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Cedice: Se necesitan más de 11 salarios integrales de $45 para adquirir cesta de 61 bienes y servicios

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Caracas sigue siendo la ciudad más cara del país, pues la Cesta Cedice se compra con 21.828,9 bolívares mensuales y en dólares cuesta 621,52

El Observatorio de Gasto Público de la ONG Cedice Libertad reportó que durante octubre de 2023, los precios de bienes y servicios se incrementaron un 1,29 % en bolívares y una disminución de 1,67 % en dólares.

Según el análisis del observatorio, para el mes de octubre, la cesta Cedice llegó a 17.824,92 bolívares y su costo en dólares fue de 509,12.

La cesta Cedice promedia el consumo de 61 bienes y servicios de una familia de tres personas en Caracas, Maracaibo y Valencia.

“Este nivel de consumo exige contar con 11,4 salarios integrales de US$ 45 indexados al tipo de cambio del BCV”, señala el informe coordinado por el economista Oscar J. Torrealba

Para el analista, la inflación moderada de octubre en bolívares y la leve disminución en dólares se debe a “la alta intervención cambiaria que el Gobierno Nacional hizo en octubre para controlar el tipo de cambio”.

“Sabiendo que existe una relación entre precios y tipo de cambio, se presume que los resultados de la inflación de octubre respondan a ese factor”, acotó Torrealba.

Asimismo, el reporte del Observatorio de Gasto Público resalta que, según la investigación de varios analistas de mercado, el Banco Central de Venezuela vendió en octubre a la banca un promedio 570 millones de dólares, la cifra más alta en lo que va de año.

 

Por otra parte, el análisis detalló que Caracas sigue siendo la ciudad más cara del país, pues la Cesta Cedice se compra con 21.828,9 bolívares mensuales y en dólares cuesta 621,52.

En el caso de Valencia, estado Carabobo, el costo es 15.866,92 bolívares mensuales, y 452,77 dólares y en Maracaibo se ubica en 15.778,95 bolívares mensuales y 453,02 dólares.

La variación de precios interanual, al 30 de octubre de 2023, fue de 353,76 % en moneda nacional, mientras que en dólares fue de 10,03 %.

Variación de precios por rubro en el mes de Octubre

– Alimentos: aumento de 1,68 en bolívares y disminución de 1,24 % en dólares

– Restaurantes:  disminuyeron los precios en 0,84% en bolívares y 3,79 en dólares

– Servicios: disminuyeron de precio en 0,46 % en bolívares y 3,43 % en dólares

– Recreación y esparcimiento: aumento de precios de 1,53% en bolívares y disminuyó 1,39 en dólares

– Perfumería y cuidado personal: aumento de precios de 6,66 % en bolívares y 3,57 en dólares

– Transporte: aumento de precios de 1,61 % en bolívares y 1,45 % en dólares

TSJ aplicó la misma receta de la elección de 2015 a primaria opositora 

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Después del evento del pasado 22 de octubre, el órgano judicial empezó a hacer maniobras para torcer la voluntad de más de 2 millones de personas 

 

Tal como lo hizo en las elecciones parlamentarias de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) volvió a contrariar la opinión del pueblo en la pasada primaria de la oposición efectuada el 22 de octubre y en la que salió airosa María Corina Machado.  

Después de los comicios de la Asamblea Nacional en 2015, el régimen madurista denunció presuntas irregularidades en el proceso para escoger a los diputados en Amazonas a fin de evitar una mayoría calificada de la oposición. 

Con esta zancadilla judicial, el Gobierno chavista torpedeó la labor de la oposición durante el lustro de su estadía en la AN y evitar así que esta sancionara ley alguna. 

Además, el oficialismo persiguió y judicializó a parlamentarios opositores que se vieron obligados a huir de Venezuela para salvaguardar su integridad.

A pocos días de los resultados de la elección que perdió el chavismo en 2015, el entonces diputado Diosdado Cabello llevó a cabo una cruzada para nombrar de manera express a los magistrados que más tarde establecieron un cerco judicial alrededor del parlamento.

La misma estrategia contra la primaria

Siguiendo el mismo libreto, el chavismo aguardó a que más de 2 millones de personas se manifestaran en la primaria opositora para torcer la realidad a su favor y despreciar la voluntad popular. 

En una acción inusitada de velocidad judicial, la Sala Electoral del TSJ admitió a trámite el recurso contencioso electoral presentado por el diputado José Brito presentado el pasado 24 de octubre, apenas dos días después del evento opositor. 

Brito, sobre quien pesan denuncias de ser miembro de la “oposición a la medida” de Maduro y de haber tenido vínculos con el empresario colombiano detenido en Estados Unidos Alex Saab, denunció a la Comisión Nacional de Primaria por supuestamente haber inflado la cifra de asistencia y no permitirle la participación en el proceso.

En la sentencia nº 122, cuyo contenido íntegro no ha sido aún publicado, el TSJ aceptó la petición del ex miembro del partido Primero Justicia de dejar sin efecto la consulta, al declarar procedente el amparo cautelar que interpuso.

Además de dejar sin efecto el triunfo de Machado, la instancia les ordenó a los organizadores de la primaria que lesremitan información sobre las veinticinco fases del proceso electoral, entre las que destacan: convocatoria y constitución de la Comisión Electoral, cronograma electoral, registro electoral, postulaciones con sus lapsos de impugnación y depuración, acta de aceptación de la postulación formulada por la inhabilitada María Corina Machado, renuncias de los también inhabilitados Henrique Capriles y Freddy Superlano, actas de constitución de las mesas electorales, cuadernos de votación, papeletas de votación, actas de escrutinios, actas de totalización regionales, acta de totalización definitiva y acta de adjudicación y proclamación.

La Sala Electoral notificó al fiscal general impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, vistas “las múltiples y graves denuncias relacionadas con ese evento electoral que podrían configurar la presunta comisión de delitos contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ilícitos electorales y delitos comunes”.

El proceder del madurismo pretende hacer ver que las inhabilitaciones contra los opositores responden a un órgano judicial y no a uno administrativo como lo es la Contraloría General de la República.

Hasta ahora, el TSJ no ha respondido al recurso de nulidad que Capriles interpuso contra su inhabilitación en 2017. 

El caso n.º2017-0720 continúa en manos de la Sala Político Administrativa y la última actuación corresponde al 24 de octubre de 2017 en el Juzgado de Sustanciación de la misma sala.

 

Con información de Acceso a la Justicia 

 

LEA TAMBIÉN:   Primaria censurada: noticieros de principales canales del país no le dieron cobertura al evento

El futuro se construye

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“Hay proverbios que se convierten en motores que impulsan decisiones y acciones de todos. Una de esas expresiones es “el futuro se construye”

 

@ArmandoMartini

Hay proverbios que se convierten en lemas, motores que impulsan decisiones y acciones de todos por igual. Una de esas expresiones que ha adquirido notabilidad a lo largo de los años es “El futuro se construye”. Lo que reclama mirar más allá de la inmediatez; hay que planificar y trabajar con visión de mañana. La política, por naturaleza, es un ejercicio de previsión y planeación estratégica; las decisiones tomadas en el presente tienen impacto en el porvenir. No se trata solo de buscar soluciones prontas, sino concebir políticas y proyectos que sienten bases para una amanecida próspera, justa y sostenible.

¿Qué significa en el contexto político? ¿Por qué tan poderosa y significativa?

La expresión resalta la importancia de la organización y acción deliberada. Implica que el destino de una nación no es un evento pasivo y predestinado, sino el resultado de acciones y decisiones tomadas en el presente. Dirigentes empresariales, líderes políticos y ciudadanos en general, tienen un papel activo en la determinación del rumbo del país, y esto envuelve tomar medidas proactivas para crear un futuro.

Cambio y progreso no son automáticos. No basta esperar que las cosas mejoren por sí solas, es necesario tomar medidas concretas para lograr prosperidades. Los políticos, en particular, tienen el encargo de diseñar y ejecutar políticas que fomenten el desarrollo económico, la justicia social y estabilidad. Ignorar esta responsabilidad es un error grave que lleva a la inercia y estancamiento.

Visión de largo plazo

El futuro se construye, destaca la importancia de la visión de largo plazo en la toma de resoluciones políticas. Los estadistas deben tener comprensión inteligente, despejada y serena, de cómo sus acciones afectarán a generaciones venideras y considerar el alcance a mediano y largo plazo. Hay que pensar más allá del próximo ciclo electoral, preocupaciones de breve término y estar dispuestos a tomar decisiones impopulares si son necesarias para garantizar un tiempo siguiente viable, factible y sostenible. Sin embargo, no puede ser a expensas de la sostenibilidad ambiental, social o económica, tampoco, para comprometer recursos y derechos de generaciones futuras.

La frase acentúa la necesidad de trabajar juntos y superar divisiones para construir un futuro mejor. En época en la que la polarización política es común, es fundamental recordar que la construcción no puede lograrse si no se forjan compromisos y buscan soluciones comunes. Se debe ser capaz para dejar de lado diferencias partidistas en pos de objetivos amplios y de bienestar colectivo. Inclusión y diálogo son esenciales para edificar un futuro en el que todos se sientan representados.

El futuro se construye es un recordatorio de que el mundo está en constante evolución y debemos ser idóneos de adaptarnos a las nuevas realidades y desafíos, ajustando estrategias para continuar construyendo, y no puede ser exclusiva para unos pocos. La justicia y equidad, garantizan que los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades y acceso a los beneficios de la sociedad. La pasividad y complacencia no son opciones realistas. Asumir la responsabilidad de fundar y erigir, basado en la ética, buenas costumbres, principios y valores como justicia, paridad y sostenibilidad.

La política no es gestión de crisis y reacción a eventos inmediatos. Es disciplina de propósito noble de impacto en la sociedad. Lo que implica decisiones difíciles e impopulares, por ello, se requiere valentía para abordar los problemas, incluso si esto significa enfrentar resistencia. Lo que requiere visión, liderazgo y capacidad de comunicar de manera efectiva.

La frase que venimos repitiendo encierra un mensaje poderoso y urgente para el mundo de la política. Nos recuerda que el destino de una nación está en nuestras manos y que debemos actuar con responsabilidad y visión a largo plazo. La ciudadanía tiene el poder, la responsabilidad de dar forma a sus países, con sentido de propósito y compromiso con el bienestar de las generaciones venideras. La política no se trata solo de ganar elecciones, sino de cimentar un futuro brillante, razonable y verosímil.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Precandidatos republicanos dicen que volverían a imponer sanciones contra gobierno de Venezuela si ganan

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El gobierno de Estados Unidos fijó un plazo a Nicolás Maduro hasta el 30 de noviembre para definir la habilitación política de María Corina Machado y liberar a los presos políticos

Foto: EFE

Los aspirantes republicanos a la presidencia de los Estados Unidos Ron DeSantis y Nikki Haley coincidieron este miércoles, 8 de noviembre, en no levantar las sanciones a Venezuela si resultan ganadores.

Durante un debate del partido Republicano, DeSantis consideró que el país norteamericano no debería depender del petróleo que se produce en Venezuela.

DeSantis, que actualmente es gobernador de Florida, señaló que se debe “apretar las tuercas” al régimen de Nicolás Maduro y no se deben hacer negocios con ese “corrupto régimen dictatorial”, y más bien optar por la independencia energética.

En esa opinión coincidió Nikki Haley, exembajadora de EEUU ante la ONU, al señalar que el país no debería estar “recibiendo petróleo sucio”, y se mostró a favor también de sanciones contra Maduro.

Haley también advirtió el efecto llamada que puede tener la reciente aprobación a favor de unos 500.000 venezolanos del permiso migratorio conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).

El “ultimátum” del gobierno de Biden a Maduro

El gobierno de Estados Unidos fijó un plazo a Nicolás Maduro hasta el 30 de noviembre para definir la habilitación política de María Corina Machado y liberar a los presos políticos.

Si el chavismo no cumple con este ultimátum, el país norteamericano volverá a imponer las sanciones levantadas recientemente.

Así lo dijo Juan González, principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden, quien señaló: “Antes de fines de noviembre tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas, incluida María Corina Machado”.

“Deben ser los venezolanos los que decidan quiénes van a ser sus líderes”, dijo González en entrevista con NTN24.

También, indicó que también quieren ver la liberación de los estadounidenses «detenidos injustamente» en Venezuela y «obviamente» la de «otros presos políticos».

*Con información de EFE

Rocío San Miguel: El referéndum del Esequibo llevaría al gobierno a abandonar la querella de la CIJ

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Advierte que Venezuela tiene «una oportunidad de oro» para reclamar el territorio, para que no exploten más los recursos naturales de la zona, que en las últimas semanas Guyana ha aprobado a ocho empresas petroleras internacionales en territorio marítimo en disputa

«El referendo sobre el Esequibo es una consulta muy mal planteada en los términos que ha sido redactada (…), con preguntas que, inexplicablemente, no tienen corrección alguna por parte del Tribunal Supremo de Justicia», denunció Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, a Radio Fe y Alegría este 7 de noviembre. 

Considera que, dentro de todas las preguntas que violan la Constitución venezolana, la número tres del referendo por el Esequibo induce a señalar que Venezuela (o el Estado) no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

«Cosa que es falsa, porque el gobierno venezolano asistió a dos audiencias en la Corte Internacional de Justicia, audiencia en la que no fue bien preparado ni con una estrategia jurídica clara», dijo.

La pregunta tres del referendo por el Esequibo plantea a la población venezolana lo siguiente: «¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?»

San Miguel aclaró que el propio Acuerdo de Ginebra firmado en 1966 establece que tanto Guyana como Venezuela se acogen a los previsto en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que, para toda controversia, se buscará solución a través de diálogo, la negociación y la intervención de los entes internacionales de justicia, como la CIJ. 

«Esta pregunta número 3 solo lleva la intención de que el gobierno abandone la querella de la Corte Penal de Justicia, lo cual sería gravísimo para el país», agregó la abogada. «Yo creo que el referéndum está diseñado para arroparse de la voluntad de los venezolanos para abandonar, finalmente, la Corte Penal de Justicia».

¿Qué pasa si Venezuela abandona la CIJ? 

San Miguel, que también es activista por los derechos humanos, señaló que Venezuela quedaría indefensa si el gobierno se priva de presentar los alegatos históricos, los documentos que demuestran que el territorio Esequibo pertenece a Venezuela, de presentar pruebas y de poder interactuar durante el tiempo que dura el juicio, que sería entre tres a cuatro años. 

«Después de que Venezuela no haya presentado pruebas, no haya ido a las audiencias, no haya argumentado sus alegatos en los juicios sobre el territorio del Esequibo, se va a producir una sentencia y allí viene lo más grave: aún desconociendo nosotros o el gobierno la jurisdicción de la Corte, será obligatorio para los venezolanos. Es un error histórico y monumental abandonar el espacio de la CIJ», advirtió. 

Aclaró que la sentencia no resuelve la delimitación marítima, «porque esta sentencia dirime el punto de determinar si el Laudo Arbitral de 1899 es válido o es nulo». 

«Supongamos que diga que es válido: solo se va a referir a la delimitación territorial. Quedará pendiente la delimitación marítima, con la cual muy probablemente Guyana revertirá la situación de presentar el tema de la delimitación marítima en la CIJ», indicó.

Debilidades y petróleo 

San Miguel aseguró que Guyana percibió todas las debilidades del Estado venezolano y, al descubrir los primeros hallazgos petroleros en las áreas de disputa, decidió acudir al Secretario General de la ONU para elevar el caso a la instancia internacional.

Consideró que el secretario de la ONU no ha hecho alguna acción indebida referente al caso, sino que todo «estaba dentro de las posibilidades». 

«Se activaron las audiencias donde Venezuela ha ido mal preparada y con una estrategia errada, hasta el punto de encontrarnos hoy convocando a los venezolanos para buscar el respaldo y abandonar algo que ya parece decidido por el gobierno, que es el caso ante la Corte Penal y que tiene un costo alto para la nación», sentenció la presidenta de Control Ciudadano.

Para el próximo 14 de noviembre se realizará una audiencia solicitada por Guyana ante la CIJ por considerar que el referéndum sobre el Esequibo convocado por Venezuela puede agravar el conflicto. Para  San Miguel, este escenario puede ser una oportunidad «para que Venezuela se presente y pida las medidas provisionales para detener la exploración y la explotación de los recursos naturales en la zona en disputa y en la proyección marítima de la misma».

A su juicio, es justamente lo que debe hacer Venezuela y lo que pudo haber hecho desde el año 2020 para evitar llegar en el punto actual, en el que prácticamente todas las áreas jurisdiccionales por delimitar en las costas marítimas entre Guyana y Venezuela han sido entregadas a empresas transnacionales petroleras. 

Cambio de métodos por el Esequibo

En 1966 se estableció el Acuerdo de Ginebra, donde se acordó encontrar medios amistosos para determinar los límites, según lo establecido en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. La abogada Rocío San Miguel precisó que se pudo mantener desde el año 1966 hasta el año 1982 con un protocolo de Puerto España suscrito en el año 1970. 

Pero, para el año 1987, Guyana y Venezuela deciden cambiar de métodos y  pasar del método de diálogo a designar a un buen oficiante para tratar de encontrar una solución. 

«Pero ocurre que a los venezolanos nos dan una Constitución en 1999 que además define muy bien todo el tema territorial, y durante todo este tiempo, realizamos actividades que resguardaron de alguna manera nuestros derechos en las áreas jurisdicciones marítimas», indicó. 

A mediados del 2004, la situación cambió. De acuerdo a San Miguel, lamentablemente cambia la política de la nación frente al Esequibo «permitiendo la construcción de infraestructura y explotación de recursos naturales por parte del entonces presidente Hugo Chávez». 

San Miguel advierte que Venezuela tiene «una oportunidad de oro» para reclamar el territorio y para que no exploten más los recursos naturales de la zona. En las últimas semanas, Guyana ha aprobado a ocho empresas petroleras internacionales en territorio marítimo en disputa. «Debe pedir que baje el conflicto, debe estar presente. Sería un error histórico de no ser así», concluyó. 

*Con información de Radio Fe y Alegría Noticias

 

Cifar alerta sobre medicamentos falsos que ingresan al país por la frontera

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El Instituto Nacional de Higiene notificó que en el país existen seis alertas sobre fármacos falsos o de dudosa eficacia que ponen en riesgo la salud de los consumidores

Con información de Radio Fe y Alegría

Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), alertó sobre la entrada de al menos cinco medicamentos falsos al país por la frontera con Colombia «a través del contrabando, evadiendo impuestos».

Los medicamentos que destacan son analgésicos; algunos para el tratamiento del cáncer de colon; otros para el cáncer de mama; albumina humana y unos anestésicos. «Hasta ahora, esos son los cinco denunciados a través de laboratorios afiliados a Cifar», aseguró López a Radio Fe y Alegría Noticias. 

López recomendó al público tener conciencia de dónde adquieren sus medicamentos y evitar hacer compras a través de redes sociales o vendedores ambulantes.

También, indicó que todos los medicamentos deberían pasar por el Instituto Nacional de Higiene «Doctor Rafael Rangel» (Inhrr), ente estatal ubicado en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, para que se compruebe la eficacia terapéutica a través de ciertos estudios.

Seis alertas por medicamentos falsos en 2023

El Inhrr publicó entre el 16 y el 26 de octubre dos alertas sobre la venta de Albúmina Humana —una sustancia para el restablecimiento del volumen sanguíneo en casos de emergencia— no apta para el consumo humano y la distribución de «Erbitux (Cetuximab)» —un medicamento para tratar el cáncer de colon— presuntamente falsificado.

Según los registros de la institución, estas completarían las seis denuncias públicas que existen hasta ahora sobre el comercio de fármacos falsos o de dudosa procedencia y eficacia.

Los otros fármacos con alertas de falsificación a nivel nacional son los sueros antiofídicos —para tratar las mordeduras venenosas de serpientes—, el Atamel de uso pediátrico, el ungüento de mentol marca «Davis» y el Herceptin (Trastuzumab) —una proteína que se une a las células cancerosas para evitar su propagación. El fármaco es usado por las pacientes con cáncer de mama—.

El presidente de Cifar señaló que frente a una escasez de medicamentos de alto costo que el Estado venezolano no puede proveer —vulnerando el derecho humano al acceso a la salud—,  «tiende a colarse este tipo de falsificaciones». 

López precisó que es necesario que los medicamentos cumplan con características específicas, como estar en idioma español, contar con el prospecto, fecha de fabricación y número de permiso de importación en el estuche, además de adquirirlo en las farmacias debidamente instaladas o en su cadena de preferencia.

En caso de conseguirse con un medicamento de dudosa procedencia o eficacia, el Instituto Nacional de Higiene recomienda que se denuncie a través del correo electrónico alertasinhrr@gmail.com.

Sin medicamentos para la influenza

De acuerdo con el diario TalCual, desde el mes de julio el Estado venezolano prometió revisar 105 farmacéuticas que no han pasado los controles de calidad y salubridad. Se informó que cuatro  laboratorios procedentes de la India no forman parte del Consejo de Exportación de ese país, y otros tres no tienen ningún tipo de registro en el Inhrr, aumentando el riesgo frente a los medicamentos falsos. 

Mientras tanto, la comunidad científica advierte que el Estado sigue en deuda con la procura de las vacunas contra la influenza en los servicios de salud públicos, enfermedad que está contagiando a los niños, niñas y adolescentes en este retorno al año escolar 2023 – 2024. 

«Nosotros vivimos en el hemisferio norte, pero epidemiológicamente hablando, nuestra epidemia de influenza se parece más a la del hemisferio sur, por lo que usamos las vacunas, que traen protección contra AH1N1, que la gente puede recordar como lo que se llamaba en 2008 gripe porcina , AH3N2 y dos serotipos de influenza de B. Las dos de la A han estado presentes siempre, porque son endémicas, y en los últimos años ha variado bastante el serotipo de la influenza B que tienen las vacunas», dijo el pediatra Alejandro Crespo Freytes.

Pero desde el año 2017 el país no vacuna con la frecuencia que los estándares internacionales de la Organización Panamericana de la Salud recomienda: entre el 90 y 95% de la población. 

Al mismo tiempo, la infectóloga Patricia Valenzuela advirtió que desde el mes de septiembre en el país se evidencia un repunte en los distintos tipos de influenza y en los casos de dengue. Hasta los momentos, el Estado no ha levantado una alerta sanitaria pública o un plan de acción. 

 

El Mañanero del #09Nov: las ocho noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 09 de noviembre resumimos los titulares más destacados del día sobre Venezuela y los derechos humanos: la Corte Penal Internacional (CPI) celebró su segundo día en la Sala de Apelaciones sobre el caso Venezuela I (y, spoilers, los expertos en DDHH analizan que al gabinete de Nicolás Maduro no le fue bien en la defensa), los funcionarios militares invaden la sexta cárcel, el Internado Judicial de Trujillo (y no encontraron al pran) y el gobierno estadounidense le dio chance a Nicolás Maduro de aflojar las inhabilitaciones a opositores hasta el 30 de noviembre si no quiere más sanciones.

CPI en segunda audiencia de apelación: En Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad

Una de las familias que murió en incendio en campamento en Chile caminó 11 días desde Venezuela

¿«El Loro» voló de la cárcel de Trujillo?

EEUU fija plazo a Maduro hasta el #30Nov para definir habilitación de Machado

Corpoelec también se borró los derechos de los adultos mayores

Sector educativo siguió liderando los reclamos laborales en el mes de octubre

Expertos consideran que al gobierno le falló la estrategia de victimización ante la CPI

Mi Convive premiará iniciativas locales que ayuden a resolver problemas comunitarios

https://twitter.com/_Provea/status/1722279327402770754?s=20

«Algo que para mí es muy estricto es que no voy a apoyar al régimen de Nicolás Maduro si no hay elecciones libres», dijo el presidente recién electo en Ecuador, Daniel Noboa. «Creo que lo que pasó con María Corina Machado es inconstitucional, no es democrático y es absurdo. Creo que debería haber elecciones libres»

Gracias por leer El Mañanero del día jueves 09 de noviembre del año 2023. 

Expertos consideran que al gobierno le falló la estrategia de victimización ante la CPI

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Simón Gómez, profesor de derecho internacional, explicó que el trámite de esta apelación que hizo la administración de Nicolás Maduro “no iba a ser suspensivo” para la investigación
Thairi Moya explicó que ahora solo resta esperar que la Sala de Apelaciones emita su sentencia. Para esto, dice, la CPI debe evaluar y contar con los elementos materiales para avalar una situación y la determinación de una responsabilidad

@Andrea_GP21

En los días 7 y 8 de noviembre se realizaron las audiencias de apelación en la Corte Penal Internacional (CPI), donde el régimen de Nicolás Maduro presentó sus argumentos sobre supuestos errores de la Fiscalía de la Corte en su decisión de continuar con la investigación del caso Venezuela I.

Este evento contó no solo con la participación de representantes del gobierno venezolano, sino también de la Fiscalía de la CPI y la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte.

Durante las audiencias, aunque los representantes del oficialismo trataron de desacreditar el trabajo de la Fiscalía de la CPI, esta instancia rebatió todos sus argumentos.

«Venezuela no está investigando, ni enjuiciando, ni lo hará en un futuro inminente», consideró Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la CPI.

 

Por su parte, la Fiscalía de la Corte rebatió cifras de condenas presentadas por la administración de Maduro, a la par que desmontó argumentos del oficialismo sobre supuestos errores en el actuar de la propia Fiscalía.

“Esto es algo inédito, nunca había ocurrido. Las partes pueden expresar directamente a los jueces”, sostuvo el abogado Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia, en un “Spaces” realizado el 7 de noviembre en la red social X (antes Twitter).

Una estrategia de victimizarse y descalificar

Para el abogado Alí Daniels, el régimen aplicó la estrategia de la “victimización”.

“Al final se quería ver como que el gobierno está en indefensión cuando las que están en estado de  indefensión son las víctimas”, señaló.

Por su parte, la profesora e investigadora Thairi Moya sostuvo que el chavismo trató de “descalificar” la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares.

Una de las acciones del chavismo en las audiencias fue alegar que muchos documentos que enviaron no fueron traducidos al inglés y francés, únicos idiomas que maneja la CPI.

“Esto viene de la estrategia de llenar de información a la CPI, que no es pertinente, que vinieron a utilizar este argumento para descalificar la decisión de la Sala”, señaló Calixto Ávila, abogado y Magíster en Derecho Internacional Público de la Universidad Libre de Bruselas (ULB), en un Spaces que se realizó este 8 de noviembre en X (antes Twitter).

 

A juicio de Ávila, la estrategia de tratar de descalificar esta investigación “es muy peligrosa”.

También, el experto resaltó el lenguaje descalificatorio que utilizaron los representantes del chavismo. Aunque es costumbre escucharlos utilizar ese tipo de lenguaje, “no deja de ser sorprendente que rompan los mismos reglamentos de la CPI”.

Además, en esta etapa preliminar, para el profesor de derecho internacional Simón Gómez, resulta de gran valor para las víctimas que se exhibiera “este claro desdén del Estado venezolano para combatir los crímenes de lesa humanidad”.

El Estado se niega a hablar de las cadenas de mando

Por su parte, la investigadora Thairi Moya consideró que el Estado se encargó “solo de hablar de cadenas de mando y limitarse al momento de establecer responsabilidades” de la misma.

Esa acción, según Moya, es una forma de “desvirtuar el contenido del manejo principal de la corte”.

A su vez, Calixto Ávila opinó que durante estas audiencias se hizo frente a un Estado cuyas investigaciones “no son genuinas”.

“El tema de los elementos contextuales de los crímenes, si son sistemáticos o si corresponden a una política de Estado, debe ser investigado”, señaló el especialista.

 

Además, Ávila consideró que el Estado ratificó su posición de que no se han cometido crímenes de lesa humanidad y que tampoco hay una política de Estado para atacar.

En ese sentido, sostuvo que el chavismo prefiere calificar los incidentes como “hechos aislados” y no reconocer que existe una política de Estado.

“Sigue mostrando que solamente está investigando los mandos bajos”, alertó.

Sobre la cadena de mando, Meudy Osío, esposa del concejal Fernando Albán, calificó de “inaudito” que no sea investigada.

“Mi esposo fue injustamente detenido, se le violaron todos sus derechos desde su detención, hubo una desaparición forzada. Fue objeto de torturas y terminó muerto en custodia dentro de las instalaciones del Sebin. ¿Cómo la línea de mando no fue enterada de lo que sucedió con Fernando en el Sebin?”, cuestionó.

 

Las víctimas solo confían en la justicia internacional

Un hito que marcó la realización de estas audiencias es que se le permitió a los familiares y víctimas tener una representación. Por primera vez fueron escuchadas.

Sobre esto, Elvira Pernalete, madre del estudiante Juan Pablo Pernalete -asesinado en las protestas del año 2017-, consideró que su familia no obtendrá la justicia que espera en el país, y que espera que ocurra a través de mecanismos internacionales como la CPI.

“Nosotros, durante todos estos años, hemos tenido que enfrentar un sistema de justicia diseñado para violar los DDHH de los venezolanos, y cometer crímenes de lesa humanidad. Nos convertimos en víctimas directas de un Estado”, señaló la señora Pernalete en el Spaces del 7 de noviembre.

 

La señora Pernalete también criticó que el chavismo trate de crear una “falsa sensación de justicia ante los organismos internacionales” no reconociendo el “ataque” al que fueron sometidos ciudadanos como su hijo. 

Por su parte, Meudy Osío, esposa de Fernando Albán, quien murió en custodia del Sebin en octubre del 2018, cree que la justicia internacional es la única opción que tienen las víctimas.

“El caso de Fernando (Albán) cumplió cinco años y en Venezuela no se obtuvo la debida justicia que se merece”, dijo Osío este 8 de noviembre.

 

En ese sentido, reflexionó diciendo que la única opción que queda a las víctimas y familiares “es acudir a los espacios internacionales, con mucha fe de que algún día se obtenga esta justicia merecida”.

¿Qué esperar tras las audiencias?

Simón Gómez, profesor de derecho internacional, explicó que el trámite de esta apelación que hizo la administración de Nicolás Maduro “no iba a ser suspensivo” de la investigación.

No obstante, destacó Gómez, la intención del chavismo parecía ser “armar un show o simplemente de hacer uso de la audiencia como parte de esa cuenta que el gobierno tiene sobre cómo se da el manejo de este proceso”.

“El verdadero problema es que si Venezuela está interesada en demostrar que tiene la intención de investigación, es quien debe llevar los elementos de prueba”, añadió Gómez.

Por su parte, Alí Daniels señaló que aunque en algunos otros casos la CPI ha sido más lenta, en el caso venezolano no ha habido ningún retraso.

“Luego de esta audiencia pasaríamos a la etapa de sentencia. Ya con lo que oralmente expusieron las partes podrán tomar una decisión más rápido. Podrían sorprender con una decisión en diciembre o en el primer trimestre del año. Es una justicia mucho más rápida”, vaticinó Daniels.

 

Finalmente, la investigadora Thairi Moya explicó que ahora solo resta esperar que la Sala de Apelaciones emita su sentencia. Para esto, dice, la CPI debe evaluar y contar con los elementos materiales para avalar una situación y la determinación de una responsabilidad.

Asimismo, la especialista comentó que cuando se pasa a la etapa de investigación, la Fiscalía de la CPI puede determinar nombres, recordando que ya la Fiscalía había anunciado que estaba investigando los hechos.

El establecer responsabilidades le corresponde a la Fiscalía y, cuando ya hay nombres identificados, explicó Moya, se habla de “la existencia de un caso dentro de una situación”.

“En ese momento, se permite que el Estado pueda decir que está juzgando a esa persona” señaló Thairi Moya, quien aclaró que esos deben ser juicios “creíbles y con resultados garantizados”.

 

“El Estado puede levantar la mano y decir que está investigando y que tiene hechos que lo corroboran. Tiene que mostrar pruebas reales. Lo que interesa son los resultados”, acotó.