La reestructuración de la deuda venezolana no puede verse simplemente como una negociación financiera entre acreedores y el Estado. El verdadero reto es mucho más profundo: reconstruir la confianza en la economía venezolana, en sus instituciones y en la capacidad del país para volver a crecer de manera sostenible. Esa es la posición que hemos defendido desde Ecoanalítica en nuestro más reciente informe sobre los lineamientos recomendados para la reestructuración de la deuda venezolana.

El anuncio del inicio del proceso de reestructuración por parte del gobierno busca transmitir la idea de que Venezuela entra en una nueva etapa económica, orientada hacia la reinserción financiera internacional y la recuperación de capacidades de inversión. La narrativa oficial insiste en que el alivio de deuda permitiría liberar recursos para infraestructura, servicios públicos y recuperación productiva. Y aunque ese objetivo es correcto, el éxito del proceso dependerá menos de los anuncios políticos y más de la credibilidad técnica e institucional que logre construirse. /

Después de casi nueve años en default y más de una década de destrucción institucional, Venezuela enfrenta uno de los procesos de reestructuración soberana más complejos del mundo. No estamos hablando solamente de eurobonos de la República y de PDVSA. El país acumula arbitrajes internacionales, deudas comerciales, reclamaciones por expropiaciones, compromisos con proveedores internacionales, pasivos de CADIVI y múltiples obligaciones contingentes cuyo tamaño total todavía ni siquiera está completamente determinado.

Precisamente por eso, desde Ecoanalítica hemos insistido en que el proceso debe hacerse con rigor, transparencia y metodología. La velocidad política no puede sustituir la consistencia técnica.Uno de los principales riesgos hoy es la falsa percepción de que la reestructuración puede resolverse rápidamente. La Licencia General 58 emitida por OFAC abrió un espacio importante para contratar asesores legales y financieros, pero no autoriza todavía la reestructuración efectiva de la deuda ni negociaciones directas con acreedores. Este período debe aprovecharse para construir las bases institucionales y estadísticas necesarias para una negociación seria.

El primer paso indispensable es reconstruir las estadísticas macroeconómicas del país. Venezuela lleva años operando bajo un esquema de profunda opacidad estadística. Hoy ni siquiera existe consenso sobre el verdadero tamaño de la economía venezolana, sobre el nivel real de ingresos fiscales o sobre la magnitud consolidada de los pasivos públicos. Las propias cifras oficiales del Banco Central siguen siendo catalogadas como “provisionales” desde 2018. Sin datos confiables, ningún análisis de sostenibilidad de deuda puede tener credibilidad.

La sostenibilidad no se mide en abstracto; depende de la capacidad real de la economía para generar crecimiento, exportaciones, ingresos fiscales y divisas. Por eso, hemos planteado que el proceso debe estar formalmente anclado al Fondo Monetario Internacional mediante la elaboración de un Artículo IV. Un Artículo IV del FMI sería mucho más que un informe técnico. Representaría el primer diagnóstico independiente y creíble de la economía venezolana después de años de aislamiento financiero. Permitirá reconstruir series macroeconómicas, validar proyecciones de crecimiento, cuantificar desequilibrios fiscales y establecer escenarios realistas sobre capacidad de pago futura.

Ningún banco de inversión ni firma legal puede sustituir el rol que cumple el FMI como árbitro técnico de credibilidad internacional. El segundo gran desafío es definir con claridad qué deuda será reconocida y renegociada. Limitar el proceso exclusivamente a los tenedores de bonos sería un error enorme.

Venezuela debe construir un registro formal y transparente de acreencias —un claims registry— que permita identificar, validar y conciliar todas las obligaciones acumuladas por el Estado y sus empresas públicas. Esto incluye acreedores financieros, contratistas petroleros, líneas aéreas, proveedores internacionales, arbitrajes y reclamaciones comerciales históricas.

La experiencia internacional demuestra que los procesos fragmentados generan litigios, privilegios discrecionales y pérdida de transparencia. Venezuela necesita exactamente lo contrario: reglas claras e igualdad de trato entre acreedores. En ese contexto, desde Ecoanalítica hemos advertido sobre los riesgos de avanzar mediante swaps de deuda por activos o deuda por capital sin supervisión institucional robusta.

En países con debilidad institucional, este tipo de operaciones puede derivar en procesos opacos de transferencia de activos estratégicos, subvaloración patrimonial y corrupción. Una reestructuración seria no puede convertirse en una liquidación improvisada de activos del Estado. Otro elemento central es la auditoría integral de las acreencias. No basta con registrar pasivos; es indispensable validar que cada obligación haya sido efectivamente contratada por el Estado venezolano bajo marcos legales verificables.

Muchas reclamaciones podrían incorporar sobreprecios, estructuras opacas o irregularidades administrativas. Una auditoría independiente permitiría proteger tanto al Estado como a los acreedores legítimos, reduciendo litigios y fortaleciendo la confianza en el proceso.

También hemos planteado que debe existir un tratamiento homogéneo entre acreedores de la república y de PDVSA. Durante años ambas entidades operaron de facto como una misma estructura financiera y fiscal. Intentar desconocer esa realidad histórica podría aumentar significativamente los riesgos de litigios bajo el argumento de alter ego.

La solución no es negar el problema, sino reconocerlo y construir hacia adelante nuevas reglas institucionales que separen claramente las finanzas soberanas de las de la empresa petrolera. Pero quizás el punto más importante es entender que el éxito de la reestructuración no se medirá únicamente por cuánto se reduzca la deuda. El verdadero objetivo debe ser reconstruir la relación de Venezuela con el sistema financiero internacional sobre nuevas bases: transparencia fiscal, disciplina macroeconómica, profesionalización institucional y reglas claras para inversionistas y acreedores.

Venezuela tiene hoy una oportunidad histórica. Después de casi una década de aislamiento financiero, el país puede transformar uno de los defaults soberanos más complejos del mundo en el punto de partida para una reconstrucción económica sostenible. Pero eso exige abandonar la lógica de improvisación y entender que la confianza internacional no se decreta: se construye con credibilidad, transparencia y consistencia institucional.

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