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Grupo de Acción Financiera Internacional califica de deficientes acciones de Venezuela contra el lavado de dinero y terrorismo

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También expone que el Estado venezolano impone medidas de supervisión desproporcionadas a la organizaciones sin fines de lucro 

 

El más reciente informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) calificó como deficientes las acciones que realiza el Gobierno venezolano en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.

La ONG Acceso a la Justicia hizo un análisis en el documento Resultados de la evaluación del GAFI ¿Se protege a la sociedad civil en Venezuela? en el que expone que el Estado venezolano impone medidas de supervisión desproporcionadas a la organizaciones sin fines de lucro (OSFL), entre las que destacan las ONG.

El informe del GAFIC fue realizado por un equipo formado por representantes de España, El Salvador, la Federación Rusa, las Islas Turcas y Caicos y Nicaragua  y contó con la revisión de representantes de San Martín, Curazao, el Consejo de Europa (Moneyval) y Estados Unidos. 

Segun los investigadores, Venezuela no solo presenta deficiencias en cuanto a la evaluación y mitigación de riesgos de estos delitos a nivel institucional, sino que no ha conseguido demostrar que cuenta con políticas antilavado o contra financiamiento al terrorismo.

Recomendaciones sobre lavado de dinero no atendidas

El informe del GAFI hace 40 recomendaciones al Estado venezolano.

En cuanto al cumplimiento de las recomendaciones, de 11 indicadores, el Gobierno venezolano obtuvo la peor calificación posible en 10 de ellos. No existe un solo indicador en el que el país haya sido calificado positivamente.

Lo anterior se traduce en que las 40 recomendaciones tienen el peor grado de efectividad posible.

El GAFIC determinó que Venezuela no tuvo pleno cumplimiento de ninguna de las 40 indicaciones, dado que 9 fueron mayormente cumplidas, 26 parcialmente cumplidas y 5 se consideraron no cumplidas.

Entre los señalamientos de la evaluación figuran las graves deficiencias por parte del Estado venezolano en el cumplimiento de elementos básicos contra el lavado de capitales y financiamiento del terrorismo. 

“El alcance de estas políticas contra el lavado de capitales y financiamiento del terrorismo es general y no se basan en los riesgos identificados. El país no ha podido demostrar que estos grandes objetivos se reflejen en acciones concretas”, reza el informe.

Raspados 

Entre las 40 recomendaciones destaca las obligaciones de los Estados con las OSFL y cómo debe regularse su relación con ellas. La sugerencia del grupo internacional busca evitar que organizaciones legítimas sean utilizadas como medios para el financiamiento del terrorismo, evadir medidas como el congelamiento de activos o esconder el desvío de fondos.

El seguimiento excesivo hacia las organizaciones de la sociedad civil impide el pleno desarrollo de sus actividades, expone el documento. 

El GAFIC condena que todas las OSFL sean supervisadas por el Estado venezolano

El informe revela que, según información de Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) existen 9.960 OSFL de las cuales solo 44 fueron calificadas de alto riesgo (0.44 %) y 84 de riesgo moderado (0.84 %) por lo que el 98,72 % son consideradas de bajo riesgo. 

A partir de esto, luce desproporcionada la política estatal de vigilancia y control al que están sometidas la mayoría de las organizaciones en el país.

 

ONG alerta existencia de minería ilegal en el parque nacional Yapacana

Adaptarse para sobrevivir… ¿O perecer?

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Mientras más se prolongue el statu quo, más se harán sentir los efectos de la adaptación forzosa en las universidades. Sobre todo, las públicas

 

@AAAD25

Sigo pasando revista a las formas en que la sociedad civil venezolana está asimilando el orden político chavista, así sea solo para seguir existiendo, mientras la dirigencia opositora no presenta una estrategia convincente sobre cómo lograr un cambio político en el país. De nuevo, con el propósito de evaluar las consideraciones éticas de dicha adaptación. Si usted que lee el presente artículo no hizo otro tanto con su predecesor de la semana pasada, pues repito entonces la premisa sobre la que también descansa lo que ahora tiene ante usted. Entre más “grande” o influyente sea un ente de la sociedad civil, el chavismo más lo verá como una fuente de poder que pudiera competir con el propio, por lo que procederá a intentar someterlo con su característico uso despiadado de la coerción. De manera que para estas entidades es especialmente difícil evitar mantener un trato, aunque sea mínimamente cordial con el gobierno. Tarde o temprano les tocan la puerta para forzarlos a decidir entre la adaptación o la aniquilación.

Con todo esto mente, señalé por qué a mi juicio los grandes empresarios del país últimamente no han tenido reparo en dar apretones de mano a Nicolás Maduro, haciendo la salvedad de que no tienen carta blanca ética, pues tan pronto como empiezan a repetir los sofismas de Miraflores (e.g. sobre las sanciones), hacen algo moralmente inexcusable.

Hoy quiero hacer un ejercicio similar, pero con otro segmento de la sociedad civil destacado: las universidades. Me parece que ellas, también, han hecho su propio proceso de adaptación. Incluso de alianzas con la elite gobernante para recuperar una infraestructura en estado deplorable, en el caso de las casas de estudio públicas. Un primer asomo lo hemos visto en las acciones conjuntas de la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo, y el gobernador de ese estado, Rafael Lacava.

Como en el caso de Fedecámaras y otros gremios empresariales, el donaire protocolar de esas reuniones desató la furia de algunos conciudadanos, para quienes representa un olvido de los desmanes del chavismo y hasta un intento de lavarle la cara. Y, de nuevo como en aquel caso, mi reacción remite a la triste realidad de la urgencia por sobrevivir.

Pero de todas formas surgen inquietudes dilemáticas. ¿Cuán lejos se está dispuesto a ir para aplacar la furia chavista, o incluso para obtener recursos económicos, aunque se desdibuje la propia esencia de la institución, que es otra forma de morir? Para el empresariado este problema es de resolución más fácil, sobre todo luego del discreto abandono del socialismo marxistoide por la elite gobernante. Su función en la sociedad, consistente en brindar productos y servicios desde un punto de vista utilitario, no exige mucho bagaje filosófico (ojo, sí existe una filosofía empresarial y de la gerencia, pero no es lo que ocupa el quehacer cotidiano de hombres y mujeres de negocios).

Con las universidades es distinto. El debate y la pluralidad de ideas les son medulares. Y para que eso se dé, tiene que haber un entorno de libertad. Precisamente lo que a gobiernos como este les da urticaria. Mientras haya ese ambiente liberal y plural en las universidades, las mismas serán hervideros potenciales o fácticos de activismo opositor, por varias razones.

En primer lugar, porque el cultivo de humanidades como la ciencia política, la economía y la sociología es una fuente inagotable de críticas teóricamente fundamentadas a todo lo que está mal con el país bajo el chavismo. Son las universidades, mediante proyectos como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, las que le han puesto cifras a la crisis. Las mismas cifras que el Estado está obligado a proveer, pero no lo hace, porque dejan mal parado al gobierno.

En segundo lugar, porque el estudio de las ciencias humanísticas, y en menor medida las ciencias naturales, conlleva reflexiones filosóficas que suelen activar el juicio ético. Fomentan el pensamiento crítico e individual, que es el mayor antídoto a la mentalidad de rebaño, pasiva y perezosa, sustento a su vez del concepto arendtiano de banalidad del mal.

¿Cómo podrán entonces florecer las humanidades en las academias del país, sobre todo las públicas? ¿El gobierno proveerá recursos para cátedras en las que muy probablemente la discusión lo haga quedar mal? Son preguntas que vale la pena hacerse. No es para nada descabellado contemplar la posibilidad de que, aprovechándose de la catástrofe económica y la pauperización material del país (“producidas por el bloqueo”), el gobierno exija a las universidades concentrar todos los esfuerzos en la formación de profesionales que sirvan para la recuperación de la infraestructura nacional y que casualmente son menos, digamos, problemáticos, por tender menos a “meterse en política”. A los regímenes autoritarios por tal razón no hay nada que les guste más que un ingeniero. Se ocupa de levantar puentes y no está llenando a la gente de ideas “peligrosas” (i.e. críticas del statu quo). Esta es, por supuesto, una caracterización prejuiciosa y ridícula de los profesionales de la ingeniería, pero muy propia de la tosquedad de la mentalidad autoritaria.

En fin, las señas sobre el destino de las universidades públicas en proceso de adaptación al orden político chavista no son las más aterradoras, pero tampoco las más esperanzadoras. Apuntan a cierto grado de sumisión y apaciguamiento que, insisto, puede ser lesivo para la raison d’être de una universidad. Probablemente lo que sigue es una opinión muy impopular, considerando el entusiasmo producido por las recientes elecciones internas de la Universidad Central de Venezuela y las comprensibles expectativas elevadas que se tiene sobre su nueva conducción (aunque, claro, en medio de una sociedad que en buena parte decidió ella misma tirar la toalla, pero sin reconocerlo para sentirse bien consigo misma, cualquier opinión de este tenor va a ser impopular).

En una entrevista para Prodavinci, luego de concretarse su triunfo en los referidos comicios académicos, el nuevo rector, Víctor Rago, habló de la necesidad de dialogar con el gobierno para llegar a acuerdos en “asuntos específicos que conciernen al interés nacional”. Entre ellos, que “la universidad le proponga al gobierno nuevas visiones y nuevas prácticas de ejercicio democrático”, puesto que “el gobierno ha dado demostraciones inequívocas de que entiende la democracia de una forma particular y que esa idea, difícilmente, concuerda con la idea habitual de lo que debe ser la democracia y, sobre todo, la forma en que la democracia se debe adoptar en una institución como la universidad”. Todo esto es un gigantesco eufemismo. No es que el chavismo tenga un concepto alternativo y heterodoxo de democracia que se pueda comparar con definiciones típicas. Es que no tiene vocación democrática alguna. De ahí que, aunque suene encantador el diálogo planteado por Rago en buena fe, sepamos de antemano que será desatendido por el chavismo.

Lo que les queda a las universidades públicas ante el sinfín de despropósitos y desmanes del orden al que se están adaptando, entonces, parece ser una pasividad de la que solo saldrán para emitir cuestionamientos tímidos sobre aquellos atropellos que las involucran. Es lo que ocurrió con el pronunciamiento de las autoridades de la UCV pidiendo un trato justo para John Álvarez, estudiante de esa casa de estudios que acaba de engrosar la lista de presos políticos venezolanos. Obviamente, no hubo nada del trato justo solicitado. Más bien, según relatan abogados y familiares, una breve desaparición forzada, torturas y una audiencia de presentación con las irregularidades de rigor para complacer a la elite gobernante. He ahí para lo que sirve el “diálogo” entre gobierno y universidad.

Mientras más se prolongue el statu quo, más se harán sentir los efectos de la adaptación forzosa en las universidades. Sobre todo, las públicas, que dependen financieramente de los caprichos de Miraflores. Pero las privadas no están libres de peligro. Porque en última instancia la fuente de poder del chavismo no es el dinero, sino las armas. Volviendo a la raíz del problema, que es la falta de una estrategia para el cambio político, lo que nos toca como sociedad, repito, es presionar a quienes dicen ser nuestros líderes opositores para que cumplan con el deber de desarrollar un plan adecuado. Mañana ya es tarde.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y  no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Transparencia Venezuela: Economías ilícitas obtuvieron más de $9000 millones en 2022

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Según la investigación, el narcotráfico se mantiene como la actividad más lucrativa para los grupos criminales que operan en Venezuela

 

En su informe Economías ilícitas en Venezuela:  Una creciente repartida entre aliados, la ONG Transparencia Venezuela actualiza la estimación de las rentas generadas por el contrabando de minerales, drogas, combustible y la extorsión en puertos nacionales.

De acuerdo con el estudio, los ilícitos reportaron ganancias por 9402 millones de dólares.

El informe, en alianza con la consultora Econoalítica, establece que, comparadas con otras variables macroeconómicas, las economías ilícitas analizadas equivalen a 56,4 % de la exportación de bienes, 56,3 % de los ingresos totales del Gobierno venezolano para el año pasado y 77,8 % de las importaciones totales, lo que evidencia el impacto que tienen estas prácticas.

De acuerdo con la investigación, los ingresos de organizaciones criminales que participan en el narcotráfico, contrabando de combustible, extorsión en puertos y la extracción ilegal de minerales,  equivale a 15,67 % del PIB del país y a 77,8 % de las importaciones totales. 

Los cálculos del informe se hicieron con base en la revisión de fuentes documentales secundarias, nacionales e internacionales, así como visitas y entrevistas presenciales con habitantes de las regiones del país donde más se registran estos ilícitos, aunado a la consulta a personas que trabajan para el Estado.

Según el documento, el narcotráfico se mantiene como la actividad más lucrativa para los grupos criminales que operan en Venezuela, considerado país de tránsito o enlace para colocar en el mercado final la producción proveniente de Colombia. 

De acuerdo con reportes oficiales, en 2022 las incautaciones de sustancias ilícitas como cocaína y marihuana aumentaron 2,76 % y 89,6 %, respectivamente.

Oro tambien forma parte de economías ilícitas

Los hallazgos de la investigación evidencian que la producción de oro aumentó 20 %, para situarse entre 37,5 y 45 toneladas al año, con ganancias que oscilan entre $2250 y 2700 millones. 

De este monto, solo 25 % ingresó al Banco Central de Venezuela (BCV) y 9 % al Tesoro Nacional, en tanto que 36 % se destinó a las llamadas “alianzas estratégicas” entre la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y actores privados.

El 30 % iría a manos de redes criminales que participan en la explotación ilegal de oro.

La investigación evidenció que, entre finales de 2022 y el primer trimestre de 2023, el Gobierno incrementó el control sobre el Arco Minero del Orinoco y que las alianzas estratégicas en la zona se han fortalecido. 

El estudio de los ilícitos en el sector minero también incluyó al coltán, que podría reportar al menos $750 000 anuales. 

Un nuevo elemento considerado en el análisis es el rodio, uno de los metales más caros del mundo. Teniendo en cuenta que es un mineral de producción reducida debido a la complejidad de la tecnología que requiere para su extracción, y a la volatilidad de los precios en el mercado, se estima que el contrabando de rodio podría generar $350 millones.

El estudio determinó que si bien el contrabando de combustible ha disminuido debido a la escasez de gasolina en Venezuela, 70 % de la gasolina subsidiada para el mercado interno se destina a las actividades ilegales, con ganancias que rondarían los 760 millones de dólares anuales.

La extorsión en los puertos nacionales fue otra actividad que sufrió variaciones, básicamente por la disminución de los envíos “puerta a puerta” que reportaban ingresos netos de 16 % por concepto de legalización. Según los cálculos, la actividad produjo en 2022 ganancias por $1394 millones.

Con información de Transparencia Venezuela

Utopix contabiliza 121 femicidios en lo que va de 2023

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Aimee Zambrano denunció la escasez de las campañas de prevención, la falta de atención en sistemas de denuncias

 

 

El informe correspondiente al mes de julio del Monitor de Femicidios de Utopix reveló que en lo que va de 2023, se han contabilizado 121 femicidios en el país. 

En entrevista transmitida por Onda la Superestación, la fundadora del Monitor de Femicidios, Aimee Zambrano, señaló que solo en el mes de julio, asesinaron a 22 mujeres venezolanas. 

Zambrano destacó que se observó una disminución con relación a las cifras de 2020 y 2021, a pesar de superar la centena de casos. 

Aimee Zambrano también señaló que la delincuencia y las actividades de organizaciones criminales pueden acentuar el índice, sin embargo, aclara que la mayoría de los casos corresponden a patrones íntimos, por motivos sentimentales ejecutados por parejas o exparejas.

Informó que se tiene registro de 155 femicidas, de los cuales 11 se suicidaron, 70 están apresados, 22 se mantienen en fuga y de 47 no hay información.

La fundadora del Monitor y también antropóloga, denuncia la escasez de las campañas de prevención, la falta de atención en sistemas de denuncias y el acompañamiento a las víctimas de violencia de género antes de que ocurra el femicidio.

Aimee Zambrano recomienda organizaciones como Inamujer, Tinta Violeta y el Fondo de Poblaciones de la Naciones Unidas (UNPFA) que brindan acompañamiento preventivo y asesoría en situaciones de violencia que vulneran los derechos de las mujeres.

Podcast | Las ruinas de El Pueblito, la crisis en los centros comerciales de Caracas y el nuevo Roberto Enríquez

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En el episodio 231 de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

En El Pitazo destacan el trabajo “En las ruinas de El Pueblito quedaron los sueños de Abraham”. Las lluvias en Táchira dejaron a más de 70 familias sin vivienda. Una de las zonas más afectadas es El Pueblito, en el municipio Capacho Viejo donde, aproximadamente, 44 casas se desplomaron. Abraham, de 17 años, contó cómo fue esta tragedia para él y su familia. Su hogar quedó reducido a ruinas, donde quedaron sus pertenencias y sueños. 

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Locales vacíos ensombrecen centros comerciales de Caracas”. En la mayoría de los centros comerciales de Caracas se observa poca cantidad de compradores debido al disminuido poder adquisitivo de los venezolanos. Pero en los últimos meses también ha ido en aumento el cierre de establecimientos, dejando pasillos enteros con anuncios de «Se vende» o «Se alquila»; la causa es la misma: la falta de dinero para invertir y las pocas ventas que no generan sustentabilidad en los negocios

“Roberto Enríquez: De la embajada de Chile salió una mejor persona” es el #RRPlus que destacan en Runrun.es esta semana. Enríquez habla de su plan de Gobierno. El dirigente de Copei, partido fraccionado y judicializado, cuenta que su objetivo es acudir a las urnas de votación para elegir un presidente bajo cualquier condición. Enríquez está convencido de que si la mayoría asiste a ejercer su derecho, Nicolás Maduro se verá obligado a abandonar Miraflores y a poner la banda presidencial a un demócrata.

Te invitamos a sumarte a nuestra comunidad desde tu plataforma de podcast preferida y compartirlo, para que se mantengan informados. 

Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

Postales de migrantes y viajes sin retorno

Fotografía: Elizabeth Ramos, Paloma Reyes, Ismael Quintana

 

Postales de migrantes y viajes sin retorno se publicó originalmente en el portal La Verdad de Juárez. Fue elaborado por las periodistas Paloma Reyes y Elizabeth Ramos como parte del proyecto “Defensa y acompañamiento de periodistas y familiares víctimas de graves violaciones a sus ddhh en México”, realizado por la organización Propuesta Cívica A.C. Runrunes lo reproduce íntegramente con su autorización. 

#1: Desaparecidos: ¿Dónde está José? 

Ciudad Juárez, Chihuahua. Roraisa perdió contacto con su hermano José Gregorio en las primeras horas de la madrugada del 25 de junio del 2022. Lo último que supo es que estaba a punto de cruzar hacia Estados Unidos, junto con otras dos mujeres, a través de las aguas del Río Bravo. 

Luego de eso, Roraisa no supo nada de “Cheo”, como le decía de cariño. Ella asumió que él había cruzado la frontera y estaba en detención en Estados Unidos: “como les quitan todo, yo me quedé tranquila, pero jamás imaginé todo lo que pasaría.” 

Cada vez que lo recuerda, la noche del 26 de junio vuelve a su mente con todos los detalles. Entró una llamada y con ella la noticia. Aparentemente, durante la noche anterior, José se había ahogado en el Río Bravo en su intento por cruzar la frontera norte de México. 

Ha pasado casi un año y Roraisa se niega a aceptar que José haya muerto: “no hay cuerpo que lo confirme…además, era de noche, estaba oscuro, ¿cómo iban a saber que era él?”. 

Luego de la llamada, comenzó a pensar en la pequeña posibilidad de que alguien hubiera rescatado a su hermano: “mientras yo no vea un cuerpo, no voy a creer que a él le sucedió eso”. 

Desaparición en cifras 

De acuerdo con el informe anual de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, (2019-2020) la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM) brindó información a familiares de 117 personas desaparecidas registradas en el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda (MAE), en particular de Honduras (43), El Salvador (41) y Guatemala (33); aunque cabe destacar que la cifra de personas registradas en el sistema incluye migrantes de más de 3 nacionalidades y es tan larga como el viaje que emprenden las personas en movilidad. 

Tan solo entre 2020 y 2021, al menos 672 personas en movilidad fueron reportadas como desaparecidas o ausentes en la República Mexicana, siendo Chihuahua el estado con mayor número de reportes, según cifras proporcionadas durante el Foro Regional sobre la Desaparición de Personas en

Contextos de Migración de la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM) . 

Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil estiman que el número de migrantes desaparecidos podría no ser exacto debido a distintos factores como la desconfianza de quienes interponen la denuncia, el desconocimiento de los procesos, la falta de recursos, el miedo o la barrera del idioma; sumando a esto la dificultad para comunicarse al exterior debido a la política de cada país. 

 

 

 

Las desapariciones en México 

En el caso de México, el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas es una herramienta que designa acciones a cada autoridad para llevar a cabo la búsqueda, así como la coordinación entre dependencias y los procesos correspondientes a cada caso. 

La búsqueda individualizada de personas en movilidad se hace a través de una solicitud de información a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y al Instituto Nacional de Migración (INM) para confirmar la llegada de la persona en movilidad al país o las atenciones que recibió por parte de las autoridades. 

Para poner un reporte por desaparición de personas ante la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) en México, se puede hacer el registro a través del portal de internet, donde se anexa una fotografía de la persona desaparecida y se ingresan los datos que ayuden a su identificación. 

Como parte del protocolo se hace una búsqueda en albergues, casas de migrantes y otras organizaciones no gubernamentales de apoyo a personas en movilidad para tratar de dar con su paradero o tener algún indicio de este. 

Tan sólo en Juárez existen más de 30 albergues y casas de migrantes en las que se podría hacer la indagación. No obstante, Ivonne López de Lara, coordinadora del Departamento de Derechos Humanos de la Casa del Migrante A. C. en Ciudad Juárez, considera que existen algunos vacíos que dificultan la búsqueda de personas en movilidad que se encuentran en calidad de desaparecidas, ya que las bases de datos que manejan las fiscalías no están socializadas con los albergues, quienes además cuentan con sus propios datos y, en la mayoría de las veces, no coinciden con otras instancias.

En Casa del Migrante de Ciudad Juárez, el área de Trabajo Social se encarga de hacer la entrevista a quienes ingresan al albergue y, posteriormente, registra sus datos personales. Sin embargo, López de Lara reconoce que estos no siempre son reales o verificables, ya que la persona que ingresa a veces no cuenta con documentos de identificación y, en ocasiones, proporcionan otros datos como medidas de protección. 

“La gente no siempre dice la verdad; a veces se cambian el nombre por seguridad, por miedo o desconfianza. Entonces, cuando viene la Fiscalía a preguntar por alguien, nosotros revisamos nuestro registro con los datos que nos están dando y aquí puede ser que la persona esté en nuestra base o no, pero también puede ser que tengamos a la persona con datos distintos y nos damos cuenta con la fotografía que suele traer la Fiscalía u otra institución”. 

De Venezuela al Río Bravo 

La duradera crisis económica había empujado a José Gregorio a abandonar Venezuela en el 2017. Hizo una primera parada en Colombia, donde por un tiempo vivió con un grupo de amigos hasta el 2022, cuando decidió dar el siguiente paso y comenzar el largo camino hacia Estados Unidos. 

Roraisa D., hermana de José Gregorio D. (41 años), cuenta que ella y José eran inseparables y fieles compañeros de viajes, paseos y rumba, hasta que en 2017 la crisis del país y la necesidad de tener las mínimas condiciones económicas para solventar la vida, empujaron a su hermano a migrar a Colombia en busca de trabajo, algo que ya no se podía conseguir en Venezuela. 

Pero en marzo de 2022, cinco años después de su llegada a Colombia, motivado por sus amigos para buscar algo mejor para él y poder seguir mandando dinero a su familia e hija, que se habían quedado en Venezuela, emprendió lo que se convertiría, hasta el momento, en un viaje sin regreso. 

“Mi hermano Cheo, como le decimos en casa, era un bonachón, si tú le decías ‘aquí es bonito’, él iba para allá poniendo toda la confianza a lo que le decía la gente y esa era una de mis grandes peleas con él”, recuerda Roraisa. 

Así fue como sin previo aviso a su familia en Venezuela, sin una llamada telefónica, sin un mensaje y menos un beso o un abrazo de despedida, José

salió en silencio de Colombia con la esperanza de darle a su pequeña hija mejores condiciones de vida. 

Roraisa, quien se había quedado en Venezuela, recuerda que los primeros días de junio del 2022, a unos dos meses de que “Cheo” salió de Colombia, su hermano la contactó para avisarle que ya estaba en México: “Mi reacción fue de sentimientos encontrados; me puse feliz de saber de él, pero también me entraron unas ganas de llorar durísimo de imaginarme por todo lo que había pasado y eso que él no me dio mayor detalle de todo el viaje”, cuenta. 

 

 

Ambos mantuvieron contacto hasta el 24 de junio, cuando el último mensaje que recibió decía “ya estamos cerquita, vamos a pasar el Río”. Ese mismo día, a las 7:30 p.m., hora de Venezuela, llegó otro mensaje: “ya dentro de poco vamos a pasar”; adjunto venía una foto de él donde al fondo se observaba el Río Bravo. 

Roraisa le advirtió a “Cheo” que no cruzara el Río de noche. Hacia las 2:30 a.m. fue la última conexión de José. Se anunciaba la incertidumbre. 

Cuando las cifras sobrepasan los recursos 

El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha documentado casos de personas en movilidad que han fallecido o desaparecido durante el proceso migratorio en su intento por salir de su país de origen. 

Según los registros de la OIM, del primero de enero al 25 de junio de este año, en las Américas han desaparecido 473 personas migrantes; de las cuáles 211 fueron registradas en la frontera entre México y Estados Unidos, siendo el mes de marzo el más alto con 82. 

De acuerdo con Luz Torres, abogada especializada en migración, debido al número de desapariciones a lo largo del territorio mexicano, el trabajo que hacen las autoridades y las organizaciones civiles ayuda y contribuye, pero muchas veces se ve rebasado. 

Además, los grupos de búsqueda no hacen un seguimiento para saber a dónde fue enviado el cuerpo o la persona una vez que ha sido localizada, sino que se turna a las autoridades correspondientes. Por ello, considera Luz Torres, es necesario la creación de prácticas que ayuden a fortalecer la búsqueda de

personas migrantes desaparecidas que realizan diversos actores y grupos sociales. 

En este sentido, uno de los canales de búsqueda deberían de ser las embajadas de México y Estados Unidos en los países de origen o las plataformas digitales; sin embargo, estas últimas pueden tardar mucho tiempo en contestar una solicitud. Tan solo en el caso de Venezuela, las relaciones diplomáticas con Estados Unidos son escabrosas, lo que dificulta aún más poder iniciar una búsqueda paralela y eficaz para casos como el de José Gregorio. 

Postal de un viaje sin retorno 

Las noticias anunciaban muertes de migrantes, pero ninguno coincidía con la descripción de José: “Vamos a relajarnos porque lo más seguro es que esté detenido. Vamos a esperar a que él llame”, dijo Roraisa a su prima, quién se encontraba de visita en su casa. 

La llamada de “Cheo” nunca llegó. En su lugar, la noche del 26 de junio, transcurridas las 24 horas sin saber de su hermano, desde un número desconocido le llegó una llamada a Roraisa; tenían noticias para ella: aparentemente, José se había ahogado en el Río Bravo. 

La persona que comentó a Roraisa sobre la muerte de “Cheo” era una de las dos mujeres que iban con él la noche que juntos intentaron cruzar el Río. Al llegar al otro lado, según lo narrado por la misma mujer, esta se percató de que José estaba siendo arrastrado por el agua, sin que nada pudieran hacer por él, ya que estaba oscuro y la corriente era muy fuerte. 

“Mientras yo no vea un cuerpo, no voy a creer que a él le sucedió eso”, fue la respuesta de Roraisa ante la noticia. Y al día siguiente comenzó la búsqueda de su hermano, sin saber a dónde ir ni cómo empezar. 

Aproximadamente una semana después, Roraisa no tiene clara la fecha, recibió una fotografía del cuerpo de su hermano que, según le dijeron, había tomado un fotoperiodista, mismo que fue contactado a través de una amiga en común de la abogada Luz Torres. Cabe agregar que dicha conexión fue posible porque la abogada Torres es de nacionalidad colombiana; sin embargo, actualmente vive en Ciudad Juárez.

No se obtuvo mayor información del periodista ya que para su localización intervinieron otras voces. 

“Lo que siguió fue la urgencia de querer saber dónde estaba el cuerpo, porque el periodista que pasó esa foto no quería hablar más, -de acuerdo con la información que recibió Roraisa de parte de la mujer que cruzó el Río con José-. Dijo que se iba a meter en problemas y solo nos comentó que el cuerpo estaba del lado de Laredo, Texas”. 

Epitafio: desaparecido 

En el periodo de enero de 2019 a julio de 2022, la Fiscalía de Distrito zona Norte localizó 7 cuerpos de personas en movilidad originarias de Sudamérica y el Caribe fallecidas en Ciudad Juárez. 

Pese a que ninguna contaba con reporte de desaparición, pero sí con documentos oficiales que ayudaron para su identificación, según información proporcionada a través de solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia. A ellos, se suman 5 cuerpos de personas localizadas por Grupo Beta de Protección al Migrante en el mismo periodo de tiempo. 

Por otro lado, hay personas en movilidad que no cuentan con sus documentos oficiales que permitan hacer la identificación en caso de fallecimiento o algún accidente; personas que viajaban solas y nadie sabe lo que pasó con ellas, y personas con las que, sin previo aviso, se pierde comunicación. 

Lo que casi todas tienen en común es la dificultad para saber quiénes eran en vida y de dónde son originarias, sin un documento o un reporte de desaparición que aporte información para darle identidad al rostro localizado y poder abrir comunicación con sus familiares. 

En este sentido, de enero a marzo de 2023, la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses informó que en el Estado de Chihuahua el Servicio Médico Forense (SEMEFO) ha tenido un total de 157 cuerpos, según el registro de todas las zonas. De los anteriores, 97 corresponden a la Fiscalía Zona Norte en Ciudad Juárez, donde solo 7 cuerpos han sido identificados hasta el momento. En total son 14 los identificados en todo Chihuahua. 

De 2019 a marzo de 2023, en el SEMEFO de Ciudad Juárez ingresó un total de mil 167 cuerpos. Sin embargo, estos están en el Servicio por un tiempo limitado mientras se recolectan los datos necesarios que permiten establecer su identidad en caso de una posible identificación o reclamación de parte de algún familiar. 

 

 

Aquellos que no son identificados o reclamados, son inhumados en la fosa común del panteón San Rafael, ubicado al surponiente de Ciudad Juárez, y donde a manera de epitafio solamente se lee el número de registro correspondiente a cada caso. 

Son los “desaparecidos de los que nunca se sabe qué pasó con ellos, esas cifras negras que nadie conoce”, lamenta la abogada Luz Torres. 

En diciembre de 2022, la Casa del Migrante A. C. llevó el caso de una persona en movilidad originaria de Veracruz que falleció en Ciudad Juárez. Ivonne López de Lara califica de dolorosa y desgastante la recuperación e identificación de un cuerpo que no tenía documentos de identidad ni familia cercana. 

Narra cómo la recuperación de un cuerpo de la SEMEFO es complicada debido a los procedimientos y el desgaste emocional de “ver los cuerpos amontonados y en diferentes niveles de descomposición.” 

“Tú traes tu dolor, tu pérdida, y luego todavía están todos los protocolos que te ponen para poder sacar a un cuerpo de ahí (…) ¿Por qué después de una muerte, una persona tiene que batallar tanto para que pueda darle cristiana sepultura (a su familiar)?”, se cuestiona Ivonne en entrevista. 

El fin de un sueño 

Después de recibir la foto de José, Roraisa comenzó la búsqueda de su hermano por su cuenta. Primer obstáculo: en Venezuela no hay embajada de Estados Unidos, lo que dificulta pedir ayuda por esa vía. Intentó por otras alternativas: “hago contacto con las embajadas paralelas (políticos opositores al gobierno de Venezuela), pero ni así conseguía saber de mi hermano por ningún lado, ni detenido, ni como fallecido.” 

“Al principio nos decían que no hay un certificado formal de defunción de mi hermano porque oficialmente no está fallecido, ya que no hay un cuerpo que lo confirme. Yo me imagino que porque el cuerpo es localizado sin ningún tipo de identificación y que, como él, habrá muchos casos”, comenta Roraisa. 

La búsqueda de José inició en la frontera norte de México. Sin éxito, se indagó después en la morgue de Laredo, Texas, con ayuda de las embajadas paralelas.

No pierde la esperanza, pero hay momentos en que Roraisa cree que todo va a quedar así: “no creo que esta gente de la morgue en algún momento diga que sí lograron identificarlo.” 

Ella trata de no hablar mucho de su hermano, le duele el tema; sin embargo, intenta amortiguar el dolor en la construcción de una ilusión: “con los amigos de repente nos hacemos a la idea de que él sigue en Colombia… pero caemos en cuenta de que (tal vez) ya no vamos a ver más el cuerpo”. 

Aun así, los recuerdos que quedan son buenos, como los de José divertido y trabajador; el que bailaba de forma cómica. Roraisa prefiere recordarlo con sus sonrisas y como al que le gustaba usar palabras de las que desconocía el significado “a veces metía palabras en donde no iban, lo que lo hacía más divertido”. 

Roraisa recuerda con alegría la vez que platicaba con José y su prima sobre anécdotas divertidas que habían pasado juntos: “Cheo dijo ‘adelante, esas son incógnitas que le quedan a nuestros hijos’, él quiso decir anécdotas”, relata con una sonrisa en su rostro. 

Pronto los ánimos cambian. Como si hablara consigo misma, se pregunta despacio y casi en silencio: “¿Quién garantiza la vida?, los fallecidos son tantos que ya no los ven como una noticia: ‘mira, un fallecido’. Es que son muchos y nadie se está ocupando de eso, nadie está asumiendo esa responsabilidad de cómo la gente se está jugando de esa forma su vida.” 

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El otro camino de regreso a casa 

#2: Ronald y Karen, Morir en el intento 

A finales de octubre de 2018 las caravanas de migrantes comenzaron a llegar y cruzar por México, puente de acogida y tránsito de cientos de personas en movilidad que, día a día, buscan llegar a los Estados Unidos. 

Las personas en movilidad padecen a lo largo de su camino todo tipo de riesgos y violaciones a sus derechos humanos y en muchos de los casos, ni siquiera logran pisar un milímetro de los Estados Unidos. 

Su camino se trunca en las áridas tierras de la frontera norte de México, ahí donde termina un viaje, comienza otro. El camino de regreso ya no lo alcanzan a contar y solamente, a través de la voz de sus familias, es que se pueden ir reconstruyendo las historias, vivencias y aspiraciones de aquellas personas en movilidad que murieron en su intento por llegar a suelo estadounidense. 

Es a través de otras voces, que se logra conocer los costos económicos y emocionales de lo que implica regresar el cuerpo del familiar que murió en el intento. 

Como lanzar una moneda al aire 

Luego de un primer intento fallido de emigrar en familia a Estados Unidos, Vanessa Silva, originaria de Honduras, relata que tiempo después y tras una difícil toma de decisiones, su esposo Ronald Edgardo E. (30 años) se preparaba para salir nuevamente de Tegucigalpa, Honduras, el 17 de mayo de 2019. 

La primera vez Vanessa, Ronald y sus hijas habían llegado hasta Villa Hermosa, Tabasco, donde estuvieron detenidos en Migración por 8 días, antes de ser devueltos a su país. En esa ocasión, Ronald dejó caer una frase como ancla: “Lo quiero volver a intentar”. 

Esta vez en el viaje no iría toda la familia. Él y su hija Karen (9 años) fueron quienes subieron al autobús nuevamente camino a Estados Unidos. Pronto, Vanessa interpreta y narra una señal como si fuera una advertencia: “la maleta se quedó botada abajo del autobús; ya era de Dios, ¿verdad?, pero uno que es necio”, dice resignada.

El trayecto iba bien, según le informaba cada día su esposo; sin embargo, hacia finales de mayo, unos 10 días después de haber salido de Tegucigalpa, lo último que supo Vanessa es que su esposo e hija habían llegado a Migración: “Ya no puedo hablar, voy a apagar el celular y cuando ya esté allá, yo te voy a avisar”, dijo Ronald durante la última llamada. 

“Cuida mucho a la negrita y no la sueltes, está siempre pendiente de ella (…) Los amo mucho, con todo mi corazón”, le respondió Vanessa sin saber que esa sería la última vez que sabría de su familia. Así es como comienza la agonía, el misterio y las constantes incógnitas de saber dónde están y qué ocurrió con ellos. 

Una foto de malas noticias 

Pasaban las horas y los días y Vanessa seguía sin recibir alguna noticia sobre su esposo e hija, solamente esa “conexión” que ocurre entre miembros de la familia fue la principal mensajera… “minuto a minuto iban en aumento los presentimientos de que algo estaba mal”. 

A las 9 de la mañana del primero de junio de ese 2019, una llamada desde un número desconocido interrumpió sus pensamientos. La voz de una mujer al otro lado de la línea le narró un accidente. 

La camioneta en la que viajaban Karen y Ronald junto a otras personas en movilidad, entre ellas la mujer portadora de la triste noticia, perdió el control volcando en la carretera de Villa Ahumada, Chihuahua… La última escena que describió la mujer al otro lado del teléfono y que Vanessa ya escuchaba como una voz que se iba perdiendo, era haber visto a Ronald gritar; después de eso, no supo más. 

Vanessa estaba impactada por la noticia. De momento, la voz de la mujer al teléfono parecía distorsionarse, como si estuviera sumergida en agua, como un eco que poco a poco iba desapareciendo a lo lejos. De golpe volvió a la mente de Vanessa una escena de la noche anterior. 

El 31 de mayo, como a las 10:30 de la noche estaba sentada en la grada de una pila de agua afuera de su casa: “Mi hija llegó preguntando ‘mami, ¿qué le pasó?’, le dije: ‘hija mía, perdóname por haber dejado ir a tu papi’. La abracé fuerte y me fui para el cuarto. A las 11 de la noche me puse a orar y a las 3 de la mañana sentí un escalofrío por todo mi cuerpo.”

El primero de junio, tras la noticia del accidente, Vanessa inició la búsqueda de Ronald y su hija; primero en internet, luego de voz en voz con los grupos que migraron y finalmente tuvo contacto con una periodista juarense, quien la ayudó a comunicarse con un Ministerio Público (MP) de Ciudad Juárez. 

Ambos mantuvieron contacto hasta el 4 de julio. Nuevamente, como en el caso de “Cheo” (historia adjunta), una fotografía fue la portadora de malas noticias: “Ellos son de piel trigueña”, decía el pie de foto que acompañaba el mensaje enviado por el ministerio público. 

“Cuando miré la foto de mi esposo, me quedé en shock y no pude ni llorar. No podía creerlo, para mí no era él. (Pero) yo ya sabía, en mi corazón, que la niña también había muerto, porque si él lo estaba, lógicamente la niña también (…) De un momento a otro yo sentí un ahogo en mi pecho que no me dejaba respirar”. 

Una vez que identificó a su esposo entre los rostros fotografiados, fue el turno de hacer lo mismo con Karen. 

Vanessa relata con la voz fragmentada lo desgarrador que fue para ella tener que ver la foto de Karen: “Cuando yo miré a mi hija con el golpe en su cabecita, yo le dije a mi cuñada ‘es mi hija’, y solo sentí que el cuerpo se me puso helado. Yo no lo podía creer.” 

Llegó el dictamen de necropsia: Karen falleció de un traumatismo craneoencefálico y Ronald en el transcurso al hospital. 

 

Como pan y mantequilla 

Ronald era albañil. Vanessa lo describe como el mejor papá del mundo y la mejor persona que ha conocido en su vida; el mejor ser humano. Su matrimonio duró 13 años; para ella fueron los mejores años de su vida y piensa que jamás volverá a conocer a alguien así. 

Vanessa era una esposa cariñosa con él, con amor le llamaba “Pusungui”, nombre que escucharon mientras veían juntos un video en el celular. Por el contrario, “Ronald, aunque era divertido, no era ni un poquito cariñoso, era más como un pan sin sal, un pan sin mantequilla”. 

Karen tenía el cabello negro, era pequeña y de piel trigueña, tenía pecas y una boca chiquita. Vanessa la recuerda como una niña risueña, coqueta, juguetona y de mucha chispa: “Ella era un amor, Dios mío. Ese pan sí tenía mucha mantequilla”, dice con una sonrisa. 

La niña era cercana a su hermana mayor y hacían todo juntas; además, siempre cuidaba de su hermano, que estaba recién nacido. 

Vanessa recuerda con cariño todo lo que pasaron juntas. En una ocasión, para el día de las madres, Karen le regaló un vaso de dulces que decoraron ella y su tía; incluso, una noche antes de que salieran de Tegucigalpa, jugaron al salón de belleza. 

“Le doy gracias a Dios por los 9 años que me prestó a mi hija, por haberla conocido y tenido conmigo”, dice Vanessa mientras las palabras se diluyen en una larga pausa. 

El sinuoso camino de regreso a casa 

La pareja presentía que este largo viaje sin fecha de regreso tendría grandes implicaciones emocionales para la familia, pero nunca imaginaron que lamentablemente su destino sería como el de muchas otras personas en movilidad. 

Con el duelo tras recibir la información, Vanessa y su cuñada se trasladaron a la Cancillería de Tegucigalpa para llevar a cabo los trámites para repatriar los cuerpos de su esposo e hija, proceso que duró alrededor de un mes y medio. 

No hubo necesidad de hacer algún pago para la repatriación y mucho menos de viajar a identificar los cuerpos. Para ello, bastaron las fotografías y las embajadas de México y Honduras asesoraron y costearon el proceso de repatriación, pero el costo emocional solo lo conocen Vanessa y su familia. 

Luego de un largo camino de regreso, los cuerpos de Karen y Ronald Edgardo llegaron a Honduras el 19 de julio de 2019, donde su familia pudo llevar a cabo la ceremonia religiosa y darles sepultura. 

A pesar de que el viaje no resultó como esperaban, Vanessa mantiene firme la esperanza de algún día poder llegar a Estados Unidos y cumplir un sueño anhelado en familia: una mejor calidad de vida, tener una casa propia y mejores oportunidades de futuro para sus hijos. 

El 21 de febrero de 2022 intentó migrar nuevamente a lado de su hija de 14 años y su bebé de apenas 3 años. No tuvo éxito y una vez más fue devuelta a su país de origen, sin embargo, concluye Vanessa: “Si me preguntan si lo volvería a hacer, la respuesta es sí”. 

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Esta investigación forma parte del proyecto “Defensa y acompañamiento de periodistas y familiares víctimas de graves violaciones a sus ddhh en México”, realizado por la organización Propuesta Cívica A.C. Durante el desarrollo de la investigación se contó con la asesoría y supervisión de Jacinto Rodríguez Munguía, también con la capacitación de María Teresa Ronderos e Ignacio Rodríguez Reyna http://eticalab.propuestacivica.org.mx

El Mañanero del #8Sep: las 8 noticias que debes conocer

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La exvicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Uzcátegui, ratifica que, a 45 días para la primaria de oposición, el proceso no cuenta con garantías de seguridad y viabilidad para que se concrete de manera exitosa.

Darwin González niega acusaciones de corrupción y se va sin responderle a la prensa

Fiscalía promete investigar presunto ajusticiamiento en La Guaira

Aumento de abuso infantil en Venezuela alerta Una Ventana a la Libertad

Central Bolivariana discute con el gobierno un acuerdo salarial para trabajadores de la administración pública

Exvicepresidenta de la CNP: El proceso no cuenta con garantías de seguridad

Venezuela recibirá subvención de $37 millones para tratamiento del VIH, tuberculosis y malaria

Los alumnos se quedan por fuera del salón de clases

Plataforma R4V reporta que 7,7 millones de venezolanos han salido del país

https://twitter.com/duquegustavoS/status/1699915186633859080

“Estamos en una fase de investigación. Por tal motivo no tengo acceso a expedientes. Y sería irresponsable declarar algo que desconozco y no he tenido acceso”, Darwin González, alcalde de Baruta #7Sep

Central Bolivariana discute con el gobierno un acuerdo salarial para trabajadores de la administración pública

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«La central se preocupa por la situación. Hacemos todos los esfuerzos para que tenga mejor salario, pero también seguridad social. El Gobierno Nacional y la central estamos sentados para buscar una solución para el mes de octubre», afirmó Orlando Pérez

Foto: Alejandro Paredes Pérez/Versión Final

Orlando Pérez, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), confirmó que la organización sindical entabla conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para llegar a un acuerdo con respecto al salario de los trabajadores de la administración pública.

En una entrevista que concedió a Unión Radio, el Pérez afirmó que se instaló una mesa de diálogo con autoridades del gobierno para discutir un ajuste salarial y el convenio colectivo de trabajadores del sector educativo.

Sin embargo, aclaró que las conversaciones no se centran solo en la remuneración, sino en los beneficios sociales.

«Instalamos la comisión con el tema no únicamente de la remuneración nominal. También presentamos temas de prestaciones sociales, el banco digital, seguro social, vivienda y formación permanente. Hablamos de salario social, que no es el aumento nominal, lo que llega por dinero, sino que hablamos de vivienda, de salud», argumentó.

 

Asimismo, señaló que se pretende llegar a un acuerdo para octubre, por lo que es posible que ese mes se produzca algún anuncio relacionado con el salario.

«La central se preocupa por la situación. Hacemos todos los esfuerzos para que tenga mejor salario, pero también seguridad social. El Gobierno Nacional y la central estamos sentados para buscar una solución para el mes de octubre», afirmó.

De acuerdo con el vicepresidente de la Central Bolivariana, de concretarse un incremento de la remuneración, deben implementarse otras políticas para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. En este sentido, propuso el control de precios como mecanismo para evitar que la empresa privada incremente el precio de los bienes y servicios que ofrece.

 

«Tiene que haber un acuerdo con Fedecámaras y los comerciantes porque especulan con los precios. Inmediatamente que hay un aumento los tipos disparan los precios a nivel nacional. Si el aumento se diluye rápidamente, se pierde el esfuerzo del Gobierno y de los sindicatos», sostuvo.

*Con información de TalCual