Mientras más se prolongue el statu quo, más se harán sentir los efectos de la adaptación forzosa en las universidades. Sobre todo, las públicas
Sigo pasando revista a las formas en que la sociedad civil venezolana está asimilando el orden político chavista, así sea solo para seguir existiendo, mientras la dirigencia opositora no presenta una estrategia convincente sobre cómo lograr un cambio político en el país. De nuevo, con el propósito de evaluar las consideraciones éticas de dicha adaptación. Si usted que lee el presente artículo no hizo otro tanto con su predecesor de la semana pasada, pues repito entonces la premisa sobre la que también descansa lo que ahora tiene ante usted. Entre más “grande” o influyente sea un ente de la sociedad civil, el chavismo más lo verá como una fuente de poder que pudiera competir con el propio, por lo que procederá a intentar someterlo con su característico uso despiadado de la coerción. De manera que para estas entidades es especialmente difícil evitar mantener un trato, aunque sea mínimamente cordial con el gobierno. Tarde o temprano les tocan la puerta para forzarlos a decidir entre la adaptación o la aniquilación.
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Con todo esto mente, señalé por qué a mi juicio los grandes empresarios del país últimamente no han tenido reparo en dar apretones de mano a Nicolás Maduro, haciendo la salvedad de que no tienen carta blanca ética, pues tan pronto como empiezan a repetir los sofismas de Miraflores (e.g. sobre las sanciones), hacen algo moralmente inexcusable.
Hoy quiero hacer un ejercicio similar, pero con otro segmento de la sociedad civil destacado: las universidades. Me parece que ellas, también, han hecho su propio proceso de adaptación. Incluso de alianzas con la elite gobernante para recuperar una infraestructura en estado deplorable, en el caso de las casas de estudio públicas. Un primer asomo lo hemos visto en las acciones conjuntas de la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo, y el gobernador de ese estado, Rafael Lacava.
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Como en el caso de Fedecámaras y otros gremios empresariales, el donaire protocolar de esas reuniones desató la furia de algunos conciudadanos, para quienes representa un olvido de los desmanes del chavismo y hasta un intento de lavarle la cara. Y, de nuevo como en aquel caso, mi reacción remite a la triste realidad de la urgencia por sobrevivir.
Pero de todas formas surgen inquietudes dilemáticas. ¿Cuán lejos se está dispuesto a ir para aplacar la furia chavista, o incluso para obtener recursos económicos, aunque se desdibuje la propia esencia de la institución, que es otra forma de morir? Para el empresariado este problema es de resolución más fácil, sobre todo luego del discreto abandono del socialismo marxistoide por la elite gobernante. Su función en la sociedad, consistente en brindar productos y servicios desde un punto de vista utilitario, no exige mucho bagaje filosófico (ojo, sí existe una filosofía empresarial y de la gerencia, pero no es lo que ocupa el quehacer cotidiano de hombres y mujeres de negocios).
Con las universidades es distinto. El debate y la pluralidad de ideas les son medulares. Y para que eso se dé, tiene que haber un entorno de libertad. Precisamente lo que a gobiernos como este les da urticaria. Mientras haya ese ambiente liberal y plural en las universidades, las mismas serán hervideros potenciales o fácticos de activismo opositor, por varias razones.
En primer lugar, porque el cultivo de humanidades como la ciencia política, la economía y la sociología es una fuente inagotable de críticas teóricamente fundamentadas a todo lo que está mal con el país bajo el chavismo. Son las universidades, mediante proyectos como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, las que le han puesto cifras a la crisis. Las mismas cifras que el Estado está obligado a proveer, pero no lo hace, porque dejan mal parado al gobierno.
En segundo lugar, porque el estudio de las ciencias humanísticas, y en menor medida las ciencias naturales, conlleva reflexiones filosóficas que suelen activar el juicio ético. Fomentan el pensamiento crítico e individual, que es el mayor antídoto a la mentalidad de rebaño, pasiva y perezosa, sustento a su vez del concepto arendtiano de banalidad del mal.
¿Cómo podrán entonces florecer las humanidades en las academias del país, sobre todo las públicas? ¿El gobierno proveerá recursos para cátedras en las que muy probablemente la discusión lo haga quedar mal? Son preguntas que vale la pena hacerse. No es para nada descabellado contemplar la posibilidad de que, aprovechándose de la catástrofe económica y la pauperización material del país (“producidas por el bloqueo”), el gobierno exija a las universidades concentrar todos los esfuerzos en la formación de profesionales que sirvan para la recuperación de la infraestructura nacional y que casualmente son menos, digamos, problemáticos, por tender menos a “meterse en política”. A los regímenes autoritarios por tal razón no hay nada que les guste más que un ingeniero. Se ocupa de levantar puentes y no está llenando a la gente de ideas “peligrosas” (i.e. críticas del statu quo). Esta es, por supuesto, una caracterización prejuiciosa y ridícula de los profesionales de la ingeniería, pero muy propia de la tosquedad de la mentalidad autoritaria.
En fin, las señas sobre el destino de las universidades públicas en proceso de adaptación al orden político chavista no son las más aterradoras, pero tampoco las más esperanzadoras. Apuntan a cierto grado de sumisión y apaciguamiento que, insisto, puede ser lesivo para la raison d’être de una universidad. Probablemente lo que sigue es una opinión muy impopular, considerando el entusiasmo producido por las recientes elecciones internas de la Universidad Central de Venezuela y las comprensibles expectativas elevadas que se tiene sobre su nueva conducción (aunque, claro, en medio de una sociedad que en buena parte decidió ella misma tirar la toalla, pero sin reconocerlo para sentirse bien consigo misma, cualquier opinión de este tenor va a ser impopular).
En una entrevista para Prodavinci, luego de concretarse su triunfo en los referidos comicios académicos, el nuevo rector, Víctor Rago, habló de la necesidad de dialogar con el gobierno para llegar a acuerdos en “asuntos específicos que conciernen al interés nacional”. Entre ellos, que “la universidad le proponga al gobierno nuevas visiones y nuevas prácticas de ejercicio democrático”, puesto que “el gobierno ha dado demostraciones inequívocas de que entiende la democracia de una forma particular y que esa idea, difícilmente, concuerda con la idea habitual de lo que debe ser la democracia y, sobre todo, la forma en que la democracia se debe adoptar en una institución como la universidad”. Todo esto es un gigantesco eufemismo. No es que el chavismo tenga un concepto alternativo y heterodoxo de democracia que se pueda comparar con definiciones típicas. Es que no tiene vocación democrática alguna. De ahí que, aunque suene encantador el diálogo planteado por Rago en buena fe, sepamos de antemano que será desatendido por el chavismo.
Lo que les queda a las universidades públicas ante el sinfín de despropósitos y desmanes del orden al que se están adaptando, entonces, parece ser una pasividad de la que solo saldrán para emitir cuestionamientos tímidos sobre aquellos atropellos que las involucran. Es lo que ocurrió con el pronunciamiento de las autoridades de la UCV pidiendo un trato justo para John Álvarez, estudiante de esa casa de estudios que acaba de engrosar la lista de presos políticos venezolanos. Obviamente, no hubo nada del trato justo solicitado. Más bien, según relatan abogados y familiares, una breve desaparición forzada, torturas y una audiencia de presentación con las irregularidades de rigor para complacer a la elite gobernante. He ahí para lo que sirve el “diálogo” entre gobierno y universidad.
Mientras más se prolongue el statu quo, más se harán sentir los efectos de la adaptación forzosa en las universidades. Sobre todo, las públicas, que dependen financieramente de los caprichos de Miraflores. Pero las privadas no están libres de peligro. Porque en última instancia la fuente de poder del chavismo no es el dinero, sino las armas. Volviendo a la raíz del problema, que es la falta de una estrategia para el cambio político, lo que nos toca como sociedad, repito, es presionar a quienes dicen ser nuestros líderes opositores para que cumplan con el deber de desarrollar un plan adecuado. Mañana ya es tarde.
Estrategia mata dilema
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