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El Gobierno en modo Galtieri

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Tras dos décadas de desdeñar e incluso entregar nuestra soberanía sobre el Esequibo, el Gobierno simula la actitud cobarde con la que los militares argentinos trataron de evitar su caída

 

@froilanbarriosf

Las sucesivas apariciones mediáticas del ministro de la Defensa Vladimir Padrino López entonando cánticos de guerra en defensa de la patria, nos retrotrae a episodios dramáticos de la historia latinoamericana, cuando mandatarios condujeron a sus pueblos a tragedias y miles de pérdidas de vidas. Tal fue el caso de la última dictadura en Argentina de Jorge Videla y Fortunato Galtieri (1976-1982), quienes mediante una última jugada pretendían extender su tiranía manipulando el sentimiento nacionalista, convocando a una guerra por la reconquista de las islas Malvinas.

Aunque el trasfondo de la realidad era que, asediados por la crisis económica y los reclamos por los desaparecidos, el gobierno de Galtieri todavía tenía posibilidades de controlar la situación y ganar tiempo hasta que pasara lo peor de la tormenta. Había que recuperar el entusiasmo perdido, todo un desafío en medio de un panorama que ofrecía congelamiento salarial y subidas continuas de tarifas y precios.

Hoy presenciamos un clima parecido ante las declaraciones de voceros de ambos países subidas de tono. El ministro de Defensa venezolano, Padrino López, le solicitó recientemente al gobierno de Guyana que deje el «discurso guerrerista». Siendo lo cierto es que, más allá de los discursos, quien actúa con propósitos bélicos al instalar una base militar y construir un aeropuerto en la frontera con Guyana, es el gobierno venezolano.

Línea de tiempo del entreguismo oficial a Guyana

Para aproximarnos a la realidad actual debemos enfocarnos en cuál ha sido la posición de Hugo Chávez y Nicolás Maduro a lo largo del siglo XXI. Hagamos un breve recorrido histórico en torno a las declaraciones de ambos mandatarios en eventos nacionales en internacionales.

2004

Como antecedente citamos al presidente Chávez al pronunciar su célebre discurso del 2004 durante una visita a Georgetown. Entonces les sirvió el territorio Esequibo en bandeja de plata cuando indicó: «Venezuela no se opondrá a ningún proyecto de Guyana en beneficio de su pueblo, ni a que empresas extrajeras exploren yacimientos petroleros y gasíferos en el disputado territorio de Guyana… debemos abordar las relaciones con Guyana con un perfil distinto».

Estas declaraciones definieron el curso de la política exterior del gobierno venezolano durante el resto del mandato de Chávez y posteriormente de Maduro, hasta hoy. Sus consecuencias le acaban de explotar en la cara a la actual gestión.

En resumen, analistas coinciden en que después de muchos años de desatención hacia la disputa con Guyana por el territorio Esequibo «el problema le estalla en sus predios» al gobierno de Maduro, no solo por las licitaciones en la zona para la explotación petrolera que adelanta la gestión de dicho país, sino por un proceso en curso en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción desconoce Venezuela.

2006

En reunión con la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), Chávez acordó con Bharrat Jagdeo, presidente de Guyana (1999-2011), congelar la disputa con ese país para obtener los votos del grupo caribeño y así Venezuela poder obtener un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU.

2009

El entonces canciller Maduro recibió del embajador de Venezuela en Guyana, Darío Morandi, un documento que advertía sobre las pretensiones limítrofes de ese país (ampliar la plataforma continental a 350 millas), lo cual implicaría cerrarle a Venezuela su salida al Atlántico con graves perjuicios económicos. En una entrevista en 2018, Morandi, quien fuera despedido posteriormente, reveló que Maduro ignoró el documento, lo que fue aprovechado e interpretado por Guyana como «falta de interés».

2012

El gobierno de Chávez envió comunicación al secretario general de la ONU para que se pronunciara en torno al litigio, aun cuando ese año se presupuestó un plan para delimitar el territorio nacional que fijaba frontera con Guyana sin tomar en cuenta la reclamación.

2015

A partir de 2015 la posición del gobierno venezolano varió. La Exxon Mobil encontró yacimientos de petróleo frente a las costas del Esequibo, que equivale a dos tercios de Guyana, lo que profundizó el reclamo territorial entre Venezuela y ese país. Maduro denunció una «conspiración» entre la petrolera estadounidense y el gobierno guyanés para “apropiarse de las riquezas de Venezuela”.

Cambio la soberanía por aplausos “antiimperialistas”

Como planteaba recientemente un experto del tema «Hay un dicho popular que reza ‘el que tiene tienda que la atienda y si no que la venda’ y es lamentablemente lo que ha ocurrido con el Esequibo”. En realidad, el chavismo asumió permanentemente ante Guyana un perfil ideológico de lucha antiimperialista, a cambio de entregar nuestra soberanía para garantizarse apoyo en su lucha internacional contra el malvado Occidente, aun cuando significara regalar nuestro petróleo en Petrocaribe, a Cuba y en este caso archivar el reclamo justo sobre el Esequibo.

¿Que pretende ahora el régimen madurista? ¿llevarnos a un simulacro de guerra para maquillar la entrega de nuestra soberanía nacional y de paso anular el resultado de las primarias del 22 de octubre?

Si no existiera la reclamación del Esequibo hubiera inventado cualquier patraña, como “inventar el referendo la arepa es venezolana ante la pretensión colombiana de arrebatárnosla del menú criollo”. Suena risible ante un régimen en agonía.

La tiranía, en sus estertores, pretende evitar a toda costa elecciones presidenciales libres para 2024 con un CNE autónomo. Sabe que será desalojada del poder por el voto popular y pretende escudarse en un conflicto bélico similar al de las Malvinas. Tras dos décadas de desdeñar e incluso entregar nuestra soberanía sobre el Esequibo, simula la actitud cobarde con la que los militares argentinos trataron de evitar su caída. Y no lo lograron.

En ocasiones las leyes de la historia son inexorables, como fue el caso de las atrocidades de los dictadores Jorge Videla y Leopoldo Galtieri, al no poder impedir el retorno de la democracia en Argentina desde 1983 hasta el presente 2023. Como también lo será para Venezuela en 2024 como aspiración legítima de toda una nación, convencida de reconquistar la libertad y el Estado de derecho conculcado a lo largo del siglo XXI.

*Movimiento Laborista.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

#MonitordeVíctimasCaracas | Matan a un residente de Misión Vivienda en Sabana Grande y a un albañil en La Dolorita

Leyenda: Tomás Enrique Pérez Rodríguez tenía alquilado un apartamento de la Misión Vivienda junto a su novia / Cortesía

El victimario de Tomás Enrique Pérez Rodríguez, de 19 años, también violó a la novia, y fue capturado luego de ser denunciado por ella. Del homicida de Adonais Pérez Perdomo, de 32 años, solo se conoce un apodo: “el Deivis”

@franzambranor

De múltiples puñaladas fue asesinado Tomás Enrique Pérez Rodríguez, de 19 años de edad, la madrugada de este domingo 5 de noviembre de 2023, en un apartamento del complejo Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicado en Sabana Grande. El asesinato ocurrió cerca de la sede de la Policía Nacional Bolivariana, en la parroquia El Recreo de Caracas.

Aizquel Pérez, hermana de la víctima, explicó que esta fue atacada por el hijo de la dueña del apartamento que él tenía alquilado junto a su novia de 18 años.

“Después de matar a mi hermano, violó a la novia y le dio una puñalada en un brazo”, dijo.

Pérez indicó que desconoce el móvil del asesinato de su hermano; sin embargo, sospecha que podría tratarse de una venganza por celos. “El responsable ya está detenido. La novia de mi hermano, como pudo, bajó a avisar a los policías, y lo capturaron”, relató.

De acuerdo con la base de datos de Monitor de Víctimas, 23 personas han sido asesinadas con armas blancas, entre enero y septiembre de 2023, en el Área Metropolitana de Caracas.

A balazos en La Dolorita

Aproximadamente, a las 5 de la mañana de este 5 de noviembre de 2023, fue asesinado, a tiros, Adonais Pérez Perdomo, de 32 años, en la calle Bolívar del sector 19 de abril, en el barrio La Dolorita, municipio Sucre.

A través de una minuta policial se pudo conocer que Pérez fue interceptado por un hombre apodado “el Deivis”, luego de salir de una fiesta, quien le disparó en reiteradas oportunidades.

Hasta el momento, se desconoce el motivo del crimen, pero se presume que podría tratarse de una antigua rencilla entre ambos.

Pérez era albañil y vivía en el sector El Chorrito.

187 personas han sido asesinadas con armas de fuego en el Área Metropolitana de Caracas, en los primeros nueve meses del año, según cifras de Monitor de Víctimas.

Una de las familias que murió en incendio en campamento en Chile caminó 11 días desde Venezuela

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El incendió ocurrió en uno de los inmuebles de una toma (invasión), ubicada en la intersección de Vista Hermosa con calle Central

Foto: Ruta 5 (Norte y Sur) 

El pasado lunes, 6 de noviembre, se registró un incendió en dos viviendas precarias del campamento informal Los Pirquenes, en el cerro Obligado del municipio de Coronel, una región al sur de Chile. En el hecho perdieron la vida 14 venezolanos, de los cuales ocho de ellos eran menores de edad.

Medios locales comunicaron que el siniestro inició alrededor de las 7:00 pm. A pesar de que se reportaron alrededor de cinco unidades de bomberos, las llamas no pudieron ser apagadas sino hasta las 8:55 pm. El fallecimiento de ocho infantes, con edades entre los tres y los 14 años, lo confirmó Javier Valencia, alcalde subrogante de Coronel.

“Son tres familias, ocho menores de edad y seis adultos que fallecieron producto de este incendio que arrasó con su vivienda”, comentó el funcionario, quien agregó que estas personas vivían en condiciones precarias y de hacinamiento.

Causa del incendio

De acuerdo a El País, Hugo Cuevas, fiscal adjunto en la región del Bío Bío, declaró que el incendio fue provocado por el sobrecalentamiento por una estufa rudimentaria que funcionaba a leña y generó una “ignición mayor”.

Dicha estufa estaba cerca de la entrada de una de las viviendas, donde comenzó a propagarse el fuego. Luego se esparciría hasta la segunda vivienda. “Las personas se fueron hacia el fondo de la casa, quedando atrapadas”, explicó Cuevas.

Asimismo, el coronel Luis Rozas, prefecto de Carabineros de Concepción, una de las principales ciudades del sur de Chile, compartió que la vivienda “sólo tenía una entrada y salida”. Por lo que al avivarse las llamas, no tenían alternativa de escape.

Por otra parte, Julio Araya, presidente del Campamento Los Pirquenes,  dijo que había 689 familias viviendo en el campamento. “Luchamos por el tema de la luz eléctrica, las instalaciones eléctricas son terribles, los incendios en gran parte han sido por eso, necesitamos un permiso”, exigió Araya.

Las víctimas: todos venezolanos

Según informaciones del portal La Nación, los fallecidos serían oriundos del estado Táchira, de la región andina de Venezuela. Pertenecían a tres núcleos familiares: Martínez, Gutiérrez y Soto. Una de las familias de migrantes, incluso, caminó 11 días desde Venezuela para llegar a Chile. No tenían ni dos meses en suelo chileno.

Tras una respectiva investigación, las autoridades encargadas dieron con las identidades de las víctimas, quienes no tenían consigo documentación alguna. Estas quedaron identificadas como Martínez Wilmer Vivas, B. Martínez (13 años), N. Martínez (11 años), W. Vivas (nueve años) y S. Vivas (seis años); Edilza Mildred Martínez, Rafael Erasmo Soto, y A.E. Soto (seis años); Jorlej Pérez y Jeferson Márquez, junto a sus tres hijos de nueve, seis y cuatro años, respectivamente.

Familiares de Soto están preocupados porque no saben qué hacer para repatriar los cuerpos de sus fallecidos. “Todos somos de bajos recursos (…), esperamos que el Presidente de Chile nos pueda apoyar con ese tema. Esto ha sido muy difícil para todos”, comentaron para La Nación.

La tragedia en esta toma de la comunidad de Coronel también tuvo consecuencias para los vecinos de las víctimas. Distintas personas perdieron sus casas debido a la extensión del fuego. Al respecto, el alcalde Valencia aseguró que se dispondrá de “la presencia de la oficina de Derechos Humanos para ayudarlos a canalizar los trámites que sean necesarios con su documentación”.

Reacción del Estado chileno ante el incendio

Valencia también manifestó su preocupación por la proliferación de tomas, que apunta,  pueden estar causadas por la “pobreza, la exclusión social y las dificultades de acceso a una vivienda digna en el país”.

Hizo un llamado al gobierno pare evitar más episodios como el de Coronel. “El establecimiento de los campamentos de la manera que se está haciendo nos parece preocupante (…), viene una temporada de verano, de calor, de altas temperaturas, y donde vamos a enfrentar incendios tanto forestales, rurales, como de carácter urbano”, comentó a la prensa local.

Coronel además fue una de las zonas más afectadas por los incendios debido a las altas temperaturas del verano austral a principios de este año. El medio T13 reportó el incendio de más de 6.000 hectáreas en febrero, también en las cercanías de Coronel.

Por su parte, Carolina Tohá, ministra del Interior, compartió con “gran consternación” a través de su perfil de X (antes conocida como Twitter) la noticia del fallecimiento de los 14 migrantes venezolanos el mismo día del incidente.

“Migrantes merecen una mejor calidad de vida”

Tan solo un día después del deceso de los 14 migrantes, la Plataforma Unitaria de Venezuela se pronunció al respecto. Enviaron sus condolencias y lamentaron lo sucedido. Compartieron un comunicado en el que afirman que  “todo migrante venezolano merece mejor calidad de vida y poder regresar a un país seguro y con futuro”.

Mientras que, la ONG Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile) también extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Además, instó al gobierno de Chile, a la Subsecretaría del Interior y a la Comisión Migraciones Convergencia Social a “trabajar en una política que realmente se haga cargo de la seguridad de todas las personas que habitamos el territorio nacional”.

En su comunicado hicieron énfasis en la importancia de crear una “política de reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas”, así como la construcción de mecanismos para regularización y protección para las personas que se han visto forzadas a abandonar su país natal, ya que así lo establece la legislación chilena actual y también todos los tratados suscritos.

Descuido e indiferencia hacia los migrantes y las tomas

Julio Araya, presidente del Campamento Los Pirquenes,  declaró para el medio chileno Cooperativa, que este tipo de situaciones se han tratado de evitar en el pasado mediante protestas y manifestaciones, pero no han sido suficiente.

Para el presidente del Campamento Los Pirquenes, el siguiente paso es “hacer un catastro original ahora de las personas inmigrantes, de cuántas personas hay, de cuántas son las familias que están legales e ilegales y poder también buscar una ayuda frente a eso”, comentó.

Además, agregó que más del 50% de los migrantes en el campamento se encuentran de forma legal en el país. Aun así, vela por los que están de forma ilegal, ya que ellos “no pueden quedar a la deriva”.

Ante esta situación, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, argumentó: “Estamos enfrentando una situación especialmente habitacional, que es realmente una crisis, pero sin duda estamos llegando tarde y por eso tenemos una política de emergencia habitacional”.

A pesar de haber sido declarada como lugar de riesgo por el Servicio de Geología y Minería de Chile (Sernageomin), la ministra aseveró que están trabajando en este campamento desde 2022.

Los trabajos realizados en esta zona van en función de “tomar políticas definitivas que implican la relocalización de las familias de este campamento”. No obstante, la ministra no dudó en admitir que “el Estado no ha llegado a tiempo” en esta oportunidad y lamentó lo sucedido.

La ONG Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) señaló  en su estudio “La migración venezolana en Chile: un análisis general del ‘éxodo’ más importante de América Latina de los últimos tiempos”, de febrero de 2021, los venezolanos han enfrentado dificultades para regularizar su situación migratoria en Chile, debido a las políticas gubernamentales que han restringido el acceso a visas o refugio.

Esto último hace recordar el lamentable caso de tres venezolanos, radicados en Chile, quienes fallecieron por intoxicación dentro de un conteiner en 2022. Las víctimas de ese episodio vivían dentro del container, y la  intoxicación se dio por una estufa que habrían encendido para combatir las bajas temperaturas.

Comité de Derechos Humanos de la ONU reprobó a justicia venezolana

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El Gobierno de Maduro salió raspado en el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)

 

12 de los actuales 20 miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ocuparon cargos ejecutivos o legislativos en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro o militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mientras otro es hermano del secretario general  de la intervenida Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez. 

Así se desprende del V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), celebrado entre el 10 y 11 de octubre, donde el Gobierno de Maduro salió reprobado. 

El examen corroboró el profundo deterioro institucional y la progresiva regresión democrática sufrida por Venezuela desde la última evaluación en 2015.

En el documento publicado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se evaluaron las medidas legislativas, judiciales y administrativas adoptadas por las autoridades nacionales para asegurar garantías como la igualdad, el derecho a ser juzgado por un juez natural o el acceso a la información pública.

La instancia de la ONU hizo especial hincapié en la decisión del TSJ de derogar el último parágrafo del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) que castiga las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, así como las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional (AN) para prevenir el abuso a niños y adolescentes, promover un enfoque de género y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.

ONU denuncia justicia provisoria

El Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó alarma por el hecho de que la mayoría de los jueces y fiscales del país sigan siendo provisorios, es decir, que no se hayan hecho con su cargo mediante los concursos de oposición ordenados por la Constitución.

El segundo vicepresidente del TSJ, Henry Timaure, restó importancia al hecho de que alrededor del 80 % de los más de 2.200 jueces que hay en el país sean provisorios, temporales o accidentales.

“Los jueces suplentes y provisorios tienen los mismos derechos constitucionales, los mismos sueldos y salarios y prestaciones. Todos tienen los mismos derechos y las mismas exigencias”, indicó. 

De acuerdo a las leyes,  los jueces provisorios no tienen las mismas prerrogativas que los titulares, porque el TSJ los considera de libre nombramiento y remoción y, por lo tanto, los destituye sin procedimiento previo alguno que les garantice su derecho a la defensa. 

Desde el año 2006 el TSJ no celebra concursos de oposición, pese a que la presidenta del organismo Gladys Gutiérrez prometió que los mismos se reanudarán.

Inhabilitados por ser opositores

El Comité criticó el uso de las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República para “impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos”.

“No hay una persona en Venezuela, a menos que haya una decisión de un tribunal, que haya perdido el derecho a elegir o ser electo. Ellos (los inhabilitados) pueden participar en una elección, pueden elegir o pueden ser electos”, dijo el canciller Yván Gil en Ginebra, durante el Comité de DDHH de la ONU.

La instancia internacional abogó por “la protección de candidatos de la oposición contra medidas arbitrarias y sin garantías judiciales adecuadas”.

El Comité igualmente fustigó “el uso de las leyes y reglamentos para limitar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos”.

Contra el secuestro y las desapariciones forzadas

La instancia lamentó que pese a las reformas hechas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), las recomendaciones en cuanto a las detenciones preventivas no se cumplan.

Demandó a las autoridades tomar medidas en contra de las desapariciones forzadas de corta duración.

“La práctica de aprehender a alguien y no permitirle contactar inmediatamente a sus familiares y abogados y de presentarlo ante los jueces mucho después de las 48 horas dispuestas en la Constitución ha sido denunciada por organizaciones nacionales e internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV)”, destacaron. 

Con información de Acceso a la Justicia

 

LEA  CPI desmonta argumentos del gobierno de Maduro en primera audiencia de apelación sobre caso Venezuela I

Simón y Juan Planchard

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Simón y Juan Planchard resumen dos actitudes frente al país: la de quien sueña con los valores de la libertad, y la de quien percibe la noción de patria como una oportunidad de negocios turbios

 

@laureanomar

¿Qué une a una película como Simón y a una obra de teatro como Las aventuras de Juan Planchard? En primer lugar, podríamos decir –obviamente– la presencia de un mismo protagonista: el actor venezolano Christian McGaffney, que en ambas producciones exhibe un extraordinario talento que augura la continuidad de una brillante carrera en el mundo de la actuación.

Otra conexión entre la obra teatral y la película es que ambas se inspiran en la situación política de Venezuela de los últimos tiempos. En el caso de la primera, se trata de una inmersión en las motivaciones de la descomposición moral y la inconmensurable corrupción que han marcado la historia reciente del país.

Se nos presenta de una manera tan realista que parece una caricatura (pero, desafortunadamente, no lo es). En medio de este drama aparecen algunas pinceladas de humor que ayudan a contener las inevitables ganas de llorar que la contemplación de nuestro drama produce, particularmente en el espectador venezolano.

El elenco que da vida a la obra es de primera: actrices y actores brillantes, conocidos, prestigiosos, de esos que nos da gusto volver a ver derrochando talento en múltiples papeles, porque, además, a cada uno de ellos les corresponde representar varios personajes. Impecable dirección, original propuesta que da vida sobre las tablas, con notable fidelidad, a la celebrada novela homónima de Jonathan Jakubowicz, un escritor y director de cine venezolano, de apellido tan impronunciable y agredido por todos los correctores, que todos preferimos llamarlo «el director de Secuestro express».

Simón, por su parte, tiene como centro de su trama la situación de los derechos humanos en Venezuela. Concretamente en relación con las manifestaciones estudiantiles de los últimos años y la implacable y cruel represión de la que fueron objeto. Simón toca el tema de la tortura y la persecución en contra de todo aquel que se atreva a manifestar sus discrepancias, sus deseos de cambio, su inconformidad, sus ansias de libertad. También da cuenta la película del penoso tema de la emigración venezolana y las tremendas dificultades a las que se enfrenta para emprender nueva vida en otras latitudes con la carga de dolores, nostalgias y ausencias que tal condición conlleva, más en el caso de los perseguidos políticos.

En Simón observamos la pesadumbre de conciencia de quien, habiendo sido líder inspirador del movimiento estudiantil, siente que, finalmente, ha sido doblegado, derrotado. Se ha instalado en él un miedo que se manifiesta en el recuerdo permanente de los horrores vividos durante su detención y la desesperanza que personajes como el coronel Lugo (Franklin Virgüez) logra sembrar en él: la inutilidad de una lucha que tiene perdida de antemano y en la que, de persistir, solo puede encontrar mayor dolor y sufrimiento para él y los suyos, sin obtener resultado alguno.

Simón y Juan Planchard son dos personajes de nuestra historia reciente, resumen de dos actitudes frente al país: la de quien sueña con transformarlo en una sociedad orientada por los valores de la libertad, la democracia y la justicia, y la de quien percibe la noción de patria solo como una oportunidad de negocios turbios para el propio provecho personal a costa del bienestar colectivo. Nada nuevo, por cierto, en nuestro devenir como pueblo: la ancestral confrontación entre civilización y barbarie. No deja de ser simbólico que ambos personajes sean representados por un mismo actor, probablemente al interior de más de un Juan Planchad habitó alguna vez un Simón.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿”El Loro” voló de la cárcel de Trujillo?

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La Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro llegó al penal trujillano este miércoles 8 de noviembre, pero como es usual no hay información oficial sobre el paradero del pran de nombre Álvaro Montilla, apodado “El Loro”

 

Este miércoles 8 de noviembre la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro, comandada por el Ministerio de Interior y Justicia, intervino el Internado Judicial de Trujillo, con lo que ya van seis prisiones supuestamente controladas por el Estado desde la segunda quincena de septiembre.

De acuerdo con ONG como el Observatorio Venezolano de Prisiones y Una Ventana a la Libertad, el despliegue militar en la zona aledaña al recinto comenzó el martes en la noche y a primera hora del día los funcionarios intervinieron el penal.

Como en anteriores oportunidades, las autoridades no ofrecieron detalles del paradero de los pranes de la prisión. Según UVL existen dos versiones: la primera es que se rindieron y la segunda que algunos de ellos habían dejado las instalaciones días antes de la operación.

La cárcel de Trujillo estaba bajo el control de Álvaro Montilla, alias “El Loro”.

“Familiares aseguran que ya los pranes salieron del penal y se mantienen atentos a cualquier eventualidad. Temen porque hay privados de libertad que pueden optar a medias alternativas de pena y medidas cautelares, y los traslados a otros estados impedirían que puedan salir en libertad”, escribió en un mensaje publicado en X el OVP.

Familiares de privados de libertad, en su mayoría mujeres, exigieron información sobre el estado físico de sus afectos, y si es posible, que se les permita quedarse en la región.

“Estamos preocupados por nuestros hijos porque no sabemos a dónde los llevan. No nos dejan acercarnos” expresó el padre de uno de los privados de libertad a UVL.

El OVP detalló que al menos 500 reclusos fueron aglomerados en el patio interno mientras se realizaba la intervención del penal.

Previo a Trujillo, el Gobierno madurista tomó el control de Tocorón en el estado Aragua; Tocuyito en Carabobo; el penal José Antonio Anzoátegui conocido como Puente Ayala en Barcelona, el Internado Judicial de Maturín también conocido como La Pica y Vista Hermosa en el estado Bolívar.

En teoría, a la administración madurista solo le falta incursionar en las cárceles de El Dorado y Yaracuy, ambas con sistema de pranato. 

 

LEA:  Pranes de Vista Hermosa se fueron un mes antes de la intervención 

CPI en segunda audiencia de apelación: En Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad

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Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, rechazó que el chavismo pretenda procesar los crímenes de violencia sexual como delitos de tortura o tratos crueles
“Venezuela no ha mostrado que la Sala era irrazonable o no correcta en la conducta de su investigación. La conclusión es que los procedimientos nacionales en Venezuela no reflejan lo solicitado por la Fiscalía”, señaló la Fiscalía de la CPI

 

En el segundo día de audiencias en la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), la administración de Nicolás Maduro presentó sus argumentos sobre tres temas relacionados con las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad.

En esta segunda deliberación del 8 de noviembre, la Fiscalía de la CPI rechazó los argumentos del régimen chavista, tal y como lo hizo durante la primera audiencia, el 7 de noviembre, y además una representante comité de la defensa de las víctimas sentenció que mientras se debatía en el lugar, en Venezuela “se siguen cometiendo crímenes con impunidad”.

En representación del régimen, el abogado británico Ben Emmerson reconoció que la mayor parte de los casos sobre Venezuela ante la CPI no se han concretado, es decir, siguen impunes.

“Evidentemente, en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”, señaló Emmerson.

En Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad

Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, sentenció que para ellas, “Venezuela no está investigando, ni enjuiciando, ni lo hará en un futuro inminente” los crímenes que ellos, sus familiares o allegados sufrieron.

“Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad”, sentenció. 

Indicó que sus observaciones se basan en aportaciones de las víctimas, quienes contribuyeron con pruebas que demuestran la inexistencia de investigaciones nacionales.

“Las víctimas informaron de una fragmentación significativa y un retraso sustancial e injustificado en la realización de algunos procedimientos a nivel nacional. Esto demuestra que las autoridades nacionales no reflejan suficientemente la investigación prevista por el fiscal. Algunas víctimas indicaron que sus casos fueron desestimados sumariamente sin investigación adecuada (…) Otros indicaron que sus casos fueron desestimados porque no se encontró que la naturaleza de los actores fuera criminal (…) Además, informaron que desde 2014 numerosas personas han sido asesinadas ilegalmente durante manifestaciones, no solo por razones de derechos civiles y políticos, sino también por derechos sociales y económicos y que, en la gran mayoría de los casos, los autores no han sido enjuiciados”, amplió. 

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Por otra parte, Massidda rechazó que el chavismo pretenda procesar los crímenes de violencia sexual como delitos de tortura o tratos crueles.

“La violación y otros tipos de violencia sexual cuentan como elementos únicos constituyentes que son distintos de los de la tortura y trato cruel. Estos crímenes salvaguardan intereses distintos y también abarcan otras cosas para las víctimas”, resaltó Massidda.

Además, indicó que para las víctimas “solo un enfoque global permitirá develar la verdad, los autores inmediatos, reconocerá el contexto de la violencia en la que se produjeron estos crímenes y la naturaleza sistemática de los patrones”.

Tal y como lo señaló en la primera audiencia, Massidda recalcó: “En este momento no hay ninguna perspectiva de que en Venezuela se puedan enjuiciar estos crímenes”.

“Aunque haya legislación nacional que abarque la intención discriminatoria, no es la única base al realizar una investigación. La Sala tiene razón al considerar la intención discriminatoria en crímenes ocurridos en Venezuela”, agregó.

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Solo 4 % de los casos presentados a la CPI recibieron condena

La jueza Luz Carmen Ibáñez Carranza preguntó sobre el estatus de las fichas presentadas sobre los 124 incidentes investigados y si las mismas son documentos oficiales. Ante eso, el abogado Aitor Martínez Jiménez, representante del Estado venezolano, señaló que 113 se encuentran en fase de investigación.

“Los datos actualizados en relación a 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos y registrando avances significativos. Hay tres en fase intermedia, es decir, con una acusación formal; tres en fase de juicio; y cinco condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”, señaló Martínez Jiménez.

 

Con relación a los rangos, Martínez Jiménez explicó que actualmente hay “15 oficiales condenados“, los cuales van “desde oficiales la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana”.

“Y sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, 9 detectives, 9 supervisores, 2 oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 1 mayor, 6 capitanes y 31 sargentos”, añadió.

https://twitter.com/monitoreamos/status/1722182554927735029

Por su parte, el abogado Ben Emmerson consideró que “no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales porque eso no es lo que se plantea”.

“Informamos que hay coroneles y sargentos condenados, pero para la Fiscalía no son rangos altos, aunque no lo tienen definido. La Fiscalía usurpó funciones de la Sala al determinar que documentos debía tomar en cuenta”, señaló Emmerson.

También, reconoció que en algunos casos “habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”.

Emmerson también señaló que de esos casos, ninguno se ha cerrado o ha concluido completamente. “Ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua”, dijo.

Fiscalía rebate las cifras del chavismo

La representación de la Fiscalía de la CPI en la audiencia de apelación rebatió las cifras que presentó la administración chavista.

“El material venezolano mostrado en la Sala Preliminar no mostró que se habían investigado estos elementos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad (…) La Sala fue razonable e hizo lo correcto (sobre autorizar la investigación)”, señaló la representante de la Fiscalía de la CPI.

 

El abogado Aitor Martínez Jiménez señaló que los 124 incidentes reconocidos en la primera audiencia están representados en una nota verbal y 64 expedientes que reflejan 62 casos.

Sin embargo, la Fiscalía de la CPI argumentó que de los 62 casos, 59 se equiparan a los 124 incidentes. Además, resaltaron que en 47 de ellos no se identificaron a perpetradores, 46 se encuentran en fase intermedia, es decir, no se han hecho acusaciones formales, y en 21 casos se identificaron caracterizaciones jurídicas inadecuadas.

 

“Venezuela no ha mostrado que la Sala era irrazonable o no correcta en la conducta de su investigación. La conclusión es que los procedimientos nacionales en Venezuela no reflejan lo solicitado por la Fiscalía”, señalaron.

Además, la Fiscalía indicó que se descartó la solicitud de Venezuela de frenar la investigación por dos motivos: “Venezuela no está investigando los crímenes de lesa humanidad ni parecen reflejar los motivos de criminalidad, sobre todo la intencionalidad de los crímenes de carácter sexual”.

https://twitter.com/_Provea/status/1722195519194177919

Canciller madurista: “Crímenes de lesa humanidad nunca han ocurrido”

El canciller del oficialismo, Yván Gil, participó durante la audiencia para emitir un discurso político centrado en negar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

“Se pretendió utilizar la institucionalidad de la CPI para atacar políticamente a Venezuela sobre la base de una acusación por crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido”, señaló Gil.

A juicio de Gil, esto perjudica «la credibilidad» de la CPI, poniendo en duda la eficiencia de la misma al comparar su productividad con la del sistema de justicia venezolano.

“Con todo respeto, el número de asuntos resueltos satisfactoriamente por las instituciones del sistema de justicia venezolano, supera con creces el número de casos con condena que ha conducido la CPI en los últimos 20 años. No se trata de una competencia entre la CPI y Venezuela. Es una realidad inobjetable”, insistió Gil.

 

Según el canciller, en Venezuela “se han llevado todas y cada una de las investigaciones de manera independiente”, y dice que no pueden condenar “artificialmente” para complacer a la Corte Penal Internacional.

https://twitter.com/AlbertoRodNews/status/1722246046909435946

 

Mi Convive premiará iniciativas locales que ayuden a resolver problemas comunitarios

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Las comunidades que podrán participar del área metropolitana son: Libertador, Sucre, Baruta, Chacao y El Hatillo, y es necesario que pueda verificarse que estos emprendimientos beneficiaron —como mínimo— a 10 personas de las comunidades

 

Con motivo de la conmemoración de los diez años de trabajo de la organización no gubernamental Caracas Mi Convive, la ONG decidió celebrar su aniversario reconociendo las iniciativas locales de líderes comunitarios de la Gran Caracas, que ayuden a dar respuestas a los desafíos sociales y ambientales en las comunidades.

Se privilegiarán las propuestas emergentes que tengan alto impacto, con quienes luego se fomentarán alianzas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La premiación se enfocará en las soluciones a los problemas, y no en las personas detrás de los proyectos. Por ello, se establecieron seis categorías, a saber:

  1. Iniciativa comunitaria por el ambiente la protección del medio ambiente / el cuidado del medio ambiente
  2. Iniciativa comunitaria por la juventud
  3. Iniciativa comunitaria por la igualdad de género
  4. Iniciativa comunitaria por la inclusión
  5. Iniciativa comunitaria por la educación
  6. Iniciativa comunitaria por diálogo, paz y democracia

Para participar, las propuestas deben tener más de tres meses de trabajo al momento de nominarse, el equipo permanente de trabajo debe ser menor a 10 personas. Las comunidades que podrán participar del área metropolitana son: Libertador, Sucre, Baruta, Chacao y El Hatillo, y es necesario que pueda verificarse que estos emprendimientos beneficiaron —como mínimo— a 10 personas de las comunidades.

Las postulaciones se harán entre el 7 y el 26 de noviembre, los interesados deberán dirigirse a las cuentas de redes sociales de @MiConvive en donde encontrarán el enlace de un formulario para inscribirse. Las iniciativas a ser reconocidas se anunciarán el 5 de diciembre.

Mi convive