El Gobierno de Maduro salió raspado en el V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
12 de los actuales 20 miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ocuparon cargos ejecutivos o legislativos en los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro o militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), mientras otro es hermano del secretario general de la intervenida Acción Democrática (AD), Bernabé Gutiérrez.
Así se desprende del V Examen sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), celebrado entre el 10 y 11 de octubre, donde el Gobierno de Maduro salió reprobado.
El examen corroboró el profundo deterioro institucional y la progresiva regresión democrática sufrida por Venezuela desde la última evaluación en 2015.
En el documento publicado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se evaluaron las medidas legislativas, judiciales y administrativas adoptadas por las autoridades nacionales para asegurar garantías como la igualdad, el derecho a ser juzgado por un juez natural o el acceso a la información pública.
La instancia de la ONU hizo especial hincapié en la decisión del TSJ de derogar el último parágrafo del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM) que castiga las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, así como las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional (AN) para prevenir el abuso a niños y adolescentes, promover un enfoque de género y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público.
ONU denuncia justicia provisoria
El Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó alarma por el hecho de que la mayoría de los jueces y fiscales del país sigan siendo provisorios, es decir, que no se hayan hecho con su cargo mediante los concursos de oposición ordenados por la Constitución.
El segundo vicepresidente del TSJ, Henry Timaure, restó importancia al hecho de que alrededor del 80 % de los más de 2.200 jueces que hay en el país sean provisorios, temporales o accidentales.
“Los jueces suplentes y provisorios tienen los mismos derechos constitucionales, los mismos sueldos y salarios y prestaciones. Todos tienen los mismos derechos y las mismas exigencias”, indicó.
De acuerdo a las leyes, los jueces provisorios no tienen las mismas prerrogativas que los titulares, porque el TSJ los considera de libre nombramiento y remoción y, por lo tanto, los destituye sin procedimiento previo alguno que les garantice su derecho a la defensa.
Desde el año 2006 el TSJ no celebra concursos de oposición, pese a que la presidenta del organismo Gladys Gutiérrez prometió que los mismos se reanudarán.
Inhabilitados por ser opositores
El Comité criticó el uso de las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República para “impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos”.
“No hay una persona en Venezuela, a menos que haya una decisión de un tribunal, que haya perdido el derecho a elegir o ser electo. Ellos (los inhabilitados) pueden participar en una elección, pueden elegir o pueden ser electos”, dijo el canciller Yván Gil en Ginebra, durante el Comité de DDHH de la ONU.
La instancia internacional abogó por “la protección de candidatos de la oposición contra medidas arbitrarias y sin garantías judiciales adecuadas”.
El Comité igualmente fustigó “el uso de las leyes y reglamentos para limitar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos”.
Contra el secuestro y las desapariciones forzadas
La instancia lamentó que pese a las reformas hechas al Código Orgánico Procesal Penal (COPP), las recomendaciones en cuanto a las detenciones preventivas no se cumplan.
Demandó a las autoridades tomar medidas en contra de las desapariciones forzadas de corta duración.
“La práctica de aprehender a alguien y no permitirle contactar inmediatamente a sus familiares y abogados y de presentarlo ante los jueces mucho después de las 48 horas dispuestas en la Constitución ha sido denunciada por organizaciones nacionales e internacionales como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela (MIIDHV)”, destacaron.
Con información de Acceso a la Justicia
