConciencia y la voz de @UNHumanRights. Y no menos importante el clamor del valeroso pueblo de #Caracas a quien he entregado vida ejerciendo periodismo abocado a defender #DDHH.
¡No lograron doblegarme y la dignidad me hizo libre!
#CarlosJulioEnLibertadPlena
#LibertadParaTodosLosPresosPoliticos
#InformarNoEsDelito
Este miércoles, los Rays Tampa Bay derrotaron 4-3 a los Yanquis de Nueva York en el tercer juego de la Serie Divisional y completaron una barrida que los convirtió en el primer clasificado a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
¡Tampa Bay Rays barren a New York y avanzan a la Serie de Campeonato de la Liga Americana! 🧹⚾ https://t.co/LzKFnlbdsb
La película Digger dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise ha generado una fractura total entre críticos, audiencias y la propia productora.
A través de su red social, Trump informó que “Los EEUU de América acaban de alcanzar con Venezuela el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial y mediante una asociación con empresas privadas han asegurado el control mayoritario de EEUU sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas en Venezuela, sin costo alguno para los contribuyentes estadounidenses”.
Todavía no se conoce la letra pequeña en la que están los detalles de los contratos. Por ahora, lo que se sabe es que incluye 17 proyectos bajo la figura de los Convenios de Participación Productiva (CPP), con inversiones cercanas a $100.000 millones y una duración que, según Trump, se podría extender hasta 100 años. Sin embargo, Delcy Rodríguez habló de un acuerdo de 25 años, con un objetivo de producción de 1,5 millones de barriles diarios que ―calculado con base en un precio de referencia de 65 $/b― generará un ingreso de 19 $/b y un total de $209.000 millones para Venezuela.
¿Cuáles son los intereses específicos de EE. UU. y de la Administración Trump?
Las reservas estratégicas de EE. UU. se encuentran en su nivel más bajo y tienden a caer más aun. La incertidumbre que generan los recurrentes conflictos en el Medio Oriente obliga a EE. UU. a buscar fuentes confiables de energía. Por eso vuelve su mirada hacia Venezuela como la mejor opción que tiene para asegurar un suplidor seguro en el largo plazo. En este acuerdo está alineado con los objetivos de seguridad energética y geopolítica de EE. UU. y expresa los intereses de EE. UU. en materia de:
Seguridad energética y reservas: obtener el control operativo de 17 bloques con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles.
Acceso a petróleo a precio de costo: comprar crudo pesado a tarifas preferenciales para abastecer la Reserva Estratégica de Petróleo de EE. UU.
Reducción de precios internos: aliviar el impacto del alza de los precios de los combustibles en EE. UU., derivados de tensiones geopolíticas.
Control geopolítico: afianzar la influencia estadounidense en el hemisferio y desplazar a competidores extrarregionales como China, Rusia e Irán.
Intereses específicos de Venezuela y el gobierno interino
EE. UU. representa para Venezuela el mercado más grande y cercano para su petróleo. Pero la mayor parte de las reservas de petróleo venezolano son crudos pesados de difícil extracción y procesamiento. Venezuela no tiene capital propio ni cuenta con la tecnología, la capacidad gerencial y técnica para extraerlo y mejorarlo. Para rentabilizar sus cuantiosas reservas de petróleo necesita promover inversiones extranjeras ofreciendo condiciones fiscales y reglas claras y atractivas, pero alineadas con la defensa del interés nacional. En este acuerdo petrolero a Venezuela y el gobierno interino le interesa:
Inversión y reactivación económica: captar más de $100 000 millones en inversiones privadas para recuperar y modernizar la infraestructura petrolera.
Ingresos fiscales: generar más de 200 000 millones de dólares en impuestos y regalías para el fisco venezolano a largo plazo.
Legitimación política: garantizar la estabilidad del gobierno interino, obtener respaldo político de EE. UU. y lograr el levantamiento de sanciones petroleras.
Las cifras y plazos generan dudas
Sin embargo, las contradicciones entre los números y plazos anunciados por el gobierno de EE. UU. y los ofrecidos por el gobierno interino generan dudas que deben aclararse en defensa del interés nacional. Mientras salen más datos del acuerdo, más dudas y preguntas surgen. Veamos:
EE. UU. obtendría preferencias para adquirir a precio de costo hasta el 20 % del petróleo producido, en desmedro de las regalías, impuestos y ganancias que debería recibir el Estado venezolano por la liquidación de un recurso natural no renovable.
Inconstitucionalidad y falta de control soberano
El gobierno interino afirma que mantendrá la soberanía de las reservas de petróleo, pero la propiedad estatal sobre los yacimientos no garantiza el control sobre las inversiones, producción y ventas del petróleo venezolano.
Las condiciones preferenciales con plazos superiores a 25 años chocan con el marco constitucional y legal vigente en Venezuela. Al firmarse sin la aprobación previa de la AN, ni licitaciones públicas transparentes, el acuerdo vulnera la soberanía sobre los recursos del subsuelo.
Asimetría en las condiciones y renuncia al cobro de rentas
El acuerdo es ventajoso para la parte estadounidense, ya que le permite pagar el 20 % de la producción a precio de costo. Además, obtiene exenciones tributarias y regalías preferenciales que le impiden al Estado venezolano obtener el ingreso justo que le corresponde si vende a precios de mercado todo su petróleo.
El efecto multiplicador que se espera es que la recuperación de la extracción petrolera sea la fuerza motriz del desarrollo de una industria nacional metalmecánica, de bienes de capital y servicios petroleros, pero si el ingreso por la venta de los crudos venezolanos queda bajo custodia del Departamento del Tesoro y se utiliza para comprar preferentemente productos estadounidenses, entonces se perderá el efecto multiplicador de las compras gubernamentales en favor del desarrollo industrial, económico y social de Venezuela
Inseguridad en el ingreso real que recibirá Venezuela
¿Cómo se sostiene una proyección de $209 000 millones de ingresos para Venezuela con un precio de referencia de 65 /b que puede cambiar en el tiempo? Si se incluyen las concesiones y descuentos otorgados a EE. UU., los ingresos fiscales netos para el país puede que sean sustancialmente menores a los anunciados en el acuerdo.
Falta de transparencia en los contratos públicos
Hay mucho hermetismo sobre asuntos que son de interés nacional. Al no haber seguridad sobre licitaciones abiertas en el marco de un proceso competitivo, ni haber publicado los contratos detallados, esta opacidad genera incertidumbre jurídica y aumenta el riesgo de demandas y litigios internacionales futuros.
Que el acuerdo anunciado sea bueno o malo para Venezuela dependerá de que se aclaren estas dudas y de la forma cómo se implemente. Venezuela no puede aceptar acuerdos que no conoce. La negociación tiene que estar a la vista de la opinión pública y esto exige:
Que se publiquen los términos del acuerdo: no una información general en un post o declaración ante los medios de comunicación.
Que se someta al debate público: No hay que descartar la posibilidad de convocar un referendo consultivo para que los venezolanos ―que son los verdaderos copropietarios de la riqueza del subsuelo― ejerzan la soberanía a través del voto y se pronuncien en torno al acuerdo.
Todavía faltan muchos detalles por conocer. En adelante, habrá que hacer un riguroso seguimiento a las reglas que regirán este acuerdo y a la letra chiquita de los contratos. Los contratos modernos son acuerdos de producción y servicios que duran veinte años e incluyen cláusulas de revisión. Pero el modelo de Trump de controlar el petróleo venezolano reproduce el pasado neocolonial que fue superado.
Pretender imponer por un siglo un esquema que compromete casi un 25 % de las reservas del petróleo venezolano será el caldo de cultivo que reproducirá nuevos movimientos de crítica y resistencia antiimperialistas, y esto puede aumentar el riesgo de conflictividad política que, paradójicamente, aleja la inversión que Venezuela necesita para recuperar la industria petrolera y rentabilizar así su principal riqueza nacional en beneficio de todos los venezolanos.
La presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, anunció este 8 de octubre el “inicio de la Navidad” en Venezuela el 1 de noviembre, adelanto que según justificó, servirá para dinamizar la actividad comercial en el país.
Durante su asistencia a la asamblea anual de Fedecámaras, Rodríguez expresó: “Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente, activa la felicidad de los venezolanos y venezolanos”.
🇻🇪 | Delcy Rodríguez anuncia que la Navidad comenzará el próximo 1 de noviembre en Venezuela. https://t.co/kUXRG6aE0S
De esta forma, Delcy Rodríguez continúa con la “tradición” del exgobernante Nicolás Maduro, quien en repetidas oportunidades promovió adelantar la celebración de estas fiestas, principalmente en momentos de alta tensión política y social.
En 2020, mientras la economía del país estaba castigada por la crisis acumulada y los efectos de la pandemia, Maduro decretó el inicio de la Navidad para el 15 de octubre. En 2021 montó la decoración en el Palacio de Miraflores también en los albores de este mes.
En 2024, cuando en paralelo los ciudadanos sufrían una intensa oleada represiva tras las cuestionadas elecciones presidenciales y se registraban miles de detenciones, el exgobernante adelantó oficialmente el inicio de las fiestas para el 1 de octubre,acción que repitió en 2025, pese a que ya durante esos meses Estados Unidos lo tenía rodeado con un intenso despliegue militar por vía marítima y vigilancia aérea.
A rey muerto…
Llama también la atención que el anuncio de una Delcy sonriente y efusiva se produjera el mismo día en el que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentase nuevos cargos formales por conspiración para cometer actos de tortura contra el depuesto mandatario venezolano y Flores. Las acusaciones, dadas a conocer a través de una acusación sustitutiva en el Distrito Sur de Nueva York, señalan directamente al régimen de someter a ciudadanos estadounidenses y opositores políticos a graves abusos físicos y psicológicos mientras se encontraban bajo custodia del Estado venezolano.
La antigua pareja presidencial deberá enfrentar también ahora el cargo de conspiración para cometer torturas. La fiscalía estadounidense afirma que ambos estuvieron involucrados en un sistema de represión política mientras que el director del FBI, Kash Patel, detalló que ciudadanos estadounidenses sufrieron abusos bajo custodia que incluyeron la administración forzada de drogas, descargas eléctricas, agresiones sexuales, asfixia y golpizas.
Asimismo, Flores ahora también enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, un delito que inicialmente solo pesaba sobre su esposo. Estas nuevas imputaciones sobre ambos se suman a los delitos previos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con el uso de armas automáticas y artefactos explosivos, derivados de su captura a principios de año en Caracas. Ambos acusados se han declarado inocentes.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
