Hace dos años, el pueblo venezolano protagonizó una jornada épica al derrotar mediante el voto a la tiranía gobernante. Sin emplear la violencia, millones de ciudadanos asestaron un revés definitivo al régimen que los ha oprimido a lo largo del siglo XXI. El resultado de esa victoria popular todavía no se concreta, lo que ha llevado a integrantes de la sociedad civil a denunciar la incongruente situación que sufre el país.
Un pronunciamiento conjunto
El Comité Cúmplela en Defensa de la Constitución, Espacio Consenso, el Frente Norte de Caracas, organizaciones políticas y sociales, junto con integrantes de gremios, centrales y federaciones sindicales, y sindicatos no confederados, han manifestado su posición ante las sedes del CNE en la capital y en varias regiones del país, en torno al significado del 28 de julio de 2024 y a la crisis que estremece a la nación.
La declaración señala: «A dos años de la victoria popular, el 28 de julio no es solo memoria: es protesta, es verdad y es dignidad. Contra la tiranía que despojó al pueblo, el país entero se levanta y exige democracia, justicia, libertad y la restitución del Estado de derecho».
El camino hacia la restitución del Estado de derecho
Por tanto, restablecer nuestra soberanía y el Estado de derecho y de bienestar pasa, entre otras cosas, por el respeto al artículo 5 de la Constitución nacional. Ello significa el reconocimiento de la gran victoria lograda por los ciudadanos el 28 de julio de 2024 y, en consecuencia, la juramentación del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien es la figura investida de legalidad e idoneidad para dirigir el Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional.
Este tendrá entre sus objetivos solucionar la grave crisis humanitaria y organizar un proceso electoral convocado por un nuevo poder electoral independiente, confiable, éticamente irreprochable y técnicamente capacitado.
Una crisis agravada por la tragedia
Debemos reconocer que nuestro país vive su hora más difícil, agravada por el impacto de los terremotos del 24 de junio de 2026, cuyos efectos han dejado heridas abiertas en todo el tejido social de la nación.
Afirmamos que la tragedia que estremece a toda Venezuela ha sido una de las más graves ocurridas en la historia de América Latina. Se combinaron las devastadoras consecuencias del desastre natural con el ejercicio del poder de un gobierno de facto, ilegítimo e inconstitucional, cuya gestión usurpadora desmanteló las instituciones hasta convertirnos en una nación víctima de un Estado fallido y presa fácil del tutelaje de una potencia extranjera.
La fortaleza del pueblo venezolano
Aun así, los niveles de resistencia y fortaleza de nuestro pueblo siguen íntegros e inmutables. Debemos sentirnos orgullosos por su valentía y su alto nivel de solidaridad, al haberse activado antes que la dictadura en las labores de auxilio y rescate de los afectados por el terremoto. Y haber creado, en un corto plazo, miles de centros de acopio en todo el país para dar lo mejor de sí en favor de los damnificados y heridos. Asimismo, agradecemos la solidaridad manifestada por la comunidad internacional.
Es perentorio impulsar un gobierno legítimo, responsable de la conducción del país, que asuma un plan de emergencia nacional orientado, primordialmente, a enfrentar la profunda crisis humanitaria compleja que impacta las áreas política, social, económica, cultural y moral de la nación.
Esto exige la legitimidad incuestionable de la conducción de la república y una respuesta inmediata que garantice la libertad de los presos políticos, la restitución de las libertades públicas, la libertad de expresión, el cese de la censura a los medios de comunicación, el desmantelamiento de la estructura represiva y la desaplicación de las leyes dictadas para perseguir a la disidencia, que menoscaban los derechos humanos.
Asimismo, deben atenderse con absoluta urgencia moral las exigencias de protección alimentaria, de hábitat, vivienda y salud de decenas de miles de damnificados y heridos, así como de las personas en situación de vulnerabilidad (niños, huérfanos, mujeres embarazadas y lactantes, ancianos, enfermos y desempleados) golpeadas por el hambre, la escasez de medicinas y la precarización de la familia.
El rescate del valor del trabajo
Este plan de emergencia debe contemplar el rescate del valor del trabajo, lo que significa un aumento general y escalonado de salarios y de pensiones que dignifique al trabajador y a su familia, amparados en un sistema de seguridad social integral; la reanudación de los convenios colectivos; la derogación del memorando 2792 y del instructivo de la Onapre.
Todo esto debe enmarcarse en un proceso inmediato de reactivación del aparato económico y en la ejecución progresiva de un programa dirigido a la reinstitucionalización democrática del país, a la necesaria reconciliación nacional, a sanar las heridas del tejido social y a reivindicar el valor de la dignidad humana.
Se trata de superar el odio y el resentimiento sembrados desde el poder, de abrir caminos de diálogo sincero que permitan el reencuentro de la familia venezolana en su propia tierra y reconstruir el tejido moral. De lograr, en fin, que el nuevo poder supere la mentira institucional, asumiendo como principio que toda política y toda economía deben girar en torno a la persona humana y no al poder.
Porque toda política pública debe estar al servicio de la dignidad del individuo y de sus derechos fundamentales.
Dos años pasaron desde aquella noche. El 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, pese a que la oposición demostró el fraude con actas de votación en mano.
Aquel hecho desencadenó, horas después, una respuesta que se sintió en la calle. Miles de venezolanos salieron a protestar en varios estados del país porque se habían robado su voto. Pero en lugar de lograr que se respetara su derecho a elegir, lo que encontraron fue una persecución desmedida: detuvieron a más de 2000 personas y 25 murieron a balazos por larepresión letal en 9 estados del país. Han pasado 2 años y no ha habido justicia para la mayoría de estas muertes.
Las fuerzas de seguridad del Estado no fueron las únicas en actuar contra la población. Los datos recogidos por una investigación de Monitor de Víctimas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual, indican que los colectivos cometieron al menos 20 % (8) de los 25 homicidios ejecutados en las protestas poselectorales y que, además, estuvieron presentes en 12 de las 16 manifestaciones donde se registraron muertes. Casi nunca actuaron solos. En 8 de esos 12 eventos estuvieron también cuerpos policiales o militares, que no impidieron que abrieran fuego contra la población.
Estos hallazgos afianzan la evidencia de que los colectivos actúan sin que el Estado se interponga y niega la tesis del Gobierno según la cual todas estas muertes fueron cometidas por civiles que respondían a las órdenes de la oposición para crear caos.
Esa afirmación la hizo el exfiscal general Tarek William Saab cuando habló sobre el suceso que más víctimas mortales dejó durante las protestas postelectorales: la masacre de San Jacinto, en Maracay, estado Aragua. Según él, allí actuaron “grupos terroristas que realizaron disparos contra los funcionarios”. Sin embargo, seis de las siete víctimas son civiles. Testigos aseguraron que la balacera comenzó después de que los guardias nacionales lanzaran bombas lacrimógenas a la multitud.
Este reportaje siguió la pista de los asesinatos ocurridos en 2024 durante las manifestaciones generadas por el descontento de los resultados electorales. A través de entrevistas a familiares de las víctimas y testigos de los 25 homicidios, se revela un patrón represivo aplicado en las manifestaciones que, aunque guarda similitud con los ejecutados en las protestas masivas contra el Gobierno en 2014, 2017 y 2019, confirma una mayor letalidad: disparos más arriba de los hombros, provenientes de armas de fuego cargadas con balas y no con municiones no letales.
Hoy, dos años después de estas muertes, la mayoría de las investigaciones relacionadas con los casos están estancadas. Los victimarios siguen en libertad y no hay procesos en su contra. La causa del sargento primero de la GNB José Antonio Torrens Blanca, el único uniformado muerto durante las manifestaciones, es también la única que tiene una persona detenida por su asesinato.
Hablamos de una tragedia convertida en patrón, la muerte bajo custodia. Pero Venezuela no ha dejado de registrar los hechos. Las organizaciones nacionales e internacionales han documentado durante más de una década un patrón continuo de muertes bajo custodia, muchas asociadas a torturas, enfermedades no atendidas o ausencia deliberada de asistencia médica.
Ni dictadura ni reyerta alguna se atrevió a tanto en Venezuela en materia de torturas, ajusticiamientos o muertes bajo custodia. Ni Gómez con su Rotunda, Castillo Libertador en Puerto Cabello o el Castillo de San Carlos de Borromeo; o Pérez Jiménez con su Cárcel Modelo de Caracas, la isla Guasina o las sedes policiales de la Seguridad Nacional hicieron tanto daño como el que se ha evidenciado en El Helicoide, el SEBIN [la tumba], DGCIM; Yare, Rodeo, Tocuyito, Tocorón, El Marite, Fénix, Coro, el Centro Penitenciario de Occidente y en todas sus versiones de muerte y dolor del régimen. Habría que hacer un censo para saber si en la historia de Latinoamérica han existido estadísticas tan horrendas, incluyendo gobiernos autoritarios.
Una tragedia que tiene nombre, apellido y verdades. Porque estas incidencias se reportaron ante la Corte Penal Internacional [CPI], esto es, ante el Despacho de la Oficina del Fiscal, funcionario titular Karim Khan ―a quien, por cierto, destituyeron de su cargo hace horas― y cuyo mal desempeño también comporta otra tragedia para las víctimas y para la justicia.
Sin duda —hay que decirlo—, la impunidad acumulada es también causa colateral de estas muertes bajo custodia y otros crímenes de lesa humanidad. Y una excusa de la CPI—en tiempos de modernidad y mucha tecnología—de que miles de incidencias no habrían sido verificadas por falta de soporte técnico, personal o tiempo, por la acumulación de miles de denuncias, no es una respuesta que escuda sino evidencia que compromete. Flagrancia recurrente mata formalismos procesales.
Nos corresponde ahora compartir esta realidad para reforzar —una vez más— la importancia que significa #QueHayaJusticiaEnLaHaya.
Venezolanos que han fallecido bajo custodia
Entre los casos más emblemáticos de muerte bajo custodia figuran: Rodolfo González (El Aviador) (2015), Carlos Andrés García (2017), Rafael Arreaza Soto (2017), Fernando Albán (2018), Nelson Martínez (2018), Virgilio Jiménez Urbina (2019), Ángel Javier Sequera Romero (2019), Elwin Mendoza (2019), capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo (2019), Wilfredo José Heredia Rodríguez (2020), Luis Armando Monsalve Estaba (2020), Pedro Pablo Santana (2020), Salvador Franco, indígena pemón (2021), Gabriel Andrés Medina Díaz (2021), general Raúl Isaías Baduel (2021), Armando Flores Piñango (2022), Leoner Azuaje Urrea (2023), Juan Manuel Almeida Morgado (2023), Marino Lugo Aguilar (2024), Jesús Manuel Martínez Medina (2024), Jesús Rafael Álvarez (2024), Oswal Alexander González Pérez (2024), Reinaldo Araujo (2025), Lindomar Jesús Amaro Bustamante (2025), Alfredo Javier Díaz Figueroa (2025), Edison José Torres Fernández (2026), Víctor Hugo Quero Navas (caso reportado en 2026).
A esta relación deben añadirse decenas de fallecidos durante 2026 en establecimientos penitenciarios y centros policiales, que forman parte de la incidencia recientemente presentada ante la CPI; entre ellos: Antonio José Manzano, Edison José Torres, Deivi Enrique García, Ovidio Madriz Mendoza, José Ramón Yelamo, Fabiana Páez Fernández, José Gregorio Mendoza Guzmán, Alberto Solarte Cabrera y otros detenidos cuya muerte ocurrió en cárceles como Yare III, Rodeo III, Tocuyito, El Marite, Fénix, Coro y el Centro Penitenciario de Occidente. La denuncia sostiene que estas muertes responden a un patrón de abandono sanitario, ausencia de tratamiento médico y condiciones incompatibles con la dignidad humana.
El caso del capitán Rafael Acosta Arévalo constituye probablemente el ejemplo más estremecedor. Presentado ante un tribunal militar —incapaz de caminar, con visibles signos de tortura y trasladado en silla de ruedas— falleció pocas horas después. Organizaciones internacionales concluyeron que la evidencia contradice la versión oficial y documentaron indicios de desaparición forzada, tortura y muerte bajo custodia.
Igual de paradigmáticos son los casos del concejal Fernando Albán, fallecido en la sede del SEBIN; del exministro Nelson Martínez, quien no recibió oportunamente la atención médica requerida; del indígena pemón Salvador Franco, muerto tras prolongadas denuncias sobre su delicado estado de salud, y del general Raúl Isaías Baduel, cuya muerte continúa rodeada de serias interrogantes, muchas de ellas ya despejadas. Habría que agregar que la saña y crueldad contra la familia de este excomandante de las FF. AA. y exministro de la Defensa, compañero de armas Chávez, ha sido encarnizada.
Lo verdaderamente inquietante no es únicamente el número de víctimas. Es la repetición del mismo patrón: detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición forzosa, deterioro físico progresivo, falta de atención médica, opacidad oficial y ausencia de investigaciones independientes. La pregunta deja entonces de ser cuántas personas han muerto bajo custodia. La verdadera pregunta es cuántas más deberán morir antes de que la justicia internacional considere que el umbral de la impunidad ha sido definitivamente sobrepasado. En esa interrogante reside hoy uno de los mayores desafíos para la CPI.
Cuando la justicia no llega, mata
La CPI frente a su mayor desafío: impedir que la impunidad se convierta en un sistema, en parte del problema. Existe una frase atribuida al filósofo, político y escritor en tiempos de la Revolución francesa, Edmund Burke, que conserva una vigencia inquietante: “Lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada”. Eso ha sido Venezuela: una auténtica y peligrosa unión de hombres malos, que ha provocado la caída de buenos e inocentes, y cuyo sacrificio hace impostergable la asociación genuina de los hombres buenos. En el derecho penal internacional esa advertencia adquiere una dimensión institucional.
La inacción también produce víctimas. Cuando un tribunal creado para perseguir los crímenes más graves del mundo tarda indefinidamente en actuar frente a patrones suficientemente documentados, la demora deja de ser un problema administrativo para convertirse en un factor de impunidad, que es vulnerabilidad, sufrimiento, indignación y muerte. Ese es el mayor riesgo que hoy enfrenta la CPI.
La CPI representa la culminación de más de quinientos años de evolución del pensamiento jurídico occidental. Desde Francisco de Vitoria y Hugo Grocio, pasando por Beccaria, Montesquieu y Kant, hasta llegar a Núremberg, Tokio, los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, la humanidad fue construyendo lentamente una convicción: existen delitos tan atroces que ofenden a toda la comunidad internacional y cuya persecución no puede depender exclusivamente de la voluntad del Estado que los comete.
Que una corte con jurisdicción universal —aun siendo supletoria— tarde o desatienda el deber de hacer justicia, coloca en peligro todo el complejo sistema de DD. HH. creado por el hombre de paz. Antonio Cassese sostenía que la justicia penal internacional constituye “la conciencia jurídica de la humanidad”. Cherif Bassiouni advertía que la impunidad no solo niega justicia a las víctimas, sino que prepara el terreno para nuevos crímenes. Benjamin Ferencz —el último fiscal vivo de Núremberg—durante décadas repetía una idea sencilla y poderosa: “La ley debe sustituir a la guerra”. Esa aspiración resume el verdadero sentido del Estatuto de Roma [ER].
Lamentablemente, toda institución puede perder legitimidad cuando existe una distancia creciente entre sus principios y sus resultados. En los últimos años, diversas voces —entre ellas el actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio— han acusado a la CPI de exceder su mandato y de utilizar selectivamente sus competencias, especialmente en investigaciones relacionadas con Estados no parte del Estatuto de Roma. Rubio ha sostenido que la Corte constituye una amenaza para la soberanía de los EE. UU. y ha anunciado una política destinada a limitar su actuación.
Puede discutirse esa tesis. Muchos internacionalistas la rechazan recordando que la jurisdicción de la Corte se encuentra delimitada por el propio ER y por el principio de complementariedad. Otros consideran que la crítica estadounidense exagera el alcance jurídico de la CPI. A esta posición de EE. UU. se suma la reciente denuncia del Tratado de Roma por parte del régimen de Caracas, esto es, el anuncio de su salida de la Corte Penal Internacional.
Desde ya debemos alertar que la salida del tratado se hace efectiva un año después de su denuncia ante el secretario de la ONU [Art. 127-ER], y los crímenes procesados en el expediente Situación Venezuela I mantienen plena vigencia y continuación, incluso las que toque sustanciar después de la denuncia del tratado y/o su salida.
Pero volviendo con los aspectos críticos a la CPI, quizás el más inquietante y que trasciende a la controversia sobre la soberanía, es la pérdida de autoridad real cuando deja de actuar donde sí debe hacerlo, esto es, cuando el silencio prevalece sobre el martillo de la justicia. Si el derecho penal internacional nació para proteger a quienes ningún Estado protege, si la CPI fue concebida como el último refugio de las víctimas cuando las jurisdicciones nacionales han sido capturadas por el poder político, entonces su legitimidad depende de su capacidad para responder allí donde la impunidad es sistemática. Y la impunidad no puede convertirse en un salto a más impunidad.
Venezuela constituye una de esas pruebas históricas
Durante años la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH [OACDH]; organizaciones nacionales como el Observatorio Venezolano de Prisiones [OVP] y numerosas organizaciones venezolanas e internacionales han documentado patrones de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia. Esos informes describen prácticas reiteradas, sistemáticas y no simples episodios aislados.
Nuestra incidencia —decíamos— presentada ante la CPI [amicus curiae] pretende incorporar un componente que, a nuestro juicio, merece un tratamiento autónomo: la muerte bajo custodia como crimen contra la humanidad cuando forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
No hablamos únicamente de quienes murieron como consecuencia de torturas. Hablamos también de quienes fallecieron por tuberculosis sin tratamiento. De quienes esperaron un traslado hospitalario que nunca llegó, fueron privados deliberadamente de medicamentos indispensables y los que murieron por desnutrición. De los que fueron abandonados por un sistema penitenciario transformado en una maquinaria de sufrimiento.
La denuncia presentada solicita que esas muertes se incorporen expresamente a la investigación Venezuela I y que se examine la eventual responsabilidad penal individual de quienes integran la cadena de mando conforme a los artículos 25, 27 y 58 del ER. No se trata de criminalizar la tragedia carcelaria propia de países con sistemas penitenciarios deficientes. Toda prisión registra enfermedades. Toda cárcel enfrenta limitaciones.
La diferencia jurídica aparece cuando la muerte deja de ser accidental y se convierte en consecuencia previsible de una política deliberada de abandono, persecución o indiferencia estatal. En ese punto la responsabilidad deja de ser administrativa para convertirse en penal.
La CPI no puede devolver la vida a Rafael Acosta Arévalo
No puede reparar el sufrimiento de Salvador Franco. No puede borrar las aberraciones que rodean las muertes de Fernando Albán, Raúl Baduel o decenas de venezolanos fallecidos en centros penitenciarios y de inteligencia. Pero sí puede impedir que esos nombres desaparezcan en el olvido, porque la impunidad posee una doble dimensión: primero mata a la víctima y luego intenta borrar su memoria.
Núremberg enseñó que ninguna investidura política pone a un gobernante por encima de la ley. Tokio confirmó que la obediencia debida tiene límites. La antigua Yugoslavia demostró que, incluso en medio de una guerra, los responsables pueden ser juzgados décadas después. Ruanda recordó que el genocidio comienza siempre con la deshumanización de las víctimas.
La CPI nació precisamente para preservar ese legado. Por eso sería profundamente injusto concluir que la solución consiste en debilitarla o hacerla desaparecer. La humanidad no necesita menos justicia internacional, necesita más derecho para todas las gentes [Luis Almagro dixit]; “la humanidad necesita más derecho y menos fuerza, un derecho que alcance a todas las gentes y someta el poder a la ley…” para lograr la paz, como Estado ideal creado por el derecho [Hans Kelsen 1881-1973].
El planeta necesita una justicia internacional más independiente, más rápida, más coherente y menos vulnerable a presiones geopolíticas. Porque una corte fuerte no es aquella que selecciona adversarios según conveniencias diplomáticas, sino aquella que aplica la ley con igual rigor frente al poderoso y frente al débil, frente al aliado y frente al enemigo, frente a Oriente o frente a Occidente. Si la comunidad internacional renunciara a ese ideal, no solo fracasaría una noble y necesaria institución concebida en Roma [1998]. Fracasaría un proceso civilizatorio iniciado hace siglos, cuando los primeros juristas comenzaron a sostener que incluso el soberano estaba sometido al derecho.
La muerte bajo custodia constituye la forma más abyecta y absoluta de indefensión. Allí no existe fuga posible, ni refugio, ni defensa propia. El detenido vive porque el Estado decide protegerlo y muere cuando ese mismo Estado incumple deliberadamente su deber. Cada muerte bajo custodia interpela directamente a la conciencia de la humanidad. Y la conciencia de la humanidad se expresa en la justicia, no en su desmantelamiento.
Por eso cuando la justicia internacional demora demasiado en responder, el silencio deja de ser neutral. Se convierte en otra forma de impunidad. Porque las víctimas no necesitan únicamente memoria. Necesitan orden, necesitan paz, redención, que es oportuna justicia. Si llega demasiado tarde, corre el riesgo de convertirse en un homenaje póstumo en lugar de un instrumento eficaz para impedir que el crimen vuelva a repetirse.
Solo queda decir: si alguna vez la historia nos pregunta qué hicimos frente al mal podemos responder con humildad, pero sin vergüenza, que nos asociamos con los buenos para no permanecer en silencio.
A dos años de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin publicar los resultados desagregados mesa por mesa. Esta omisión mantiene al sistema electoral venezolano en un histórico velo de opacidad y desacato de sus propios lapsos legales.
La esperanza de millones de venezolanos de un cambio político se vio truncada pasada la medianoche de ese domingo 28 de julio, cuando el presidente del CNE, Elvis Amoroso, leyó un primer boletín con el 80 % de las actas escrutadas que adjudicó la victoria a Nicolás Maduro con el 52.2 % de los votos, frente a un 44.2 % obtenido por el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia.
A la incertidumbre de saber si el Gobierno aceptaría los resultados, se sumó un retraso en la emisión de los resultados del primer boletín. Pese a contar con un sistema automatizado “eficiente y desarrollado”, el CNE justificó la falta de transmisión en tiempo real a un presunto “ciberataque” al sistema de datos.
Un año después del supuesto “hackeo”, que hasta el momento mantiene fuera de línea la página del CNE, el organismo volvió a aplicar el mismo patrón de anunciar ganadores sin mostrar los votos con los resultados de las elecciones municipales del 25 de mayo de 2025.
Validación sin pruebas
El 22 de agosto de 2024, sin sorpresas y de manera “inobjetable”, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia validó el resultado electoral del Consejo Nacional Electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, pese a los cuestionamientos de la integridad y transparencia observados por el Centro Carter.
La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral,Caryslia Rodríguez, fue la encargada de leer la sentencia 032, que “certificaba de forma inobjetable el material electoral peritado” y convalidaba los resultados de las elección presidencial del 28 de julio emitidos por el CNE “donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros, como presidente reelecto para el período constitucional 2025- 2031”.
El madurista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el régimen, de las elecciones presidenciales en #Venezuela. “Esta sala convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio… pic.twitter.com/0yTJVdYaZ0
“Con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el CNE respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas, y estas actas mantienen plena coincidencia con el registro de bases de datos de centros nacionales de totalización”, dijo Rodríguez en aquel momento.
Para tratar de solapar la situación, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al CNE publicar esos resultados en Gaceta Electoral; sin embargo, hasta ahora, ese mandato no se ha cumplido.
El sinsabor de todo un país
De los resultados desagregados mesa por mesa nunca más se supo nada, así como tampoco de las actas publicadas por la oposición que demostraban la victoria contundente de Edmundo González con más del 70 %.
La ausencia del resultado oficial no solo dejó un vacío político. Luego de un silencio ensordecedor por la sorpresa del resultado electoral, millones de venezolanos se lanzaron a las calles para exigir las actas de votación y para denunciar lo que, consideraron un fraude electoral.
La represión causó al menos 25 fallecidos, más de 2000 detenidos y el temor constante a denunciar hechos irregulares del Gobierno. La cifra de presos políticos fue la más alta registrada en toda la historia del país. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron tratos crueles e inhumanos, torturas, detenciones arbitrarias y persecución política constante en contra de la disidencia.
Con el paso de los meses, el país entró en un estado de parálisis política y emocional: sin resultados verificables, sin auditorías independientes y sin una ruta institucional clara para resolver el conflicto electoral.
Venezuela sigue sin respuestas
A dos años de las elecciones más polémicas de la historia de Venezuela, nada ha cambiado. Lo que comenzó con la esperanza de un cambio de Gobierno que ronda las tres décadas, se transformó en un vacío que aún condiciona la vida política, social y emocional de millones de venezolanos.
En consecuencia, la ausencia de información oficial consolidó un escenario en el cual la incertidumbre se convirtió en norma y la confianza en el sistema electoral quedó reducida a su mínima expresión.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Más allá de la tragedia humana que significó el doblete sísmico del 24J, el debate nacional se traslada ahora al terreno de la recuperación económica. En este contexto, Alejandro Grisanti, economista y socio fundador de Ecoanalítica, ha sido enfático al señalar que el manejo financiero de esta crisis definirá el futuro de la nación por las próximas décadas.
Durante su intervención en el foro “Réplicas económicas, el costo de la reconstrucción”, Grisanti alertó sobre la tentación de financiar la emergencia mediante la impresión de dinero inorgánico. El experto comparó la monetización del gasto con el consumo de drogas: lo que empieza como un estímulo aparentemente inofensivo para “prender unas casitas” o “hacer un proyecto de reconstrucción” termina convirtiéndose en una espiral destructiva de inflación crónica.
Hoy Venezuela comparte con Haití la debilidad de un espacio fiscal muy reducido, de allí que la tentación de generar dinero inorgánico sea muy grande. A eso hay que añadirle la imposibilidad actual de acceder a mercados internacionales.
Grisanti recordó que después de los terremotos, si bien la ayuda humanitaria externa fue calificada de “espectacular”, la financiera ha sido “muy pobre”, con apenas 720 millones de dólares ofrecidos por la comunidad internacional. Para el economista, esto es síntoma de una profunda desconfianza en la capacidad de gestión de las autoridades actuales, agravada por el estado de cesación de pagos y las sanciones que aún pesan sobre el país.
Lo que viene
El economista presentó proyecciones económicas para Venezuela centradas en dos escenarios posibles (ortodoxo y heterodoxo), dependiendo de si el Gobierno decide o no financiar el gasto mediante la monetización (impresión de dinero inorgánico).
En cuanto al crecimiento económico, Grisanti calcula un 5,8 % para 2026 impulsado principalmente por el sector petrolero, que podría crecer entre 15 % y 18 %, y por el sistema financiero. Para 2027 proyecta un crecimiento mucho más robusto, que alcanzaría el 12 %. Este impulso se debería a que el sector no petrolero comenzaría a acompañar con fuerza la expansión de la industria petrolera.
En cuanto a la inflación, se prevé una tendencia a la baja, aunque los números siguen siendo altos en comparación con la región. Para 2026 proyecta 251,5 % y 361 % en caso de que el Gobierno decida financiar la reconstrucción con dinero inorgánico. Sin embargo, para 2027 la inflación pudiera estar entre 55,1 % en el escenario ortodoxo y 110,9 % en el heterodoxo. En materia petrolera, los estudios de Ecoanalítica cifran la producción en más de 1,3 millones de barriles al cierre del año 2026 y 2,6 millones para finales de 2029.
Grisanti insiste en que solo una estructura transparente, que incluya a los mejores talentos y que no base sus promesas en la volatilidad de los precios petroleros, podrá garantizar que el país no quede sumido en campamentos provisionales.
Otras tragedias, otros manejos
El estudio de Ecoanalítica recoge los manejos de otros países de la región ante tragedias naturales. El caso de México en 1985 ilustra los riesgos de la imprudencia monetaria.
Antes del terremoto de magnitud 8.1 —que causó, según cifras oficiales, 3100 fallecidos y dejó más de 30 000 edificaciones afectadas— el Gobierno mexicano había dejado a la nación sin margen ni espacio fiscal para responder al desastre. Al aislar al país del crédito internacional y rechazar inicialmente la ayuda externa, el Gobierno recurrió a la emisión masiva de dinero para financiar la emergencia. Aunque la inflación venía desescalando del 93 % en 1983 al 56 % en agosto de 1985, la inyección inorgánica disparó los precios sin control: llevó la inflación al 159 % en 1987, depreció la moneda y pulverizó el poder adquisitivo.
En contraste, el terremoto de Chile en 2010 (magnitud 8.8) causó pérdidas por 30 000 millones de dólares, pero el Estado chileno mantuvo intocable la disciplina monetaria. Apoyado en seguros internacionales contratados por privados y el Estado, reservas fiscales y ayuda técnica, Chile mantuvo su inflación en la meta del 3 % anual. Inyectar recursos reales a la reconstrucción incluso aceleró su crecimiento económico por encima del 5 % y generó empleo masivo en el sector construcción.
Por su parte, Ecuador (2016), al estar dolarizado, no poseía la opción de imprimir billetes. Enfrentó la crisis mediante un severo ajuste fiscal, creación de impuestos temporales y financiamiento externo, lo que evitó la hiperinflación aunque contrajo temporalmente el consumo.
En el otro extremo está el caso de Haití. Con pérdidas por 7800 millones de dólares y una tragedia humana devastadora (entre 220 000 y 316 000 muertos), la reconstrucción fracasó estrepitosamente debido a la opacidad institucional, tramas de corrupción y la falta de un plan fiscal sostenible
El costo de la reconstrucción
La magnitud de los daños físicos calculados por el equipo técnico de Ecoanalítica ubica en unos 17 000 millones de dólares el impacto a la infraestructura.
Este presupuesto se desglosa en necesidades críticas: casi 12 000 millones para edificaciones residenciales y comerciales, y más de 5000 millones destinados a servicios básicos fundamentales. El sector eléctrico es el más golpeado, con daños calculados en 3821 millones de dólares, seguido por la vialidad (875 millones) y los sistemas hídricos (262 millones).
Geográficamente, el estado La Guaira concentra la mayor tragedia material, pues ha perdido el 41,8 % de su acervo de edificaciones, lo que representa el 37 % de los daños totales del país.
Bajo una gestión técnica eficiente, la reconstrucción podría completarse en seis años, pero si el proceso se centraliza exclusivamente en manos del Estado, podría extenderse por tiempo indefinido.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Dirigentes del partido político Vente Venezuela, estudiantes y dirigentes sindicales se concentraron en Caracas este martes, 28 de julio, con motivo de los dos años de las elecciones presidenciales de 2024, en las que, según el Comando ConVzla, el ganador fue el opositor Edmundo González Urrutia.
“A dos años del 28J, nos encontramos en la calle con la frente en alto, demostrando que con nuestras propias manos seguimos defendiendo la voluntad de todo un país”, señaló la tolda política en su cuenta de X.
La concentración comenzó a eso de las 10:00 de la mañana en las inmediaciones del Centro Lido, en la avenida Francisco de Miranda. Con pancartas, actas electorales como las que recabaron los testigos el día de los comicios, razón por la cual muchos de ellos estuvieron detenidos hasta durante más de un año.
Henry Alviárez, coordinador del partido, recordó que después de las elecciones muchos dirigentes fueron detenidos, algunos se exiliaron y otros vivieron en la clandestinidad. Asimismo, dijo esperar la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y manifestó su confianza en el tutelaje que ejercen países aliados en Venezuela “que quieren la democratización de Venezuela”, se refirió particularmente al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien hace meses dijo que vendría un proceso de transición.
Por otra parte, el dirigente opositor señaló que la convocatoria se extendió a otras regiones del país. Según las publicaciones de Vente Venezuela, se realizaron concentraciones en los estados Aragua, Táchira, Bolívar, Mérida, Zulia, entre otros. En las manifestaciones también exigieron la liberación de todos los presos políticos.
“Hay 335 municipios movidos por toda Venezuela que quieren cambio en paz. ¿Qué estamos pidiendo en este proceso? Que establezcan una fecha de elección”, dijo Alviárez en declaraciones a los medios.
¡Caracas se levanta con sus propias manos! 🇻🇪
Desde el corazón de la capital respondemos con la fuerza de nuestra gente. A dos años del 28J, nos encontramos en la calle con la frente en alto, demostrando que con nuestras propias manos seguimos defendiendo la voluntad de todo un… pic.twitter.com/1KEllSLK80
🗣️ “Establezcan una fecha de elección para que sea el venezolano el que decida”.@HenryAlviarez, Coordinador de Organización de @VenteVenezuela, denuncia que no puede existir democracia con más de 300 presos políticos tras las rejas y millones en el exilio.
¡Este país los levantamos con nuestras propias manos!
El 28 de julio millones de venezolanos demostraron que la democracia no era una idea: era una decisión. Y en los meses más difíciles, cuando la tragedia golpeó y el abandono volvió a hacerse… pic.twitter.com/RmZ5h5lmnc
Con carteles escritos a mano, con la fe intacta y la memoria viva, cientos de venezolanos reafirman en las calles que hay heridas que el tiempo no borra y una voluntad que la represión no ha logrado vencer.
El 28 de julio millones de venezolanos demostraron que la democracia no era una idea: era una decisión. Y en los meses más difíciles, cuando la tragedia golpeó y el abandono volvió a hacerse presente, también quedó claro quién… pic.twitter.com/6DoM79Wka3
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A un mes de los sismos ocurridos en el país, los cuales causaron —según las últimas cifras oficiales— más de 5200 fallecidos, 16 000 heridos y dejaron a 23 000 personas en refugios temporales, la organización Cáritas Venezuela anunció el comienzo de una segunda fase de ayuda humanitaria. Esta etapa plantea concentrarse en las necesidades de las familias damnificadas y en un monitoreo nutricional de la población infantil afectada.
Janeth Márquez, directora ejecutiva de Cáritas Venezuela, explicó en el programa “Punto y Seguimos” de la Radio Fe y AlegríaNoticias, la importancia de este nuevo plan.
“Estamos terminando la fase uno, que es la fase del socorro primario, de abrir los brazos para ayudar, de dar insumos básicos mínimos… Esta segunda fase implica más organización, saber a quién estamos ayudando: a quién se le cayó la casa, quién es el afectado, quién está fuera y quién está con un familiar”, precisó Márquez.
Vigilancia y alianza
Una de las principales prioridades de la organización católica es la contención de la vulnerabilidad nutricional en los campamentos y refugios transitorios. En este sentido, Márquez advirtió que la alteración de las rutinas y la deficiencia en la dieta durante las emergencias incrementan exponencialmente el riesgo de desnutrición en niños.
“Rápidamente un niño se puede desnutrir cuando sale, entre el terremoto y los refugios, por una mala nutrición o porque en estos momentos no estamos cuidando la dieta y no se tiene una alimentación balanceada”, señaló.
Con el fin de mitigar esta situación, Cáritas gestiona los permisos requeridos para poder desplegar su Sistema de Alerta, Monitoreo y Atención en Nutrición y Salud (SAMAN) en los centros de acopio y refugios del estado de La Guaira. El proyecto cuenta con el respaldo de insumos otorgados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Estamos haciendo incidencia para que nos dejen entrar y tener un espacio dentro de estos albergues para el tema SAMAN… Que significa detección rápida de la desnutrición para atenderlos con nuestro protocolo”, explicó.
Informó que, ante la paralización temporal del calendario escolar y la reincorporación laboral de los padres, la organización promueve el acompañamiento psicológico de los menores de edad a través de la propia ONG; también, que docentes de la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC) se organicen para habilitar espacios de recreación dentro de los refugios.
“Más que ir a enseñar a leer o a escribir, estos maestros van a hacer un espacio de recreación para que los niños puedan ir espaciando todos esos problemas que tienen de lo que han vivido”, enfatizó Márquez.
En relación con la protección infantil, la representante de Cáritas enfatizó la importancia de mantener a las familias unidas para evitar situaciones traumáticas como las registradas en emergencias pasadas. “Lo ideal es que cada niño esté con su familia cercana, porque no hay nadie más que pueda cuidar mejor a los niños que su papá, su mamá, su hermano o su tía”, indicó. A la vez que hizo un llamado a los ciudadanos, las instituciones y a la Iglesia a mantener “tolerancia cero” contra cualquier tipo de abuso en estos espacios.
Prioridades de donación
Sobre el abastecimiento de insumos, la directora ejecutiva indicó que la solidaridad de los ciudadanos necesita ser canalizada en rubros específicos para poder garantizar la subsistencia y la dignidad de los damnificados en las zonas afectadas. Cáritas continúa ensamblando paquetes de asistencia de forma equitativa.
“Lo que hacemos nosotros es convertirlos en kits que le permitan a cada familia recibir una ayuda que la alimente por 15 días, a una familia de cinco personas: un kit de alimento, un kit de higiene, un kit para el niño y un kit para las mujeres”, detalló.
Entre los insumos que necesitan los centros de acopio de Cáritas mencionó los alimentos no perecederos, agua potable, toallas, sábanas y ropa interior nueva para adultos y niños, ya que la ropa usada es descartada por motivos de higiene.
“Hemos estado pidiendo ropa interior que, normalmente, no se usa de la ropa que nos mandan, porque nos vamos a crear un problema de infecciones cuando se usa una ropa interior ya usada. Entonces, estamos pidiendo ropa interior nueva para adultos, pero también para los niños”, expresó Márquez.
Por el área de la salud, la solicitud de Cáritas se concentra en insumos básicos como alcohol, algodón y agua oxigenada; además de tratamientos para afecciones crónicas y respiratorias: medicamentos antihipertensivos como losartán, tratamientos para las diabetes como la metformina y broncodilatadores inhalados para personas asmáticas. Recordó a la población que no se deben suministrar ni ingerir fármacos sin la debida supervisión médica.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La falta de información oficial sobre la emergencia sísmica volvió a instalarse después de que el Gobierno venezolano dejara de publicar actualizaciones periódicas sobre el doble terremoto del 24 de junio. El último reporte conocido fue presentado por Jorge Rodríguez el 24 de julio, con 5546 fallecidos, 16 740 heridos y 17 907 damnificados, pero desde entonces las autoridades no han divulgado un nuevo corte sobre víctimas, daños, desaparecidos o atención a afectados
La interrupción ocurre semanas después de que periodistas cuestionaran públicamente la falta de datos consolidados durante los primeros días de la tragedia. El Ejecutivo comenzó a publicar el balance oficial diario luego de una rueda de prensa del 2 de julio, en la que las autoridades fueron interrogadas sobre la ausencia de registros claros.
Las preguntas del periodismo abrieron la presión por las cifras
Durante la rueda de prensa del 2 de julio en la Base Aérea La Carlota, periodistas nacionales e internacionales preguntaron a Delcy Rodríguez sobre la respuesta estatal frente al terremoto y la existencia de una lista oficial de desaparecidos.
Una de las principales interrogantes fue la falta de información precisa sobre las personas cuyo paradero se desconocía y sobre el despliegue institucional durante las primeras horas de la emergencia.
La periodista española María Martín, de El País, cuestionó que varios afectados denunciaban que se sintieron abandonados durante las primeras 72 horas posteriores al terremoto y preguntó por qué el despliegue oficial había sido lento y descoordinado.
Rodríguez rechazó esos señalamientos y aseguró que las autoridades habían actuado desde el primer momento. También argumentó sobre la existencia de lo que calificó como “laboratorios mediáticos”; en ese sentido, sostuvo que el Gobierno trabajaba con datos y no con percepciones.
Posteriormente, el periodista Julio Vaqueiro, de Telemundo, insistió sobre testimonios recogidos en zonas afectadas que señalaban retrasos en la ayuda. Cuando intentó realizar una repregunta, el micrófono fue apagado.
Un día después apareció el primer balance oficial
Luego de esa rueda de prensa, el 3 de julio el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información difundió el primer parte oficial de la emergencia, nueve días después del doble terremoto ocurrido el 24 de junio.
El reporte contabilizaba 2645 fallecidos, 12 666 heridos, 6462 personas rescatadas, 86 117 familias atendidas y 15 050 personas sin vivienda.
También informaba sobre 885 edificios afectados, 189 colapsados, 9486 toneladas de alimentos distribuidas, 20 909 pacientes atendidos, 3305 rescatistas internacionales desplegados, 29 567 efectivos movilizados, 25 846 voluntarios registrados y 890 réplicas.
El último reporte conocido fue presentado por Jorge Rodríguez el 24 de julio. Para entonces, el balance oficial indicaba que la cifra de fallecidos había aumentado a 5546, mientras los heridos se mantenían en 16 740 y los rescatados en 6462.
La infografía también confirmaba que 128 324 familias habían sido atendidas, que existían 107 campamentos transitorios con 23 811 personas y que 17 907 ciudadanos permanecían como damnificados.
En materia de infraestructura, el Gobierno reportó 856 edificios afectados y 190 estructuras colapsadas. También informó sobre 47 942 pacientes atendidos, 2278 rescatistas internacionales, 30 989 efectivos desplegados, 31 745 voluntarios, 51 215 582 litros de agua distribuidos y 1500 réplicas registradas.
Uno de los puntos más cuestionados durante la emergencia ha sido la falta de una cifra oficial consolidada de desaparecidos.
El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, reconoció el 23 de julio que las autoridades no manejaban un número definitivo de personas desaparecidas tras el terremoto y señaló que existían mecanismos para recibir reportes.
La declaración ocurrió un mes después de que el Gobierno informara inicialmente que 157 personas permanecían desaparecidas. Desde entonces, esa cifra no fue actualizada públicamente.
Mientras tanto, familiares y voluntarios han construido registros propios para intentar ubicar a personas cuyo paradero continúa sin confirmarse. Organizaciones y familiares han advertido que la ausencia de un sistema único de información prolonga la incertidumbre para quienes siguen buscando respuestas.
A un mes del terremoto persisten reclamos por la respuesta
La falta de nuevos balances ocurre mientras comunidades afectadas denuncian retrasos en la atención institucional.
Carlos Julio Rojas, periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas, afirmó que sectores como Altagracia, La Pastora, San Bernardino, Candelaria, San Martín y Catia registraron dificultades durante los primeros días posteriores al terremoto.
Rojas señaló que los primeros refugios tardaron 48 horas en instalarse y cuestionó el tiempo que tomó iniciar inspecciones técnicas de inmuebles y asignación de etiquetas de habitabilidad. Asimismo, denunció problemas en complejos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y sostuvo que parte de la respuesta inicial fue asumida por comunidades organizadas.
Sin una fecha para el próximo balance
Más de un mes después del doble terremoto, la última fotografía oficial de la emergencia sigue siendo la presentada el 24 de julio.
El Gobierno no ha informado cuándo publicará un nuevo balance ni si mantendrá un esquema periódico de actualización de cifras. Mientras, familiares de víctimas, comunidades afectadas y organizaciones continúan reclamando información sobre fallecidos, desaparecidos, daños y atención humanitaria.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
![Venezuela: muerte bajo custodia [II]](https://runrun.es/wp-content/uploads/2026/07/Venezuela-muerte-bajo-custodia-II-por-Orlando-Viera-Blanco-@ovierablanco-1024x768.jpg "Venezuela: muerte bajo custodia [II]")
