Después del evento del pasado 22 de octubre, el órgano judicial empezó a hacer maniobras para torcer la voluntad de más de 2 millones de personas
Tal como lo hizo en las elecciones parlamentarias de 2015, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) volvió a contrariar la opinión del pueblo en la pasada primaria de la oposición efectuada el 22 de octubre y en la que salió airosa María Corina Machado.
Después de los comicios de la Asamblea Nacional en 2015, el régimen madurista denunció presuntas irregularidades en el proceso para escoger a los diputados en Amazonas a fin de evitar una mayoría calificada de la oposición.
Con esta zancadilla judicial, el Gobierno chavista torpedeó la labor de la oposición durante el lustro de su estadía en la AN y evitar así que esta sancionara ley alguna.
Además, el oficialismo persiguió y judicializó a parlamentarios opositores que se vieron obligados a huir de Venezuela para salvaguardar su integridad.
A pocos días de los resultados de la elección que perdió el chavismo en 2015, el entonces diputado Diosdado Cabello llevó a cabo una cruzada para nombrar de manera express a los magistrados que más tarde establecieron un cerco judicial alrededor del parlamento.
La misma estrategia contra la primaria
Siguiendo el mismo libreto, el chavismo aguardó a que más de 2 millones de personas se manifestaran en la primaria opositora para torcer la realidad a su favor y despreciar la voluntad popular.
En una acción inusitada de velocidad judicial, la Sala Electoral del TSJ admitió a trámite el recurso contencioso electoral presentado por el diputado José Brito presentado el pasado 24 de octubre, apenas dos días después del evento opositor.
Brito, sobre quien pesan denuncias de ser miembro de la “oposición a la medida” de Maduro y de haber tenido vínculos con el empresario colombiano detenido en Estados Unidos Alex Saab, denunció a la Comisión Nacional de Primaria por supuestamente haber inflado la cifra de asistencia y no permitirle la participación en el proceso.
En la sentencia nº 122, cuyo contenido íntegro no ha sido aún publicado, el TSJ aceptó la petición del ex miembro del partido Primero Justicia de dejar sin efecto la consulta, al declarar procedente el amparo cautelar que interpuso.
Además de dejar sin efecto el triunfo de Machado, la instancia les ordenó a los organizadores de la primaria que lesremitan información sobre las veinticinco fases del proceso electoral, entre las que destacan: convocatoria y constitución de la Comisión Electoral, cronograma electoral, registro electoral, postulaciones con sus lapsos de impugnación y depuración, acta de aceptación de la postulación formulada por la inhabilitada María Corina Machado, renuncias de los también inhabilitados Henrique Capriles y Freddy Superlano, actas de constitución de las mesas electorales, cuadernos de votación, papeletas de votación, actas de escrutinios, actas de totalización regionales, acta de totalización definitiva y acta de adjudicación y proclamación.
La Sala Electoral notificó al fiscal general impuesto por la desaparecida Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, vistas “las múltiples y graves denuncias relacionadas con ese evento electoral que podrían configurar la presunta comisión de delitos contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ilícitos electorales y delitos comunes”.
El proceder del madurismo pretende hacer ver que las inhabilitaciones contra los opositores responden a un órgano judicial y no a uno administrativo como lo es la Contraloría General de la República.
Hasta ahora, el TSJ no ha respondido al recurso de nulidad que Capriles interpuso contra su inhabilitación en 2017.
El caso n.º2017-0720 continúa en manos de la Sala Político Administrativa y la última actuación corresponde al 24 de octubre de 2017 en el Juzgado de Sustanciación de la misma sala.
Con información de Acceso a la Justicia
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